En Foco
Cuando en enero de 2007 Néstor Kirchner dispuso un desembarco silencioso sobre los datos del INDEC, el problema era la suba de la lechuga y la cuota de las prepagas. Aquel mes, los estudios privados esperaban una inflación de 2% y la estadística oficial dio el 1,1 por ciento.
Por otra parte, y simultáneamente, la manipulación del índice de precios minorista buscó reducir el pago de intereses de los bonos argentinos que estaban atados a la inflación. El Gobierno, convencido de que por esa vía se podría ahorrar unos buenos pesos (aunque él mismo había emitido una gran cantidad de esos títulos en 2005), optó por el camino “heterodoxo” de truchar los índices para pagar menos intereses.
Uno de los resultados, más allá del ahorro en materia de pesos, fue el aumento de la desconfianza. Fue a raíz de esa desconfianza que la inflación, medida de acuerdo a los relevamientos de los consultores privados, ganó peso y credibilidad. En algunos casos, más por el descrédito oficial que por la profesionalidad de las encuestas de las consultoras. Antes de la “intervención”, el índice del costo de vida era el resultado de relevar 115.000 precios en 8.000 comercios.
El ministro Amado Boudou dijo por radio, avalando el apriete de Guillermo Moreno a las consultoras, que dichos cálculos contribuyen a generar expectativas y que eso podría devenir en la toma de malas decisiones. En realidad, el ministro que, sin reírse, aseguró que la inflación de este año será de sólo un dígito, pareció sostener la idea de que sobre la estadística oficial lo mejor es no hablar. El sindicalismo aliado al Gobierno no cree en los índices oficiales y habla de aumentos salariales del 30% o más.
La Presidenta, por primera vez, se mostró preocupada por el tema de los reclamos salariales en tiempos de inflación alta y pidió responsabilidad. En un año electoral, donde la carrera política despunta y todos los sectores buscan sacar ventaja, el Gobierno insiste en decir que no tiene responsabilidad y que toda la culpa es de los empresarios. Los empresarios tienen responsabilidad, pero el Gobierno también.
Con un aumento del gasto público que supera el 30%; con los agregados monetarios creciendo 30%; los salarios, seguramente, más de 25%, no hace falta saber mucha economía para concluir que difícilmente la inflación anual pueda ser de 9%. La visión oficial prioriza que el dólar está quieto en torno a los 4 pesos, y las tarifas domiciliarias de los servicios no se mueven desde hace años. Resultan factores que pueden ayudar a anclar algunos precios .
Así, tal vez, la inflación de este año no resulte ni del 9 ni del 30%, pero el Gobierno rompió el termómetro y los índices oficiales no son un argumento lo suficientemente contundente para aquietar las expectativas. En un sentido, y salvo dos o tres excepciones, los cálculos de las consultores privadas hablan de una inflación alta pero sin riesgo de espiralización.
Pero el cambio de ritmo en las subas de precios se hace evidente cuando se mira con un poco de perspectiva. A comienzos del año pasado, la economía venía con una suba del dólar de 10% a lo largo de 2009 y con la inflación algunas décimas por encima del 15%. En aquel momento, empresarios y sindicalistas se empezaban a medir para definir aumentos salariales de 17 o 18% pero la realidad fue otra. Arrancaron los docentes bonaerenses con un aumento de 23,5% y después, la embestida del sindicalismo y la ansiedad oficialista para acelerar la reactivación desembocaron en negociaciones salariales con subas de hasta 35% y más .
Un problema ahora es aquietar las aguas cuando, al calor del año electoral, muchos sectores creen que es el momento de pedir mucho para lograr bastante. El Gobierno que ahora pide responsabilidad a los que reclaman aumentos por la elevada inflación es el mismo que inventó la máquina que fabrica índices increíbles
