Por Rodolfo Terragno para el Diario Clarín
Si el gobierno fuera reelecto, se produciría -según algunos de sus más calificados voceros- la acentuación del populismo. El viceministro de Economía, Roberto Feletti, lo ha dicho sin ambages:
“El populismo, al que muchos critican, debería radicalizarse” (Debate, 6.5.2011). A su juicio, hasta ahora sólo hubo un populismo tenue porque el Estado “no podía apropiarse de factores de renta importantes”. En caso de reelección, “el proceso no tendrá límites” .
Ernesto Laclau coincide en la necesidad de “profundizar” el populismo , que hasta ahora habría sido sólo “un populismo a medias” (Clarín, 29.10.10). El gobierno -al cual apoya- habría querido ir más allá, pero una trama de intereses frenaba la marcha . El calificativo “populista” suele ser peyorativo; pero el gobierno lo asume sin complejos. Laclau ofrece fundamentos para el populismo: si las instituciones no satisfacen las demandas sociales, se requiere “un mecanismo no institucional”, construído “desde fuera del Estado”, que represente a la sociedad insatisfecha . “Se puede tener populismo de derecha o de izquierda, pero siempre hay una interrupción del sistema institucional del poder”, concluye.
Feletti es el encargado de aplicar esa doctrina al planeamiento económico. Sus objetivos (que, cabe suponer, son los del gobierno todo) se sintetizan en los puntos siguientes; pero se los puede ver desarrollados por el propio funcionario en el sitio www.robertofeletti.com.ar :
1. Cambio de las relaciones de fuerza entre el Estado y el poder económico. El gobierno juzga que, tradicionalmente, las corporaciones han influido de forma impropia sobre el sistema político. La idea es reducir la influencia.
2. Revisión de la matriz de negocios. Esto implica que el Estado analice y compare empresas, según los indicadores que juzgue relevantes (por ejemplo, rentabilidad) para luego establecer rangos. Es el paso previo a tomar decisiones de política económica aplicables a uno o más sectores.
3. Restricciones al libre mercado. Se anticipa que las decisiones no pueden seguir tomándose “de manera “libremercadista”.
4. “Mayor control sobre la renta indebida”. Lo indebido sería “apropiarse de excedentes rápidos”. Es lo que harían los sectores financiero y exportador. En forma explícita, el viceministro anuncia una nueva “regulación de la renta exportadora del sector agropecuario”.
5. Lucha contra los monopolios. Se enfatiza que las corporaciones “no pueden hacer lo que quieran y quedarse con el ingreso de los argentinos”. En los últimos años “se logró una autonomía nacional que ahora necesita profundizarse”.
6. Las estadísticas del actual INDEC como guía. El gobierno estima que, antes, el INDEC operaba a favor de la “patria financiera”. “Eso se acabó”.
7. Promoción del consumo, aunque esto produzca cierto grado de inflación. Feletti dice: “El gobierno admite que hay subas de precios, pero de ninguna manera aplicará un programa de ajuste. Creemos que es mejor que haya consumo, aunque se produzcan [nuevas] subas”.
8. Ampliación de la oferta. La interpretación es que la inflación, en el caso de los alimentos, obedece a una “insuficiencia de oferta”.
9. “Aumento del gasto público”. “Al aumentar la demanda interna, la expansión del gasto público es autofinanciable”. Se mantendrían los subsidios. Los que abaratan el transporte, se subraya, “son de enorme trascendencia para los trabajadores que se movilizan del Gran Buenos Aires”. Además, se cree que “los subsidios no presentan un obstáculo a la inversión pública”.
10. Utilización de reservas para no recurrir a préstamos internacionales. Las divisas acumuladas sobrepasan el monto necesario “para defender el peso de cualquier ataque especulativo”. En principio, el “excedente” seguiría usándose para pagar deuda, pero también “podría utilizarse para fondear proyectos de infraestructura a largo plazo”.
El programa es claro pero deja muchas dudas , que sus impulsores harían bien en despejar:
¿Hasta dónde llegaría la radicalización del populismo? ¿Harían falta, para eso, “mecanismos no institucionales”?
¿Cómo revisaría el Estado las matrices de negocios? ¿Hay una definición de “renta indebida” que impida la arbitrariedad? ¿Se puede desconocer la ley de la oferta y la demanda?
¿De qué modo se lucharía contra los monopolios, que sin duda merecen ser combatidos?
¿Hay una razón para no constituir el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, previsto por la Ley Antimonopolios, cuya misión es evitar que se disminuya, restrinja o se distorsione la competencia?
¿ No correspondería a la justicia decidir si una o más empresas abusan de una posición dominante en perjuicio de la economía nacional?
Siendo que -como bien señala el viceministro- la competitividad no depende sólo de “un tipo de cambio alto”, y es inadmisible lograrla mediante “salarios bajos”, ¿Cuáles serían los modos de aumentar la productividad , condición sine qua non para tener una economía más competitiva? ¿Es posible aumentar la oferta sin mayor inversión? ¿O el Estado produciría los bienes y proveería los servicios necesarios para superar la “insuficiencia de oferta”?
¿Se podría revisar las matrices de negocios y regular la renta sin afectar la inversión privada ?
¿Podría el sector público, por sí solo, encargarse de la inversión adicional que se necesita para tener crecimiento sostenido?
¿Cuál sería el límite al gasto público?
Y, finalmente: ¿Los subsidios benefician sólo a los sectores más necesitados? ¿Qué pasaría si los no indispensables y, en general, el gasto público acabaran con el superávit fiscal ? ¿La inflación no sería contraproducente, a los fines de elevar la condición de los asalariados? ¿Es injusto decir que esta política tiene lagunas y contradicciones que, de no resolverse, podrían llevarla al fracaso?
