Por Francisco Jueguen | LA NACION
Varios documentos oficiales a los que LA NACION accedió revelan que el Gobierno fue alertado sobre las consecuencias de sus políticas energéticas; sin embargo, nunca modificó el rumbo
La Argentina está en un naufragio energético.
No por los apagones eléctricos o cortes de gas, cada vez más extendidos
y frecuentes, sino por el efecto negativo en la economía que provoca la
tensión cambiaria como consecuencia de las importaciones de energía.
Múltiples sirenas externas
sonaron en los últimos años y alertaron sobre la predecible colisión.
Sin embargo, la primera alarma fue interna: llegó a través de asesores y
funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, quienes
advirtieron a sus autoridades sobre la presencia del iceberg allá por
2003, apenas iniciada la llamada "década ganada".
Más allá del relato construido por el Gobierno, varios
documentos oficiales de 2003 y 2004 -a los que accedió LA NACION-
alertaron sobre la caída en la producción de gas por falta de
inversiones, que se derivó de la ausencia de políticas de precios a
largo plazo; hablaron del real peligro del desabastecimiento, de la
distorsión de precios del GNC en relación con otros combustibles, y de
la falta de seguridad jurídica y reglas claras en el sector.
Si había un diagnóstico, ¿por qué no se cambió el
rumbo? Varias fuentes concuerdan en que, en un paralelismo con los 90,
se habría formado una suerte de "convertibilidad energética".
Detrás de la inoperancia, la intención de crear una
burguesía nacional mediante la adquisición de firmas quebradas o de los
negocios con las millonarias importaciones y con los subsidios, la
crisis energética tuvo como trasfondo un intercambio de votos a cambio
de energía barata con el objetivo final de acumular poder político.
El gas natural, principal insumo energético de la
Argentina, fue la gran preocupación de los asesores oficiales. Según
datos de la Secretaría de Energía, en un contexto de crecimiento a tasas
chinas, fuerte suba del consumo industrial y residencial, la producción
de gas cayó un 15,6% desde 2003 hasta 2012.
Las reservas comprobadas de gas natural cayeron un 43%
en los primeros siete años de kirchnerismo, afirman los ocho ex
secretarios de Energía en un informe. El populismo energético costó US$
4697 millones en 2012 -60% más que en 2011- en importaciones de gas
natural de Bolivia y gas natural licuado (GNL).
La cifra alcanza los US$
9500 millones si se suman el fueloil y el gasoil. En el primer
trimestre de 2013, las importaciones crecen a una tasa de 57% en
relación con el mismo período del año anterior. Esta foto fue anticipada hace casi una década en varios
documentos oficiales en los expedientes N° S01:0189417/2003 (fojas 482 a
501, 158 a 160, 402 a 414, 385 a 401, 415 a 442, 571 a 585 y 781 a 784)
y N° S01:042904/2004 (fojas 229 a 234), tras la llegada de Néstor
Kirchner al poder. LA NACION llamó al Ministerio de Planificación, pero
no obtuvo ninguna respuesta.
"La producción de gas natural requiere permanentes
inversiones orientadas a compensar la declinación natural de la
producción de los pozos existentes, así como a incorporar reservas que
reemplacen aquéllas ya consumidas", afirmaron dos asesores del
ministerio que ya dirigía Julio De Vido, en enero de 2004.
"En este marco, se ha observado una importante
declinación en el flujo de inversiones", escribieron. Y agregaron: "Lo
mencionado no debe producir sorpresa", ya que esta situación se da
cuando los precios que percibe el productor "no permiten el repago de
dichas inversiones". Y esos desembolsos, argumentaron finalmente, "no se
realizan con el inevitable problema del abastecimiento en el tiempo, al
no estar acompañado el crecimiento de la demanda del bien por un
crecimiento acorde con la oferta, a través de las inversiones, salvo que
el bien en cuestión sea una
commodity (que no es el caso del
gas natural), lo cual permite satisfacer la demanda vía comercio
exterior, con el consecuente uso de divisas y sin resolver la pérdida en
el nivel de actividad".
Charles
Massano y Marcelo Nachón, asesores de Gas de la Subsecretaría de
Combustibles, que conducía Cristian Folgar, habilitaron, en ese
memorando oficial, lo entonces impensado: una posible tensión cambiaria
-la madre del cepo- por un posible desabastecimiento.
Todos los documentos recopilados son posteriores a la
ley 25.561 de Emergencia Pública, que suspendió los contratos
dolarizados por 120 días y, por ende, congeló el precio del gas en boca
de pozo. Esa ley -algunas de sus partes- se prorrogó hasta estos días.
El valor del gas natural en la Argentina se recompuso muy lentamente en
el sector industrial, comercial y de generación, y marginalmente en el
residencial.
El gran salto se dio durante la gestión del
viceministro de Economía, Axel Kicillof. En noviembre de 2012, a través
de una resolución que crea nuevos subsidios, se llevó a US$ 7,50 por
millón de BTU (la unidad de medida) el precio del gas a boca de pozo
adicional que se incorpore al mercado, o sea, por encima de la
denominada inyección base. Como consecuencia, ese gas marginal triplica
el valor que se paga en la cuenca neuquina, pero está por debajo de los
US$ 11 que se pagan en la importación desde Bolivia o los más de US$ 18
que llegó a costar el gas licuado que llega por barco.
"Existen incertidumbres respecto del pleno
abastecimiento del mercado interno", afirmó el documento 3281 del
Enargas, fechado el 11 de julio de 2003. Esa nota está firmada por el
entonces presidente, Héctor Formica. "Esta hipótesis está basada en la
importante disminución de la perforación de pozos gasíferos registrada
este año y en el plazo en que podrán reponerse las inversiones que
acompañen el desenvolvimiento de la demanda, junto con la ausencia de
estrategias de acción que generen señales de precios -desde el
upstream hasta la distribución-", afirmó el ente en el documento dirigido al secretario de Energía, Daniel Cameron.
La solución oficial, a contramano de lo recomendado
internamente, fue cortar el gas que se enviaba a Chile a comienzos de
2004, lo que aumentó el costo operativo a varias empresas trasandinas y
tensó entonces las relaciones diplomáticas. Ese año, además, se
restablecieron las importaciones de gas boliviano, que se habían
interrumpido en 1999.
A través de contratos de corto plazo, se importaba
entonces el 4,5% del consumo local (7,7 millones de BTU por día) a US$
3,20 el millón. Hoy se cobran 11 dólares y se importan cerca de 14
millones de BTU por día.
También en 2004 se imaginó el Gasoducto del Noreste
Argentino, que nunca se construyó. Y algo similar pasó un año después
con el sueño de Néstor Kirchner y Hugo Chávez de construir el Gasoducto
Bolivariano entre Venezuela y la Argentina.
En 2008, el gas boliviano dejó de alcanzar y se
recurrió al mercado internacional a través de ocho barcos de GNL, que en
la actualidad se convirtieron en 80. Hoy se importa el 25% del consumo
de gas de la Argentina, según privados.
Cuatro años antes, en el documento oficial, el Enargas
retomaba el argumento urgente de los empresarios locales. Según ellos
advertían, la producción de gas "declina inexorablemente y lo hace a una
tasa promedio país del 12% anual".
El ente advirtió además sobre una situación que podría
impactar a los automovilistas. Habló del "sustancial aumento del gas
natural como combustible y GNC impulsado por la distorsión de precios
relativos con otros combustibles sustitutos". Años después, en 2007,
taxistas y remiseros restringían sus servicios por la falta de este
combustible.
Admisiones peligrosas
En la minuta de una reunión realizada el 14 de agosto
de 2003, se recogió una interesante reflexión de Folgar ante empresarios
del sector que exigen mejorar los precios en los nuevos contratos, y
que relatan, ante el funcionario, "signos de escasez y cuellos de
botella" en el sistema. "Es posible que en los próximos 4 o 5 años, a
diferencia de lo ocurrido en los últimos 10 años, la demanda supere la
oferta, con lo cual se debe administrar la escasez a través de las
señales de precios", estimó entonces el subsecretario de Combustibles.
En "Análisis del funcionamiento del mercado de gas
natural y propuestas de normalización", que Massano y Nachón escribieron
para Folgar en 2004, se destacó al gas natural como "un producto
esencial", ya que tenía una "participación del 46%" en la oferta de
energía del país.
Los asesores aclararon que en la economía está
suficientemente desarrollado el análisis de las consecuencias que se
derivan respecto de la falta de inversiones, cuando los precios que
percibe el productor no permiten su repago, y para redondear sus
argumentaciones, citaron dos ejemplos internacionales: el trabajo de
Paul W. Mac Avoy y Robert S. Pindyck "Alternative Regulatory Policies
for Dealing with the Natural Gas Shortage"
, publicado en
agosto de 1973, en el que se rememora cómo el congelamiento de los
precios del gas en boca de pozo establecidos por la entonces Federal
Power Commission (FPC) vaciaron el mercado y condujeron a un fuerte
déficit del gas natural en los inviernos de los 70 y, con conclusiones
similares, el estudio de Mary E. Carlson, Joan Heinkel, David F.
Morehouse, William Trapmann, y Dana van Wagener (septiembre de 1991)
titulado "Background on the Natural Gas Industry".
Pero además citan un análisis elaborado por el propio
ministerio de De Vido, llamado "Estimación del Costo del Gas en Cabecera
de Gasoducto Troncal" (fojas 3 a 64 del expediente N° 0265888/2003),
del que, según estiman, surgen las causas por las que declinó la
exploración y explotación de gas natural.
"Resulta impostergable el adoptar decisiones que
tiendan a evitar posibles situaciones futuras de insuficiencia de
suministro, que condicionen no sólo las prestaciones actuales, sino
también el crecimiento de la demanda asociada al crecimiento de la
economía", esgrimieron. Los asesores exigieron, en ese rumbo, celebrar
nuevos acuerdos con los productores y retornar a un mercado desregulado
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la ley 24.076 y nuevas
"pautas básicas" para el sector.
Para impulsar inversiones diagramaron un "sendero de
normalización" en un plazo no mayor a los 36 meses para el sector
residencial (el doble de tiempo que se preveía para el industrial), y
así encarar lo que ellos mismos denominaron la "normalización y
convergencia hacia los niveles de precio de equilibrio".
El 16 de enero de 2004, los asesores legales de Folgar,
Horacio Ahumada y Laura Haag, presentaron un memo sobre el "Proyecto de
decreto de normalización de los precios del gas natural y
pass through ". Son las bases de los decretos 180 y 181, aprobados ese mismo año por De Vido, pero con pobres resultados para el sector.
El primero de los decretos preveía la creación del
Mercado Electrónico de Gas, que, en rigor, nunca funcionó. El segundo
mejoró el valor del gas para las industrias, pero, aunque preveía una
actualización en el valor del fluido que se vendía a los usuarios
residenciales en 2006, nunca se implementó completamente.
"No obstante, superado el momento posterior a la
devaluación resulta indispensable la recomposición de precios que dé
sustentabilidad al sector productor de gas natural", afirmaron Ahumada y
Haag para luego -al igual que el Enargas- advertir que se observó un
aumento del consumo mayor al 13% en el que se destacan el industrial y
el de GNC.
Con un congelamiento de precios que llevaba ya 24
meses, y con "una importante declinación en el flujo de inversiones
asociadas a la exploración y desarrollo de reservas de gas natural", los
analistas legales de Planificación pidieron "respaldo político
adecuado" para volver a negociar con los productores. Reclamaron que ese
acuerdo sea sometido a consideración del "señor ministro".
Luego, sin dudarlo, Ahumada y Haag alertaron: "Para que
exista consumo de gas, antes debe existir su producción, transporte y
distribución". Según los asesores, el proyecto de decreto "propone una
salida consensuada sincera y sustentable con el sector de la
producción". Y esa forma era necesaria porque "es la única manera de
brindar seguridad jurídica y no colocar a la producción de gas en una
situación de colapso que conduzca al sector a una situación de
desabastecimiento".
Casi un mes después, el 13 de febrero de 2004, Cameron
esgrimió esos argumentos ante De Vido: "El sector gas necesita de la
realización de un cambio estructural e integral", expresó. "De continuar
la tendencia actual, el segmento de producción sólo podría entregar en
promedio cantidades adicionales de gas natural en los valles de consumo
(en el verano o los días de medias o altas temperaturas), pero no se
estaría en condiciones de abastecer adecuadamente a toda la demanda que
se produce en los picos, que es cuando la demanda residencial y
comercial para calefacción se agrega a la demanda para GNC de las
industrias y la generación".
Cameron también advirtió que el congelamiento impuesto
por la crisis "no permite recuperar los costos de exploración y
producción". Por eso, el secretario de Energía pidió entonces "dar
señales de precios de mediano y largo plazo" y un plan de
normalización, gradual y paulatino, que no podía extenderse más allá del
31 de diciembre de 2006.
Según el funcionario, esos precios finales deberían
estar en el orden del 80% de los precios en dólares que regían antes de
la pesificación. Cameron ofrece entonces una certeza que en la
actualidad sonaría golpista ante el Gobierno: "El dólar es la moneda de
cambio común en el mercado de hidrocarburos y derivados; ésta es una
realidad que se presenta en el país y en todo el mundo".
- US$ 4697: Cuenta millonaria - Son los
millones de dólares a los que ascendieron las importaciones de gas en
2012, lo que representa una suba de 60% respecto del año anterior.
