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jueves, 14 de mayo de 2015

Mientras pelea con los gremios, Kicillof gana más de $ 400.000

El privilegio de pertenecer. Axel Kicillof, ministro de Economía y director titular de YPF. /Mauricio Nievas Por Alcadio Oña (Clarin.com)

Son sus honorarios como director de YPF. La regla no es igual para funcionarios que están en otras compañías.


El privilegio de pertenecer. Axel Kicillof, ministro de Economía y director titular de YPF. /Mauricio Nievas

Se sabe hace tiempo que pertenecer tiene sus privilegios, como decía la publicidad de una tarjeta de crédito; que con plata o poderes o con ambas cosas es posible acceder a lugares inaccesibles para la enorme mayoría de la gente, envidiables y exclusivos. Algo de eso pasa con los cuadros de La Cámpora, con el núcleo duro del kirchnerismo y con el propio ministro de Economía.

Gracias a una resolución de la última asamblea de accionistas de YPF, Axel Kicillof acaba de ser favorecido con un honorario mensual que seguramente desbordará los 405.000 pesos y que, según fuentes privadas, hasta podría andar por el millón de pesos. En cualquier caso, arriba de 32.400 dólares blue.

Tal cual informó Clarín, la medida alcanza tanto a los directores titulares cuanto a los suplentes –treinta en total– y promedia, justamente, una remuneración de 405.000 pesos. Pero es de un rigor riguroso que los titulares ganen bastante más que los suplentes y mucho más que todos, el presidente Miguel Galuccio.

Para que se entienda mejor, Galuccio ocupa el escalón superior de la grilla y de inmediato lo sigue el ministro que hoy pelea contra los gremios por los aumentos salariales. Además, Kicillof talla fuerte en decisiones clave de la empresa, como por ejemplo en la colocación de bonos de la deuda que le acercan al Gobierno dólares vitales para estos tiempos de divisas escasas.

Austero en cuestiones de la vida personal, Kicillof ya pisaba terreno firme desde antes. El informe de la asamblea de accionistas revela que, en 2014, el sueldo promedio de los ejecutivos ascendió a 333.000 pesos; aplicando la misma regla, él ganaba por encima de ese monto.

Hay una pregunta que cae de madura: ¿es posible que el ministro cobre como ministro y también como director de YPF? Salvo que resigne una parte de lo que obtiene en la petrolera y lo destine a alguna organización de bien público, lo cual se desconoce, la respuesta es sí: cobra de los dos lados y del lado de Economía, $ 54.800 limpios.

A esa conclusión es posible llegar cruzando un decreto de Cristina Kirchner con dos leyes, una de ellas, la que aprobó la nacionalización parcial de la compañía.

El decreto, de mediados de 2012, establece una pauta general para las empresas privadas donde, a raíz de la estatización de las AFJP, la ANSeS tiene parte de los paquetes accionarios. Dice que los directores oficiales no reciben íntegramente los honorarios de las compañías, sino otros relacionados con los haberes de la quinta categoría de trabajadores autónomos.

Esta cuenta ya implica un recorte significativo en los salarios de bolsillo. Pero se dispone, además, que la empresa debe transferir la plata al Ministerio de Economía y que, una vez hecha la quita, éste les paga a los directores estatales. Y también que la diferencia entre los honorarios y el ingreso real va al Fondo Nacional del Menor y la Familia.

Parece una fórmula justa, salvo que el mismo decreto hace una excepción precisa: allí no entran las retribuciones de los directores oficiales en YPF, que por lo tanto reciben la remuneración fijada por la petrolera limpia y sin filtros.

La medida lleva el sello de Economía y quien se encarga de monitorear el proceso es el propio Kicillof, a tal punto que a veces demora los pagos. Todo remite a la ley de estatización, según la cual para YPF no rigen las normas que se aplican a compañías en las que el Estado Nacional y las provincias tengan participación.

Por aquello de que pertenecer tiene sus privilegios, desde que YPF fue intervenida y luego parcialmente nacionalizada el directorio se pobló de cuadros de La Cámpora.

Entre otros figura Nicolás Arceo, a cargo de Administración y Finanzas, leal a Kicillof e hijo del vicepresidente del Banco Nación. También, Ignacio Perincioli, un amigo personal de Máximo Kirchner que ingresó en representación de Santa Cruz, y Rodrigo Cuesta, abogado militante de la organización kirchnerista Justicia Legítima y ex funcionario de Aerolíneas Argentinas.

Los tres son directores titulares, o sea, también cobran más de 405.000 pesos mensuales. Según fuentes privadas, de ellos el mejor remunerado es Cuesta.

Menor suerte, aunque nada para despreciar, le tocó al viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis. Ocupa el sillón de director suplente y reemplaza a su pareja, Cynthia de Paz.

Sería seguramente exagerado decir que son ñoquis, pero aun cuando algunos de ellos estén capacitados para los cargos que desempeñan, es evidente que llegaron en andas del poder político y que han tenido mucha mayor fortuna que varios con capacidades similares.

En YPF pasa lo mismo que pasa con los centenares de camporistas que desembarcaron en las más diversas áreas del Estado. Es lo que se llama militancia rentada, aunque habiendo recursos públicos en juego bien podría llamárselo de otra manera.

Pero el caso de Kicillof tiene un precio diferente, que no viene y al mismo tiempo viene de sus ingresos como funcionario multipropósito. Desde su papel de ministro de Economía y con chapa de la Presidenta, libra una batalla a fondo para encajonar los aumentos de millones de trabajadores cuyos sueldos ni por asomo se aproximan a los de él.

Según su manera de interpretar el momento económico, en los hechos los asalariados deben aceptar la pérdida de ingresos que sufrieron en 2014: ha comprado la fórmula de que los sueldos deben atarse a la inflación presente, así sea mayor a la de sus cálculos, y no a la inflación pasada. Y muchos tolerar, encima, un incremento en la presión del Impuesto a las Ganancias.

Y como todo suena a pedir demasiado, Kicillof enfrenta problemas en la gesta que ha emprendido.

Está claro que también es la gesta de la Presidenta, que después de calificar de oligarcas a los dirigentes sindicales que organizaron el paro nacional de abril y en consecuencia a los propios trabajadores, ahora les ha disparado que viven en otro mundo, no en la Argentina.

Cristina Kirchner ha resuelto poner su capital político sobre la mesa, pensando en que alcanzará para evitar que la conflictividad laboral acompañe al menos parte de la campaña electoral del oficialismo.

Kicillof comparte el pensamiento de la Presidenta y gasta empeño, pero dado el peso del contraste quien arriesga de verdad es ella; el director de YPF corre de atrás.

martes, 3 de marzo de 2015

Aumentó 46,1% la dotación del Gobierno

Por Francisco Jueguen (La Nación) - Ocurrió entre 2003 y 2014, según datos oficiales; cae el trabajo privado

No sólo las picardías del Indec contienen el incremento de la desocupación en la Argentina. En los últimos años, el empleo público actuó como un bálsamo para contener la destrucción de puestos de trabajo. Un dato sirve de ejemplo: según cifras oficiales, entre 2003 y 2014 sólo el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aumentó su plantilla laboral 46,1%, y la mayor expansión se dio durante el gobierno de Cristina Kirchner. Datos privados estiman que en total hay en la actualidad unos 3,5 millones de empleados públicos.

En el sector privado, según FIEL, el trabajo cayó 1,3% el año pasado, mientras que el empleo público trepó 4,5%. Esta dinámica se repite desde 2008, según explicaron en FIEL.

El mayor reclutamiento estatal se da en las provincias, y luego aparecen la Nación y los municipios.

"En los últimos siete años el empleo público creció siempre muy por arriba del privado", afirmó Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL y especialista en mercado laboral.

De acuerdo con el Boletín Fiscal presentado por el Ministerio de Economía en enero pasado, en el tercer trimestre de 2003 el PEN contaba con 245.366 empleados. Los datos del mismo trimestre de 2014 muestran que el sector que incluye a todos los ministerios y a las diversas modalidades de contratación suma hoy 358.491 trabajadores. Los números oficiales no contemplan los llamados tercerizados, que les facturan a empresas o universidades, pero en concreto trabajan en el Estado.

El sector que más se expandió en los últimos años fue el de las empresas y sociedad estatales. Desde el tercer trimestre de 2006 hasta el mismo período del año pasado, los recursos humanos de esas compañías crecieron 173,3%: pasaron de 9566 a 26.151 empleados, sin contar el personal de Aerolíneas Argentinas, YPF, Correo Argentino, AYSA, Enarsa y Arsat, entre otras firmas. Los otros entes u organismos descentralizados del sector público no financiero mostraron en los últimos once años un incremento de 11,6% (de 9566 a 26.151 trabajadores).

Entre las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner existe una diferencia de volumen. Mientras el primero aumentó 13,73% la dotación del PEN, la actual presidenta expandió 27,5% esos recursos. El paralelismo es válido, ya que en los últimos años la creación de empleo público reemplazó a un estancado empleo formal privado. Según la consultora FIEL, en un informe basado en datos públicos, en 2008 el trabajo en el sector privado creció 1,2%, mientras que el empleo público avanzaba a una velocidad de 3,7%. Lo mismo ocurrió hasta 2014, cuando incluso cayó 1,3% el empleo privado.

"El crecimiento del empleo público es elevado cuando la economía se contrae, como ocurrió en 2009 y en 2014", explicó Bour. Según FIEL, el 63% de los trabajadores estatales están en las provincias; 17%, en municipios; 17%, en la Nación, y 3%, en empresas estatales y bancos públicos.

El Indec estimó que en el segundo trimestre del año pasado el sector público provincial tenía 803.347 trabajadores, mientras que los municipios sumaban 117.923 empleados. En ambos casos, existió un crecimiento de la plantilla laboral en 2014 en comparación con un año atrás, a pesar del mal momento económico.

Sin embargo, los datos del organismo estadístico se basan en los números del sistema previsional (SIPA), y no contemplan las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

"La acumulación de empleo público es, junto con el aumento de pensiones, que se duplicó en los últimos nueve años, un importante factor de crecimiento del gasto público que condicionará a cualquier nueva administración", opinó Bour. "El recurso de apelar al sector público como sustituto tiene un límite dado por el creciente deterioro fiscal", coincidió Jorge Colina, de Idesa.

"En 2014 se confirma la tendencia. No hay creación de nuevos empleos asalariados formales en el sector privado, lo que se compensa con más empleo público", indicó, y agregó: "El problema de fondo es la falta de competitividad de la economía, que hace muy difícil a las empresas crear nuevos empleos".

Los ministerios con más personal en planta permanente y transitoria son los de Defensa y Seguridad. En sus filas suman a la policía y al Ejército. Entre los contratados -más expuestos a la utilización de la política- el podio se lo lleva la cuñada de la Presidenta. De acuerdo con el Boletín Fiscal, Alicia Kirchner controla a 8488 trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social.

Trabajar en el Estado -cerca de la cúpula del poder- puede ser un buen negocio. En la actualidad, hay 12.380 empleados que ganan más de 48.000 pesos brutos mensuales. En rigor, el promedio salarial en esta franja es de 65.202 pesos, según los datos oficiales. No obstante, el salario bruto promedio en el PEN y otros entes del sector público es de $ 17.340, aún lejos de los $ 100.624,15 que todos los meses cobra la presidenta de la Nación.

Pobre país...

martes, 2 de diciembre de 2014

Grupo de presos de Ezeiza tendrá vacaciones y aguinaldo

Lo resolvió en favor de un grupo de reclusos de Ezeiza que reclamó condiciones similares a las de cualquier trabajador. El fallo se conoce en medio de un pedido sindical para que los reos tengan aguinaldo y vacaciones
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre.

El fallo favorece específicamente a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo penitenciario federal I de Ezeiza que realizaron la presentación judicial, pero abre las puertas a que se produzca una avalancha de reclamos similares.

En concreto, la decisión de la Justicia dispuso que se cree un régimen laboral para los convictos con idénticos derechos que los de una persona libre; de esta manera -aunque no fue explicitado-, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla) podría lograr su objetivo de que los encarcelados que trabajan también gocen de aguinaldo y vacaciones.

La resolución de la Cámara de Casación Penal advirtió que la lucha contra la inseguridad solo será posible si se brinda empleo a los reos. Y -plagada de citas y referencias doctrinarias- hace hincapié en el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea" para las personas privadas de su libertad.

ESTE FALLO ABRE LAS PUERTAS A UNA OLA DE PRESENTACIONES SIMILARES Y POSIBILITARÍA QUE EL SINDICATO DE PRESOS LOGRE QUE TODOS LOS RECLUSOS COBREN AGUINALDO Y VACACIONES

El juez Slokar, en el voto principal, indicó que "para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares, entre otros el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad".

"En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno adagio: el trabajo digno dignifica al hombre", afirmó el magistrado, quien agregó que "enfrentar las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad social".

"Hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil (la seguridad de los bienes y de las personas) se requiere una fuerte presencia del Estado: hay que defender el Estado de derecho. Lo mismo debería suceder para luchar contra la inseguridad social: habría que salvar el Estado social", destacó el juez al fundamentar su voto.

El fallo plantea "la realidad laboral penitenciaria argentina actual" en donde el 59 por ciento de las personas privadas de su libertad en la Argentina "no accede actualmente a ningún trabajo remunerado".

También se hizo referencia a "los indicadores oficiales que informan que del universo de aquellos trabajadores presos remunerados, sólo el 19 por ciento cuenta con la posibilidad de acceder a cuarenta horas semanales de trabajo remunerado, en tanto el 81 por ciento restante o trabaja menor cantidad de horas o no tiene posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su voluntad".

La presentación fue realizada a partir de un pedido del ciudadano ucraniano Yuriy Tiberiyevich Kepich, preso en la cárcel de Ezeiza, quien ya hizo planteos similares por el derecho a la comunicación con sus familiares y a recibir encomiendas.
El Sutpla es el sindicato que defiende los derechos de los reclusos y forma parte de la CTA oficialista que lidera Hugo Yasky

Los reos sostienen que aquellos días que no podían trabajar, ya sea por enfermedad, estudio o visitas, no les pagaban el día pese a tenerlo justificado.

Ante el reclamo, el tribunal dispuso ordenar al Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE), dependiente del Servicio Penitenciario Federal, junto con los organismos del Estado vinculados a la materia en cuestión, y de consumo con la Procuración Penitenciaria, la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que, a la par de organizar el trabajo intramuros atendiendo al especial ámbito en el que se desarrolla, adapte su régimen a la normativa local vigente y a los instrumentos internacionales que rigen la materia.

También se encomendó al director del Servicio Penitenciario Federal para que durante la transición se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales. Y se dispuso comunicar el fallo a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

lunes, 20 de octubre de 2014

Río Turbio triplicó su personal pero produce menos carbón

Por Lucia Salinas (Clarin.com) -  YCRT gasta el 54 % de su presupuesto en salarios y produce sólo el 16% del carbón que demandará una nueva usina cercana

Su planta de personal se triplicó mientras su producción se redujo un tres por ciento en la última década. Gasta en salarios el 54% de su millonario presupuesto, pero apenas produce el 16 % del carbón que demandará a partir del año próximo la usina térmica adyacente que se propone abastecer con 240 MW al sistema energético Nacional. Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) es otro ejemplo de desbarajustes en la administración de una empresa estatal durante la década kirchnerista.

El ministerio de Planificación Federal tiene entre sus metas para el año próximo "poner en marcha la Central Termoeléctrica de Río Turbio". La obra construida por Isolux Corsán, con un costo inicial de $2.963 millones, está en la etapa final y constituye una carrera contra reloj para YCRT, responsable de proveer el carbón para que esté más cerca el autoabastecimiento energético.

Los números actuales no favorecen a la empresa intervenida por el Estado nacional y que depende de Planificación Federal. Clarín realizó un pedido de acceso a la información púbica que fue respondido por el coordinador General de YCRT, Miguel Ángel Larregina.

A la fecha, el Yacimiento produce sólo el 16% del carbón que va a demandarle desde 2015 la usina térmica. La mega obra exigirá 112.320 toneladas de carbón por mes (se calcula un promedio diario de 3.744 toneladas). El coordinador General informó que Yacimientos Carboníferos hoy produce 19.008 toneladas mensuales. "Siendo necesario indicar que la mina se halla en etapa de preparación principal y secundaria a fin de lograr las metas de abastecimiento propuestas", aclaran las autoridades.

De seguir con este ritmo de extracción, la producción anual será de 228.096 toneladas, menos del 20% de que exigirá la usina. En materia de extracción, para YCRT no fue una década ganada. "En 2005, con un solo frente de explotación a un año del derrumbe, logramos sacar 235.000 toneladas anuales sin recursos", explicó una ex autoridad de YCRT. Esto representa 19.583 toneladas mensuales, más que lo que se produce en la actualidad con tres frentes de producción y nuevo equipamiento. En 2004, un incendio en Mina 5 causó la muerte de 14 mineros y dejó dos frentes derrumbados, exponiendo la falta de inversión y las falencias en materia de seguridad. El ministerio de Julio De Vido impulsó desde entonces dos programas de modernización para la mina con el fin de repuntar su producción. El primer plan de inversión fue en 2007, por $3.725 millones, y para el período 2004-2011, otro de $4.100 millones.

La partida presupuestaria para YCRT es elevada. Durante este año recibió $2.200 millones del Presupuesto Nacional y sus ampliaciones posteriores. El 54% de los ingresos se destina "al pago de salarios", indicó la empresa. En 2004 la mina contaba con 994 agentes; ahora "la dotación asciende a 2.941 agentes", indicó el Coordinador General. La planta de personal se triplicó y pero produce un poco menos que hace una década.

De Vido sostiene que "no se va a importar carbón para garantizar el funcionamiento de la Usina". En Santa Cruz esperan que lo que no se logró en la última década se logre este último año. YCRT tiene una reserva total de 697 millones de toneladas. "Es un problema de gestión. Carbón hay y en 2015 tiene que mejorar", evaluó un funcionario provincial.

domingo, 28 de septiembre de 2014

La herencia kirchnerista, el Gobierno incorporará más de 13.000 empleados en el Estado

Por Laura Serra  | LA NACION
La cifra surge del presupuesto 2015 que se debate en el Congreso y representa 36 nombramientos por día; el Senado es el más beneficiado y pasará a tener más trabajadores que la Cámara de Diputados

El año próximo, el último de su gestión, el gobierno de Cristina Kirchner incorporará 13.251 empleados nuevos a la administración pública. Dicho de otro modo, en pleno año electoral el kirchnerismo sumará 36 personas por día al plantel del Estado nacional.

En efecto, el proyecto de ley de presupuesto de 2015 precisa que en el próximo ejercicio habrá 389.396 empleados en toda la administración nacional, mientras que este año el personal alcanza los 376.145 trabajadores. De este incremento surgen dos datos por demás llamativos: en primer lugar, el grueso de las incorporaciones pasa directamente a la planta permanente del Estado nacional; segundo, que el área que más empleados nombra es el Senado, que preside Amado Boudou.

A tal punto el Senado se convirtió en una virtual agencia de empleo público que por primera vez en la historia tendrá más empleados que la Cámara de Diputados, pese a que el Senado, con sus 72 miembros, es menos de un tercio de la Cámara baja, con 257 diputados. Las cifras oficiales son elocuentes: el Senado contará con 6081 empleados, mientras que la Cámara baja, que preside el también oficialista Julián Domínguez, tendrá 5554 trabajadores.

La oposición denuncia que el kirchnerismo pretende colonizar la administración pública con empleados afines antes de dejar el poder, en diciembre de 2015. "Piensan que pueden volver dentro de cuatro años y, para eso, dejan gente propia en cada área del Gobierno para condicionar la gestión que venga. Ésa es la impronta del kirchnerismo, sobre todo de La Cámpora", interpretó un importante legislador de la UCR.

La polémica se trasladará al recinto de Diputados dentro de diez días, cuando se debata el presupuesto. La oposición, una vez más, votará en contra: denunció que nunca como ahora el gobierno kirchnerista "dibujó" tanto las cifras, sobre todo cuando proyecta una reducción drástica de la inflación al 15,6 por ciento anual, un crecimiento del 2,8% del PBI y un tipo de cambio ya superado por la realidad, de 9,45 pesos por dólar.

TODOS A PLANTA PERMANENTE

Si bien el kirchnerismo demostró no respetar demasiado sus proyecciones macroeconómicas a lo largo de los últimos ejercicios, sí cumple sobradamente las previsiones respecto del nombramiento de nuevo personal. El año próximo el jubileo va a ser completo, no sólo porque se incorporarán más de 13.000 nuevos agentes, sino que buena parte de ellos pasará a la planta permanente. Disminuirá, en cambio, el lote de contratados, que bajará de 15.206 a 14.996 trabajadores.

La avanzada del oficialismo en materia de nombramientos es notoria, sobre todo, en el Congreso: según el proyecto de presupuesto, el año que viene tendrá una dotación de 15.073 personas, 2087 más que ahora.

Como la mayoría de las incorporaciones recae en el Senado, el presupuesto de esa cámara crece de modo considerable: aumentará un 37%, es decir, más del doble que la suba de la inflación oficial. En cifras concretas, pasará de 2024 millones del crédito hoy vigente a 2776 millones en 2015.

Diputados no corre con esa misma suerte: no sólo tendrá menos empleados que el Senado, sino que su presupuesto crece a un ritmo menor, un 28% respecto de este año.

El Senado ha sido, desde hace un tiempo, el más mimado a la hora de recibir refuerzos presupuestarios, justamente por absorber las nuevas incorporaciones de personal. De hecho, hace diez días recibió un auxilio de 200 millones de pesos extras del Tesoro nacional porque, de lo contrario, el dinero no le alcanzaba para pagar los sueldos hasta fin de año.

Es más, al promediar este año hubo sonoras quejas entre los empleados porque ya no sólo faltaban insumos básicos para trabajar, sino también elementos primordiales como papel higiénico, café o té.

El Estado se ha convertido así en el principal empleador en nuestro país. Según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), entre 2002 y 2014 el empleo público aumentó un 67% en los tres niveles de la administración pública (nacional, provincial y municipal) y los de algunas de las empresas estatizadas (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas). Este porcentaje representa unos 3.650.000 personas que trabajan para el Estado.

Según ese informe, a partir de 2005 las incorporaciones de empleados estatales aumentaron a un ritmo mayor. "Entre 1995 y 1999 el empleo público promedió 2,08 millones de empleados, y se elevó a 2,18 millones entre 2000 y 2002. A partir de 2003, y más desde 2005, subió fuertemente, para sumar poco más de 3,65 millones de empleados estimados este año", se precisa en el documento.

Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), confirmó esta tendencia al precisar que en los últimos diez años el empleo público aumentó un promedio de entre 6 y 7% anual. "Éstos son los datos comprobados -afirma-, pero ni el propio Estado tiene la cifra exacta. Además, uno de cada tres trabajadores que se incorporan al Estado lo hace de manera informal", indicó.

Pregunta: ¿Por qué no se incorporan como personal civil de las fuerzas de seguridad, reemplazando al personal activo en tareas administrativas, así estos pueden dedicarse a funciones operativas y así poder contar con mas personal que incremente la seguridad ciudadana? Será mucho pensar.

domingo, 7 de septiembre de 2014

Se consolida el éxodo del país de firmas extranjeras

Por Paula Urien  | LA NACION
La retirada se acentuó a partir de 2012; cierran, venden todo o una parte

Foto: Donnelley, una salida traumática.

Costos laborales altos, paritarias que pueden volver a abrirse, paros, baja productividad, leyes laborales inflexibles que no permiten que el negocio "respire" (es decir, se expanda o se contraiga según las posibilidades del inversor), conflictividad, presión tributaria, alta inflación, un dólar que no ayuda, dificultad para girar dividendos y también para importar y en algunos casos exportar productos.

Son algunas de las razones por las cuales varias empresas de capitales extranjeros desinvirtieron en la Argentina en los últimos dos años y continúan haciéndolo.

Tampoco ayudan ciertas iniciativas con incidencia directa en el management de las compañías, como la reforma de la ley de abastecimiento (que recibió media sanción en el Senado el miércoles pasado) o la ley antiterrorista (aunque luego de su anunciada aplicación a la imprenta Donnelley se haya dado marcha atrás).

Según el Global Innovation Index 2014 (un índice elaborado por la Universidad de Cornell, la escuela de negocios Insead y una agencia de las Naciones Unidas llamada The World Intellectual Property Organization), la Argentina está en el puesto 124° entre 143 países en el ítem "Clima de negocios", detrás, en la región, de Chile (62) Uruguay (68) y Perú (72).

A la hora de medir la "Facilidad para hacer negocios", la Argentina está en el puesto 119, superada por Uruguay (44), Chile (53) y Perú (63).

"La inversión extranjera directa (IED) creció en el último año en general en todos los países del mundo, llegando a niveles anteriores a la crisis 2008-2009", dice Marcelo Elizondo, director de Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI) y quien fue director de la fundación ExportAr.

Sólo en los países emergentes, la inversión global representó 52% del total mundial, pero en la Argentina descendió 13% en 2013 "pese a que se computó como recepción de IED la forzada reinversión de empresas extranjeras que no recibieron autorización para enviar utilidades al exterior y que representa el 70% de la inversión total", agrega. La Argentina recibe la mitad de inversiones extranjeras que Chile, un sexto de lo que recibe Brasil y 0,7% del total mundial.

Según el último informe de la consultora Tendencias Económicas, la inversión extranjera directa se redujo 25% anual en 2013 en la Argentina. "Ese comportamiento se debió a las restricciones en el acceso a las divisas implementado en 2011", explica.

"La salida de empresas extranjeras es una muestra de problemas de competitividad, de ineficaz funcionamiento de las instituciones, de desequilibrios económicos, de debilidad en los marcos regulatorios, de malas expectativas económicas, y contribuye, entre otros factores, a un decrecimiento de la economía argentina, que se agrava en los últimos meses", advierte Elizondo en su informe.

A la cabeza de las empresas con problemas están las autopartistas. La norteamericana Visteon Corporation se sumó al estado de crisis del sector y cerró su planta en Quilmes. Lear, también de Estados Unidos, ya había anunciado el cierre de su actividad y tiene un conflicto todavía latente que ya había vivido la española Gestamp a mitad de año. Los frigoríficos están en la misma situación.

Quizás el modus operandi que quedó más expuesto fue el de la imprenta norteamericana Donnelley, que directamente informó de un día para el otro a sus empleados que ya no operaría más en la Argentina a través de un breve comunicado difundido durante la mañana del 11 de agosto, cuando ingresaban a trabajar. Sin preámbulos, bajó la persiana.

La ecuación para las empresas extranjeras que invierten en el pais es sencilla: si no dan los números se van.La empresa láctea canadiense Agropur también se fue de la Argentina en 2012, lo mismo que su colega japonesa Yakult.

También la cadena de electrodomésticos mexicana Elektra se fue en 2013 por "el entorno macroeconómico y de negocios, que resta viabilidad a la operación en este país", expresó en un duro comunicado.

Por otro lado, la inversión anunciada en minería por la brasileña Vale, de unos 6000 millones de dólares, finalmente no se concretó y quedaron sin trabajo 6000 personas entre puestos directos e indirectos que iban a poner en marcha el proyecto en 2013. Ese año también dejó el país Deca Piazza, fábrica de sanitarios con capitales también brasileños.

Symantec, estadounidense, empresa de servicios de soporte técnico, y la española Jazztel, con call centers, se sumaron al éxodo. Y la lista sigue.

Poco tiempo antes, ya habían emprendido la retirada las marcas de lujo Louis Vuitton, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Escada, Cartier, Ralph Lauren, Armani y Kenzo, entre otras.

Otras firmas de alimentos, seguros, entretenimiento y operaciones cambiarias desinvirtieron y hay problemas en el sector químico, en el parque industrial Pilar-Zárate, según refieren fuentes autorizadas.

MÁS RAZONES

"Hoy la inversión va para otro lado", se lamenta Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA. "Las empresas pierden competitividad, hay problemas para importar insumos y en la remesa de utilidades. Los niveles salariales se fueron a las nubes y los costos son más altos que en algunos países de Europa."

La productividad del trabajador argentino también está sobre la mesa a la hora de evaluar inversiones. A pesar de que se reconoce un excelente nivel de talento, el argentino promedio produce menos que su par en el puesto en otros países.

Una encuesta reciente de la consultora internacional Randstad entre 193 ejecutivos de recursos humanos de la Argentina dejó ver que siete de cada 10 empresas reconocieron que aumentar la productividad y el rendimiento de los empleados es su principal desafío. "La necesidad de mejorar la performance de los trabajadores es hoy el principal objetivo en materia de capital humano", señala Andrea Ávila, CEO de Randstad. Uno de los motivos es que deben afrontar costos laborales cada vez más altos por cada incorporación a su plantilla.

La infraestructura es otro freno para las inversiones. El último informe de CREA consigna que sólo está pavimentado el 10,6 por ciento entre la red nacional y provincial de rutas. La red pavimentada creció desde 1920 hasta 1980, pero el ritmo de avance cayó drásticamente en las últimas tres décadas "Las rutas argentinas tienen un intenso tránsito de camiones (responsable del 93,1 por ciento del transporte total de cargas) porque el ferrocarril (moviliza sólo el 5,4 por ciento) y el transporte fluvial carecen de peso en la movilización de las cargas. Paradójicamente, el camión, que es el principal medio de transporte, debe transitar por caminos en mal estado", dice CREA. Otra piedra en el camino de la inversión.

TENDENCIA

-13% Inversión: Es lo que cayó la inversión extranjera directa en 2013, pese a la reinversión forzosa por el bloqueo al giro de divisas

HACIENDO LAS VALIJAS

Algunas empresas que se fueron o que analizan irse
- Visteon Corporation: Autopartista. Cerró su planta de Quilmes
- Donnelley: Capitales de EE.UU. Cerró su planta de impresión
- Farm frites: Alimenticia holandesa. Vendió a capitales locales
- Vale: La minera brasileña desistió de su proyecto en 2013
- Elektra: Cadena de electrodomésticos de México
- Agropur: Láctea de origen canadiense. Se fue en 2012
- Yakult: Otra láctea que dijo adiós. De capitales japoneses
- Ermenegildo Zegna: Indumentaria italiana de alta gama. Se fue en 2012
- Big K: Exportación de productos de carbón. Británica
- Jazztel: Call center. Capitales españoles que emigraron
- Petrobras: La petrolera brasileña tiene en venta sus activos locales
- Apache: Petrolera norteamericana. Podría comprarla YPF.

martes, 19 de agosto de 2014

La malsana dependencia de los planes sociales

Editorial I del diario La Nación
Muchos de los programas de ayuda económica han dejado de ser un paliativo para conspirar directamente contra la cultura del esfuerzo y del trabajo

Cada año que pasa el Gobierno dispone de más dinero para sostener una multiplicidad de planes sociales. La cifra es elocuente: en 2013 se administraron, sin exigir contraprestaciones, 58 planes sociales a más de 16 millones de beneficiarios por un valor de 74.000 millones de pesos. Para 2014, ya son 60 programas de ayuda social para 18 millones de beneficiarios, con un presupuesto de 120.000 millones de pesos.

Si se compara esa cantidad de beneficiarios con el total de la población del país, podría decirse que más del 40 por ciento de los habitantes recibe algún tipo de ayuda estatal que no debe devolver ni siquiera con servicios. Probablemente, el porcentaje sea menor por la sencilla y polémica razón de que, muchas veces, una persona recibe más de un plan asistencial.

La paradoja es notoria: un gobierno que se jacta de haber recuperado el salario, reducido la pobreza y ampliado la oferta educativa y de empleo, entre otros tantos presuntos logros de la declamada década ganada, insume cada año una porción mayor del presupuesto en atender a aquellos que no alcanzan a subsistir con sus magros ingresos o que ni siquiera tienen trabajo, a los que arañan niveles mínimos de educación y a los que no acceden a los más básicos servicios de salud, entre otras tantas falencias deliberadamente silenciadas.

A esos programas se suman las numerosas pensiones graciables que otorga el Estado, los planes de trabajo escasamente controlados, la discrecionalidad en el otorgamiento de las ayudas, su uso político clientelar y su perennidad. Cuando un país necesita perpetuar la asistencia social es porque no tiene la capacidad de generar las condiciones básicas para que sus habitantes procuren por sí mismos su manutención y ascenso social. Cuando la ayuda reemplaza a la oferta laboral, la dependencia económica se hace hábito, se violenta la dignidad de las personas y sus perspectivas de futuro se encogen hasta hacerse invisibles. Si la ayuda, la asistencia o el subsidio pierden su condición de paliativo, el problema se agrava no sólo porque desnuda la profundidad de la crisis, sino porque evidencia que las autoridades carecen de las herramientas para superarla o, peor aún, porque no les conviene políticamente romper con ese estado de dependencia malsana.

Una reciente investigación de Marcos Hilding Ohlsson, de la Fundación Libertad y Progreso, revela que la institución pública que más planes otorga es la Anses (18 programas con casi 14 millones de beneficiarios y un presupuesto de 61.000 millones de pesos para el corriente año). En 2013, llevaba la delantera el Ministerio de Desarrollo Social, con un presupuesto de 33.000 millones de pesos. La Anses, que sistemáticamente apela las sentencias judiciales que reconocen deudas a los jubilados, es la que más compromete sus recursos en planes que no debieran ser tantos ni dirigidos a tantas personas en una década de supuesto crecimiento económico.

La falta de coordinación, de transparencia, de objetividad en los criterios de distribución y de evaluación, y de corrección de los planes sociales -dice el informe- son algunas de las causas por las cuales no se logró ayudar a las personas a salir de la situación de pobreza y vivir por sus propios medios, sino que generó una trampa de dependencia económica que, en algunos casos, lleva ya varias generaciones. En este punto, vale detenerse en la crítica de la presidenta Cristina Kirchner el día en que anunció el plan Progresar, destinado a chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. En ese momento, la primera mandataria culpó a los gobiernos que la precedieron diciendo que estos jóvenes son "los hijos del neoliberalismo". Nada dijo, por cierto, de que cuando su esposo, Néstor Kirchner, inició su presidencia en 2003, estos chicos tenían entre 7 y 13 años, es decir, una generación entera que ha transcurrido bajo la tutela del kirchnerismo y que no ha podido hallar una salida a sus padecimientos.

Programa Conectar Igualdad, pensiones no contributivas a madres numerosas; planes Argentina Trabaja, Techo Digno, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Jefes de Hogar, Progresar y Procrear son algunos de los más conocidos. No pocos de ellos, indirectamente, terminan favoreciendo el trabajo en negro pues, con tal de no perderlos, numerosos beneficiarios omiten declarar haber conseguido un empleo o, lo que es peor aún, prefieren rehusarse a contar con un trabajo formal. A eso se suman la multiplicidad y superposición de programas entregados por la Nación, las provincias y los municipios, irregularidad que resulta favorecida por la falta de coordinación entre los distritos.

Otro dato contradictorio es que mientras el Gobierno muestra índices de inflación, pobreza e indigencia que harían menos necesaria y urgente buena parte de la ayuda, ésta crece cada vez más, dando así crédito a las mediciones que el oficialismo tanto desacredita como, por ejemplo, las del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuando sostiene con fundamentos que en nuestro país es pobre el 40 por ciento de las personas que viven en hogares con niños.

Vale la pena reproducir aquí una reflexión que compartimos, publicada en la investigación de Libertad y Progreso: "Que un individuo no tenga trabajo ni se ocupe de conseguirlo desarrolla un problema que se proyecta a lo largo de la vida de ese sujeto y de la de su familia. El trabajo, además de ser remunerado con dinero, genera hábitos, capacita y brinda experiencia. Hay que dejar de ver a las personas excluidas como bocas para alimentar y, en consecuencia, como sujetos receptores de ayuda social. Hay que comenzar a pensar programas que las impulsen a trabajar y a ascender para que no necesiten de más asistencia y puedan ayudar a otros".

Y, desde ya, urge dejar de lado la mentira y los fundamentalismos políticos o ideológicos, sincerando la gravedad de la situación y evitando comprometer todavía más el futuro de todos los argentinos..

jueves, 19 de junio de 2014

Sigue fuera de control la tradicional feria de San Telmo

Por Valeria Musse  | LA NACION
Los puesteros ocupan cinco cuadras más de lo permitido; el gobierno quiere censarlos y mudarlos




La invasión de vendedores ilegales en la calle Defensa, que estiró más allá de los límites habilitados la tradicional feria de San Telmo y la inundó de productos industrializados de dudosa procedencia, es el foco de las críticas de los históricos anticuarios de la zona, que denuncian caídas en sus ventas por la proliferación de puestos callejeros y la competencia desleal.

Los feriantes pueden ocupar las veredas entre la Plaza de Mayo y la calle Chile los domingos entre las 9 y las 20. Pero los puestos llegan mucho más allá, hasta la avenida San Juan. En un intento de limitar la venta ilegal y ordenar el caos, el Ministerio de Espacio Público comenzó a censar a los manteros que se instalan en las cinco cuadras excedentes, para reubicarlos. Los puesteros se resisten a abandonar el lugar.

Mientras, los lugareños sienten que el espacio fue "usurpado". Dijo el vecino Edio Bassi: "El barrio se convirtió en un mercado persa. Los comerciantes de las galerías quedaron aislados. Las veredas fueron tomadas. Es muy decadente".

En diciembre de 2011, la ley 4121 habilitó el funcionamiento de cinco ferias en San Telmo, que se sumaron a las históricas de la plaza Dorrego y el pasaje San Lorenzo. Una de las zonas habilitaciones está en Defensa, entre el 50 y el 600 inclusive. Lo que había nacido por la ocupación de hecho fue autorizado por la Legislatura porteña. Y, al menos en ese tramo, se generó un ambiente regulado.

Pero el importante movimiento de vecinos y turistas en la zona hizo que los puestos proliferaran y coparan las veredas casi hasta San Juan. Como en tantas otras zonas de la Capital, los manteros se despliegan donde quieren, incluso en las ochavas. Así, los fines de semana la calle Defensa luce una imagen caótica.
Juan Carlos Maugeri, de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo, es uno de los más enconados enemigos de la feria ilegal: "Les dieron la ley luego de que usurparan, pero no se conformaron y ahora ocupan el resto de la calle, que no está habilitada", dijo a LA NACION en su local de Defensa al 800.

"Estamos hartos, nos estamos hundiendo. No sólo porque ya cerró el 50 por ciento de los locales, sino porque, como vecinos, no podemos disfrutar de nuestro barrio y los domingos nos terminamos yendo."
Puesteros y comerciantes coinciden: la extensión de la feria sobre Defensa más allá de Chile es ilegal.
"Sabemos que hay que ordenar el espacio público y que estamos en un lugar no permitido. Por eso pedimos que se amplíe la ley 4121", dijo a LA NACION Gabriela Olguín, delegada de la cooperativa El Adoquín, que agrupa a 296 puesteros que ocupan cuatro de las conflictivas cuadras, desde la avenida Independencia.
Aunque saben que están al tanto de su situación irregular, los manteros decidieron en asamblea que permanecerán sobre esa calle. "A nuestra manera, intentamos reordenar el lugar. Les cambiamos el paño a quienes revendían para defender a los artesanos. Pero no queremos mudarnos", afirmó Olguín.

Reubicación

El mes pasado la Ciudad anunció un plan para recuperar el casco histórico de San Telmo, que incluye el reordenamiento de la calle Defensa. Explicó a LA NACION el subsecretario de Uso del Espacio Público porteño, Patricio Di Stéfano: "Ya iniciamos el proceso y liberamos algunos metros de esa calle, casi en San Juan".

Para reorganizar la cuestionada feria los inspectores recorren los puestos y censan a los vendedores. Primero, cotejan que, de acuerdo con la reglamentación, sólo vendan manualidades y artesanías y no artículos de reventa, lo que está prohibido; luego, a los que cumplen con los requisitos les ofrecen reubicarlos en las seis cuadras permitidas.

Aunque Di Stéfano dijo que "de a poco, cada fin de semana algunos puesteros admiten la mudanza", la delegada de El Adoquín asegura que ninguno de sus pares aceptó irse.

Olguín explicó: "Es muy difícil regularizar la situación sin dejar a gente en la calle. Esos lugares que nos ofrecen a cambio de expulsarnos quedan a disposición porque están sacando a la gente que revende productos industrializados. Nosotros, en cambio, buscamos la forma de que no se queden sin trabajo".
Frente al puesto de Gustavo Suárez transitaban dos inspectores que recorrían el tramo legal de la feria. Minutos antes, esos funcionarios le habían indicado a un hombre que vendía vuvuzelas albicelestes que debía retirarse del lugar. "Está bien que controlen. El tema es dónde van a poner a los que traigan del otro lado", dijo a LA NACION Suárez, que hace cinco años instaló su puesto de artesanías de alpaca en Defensa.

Baches y empedrado

El empedrado de la calle Defensa remite a una Buenos Aires de otros tiempos. Hoy -a pesar de la proliferación de vendedores de baratijas- caminar por la tradicional feria suele ser los domingos una actividad obligada para los turistas. Claro que el disfrute de aquellos que caminan los fines de semana por ese histórico empedrado se transforma en el sufrimiento de automovilistas durante la semana. El empedrado, además de histórico, merece estar bien conservado. O, al menos, sin baches y sin pozos..

Del editor: cómo sigue. El gobierno se enfrentará a una situación en la que cualquier decisión que tome será cuestionada por la parte que se considere perjudicada.

viernes, 13 de junio de 2014

Licitarán un frigorífico después del fracaso de una gestión oficial

Por Fernando Bertello  | LA NACION
Sergio Urribarri le informó al gremio de la carne que venderá por concurso una planta que manejaba la provincia
  
Después del fracaso de la gestión oficial para mantener abierto el frigorífico cuyo control tomó en 2012, el gobierno de Entre Ríos, a cargo del kirchnerista Sergio Urribarri , venderá mediante licitación pública la planta San José. Así se lo adelantó el gobernador a los dirigentes de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne en un encuentro reciente. "Estamos esperando que lo saquen a licitación para la venta. Eso nos dijo «el Pato» Urribarri", contó Alberto Fantini, secretario general del gremio de la carne.

En julio de 2012, el San José, que antes perteneció a la firma brasileña JBS, reabrió bajo el nombre de Procesadora Ganadera Entrerriana SA, con 85% de capital estatal provincial y un 15% privado. El gobierno nacional aportó un crédito del Bicentenario por unos $ 70 millones para su reapertura, que fue encabezada por la presidenta Cristina Kirchner a través de una videoconferencia.

El frigorífico, con capacidad para faenar unas 600 cabezas diarias, empezó a operar, pero enseguida sumó contratiempos en medio de la caída de faena y un mercado intervenido. Tiene más de un centenar de operarios cobrando una garantía horaria equivalente al 70% del sueldo. "Hace tres meses que el frigorífico no trabaja y la gente está con la garantía horaria", afirmó Fantini.

Según el sindicalista, Urribarri se comprometió a continuar abonando la garantía horaria hasta que se concrete la venta. "Es un compromiso del gobierno de Entre Ríos con nosotros", señaló el secretario general.
Hace menos de dos meses circularon versiones de una venta directa a un grupo empresario integrado, entre otros, por capitales locales y chinos. "Desestimaron eso y ahora decidieron hacerlo por licitación pública", agregó Fantini.
 

Crisis

Una fuente de la industria contó que es difícil ponerle valor hoy a un frigorífico en medio de la actual crisis del sector, que sufrió el cierre de 125 plantas en los últimos años por la intervención del gobierno nacional en el mercado y la cuotificación de las exportaciones. "Hoy el valor que puede tener un frigorífico es meramente simbólico", expresó.

En el caso del ex San José no se sabe si, además, el eventual comprador debería hacerse cargo del pasivo del crédito del Bicentenario. A todo esto, en el frigorífico Estancias del Sur, ubicado en Unquillo, Córdoba, y propiedad de la brasileña Marfrig, hay 520 operarios que tampoco trabajan. Están suspendidos desde febrero, con garantía horaria..

domingo, 30 de marzo de 2014

El problema de la basura: Crece el número de cartoneros que recogen residuos en Capital

Por Nora Sánchez - diario Clarín

Lo dicen el Gobierno porteño y los propios cartoneros. Llegan desde el GBA y las villas. Y algunos acampan en las calles. Y se disputan el contenido de los contenedores, cada vez más vandalizados.

Como un depósito. La imagen, ayer por la tarde, en Corrientes y Florida, con un cartonero que no está dentro del sistema formal./JUANO TESSONE

Papel, cartón, metal, vidrio, plástico. La ciudad de Buenos Aires sigue ofreciendo recursos mezclados entre la basura. Y cada vez hay más cartoneros en las calles en busca de recuperarlos. Lo confirman el Gobierno porteño y los propios cartoneros, que atribuyen este aumento a la crisis económica y a que ahora les pagan mejor por los materiales que recolectan.

“Hay muchos más cartoneros por la crisis, pero también porque subieron los precios –asegura Lionel Robles, un recuperador urbano de la cooperativa El Pueblito–. Está cayendo el laburo en otras cosas y, además, a muchos que trabajaban de albañiles o que hacían changas hoy les conviene más salir a cartonear. Porque el que sale a la calle aunque sea el primer día va a hacer una platita para comer algo”.

El precio del papel empuja el fenómeno. En sólo tres meses, aumentó entre un 40% y un 50%. Y desde mitad del año pasado, casi un 250%. Hoy, los cartoneros pueden vender un kilo de papel o cartón a $ 2,20, si está enfardado, o a $ 1,70, si está suelto. En diciembre, por lo mismo les pagaban $ 1,60 y $ 1,10, respectivamente, y en junio del año pasado, $ 1,10 y $ 0,50. Mientras, el kilo de plástico está a $ 1,20 si está sucio y $ 2 si se encuentra limpio, contra los $ 0,80 y $ 1,40 de 2013. En este caso el aumento también es de entre un 40% y un 50%.

El valor de estos materiales se fija en función de la oferta y la demanda. “Sin duda, hay más cartoneros –sostiene Agustín Casal, el director general de Reciclado del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad–. Por la crisis, bajó el consumo y hay menos papel y cartón entre los residuos reciclables, por lo que el mercado hace que se eleve el precio. Al mismo tiempo, por la inflación los cartoneros tienen que venir más a la Ciudad y trabajar más para poder ganar el dinero que necesitan para vivir. Es decir que vienen nuevos cartoneros y los que ya venían traen familiares para que los ayuden”.

De acuerdo al funcionario, la mayoría de los cartoneros llegan desde el primer cordón del Conurbano. Algunos se quedan en Capital durante la semana, muchas veces acampando en la calle, y vuelven a su casa sábados y domingos. Mientras, también hay cartoneros que viven en las villas porteñas.“Todos los veranos bajan los precios y por eso vienen muy pocos cartoneros, pero cuando vuelven a subir tenés el doble de cartoneros –ejemplifica Rafael Nejamkis, de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)–. Y ahora hay más sobre todo por el aumento del precio del papel. Dicen que es porque abrió una nueva papelera que también empezó a comprar recortes, y porque por las trabas a la importación se está produciendo más papel acá”.

No hay censos que registren la cantidad de cartoneros que trabajan en las calles porteñas. En Espacio Público estiman que son más de 8.000. De ese total hay 4.500 organizados en doce cooperativas, que para fin de año van a trabajar en el plan oficial de separación de residuos en origen, rebautizados como promotores ambientales. Ya hay 400 cartoneros trabajando en este plan, que por ahora funciona en sólo 477 manzanas de las comunas 14, 6 y 13. Allí hay repartidas 613 campanas verdes para que los vecinos dejen los residuos reciclables. Pero la mayoría están abiertas porque fueron vandalizadas por cartoneros informales, que pasan más temprano para llevarse lo que sirve .

Entre todos los cartoneros que recorren la Ciudad, recuperan alrededor de 5.000 toneladas de materiales por mes, aunque la cantidad varía. En febrero, por ejemplo, juntaron 4.698 toneladas. La cosecha del cartonero es desigual. Algunos consiguen ganar poco más de $ 50 por día. A los que les va mejor es a los que ya tienen convenios informales con una fábrica, comercio o empresa que les entrega en mano todos sus residuos reciclables. De esta manera, pueden obtener hasta $ 1.500 por semana.

“Tuvimos épocas con más abundancia, pero todavía encontramos bastante material en la calle –confía Robles–. El problema es que el vecino mezcla lo reciclable con lo que es para tirar y eso no va a cambiar hasta que se haga una buena campaña. Hay que asesorarlo para que separe la basura y, si lo hace mal, volver a explicárselo hasta que aprenda. Yo aconsejo separar los metales ferrosos, que son los que se adhieren al imán, y los no ferrosos, como el cobre, el bronce o el aluminio. También hay que sacar por separado el papel y cartón y el plástico. Y los vidrios sirven todos, aunque estén rotos, menos los de los autos. No es difícil y hay que empezar a hacerlo”.

domingo, 25 de agosto de 2013

Aumento del empleo público

Editorial I del diario La Nación - El populismo y el clientelismo generaron desde 2003 un incremento sin precedentes en nuestra historia de la cantidad de empleados estatales. 
La magnitud del crecimiento del empleo estatal a partir de 2003 no registra antecedentes en la historia de nuestro país. Tampoco encuentra justificación. Si se toma el sector público en su conjunto -gobierno nacional, provincias y municipios-, en estos diez años el aumento del número de empleados ha sido cercano al 50 por ciento. Esto implica una tasa acumulativa anual del 4,1 por ciento, que comprende una más alta en municipios (6,1%) que en los gobiernos provinciales (3,9%) y el gobierno nacional (2,8%). El ritmo de aumento del empleo público ha cuadruplicado el de la población y ha duplicado el del empleo privado.

Estas cifras se refieren a personas que desarrollan tareas laborales y remuneradas dentro del Estado. No abarcan a quienes reciben planes sociales ni tampoco a pensionados y jubilados. Hoy hay 3,2 millones de empleados públicos, pero son alrededor de 15 millones los que sin trabajar reciben mensualmente un cheque del Estado. Esta categoría ha crecido proporcionalmente más que la de los trabajadores estatales. Ambos fenómenos explican dos tercios del aumento del gasto público, que evolucionó desde un 32% del producto bruto interno en 2002 a un 45% en 2013. El tercio restante del aumento se debe a los subsidios.

En medios oficiales y en importantes espacios de la oposición se ha defendido el aumento del empleo público como una política deseable para reducir el desempleo. La elevada tasa de desocupación de fines de 2002 parecía justificar esta posición, por lo menos como una política de corto plazo. La cuestión es si esto debió escalar en la magnitud en que lo ha hecho, tan sostenidamente y durante tantos años. No puede haber una respuesta correcta si no se tiene en cuenta que la remuneración de un empleado público no viene del aire, sino de un impuesto, o de la emisión inflacionaria, o de nueva deuda pública que pagarán los futuros contribuyentes. Cualquiera de estas formas implica disminuir el ingreso de otras personas y distraer recursos del sistema económico. Su efecto no es gratuito.

La presión tributaria en la Argentina ha trepado a niveles asfixiantes y es superior a la de cualquier país comparable. A pesar de ello, ha aparecido un déficit fiscal creciente que se financia con los ahorros de los jubilados y con emisión monetaria, o sea, con el bolsillo de todos los argentinos. Esto implica claramente un desincentivo a la iniciativa privada y a la inversión.

En otras palabras, el agregado de un nuevo empleo público neutraliza en alguna medida la creación de un empleo privado. Una presión tributaria excesiva puede llegar a destruir puestos de trabajo. Por eso, cuando se supone que el crecimiento de la planta laboral del Estado reduce linealmente la desocupación, se desconoce ese fenómeno. Además, no debe olvidarse que la productividad laboral es superior en la empresa privada, ya que de ello hace su subsistencia. Cuando aumenta el empleo público, se reduce la productividad media y se afecta la competitividad del país. En la Argentina, el empleo público ha alcanzado el 20,5% del empleo total. Este porcentaje nos ubica en el cuarto lugar en el mundo, sólo superado por los países escandinavos y Francia, y muy por encima de América latina y los Estados Unidos.

El crecimiento del empleo público en la Argentina se ha producido simultáneamente con el deterioro en calidad y cantidad de los servicios propios del Estado. Tal vez haya más policías, pero que no se ven en la calle y la seguridad se ha deteriorado. Lo mismo ocurre con la educación, la salud, la justicia, la defensa, la limpieza y tantas otras prestaciones estatales.

Tampoco la burocracia administrativa, hacia donde se ha canalizado el grueso del empleo adicional, muestra signos de mayor eficiencia. Se deduce claramente que el fenómeno ha respondido en general a un enfoque populista y electoralista de gobierno, sin reglas ni limitaciones o controles. Esto ha abarcado los tres niveles de gobierno, aunque se advierten excepciones que demuestran que las buenas administraciones son posibles.

Las provincias en las que el aumento del personal estatal más ha crecido han sido Misiones, Tucumán, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Salta. Donde menos ha crecido es en Santa Fe, Formosa, San Luis, La Pampa y San Juan. Las que exponen la mayor relación de empleados provinciales por habitante son Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz y La Rioja. En el otro extremo de esta comparación están Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y San Luis. De estos datos emergen Santa Fe y San Luis como las que se han excluido claramente del agigantamiento burocrático.

Sin entrar en el tema de los planes sociales, cuya connotación es distinta a la del empleo público y merece un análisis más profundo, podemos sólo decir aquí que varios de esos planes afectan también la cultura del trabajo.
Lo que está claro es que el populismo y el clientelismo político han sido determinantes de un desborde del empleo estatal, que será difícilmente reversible y que es claramente atentatorio de la modernidad, eficiencia y desarrollo que tanto necesitamos...

Hay que ubicar a los "votos" ...

martes, 13 de agosto de 2013

Abusivo: En la Línea B sólo trabajan 4 horas y media

(Urgente24). Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) informó que el lunes 12708 se dio por finalizada la negociación para restablecer el servicio de subte en la totalidad de la Línea B, luego de que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Agtsyp, rechazara todas las propuestas.

SBASE (Subterráneos de Buenos Aires) informó que no hubo acuerdo con los metrodelegados de la Línea B, quienes insisten en trabajar hasta 4 horas y media. Existe una politización y también un abuso de parte de quienes conducen a esos trabajadores. Trabajar un tiempo real de 4 horas y media, para percibir la remuneración que tienen los trabajadores de Subterráneos, carece de productividad, y deberían preguntarle a los contribuyentes porteños, que subsidian con sus impuestos el servicio público mencionado, si desean mantener esa situación.
“Ha quedado demostrado que las estaciones no presentan peligro alguno por lo que queda claro que el eje del conflicto es la negativa de los metrodelegados a trabajar. Nosotros seguiremos trabajando para resolver este conflicto que afecta a miles de usuarios quienes son nuestra absoluta prioridad”, señaló el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo.
 
El conflicto es producto de la negativa de los metrodelegados a realizar un nuevo diagrama de trabajo requerido para brindar servicio en las nuevas estaciones inauguradas. El diagrama propuesto se encuentra, sin embargo, contemplado dentro de su jornada laboral de 6 horas y no afecta sus condiciones laborales, ya que este implica trabajar 5 horas y 8 minutos en vez de 4 horas y 30 minutos, tal como sucede actualmente.
 
“Ha quedado demostrado que las estaciones no presentan peligro alguno por lo que queda claro que el eje del conflicto es la negativa de los metrodelegados a trabajar. Nosotros seguiremos trabajando para resolver este conflicto que afecta a miles de usuarios quienes son nuestra absoluta prioridad”, señaló el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo.
 
Es importante destacar asimismo que, tanto la Justicia porteña, en dos resoluciones, como la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, certificaron que las estaciones son totalmente seguras y no revisten ningún riesgo para los trabajadores ni para los usuarios.
 
“Hicimos todo lo posible por llegar a un acuerdo pero lamentablemente los metrodelegados priorizaron sus intereses políticos y sectoriales a los de los 50 mil usuarios a los cuales están perjudicando directamente”, finalizó Piccardo.
 
Señores, hay mucha gente que quiere ganar 15.000 pesos por trabajar 6 horas por día... Si no los satiface, cambien de trabajo muchachos...

miércoles, 7 de agosto de 2013

Argentina es el segundo país de Sudamérica con mayor desocupación

(Infobae.com) - Entre los países de la región, por arriba de ese guarismo figura Colombia con una tasa de desempleo de 9,4 por ciento, según un relevamiento privado


Argentina es el segundo país de Sudamérica con mayor desocupación
Crédito foto: Adrián Escandar
La Argentina fue el segundo país de Sudamérica con la tasa de desempleo más alta durante 2012 y "este lugar lo viene manteniendo en lo que va de este año", según un informe difundido por la Fundación Libertad y Progreso.

"Sólo Colombia se encuentra en una situación peor a la Argentina en materia de desempleo", precisó el estudio. De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, el índice de desocupación en la Argentina en el segundo trimestre de este año se ubicó en 7,2 por ciento.
Entre los países de la región, por arriba de ese guarismo figura Colombia con una tasa de desempleo de 9,4 por ciento.

Por debajo de la Argentina se ubican Venezuela con 6,9 por ciento; Uruguay con 6,3 por ciento; Chile con 6,2 por ciento; Brasil con 6 por ciento; Perú con 5,5 por ciento; y Ecuador con 4,9 por ciento. Sobre la Argentina, el informe sostuvo que "a mediados del año pasado, la tendencia del porcentaje de desempleo comenzó un moderado ascenso que se consolidó a principios de 2013".

Así, puntualizó que la desocupación entre enero-marzo de este año se ubicó en 7,9 por ciento, mientras que en igual lapso de 2012 era de 7,1 por ciento, y remarcó que "es la primera vez, en la última década, que en un primer trimestre, el desempleo aumentó respecto del mismo período del año anterior".

"La presidenta Cristina Fernández adelantó las cifras para el segundo trimestre anunciando que el desempleo había caído al 7,2 por ciento. De ser esto así, la tendencia sigue siendo preocupante, ya que estamos ante un trimestre de estancamiento en la comparación anual", planteó.

En este sentido, destacó que si se comparan los segundos trimestres desde el 2003 en adelante "todos mostraron una mejora en los índices de desempleo a excepción del segundo de 2009, cuando por efecto de la crisis internacional, el desempleo subió a 8,8 por ciento".

El estudio subrayó que "a partir de allí, la tendencia fue siempre decreciente; sin embargo, en el segundo trimestre de 2013, el desempleo no bajó", y recordó que en el mismo lapso de 2012 la tasa de desocupación también fue de 7,2 por ciento.

"Al analizar los promedios móviles de 4 trimestres, se observa que el segundo trimestre de 2013 es el mayor desempleo desde 2011, cuando el mercado laboral se recuperaba del impacto de la crisis externa", explicó.
Asimismo, advirtió que "la creación de puestos de trabajo viene mermando" desde 2004. Al respecto, enfatizó que la generación de fuentes laborales del sector público "es la que hoy juega el mayor rol compensando un freno del sector privado, pero también se está desacelerando".

"El empleo privado viene estancado hace tres trimestres (desde junio de 2012) mientras que en ese lapso la creación de empleo en el sector público creció 3,8 por ciento en el tercer trimestre de 2012, 4,3 por ciento en el cuarto, y solo 3,2 por ciento en el primero de 2013", detalló.

Se destraba el conflicto por la línea B del subte

Por Mauricio Giambartolomei  | LA NACION
Entre hoy y mañana se llegaría a un acuerdo entre Metrovías, los metrodelegados, Sbase y la Ciudad; el tren sigue sin llegar a Echeverría y Rosas
El conflicto en la línea B del subte comienza a destrabarse. Entre hoy y mañana podría cerrarse un acuerdo entre los metrodelegados y Metrovías , lo que permitiría dejar atrás el conflicto que desde hace más de diez días impide la llegada de las formaciones a las nuevas estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas.

Según los participantes de la reunión de ayer con los que dialogó LA NACION, el acta final podría firmarse hoy. El principio de acuerdo incluye la cantidad de horas de trabajo efectivo que deberán cumplir los empleados a bordo de los trenes. Sólo falta que Metrovías presente el diagrama final, que determinará que cada pareja de motorman y guarda deberá cumplir cuatro vueltas y media entre Los Incas y Alem. Esto demandaría un total de cuatro horas y 55 minutos de trabajo efectivo, con una hora y cinco minutos de descanso.

Queda pendiente definir cuestiones ligadas a la seguridad de los trabajadores , por lo que el diálogo seguirá en la reunión que hoy, a las 15, tendrá lugar en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad.

Según la agencia DyN la Justicia porteña rechazó ayer un amparo presentado por los metrodelegados y determinó que las dos nuevas estaciones de la línea B y sus túneles "están en aptas condiciones para ser utilizadas". La medida cautelar fue rechazada por el juzgado 10, Secretaría 19, a cargo de Aurelio Ammirato. Este es el segundo rechazo a un recurso de amparo tras negar el impulsado por el legislador porteño, Alejandro Bodart.

Ayer por la mañana, los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) recorrieron, junto con representantes de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Metrovías y de la subsecretaría, los túneles entre Los Incas y Rosas, las cocheras y el taller.

Fuentes que participaron de ese recorrido contaron que se revisó la totalidad del trayecto y se evaluaron cuestiones puntuales. La actividad se tomó como una muestra más del acercamiento a un acuerdo.
Al encuentro asistieron Roberto Pianelli, secretario general de la Agtsyp; Néstor Segovia, secretario adjunto, y los delegados Néstor Echeto y Claudio Dellecarbonara. También hubo representantes de Metrovías y de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad.

El conflicto entre los metrodelegados comenzó el mismo viernes 26 de julio, cuando se inauguraron las estaciones Echeverría y Rosas. Tiempo atrás se habían presentado denuncias por supuestas irregularidades en los túneles y talleres de la línea B.

Durante varios días, y por la reducción de tareas de los motorman y guardas, las formaciones completaron el recorrido con la conducción de personal jerárquico, que subía a los trenes en Los Incas y llegaba a Rosas. Pero el martes pasado ese personal también dejó de operar y el servicio volvió a ser limitado entre Alem y Los Incas.

Superado el período más duro de la negociación, y con un diagrama de horarios casi definido, todo parece indicar que hoy habría acuerdo.

Tras la nota publicada ayer en LA NACION sobre las nuevas estaciones de la línea B y los túneles, en la que se mostraban los efectos de las filtraciones de agua en el trayecto que va de Los Incas a Rosas, Sbase envió un comunicado a los medios con la intención de aclarar que "todas las fotos expuestas en la nota corresponden a lugares no habilitados" para el tránsito de las formaciones. "De las fotos publicadas, dos fueron tomadas en un taller que aún no ha sido puesto en funciones justamente porque requiere trabajos extra para su utilización", remarcó Sbase.

En rigor, dos de las tres fotos corresponden a las cocheras que, como se mencionaba en la citada nota, aún no están operativas. La tercera corresponde a los túneles anteriores a la estación Rosas, donde se ve un goteo permanente cerca del tercer riel, que conduce 600 voltios.

En lanacion.com hay más imágenes disponibles, además de un video en http://videos.lanacion.com.ar/video68513-el-conflicto-del-subte-bajo-tierra . "Las dos estaciones cumplen con todos los requisitos de seguridad", insistió el titular de Sbase, Juan Pablo Piccardo, en el comunicado. El funcionario había dicho el lunes que las filtraciones en las nuevas estaciones de la línea B se originaban por tres motivos: "Caños de Aysa que pierden, problemas de la red pluvial y grietas en los túneles".

Desde Aysa lo desmintieron."No tenemos reclamos ni de Metrovías ni de la empresa constructora [Roggio] sobre filtraciones en las estaciones Echeverría y Rosas. Allí no hay responsabilidad de Aysa", explicó Diego Muñiz, director de prensa de la empresa distribuidora de agua potable..

¡Qué joyitas! , trabajan menos de seis horas por día con un excelente sueldo y se quejan... 
Nunca vía a ninguno de estos señores que renunciaran por no estar satisfechos por las condiciones de trabajo y el sueldo que cobran... Son los amantes del progresismo -lease versión pauperrima actual del comunismo-. Pobre país...

miércoles, 31 de julio de 2013

Subte: Confirman que los metrodelegados no quieren trabajar más de cuatro horas

(Politica online) - El subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, dijo que ese fue el reclamo de los gremialistas que trabó las negociaciones de ayer. “Están dispuestos a llegar a las estación Rosas si dan cuatro vueltas. Si dan cuatro vueltas, pasan a trabajar 4 horas y 8 minutos”, afirmó.

Como adelantó LPO ayer, la discusión por las nuevas estaciones de la línea B entre los metrodelegados, el gobierno porteño y Metrovías continuaba trabada por la intención de los representantes gremiales de no perder tiempo de descanso y continuar realizando cuatro recorridos completos y no cinco como pretende la empresa.

Esta información fue confirmada hoy por el subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, quien actúa como intermediario en la negociación entre los metrodelegados y Metrovías. “La discusión está trabada en la cantidad de horas que deberían trabajar los motorman y los guardas”, afirmó el funcionario en diálogo con radio La Once Diez.

“En el convenio colectivo del subte la jornada de trabajo es de seis horas. Pero efectivamente no se trabaja seis horas, hay un tiempo de descanso. Ellos piden utilizar ese tiempo casi dos horas y la empresa está intentando una producción un poco mayor”, señaló Sabor.

En ese sentido, explicó que con las dos nuevas estaciones -Echeverría y Rosas- el recorrido de la línea B se alargó 9 minutos. “Entonces ellos que vienen dando cinco vueltas, quieren dar cuatro. Si dan cuatro vueltas, pasan a trabajar 4 horas y 8 minutos”, indicó.

Sabor declaró que el tema de la seguridad en las nuevas estaciones quedó resuelto en la reunión de ayer, y los trabajadores aceptaron viajar a las dos nuevas estaciones. “Ellos están dispuestos a correr los trenes hasta la estación Rosas si dan cuatro vueltas. Que los subtes den cuatro vueltas significa que de las 6 horas que deben trabajar, van a trabajar 4. Ese es el conflicto”, remarcó.

El funcionario detalló que Metrovías sostiene que esto “sería absolutamente improductivo” y que “para cubrir este déficit se necesitarían contratar cincuenta personas más”. “Se está previendo un descanso de cincuenta minutos. Les recuerdo que lo único que está escrito sobre el descanso son veinte minutos. De hecho, la línea D trabaja más de 5 horas”, concluyó Sabor, que consideró que dos horas de descanso es “un abuso”.

Una situación similar a esta ocurre en la línea H, que está paralizada desde ayer y ya sufrió interrupciones la semana pasada. Desde la inauguración de la estación Hospitales, la empresa aplicó un nuevo esquema, que es rechazado por los trabajadores. “Como se extendió la línea tres minutos más, hace que a nueve vueltas que ellos dan tengan que sumarle 27 minutos más; en vez de estar a disposición una hora y media iban a estar a disposición una hora y tres minutos", explicó ayer Sabor en diálogo con radio Rivadavia.

domingo, 21 de julio de 2013

Hallar mano de obra para el campo, una tarea difícil

Por Fernando Ravaglia  | Para LA NACION
Atraer gente, capacitarla y retenerla mediante buenas condiciones de vida y trabajo es el problema por resolver.

En un país con desocupación se da la paradoja de que cada vez cuesta más conseguir gente que quiera trabajar en el campo, y cuando aparece, nos encontramos con personas que no están capacitadas, que no tienen actitud ni disposición para las responsabilidades que implica la vida laboral o que se quedan un tiempo, ganan unos pesos y se quieren ir al pueblo nuevamente.

En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Como en otras actividades comerciales, de encontrar personas honestas que quieran asumir responsabilidades, esforzarse y llevar adelante con eficiencia tareas a cambio de una remuneración justa que les permita cubrir sus necesidades y progresar. Si bien esperamos que estén capacitadas, no es una condición imprescindible, ya que ante la escasez tratamos primero de encontrar a las personas que cumplan con estos requisitos y luego, si hace falta, incluso estamos dispuestos a capacitarlas nosotros.

Algunas causas del problema son los siguientes:

  • Los planes asistenciales, que en su momento se originaron como una solución justa e imprescindible para el problema de la pobreza extrema, hoy se desvirtuaron y convirtieron en un estímulo para la precariedad, y nos encontramos con muchos candidatos que cuando se enteran de que proponemos un trabajo en blanco y en regla nos contestan: "¡No, en blanco no, porque si no me pierdo el plan!", y obviamente se dejan de lado porque nadie quiere tener un accidente con un empleado en negro.

  • La pérdida de la cultura del esfuerzo y el trabajo. Hace medio siglo uno se encontraba con muchas personas que tal vez no estaban alfabetizadas, pero que tenían mucha predisposición a esforzarse y aprender un oficio para progresar trabajando. Hoy, se da en muchos casos la paradoja de gente que sabe leer y escribir, pero que no tiene las actitudes necesarias para la vida laboral. No encontramos predisposición al esfuerzo, no se confía en el trabajo como un medio de progreso. La responsabilidad, el orden y la limpieza son hábitos que muchos consideran intrascendentes. La gente habla permanentemente de sus derechos sin acordarse de que por cada derecho se contrapone una obligación. Digámoslo claramente: no se preparan, en la escuela o en la vida familiar, personas dispuestas a enfrentar el desafío de la vida laboral.

  • Tareas pendientes. Si bien no es una condición general, encontramos aún muchas empresas con condiciones de viviendas precarias. Mejoramos en las comunicaciones telefónicas y en la televisión satelital, pero los eternos caminos de tierra, a pesar de pagar contribuciones municipales cada día más altas, nos condenan a ser argentinos de segunda, aislando a las familias cada vez que llueve, dificultando la ida al colegio primario de los más chicos, sin mencionar otros problemas. La secundaria sigue aún limitada a los pueblos.
Imagen negativa

El trabajo en el campo tiene fama de ser duro y sacrificado. ¿Qué trabajo no lo es? Ahora, cuando veo a la gente de las zonas urbanas que pasan de dos a tres horas por día viajando peor que bestias, colgados de trenes o colectivos arriesgando la vida, y los comparo con empleados rurales que viven donde trabajan y, además de comer mucho mejor, tienen hasta tiempo de tomarse unos mates o dormirse una siesta, me parece que lo que tenemos es un grave problema de marketing.

Atraer gente, capacitarla y retenerla mediante buenas condiciones de vida y trabajo es el problema por resolver si queremos seguir adelante con esta actividad. Si no lo resolvemos nosotros, ¿quién lo hará?.

miércoles, 10 de julio de 2013

Arman un proyecto textil Qom con máquinas de talleres ilegales

(Diario Clarin) - Funcionará en la comunidad La Primavera, de Formosa, y hará indumentaria y accesorios.
Acto. El cacique Félix Díaz (izq.), ayer, durante la inauguración. /LA ALAMEDA
“Mujeres indígenas”. Así se llama el taller textil que inauguraron ayer en el paraje La Primavera, tierra de la comunidad Qom en Formosa. Las máquinas de coser que ya están funcionando fueron incautadas en tres allanamientos realizados el mes pasado en talleres clandestinos de costura ubicados en la Ciudad. La Fundación La Alameda y la CGT pidieron a la Justicia que se las entregasen a los Qom para que pudieran trabajar. Y ayer el cacique Félix Díaz celebró la puesta en marcha del emprendimiento.

“El Estado Nacional se ha comprometido con los grupos aborígenes a garantizarles el disfrute de los derechos humanos y de los derechos de los indígenas, cosa que en la realidad de los hechos no se ha cumplido con esta comunidad que se encuentra en estado de vulnerabilidad, ya que al carecer de los elementos necesarios para su desarrollo, deben recurrir a realizar trabajos temporarios mal remunerados y muchas veces con características de explotación laboral”, argumentó en su fallo el juez federal Ariel Lijo, quien autorizó el envío de la maquinaria.

Los Qom iniciaron una capacitación que durará, al menos, tres meses. “Es una emoción muy grande. Sobre todo para las mujeres de la comunidad que, aunque recibieron instrucción en la escuela primaria, después las máquinas ‘desaparecían’ y no las podían usar”, contó Díaz. En total hay 25 máquinas de coser, de las que 18 ya están funcionando. La idea es confeccionar indumentaria y accesorios.

Una vez terminada la capacitación, buscarán dónde colocar los productos. “Pero ahora estamos haciéndole ropa a la gente de la comunidad. La prioridad la tienen los huérfanos y las viudas”, agregó el cacique. Esa comunidad indígena sigue peleando por el reconocimiento de sus tierras. La Corte Suprema se pronunció a su favor la semana pasada suspendiendo el relevamiento que intentaron hacer en forma conjunta el Gobierno Nacional y el de Formosa. Así, el estudio estará a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tal como habían pedido.

Mientras tanto, el emprendimiento textil se puso en marcha. Planean dividir a los trabajadores por turnos, con reparto igualitario de las ganancias, sin patrón, y sin trabajo esclavo ni infantil. La unidad de las organizaciones en beneficio de la comunidad indígena se realizó en el marco de la Campaña Nacional contra el Trabajo Esclavo lanzada en diciembre del año pasado por la Fundación La Alameda. “En los tres talleres textiles que fueron allanados, casi 70 personas de nacionalidad boliviana eran explotados. Para nosotros, recuperar esas máquinas era una forma de reutilizarlas socialmente.

Del centenar incautado, 25 ya son las herramientas de trabajo de los Qom. Con el resto queremos hacer una escuela de costureros. Pensamos que debería funcionar en uno de los galpones clausurados y sumarlo al polo textil de Barracas”, adelanta Gustavo Vera, presidente de la organización.

martes, 21 de mayo de 2013

En tres meses se perdieron 255.000 puestos de trabajo

Por Ismael Bermúdez - Diario Clarín
Lo informó el INDEC. La desocupación trepó a 7,9% y en algunas ciudades ya supera el 10%. La gente sin trabajo llega a 1,3 millones. La construcción y el sector inmobiliario, los más castigados.

En apenas tres meses se perdieron 255.000 puestos de trabajo, de los cuales 192.000 se destruyeron en el Gran Buenos Aires. Estas cifras surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que ayer divulgó el INDEC del primer trimestre de 2013. Esos datos oficiales reflejan el deterioro de la ocupación laboral como resultado del estancamiento de la actividad productiva, la falta de inversiones y el cepo cambiario que afectó con particular fuerza a la construcción y al sector inmobiliario. Y la ocupación laboral no cayó más porque aumentó el empleo en el sector público, en especial en las provincias.

De las 255.000 personas que perdieron el empleo, unas 170.000 pasaron a buscar un nuevo trabajo sin conseguirlo, ingresando en la categoría o legión de los desocupados. Por esa razón, el desempleo subió del 6,9 al 7,9% y ahora hay 1.300.000 desocupados. 

Con este 7,9% se revierte la baja del desempleo de los últimos años, retrocediendo al valor que existía en el segundo trimestre de 2010.

En tanto otras 85.000 personas directamente se fueron a sus casas y por las pocas chances de conseguir empleo dejaron de buscar trabajo. Por eso la llamada población activa bajó medio punto.
Si a los desocupados se suma el 8% de subocupados (personas que trabajan pocas horas aunque deseen trabajar) el 15,9% de la población activa o 2.600.000 personas padecen problemas de empleo.

El conurbano bonaerense fue la región más castigada. A fines de 2012, en el GBA el INDEC contabilizó que había 4.484.000 personas ocupadas y ayer informó que sumaban 4.292.000: son 192.000 ocupados menos.

Por esa razón la tasa de empleo en el GBA bajó del 43,7 al 41,7%: 2 puntos, más del doble de la caída a nivel nacional. Y el desempleo trepa al 9,4%.
En la Ciudad de Buenos Aires, los empleos cayeron en 25.000 puestos laborales (de 1.498.000 a 1.473.000). La tasa de empleo porteña bajó del 49,9 a 49,1%.

Ahora, si se suma Capital y GBA, hay 561.000 desocupados.
En base a estas cifras, el director de Poliarquía y experto en temas laborales Ernesto Kritz le dijo a Clarín que “ratifican el fin del ciclo de crecimiento del empleo y hay que prestar atención a lo que sucede en el conurbano bonaerense con un desempleo del 9,4%. Pero lo que está claro es que el crecimiento del empleo, que fue la mayor fortaleza del kirchnerismo, se está perdiendo”.

El diputado Claudio Lozano sostuvo que “la tasa de empleo es inferior tanto a la del primero como a la del cuarto trimestre de 2012, indicador preciso de que estamos en presencia de la destrucción neta de puestos de trabajo”. Agregó que eso se combina con una débil situación en materia de ingresos. De ahí que concluye que “menos empleo y menos ingresos determinan un escenario de ascenso en la conflictividad social, debilitamiento gubernamental e indican que estamos más cerca del ajuste que de la tan proclamada inclusión social”.

También el titular de COPAl (industria alimenticia) Daniel Funes de Rioja destaca la preocupación por “la suba del desempleo juvenil que llega a duplicar la tasa de desempleo general.” Y agrega que “las economías regionales, que son dinamizadoras del empleo, la están pasando mal. No hay inversión en mano de obra”.

La pérdida de empleos también se extendió a Córdoba, mientras aumentó la ocupación en Resistencia (Chaco), Jujuy, Santiago del Estero y Mar del Plata, en este ultimo caso por obvias razones estacionales. Aunque el informe no lo señala, las mayores pérdidas de empleo englobaron al sector de la construcción y a los servicios inmobiliarios y afectaron en especial a los trabajadores informales o “en negro”.
Si se excluye la Capital y el GBA, según el INDEC en el interior del país la ocupación casi se mantuvo sin cambios (de 41 a 40,9%) pero el desempleo creció (de 5,8 a 6,8%) porque más gente salió a buscar trabajo y no lo consiguió.

Un claro ejemplo es Tierra del Fuego. Las cifras dicen que en Ushuaia-Rio Grande se mantuvieron en 58.000 los empleos, pero la desocupación subió del 4,9 al 10,1% porque se incorporaron sin éxito 4.000 personas al mercado laboral.A diferencia del cuarto trimestre de 2012 en que en todas las localidades la desocupación fue de un digito, ahora hay cuatro distritos con un desempleo superior al 10%: Tierra del Fuego con el 10,1%, Salta y Paraná con el 10,6% y Córdoba con el 10,8% que encabeza así el ránking de desempleo.

Además, y así como el INDEC informó semanas atrás que el Norte casi no tiene indigentes, en materia del empleo el Noroeste es la región con la menor desocupación: en promedio solo el 3,1%, con otro dato llamativo: con el 1,2% o solo 2.000 desocupados, Resistencia (Chaco) casi no tiene desempleo y con el 1,5% o apenas 1.000 desocupados le sigue la ciudad de Formosa.

La triste verdad...
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