Aduana: Centurión no renuncia y apunta a “alguien molesto por la detección de droga”

(Urgente24) - Corrían rumores acerca de la renuncia de Juan José Gómez Centurión, titular de la Dirección General de Aduana (DGA) designado allí por el Director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad en diciembre pasado. El funcionario descartó que vaya a renunciar y responsabilizó por los rumores a “alguien molesto por los controles en el Puerto, la detección de droga en el Correo y en los Puertos”.

En la DGA hubo una ‘limpieza’ de funcionarios que respondían a Ricardo Echegaray.

El titular designado por Mauricio Macri de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, puso en funciones en diciembre pasado a los nuevos directores al frente de la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) y en la Dirección General de Aduana (DGA). En ésta última nombró a Juan José Gómez Centurión, un ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires que Macri había puesto al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en octubre de 2012 cuando era Jefe de Gobierno porteño.

En febrero pasado, Centurión cobró notoriedad cuando decidió desplazar a una abogada que debía fiscalizar el tráfico en el aeropuerto de Ezeiza. Se trataba de Andrea Muñoz, hija de un capitán de navío amigo del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

La “limpieza” contra la gente del ex jefe de la AFIP alcanzaba a otro de sus hombres de confianza, Daniel Santanna, quien monopolizó los negocios aduaneros en los últimos años gracias a sus vínculos con Jaime Stiuso, a quien catalogó como un “amigo” en una causa judicial, según consignó el diario Clarín el 9 de febrero.

Esos cambios quizás hayan traído mucho malestar contra Centurión y comenzaron a correr rumores acerca de su inminente renuncia. El titular de la Aduana se encargó de desmentirlos a través de un mensaje en su cuenta personal de Facebook donde escribió hace pocas horas: “Hoy me llamaron varios amigos preguntándome si había renunciado, había rumores en ese sentido. Está claro que alguien se encuentra muy molesto por los controles en el Puerto, la detección de droga en el Correo y en los puertos, las inspecciones de los Depósitos Fiscales y la reestructuración en marcha en el mes de marzo, los cambios, los controles. No renuncié, no renuncio…Prueben trabajando!”

Camimpeg, la polémica petrolera que Maduro creó para los militares de Venezuela

Por Daniel Pardo - BBC Mundo, Caracas (@pardodaniel)


Los críticos dicen que Maduro creó la empresa para asegurarse aún más la lealtad de los militares.

Después de volverse empresarios, políticos y distribuidores de alimentos, los militares venezolanos ahora también podrán ser petroleros y mineros.

Eso después de que el presidente, Nicolás Maduro, decretara este mes la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Camimpeg.

La empresa, dice el decreto, se encargará de "todo lo relativo a las actividades licitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna".
El decreto le da vía libre a los militares de crear una empresa pública –pero con apoyo privado– que explore y explote yacimientos de petróleo, tal como hace la estatal Petróleo de Venezuela (PDVSA).
Y lo mismo en gas y minería, industrias de enorme potencial.

Voceros del gobierno han dicho que "más que empresa paralela a PDVSA, es una empresa al servicio de PDVSA". Pero eso no ha evitado las críticas de especialistas opositores, que ven a Camimpeg como una nueva estrategia del gobierno, entre otras, para ganar lealtad en el sector castrense.

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, interpeló al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para avanzar en sus investigaciones sobre la empresa, de la que la bancada opositora manifestó "preocupación". Pero la visita del ministro al Parlamento aún no se ha dado, y la oposición no ha emitido una opinión tajante.

Militares en una cola en VenezuelaImage copyright AFP
Los militares tienen control de la distribución de los alimentos básicos por los que la gente hace horas de fila.

Un momento crucial
La creación de la empresa se da en un momento crucial en varios sentidos. Venezuela pasa por una crisis económica sin precedentes –recesión, inflación disparada y escasez de productos básicos– que se agudizó por la caída del precio del petróleo hace poco más de un año. Un 95% de las divisas que ingresa el país vienen del petróleo, según cifras fiscales, por lo que el gobierno ha decidido –así sus críticos digan que es tarde– impulsar la diversificación la economía para generar ingresos por otros rubros.

Y uno de esos puede ser la minería, puesto que Venezuela posee unas de las reservas de bauxita (del que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo.

Hace también un par de semanas, Maduro firmó una serie de acuerdos con 150 empresas chinas para desarrollar la explotación minera en el sureste del país, que en la actualidad tiene un fuerte problema con la minería ilegal.

Al tiempo que todo esto, también han aumentado los temores entre los tenedores de bonos venezolanos –tanto de PDVSA como de la República– de que el país puede entrar en cesación de pagos por la caída de sus ingresos.


Guardia Nacional Image copyright Getty
La Guardia Nacional está en todas partes del país, encargada no solo de la vigilancia del territorio nacional.

¿Para proteger las reservas?
En ese sentido, algunos han manifestado que Camimpeg puede ser usada para proteger o resguardar los activos de PDVSA en caso de que caiga en default. PDVSA ha perdido varias demandas en tribunales internacionales con multinacionales que salieron de Venezuela luego de procesos de expropiación y aún hay algunas por definirse, entre ellas una por US$30.000 millones contra la petrolera estadounidense ConocoPhillips.

La seguridad parece ser un aspecto principal de la naciente empresa. "Los servicios de Camimpeg son muy amplios (...). La parte de seguridad va a estar asociada porque la empresa es de la fuerza armada", le dijo a la agencia Reuters el viceministro de Defensa, Alexander Hernández.

Y Fernando Travieso, un experto petrolero de línea oficialista, coincide: "En medio de una guerra a nivel mundial por las reservas de petróleo, siendo que Venezuela tiene las más grandes, es fundamental desarrollar mecanismos para resguardar la soberanía". "Mira lo que está pasando en Bolívar", le dice Travieso a BBC Mundo en referencia a la reciente muerte de más de 20 mineros en lo que se reportó como una masacre. "Allá hay presencia de grupos paramilitares y se necesita protección de una empresa militar en un área conflictiva", opina.

Presupuesto militar
Con una inflación anual del 180% según cifras oficiales, el presupuesto asignado al Ministerio de la Defensa aumentará 158% este año, dejando de ser una de las carteras de mayor capacidad financiera (pasa a ser la octava). Sin embargo, es difícil saber cuánto exactamente aumenta cada año el presupuesto general para los militares, porque éste se reparte en decenas de instituciones, algunas de ellas de presupuesto discrecional.

Solo para inteligencia militar –que no solo depende del ministerio de Defensa– se espera que el gobierno gaste este año 232% más de lo que en teoría desembolsó en 2015, un año en el que el gasto real superó al presupuestado en un 119%, según cifras oficiales.

PDVSAImage copyrightAFP
Expertos coinciden en que más que una petrolera paralela a PDVSA, Camimpeg puede ser una empresa al servicio de la petrolera estatal.

"No será una petrolera"
A pesar de que el decreto que publicó Maduro le da un amplio margen a Camimpeg para desenvolverse en varios campos, expertos militares y petroleros dicen que aún falta ver el acta constitutiva y los miembros de la junta directiva para tener claro qué es exactamente lo que va a hacer.

Un exingeniero de alto nivel de PDVSA, que pidió no revelar su nombre, dijo a BBC Mundo que "jurídicamente pueden hacer lo que quieran, pero técnicamente es imposible, al menos al mediando plazo, que la empresa se dedique a explorar y explotar yacimientos". Varios expertos coincidieron, pues argumentan que para ser una petrolera se necesita de capacidad técnica e intelectual que toma años desarrollar. "De PDVSA no van a sacar esa estructura técnica; tampoco la van a poder traer del exterior ni sacar la de la academia", dijo el ingeniero. Y añadió: "Aunque administrar contratos claro que lo pueden hacer".

PDVSA no es la única petrolera que hay en Venezuela: hay más de 40, entre las que se destacan Petromonagas, Petropiar y Petro San Félix, que son compañías mixtas. Pero si no es una petrolera, Camimpeg sí puede ser –como le dijo el viceministro Hernández a Reuters– una empresa que, como muchas otras, le preste servicios a PDVSA de distribución, tratamiento de materia prima, preparación del área de explotación, apoyo logístico, extracción de minerales o transporte de valores.

Militares y Chávez Image copyrightAFP
Desde que Chávez llegó al poder, el vínculo político entre las fuerzas armadas y su partido socialista se ha afianzado.

¿En busca de lealtad?
Para Rocío San Miguel –presidenta de Control Ciudadano, una ONG que vigila la seguridad y la defensa– la creación de Camimpeg es una muestra de que "los militares están exigiendo cada vez más espacios". San Miguel cita ejemplos como el Banco de la Fuerza Armada Nacional, el canal de televisión Tvfanb, 11 empresas que crearon para militares dedicadas a diferentes sectores y el hecho de que generales, mayores y tenientes presidan el 32% de los ministerios. "Camimpeg es un incentivo más a la lealtad con el gobierno de Maduro", le dice San Miguel a BBC Mundo.

Una queja similar emite Raúl Salazar, el primer ministro de Defensa del gobierno de Hugo Chávez y hoy general retirado: "Una cosa es que los militares cooperen, pero otra es que estén encargados del desarrollo nacional, cuando su labor es defender". "Todas estas empresas de militares no buscan darles más poder, sino distraerlos de su función principal, que es defender a la nación", le dice a BBC Mundo. "Acá lo que vemos es que el gobierno no quiere que las Fuerzas Armadas cumplan su función", asegura.

Las funciones de los militares venezolanos, en todo caso, se siguen al menos diversificando.

Militares siembran en Venezuela Image copyright AFP
Las diversificación de las tareas de los militares en Venezuela va desde distribuir alimentos hasta cultivar.

Pinamar: irregularidades en un centro médico que inauguró Scioli

Por Darío Palavecino - LA NACION
La Unidad de Pronta Atención se construyó sobre tierras privadas y tiene 58 empleados que no figuran en planta y reclaman su sueldo


El reclamo de los trabajadores de la UPA.Foto:LA NACION/Mauro Rizzi

GENERAL MADARIAGA.- Todo mal. O, por lo menos, nada como debería ser. La Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 19, a 1300 metros del cruce de las rutas 11 y 74, que marcan uno de los accesos a Pinamar, se inauguró con apuro en noviembre pasado en parcelas de un barrio privado donde aún no hay casas construidas. Tiene 58 empleados, a los que se les deben cinco meses de haberes y que ni siquiera figuran en los listados de la provincia porque la actual administración bonaerense tampoco tiene constancia de cómo y con qué fondos se ejecutó esa obra.

Los trabajadores, con apoyo gremial, se manifestaron ayer ante firmes versiones que daban cuenta de un posible cierre de este servicio, que sigue en funcionamiento pero sin recursos oficiales. La manifestación se dio casi en simultáneo con una reunión en Pinamar entre el intendente de ese distrito, Martín Yeza; su par de General Madariaga, Esteban Santoro; la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, y gremialistas para buscar una solución de fondo.

Se llegó a un acuerdo para que el establecimiento continúe con sus prestaciones, se regularice la relación de dependencia de todo el personal y se analice la posibilidad de potenciarlo a corto plazo para la atención de pacientes del resto de la región. También quedó explícito el compromiso de las autoridades de la cartera para iniciar un sumario y, si surgen pruebas, llevar este caso a la Justicia para que investigue posibles irregularidades de la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.

La UPA N° 19 se construyó a la vera de la ruta 74 sobre tierras del proyecto inmobiliario La Mansa, un barrio privado. Responde al formato de hospitales intermedios, con un plantel de 20 profesionales, tres consultorios externos, equipos de rayos y ecografía, shockroom, área de terapia intensiva y ambulancia para alta complejidad, elemental para una zona caracterizada por accidentes automovilísticos.

El acto de inauguración se hizo días después de la derrota de Scioli en el ballottage presidencial. Para ese entonces, durante las primeras semanas, el centro sanitario no tenía conexión de energía eléctrica ni agua. Desde esos días, su director es Gabriel González, que había sido secretario de Salud de la gestión municipal de General Madariaga que acababa de perder la elección.

El intendente de ese distrito, Esteban Santoro, habló ayer de "responsabilidades políticas". Destacó, por ejemplo, que el barrio privado La Mansa preveía cesión de parcelas para servicios públicos, entre ellos salud. "Pero la UPA N° 19 se levantó sobre un lote privado", precisó. Por eso no escatimó quejas sobre las desprolijidades en esta obra. "Mientras tanto, hay que encontrar una solución para no perder fuentes laborales y reconvertir el servicio de salud", insistió.

"A pesar de la falta de pago, aquí no se ha dejado de atender a la gente ni un solo día", explicaron a LA NACION los trabajadores. Señalaron incluso que la nafta para la ambulancia o la compra de productos de limpieza se hacen con dinero que sale de sus propios bolsillos o de terceros que colaboran.

Dirigentes del gremio estatal de ATE participaron ayer de la protesta con corte de ruta parcial. Acusaron al gobierno provincial de querer cerrar el establecimiento y reclamaron que continúe el servicio y no se pierda ningún puesto de trabajo. "La situación es compleja", advirtió a LA NACION Cristian Baliña, referente de ATE.

La ministra Ortiz confirmó que la UPA N° 19 continuará con sus servicios y regularizará la situación de todo su personal, condición fundamental para que puedan percibir los sueldos adeudados.

Yeza no sólo confirmó a LA NACION el acuerdo para mantener el servicio de salud pública para Pinamar y Madariaga, sino también la posibilidad de reconvertirlo, siempre con fondos provinciales. "Se abre una discusión para que el UPA, con aval de la gobernadora Vidal, pueda ser un hospital subzonal de acá a los próximos meses, con beneficios para toda la región", detalló el intendente.

Las 5 leyes que quiere el Gobierno para combatir la corrupción

Crédito: Adrián Escandar

Por: Federico Ibañez fibanez@infobae.com
El paquete contempla la introducción de la figura del arrepentido y una agilización del proceso para recuperar bienes. Ajustarán las penas por sobornos trasnacionales como guiño a la OCDE

Mauricio Macri pidió al Congreso aprobar leyes para fortalecer la transparencia y los órganos de control del Estado.Mauricio Macri pidió al Congreso aprobar leyes para "fortalecer la transparencia y los órganos de control" del Estado.

Mauricio Macri no ahorra esfuerzos para diferenciar su gestión de la que la antecedió. Pese al consejo de influyentes asesores, en su visita al Congreso esta semana optó por olvidar el manual que le recomendaba no escarbar en la "herencia" y pasó al ataque. En la Asamblea Legislativa esbozó un compendio de críticas y reproches, y planteó cómo pretende conseguir un giro.

La palabra corrupción se repitió en su discurso. No a modo de denuncia, sino como una forma de marcar distancias. La intención fue garantizar que su gobierno se ocupará de combatirla, lo que por oposición sugiere, de manera solapada pero evidente, que el kirchnerismo no lo hizo. Para eso, el Presidente exhortó a senadores y diputados a legislar para lograr "más control y transparencia".

El pedido de Macri no fue una frase al aire. El Ejecutivo tiene claro qué medidas pretende. Y también qué persigue con ello: es que más allá de tratarse de una decisión doméstica, hay un convencimiento de que el tema tendrá un impacto puertas afuera. Entienden que es un paso clave para su tan mentado objetivo de atraer inversiones.

"De aprobar estas leyes, el Congreso pondría a la Argentina en una situación como la de otros países de la región que han asumido que la transparencia y la lucha contra la corrupción es una política de Estado. Sin estas leyes vamos a seguir siendo calificados muy mal en los estudios internacionales de percepción de corrupción", apuntó a Infobae la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso. La funcionaria explicó que algunos de los proyectos son un requisito para aspirar a ingresar a la OCDE, un organismo internacional que el Gobierno considera la puerta de entrada para recuperar protagonismo en el tablero internacional.

La Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Alonso concentra por estos días la elaboración de esas iniciativas. La mayoría, por supuesto, requiere un trabajo conjunto con otras dependencias, como el Ministerio de Justicia, que debe dar su parecer en cada caso. De momento se les da forma a cinco proyectos.

Ley del arrepentido
El Gobierno pretende introducir esta figura para los casos de corrupción. Ya utilizada para temas como terrorismo o trata de personas, la herramienta apunta a facilitar a la Justicia los modos de ahondar en investigaciones a partir de información que pueda brindar un involucrado, que a cambio recibe algún tipo de beneficio. El proyecto está por ahora en fase de análisis. Los encargados de la preparación evalúan las alternativas que se aplican en distintos países.

La sola mención de que la medida está en agenda ya despertó resistencias en algunas filas de la oposición. En la OA confían en que podrán sortear los rechazos "morales" si consiguen explicar la utilidad para lograr un "fin mayor".

Recupero de activos
La posibilidad de extinguir el dominio de un bien que viene de un ilícito ya existe. Lo que intentará ahora el Ejecutivo es un camino para agilizarlo. ¿Cómo? Buscarán que se pueda recuperar antes de que haya una condena firme. En principio, la propuesta es que haya una vía judicial al margen del proceso penal. En otros países suele ser la Justicia civil la que lo encara, sólo apuntando contra el bien. Además de la OA, el proyecto es también es examinado en el Ministerio de Seguridad, ya que la intención es aplicarlo también a delitos de crimen organizado.

Soborno trasnacional
El propósito es ajustar la legislación para establecer instrumentos que no dejen huecos en este tema. Es que la OCDE obliga a tener normas que castiguen de manera efectiva eventuales coimas que traspasen las fronteras. Para eso se trabaja sobre dos medidas: por un lado hacer que las personas jurídicas tengan responsabilidad en casos de esa naturaleza (en la actualidad sólo se puede multar a personas físicas) y ampliar la jurisdicción de la justicia federal de manera que se pueda juzgar a un funcionario por un delito como ese cometido en el extranjero, independientemente de si reportó o no un efecto local.

Reforma de la Ley de Ética Pública
La prioridad de Alonso y su equipo es reforzar el régimen de presentación de declaraciones juradas que se volvió más laxo con una reforma instrumentada en 2013. En ese punto, se dará marcha atrás con las disposiciones que quitaron la obligación de informar los bienes de cónyuges.
En la "corrección" se aprovechará para establecer precisiones en cuando al protocolo de obsequios que reciben los funcionarios y también sobre eventuales conflictos de interés que en quienes ocupen cargos públicos.

Ley de acción de acceso a la información pública
Mencionada por Macri el miércoles en el Congreso, en el PRO la catalogan como una "deuda pendiente" desde antes de ganar las elecciones. Los detalles se trabajan en conjunto entre la OA y el Ministerio del Interior. En líneas generales, buscará regular la publicación de datos de los tres poderes para que los pueda consultar cualquier ciudadano y agilizar el camino de los petitorios.
Las normas se ven complementadas con otros planes que por ahora tienen una forma menos concreta. En ellos se inscriben los análisis para reformar el Código Procesal Penal en distintos aspectos y la idea de dar protección para quienes denuncian casos corrupción, sin estar involucrados.

El Congreso, con un panorama desafiante

"Va a haber más control y prevención, los jueces van a tener nuevas herramientas y va a mejorar el clima de negocios para traer inversiones. Y finalmente, pero no menos importante, debería aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones", prometió Alonso, quien apuntó que la sensación que por estas horas hay de Brasil a raíz de la citación a Lula por un caso de corrupción es "que las instituciones están respondiendo".

Las iniciativas no tienen un plazo para llegar al Congreso. El objetivo mínimo para este año es que se sancione la de ley de acceso a la información, pero las expectativas están en conseguir la aprobación de todas.

El camino no será fácil. El kirchnerismo, que tiene una presencia determinante dentro de las cámaras, ya adelantó sus reparos a algunas de las medidas. "Es un desafío que logremos convencer a sectores resistentes que estas cosas son lo mejor el país", dijo al respecto Alonso, quien consideró que "es la sociedad la que tiene que generar la presión" para que se traten. "Los partidos tienen que comprender que esta no es una discusión circunstancial o que le conviene a algún gobierno en particular. Le hace bien a la Argentina. Hay que superar los problemas de coordinación que impiden resultados", completó.

Macri junto a Das Neves anunció obras para Chubut

(Ambito.com) - En el marco de visitas al Interior, el presidente Mauricio Macri participó Chubut de la inauguración de la asamblea legislativa, convocado por el gobernador Mario Das Neves.

Luego escuchar el discurso del gobernador ambos dieron conferencia de prensa en la que se anunciaron obras para la provincia, según publica elPatagonico.


Entre las obras anunciadas para Chubut, el jefe de Estado destacó que Comodoro Rivadavia podrá contar con "la terminación del puerto, que va a ser muy importante porque va a ser una salida más". Luego agregó que "el tramo entre Comodoro y Caleta Olivia, que es otra obra pendiente que vamos a finalizar".

Además en un discurso fue breve y conciso, Macri dijo que "fue un honor haber compartido este momento tan especial con el gobernador". "Queremos que desde Chubut nos ayuden a empujar al Argentina para arriba, para que haya trabajo en todo el país", dijo.

Asimismo, aclaró que "Chubut debe ser unos de los grandes motores de crecimiento del país. Con Mario Das Neves estamos convencidos de que esto se puede lograr de la mano de la lana, la pesca el petróleo y las energías renovables". "Es injusto que el mundo no conozca las bellezas que hay en Chubut", aclaró.

Hasta anoche el Gobierno nacional siguió postergando la resolución que debe otorgar una compensación a las petroleras de la provincia por cada barril de crudo exportado, sobre este punto no hubo novedades hasta el momento. Para la administración de Macri, Das Neves está ignorando el acuerdo alcanzado a principios de febrero por el cual el Estado nacional aportaría u$s 7,50 del subsidio a las petroleras y la provincia otros u$s 2,50.

Según esa opinión, Das Neves se comprometió a bajar esa cifra de las regalías que percibe la provincia, pero el gobernador dijo que ese aporte tiene obras financiadas por el Tesoro como contrapartida y que éstas deben definirse primero. Este forcejeo, que se disimuló en la visita de hoy, concuerda con otros aspectos también confusos sobre ese acuerdo en el que estuvieron las petroleras, los sindicatos, Das Neves, y los ministros Rogelio Frigerio, Juan José Aranguren y Jorge Triaca.

Así, las empresas afirman que se comprometieron a mantener la actividad pero que habrá jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Sin embargo, por el momento no están reactivando todos los equipos prometidos e insinúan que los sindicatos tienen problemas para que los trabajadores acepten los términos del acuerdo. El miércoles, Das Neves sólo anticipó que luego de la asamblea legislativa, se va a trasladar con Macri a la Casa de Gobierno para "algunos anuncios" y se refirió a "3, 4 o 5 obras concretas". En rol de anfitrión, ni palabra sobre las desavenencias en energía, como finalmente sucedió.

Más temprano, Macri vistó la sede de la empresa de tecnología aplicada INVAP en la ciudad de San Carlos de Bariloche, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el empresario Gustavo Grobocopatel. En ese lugar el jefe de Estado celebró la unión entre empresas estatales y privadas para desarrollar nuevas tecnologías y abogó para que la asociación de esas firmas logren que la "inclusión avance en todo el país".

Tras presentar una sistema de monitoreo de cultivos en tiempo real elaborado por Invap y la compañía Los Grobo, el mandatario exhortó a otras firmas privadas a buscar alianzas con el Estado.

"Los argentinos tenemos con qué. Estas cosas tienen que pasarnos con más fuerza: creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en que si trabajamos juntos vamos a lograr objetivos, no importa si es una empresa privada o publica, o mixta, lo importante es el valor agregado y acá se da", afirmó Macri al encabezar un acto en la sede de Invap en Bariloche.

"Más de 40 años de investigación especializada y una empresa de agricultura se asocian y quieren invadir el espacio, en el buen sentido. Si no apostamos a esto no vamos a lograr que la inclusión avance en todo el país", sentenció el Presidente.

La plataforma bautizada Frontec es una aplicación desarrollada por esa firma los productores rurales pueden acceder a toda la información relevante sobre su campo durante las 24 horas y desde cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo móvil.

"Los argentinos tenemos con qué. Estas cosas tienen que pasarnos con más fuerza: creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades y en que si trabajamos juntos vamos a lograr objetivos, no importa si es una empresa privada o pública, o mixta, lo importante es el valor agregado y acá se da", afirmó Macri al encabezar un acto en la sede de Invap en Bariloche.

"Más de 40 años de investigación especializada y una empresa de agricultura se asocian y quieren invadir el espacio, en el buen sentido. Si no apostamos a esto no vamos a lograr que la inclusión avance en todo el país".

"Felicito a todos los que participaron, queremos ser parte del mundo, del siglo XXI, y estas cosas dicen: 'Argentina puede'. En estas semana vimos visitas de los principales líderes del mundo y las invitaciones internacionales", dijo, y recordó el acuerdo con el gobierno francés por otro convenio entre Invap y una empresa francesa y otro con el gobierno italiano.

"Sin duda, como decía Grocopatel, es el primer paso de la asociación y la posibilidad de producir alimentos y esta plataforma nos da la posibilidad de multiplicar varias veces lo que hacemos, cuidando el medio ambiente, para exportar más y acercarnos al mundo entero y especialmente los argentinos. Apostamos a que los Fostec se multipliquen", enfatizó.

Macri aterrizó este jueves poco antes de las 10 en Bariloche y fue recibido por el gobernador Alberto Wereltineck en la pista área. Desde allí, de trasladaron a Invap para recorre la planta. Luego, encabezaron un acto en el patio del Instituto, a espaldas del Lago Nahuel Huapi.

En ese marco, agradeció al mandatario y deslizó un mensaje a otros gobernadores en medio de la negociación con legisladores provinciales por la necesidad de aprobar en el Congreso el pago a los fondos buitres. "Queremos apoyar a Río Negro como a todas las demás provincias, trabajando en conjunto, con la misma camiseta, independientemente del partido político al que cual pertenezcamos, con la camiseta argentina. Gobernador cuenten conmigo y todo mi equipo las 24 horas del día", sostuvo.

Agregado: Según El Patagonico, la autovía Comodoro-Caleta y el puerto de esta ciudad entre los anuncios de Macri. Además, el financiamiento para terminar las obras en el puerto de Comodoro Rivadavia; el muelle de Madryn; remodelar el aeropuerto de Trelew y finalizar las autovías sobre la ruta 3 entre Puerto Madryn-Trelew, y Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia. Sobre el postergado proyecto de modernización del aeropuerto Mosconi, el ministro Frigerio sólo se limitó a decir: "todas las obras están en análisis". "Estamos trabajando y nos hemos puesto de acuerdo con el Gobierno provincial para primero terminar los puertos de Comodoro Rivadavia y Madryn, donde invertiremos 500 millones de pesos para reparar los pilotes que le dan salida a una de las producciones más importantes de la Argentina: la exportación de aluminio de Aluar", anunció Macri. El último anuncio fue la reactivación de las obras en el aeropuerto de Trelew, que "es otra puerta de entrada importante para la provincia, que pensamos terminarla en los próximos meses".

El Presidente expresó la necesidad de "recuperar los procesos de inversión en todo el país" y agregó: "quiero pasarles un mensaje, ya que están a los intendentes... lo que le cambia la vida a la gente, los que los hace crecer y progresar, es la inversión y no el gasto". "Todos tienen la responsabilidad que en sus presupuestos crezca todo lo posible lo que se invierte con los impuestos de la gente. Vivimos épocas donde hemos disfrazado, como dije en el discurso inaugural en el Congreso de la Nación, el desempleo con empleo público", sostuvo. "Eso ha sido a costa de no poder invertir en hacer las cloacas que faltan, el agua corriente, en el gas, en las rutas, los desagües, las escuelas. También genera trabajo, pero es trabajo del bueno, trabajo que agrega valor, un círculo virtuoso", expresó.
Das Neves le dijo: "la verdad Mauricio te lo agradezco enormemente y creo que lo están haciendo cada uno de los habitantes de la provincia del Chubut". "Somos una provincia con recursos importantes pero periférica; estamos muy lejos de todo, así que la presencia del Presidente fue muy bien recibida", agregó. Además, fingiendo ignorancia, el gobernador le señaló: "le doy la palabra porque por ahí nos trae algunos regalitos".

Lavado: EE.UU. suspendió su ayuda

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION - Es porque la UIF filtró información secreta el año pasado

Por segunda vez en apenas seis años, la unidad antilavado estadounidense (FinCen, en inglés) cortó todo tipo de colaboración con su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF). Tomó esa decisión tras verificar que la información confidencial que envió a las entonces autoridades del organismo en Buenos Aires, liderado por José Sbattella, terminó por filtrarse para otros fines.

La cooperación bilateral se cortó en junio de 2015, pero continúa vigente hasta hoy, según reveló ayer el propio gobierno de Estados Unidos al presentar su Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, en inglés).

La FinCen, precisó ese informe, "suspendió el intercambio de información con la UIF debido a la difusión no autorizada [de información] de inteligencia por parte de la Argentina que la FinCen había compartido con la UIF", y anticipó que Washington evalúa sus "próximos pasos" ante lo que definieron como una "ofensa seria". Ese mismo informe, elaborado por el Departamento de Estado, recordó que no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidente bilateral: "La primera suspensión ocurrió en julio de 2009, y se prolongó durante tres años y medio".

En aquella ocasión, el cortocircuito se produjo cuando información que la FinCen había enviado a la unidad antilavado local sobre el empresario y candidato opositor Francisco de Narváez se publicó en el diario oficialista Página 12, según reveló entonces LA NACION. "Lo de De Narváez fue un error que nos excomulgó", reconoció entonces a LA NACION una fuente oficial al tanto de lo ocurrido entre ambos países, que calificó como "cortocircuito".

La UIF se encontraba entonces liderada por Rosa Falduto, quien se marchó del organismo sin lograr que se restableciera la cooperación con la FinCen a través de la red internacional Egmont que comparten las unidades antilavado de todo el mundo para intercambiar información sensible. Tras la renuncia de Falduto, Sbattella asumió al frente de la UIF. Pero de inmediato comenzó a acumular denuncias penales por la supuesta manipulación política del organismo.

Tras tres años y medio de esfuerzos, sin embargo, Washington aceptó restablecer su cooperación con Buenos Aires para combatir el lavado, lo que ocurrió entre fines de 2012 y principios de 2013, lo que Sbattella consideró un logro de su gestión.

En junio de 2015, sin embargo, una nueva filtración terminó con la buena voluntad estadounidense. Más aún, el Departamento de Estado informó ayer que Estados Unidos califica lo ocurrido como una "ofensa seria" y que "la FinCen evalúa sus próximos pasos".

En ese sentido, el nuevo titular de la unidad antilavado local, Mariano Federici, planea viajar a Washington el lunes próximo. Se reunirá con las autoridades de la FinCen para, una vez más, limar asperezas y prometer que que, con el nuevo gobierno, esas filtraciones no se repetirán.

"Si la Argentina pretende combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, no contar con la cooperación de Estados Unidos, ni disponer de su inteligencia financiera, es un «handicap» enorme", planteó una alta fuente oficial argentina.

La desconfianza norteamericana, sin embargo, excede esa filtración. También alcanza a la capacidad del Estado argentino de aplicar sus leyes, combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo, dadas las "deficiencias sistémicas" del Poder Judicial y la "corrupción institucionalizada", entre otras críticas del informe.

El reporte también expuso la aplicación selectiva de las herramientas antilavados por el gobierno kirchnerista. Sostuvo que la UIF aplicó sus herramientas para capturar "terroristas", los que en su mayoría eran "ex miembros de la junta militar". Pero, mientras tanto, "la Argentina no usó su régimen contra el financiamiento del terrorismo para perseguir casos de terrorismo internacional".

¿Cuáles son los acuerdos que firmaron Argentina y Francia?

(Casa Rosada) - Los presidentes de la Argentina, Mauricio Macri, y de Francia, François Hollande, firmaron acuerdos bilaterales en cultura, seguridad, justicia, defensa, ciencia, energía nuclear y agroindustria.


Acuerdos

- El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y el presidente Director General del Institut de Recherche pour le Développement, Jean-Paul Moatti, suscribieron un memorándum de entendimiento para la Cooperación Científica y Técnica, área en la que ya existe colaboración desde hace medio siglo.

- El Gerente General y CEO de INVAP, Héctor Otheguy, y la Presidente-Directora General de AREVA TA, Carolle Foissaud, acordaron preparar y presentar una oferta de construcción de un reactor en Sudáfrica.

- La canciller Susana Malcorra firmó con el ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia, Jean-Marc Ayrault, una carta de intención de cooperación en Seguridad y Justicia.

 Ese acuerdo busca generar una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el control de puertos y cargas, a través de acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Altos Estudios de Seguridad y Justicia de Francia, y de adquirir equipamiento para modernizar las fuerzas de seguridad argentinas.

- Malcorra y Ayrault suscribieron también una declaración sobre Cooperación Cultural, Científica y Tecnológica, en la que ambos gobiernos se comprometen a fortalecer el trabajo conjunto en los ámbitos de la cultura, la enseñanza superior, la investigación y la innovación, tomando en cuenta la protección del medio ambiente, la articulación entre el sector educativo y productivo y la integración regional.

- El canciller francés refrendó también el marco de cooperación en el ámbito de Defensa con el ministro del área, Julio Martínez, que prevé la realización de consultas estratégicas sobre cyberdefensa, formación de contingentes para operaciones de paz, y avance en la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

- A su vez, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, selló con el canciller Ayrault la intención de coordinar acciones para promover la agricultura familiar y sustentable, la seguridad alimentaria, el agregado de valor, la cooperación sanitaria y fitosanitaria.

Quién es el funcionario detenido por transportar 50 kilos de cocaína

(Perfil.com) - Pedro Ramón Bareiro era asesor del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Tras el accidente, fue desplazado.


La camioneta involucrada en el escándalo. | Foto: Télam

Luego de que volcara su camioneta Toyota Hilux en la ruta 11, en la que viajaba junto a su mujer y su hijo, Pedro Ramón Bareiro fue detenido cuando los policías que lo ayudaban encontraron 50 kilos de cocaína dentro del vehículo.

Bareiro ha tenido varios cargos en la política, por lo que ahora se investiga una posible connivencia con el nacotráfico. Su último puesto fue como asesor en el ministerio de Economía de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán.

Pero tras el escándalo, el gobierno formoseño decidión pasar a "situación de inactividad" al hombre envuelto en el escándalo.

El Ministerio de la Secretaria General del Ejecutivo provincial ordenó, a través de la resolución 326, instruir diligencias sumariales tendientes para determinar la vinculación de Bareiro con la droga secuestrada tras el vuelco del vehículo, informó La Nación.

Curriculum. Durante las últimas elecciones, se postuló como concejal de Clorinda por la agrupación 17 de Octubre, apoyada por el Frente para la Victoria, pero no logró llegar al cargo.
Su hermano se desempeña como jefe Penal de Clorinda, y Bareiro, a su vez, forma parte dle círculo íntimo de Miguel Ángel Mayans, senador por Formosa. Además, en la página oficial del gobierno de Formosa aparece como Comisionado del Área de Frontera de Clorinda.
Al mismo tiempo, en las elecciones en las que llegó al cargo el actual intendente de la capital formoseña, Manuel Celauro, ocupó un lugar en la lista de concejales y hoy es el primer suplente de Fermín Caballero.

El vehículo en el que circulaba se encuentra a nombre de Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, informaron desde el ministerio de Seguridad provincial.

Formosa dispuso la inmediata "situación de inactividad" de Bareiro hasta tanto se aclare su situación judicial.

El tiempo es veloz en la Casa Rosada

Por Jorge Liotti - LA NACION
El presidente Mauricio Macri instrumentó esta semana un abrupto cambio de estrategia. Pasó de una lógica estructural de mediano y largo plazo, propia de un mandatario que tiene la aspiración de cambiar el modo de hacer política, a una lógica más coyuntural guiada por la urgencia de exhibir resultados en el corto plazo.


Tres datos ejemplifican este viraje. La abrupta salida de Graciela Bevacqua del Indec por la necesidad de apurar la difusión del índice de precios fue la primera señal. El Gobierno aceptó pagar el costo político de una nueva crisis en el organismo a cambio de neutralizar el efecto negativo que estaba provocando la proliferación de datos no oficiales.

El segundo caso fue la suba salarial que ofreció el ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la paritaria nacional docente. En sólo dos días de negociación llegó a ofrecer un aumento del 32%, lo cual tuvo varias consecuencias. Diluyó el tope del 25% que el propio Gobierno se había fijado, alarmó a los gobernadores que debían ajustarse a ese mínimo (incluida María Eugenia Vidal, que vio cómo se le complicó su propia negociación) y encendió las ilusiones de los gremialistas.

El anuncio de ayer de la suba del piso de Ganancias es la otra expresión de esta nueva fase, ya que estaba previsto para marzo y se aceleró para reencauzar las paritarias y neutralizar el efecto social negativo de la persistente inflación. La premura quedó en evidencia en las invitaciones giradas a último momento a gobernadores y líderes sindicales y en ciertas desprolijidades en la presentación.

"Durante el fin de semana el Presidente se convenció de que, sin perder los ejes centrales de su gestión ni la aplicación gradual de las políticas económicas, debía dar señales claras para impedir que se instalara un mal clima social que después le fuera muy difícil revertir." Un integrante del Gobierno explicó de este modo la aceleración que Macri reclamó a sus funcionarios cuando vio que la inflación se había arraigado con fuerza en la agenda pública.

El macrismo entiende el diálogo como la vía apropiada para la construcción política, a diferencia del estilo confrontacional del kirchnerismo. Por contraste, hasta ahora obtuvo muchos réditos simbólicos. Macri y sus ministros se reunieron con gobernadores, opositores, gremialistas e intendentes, postales que la anterior gestión les había negado hasta a sus propios legisladores. De este modo obtuvo progresos políticos significativos y generó canales fluidos con una parte del peronismo y del gremialismo. En algún momento del verano el Gobierno se sintió cómodo con el ritmo cansino de los gestos de acercamiento con promesas de cooperación a futuro. La estética de la mesa había reemplazado a la del atril, y eso era bien recibido por la sociedad.

Pero las urgencias que no generó la salida del cepo las provocaron la suba de precios, las demandas de los gremios y cierta apatía empresarial. Macri tomó nota y demostró que es esencialmente pragmático y que no piensa quedar atado a sus grandes objetivos si corren riesgos por grandes urgencias. En la Casa Rosada el tiempo corre velozmente.

Los 10 ejes de la política exterior argentina, según Susana Malcorra

La canciller dialogó con Joaquín Morales Solá en Conversaciones en LA NACION y destacó las prioridades del país en la agenda internacional


A poco más de dos meses de haber jurado como ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, la canciller Susana Malcorra , quien ha acompañado al presidente Mauricio Macri en su objetivo de reinsertar al país al mundo en la primera etapa de su presidencia, estuvo presente en Conversaciones en LA NACION para dialogar con Joaquín Morales Solá sobre los desafíos en medio de un difícil contexto económico internacional y luego de 12 años de gestión kirchnerista.

Malcorra, quien se desempeñó desde 2004 como directora de Operaciones y directora Ejecutiva Adjunta del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y desde 2008 como secretaria general adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno del mismo organismo, destacó las prioridades de su gestión como canciller para retomar con madurez la agenda internacional del país.

A continuación, los 10 ejes de la gestión de Susana Malcorra como canciller, que se desprenden de la conversación con Joaquín Morales Solá:

• "Volver a nuestro rol histórico de estar presentes en todos los foros y tener relación con todos. Es importante mantener nuestro rol de puente de construcción y solución de problemas, con un diálogo maduro y sin dejar a nadie afuera de nuestro tablero."
• "Tener una medida exacta de cuáles son nuestras capacidades y determinar dónde podemos efectivamente jugar un rol muy activo y positivo desde lo bilateral, salvo aquellos lugares en los que haya alguna ruptura de democracia y [con los] que queramos tener distancia."
• "Tratar de plasmar nuestra presencia en la ONU, la OEA, el Mercosur, la Unasur, la Celac, estableciendo una política de integración y apertura."
• "La prioridad es la eliminación de la pobreza, porque el área de comercio e inversión es sobre la cual podemos conseguir oportunidades de empleos sustentables: producción, agroindustria."
• "Narcotráfico: plasmar acuerdos con países limítrofes y aquellos que nos puedan ayudar con tecnología, información y capacitación, y [también con] organismos multilaterales como Naciones Unidas."
• "Maximizar las oportunidades del deporte, la cultura y el turismo."
• "Construir una relación inteligente y madura con EE.UU. Pensarse como país no teniendo una relación con la primera potencia del mundo es una oportunidad perdida. Pero de ahí a entregarse incondicionalmente es algo que no debemos ni podemos hacer. Tenemos que encontrar una serie de temas de agenda común, acordando que hay temas en los cuales no nos vamos a entender."
• "Avanzar en la agenda [con Gran Bretaña] sobre el tema Malvinas. Hay que encontrar esquemas mutuamente avanzables para las partes."
• "Atraer flujos de inversión. Argentina se presenta como una opción que puede atraer inversión en medio de un prólogo de crisis."
• "[Impulsar] la gestión de un Estado inteligente para la gente, pero no necesariamente hacedor de todo."

Avanza la purga contra Echegaray: desplazan a la jefa de la Aduana en Ezeiza

Por Nicolás Pizzi - Clarin.com
Andrea Muñoz resistió durante el verano, pero tuvo que dejar su cargo. El ex titular de la AFIP respondió con una cadena de nombramientos en la AGN.

La purga contra Ricardo Echegaray no cesa en el gobierno de Mauricio Macri. En las últimas horas, el nuevo jefe de la Aduana, José Gómez Centurión, decidió desplazar a una abogada que debía fiscalizar el tráfico en el aeropuerto de Ezeiza. Se trata de Andrea Muñoz, hija de un capitán de navío amigo de Echegaray. La resolución oficial, según pudo saber Clarín, se publicará esta semana en el Boletín Oficial. La “limpieza” contra el ex jefe de la AFIP alcanza a otro de sus hombres de confianza, Daniel Santanna, un hombre que monopolizó los negocios aduaneros en los últimos años gracias a sus vínculos con Jaime Stiuso, a quien catalogó como un “amigo” en una causa judicial.

Muñoz resistió durante todo el verano. Primero se tomó unas vacaciones para las Fiestas, y nuevamente en enero sumó unos días de descanso. Aunque la resolución aún no es oficial, en los hechos ya fue desplazada y recalará en el área de Legales. En su lugar estará Gustavo Curatolo, responsable de la Aduana de Rosario.

En Ezeiza también operaba Damián Sierra, el aduanero que terminó manejando la camioneta que sacó a Stiuso del país. Fue desplazado cuando el diario Clarín reveló que tenía una posada y sociedades en Brasil, un caso aún investigado por la Justicia.

Otro que ya sufrió los efectos del fin del mandato de Echegaray es Santanna, ex director general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, un cargo con enorme peso en la Aduana. “Su destino está en una oficina de la DGI de La Plata”, confirmó a este diario una alta fuente oficial.

Otros laderos históricos de Echegaray recalaron en la Auditoría General de la Nación. Mediante la disposición número 1 de 2016, la primera que firmó en su nuevo cargo, designó al ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, en el cargo de Secretario Ejecutivo de Presidencia (de la AGN) y a Silvana Quinteros, ex directora nacional de Seguridad Social, en la Oficina de Actuaciones Colegiadas.

Mediante la misma resolución, a la que accedió Clarín, Echegaray designó a otros dos hombres de AFIP: Julian Coronel y Roberto Ceferino Propato. En el artículo 10 de esa norma se aclara que “todos los gastos que demande la aplicación de la presente se imputará a las partidas correspondientes del presente presupuesto de la Auditoría General de la Nación”.

Michetti encontró más irregularidades de Boudou en el Senado

Por Gustavo Ybarra - LA NACION

Detectaron la cesión de fondos millonarios al gremio legislativo y hasta un empleado que vive en Australia; estudian presentar una denuncia penal

A poco más de dos meses de haber asumido, las autoridades del Senado siguen descubriendo irregularidades de la administración de Amado Boudou al frente de la Cámara alta. Los nuevos datos se suman a los más de 2000 pases a planta permanente, muchos de ellos sin siquiera haber revistado como personal transitorio, firmados por el ex vicepresidente en su último año de gestión.

Cuando todavía faltan algunos días para tener los resultados de las auditorías que solicitó, la vicepresidenta Gabriela Michetti encontró varios casos que podrían derivar en denuncias judiciales.

Además del hallazgo de un empleado del Senado que vive en Australia, las irregularidades incluyen la cesión de un millonario fondo, en este caso por resolución conjunta con el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, a la Asociación del Personal Legislativo (APL) para ser utilizado bajo el concepto de "ayuda social" sin obligación de rendir cuentas sobre uso o destino.

A esto se suma la sorpresa que se llevó la flamante directora de Prensa de la Cámara alta, Paula Schuster, al descubrir que Senado TV es una marca que está en manos de un privado, al que se le tercerizaba la gestión del canal que transmite las sesiones y alternativas de la actividad del cuerpo. Según afirmaron a LA NACIÓN fuentes allegadas a Michetti, la vicepresidenta considera que las irregularidades exceden el plano administrativo y configuran delitos.

"Senado TV no es un canal, ni una señal, pero gastó 126 millones de pesos el último año", afirmó Schuster, en diálogo con LA NACIÓN. La funcionaria aclaró sus palabras: "Digo que no existió porque la producción estaba en manos de una empresa privada, o intervenían otras producciones para la realización de programas de cocina, sobre la política asiática o de entrevistas a artistas, entre otros".

Lo complicado de este nuevo caso de irregularidades detectadas es que los programas se realizaban con recursos del Senado, que pagaba los insumos y los salarios del personal que hacía los programas (camarógrafos, locutores, conductores y productores).

Sin embargo, la Cámara alta le pagaba un canon mensual a una firma, supuesta propietaria de la marca "Senado TV".

"La empresa aportaba tres cámaras, pero el resto del personal es del Senado", agregó Helio Rebot, secretario administrativo de la Cámara alta.

Según el funcionario, el contrato "estaba vencido hace muchos años" y la Cámara alta lo pagaba "por el sistema de legítimo abono, contra presentación de las facturas, lo cual equivale a una contratación directa pero sin la necesidad de cumplir con requisitos o condiciones".

Otro caso de erogaciones millonarias sin demasiado control es la resolución conjunta de ambas cámaras legislativas, firmada en junio del año pasado, que le entrega a los gremios con representación en el Congreso (APL, UPCN y ATE) el equivalente al 2% de la masa salarial que perciben sus afiliados para ser destinado a "ayuda social". Según estimó Schuster, la suma involucrada asciende a unos 160 millones de pesos anuales. La resolución de esta decisión llevó la firma de Boudou y de Domínguez pero no establecía ningún tipo de rendición de cuenta salvo que el aporte "será mensual, móvil y distribuido en forma proporcional a la cantidad de afiliados que posee cada Asociación Sindical".

Estas asociaciones sindicales sólo debieron informar a las autoridades de ambas cámaras legislativas la cuenta bancaria en la cual depositar el aporte.

Pasajes y adscripciones

El área donde más claro se ve el desorden adminsitrativo dejado por el kirchnerismo en su paso por el Senado es el del personal, donde el número de empleados de la Cámara explotó en los últimos años para pasar de los casi 2000 permanentes que dejó Julio Cobos tras su gestión a los 4900 que recibió Michetti en diciembre, cuando Boudou dejó de manejar la Cámara alta.

Como muestra de este crecimiento de los empleados estatales de la Cámara alta, las autoridades del Senado citan el caso del área encargada de emitir los pasajes aéreos para legisladores y funcionarios.

"Encontramos una estructua sobredimensionada de 50 empleados que se encargaban de la emisión de pasajes. Si se tiene en cuenta que hay 72 senadores y que los que representan distritos próximos a la Capital no usan pasajes, estamos muy cerca a una relación de un empleado por senador", afirmó Schuster.

En el proceso de reordenamiento de personal que se dispuso hacer el nuevo gobierno en todo el Estado, Michetti ordenó realizar a la vez una evaluación de más de 300 casos de adscripciones (empleados del Senado que cumplen funciones en otras dependencias públicas, nacionales o provinciales) y de comisiones de servicio (personal que cumple tareas fuera de la Cámara alta).

En esta tarea, los nuevos funcionarios de Personal se encontraron con un caso por demás llamativo: cuando trataron der contactar a un empleado que figuraba cumpliendo una adscripción, se sorprendieron al enterarse de que la persona en cuestión se encuentra viviendo en Australia. Las autoridades aún intentan determinar si están ante un típico caso de empleado "ñoqui" o si se trata de una defraudación y un tercero cobraba ese sueldo.

Los resultados de las auditorías que encargó Michetti estarían listos para fin de esta semana. Todo indica que dejarán al descubierto la verdadera "herencia" de la gestión Boudou.

La herencia de Boudou

A pesar de que no se terminaron las auditorías, ya se hallaron numerosas irregularidades

4900 Empleados - Michetti se encontró con 4900 empleados permanentes. Cobos había dejado 2000

Pases a planta permanente - Si bien las auditorías encargadas por Gabriela Michetti no están listas, ya se encontraron varias irregularidades. La primera de ellas fue el pase a planta permanente de más de 2000 personas que hizo Amado Boudou en su último año en el Congreso

300 adscripciones - Se evalúan casos en los que empleados del Senado trabajan en otras dependencias

Un empleado en Australia - Uno de los hallazgos más curiosos que dejó el paso del ex vicepresidente Amado Boudou por el Congreso es la existencia de un "empleado" del Senado que actualmente vive en Australia.

$ 126 millones - Se estima que el Gobierno invirtió ese monto proveniente del presupuesto del Senado

Senado TV - La flamante directora de Prensa de la Cámara alta, Paula Schuster, descubrió que Senado TV es una marca que está en manos de un privado, que se encargaba de la gestión del canal y su transmisión.

$ 160 millones anuales - Es lo que costaba la "ayuda social" para los sindicatos. No había rendición de cuentas

Fondos para los gremios - Con el aval de las dos cámaras, el Congreso autorizó erogaciones millonarias de fondos destinados a los gremios con representación en el Parlamento en concepto de "ayuda social". El monto equivale al 2% de la masa salarial que perciben los afiliados.

Dan de baja un contrato millonario para el manejo de un sitio oficial y sigue el misterio por @CaraRosadaAr

Por Maia Jastreblansky - LA NACION - El Gobierno rescindio un contrato de $2,1 millones para diseñar un sitio desconocido otrorgado por la gestión de Cristina Kirchner; aseguran que el Twitter del kirchnerismo era tercerizado

Gastos innecesarios, "desprolijidades" y contratos caros para servicios desconocidos. Así se manejaban las redes sociales oficiales y los sitios del Gobierno durante el kirchnerismo, según el panorama que describió el equipo que ahora responde a Mauricio Macri . La nueva gestión decidió dar de baja convenios y reordenar el manejo de las redes, un servicio que había sido en buena parte tercerizado por la administración de Cristina Kirchner .

La Subsecretaría de Vínculo Ciudadano, el nombre que se le dio al nuevo staff que manejará los activos digitales de la Casa Rosada, decidió dar de baja un contrato heredado de la gestión anterior que le otorgaba $175.000 pesos por mes, durante un año, a una agencia para el diseño y mantenimiento un sitio nacional de escasa difusión. El beneficiario de aquel abultado contrato era la agencia SG2, que pertenece al hijo de Doris Capurro, la ex vicepresidenta de Comunicación y Relaciones Institucionales de YPF.

SG2 es una firma dedicada al marketing digital, al diseño de páginas web y a las estrategias en redes sociales. Tiene entre otros clientes a ArBus, el ómnibus que depende de Aerolíneas Argentinas, y a la Agencia de Seguridad Vial. En su perfil de Linkedin, Santiago Capurro figura como "fundador y director" de SG2. De acuerdo al sitio de investigación Eliminando Variables, los Capurro también se habían encargado de crear los sitios www.cristinakirchner.com y www.danielscioli.com para la campaña de 2007.

"Querían crear argentina.ar, un sitio para difundir noticias del país. Pero nunca funcionó, no llegaba a las 10 mil visitas semanales", describieron desde Casa Rosada a LA NACION. El contrato, celebrado por un total de $2,1 millones, fue otorgado por la secretaría de Comunicación Pública era por doce meses y estaba vigente hasta marzo de este año.

El caso @CasaRosadaAr

Un misterio sigue siendo el manejo en Twitter de @CasaRosadaAr, la cuenta que actuaba como oficial, pero que se reconvirtió en un usuario militante y reivindicatorio de las políticas kirchneristas a partir del 10 de diciembre último.


"Sólo nos informaron que Ana Montanaro tenía manejo de forma externa de las cuentas relacionadas a Cristina Kirchner y de @CasaRosadaAr, pero nunca encontramos el contrato", señalaron desde Casa Rosada. "Descubrimos que esa cuenta en Twitter tenía inversión publicitaria, es decir que utilizaron fondos del Estado para promocionar una cuenta que después se llevó un privado", agregaron.

La gestión de Cristina Kirchner nunca quiso dar datos sobre el manejo de la polémica cuenta. Ante un pedido de información pública que cursó LA NACION, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández respondió con una nota que llevaba su firma que indicaba que @CasaRosadaAr se utilizaba "para hacer conocer políticas públicas". Sobre su manejo, el ex ministro kirchnerista jugaba al misterio e indicaba que no podía dar mayores detalles dado que su uso se ajustaba "a las arbitrariedades propias de las mencionadas redes sociales", que no son objeto del decreto 1172/03, que regula el derecho a la información pública.

De esta manera, al mismo tiempo que Aníbal Fernández reconocía a la cuenta, no permitía que sean de público conocimiento las personas contratadas para esta acción de comunicación supuestamente oficial.

Ahora que se hizo de los usuarios y las contraseñas, el macrismo pretende darle una lavada de cara a la comunicación oficial. Dejarán activo al canal de YouTube de la Casa Rosada y no mucho más. Pero entre otros dieron de baja al sitio de prensa donde el ex secretario de Presidencia Alfredo Scoccimarro hacía muchos de sus anuncios.

"Había una multiplicidad de sitios que no tenían coherencia con un costo de mantenimiento alto. Se tercerizaba sin necesidad, porque existía un equipo que trabajaba desde la casa de gobierno", se quejaron.

El macrismo ya puso en marcha su estrategia en las redes sociales. Buscan, por ejemplo, descontracturar la imagen de Mauricio Macri, con fotos como las de el perro Balcarce en el sillón de Rivadavia o la visita de Antonia al despacho presidencial. Además, lanzaron la serie #RosadaResponde, donde los ministros explican en formato "selfie" distintas medidas gubernamentales, con piezas que duran 60 segundos.

Es que, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri saben que las redes sociales son una pieza clave para el éxito comunicacional del gobierno.

Un primer gran paso para la autonomía porteña

Por Facundo Suárez Lastra - LA NACION

El acuerdo suscripto entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la transferencia de las funciones metropolitanas de la Policía Federal con su respectivo personal y recursos es un primer gran paso en la concreción de la autonomía para la ciudad. Obtiene así su gobierno la posibilidad de hacerse cargo plenamente, como lo hacen hoy todas las provincias, de una de las funciones esenciales del Estado: proveer seguridad.

Sin embargo, en el marco de la negociación entre el Gobierno y algunas provincias por la restitución del 15% de los fondos coparticipables, este acuerdo ha sido cuestionado por algunos gobernadores. Hasta se ha dicho que implica un "avance brutal" sobre el federalismo y un favoritismo indebido. Lejos de ser un acto arbitrario, es una acción legítima y justa que beneficia tanto a los vecinos de la CABA como a los de la provincia de Buenos Aires y del resto del país que ingresan a diario en la ciudad. La unificación bajo el mismo comando jurisdiccional de lo que fue el área de comisarías de la Policía Federal y del que es la Policía Metropolitana permite un servicio cooperativo en materia de seguridad que beneficia a los tres millones de porteños y a los casi tres millones de vecinos del conurbano que ingresan a diario en la ciudad. Seis millones de personas se benefician con esta decisión que permitirá superar los roces y dificultades que se produjeron en estos años de superposición de competencias entre dos fuerzas policiales en un mismo territorio.

La seguridad de la ciudad que cumple funciones de centro de una región con casi 13 millones de personas y que además es capital de la República concierne al mejor funcionamiento del país. Debió hacerse mucho antes, pero lo impidió la desconfianza que generaba en las autoridades nacionales el hecho de que un gobierno de otro signo en la ciudad se hiciera cargo de la seguridad, nada más y nada menos, donde se asientan los poderes federales.

El marco de confianza y buena fe hoy permite hacerlo. La Policía Federal mantiene todos los medios que le permiten cumplir sus misiones federales, entre ellas la custodia y vigilancia de los bienes en el ámbito de la ciudad afectados al cumplimiento de las funciones de los tres poderes del Estado nacional. Es muy bueno también que por primera vez se haga una transferencia de servicios a la CABA con la asignación de los recursos, tal cual lo prevé expresamente la Constitución Nacional. La Nación lo ha dispuesto de sus recursos propios dentro de la masa que le corresponde por la coparticipación federal como distribución primaria, sin afectar en modo alguno a ninguna provincia, cuyos porcentajes de coparticipación no han sido modificados. Desde el punto de vista económico, nada les sacan la Ciudad ni la Nación a las provincias; al contrario. El Estado nacional empieza a tener una relación equitativa con la ciudad de Buenos Aires, a la que ha venido despojando de recursos propios desde hace décadas.

La ciudad de Buenos Aires genera más de la cuarta parte de los impuestos coparticipables y solamente recibía hasta ahora 1,47 puntos de coparticipación, además de ser acreedora del Estado nacional por servicios de educación y de salud transferidos sin partidas, como lo prevé la Constitución, en los últimos 35 años, primero durante la dictadura y luego durante la presidencia de Carlos Menem. Algunos números para que esto quede claro: la Ciudad tiene ingresos por 110.000 millones de pesos anuales, de los que el 93,45% son de recaudación propia, y hasta ahora recibió sólo el 1,47% de los fondos coparticipables. Tierra del Fuego recibe 33.500 pesos por habitante; la hasta ahora privilegiada Santa Cruz, 26.200; Santa Fe y Córdoba, que tienen un número de habitantes similar a la CABA aunque mayores necesidades debido a su extensión territorial, 11.100 y 10.400 respectivamente. Buenos Aires recibe sólo 2800 por habitante.

Los últimos años han sido los más unitarios en lo que a la distribución de recursos entre Nación y provincias se refiere. El gobierno federal se ha quedado con el 75% de los recursos coparticipables, cuando en 1988 su porcentaje era del 42,33%. Es evidente desde esta perspectiva que pasar la coparticipación de la ciudad del 1,47% al 3,75% con la correlativa disminución de la parte que se queda la Nación es un avance dentro del federalismo y la equidad de la distribución de los recursos fiscales. El monto transferido para atender la transferencia de funciones de la Policía Federal será de 14.500 millones de pesos, que son lo que actualmente gasta la Nación para este objeto. Sumados a los 9200 millones de coparticipación que ya se perciben hacen una suma de 26.700 millones. Esto no alcanza a compensar ni siquiera la mitad de los 59.900 millones de pesos que la Ciudad gasta en los servicios transferidos sin recursos en las áreas de seguridad, justicia, educación y salud.

Al margen de lo que ya se ha dicho en materia de seguridad, en todas estas áreas, y especialmente en salud, donde el gasto es de 23.277 millones de pesos por año, cerca de la mitad de los pacientes provienen de la provincia de Buenos Aires y en los casos de hospitales de alta complejidad se atienden pacientes de todo el país, lo que expresa la solidaridad de la Ciudad para con todos los argentinos.

Este primer gran paso debería completarse con un proceso de reforma institucional que permita superar los costos de la fragmentación a nivel metropolitano y mejorar la efectividad de la acción de las distintas jurisdicciones y agencias estatales. Ésta es una gran oportunidad para que la Nación, la ciudad y la provincia empiecen a saldar deudas institucionales impostergables en materia de integración metropolitana. Por eso, el Congreso tiene también la oportunidad histórica de tratar y sancionar una ley de fondo de coparticipación federal que termine con las arbitrariedades en la asignación de estos recursos.

El futuro inmediato de nuestro país depende en mucho de la actitud patriótica y colaborativa que inspire al Gobierno y a las distintas jurisdicciones provinciales y municipales para encontrar caminos que permitan el progreso y desarrollo de nuestros pueblos. Las reuniones del gobierno nacional con los gobernadores y las rectificaciones resueltas son auspiciosas en este sentido. Los tiempos de los malentendidos en este tema deben ser superados. El diálogo, la buena voluntad y la mirada puesta en el futuro son el camino.

Macri designó a un abogado que trabajaba en el FMI al frente de la unidad antilavado

(La Nación) - Se oficializó hoy el nombramiento de Mariano Federici como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera


Federici tiene 42 años y se desempeñaba como abogado en el FMI. Foto:Archivo

Mauricio Macri completó hoy la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar delitos relacionados al lavado de dinero, luego de la salida del kirchnerista José Sbatella. El nuevo titular de la UIF es Mariano Federici, un abogado que se desempeñaba hasta ahora en el Fondo Monetario Internacional. El decreto 233/2016, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, designa a Federici como titular y a María Eugenia Talerico como su segunda.

Con la firma del decreto finalizó un proceso de avales y objeciones que LA NACION dio cuenta a principios de enero. Federici y Talerico habían sumado al 6 de enero más de 200 avales y 25 objeciones. Luego hubo una audiencia pública para evaluar los antecedentes de los candidatos, dar voz a quienes deseen aportar información adicional y para que los candidatos expongan sus visiones y defensas.

Abogado senior del FMI

Federici, de 42 años, era abogado senior en el departamento jurídico del FMI, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera. Cursó abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, en el FMI ha cumplido tareas de asesor regional para Latinoamérica y Caribe.

Entre sus múltiples funciones en el organismo financiero internacional coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay. Además en sus antecedentes laborales, entre septiembre de 2001 y junio de 2002 fue asociado extranjero y miembro del Grupo para Latinoamérica en Sullivan-Cromwell, New York, participando en ofertas públicas y privadas de compañías extranjeras en Estados Unidos.

Contribuyó en ofertas públicas de deuda soberana en Estados Unidos y participó en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones y financiamientos de proyectos. Es consejero externo de la Fundación para la Investigación en Inteligencia Financiera, miembro del grupo de Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales (CARI).

Por su parte, Talerico, de 44 años, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, trabaja de modo independiente y está especializada en práctica a los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general. Es una de las fundadoras de la agrupación Será Justicia.

Talerico desde 2006 hasta 2012 trabajó en el estudio "Fernández Alonso-Becar Varela & Richards", entre otros grupos de abogados. Y el año pasado fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito académico se desempeña como profesora jefe de trabajos prácticos en la cátedra de derecho penal de la Universidad de Belgrano.

Con el acceso al crédito, el Gobierno lanzará un plan de obras públicas

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Buscará resolver problemas de inundaciones, vivienda y agua potable; esperan un fuerte ingreso de capitales tras el fin del veto de EE.UU.

Luego de su paso por Davos y de la luz verde de los Estados Unidos para destrabar créditos de los organismos internacionales, el presidente Mauricio Macri resolvió acelerar un plan de obras públicas, que tendrá como prioridad resolver los problemas de las inundaciones, el hábitat, los ferrocarriles, la vivienda, el suministro de agua y algunos proyectos viales.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes del gobierno de Macri, el levantamiento del veto del Tesoro norteamericano para los préstamos de entidades multilaterales a la Argentina liberará a mejor ritmo los envíos que estaban frenados. "Fue una de las mejores noticias que el Presidente recibió en la cumbre", dijo uno de los principales funcionarios del gobierno macrista. "Eso permitirá avanzar en muchas obras que estaban paradas, algunos proyectos antiguos y otros nuevos, sobre todo en materia de inundaciones en la provincia de Buenos Aires", detalló uno de los ministros que acompañaron a Macri al Foro Económico Mundial de Davos.

Esas obras se repartirán en el actual Plan Belgrano, que dirige José Cano con el rango de secretario de la jefatura de Gabinete, y en la Secretaría de Obras Públicas, que está en manos de Daniel Chain, dentro del Ministerio del Interior y Obras Públicas.

Previo a la decisión del Tesoro norteamericano, cuyo secretario Jacob Lew la informó el jueves pasado personalmente en Davos al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, la Argentina recibía sólo un bajo flujo de créditos porque el proceso para la aprobación se trababa frecuentemente en la negativa norteamericana.

"El flujo neto era negativo porque nos daban menos de lo que teníamos que pagar anualmente. A partir de esta decisión el flujo neto va a ser positivo y va a ser de cientos de millones de dólares, aún no está determinado", confió a LA NACION uno de los funcionarios del equipo de Prat-Gay.

Lo que espera el gobierno de Macri, de aquí en más, es que ese proceso se acelere porque el gobierno de los Estados Unidos es un accionista importante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

De todos modos, Macri anunció que no quiere tomar crédito del FMI, y ello obedecería a una cuestión política. Pese a las bajas tasas que ofrece, el organismo está desprestigiado en los sectores populares y está identificado con la pérdida de autonomía nacional. Pero sí, en cambio, el Presidente ordenó gestionar financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

"Esa medida fue una señal muy fuerte hacia los mercados, así como la señal negativa también lo era", señalan en el entorno de Macri para indicar que a partir de ahora se podría facilitar el acceso a los mercados de capitales internacionales para obtener fondos frescos. Pero el objetivo urgente del Gobierno es alcanzar un acuerdo con los holdouts para lograr bajar la tasa de interés sustancialmente.

Según un informe interno del Gobierno al que pudo acceder LA NACION, "encuadrado en los ejes estratégicos se están proyectando inversiones financiadas por organismos multilaterales para continuar fortaleciendo a las provincias del NOA y NEA (Plan Belgrano) en áreas de obras hídricas, vialidad, obras ferroviarias, acceso a la vivienda y urbanización de villas".

También consigna que "estamos trabajando en procurar la infraestructura necesaria para evitar desastres naturales producidos por inundaciones en el Litoral, en la provincia de Buenos Aires y en otras localidades que padecen con frecuencia estos fenómenos".

Dentro de la comitiva que acompañó a Macri consignaron que se gestionan además "líneas de créditos que permitan la construcción y mejoramiento de nuevos centros de atención de primaria de la salud, y en infraestructura productiva (autopistas, puertos, etc.)".

El trabajo agrega que "se encuentran en ejecución programas de suministro de agua y saneamiento" orientados a "mejorar el acceso y la prestación de los servicios de agua potable en distintos distritos provinciales del país con especial foco en el NOA y NEA (incluidos dentro del Plan Belgrano) y provincia de Buenos Aires".

Estos programas, según pudo saber LA NACION, financian principalmente acueductos, plantas depuradoras y extensión de redes de agua potable. Los nuevos créditos vendrían a reforzar estos programas ya existentes. Muchos de estos recursos, por ende serán gestionados en las subsecretarías de Hábitat y Desarrollo Humano, que dirige Marina Klemensiewicz, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está bajo el control de Iván Kerr.

Según informó el Gobierno, Lew le transmitió a Prat-Gay en Davos que "los Estados Unidos considerarán cada uno de los proyectos argentinos según sus propios méritos".

El veto que pesaba del Tesoro sobre los organismos multilaterales de crédito obedecía a una fuerte presión sobre la Argentina desde 2011 para que pagara sus deudas con los inversores norteamericanos luego de una década de la caída en default de 2001. Eso significaba que los Estados Unidos votaba contra la Argentina en nuevas líneas del Banco Mundial y del BID.

En Washington, según la Casa Rosada, valoraron mucho que Macri hizo algunas reformas clave desde que asumió el 10 de diciembre pasado, como iniciar las conversaciones para resolver el problema de los holdouts por la deuda impaga con fondos norteamericanos.

Además, destacaron que eliminó el control de capitales (cepo) y suprimió o bajó las retenciones agropecuarias.

del editor: qué significa. El atraso en obras de infraestructura es parte de la herencia del kirchnerismo; también en ese terreno el Gobierno busca marcar diferencias.

Un gabinete de CEO

(La Nación) - Quienes critican el perfil empresarial del Gobierno son los que quieren ocultar el drenaje de fondos que, durante años, dedicaron a satisfacer sus propios intereses

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, optó por integrar gran parte de su gabinete de ministros con funcionarios con perfil empresarial, ex directivos y gerentes de grandes empresas.

Esta decisión motivó diversas críticas e ironías, llamándolo algunos "el gabinete de los CEO" por contraposición a otras composiciones más tradicionales, en las que prevalecen los políticos, intelectuales o dirigentes sectoriales.

En esa misma línea de pensamiento se subraya el riesgo de colocar lo público en manos de quienes sólo conocen de gestión empresarial y, por tanto, carecerían de la visión global requerida para esos cargos. Aún más: también se cuestiona el fundamento ético de un formato semejante, como si aquellos funcionarios fuesen zorros en el gallinero, cuyos antecedentes en el sector privado los llevase a ignorar el interés público para gestionar únicamente en términos de lucro privado y en beneficio de pocos: los llamados "grupos concentrados".

Obviamente, no puede manejarse el Estado ignorando la dimensión política, pues la definición de los grandes objetivos del país requiere una visión de largo plazo, integradora de los diversos intereses, necesidades, regiones y poblaciones que componen una nación. Por ello, es necesario también lograr consensos, evitando la imposición unilateral de decisiones que pueden conducir al fracaso. El éxito de una gestión pública no se mide en términos de ganancias anuales y pago de dividendos, sino en términos de bienestar para todos, incluyendo aquellos grupos desfavorecidos, conforme a un principio de solidaridad.

Los gobernantes que son capaces de lograrlo, superando los obstáculos y las tentaciones del corto plazo, en pos de resultados duraderos y sostenibles, son considerados estadistas. Pero no todos los políticos son estadistas y desdeñar a quienes no han hecho carrera partidaria como si les faltase la formación indispensable para tomar las riendas de la administración es una apreciación falsa e interesada.

Es recurrente utilizar la dicotomía hegeliana que opone lo público a lo privado, como si los funcionarios fuesen vestales consagradas a satisfacer las necesidades del conjunto y los particulares, integrantes de la sociedad civil, sólo persiguieran objetivos egoístas, contrapuestos a aquéllas. En realidad, no hay tal cosa, no hay vestales, no hay reyes filósofos, ni funcionarios omniscientes, puros y despojados de apetitos terrenales.

Las gravísimas crisis que ha atravesado la Argentina prueban que las virtudes de los estadistas han escaseado, que las vestales han huido del templo, que los reyes filósofos han preferido los viáticos a la mayéutica y que en todos los ámbitos ha triunfado la practicidad más burda y el uso de-sembozado de lo público en provecho privado.

Cuando la política se restringe a su definición más cruda y el Estado es cooptado como herramienta facciosa para acrecentar poder, neutralizar los órganos de control, silenciar oponentes, someter a las provincias, dominar la Justicia y favorecer con empleos, contrataciones o pautas publicitarias a correligionarios y aplaudidores, se desnaturaliza la razón de su existencia y se malversa la majestad de sus funciones.

La administración de lo público exige un compromiso moral con la ciudadanía, para cumplir con las prestaciones que todos esperan del Estado y evitando que los recursos asignados se malgasten o se destinen a finalidades espurias.

El Estado es el epicentro de todas las demandas sociales, es el lugar donde todos buscan empleo, a quien todos pretenden cobrarle y a quien nadie quiere pagarle. El Estado es siempre abusado, está siempre "privatizado" en favor de quienes lo esquilman con designaciones redundantes, contratos indebidos, pagos incorrectos, subsidios impropios.

El Estado, único agente de la coerción social, pertrechado de policías, Gendarmería, Prefectura y demás fuerzas de seguridad; el Estado, con sus servicios de inteligencia, sus equipamientos electrónicos, sus puertas blindadas y sus agentes secretos es, sin embargo, la estructura más débil de toda la organización social y la más susceptible a que su poder se desvíe en función de los intereses, las ideologías, la picardía o la deshonestidad de quienes controlan sus cargos y no tienen en su ADN la noción del bien común.

Cuando el Estado es utilizado para hacer populismo, se alteran todos los órdenes, se queman todos los manuales, se relega el mérito y se promueve la lealtad, se ignoran los presupuestos y se siguen las directivas, se abandona la transparencia y prevalece la opacidad, se soslayan los fundamentos y se adoptan los argumentos, se olvidan las reglas de la buena administración y se desbordan los gastos improductivos. Hasta alcanzar el inconcebible déficit del 7,1% del PBI que el actual gobierno ha heredado del kirchnerismo, incluyendo el salón bailable del vicepresidente Boudou en el Banco Nación y el gabinete de maquillaje de la señora de Kirchner cerca de su helipuerto en Tecnópolis, para no atosigar este párrafo con otros dislates de mucha mayor envergadura.

El interés general no se satisface con discursos inflamados, estructuras militantes y relatos infatuados, si quienes gestionan lo público carecen de la noción de escasez de recursos, desprecian los principios básicos de la administración e ignoran cómo se realizan las obras para satisfacer las necesidades básicas de la población.

Años de mala gestión estatal por parte de quienes se han autodenominado "nacionales y populares" se reflejan en los niveles de pobreza, la falta de inversiones en infraestructura, la importación de energía, la destrucción de las economías regionales, las falencias en el sistema educativo y el enriquecimiento inmoral de grupos económicos próximos al poder.

Quienes se han favorecido con ese aprovechamiento inmoral de lo público critican ahora el manejo racional de los recursos, invocando la pérdida de fuentes de trabajo, la pluralidad de voces y la falta de sensibilidad social de los nuevos administradores. Se oponen, directamente, al restablecimiento del buen orden, de la sencillez republicana, del equilibrio en las cuentas y la mesura en el relato. Se convocan en forma ruidosa para ocultar, en definitiva, el drenaje de fondos que durante años han convalidado para finalidades muy ajenas al interés colectivo y muy cercanas al provecho propio.

Es falso que sus trayectorias en la gestión privada impidan a los nuevos funcionarios actuar en función del bien común, como si el Estado fuese un ámbito exclusivo para quienes sólo conocen de militancias, comités y escalafones. Por el contrario, todos ellos han tenido carreras exitosas cuyas experiencias desean volcar al provecho colectivo, sabiendo que se exponen al riesgo de la crítica feroz, a la pérdida de privacidad y a las zancadillas de oponentes mucho más fogueados en las lides del poder. Ninguno de ellos necesita de sus nuevos cargos para consolidar una situación patrimonial, pues sus credenciales profesionales les permitirían de inmediato, en el país o en el exterior, alcanzar posiciones retribuidas con sueldos internacionales.

La administración del Estado requiere habilidades extraordinarias, pues se trata de un organismo mucho más complejo que cualquier empresa privada por configurar una organización política y, por tanto, diversa, multiforme, conflictiva. Pero requiere, al igual que las empresas privadas, una clara comprensión de la limitación de recursos, una sólida formación para establecer prioridades y una vigorosa capacidad de ejecución en tiempo y forma; sin demoras, pérdidas ni desvíos.

Con su equipo de fogueados administradores -que, además, son llamativamente jóvenes- el presidente de la Nación está poniendo en práctica una nueva forma de gestionar el Estado. Una forma donde los funcionarios no se servirán de él, sino que entregarán lo mejor de sus experiencias profesionales para mejorar la vida de los argentinos. Aunque, al hacerlo, empeoren las propias.

Los 3 puntos clave de la reforma electoral que propondrá el Gobierno

Por Juan Graña - Infobae.com - jgrana@infobae.com
Este jueves, el macrismo dará inicio formal a las negociaciones con las provincias para modificar cómo se eligen representantes en todo el país

La Boleta Única Electrónica figura a la cabeza de las preferencias del Gobierno - Crédito: Adrián Escandar

Las elecciones de 2015 significaron el fin del sistema electoral argentino como lo conocemos hoy. O al menos eso cree parte de la clase política. Las demoras de hasta cinco horas para conocer los resultados nacionales, las múltiples irregularidades denunciadas en los comicios provinciales de Tucumán y los casos de robos de boletas vistos en todo el país terminaron por convencer a muchos de que el tradicional sistema de votación a través de papeletas de cada partido cumplió un ciclo. La cuestión ahora es alcanzar un consenso para lograr una reforma electoral que minimice los tiempos de espera, impida algunas irregularidades y, en la medida de lo posible, garantice una mayor transparencia en la organización de las votaciones.

Con ese objetivo, el gobierno nacional dará comienzo este jueves a una serie de reuniones para avanzar en la construcción de un proyecto consensuado de reforma electoral. A las 11 de la mañana, el subsecretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional de la Nación, Adrián Pérez, se reunirá con los ministros de Gobierno y enviados de cada provincia para presentarles sus ideas y empezar la discusión con la idea de mandar al Congreso un proyecto de ley entre marzo y abril para que sea sancionado antes de que comience el próximo año electoral en 2017.

Esta semana, el ex diputado nacional recibió a Infobae en su despacho del Ministerio del Interior y adelantó los tres ejes de la propuesta que llevará al encuentro de hoy:

1) Boleta Única Electrónica o de papel

Mauricio Macri está convencido de que el sistema de boletas de cada partido debe dejar de ser utilizado. Las demoras que implica para el escrutinio, el habitual robo de papeletas y las dificultades para su distribución y fiscalización invitan a pensar en nuevos mecanismos. El Gobierno tiene una preferencia clara: su intención es implementar un mecanismo similar al de la Boleta Única Electrónica (BUE) utilizado en las elecciones porteñas y salteñas. Ante quienes advierten sobre las posibles fallas en la seguridad del sistema, sus defensores argumentan que se trata de una suerte de impresora en la que los ciudadanos imprimen sobre una boleta especial el candidato seleccionado en la pantalla. Luego, a la hora del escrutinio provisorio, las autoridades de mesa pueden realizar el recuento de manera más ágil con la lectora digital que acompaña a cada máquina.

Antes de la reunión de este jueves, Adrián Pérez tuvo una serie de conversaciones preliminares con gobernadores y legisladores de distintas provincias para conocer su posición. Algunos, como los representantes de Catamarca, Santa Fe o Tierra del Fuego, confirmaron su predisposición a discutir un cambio en las reglas de juego. Otros, como San Luis, Córdoba o Salta, anticiparon que están dispuestos a avanzar en la implementación de un sistema similar a la BUE, mecanismo que ya se utiliza en sus distritos o tienen intención de incorporar. Pero un grupo de dirigentes del peronismo puso reparos. Aunque hubo algunos cuestionamientos técnicos, la mayoría de las quejas estuvieron dirigidas al hecho de que se quiera eliminar un mecanismo que forma parte de la tradición política rioplatense, como es el sistema de boletas. Sin ellas, los militantes no podrán hacer campaña con el reparto de boletas en la calle o casa por casa, argumentaron.

Si no hay posibilidad de avanzar con la BUE, el gobierno nacional asegura estar dispuesto a que una boleta única de papel similar a la que ya se usa en Santa Fe o Córdoba sea implementada.

Una boleta única papel similar a las que se usan en Córdoba o Santa Fe es la alternativa

2) Ordenamiento del cronograma electoral

El 2015 marcó también un punto de inflexión en cuanto a la cantidad de elecciones. En abril, Salta fue la primera provincia en ir a las urnas. En noviembre, el país cerró el año electoral con el ballotage presidencial. En el medio, decenas de comicios nacionales, provinciales y municipales se distribuyeron a lo largo del calendario. Algunos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, debieron ir hasta seis veces a las urnas, debido a las primarias, elecciones generales y segunda vuelta que hubo tanto a jefe de Gobierno como a nivel nacional.

La idea del gobierno nacional es unificar lo más posible ese cronograma. Aunque la Constitución establece que es potestad exclusiva de las provincias definir cuándo elegir a sus representantes, en Cambiemos esperan poder lograr algún tipo de acuerdo de buena voluntad con los gobernadores para lograr reducir al máximo la cantidad de fechas. En la medida de lo posible, su intención es que las provincias hagan sus elecciones todas el mismo día o bien junto con las nacionales.

Algunos distritos como Salta, Chaco o la Ciudad de Buenos Aires tienen comicios desdoblados de los nacionales por ley. Otros, como la provincia de Buenos Aires o Santa Cruz, los tienen unificados. Para lograr un cronograma que contemple todos los casos, la idea del Gobierno es proponer cuatro grandes fechas: primarias nacionales, primarias provinciales, comicios generales nacionales y comicios generales provinciales.

De conseguir que el paquete electoral sea aprobado, Cambiemos tiene intención de llevar una reforma similar a cada distrito. Según explicó Adrián Pérez a Infobae, "la idea es que los principios que son eje para esta reforma puedan ser trasmitidos a las provincias". "Tienen su autonomía con respecto al régimen electoral, pero creo que podemos trabajar juntos para tener un régimen más trasparente y fiable", detalló. Al menos en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna María Eugenia Vidal, el debate está garantizado.

3) Creación de un ente electoral autónomo

Hoy, la organización de las elecciones está a cargo de la Dirección Nacional Electoral que depende del Gobierno. El desnivel que significa que el partido gobernante sea también el encargado de organizar los comicios quedó en evidencia el año pasado, cuando Cristina Kirchner decidió pasar la oficina del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Justicia porque Florencio Randazzo se perfilaba como precandidato presidencial y sus decisiones podrían ser objetadas.

Sobre este punto es sobre el que menos definiciones hay. En principio, la intención del gobierno nacional es que la organización de los comicios dependa de un ente autónomo, pero los detalles deben todavía ser discutidos. Cómo se elegirán sus autoridades, de quién dependerá la nueva oficina electoral y cuáles serán sus funciones son apenas algunas de las cuestiones que deben ser definidas en las reuniones.

El encuentro de este jueves con los enviados de las provincias es el puntapié inicial de la serie de reuniones que Adrián Pérez mantendrá para escribir el proyecto de ley. La semana que viene, recibirá a los representantes de los principales partidos políticos para escuchar sus propuestas y objeciones. Luego, habrá encuentros con académicos, jueces y organizaciones no gubernamentales.

"Las reformas electorales requieren una mayoría calificada de la mitad más uno de los miembros. Siempre es bueno hacer las reformas en años no electorales para poder discutirlo de manera tranquila y llegar con un consenso importante. Vamos a trabajar para tener el mayor nivel de adhesión posible", explicó Adrián Pérez a Infobae.

Como toda reforma electoral, los cambios necesitan de una mayoría especial en el Congreso. Es decir, 129 legisladores en Diputados y 36 en el Senado. En minoría en ambas Cámaras, Cambiemos necesita llegar a algún tipo de consenso con el massismo y parte del Frente para la Victoria para lograr sacar la ley.

Si la reforma prospera, la intención es luego avanzar con una reforma en los mecanismos de financiación de los partidos políticos. Pero, como todo debate que involucra al dinero de la política, la discusión se prevé más espinosa.