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(Infobae.com) - Este modelo será producido en el complejo Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino a partir de 2015. De esta manera, confirma la producción de vehículos utilitarios en el país.
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz ya planifica lo que vendrá
para los próximos años y ha decidido que la planta del país situada en
la provincia de Buenos Aires sea la encargada de elaborar la nueva Vito a
partir de junio de 2015.
Hace poco más de un mes te contabamos en “Otra premium se instalará en Brasil”
que la marca alemana iba a construir una fábrica en Brasil con una
inversión inicial de 170 millones de euros para comenzar a producir en
2016 las próximas generaciones del Clase C y el GLA para todo el
MERCOSUR.
En esta misma propuesta entra la elaboración de la
Mercedes-Benz Vito en Argentina, afianzando a esta país como productor
de vehículos comerciales.
Acuerdo sellado
Este modelo, que será presentado mundialmente en el Salón de
Vehículos Comerciales (IAA) en Hannover, Alemania, en Septiembre-Octubre
de 2014, tomó un nombre en el mercado mundial gracias a sus cualidades
de vehículo multiuso.
Volviendo al país, en el complejo Juan Manuel Fangio actualmente son
elaborados el camión Atron 1624, Atron 1634, Atron 1720,y los chasis de
bus OF1418 y OH1618, sin dejar de lado a la exitosa Sprinter.
(Perfil.com) - La compañía comandada por Mariano Recalde dejará de operar la
única ruta directa hacia Australia. Los motivos ajenos a la empresa y
los generados por la misma empresa.
Con un comunicado que pasó prácticamente
desapercibido, Aerolíneas Argentinas informó que a partir del 1° de
abril dejará de volar a Australia, con lo que puso punto final a una
ruta aérea de treinta y tres años.
Desde la empresa comandada por Mariano
Recalde, informaron que ”en el mediano plazo se prevé desprogramar los
aviones que cuenta la compañía para la operación a Sydney”. A tales
efectos, comunicaron que “los Airbus 340-200 serán reemplazados y la empresa no contará con aviones con capacidad para hacer el vuelo Buenos Aires – Sydney sin escalas, e incluir una escala en estos vuelos hace la ruta más costosa”.
Si algo resultó llamativo del comunicado,
es que el mismo fue para anunciar los grandes planes a futuro de la
empresa para 2014, como el aumento de frecuencias a Europa. En un
informe posterior, la empresa celebró la adquisición de aviones Airbus
A330, que son precisamente los aviones que dijo que no pueden realizar
vuelos transpolares y que era uno de los factores para suspender la
ruta. O sea, que uno de los factores fue producto de las compras efectuadas por la misma empresa.
Asimismo, la empresa defendió su postura al
afirmar que para mantener la ruta sin escalas “sería necesario
incorporar una flota exclusiva, que atenta contra la homogeneización y eficiencia
prevista en el plan de negocios”. En idéntico sentido, se afirmó que
“Australia no es un destino de los más elegidos por los argentinos”,
para finalmente comunicar que “es un orgullo poder anunciar estos cambios que fundamentalmente satisfacen a nuestros pasajeros”.
La novedad aerocomercial se suma al anuncio de South African Airways sobre la suspensión de su servicio Buenos Aires-Johannesbourg
que entrará en vigor a partir de 2014. La empresa sudafricana informó
que dejará de operar por cuestiones económicas, debido a pérdidas que
alcanzaban los 4,9 millones de dólares anuales.
(Notitrans) - Cristian Breitenstein, ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología
bonaerense, comunicó que tendrán 12.000 toneladas de porte, por lo que
con los contratos ya rubricados tendrá plena ocupación hasta el 2025.
El Astillero Río Santiago construirá tres nuevos buques de
aproximadamente 12.000 toneladas de porte, con lo que con los contratos
ya suscriptos tendrá plena ocupación hasta el 2025, anuncio ayer el
ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Cristian
Breitenstein.
“En dos años de gestión llegamos a 24 contratos suscriptos con
compromisos concretos para la plena ocupación hasta el 2025”, informó el
funcionario. Detalló que el contrato firmado entre el gobierno
provincial y la empresa Topor Ship Company Sociedad Anónima prevé la
construcción de tres buques del tipo bulk carrier, con un precio
estimado de unos 28 millones de dólares cada embarcación.
El titular de la cartera de la Producción explicó que “la cogestión
estatal y sindical en una de las principales empresas de la provincia de
Buenos Aires permitió ocupar las tres gradas del ARS, complementándolo
con el comedor, el jardín maternal y la inauguración del Centro de
Capacitación y Transferencia del Conocimiento”.
“La lógica es comprometerse con los desafíos de la gestión y el
gobernador Daniel Scioli nos pidió darle un giro muy fuerte al ARS”
indicó y agregó que “cumplir objetivos y obtener resultados es una
lógica de gestión, donde lo que se empezó en una etapa se pueda culminar
en otra”.
Con relación al nuevo espacio físico del Centro de Capacitación para
los más de 3.000 trabajadores subrayó que “educar hoy es asegurar
trabajo y este Astillero escuela hace bien en fortalecer dicho eje
estratégico, en una empresa del Estado para seguir formando
trabajadores”.El Centro fue diseñado y armado por el departamento de Arquitectura
del ARS al igual que la mano de obra y cuenta con cinco aulas equipadas
para brindar mayor confort, duplicando la matrícula en los cursos de
oficios que comenzarán a dictarse por los más de 40 instructores,
compuesto por personal del Astillero.
(La Politica Online) - El jefe de
gobierno convocó a una nueva reunión de los jefes de bloque de la
Legislatura porteña para avanzar en un proyecto para cobrarle al
empresario kirchnerista por sus tragamonedas de Palermo y Puerto Madero.
Las ideas van desde crear una nueva alícuota hasta modificar el
convenio con Lotería Nacional.
Mauricio
Macri recibirá este miércoles los proyectos de los legisladores
porteños para cobrarle impuestos al zar del juego kirchnerista,
Cristóbal López.
El primero de noviembre pasado, el jefe de gobierno reunió a los
presidentes de los bloques de la Legislatura “para intercambiar ideas y
encontrar un camino que le permita a la Ciudad la posibilidad de cobrar
el impuesto a los ingresos brutos al juego en el ámbito porteño”.
En esa reunión, Macri les pidió a los legisladores que diseñen una ley
“no judicializable”, que le permita a la Ciudad de Buenos Aires cobrar
el impuesto a los Ingresos Brutos por la explotación de los juegos de
azar y que el espíritu de esa norma “sea una política de Estado”.
El objetivo es Cristóbal López, que maneja la explotación de los casinos
flotantes de Puerto Madero y las 5000 máquinas tragamonedas del
hipódromo de Palermo, gracias al decreto que Néstor Kirchner firmó antes
de dejar la presidencia para cederle el control hasta 2032 y en una
decisión delirante lo "obligó" a multiplicar por más de 10 las máquinas
que ya tenía el Hipódromo, que enfrenta además gran cantidad de juicios
de mujeres víctimas de la ludopatía que genera, que ha provocado la
ruina de numerosas familias.
Casi dos semanas después, el jefe de gobierno le pidió a Cristian
Ritondo que convocara a todos los jefes de bloque nuevamente para que le
presenten sus propuestas. Llamativamente hoy el canal C5N, que
pertenece a Cristóbal, le dio con un caño a la gestión de Macri con una
serie de informes.
Entre las propuestas que circulan, existe un proyecto de Aníbal Ibarra
para crear un impuesto exclusivo para el juego. El titular del bloque de
la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, que es uno los legisladores que
más entiende del tema, también presentaría una propuesta.
En tanto que en el PRO analizan "sincerar" el convenio entre el
Instituto del Juego y Lotería Nacional, por el que Cristóbal le deja a
la Ciudad unos 420 millones de pesos por año. En el PRO aseguran que si
el convenio se cumpliera, ambos gobiernos recibirían el 50 por ciento
del canon, por lo que la Ciudad recibiría sumas similares a las que
recibe la provincia de Buenos Aires.
Además, se sinceraría la cantidad de tragamonedas que tiene Cristóbal
bajo el hipódromo de Palermo, que serían más de 6 mil. Para la Ciudad
sólo tiene menos de 1500.
De esta manera, en el PRO estiman que podrían cobrarle entre 750 y 900
millones de pesos por año a Cristóbal, el doble de lo que le cobran
actualmente de canon, lo que serviría para construir unas 50 escuelas.
(La Politica Online) - Macrí comenzó con la segunda parte de las obras para que en el 70%
del microcentro porteño tenga prioridad el peatón. Se nivelarán 43
cuadras y se pondrán en valor 73 fachadas de edificios de interés
patrimonial. La obra estará terminada en marzo de 2015 y apunta a
que el peatón tenga prioridad en el 70 por ciento de las cuadras de la
zona..
En la nueva etapa del plan, 53 calles del microcentro se pondrán en valor con luminaria LED
En la primera etapa, el plan abarcó 33 cuadras de las calles Marcelo T.
de Alvear, San Martín, 25 de Mayo, Bartolomé Mitre, Sarmiento, Rojas y
Reconquista. En la segunda etapa se nivelarán 43 cuadras adicionales que
se convertirán en prioridad peatón. Las nuevas peatonales pertenecerán a
las calles Maipú, Perón, Suipacha, San Martín y Esmeralda.
Las obras consistirán en aumentar la superficie de las veredas y en
nivelar las calles a su misma altura. Se colocarán además luminarias
viales y peatonales en todas las cuadras, que serán en un 100% de
tecnología LED.
Además se renovará el mobiliario urbano y la señalización y se
incorporarán dársenas de carga y de descarga. La inversión estimada para
las dos etapas es de 300 millones de pesos, según explicaron desde el
gobierno porteño.
En esta segunda etapa se recuperarán las veredas y se modernizarán con
luz LED las avenidas Córdoba, Corrientes, Rivadavia y Alem, además de la
peatonal Lavalle y la calle Carlos Pellegrini.
Otra de las aristas del programa será la restauración de las fachadas de
más de 100 edificios históricos y de alto valor patrimonial, como los
edificios Kairuz y Bencich, de Esmeralda y Córdoba. Para eso se
retirarán todos los elementos que desfiguran la fachada original, como
las marquesinas, la publicidad y las cortinas en infracción; se
eliminarán las instalaciones sobrepuestas y se reubicarán los equipos de
aire acondicionado.
Por otro lado, a medida que avancen las obras, los contenedores de
basura actuales serán reemplazados por contenedores soterrados (también
llamados “boutique”), que permitirán aumentar el espacio peatonal y
facilitarán el manejo de los residuos.
En total se colocarán 75 contenedores soterrados. Parte de ellos ya se
emplazó en la cuadrícula comprendida entre Suipacha, Marcelo T. de
Alvear, Alem y Diagonal Norte.
(La Politica Online) - Estará
ubicada en Florida y Sarmiento, en el actual edificio del Banco Ciudad,
que se mudará a Parque Patricios. Será la cuarta comisaría con la que
contará la fuerza policial porteña y se pondrá en funcionamiento a
mediados de 2015.
Mauricio
Macri definió el lugar de una nueva comisaría de la Policía
Metropolitana, con la que el jefe de gobierno porteño espera dar una
mayor cobertura en el microcentro.
La nueva comisaría estará ubicada en el edificio de la actual sede del
Banco Ciudad, en Florida y Sarmiento, y se pondrá en funcionamiento a
mediados de 2015.
Pese a que el Banco se mudará a la nueva sede de Parque Patricios recién
el año que viene, la Policía ya comenzó a trasladarse a algunos de los
pisos del edificio de Florida, en donde ocupará al menos cuatro pisos.
Se trata de la cuarta comisaría que tendrá la fuerza policial que creó
Macri. La primera se abrió en el barrio de Saavedra, en la comuna 12, y
la segunda en Parque Patricios, en la comuna 4. En julio de este año,
Macri inauguró la tercera comisaría en Chacarita.
El objetivo de Macri es cubrir todo el microcentro, como parte del plan de puesta en valor de la zona.
Desde el año pasado se instalaron en el microcentro 60 agentes de la
Policía Metropolitana y, este año, esa cifra se duplicó. Con el nuevo
destacamento que llegarán más policías: para 2015, el gobierno porteño
espera contar con 400 agentes de la Metropolitana dedicados
exclusivamente al microcentro.
Los 17 rellenos previstos estarán en distintos barrios y permitirán avanzar con la ley de Basura Cero.
Para avanzar con la reducción de la basura que se
envía a la Provincia a través de la separación y el reciclaje, el
Gobierno de la Ciudad construirá 17 plantas de tratamiento de residuos
en distintos barrios porteños.
La iniciativa, autoría de los
diputados Cristian Ritondo y Karina Spalla (PRO), fue aprobada por la
Legislatura porteña y crea la figura de “Higiene Urbana” dentro del
Código de Planeamiento Urbano para rezonificar los terrenos. Esto
permitirá que se levanten centros verdes, plantas de tratamiento de
residuos o de transferencia.
“Este proyecto apunta a permitir un
uso más extensivo del territorio a fin de que la gestión de los
residuos, en lo que respecta a la separación, recolección,
revalorización, transferencia, tratamiento y disposición, pueda
potenciar su desarrollo y equipamiento”, señaló Spalla.
Entre los
centros verdes planeados aparecen los terrenos de Herrera y Osvaldo
Cruz, Cantilo y vías del ferrocarril Belgrano Norte y Constituyentes al
6200. En tanto, como plantas de transferencia figuran los predios de
avenida Perito Moreno y Tandil, Matienzo y Conesa, y Lacarra y
Balbastro, entre otros.
La Ciudad ya tiene un centro verde en
Barracas, que recibe 500 toneladas de residuos por mes desde la
cuadrícula de Alsina y también de lo recolectado por los recuperadores
urbanos en el Centro. La idea es habilitar otro centro en Lugones y
General Paz antes de fin de año.
(La Razón) - El Gobierno porteño lleva adelante un programa para quitar
de las calles los vehículos en estado de abandono. Se intima al
propietario a retirarlo y, si no hay respuesta, se manda el coche a un
playón y se lo compacta.
Esos autos abandonados y oxidados que decoran las
calles porteñas están en vías de extinción. El Gobierno porteño compactó
en once meses 1.927 autos abandonados de las calles de la Ciudad. Desde
diciembre del año pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad
implementó el programa de compactación de vehículos.
Entre los
barrios con más denuncias por abandono de vehículos figuran Villa
Crespo, la Paternal, Parque Patricios, Pompeya y Villa Soldati. El
programa pretende preservar el medio ambiente y la seguridad. Lo
recaudado por la chatarra es destinado a la Fundación Garrahan. “Es
importante la colaboración de los vecinos para alertar sobre vehículos
abandonados en la calle, llamando al teléfono 147, la línea gratuita de
la Ciudad, para que luego pueden ser retirados y compactados”, sostuvo
el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.
Los
vehículos se detectan por los recorridos que realiza la Dirección de
Seguridad y Bienes de la Ciudad, a cargo de la compactación; así como
también por el registro de las cámaras de seguridad y las denuncias de
vecinos. “Los autos abandonados, además de ser un posible foco de
infección, son un peligro para el tránsito y generan inseguridad”,
agregó Montenegro.
Antes de que los autos sean levantados, el
Gobierno les coloca a una calcomanía intimando al propietario a
retirarlo. Si no lo hace dentro de los diez días hábiles, el auto puede
ser trasladado al playón de Río Cuarto y Herrera, en Barracas, o al
predio de la Fundación Garrahan en Parque Patricios. Allí, se analiza la
situación jurídica y se vuelve a notificar al titular. Si no hay
respuesta, finalmente se compacta, previa descontaminación.
El aumento del gasto público no es bueno ni malo en sí mismo. La
cuestión, en realidad, es el cómo y en qué se va, que sea visible en
hechos concretos, sustentable en el tiempo y, además, que no caiga en
bolsones de corrupción. Nunca en la historia hubo un gobierno con tantos
recursos disponibles como el kirchnerista, pero sobran dudas de que haya cumplido con esos requisitos básicos.
Otro
tanto pasa con el Estado. Puede ser poderoso sin garantizar una
distribución equilibrada de los ingresos, que es una función esencial.
Sean chicos o grandes, nunca son neutrales: significan instrumentos de
poder político, también útiles para favorecer a grupos y sectores
económicos afines.
En cuentas de la Secretaría de Hacienda
aparecen algunas muestras sobre cómo están usándose los fondos del
Estado o, mejor, sobre cuáles son las prioridades del Gobierno.
Hasta
el 3 de noviembre, se había gastado el 88% de la partida anual para
prensa y difusión y un 86% del presupuesto asignado a Fútbol para Todos.
En una de las cajas destinadas a subsidiar la energía, el número trepa
al 94%. Y el crecimiento de los recursos para viviendas y para el Plan
Trabajar canta mucha plata puesta en aceitar las chances de los
candidatos oficialistas; inútil, viendo el resultado de las elecciones.
Eso
es lo mucho. Y entre lo poco, apenas se gastó un 19% del presupuesto
que debía ir al saneamiento de la cuenca Matanza–Riachuelo y 54% en el
de salud familiar y salud comunitaria.
El resultado del modelo
queda al descubierto en el enorme agujero fiscal. Durante los diez
primeros meses del año, el déficit alcanza a $ 101.000 millones, o sea, arriba de 16.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Habría
sido notablemente mayor si no fuese por la montaña de dinero que el
Gobierno le saca al Banco Central y a la ANSeS. Cuando a fin de año deba
pagar aguinaldos de empleados estatales y jubilados, el monto saltará a
una cifra sideral.
Déficit récord y recursos récord, decretos de
necesidad y urgencia incomparables y superpoderes empleados a
discreción, así son manejadas las cuentas públicas en la era K;
especialmente, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Tampoco
tiene precedentes la presión tributaria: en relación al PBI, la del
Estado Nacional habrá crecido nada menos que 68% entre 2003 y 2013. Y
aún con los impuestazos adentro, la de provincias y municipios llega al
40%.
Aunque el kirchnerismo exalte el gasto previsional o la
Asignación Universal por Hijo, cuesta encontrar adónde fue el dinero que
le tocó a infraestructura, cuando se advierte el estado de los caminos,
el ferrocarril, de los puertos y las vías navegables y la falta de
cloacas y redes de gas en las zonas más pobres. Lo uno y lo otro va a la
cuenta de la década ganada y a la herencia que recibirá quien venga.
(La Nación) - Aerolíneas Argentinas y Airbus acordaron ayer un
"memorándum de entendimiento" para la compra de cuatro aeronaves
A-330/200, cuyas dos primeras unidades se sumarán a la flota de largo
alcance de la compañía "en el primero y el segundo trimestre de 2015",
mientras que la incorporación de las otras dos "se completará en 2016".
Aerolíneas precisó que los costos de combustible por vuelo de los nuevos
aviones "permitirán una reducción de los mismos del orden de 13,5% con
relación a los A340-200 y de 19,5% respecto de los A340-300".
Qué el futuro presidente adquiera una buena dosis de "unguento anestesico", esta gestión esta produciendo una situación de "tierra arrasada": el enorme incremento de la deuda externa e interna, el deficit habitacional, la necesaria racionalización de un Estado macrocefalico, la deuda sin solucionar con el club de Paris, la deuda con China por los Ferrocarriles, el deficit de Aerolineas Argentinas, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas y a todo esto hay que sumarle la compra de estos nuevos aviones, cuando aun no se pagaron los Embraer. Pobre país...
Los jueces y camaristas de Salta, Jujuy
y Tucumán, que viven en primera persona el norte argentino, acaban de
formular un muy grave llamado de atención al Gobierno, y la Corte decidió darles un respaldo categórico.
En sus palabras elegantes, lo que están diciendo es que, en la Argentina, no importa lo que digan Sergio Berni
ni ningún otro funcionario, no existe una política contra el
narcotráfico. En realidad, tal vez ni siquiera existan unas pocas
medidas articuladas.
Ese es el verdadero sentido de los documentos emitidos
por los jueces federales de esas provincias, que a lo largo de un
listado muy extenso de reclamos piden soluciones que, en rigor, ponen en
evidencia todo lo que, hasta ahora, no hizo el Gobierno, que no puede
hablar, en esta materia, de década ganada.
Hasta ahora el Estado hizo muy poco para prevenir y combatir el narcotráfico
y la urgencia que siente la Corte Suprema de Justicia parece tener la
dimensión de las falencias, pero también con el peligro que se cierne
sobre el país y que, días atrás, fue puesto de manifiesto por el
Episcopado.
Basta repasar el detalle de lo que se reclama para
advertir por qué en las fronteras existen un "crecimiento preocupante
del narcotráfico, la trata de personas, el incremento del contrabando y
la instalación de miles de extranjeros que cometen esos delitos", según
describe el documento de los jueces de Salta y Jujuy. El detalle parece
un inventario exhaustivo revelador del total desinterés o incapacidad de
nuestras autoridades nacionales para enfrentar un problema crucial.
Según los jueces, falta mayor presencia de fuerzas de
seguridad; faltan radares; falta una política integrada nacional y
provincial; faltan cárceles; faltan crear más juzgados federales y poner
en funcionamiento algunos que ya fueron creados hace cinco años, en
2008; faltan puestos de Migraciones y de Aduana; faltan edificios
judiciales y falta personal para investigar los delitos del
narcotráfico. Acaso ¿sobra algo? Sí, sólo presos, causas judiciales que
no se pueden investigar y delincuencia organizada.
Hace dos meses que los jueces federales vienen hablando de este problema con las autoridades.
En rigor, el problema no es nuevo: hace ocho años, este
cronista accedió a la carta que un juez federal del Norte le envió a la
Casa Rosada para advertir que no funcionaban los radares. Un
misil, un helicóptero artillado o un cargamento aéreo podrían viajar
miles de kilómetros desde el Norte hasta el microcentro porteño sin
poder ser interceptados o derribados.
Ahora, sin embargo, las cosas sí son mucho más graves
y, tal vez, se están empezando a salir de control. Por eso los
documentos hablan de "urgencia" y de "extrema gravedad" de las
circunstancias descriptas.
A fines de octubre, la Corte Suprema de Justicia hizo
un llamado al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura para
avanzar con esas reformas. Todos se hicieron los sordos.
Un estudio privado relevó 1834 asentamientos en las zonas más pobladas del país; en el conurbano hay 624; en la Capital, 56
Es
un drama conocido, pero por primera vez hay números que lo reflejan en
su magnitud: en la Argentina, más de 2,5 millones de personas viven en
villas de emergencia o asentamientos irregulares, según un informe de la
ONG Techo, difundido ayer.
El estudio, que abarca siete provincias que agrupan a
más del 60% de los habitantes del país, relevó 1834 villas y
asentamientos del área metropolitana, el interior de la provincia de
Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén,
Misiones y Salta, en los que viven 532.800 familias.
Sólo en los tres cordones del conurbano bonaerense se
concentran 624 villas, en las que residen más de 1,2 millones de
personas. La Matanza, con 89, es el distrito con mayor cantidad de
barrios carenciados del país. En la ciudad de Buenos Aires se
contabilizaron 56, en los que viven alrededor de 350.000 personas.
La organización Techo subrayó que los habitantes de
estos barrios tienen serios inconvenientes para acceder a los servicios
de electricidad, gas y agua potable. Además, viven en zonas más
vulnerables y expuestas a las inclemencias naturales, inundaciones o
incendios.
El documento fue presentado ayer en el Salón Azul del
Congreso de la Nación ante diputados y senadores. Allí también se habló
de los cuatro proyectos de ley que Techo elaboró sobre ésta temática,
vinculados con la planificación territorial, regularización nominal,
vivienda y producción social, y regulación del proceso de desalojo. "La
información es un bien público, no es destructiva, sino que se puede
usar para generar soluciones", opinó Ignacio Gregorini, director del
Centro de Investigaciones de Techo.
Al desmenuzar los datos del informe se observa que en
la ciudad de Buenos Aires existen 49 villas, cinco asentamientos y dos
barrios populares, lo que da un total de 56 sitios atravesados por la
problemática habitacional y de servicios.
En tanto, en los tres cordones del conurbano hay 163
villas, 418 asentamientos y 43 barrios populares. En ese territorio
prevalecen los números de La Matanza, con 89 barrios y 26.700 familias;
Quilmes, con 57 y 35.000, y Moreno, con 42 y 9.900. Según Techo, cada
grupo familiar está integrado por un promedio de 4,7 personas.
"En La Matanza no vemos la presencia del Estado. Vivir
en un asentamiento es como no existir. ¿Por qué no existir? Porque si el
Estado nos reconociera, tendría que hacerse cargo de nosotros", contó
Eduardo Creus, que vive en González Catán y forma parte de la agrupación
barrial Identidad Vecinal.
En el resto de la provincia de Buenos Aires, el partido
de General Pueyrredón -Mar del Plata- se ubica en el primer lugar de la
lista, con 32 asentamientos y villas y cerca de 11.000 familias. En
todo el territorio bonaerense hay 1046 villas y 327.600 familias.
La ciudad de Córdoba suma 134 villas, en las que viven
21.300 familias. En toda la provincia hay 210, con diferentes grados de
precariedad, habitadas por 28.600 familias.
En el Gran Rosario se detectaron 172 barrios de emergencia con 50.500 familias viviendo en ellos.
En los sitios relevados de Salta se hallaron 147 y
18.500 familias; en Misiones (Posadas, Garupa y Fachinal), 72 y 15.800, y
en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, 131 villas con 18.500
familias.
De acuerdo con el tipo de metodología implementada para
el estudio, Techo trabajó con una definición operativa para delimitar
el universo de la muestra. Estipuló que asentamiento "es un conjunto de
ocho o más familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de
la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso
regular a al menos dos servicios básicos, como agua corriente, energía
eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal". Así se llegó a la
conclusión de que en los siete sitios relevados había un total de 450
villas, 1260 asentamientos y 124 barrios populares informales.
¿Cuál es la diferencia entre los tres? "Por villa se
entiende un barrio que no tiene manzanas, con diferentes grados de
hacinamiento y precariedad y una trama urbana irregular", explicó Juan
Manuel D'Attoli, director nacional de relevamiento de Techo durante la
presentación.
"Los asentamientos -continuó- fueron conformados por
diferentes estrategias de ocupación del suelo; y los barrios populares
se originaron con la intervención del Estado a partir de loteos. Los
tres tienen los mismos problemas de precariedad."
En la elaboración del proyecto colaboraron
profesionales del instituto Gino Germani, la Universidad Nacional de
Córdoba, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad Torcuato Di
Tella, la Universidad Católica Argentina y el Servicio Habitacional y
de Acción Social de Córdoba. El trabajo de campo lo realizaron 700
voluntarios.
Otro de los aspectos en los que se enfoca el documento
de Techo es la escasa accesibilidad de los vecinos a los servicios
básicos. Dicho ítem fue el más mencionado en el 56% de los asentamientos
o villas. Lo siguieron la inseguridad (35%), la falta de pavimentación
(33%) y la falta de alumbrado público (26%).
Dentro de los siete territorios relevados, en el 60% de
los barrios predomina una mayoría de viviendas con conexión irregular a
la red de energía eléctrica. En el 65% las casas están provistas de
pozo ciego para la eliminación de excretas y sólo en el 5% prevalece la
red cloacal. Un déficit similar aparece en el acceso al agua potable. En
el 62% de los sitios reina la conexión irregular a la red y un 10%
cuenta mayoritariamente con agua corriente. Además, en un 90% de los
barrios humildes el método de calefacción más utilizado es la garrafa.
El informe dice que un 64% de los asentamientos se
inunda cuando llueve. La mayoría están situados cerca de un río o curso
de agua. En un 29% de los barrios se registró, al menos, un incendio en
los seis meses anteriores al relevamiento. En el 30%, cuando se los
requiere, los bomberos no ingresan a los lugares porque las calles no
están en condiciones.
Radiografía de los barrios más humildes - Privados de casi todos los servicios.
Comunas En la Ciudad de Buenos Aires la
Comuna 4 -Barracas, Pompeya, Parque Patricios y La Boca-, con 23
asentamientos, se encuentra en el primer lugar. La sigue la Comuna 8
-Soldati, Riachuelo y Lugano-, con 18
Gran La Plata En la capital bonaerense hay 136 asentamientos. Berisso tiene 17 y Ensenada, 9
Ocupación En el 75% de los barrios se dio
la ocupación tipo "hormiga". El 15% fue por medio de tomas colectivas;
el 6% por loteo social y el 4% restante, por otros métodos
Tamaño El 53% de los asentamientos son
pequeños (8 a 100 familias); el 34% son medianos (101 a 500 familias);
el 11% grande (501 a 1500 familias); y el 2% macro (1501 y más familias)
Núcleo familiar El 28% de los nuevos
núcleos familiares se instalan en una ampliación de la misma vivienda y
el 26% en otra casa, pero del mismo terreno
Del editor: qué significa. Un
espejo de la Argentina a la que nunca parece llegar la equidad. El
asistencialismo y el aprovechamiento político, está visto, no son
soluciones.
El
máximo tribunal se sumó al pedido de jueces federales de Salta, Jujuy y
Tucumán; crítica por la falta de respuestas de organismos públicos
La Corte Suprema se sumó ayer al pronunciamiento de la Iglesia sobre el avance del narcotráfico y le reclamó al Gobierno medidas concretas para combatir el ingreso de drogas por el norte del país.
Los siete integrantes del máximo tribunal resolvieron
pedir en forma "urgente" la solución de los problemas planteados por
jueces federales de Tucumán, Salta y Jujuy. Entre otras medidas, se
solicitaron la designación de magistrados para ocupar cargos vacantes,
la habilitación de nuevas secretarías penales y el incremento del
personal de fuerzas de seguridad asignado a las investigaciones sobre
drogas.
Los jueces del Norte advirtieron que hay un
"crecimiento preocupante del narcotráfico" en las fronteras de esa
región. En los juzgados de Salta y Jujuy entraron 19.642 causas en 2012,
la mayoría vinculadas con infracciones a la ley antidrogas.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se
reunió en septiembre con los jueces federales de Tucumán Raúl Bejas y
Fernando Poviña, y con los integrantes de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta Jorge Villada y Roberto Loutayf Ranea, quienes le
transmitieron la preocupación sobre el crecimiento del narcotráfico y
las fallas estructurales del Estado para encarar ese desafío. Esos
magistrados fueron representantes de sus colegas de la región norte,
quienes en encuentros previos armaron el petitorio para presentar al
Gobierno mediante la Corte.
Lorenzetti expuso en los últimos días sus
conversaciones sobre el narcotráfico con funcionarios del Gobierno
previas al fallo por la ley de medios. La Corte manifestó ayer que el 31
del mes pasado se enviaron al Consejo de la Magistratura, al Ministerio
de Justicia y al Ministerio de Seguridad esos documentos firmados por
los jueces del Norte, "sin que, a la fecha, se hubiera recibido
respuesta de ninguno de dichos organismos". Por eso, ayer reclamó que,
"en razón de la extrema gravedad de las circunstancias denunciadas,
arbitren de modo urgente las medidas sugeridas".
Unas horas antes de la resolución de la Corte, el
secretario de Seguridad, Sergio Berni, había dicho que se desarrolla
"una gran actividad contra el narcotráfico, que no se agota en una
frontera o un radar".
También el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se
anticipó a la decisión de la Corte para anunciar que la Aduana contaría
con más equipos para escanear contenedores. "Ya se incorporaron 21
equipos y antes de fin de año se sumarán tres más, para llegar a los 24
equipos. Con esto, el 100% de nuestra frontera norte va a contar con
equipos de escaneo para las cargas", dijo. Ambos funcionarios se
refirieron concretamente a puntos reclamados por los jueces federales,
en una coordinación que permitiría inferir el conocimiento de una
inminente resolución de la Corte que dejaría mal parado al Gobierno.
Al igual que frente al duro mensaje de la Iglesia, los
funcionarios nacionales optaron en principio por no confrontar
directamente con el contenido de las críticas efectuadas por los jueces a
través de la Corte Suprema de Justicia, sino exhibirse activos frente a
la polémica sobre drogas. Incluso la increíblemente acéfala Sedronar
-cuya falta de secretario desde marzo pasado es fuertemente objetada por
la Iglesia y la oposición- mantuvo reuniones de trabajo con municipios y
la semana pasada convocó al Consejo Federal de Drogas, tras una larga
inactividad.
Este reclamo de la Corte tiene más peso político que
real, dado que el Gobierno no siempre cumple con las recomendaciones de
la Corte. Incluso en el fallo Arriola, que declaró inconstitucional la
pena por tenencia de droga para uso personal, el máximo tribunal había
marcado la necesidad de incrementar la lucha contra el narcotráfico y
reforzar las medidas de prevención de consumo sin que la Casa Rosada
diese pasos en ese sentido.
El pedido de escáneres figura entre los reclamos de los
jueces. Pero el mayor peso político de la exigencia fue colocado en
demostrar que sus juzgados están desbordados por las causas de drogas
(89.111 expedientes en trámite en Salta y Jujuy), sin que el Estado
preste el necesario auxilio de recursos humanos e instalación de los
tribunales que permanecen vacantes.
También hicieron foco en "la instalación de grupos
extranjeros de gran magnitud que están operando en hechos ilícitos y que
sin exageración alguna se cuentan por miles en la frontera". Los jueces
federales del Norte no hicieron público que esa referencia fue dirigida
a ciudadanos colombianos que desde hace algunos años empezaron a
radicarse en las zonas calientes del contrabando. Ese pensamiento es
compartido por funcionarios de seguridad nacionales y de varias
jurisdicciones.
Los magistrados advirtieron, además, que el aumento de
las causas penales (un 85% más en investigaciones de drogas en 2012, con
relación a 2005) llevó al colapso de las unidades penales. Solicitaron
la construcción de cárceles. Y pidieron la designación de las vacantes
en varios tribunales. Además de habilitar y cubrir los puestos en el
Juzgado Federal de Libertador General San Martín y el Juzgado Federal de
Tartagal; además de solicitar la aprobación legislativa para la
creación del Juzgado Federal N° 3 de Salta y del Juzgado Federal de San
Ramón de la Nueva Orán. La posición de los jueces apunta a marcar la
carencia de apoyo al avance de investigaciones por la falta de
estructura judicial.
También en Tucumán exhibieron quejas similares, al
exponer que cada secretaría penal tiene cinco personas a cargo para
seguir cientos causas de drogas y que incluso la delegación de la
Policía Federal cuenta con sólo cuatro agentes para colaborar con las
investigaciones.
Esa situación se replica en otros distritos, por
ejemplo en Rosario, donde una treintena de gendarmes lleva adelante más
de cien solicitudes judiciales en la ciudad con mayor nivel de violencia
narco en el país.
Mientras los jueces afirman que las fronteras están
sobrepasadas por el narcotráfico, Berni aseguró: "La lucha tradicional
contra el narcotráfico ha fracasado, por eso estamos imponiendo una
nueva modalidad que consiste en una lucha en profundidad en el
territorio".
