El hecho de centrarse en países concretos también hace que sea más
difícil destacar varias corrientes y tensiones subterráneas presentes en
unas crisis y otras que probablemente veremos en este año. Por eso,
antes de comenzar nuestra lista, he aquí cuatro breves ejemplos.
Las elecciones, como sabemos, suponen una enorme tensión para las
poblaciones: son un bien a largo plazo que puede plantear problemas
inmediatos. Las presidenciales de 2011 en la República Democrática del
Congo no superaron ese obstáculo y la violencia actual en las provincias
orientales del país se debe, al menos en parte, a un hundimiento de la
gobernanza que los comicios incluso contribuyeron a agudizar. En el año
que comienza habrá que prestar mucha atención a cómo afrontan Kenia y
Zimbabue sus respectivos sufragios y a la reacción que tengan la región y
el mundo.
Una tensión similar existe entre los beneficios a largo plazo de la
justicia -que promueve la rendición de cuentas y se ocupa de dar
respuesta a las quejas acumuladas- y la realidad de que a menudo puede
suponer riesgos inmediatos. En Yemen, Sudán, Siria, Libia, Kenia y
Colombia, entre otros países, el debate entre
justicia o paz está necesitado de ideas nuevas.
Además, el papel de las sanciones en la prevención de conflictos
parece incluir muchas veces un diálogo de sordos. ¿Las sanciones
fomentaron los cambios en Myanmar, o solo sirvieron para castigar a la
población y no a los gobernantes? ¿Se han convertido en parte del
problema en Zimbabue, en vez de ser un motor del cambio? Y, sobre todo,
¿cómo ayudarán a desactivar la crisis nuclear iraní, si parecen indicar
a Teherán que el objetivo no es cambiar el comportamiento del régimen
sino el régimen en sí? Tal vez le convendría a la comunidad
internacional evitar la tentación de imponer sanciones como respuesta
automática ante una situación dada; las sanciones solo son eficaces
dentro de una estrategia coherente e integral, no como sustitutivo.
Por último, una nota sobre el imperio de la ley. Con demasiada
frecuencia, vemos utilizada esta manida expresión en el sentido del
“imperio
a través de la ley”, es decir, unos gobernantes
autoritarios que cooptan el lenguaje y los aditamentos de la democracia y
utilizan la ley para acosar en vez de proteger. De ahí que utilicen la
ley como instrumento de coacción y no de protección; de ahí que usen la
tendencia de la comunidad internacional a entrenar y equipar a fuerzas
del orden que, desde el punto de vista de los ciudadanos a quienes deben
cuidar, no tienen ninguna necesidad de ser aún más duchos en las
técnicas de represión. La comunidad internacional necesita estar más
alerta ante esta farsa y centrarse más en la sustancia del imperio de la
ley -sobre todo, tal vez, en el concepto de ingualdad ante la ley- que
en su forma.
Asimismo, es posible que las leyes de la guerra tengan que adaptarse a la naturaleza cambiante de la
guerra moderna. La guerra asimétrica y el lenguaje de la
guerra contra el terror
ponen en tela de juicio la crucial distinción entre “combatientes” y
“civiles”. La tecnología también plantea nuevos dilemas. Pese a las
afirmaciones de que tienen una precisión quirúrgica, los ataques con
aviones no tripulados producen daños civiles colaterales difíciles de
medir, mientras que el otro bando no corre ningún riesgo de sufrir bajas
entre sus militares. En algunos casos, además, estos aviones pueden ser
contraproducentes: aterrorizan y traumatizan a las comunidades
afectadas, lo cual puede incrementar el apoyo a los grupos radicales.
Es difícil transmitir todo esto en una lista. Sin embargo, dicho esto, aquí están las
10 peores
amenazas mundiales para el año que comienza. Como, en el fondo, somos
optimistas, incluye un apéndice de tres países en los que los recientes
acontecimientos permiten pensar que, tal vez, este año traiga la paz, en
lugar del tormento. Desde luego, eso es lo que deseamos para todos.
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ADRIANE OHANESIAN/AFP/Getty Images
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Sudán
Como era de esperar, el
problema de Sudán no desapareció con
la escisión del Sur en 2011. La guerra civil, alimentada por la
concentración de poder y los recursos en manos de una pequeña élite,
sigue asolando el país y amenaza con desembocar en una desintegración
aún mayor. Las divisiones en el interior del Partido del Congreso
Nacional (PCN), en el Gobierno, el creciente malestar popular y una
crisis económica nacional permanente pueden contribuir a destruir Sudán.
Por desgracia, hace 10 años, la situación era prácticamente idéntica,
solo que entonces Jartum luchaba contra el Movimiento de Liberación del
Pueblo de Sudán (MLPS), que representaba a todo el Sur, mientras que
ahora las arcas del Gobierno están agotándose por los combates
permanentes contra el Frente Revolucionario de Sudán, una alianza de
varios grupos rebeldes importantes de los estados de Darfur, Kordofán
del Sur y el Nilo Azul. Las víctimas, como siempre, son los civiles
atrapados en medio. Igual que ocurrió en el Sur, el Ejecutivo ha
pretendido utilizar el acceso a la ayuda humanitaria como instrumento de
chantaje y la hambruna en masa como parte de su estrategia militar.
La única solución duradera tiene que ser integral y reunir a todas
las partes interesadas para reformar el uso que se hace del poder un un
país tan grande y variado. A largo plazo, el
statu quo -guerra
constante, millones de desplazados, miles de millones gastados en ayuda-
es intolerable para todos. Para que se llegue a una solución
definitiva, el PCN y los actores internacionales tendrán que ofrecer
mucho más que en otras ocasiones: primero, un proceso de diálogo que
incluya a todos y segundo, incentivos económicos y políticos.
Turquía/PKK
Un tiempo helador en las montañas durante el otoño y el invierno ha
disminuido los combates en la larga guerra de insurgencia que libra el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco (PKK), pero no hay
buenos presagios para la primavera de 2013. Ya han muerto 870 personas
desde que el PKK reanudó sus ataques y las fuerzas de seguridad
reactivaron sus operaciones antiterroristas a mediados de 2011. Es el
número de víctimas más elevado desde los 90.
Las tensiones políticas en Turquía también van en aumento, a medida
que el movimiento legal de los kurdos, el Partido Paz y Democracia
(BDP), asume una línea cada vez más similar a la del PKK. El primer
ministro, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado con levantar la inmunidad
de su representante parlamentario para que pueda ser procesado y el
Estado ha detenido desde 2009 a varios miles de activistas kurdos por
terrorismo favorable al PKK, si bien no son muchos los acusados de actos
violentos.
El Gobierno turco también ha interrumpido las negociaciones secretas
que mantuvo con el PKK entre 2005 y 2011 y ha abandonado la mayor parte
de la apertura democrática que había ofrecido esperanzas de más igualdad
y justicia a los kurdos de Turquía, entre 12 y 15 millones, el 20% de
la población del país. El Gobierno todavía podría ganarse a la mayoría
de los kurdos si anunciara una amplia serie de reformas. Entre ellas, el
lanzamiento de un proceso para proporcionar educación en las lenguas
maternas, la modificación de la ley electoral con el fin de reducir los
obstáculos electorales y de financiación, una mayor descentralización de
las 81 provincias turcas y el fin de toda discriminación en la
Constitución y las leyes del país. Además tendría que trabajar para
lograr un alto el fuego, instar a los rebeldes a cesar los ataques,
evitar las operaciones militares a gran escala -incluidos los bombardeos
aéreos- y resistir las presiones para responder con acciones armadas
cada vez más enérgicas.
Ahora bien, la probabilidad de que el Ejecutivo practique este giro
de 180 grados es escasa. Da la impresión de que Erdogan ambiciona vencer
en las elecciones presidenciales de 2014 y para ello se está alineando,
cada vez más, con los votantes nacionalistas y de extrema derecha. Las
facciones más militaristas del PKK, envalentonadas por los éxitos de sus
aliados en Siria, también están haciéndose con el poder y, seguramente,
continuarán sus intentos de apoderarse de las zonas del sureste y
atacar los símbolos del Estado turco en 2013.
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BAY ISMOYO/AFP/Gettyimages
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Afganistán, asolado por los enfrentamientos internos y la corrupción, el Gobierno
afgano no está, ni mucho menos, preparado para asumir la
responsabilidad de su propia seguridad cuando las fuerzas militares de
Estados Unidos y la OTAN se retiren en 2014. En 2012 las relaciones con
Washington siguieron deteriorándose, sobre todo cuando en febrero
murieron decenas de personas tras las informaciones de que las tropas
estadounidenses habían quemado docenas de ejemplares del Corán y otros
textos religiosos, y cuando el soldado norteamericano Robert Bales, en
marzo, disparó contra 17 campesinos, incluidos nueve niños, en la
provincia meridional de Kandahar. Desde entonces, una avalancha de
ataques internos ha contribuido a aumentar la desconfianza entre los
jefes militares afganos y estadounidenses, y varios incidentes de fuego
amigo han minado la moral de las Fuerzas Nacionaldes de Seguridad de
Afganistán.
La próxima transición política en Kabul es más importante aún para el
futuro del país y toda la región. Aunque el presidente, Hamid Karzai,
ha anunciado su intención de retirarse tranquilamente cuando termine su
mandato, en 2014, existen temores de que trate de seguir influyendo,
directa o indirectamente, en el Gobierno que salga de las urnas. Unas
elecciones creíbles -algo que Afganistán no ha experimentado todavía-
podrían construir cierto consenso nacional y reforzar la confianza
popular en las capacidades del Ejecutivo.
La mejor garantía de estabilidad para el país es garantizar la
legalidad democrática durante la transición política y militar en 2013 y
2014. Si las autoridades no lo consiguen, el importantísimo periodo que
se avecina generará terribles divisiones y conflictos dentro de la
clase dirigente, que los rebeldes talibanes se apresurarán a explotar.
Si la situación empeora, el resultado podría ser la fragmentación de los
servicios de seguridad y un gran conflicto interno. Todavía hay ciertas
posibilidades de progresar, y debemos conservar la esperanza, pero el
plazo para hacer algo está terminándose.
Pakistán
Los ataques con aviones no tripulados siguieron causando tensiones
entre Estados Unidos y Pakistán en 2012, aunque las rutas de
abastecimiento de la OTAN se reabrieron a principios de julio después de
que EE UU pidiera disculpas por un ataque mortal contra soldados
paquistaníes en noviembre de 2011. También hubo ciertos avances
políticos entre Pakistán y Afganistán: los dos unieron sus fuerzas en
diciembre para pedir a los talibanes y otros grupos insurgentes que se
sumaran a unas negociaciones de paz.
Con la previsión de nuevas elecciones en 2013, el Ejecutivo y la
oposición paquistaníes deben poner en marcha varias medidas urgentes y
fundamentales para reformar la comisión electoral y consolidar la
transición a la democracia. El Partido del Pueblo Paquistaní, en el
Gobierno, y su principal oposición parlamentaria, la Liga Musulmana de
Nawaz Sharif, deben dejar a un lado sus diferencias y concentrarse en
impedir que el Ejército, que siempre se ha inmiscuido en la política,
obstaculice ahora la vida democrática.
Tampoco deben permitir que el
aparato judicial, cada vez más intervencionista y aparentemente empeñado
en desestabilizar el orden político, desbarate la oportunidad que tiene
el país de hacer su primer traspaso pacífico de poder de un Gobierno
elegido a otro, mediante unos comicios creíbles.
Las crisis humanitarias de Pakistán también necesitan que el Estado y
la comunidad internacional les presten urgente atención. Tres años
sucesivos de inundaciones devastadoras han puesto en peligro las vidas
de millones de personas y las operaciones militares y las acciones de
los rebeldes han desplazado a cientos de miles de personas. Estas dos
crisis han dado a los grupos islamistas radicales la oportunidad de
reclutar miembros y han aumentado las posibilidades de un conflicto.
Desde que comenzó la transición democrática en Pakistán, en 2008, ha
habido algún progreso, pero en 2013 será necesario hacer mucho más para
que el Gobierno federal y los gestores provinciales puedan ofrecer una
respuesta apropiada a las catástrofes y facilitar la recuperación.
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ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images
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Sahel: Malí, Nigeria y otros lugares
En 2012 se agravó en varios frentes la inestabilidad en la región
africana del Sahel. Los intentos de invertir esa tendencia serán una
prioridad para muchos países este año. Malí -donde un golpe militar
derrocó al Gobierno en marzo, mientras que los separatistas y los
fundamentalistas asociados a Al Qaeda se apoderaron del norte del país-
ocupa el primer lugar entre los problemas de la zona.
En el año que comienza veremos la puesta en marcha de una
intervención internacional necesaria en Malí y, seguramente más
importante, un proceso político para reunificar el país. Respecto a lo
primero, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS)
y la Unión Africana (UA) ya han aprobado una misión de 3.300 soldados
para ayudar al Estado maliense a recuperar el control del Norte, hoy en
manos de los combatientes islamistas, a la espera de que el Consejo de
Seguridad de la ONU apruebe la medida.
El miedo a una intervención interminable ha hecho que muchos sectores
se muestren reacios a enviar una fuerza internacional al vasto desierto
septentrional, pero los peligros de no actuar son igual de graves. El
despliegue de tropas sobre el terreno requerirá cierto tiempo, igual que
la reestructuración y el entrenamiento de unidades malienses a cargo de
una misión enviada por la Unión Europea.
En el aspecto político, es preciso garantizar que el proceso de
reunificación del país sea, de verdad, integrador. Algunos de los grupos
que controlan la parte norte son claramente imposibles: son terroristas
y no están interesados en acudir a la mesa de negociaciones. Pero otros
pueden estar más dispuestos a pactar. Todo dependerá, en gran parte, de
la dirección política y militar del Gobierno de Malí, que se encuentra
en una situación inestable después de que el Ejército obligara al primer
ministro a dimitir en diciembre. El primer ministro nuevo, que parece
más tratable, podría facilitar un diálogo nacional que ayude a diseñar
una hoja de ruta para resolver la crisis política y organizar unas
elecciones en 2013. Sin embargo, dado que los responsables del golpe
militar muestran una afición preocupante a inmiscuirse en la vida civil,
el futuro sigue siendo inseguro.
La región del Sahel tiene otro conflicto muy inquietante en el norte
de Nigeria, donde en los últimos años ha habido miles de muertes que se
atribuyen al grupo islamista radical Boko Haram. La reacción del
Gobierno ha sido una mezcla desigual de declaraciones confusas sobre
posibles negociaciones y medidas de seguridad estrictas, y a menudo
indiscriminadas, que quizá han agravado la violencia y han facilitado el
reclutamiento de extremistas. Sin una atención concertada y un cambio
radical de política por parte del Ejecutivo, 2013 será otro año
sangriento en el norte de Nigeria.
República Democrática del Congo, cuando, en abril de 2012, se amotinaron en el este del país los
rebeldes del M23, antiguos rebeldes que pasaron a formar parte del
Ejército para después volver a convertirse en rebeldes, hubo una clara
sensación de déja vu. Una vez más, tras tantos años de
conflicto, los actores regionales e internacionales se las ven y se las
desean para contener a un grupo insurgente -con un abanico de demandas
teóricamente internas pero que se beneficia, sin la menor duda, del
apoyo de fuerzas externas- y evitar otra guerra regional en la RDC. Las
consecuencias de la última oleada de violencia han sido trágicas para la
población civil: se habla de violaciones de los derechos humanos a gran
escala, ejecuciones extrajudiciales que afectan a la sociedad civil y
desplazamientos masivos de la población local.
Los esfuerzos mediadores de la Conferencia Internacional de la
Región de los Grandes Lagos han servido para que el M23 se retirase de
la ciudad oriental de Goma y se entablaran unas conversaciones de paz,
pero el riesgo de que se repita la rebelión y se extienda la violencia
sigue presente. En ocasiones anteriores, los intentos de reconstrucción
después de otros conflictos en la RDC tuvieron escaso éxito. Si no se
presiona lo suficiente tanto al Gobierno del Congo como a los rebeldes
respaldados por Ruanda para que lleven a cabo unas reformas cruciales en
la forma de gobernar e inicien el diálogo político, la triste historia
de conflicto civil volverá a repetirse en 2013.
La desoladora situación del Congo debería obligar a la comunidad
internacional a examinar con seriedad su propio comportamiento. Diez
años después de que hubiera un compromiso masivo de apoyar la
estabilidad en la RDC, proporcionar legitimidad al Gobierno de Kinshasha
y proteger a la población civil del este del país, la situación es cada
vez peor. El Ejecutivo del presidente Joseph Kabila carece de apoyo
nacional; los ciudadanos de las provincias orientales de Kivu, pese a la
presencia de la fuerza de paz más numerosa que jamás ha enviado la ONU,
siguen lamentablemente desprotegidos y la integridad del país depende
de los caprichos de sus vecinos depredadores.
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Ivan Lieman/AFP/Gettyimages
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En Kenia, a pesar de las reformas para abordar los fallos y la violencia de las
elecciones de 2007 en Kenia, sigue habiendo importantes motivos
estructurales de conflicto. El paro juvenil, la pobreza y las
desigualdades son muy elevados, la reforma del sector de la seguridad se
ha paralizado y las disputas territoriales siguen agudizando la
polarización étnica. A medida que se aproximan las elecciones previstas
para marzo de 2013, el peligro de violencia política aumenta.
Dos de los principales aspirantes a ocupar la presidencia, Uhuru
Kenyatta y William Ruto, están acusados de crímenes contra la humanidad y
deben comparecer en un juicio en la Corte Penal Internacional en abril
de 2013, lo cual permite pensar que, por fin, se está llevando a cabo un
intento serio de eliminar la histórica inmunidad de las élites
políticas. Pero también podría ocurrir que los dos casos acaben con las
esperanzas de exigir responsabilidades si se agravan las tensiones
étnicas o se empaña la imagen de los adversarios políticos, lo cual
podría desembocar en un nuevo estallido de violencia.
Que un acusado sea presidente o vicepresidente tendrá enormes
repercusiones no solo en las relaciones exteriores de Kenia sino también
en las reformas internas. Las elecciones de 2013 se desarrollarán,
probablemente, en medio de amenazas de ataques por parte del grupo
terrorista al Shabab, que tiene su cuartel general en Somalia, y las
protestas del separatista Consejo Republicano de Mombasa. Cualquiera de
las dos cosas podrían provocar una reacción contra las numerosas
comunidades étnicas somalí y musulmana del país y, como consecuencia,
aún más desestabilización en un año que en cualquier caso será difícil
para Kenia.
En Siria y Líbano, el conflicto en Siria ha sufrido numerosos empeoramientos y,
probablemente, lo seguirá haciendo. El régimen ha demostrado que es
difícil derrocarlo y sus enemigos, que es todavía más complicado
eliminarlos. Mientras en la región y en el mundo se especula sobre la
próxima caída del Gobierno, es evidente que las primeras etapas después
de El Assad estarán llenas de peligros, no solo para la población siria
sino para la zona en general. El mero hecho de sobrevivir al invierno
será difícil, porque cada vez son más los habitantes desplazados, hay
barrios enteros que han sido arrasados, las instituciones del Estado
están cada vez más erosionadas y la ayuda internacional no es
suficiente.
La estrategia del presidente Bashar el Assad para hacer frente a
quienes se le oponían ha desgarrado a la sociedad siria. La
radicalización gradual que ha experimentado la oposición como
consecuencia de ello ha generado un ciclo retroalimentado en el que
ambas partes se fían cada vez más de las soluciones militares en vez de
las políticas. A medida que las comunidades religiosas y étnicas de
Siria se han ido polarizando, los partidarios del régimen se han
atrincherado y han cometido atrocidades espoleadas por su impresión de
que están en una situación en la que “o matan o les matan” y sus temores
a las represalias generalizadas cuando caiga el presidente.
La violencia que devora a Siria ha creado además un terreno fértil
para los islamistas suníes más inflexibles, que han conseguido reunir a
su alrededor a los desencantados con Occidente, entre otras cosas
gracias a su acceso al dinero de los países árabes del Golfo y los
conocimientos militares yihadistas adquiridos en otros países. Para
invertir esta tendencia, la oposición necesita articular una visión más
creíble y menos nihilista del futuro, los miembros de la comunidad
internacional tienen que coordinar sus políticas y esta lucha militar
tan peligrosa debe avanzar hacia una solución política.
Como era inevitable, en especial debido al trasfondo sectario que ha
adquirido el conflicto, la guerra de Siria está traspasando ya la
frontera con Líbano. La historia no ofrece buenos presagios: Beirut no
suele ser inmune a la influencia de Damasco. Es fundamental que los
líderes libaneses aborden los defectos esenciales de su estructura de
gobierno, que agudiza las divisiones internas y hacen que el país sea
vulnerable al caos en el vecino.
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JOEL SAGET/AFP/Getty Images
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Asia Central
Esta región ofrece toda una lista de países al borde del abismo. Tayikistán entra en 2013 sin nada bueno que contar de 2012.
Sus relaciones con Uzbekistán continúan deteriorándose y las disputas
internas amenazan con fomentar las ambiciones separatistas de
Gorno-Badakhshán. Esta provincia oriental, montañosa y remota, siempre
ha querido tener poco que ver con el Gobierno central de Dushanbe,
incluso antes de que las tropas gubernamentales se enfrentaran a los
milicianos locales -muchos de ellos veteranos de la guerra civil
tayika-, a los que calificaron de miembros de una banda de crimen
organizado. Algunos combatientes, entre ellos uno de sus líderes, eran
miembros de la guardia de fronteras de Tayikistán. También participaron
algunos residentes de Khorog, de los que el Ejecutivo dijo que eran
jóvenes engañados por la propaganda antigubernamental (la zona siempre
ha mirado con suspicacia a la Administración central).
Kirgizstán está también mal. Sigue ignorando las tensiones étnicas
latentes y la falta de legalidad democrática en el sur, al mismo tiempo
que una estrategia política largamente esperada para abordar los
problemas étnicos languidece sin que se haya aprobado en el despacho
presidencial. La influencia que tiene el Gobierno central en Osh es cada
vez más débil y a la comunidad internacional, una vez más, parecen
interesarle poco o nada las primeras señales de alerta.
Mientras tanto, las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos continúan siendo habituales en Uzbekistán.
Para empeorar aún más las cosas, no existe ningún plan para la sucesión
política después de que el presidente Islam Karimov, de 74 años,
abandone la escena política, lo cual es una receta para el caos
regional. Sin embargo, hasta que Estados Unidos no acabe de retirar sus
soldados y su material de Afganistán, no es probable que Washington se
involucre demasiado.
Si las tendencias actuales continúan, Kazajstán se enfrenta a otro
año lleno de violencia; en 2012 hubo un número sin precedentes de
atentados terroristas en las partes occidental y meridional a manos de
grupos yihadistas hasta ahora no identificados. El intento de Astana de
presentarse como una nave estable en un mar regional imprevisible queda
desmentido por la realidad de que este es un país en el que matan a tiros a los manifestantes y encarcelan a los activistas. Las reivindicaciones socioeconómicas pueden acabar siendo la perdición del Estado kazajo.
En el caso de Irak, mientras Siria se sume cada vez más en el caos, en Irak se afilan los
cuchillos y se trazan las líneas de combate. El Gobierno chií del
primer ministro Nuri al Maliki ha decidido aliarse con Irán, Rusia y
China para tratar de evitar que los Estados suníes del Golfo, Turquía y
EE UU transformen la región.
Maliki ha cortado en varias ocasiones los lazos con las demás
comunidades religiosas y étnicas de Irak y ha tomado medidas para
ampliar su control de las instituciones políticas y las fuerzas de
seguridad. Sus acciones violan el acuerdo de Erbil, que se formuló en
2010 para limitar los poderes del primer ministro y repartirlo de forma
equitativa entre los chiíes, los suníes y los kurdos.
Hoy, Maliki se encuentra con la resistencia no solo del presidente de
la región kurda, Masud Barzani, sino también de sus adversarios suníes y
laicos, e incluso del clérigo Muqtada al Sáder, desde su bando
islamista chií. La incapacitación del presidente Jalal Talabani, un
mediador fundamental en la disputa entre Bagdad y Erbil, aumenta la
incertidumbre política en el nuevo año. Y Al Qaeda echa más leña al
fuego con atentados devastadores que detrozan la relativa calma. Es
evidente que Maliki ha perdido la confianza de una buena parte de la
clase política, que le acusa de estar derivando hacia un Gobierno
indefinido y autocrático. Pero los intentos de someterle a un voto de
censura han fracasado debido a las profundas divisiones entre sus
opositores.
El resultado es que Maliki es un primer ministro provisional, hasta
las próximas elecciones de 2014. Es una receta para la violencia y,
desde luego, es posible que la guerra civil en la vecina Siria, teñida
de sectarismo y que se agrava por momentos, agudice las tensiones en
Irak y le empuje a una nueva oleada de conflictos en 2013.
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EITAN ABRAMOVICH/AFP/Gettyimages
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Y ahora, alguna noticia positiva: Colombia
Por fin, parece estar próxima una solución política a la larga y
sangrienta guerra de guerrillas en Colombia.
Después de un año de
contactos secretos, en octubre de 2012 se iniciaron las conversaciones
formales de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
La dinámica general del conflicto también favorece un acuerdo
político. Las FARC están debilitadas desde el punto de vista militar y
esta generación de dirigentes tiene, quizá, su última oportunidad de
justificar decenios de lucha con la firma de un acuerdo de paz que
permita participar a los guerrilleros en en la construcción de esa paz.
El Gobierno actúa desde una posición de fuerza, porque su ventaja
militar, aunque no es decisiva, parece irreversible.
El éxito de las conversaciones no está garantizado. Las diferencias
por cuestiones políticas en el orden del día son sustanciales, el
escepticismo respecto a las FARC sigue estando extendido entre muchos
colombianos y el respaldo a las negociaciones -pese a que la mayoría de
los ciudadanos apoya el proceso- está disminuyendo. Pero las grandes
fuerzas políticas mantienen su compromiso de sacarlas adelante y los que
se oponen, hasta ahora, no han logrado gran cosa. Además, las fuerzas
de seguridad conectan más con la dirección civil que antes y están
presentes en la mesa de negociaciones, lo cual reduce el peligro de que
haya fallos de coordinación entre las agendas política y militar como
los que han desbaratado esfuerzos de paz anteriores.
Una década de intensa guerra contra los rebeldes ha debilitado
enormemente la capacidad de combate de los guerrilleros y les ha
obligado a refugiarse en escondites rurales cada vez más remotos, por lo
que tienen menos influencia en los grandes centros urbanos. No
obstante, el conflicto sigue cobrándose vidas a diario, es un lastre
para el desarrollo socioeconómico e impide la consolidación de una
democracia verdaderaente integradora y pluralista. El camino que queda
por recorrer no va a ser corto ni fácil, pero Colombia no puede
permitirse el lujo de desperdiciar esta oportunidad de lograr la paz.
Este podría ser el año en el que Filipinas tome medidas decisivas
para el establecimiento de una paz duradera en el conflictivo del sur
del país, después de que el Gobierno y el Frente Moro de Liberación
Islámica (FMLI), la organización rebelde más amplia y mejor armada del
país, firmaran un histórico acuerdo de paz en octubre. El pacto llega
tras 15 años de conversaciones y retrocesos intermitentes y es la mejor
oportunidad de acabar con 40 años de insurgencia, que han causado
alrededor de 120.000 muertes. El conflicto con el FMLI es la mayor
-aunque no la única- fuente de violencia en la región. Los caudillos,
los secuestradores y los extremistas violentos que albergan a
terroristas de otros países de la zona también pueden causar el caos
durante años.
El acuerdo de paz pretende resolver estos problemas mediante la
creación de una región nueva y autónoma en la zona de Mindanao, de
mayoría musulmana. Tendrá más autoridad, más territorio y más control de
los recursos, y, si las cosas se desarrollan como está previsto,
entrará en vigor cuando el presidente Benigno Aquino abandone su cargo
en 2016.
El acuerdo de octubre dejó de lado varias cuestiones difíciles que
aún están por resolver, como la legislación necesaria para establecer la
región y decidir el futuro de los combatientes. El FMLI trendrá que
convencer a sus seguidores para que acepten algunas cláusulas delicadas
del acuerdo. El Gobierno de Aquino tendrá que convencer al Congreso de
que aprueba la nueva ley y elimine las trabas constitucionales para
poder traspasar el poder a la Administración de la nueva región
autónoma. Los obstáculos son gigantescos, pero existen muchas esperanzas
de que la paz en el sur de Filipinas esté, por fin, al alcance.
Myanmar
Las autoridades de Myanmar siguen cumpliendo sus compromisos de
reforma y están sacando al país de su pasado autoritario. Se ha liberado
a presos políticos, se han reducido listas negras, se han puesto en
práctica leyes que aseguran la libertad de reunión y se ha abolido la
censura en los medios de comunicación. El presidente Thein Sein ha
creado un vínculo de colaboración con la oposición, sobre todo con la
dirigente de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi, que este año resultó elegida para el Parlamento.
Ahora bien, el camino hacia la democracia está resultando difícil. La violencia generalizada entre comunidades en el estado de Rakhine,
dirigida en particular contra la minoría musulmana rohingya, ha
arrojado nubarrones sobre el proceso de reforma. Es frecuente que surgan
tensiones así a medida que una mayor libertad permite que salgan a la
superficie conflictos enterrados, pero el peligro constante de violencia
entre comunidades en Rakhine es muy alarmante y necesitará una
respuesta concertada e inequívoca del Gobierno y de Aung San Suu Kyi
para dejar claro que este tipo de acciones no tiene sitio en el nuevo
Myanmar. La incapacidad de firmar un alto el fuego en el estado de Kachin,
en otro conflicto étnico enconado, también puede ser perjudicial para
la nueva iniciativa de paz del presidente con grupos armados étnicos.
Occidente se ha apresurado a empezar a anular las sanciones contra
Myanmar y terminar con su aislamiento diplomático. La visita del
presidente Barack Obama, a principios de noviembre, mostró hasta qué
punto Estados Unidos apoya las reformas. Pero el país no ha salido
todavía de la zona de peligro: tanto el Gobierno como la oposición
necesitan mostrar liderazgo moral para lograr una solución duradera a
unos prolongados conflictos étnicos que amenazan el proceso de reforma y
la estabilidad birmanas.
