La Gendarmería Nacional decomisó 1393 kilos de marihuana

(Ministerio de Seguridad de la República Argentina ).

Dos importantes procedimientos para derrotar al narcotráfico, esta vez en las provincias de Misiones y Santa Fe. La Gendarmería Nacional decomisó 1393 kilos de marihuana que estaban acondicionados en dos vehículos: un ómnibus y un automóvil.

Con la cooperación del can de la fuerza “Amelia”, se secuestraron 1.463 paquetes rectangulares de esa droga, oculta detrás de una “falsa pared” de un colectivo sin pasajeros, en la localidad misionera de Eldorado.

Por otro lado, en Santa Fe, cerca del peaje “Videla”, un vehículo que intentó evadir un control caminero llevaba 281 ladrillos de marihuana en cinco bolsos de viaje. Seguimos avanzando para lograr ‪#‎NarcotráficoCero‬.

Foto de Ministerio de Seguridad de la República Argentina.

Narcopolítica: la estructura de la organización tenía diez años

Por Gustavo Carabajal - LA NACION
Una mujer asesinada en 2006 había denunciado los vínculos con narcos de un ex diputado del PJ salteño, que figuraba ahora como dueño del camión que llevaba el contrabando de 267 kg de cocaína


Foto: Méndez, Gerónimo y Maurín, antes del escándalo

En septiembre de 2006, la productora rural Liliana Ledesma fue asesinada de siete puñaladas por denunciar la complicidad de algunos integrantes del poder político de Salvador Mazza con el narcotráfico. Casi 10 años después, la Justicia apresó al presidente del Concejo Deliberante local y acusó a otro edil por estar involucrados con el cargamento de 267 kilos de cocaína secuestrado en un camión que tenía la cédula verde a nombre del ex diputado provincial justicialista al que la mujer asesinada había denunciado.

La investigación que comenzó el 16 de febrero pasado con el secuestro de los 267 kilos de cocaína en un camión Mercedes-Benz en la localidad de Taco Pozo, en Santiago del Estero, confirmó la existencia de la narcopolítica.

Según fuentes judiciales, el camión perteneció a Ernesto José Aparicio, un ex diputado provincial del PJ, fallecido en 2013 y denunciado por la asesinada Ledesma. Hace tres años, el camión fue adquirido por Rubén Maurín, hermano de Alejandro Maurín, actual presidente del Consejo Deliberante de Salvador Mazza y detenido anteayer por efectivos de la Gendarmería.

Mientras tanto, está prófugo y con pedido de captura internacional el concejal Mauricio Gerónimo. El fiscal federal de Salta Gerardo Toranzos le pidió a la Interpol que trate de detenerlo. Tanto Gerónimo como Maurín eran socios políticos del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y con sublemas formaron parte de una alianza del Frente para la Victoria, que le permitió ganar las últimas elecciones.

La veterinaria donde buscaban anteayer a Maurín.Foto:El Tribuno

Una semana después de que el juez federal de Salta Julio Bavio pidió la detención de Gerónimo, el intendente solicitó una licencia de 15 días. El jefe comunal fue reemplazado por Ivana Soria, mientras que Maurín se hizo cargo de la presidencia del Consejo Deliberante.

A pesar de la crisis y las sospechas sobre sus socios políticos, uno de los colaboradores del intendente afirmó que Méndez, cuyo nombre no aparece en el expediente a cargo del juez Bavio, no "tenía la intención de renunciar".

Desde la clandestinidad, el prófugo concejal Gerónimo envió un escrito a sus colegas del Concejo Deliberante de Salvador Mazza para advertirles que iniciará "acciones penales y civiles" en caso de que decidieran dictar alguna medida para quitarle el cargo al que había accedido por la voluntad popular.

En la misiva, de una página y media, el edil afirmó que era inocente y que no había ninguna prueba que lo vinculara con el secuestro del cargamento de 267 kilos de cocaína, del operativo denominado Febrero Blanco. Además de Gerónimo, hay otro prófugo. Se trata de un empresario boliviano, dueño del alijo de droga.

Según los indicios acumulados en el expediente a cargo del fiscal federal Luis Benítez, el empresario boliviano mandaba la droga en avionetas que arrojaban los paquetes en un campo de la zona. Hasta allí, según las sospechas de los investigadores, llegaría Gerónimo, quien se habría encargado de acopiar la droga, mientras que Maurín y su hermano habrían tenido la misión de transportar la cocaína hasta un puerto.

La presunta responsabilidad de Maurín estaría probada a partir de que el camión en el que fue secuestrada la droga pertenecería al hermano del presidente del Concejo Deliberante. Se lo habrían comprado al ex diputado Aparicio, pero nunca se hizo la transferencia. Ahora había sido contratado por una empresa radicada en la ciudad correntina de Bella Vista.

Rubén Maurín fue detenido el 16 de este mes en Monte Quemado, cuando circulaba en una camioneta Ford Ranger, patente OEK 968. Unos kilómetros detrás, en Taco Pozo, fue interceptado el camión con la carga de droga. Para la Justicia, Maurín habría actuado como "puntero" para detectar cualquier control de las fuerzas de seguridad en la ruta.

El imputado tiene como defensor al mismo abogado que representó a Delfin Castedo, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de la productora rural Liliana Ledesma y vinculado con el letrado Carlos Salvatore, condenado por la megacausa narco conocida como Carbón Blanco.

Presos con 172 kg de marihuana

En dos controles vehiculares en el partido bonaerense de Azul fueron secuestrados 172 kilos de marihuana y tres hombres quedaron detenidos. Según informó la Gendarmería nacional a la agencia Télam, ambos procedimientos se efectuaron a la altura del kilómetro 423 de la ruta nacional 3, en proximidades de Cacharí. En el primer hecho, personal de la sección Seguridad Vial de Las Flores detuvo la marcha de un vehículo Chevrolet Cruze y al ser revisado el baúl se descubrieron 132 kg de marihuana. Minutos después, en ese mismo control, se detuvo a una camioneta VW Saveiro conducida por un hombre, que llevaba 40 kg de picadura de marihuana.

Quién es el funcionario detenido por transportar 50 kilos de cocaína

(Perfil.com) - Pedro Ramón Bareiro era asesor del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Tras el accidente, fue desplazado.


La camioneta involucrada en el escándalo. | Foto: Télam

Luego de que volcara su camioneta Toyota Hilux en la ruta 11, en la que viajaba junto a su mujer y su hijo, Pedro Ramón Bareiro fue detenido cuando los policías que lo ayudaban encontraron 50 kilos de cocaína dentro del vehículo.

Bareiro ha tenido varios cargos en la política, por lo que ahora se investiga una posible connivencia con el nacotráfico. Su último puesto fue como asesor en el ministerio de Economía de la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán.

Pero tras el escándalo, el gobierno formoseño decidión pasar a "situación de inactividad" al hombre envuelto en el escándalo.

El Ministerio de la Secretaria General del Ejecutivo provincial ordenó, a través de la resolución 326, instruir diligencias sumariales tendientes para determinar la vinculación de Bareiro con la droga secuestrada tras el vuelco del vehículo, informó La Nación.

Curriculum. Durante las últimas elecciones, se postuló como concejal de Clorinda por la agrupación 17 de Octubre, apoyada por el Frente para la Victoria, pero no logró llegar al cargo.
Su hermano se desempeña como jefe Penal de Clorinda, y Bareiro, a su vez, forma parte dle círculo íntimo de Miguel Ángel Mayans, senador por Formosa. Además, en la página oficial del gobierno de Formosa aparece como Comisionado del Área de Frontera de Clorinda.
Al mismo tiempo, en las elecciones en las que llegó al cargo el actual intendente de la capital formoseña, Manuel Celauro, ocupó un lugar en la lista de concejales y hoy es el primer suplente de Fermín Caballero.

El vehículo en el que circulaba se encuentra a nombre de Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, informaron desde el ministerio de Seguridad provincial.

Formosa dispuso la inmediata "situación de inactividad" de Bareiro hasta tanto se aclare su situación judicial.

Cayó un funcionario de Clorinda con 50 kilos de cocaína

Por Gustavo Carabajal - LA NACION
Conducía una camioneta oficial y fue detenido por policías federales

Pedro Bareiro quedó detenido junto a su mujer e hijo. Foto:Cortesía diario El Comercial

En la misma semana en la que se conoció que un concejal de la ciudad salteña de Salvador Mazza fue acusado de formar parte de una banda que traficaba 267 kilos de cocaína, fue detenido en Clorinda, Formosa, el subsecretario legislativo de la municipalidad, cuando llevaba 50 kilos del mencionado estupefaciente en una camioneta oficial.

Si bien fuentes oficiales no lo confirmaron, trascendió que el funcionario apresado habría sido identificado como Pedro Ramón Bareiro, quien conducía una camioneta Toyota Hilux que pertenece a la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa.

La captura del funcionario fue concretada por detectives de la delegación de Formosa de la Policía Federal, que se dirigían rumbo a Clorinda cuando, al llegar al paraje Monte Lindo, en la ruta 11, advirtieron que una camioneta Toyota Hilux había caído en un zanjón.

En ese momento, los uniformados, que iban hacia Clorinda con el objetivo de realizar un operativo antidrogas, rescataron a los ocupantes de la camioneta. Pero, al revisar el vehículo, los policías hallaron un paquete que les llamó la atención y descubrieron que contenía 50 kilos de cocaína.

En el vehículo viajaban el mencionado Bareiro, que integró la lista del Frente para Victoria (FPV) en las últimas elecciones municipales, su esposa y su hijo, quienes quedaron detenidos a disposición del juez federal de Formosa.

Hasta anoche, los investigadores no lograron establecer cómo ingresó la cocaína en el país. Debido a que el funcionario se dirigía desde Clorinda hacia el sur, los funcionarios judiciales a cargo de la causa no descartaban la posibilidad de que el acusado hubiera utilizado su autoridad para que lo dejaran pasar la frontera sin revisarlo.

Bareiro se convirtió en el segundo funcionario acusado integrar una banda narco, en una semana. Hace siete días, un juez federal de Salta ordenó la captura del edil de Salvador Mazza Mauricio Gerónimo (FPV) debido a que habría utilizado su cargo en la función pública para facilitar el traslado de 267 kilos de cocaína. Hugo Palma, otro ex concejal oficialista de Estanislao del Campo, en Formosa, también fue procesado hace cuatro años por su presunta colaboración con una banda narco.

Fue interceptado un vuelo del narcotráfico

Por Daniel Gallo - LA NACION - La avioneta regresó a Paraguay tras ser perseguida por un avión de combate

Por primera vez desde la declaración de la emergencia en seguridad, una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina interceptó una avioneta que había ingresado ilegalmente en el país y forzó su regreso a Paraguay. "Se detectó un avión que no poseía un plan de vuelo declarado ni información de contacto radial. 

Luego de corroborar que su tránsito no era regular, se puso en funcionamiento el protocolo establecido por Presidencia de la Nación y los ministerios de Seguridad y Defensa de la Nación para salvaguardar y controlar la soberanía del espacio aéreo. Posteriormente despegó un caza interceptor con el fin de efectuar un reconocimiento visual del objeto y acompañarlo", se señaló en un comunicado de prensa.

El mes pasado fue firmado el decreto de emergencia en seguridad, que habilita el derribo de aeronaves consideradas hostiles que eviten identificarse, acatar las indicaciones visuales del avión de combate que lo intercepte o abandonar el espacio aéreo argentino. El Ministerio de Seguridad señaló que ésta es la primera vez que intercepta una avioneta desde la publicación del decreto.

En julio de 2014 dos aviones de entrenamiento avanzado Pampa -sin armamento- interceptaron una avioneta y provocaron su fuga, también sobre Corrientes. En ese caso el piloto narco arrojó una carga de 150 kilos de cocaína, que fue recuperada por la Gendarmería tras haber sido marcado el lugar del "bombardeo de drogas" por los aviones de la Fuerza Aérea que perseguían al intruso.

Funcionarios anticiparon que la norma que habilita el derribo de aeronaves, resuelta por decreto, será puesta en debate en el Congreso en busca de su ratificación legislativa.

En un proyecto de esas características, varios especialistas -como el juez federal salteño Leonardo Bavio, autor de un libro sobre vuelos ilegales- consideran que no deben quedar fuera dos puntos importantes: la documentación del procedimiento mediante grabaciones de audio y video (en la Argentina sólo los cazas A4 y los no artillados Pampa pueden grabar las secuencias de vuelo) y la excusa absolutoria, una necesaria cobertura legal para todo piloto que reciba y cumpla la orden de disparar contra un vuelo civil.

Más allá de la potencial disuasión que se busca lograr a partir de una ley de derribo, también se espera que el narcotráfico varíe, como suele hacerlo, sus formas de ingreso de drogas si no baja el consumo local.

Gendarmería Nacional Argentina secuestró 525 kilos 298 gramos de marihuana

La Gendarmería Nacional Argentina secuestró 525 kilos 298 gramos de marihuana que estaba oculta entre la carga de aserrín que trasladaba un camión. Este accionar es el resultado del trabajo operativo en conjunto por parte de efectivos dependientes de la Agrupación IV “Misiones” quienes llevaron a cabo controles sobre la Ruta Nacional N°14.

Es el segundo procedimiento, en menos de dos meses, que Gendarmería Nacional secuestra estupefacientes bajo una carga de aserrín. Seguimos avanzando en la lucha contra las organizaciones criminales para lograr el ‪#‎NarcotráficoCero‬

Más de 1600 kg de marihuana

(La Nación) - La Prefectura incautó 1687 kilos de Cannabis sativa en dos operativos realizados en Corrientes y en Misiones. En este último procedimiento, los uniformados utilizaron visores nocturnos para detectar el tráfico de drogas, en las cercanías de la frontera con Paraguay.

Foto:Prensa Prefectura Naval

En las inmediaciones de la costa de la ciudad misionera de Puerto Rico los prefectos pudieron localizar unos 931 kilos de marihuana que estaban ocultos entre la maleza. En tanto que en la localidad correntina de Itatí los efectivos persiguieron una camioneta que había eludido un control vial; en ese vehículo se encontraron otros 756 kilogramos de cannabis.

Lucha contra el narcotráfico y derribo de aviones

Editorial del diario La Nación

Una ley que permita abatir aeronaves obrará como un factor disuasivo en la lucha contra el tráfico de drogas sólo si forma parte de un plan integral.

El reciente decreto que dispuso la emergencia en materia de seguridad incluyó la facultad de derribar aviones que ingresan en el territorio nacional sin identificarse y que, pese a ser intimados a hacerlo, no obedecen.

Como era de esperar, la medida generó una intensa polémica dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico acerca de los riesgos que entraña, de las graves falencias que existen en materia de radarización de nuestras fronteras y, muy especialmente, de la falta de aeronaves y de tripulaciones capacitadas para esa tarea.

Sin embargo, la primera e innegable virtud de la iniciativa del Gobierno es ratificar su decisión de combatir el narcotráfico. La segunda es tornar visible este gravísimo problema que ha crecido en forma exponencial con la complicidad del anterior régimen, para el cual ese tema no existía o era minimizado.

Es cierto que la intervención de nuestras Fuerzas Armadas -en este caso, de la Fuerza Aérea- en la lucha directa contra el narcotráfico requerirá una reforma legal y, en este sentido, el Gobierno ya anunció que a comienzos del mes próximo elevará al Congreso Nacional el correspondiente proyecto de ley.

Es innegable que el derribo de aviones empleados por los traficantes de drogas para contrabandearlas, realizado dentro del marco de la ley y con tripulaciones capacitadas para esta tarea, constituye una importante herramienta en el combate contra el narcotráfico . Nueve países de la región cuentan con sistemas en ese sentido y también fue una de las principales propuestas de la campaña presidencial del diputado Sergio Massa.

En cambio, coherente con su política de mirar para otro lado mientras el narcotráfico se extendía, el kirchnerismo bloqueó el tratamiento de varios proyectos de ley de derribo que la oposición había presentado en el Congreso: uno de ellos era de Pro.

Hasta ahora por desgracia, la Argentina ha ido fomentando una muy peligrosa imagen de cielos abiertos, sin controles de ningún tipo. En 2014, las autoridades revelaron que en nuestro país existen más de 1400 pistas de aterrizaje en campos privadosque se encuentran en condiciones irregulares de habilitación. Se sospechaba que muchas podrían servir o haber servido para el aterrizaje de avionetas que transportan drogas desde países vecinos.

El año pasado se verificó el ingreso de 453 aviones ilegales en los radares instalados en las fronteras, pero la cifra real es sin duda muy superior pues esos radares sólo funcionaban ocho horas diarias. Un verdadero sinsentido.

Al respecto, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, informó que los radares funcionarán durante las 24 horas. Como hemos expresado desde esta columna editorial hace ya tres años, al no encontrar ninguna resistencia para sobrevolar nuestra geografía, los narcotraficantes no se limitan a cruzar la frontera y aterrizar en pistas clandestinas o a arrojar su cargamento en una determinada zona, sino que cada vez con mayor frecuencia se internan con más profundidad en nuestro territorio. Para ello, las redes de narcotraficantes organizaron un sistema de postas de reaprovisionamiento para sus aeronaves. Por esta razón, los lanzamientos de droga se verifican cada vez más al Sur. Por eso ya no llama la atención que algunos de los 453 aviones ilegales registrados en los radares el año pasado aterrizaran en La Pampa.

Otro aspecto que será indispensable adecuar es el de los aviones. La Fuerza Aérea, al igual que el Ejército y la Armada, ha sufrido un largo, deliberado y profundo proceso de deterioro de sus equipos, hasta llegar a su obsolecencia. A ello se suma el escaso entrenamiento de los uniformados. En el contexto de la emergencia de seguridad pública, el ministro de Defensa, Julio Martínez, ordenó desplegar una sección de aviones Tucano de la Fuerza Aérea. Pertenecen a la Escuela de Aviación Militar y son aeronaves brasileñas de combate y de apoyo táctico que, hasta ahora, estaban destinadas a la formación de nuestros pilotos debido a la falta de aeronaves de entrenamiento primario.

Sin la radarización permanente, sin horarios completos de control en nuestras principales fronteras como ya existe en Brasil, sin aeronaves en condiciones y sin un plan integral que abarque todos los aspectos del combate contra la droga, el derribo se reduce sólo a buenas intenciones.

La aprobación del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso, junto con una rápida y completa radarización, la adquisición de aviones y un efectivo control de nuestras carreteras y del río Paraná -otra ancha y larga vía de ingreso de drogas- serán las pruebas irrefutables de que, finalmente, habrá comenzado en serio la lucha contra el narcotráfico.

Seguridad quiere tener la última palabra en ley de control aéreo

Por: Edgardo Aguilera - Ambito.com

El Gobierno prepara el terreno para enviar al Congreso una ley sobre Protección Aeroespacial dentro del espacio soberano. El miércoles pasado se llevó a cabo una cumbre de Seguridad y Defensa encabezada por los ministros Patricia Bullrich y Julio Martínez en el edificio Libertador, sede de Defensa, del Estado Mayor Conjunto y del Ejército. 

Primer plenario que juntó a funcionarios y máximas autoridades militares y de fuerzas de seguridad en torno del tema ordenado por Macri, derrotar el crimen organizado en su vertiente del narco y delitos conexos. El cónclave refleja un cambio. 

La brecha entre Defensa y Seguridad que existía a hasta ahora derivada de exégetas en la interpretación de las leyes que regulan esas áreas parece diluirse, tal como sucedió en otros países del mundo. Bullrich, casi como un doble del ministro Martínez, pontificó ante uniformados y jefes de seguridad la necesidad de contar con una norma que regule, controle y disuada la actividad de aeronaves ilegales dentro del espacio aéreo soberano. 

Flanqueada por el director de Fronteras, Luis Green, avanzó en cuestiones prácticas, ¿quién es la última voz que autoriza abrir fuego y derribar un avión hostil? preguntó a los asistentes. "Quisiera tener un rol en esa decisión" agregó, según reconstruyeron fuentes que asistieron a la reunión.

La escuchaban Ángel Tello, secretario de Asuntos Militares; el titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Bari del Valle Sosa; los jefes del Ejército, general de división Diego Suñer; de la Armada, vicealmirante Marcelo Hipólito Srur; y de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Amrein; el comandante general Gerardo Otero (Gendarmería),el prefecto general Eduardo Scarzello (Prefectura), el comisario general Román Di Santo (Policía Federal) y Alejandro Itzcovich Griot (Policía de Seguridad Aeroportuaria). 

El debate llevó a explicaciones operativas. Se recreó un episodio ficticio para aclarar que el piloto requiere de máxima velocidad en las comunicaciones y contar con la voz que autoriza el disparo -como último recurso- en la línea de comando. Más claro, corresponde a una autoridad militar previa orden del ministro de Defensa, la comunicación de jalar el gatillo. 

La cuestión será analizada por gabinetes de ambos ministerios antes de enviar la norma para su aprobación cuando el Congreso inicie las sesiones ordinarias. Funcionarios de Defensa aconsejaron no poner el foco en el "derribo" pues se trata del último recurso en una serie de etapas disuasorias que el piloto militar pone en marcha advirtiendo al incursor. La preocupación oficial por los vuelos ilegales en la frontera norte del país se extendió también al frente marítimo y fluvial. 

Se sabe que las hidrovias y algunos puertos del sur del país son utilizados para el tráfico de mercaderías y estupefacientes. La droga disimulada en cargamentos pesqueros puso en guardia a Bullrich, esa actividad permite el tráfico de grandes volúmenes. Sorprendió a los oyentes la aseveración del flamante titular de la Prefectura: "Con un solo navío de patrulla podemos controlar el litoral marítimo", dijo Scarzello. Sea por piedad profesional con el recién llegado o para no abrir una controversia entre iguales, el marino Srur no dijo una palabra. 

El bloqueo aéreo en la frontera norte con máquinas de la Fuerza Aérea está retrasado. El ministro Martínez había ordenado el despliegue de aviones EMB-312 Tucano con el propósito de asentarlos de manera definitiva en la base de Resistencia, Chaco. La fuerza tiene 15 aparatos en condiciones de volar pero les faltan repuestos y otros elementos logísticos. Hasta ahora esas aeronaves cumplían funciones de entrenamiento aunque son de combate y se utilizan para apoyo táctico. Basadas en la Escuela de Aviación Militar, complementaban en la tarea de instrucción a 10 aviones Grob TP-120 de un lote de 15 que el Gobierno anterior decidió adquirir para salir de la crisis en la formación de pilotos.

La Corte Suprema, contra el narcotráfico

Editorial del diario La Nación - Dos acertadas decisiones del máximo tribunal ponen de manifiesto su voluntad de que la Justicia cumpla un papel activo en la lucha contra el flagelo de la droga

Durante la campaña electoral, y muy especialmente desde la asunción del nuevo gobierno, la necesidad de luchar sin pérdida de tiempo contra el narcotráfico se convirtió en un tema central. Ha quedado claro que había que cortar de cuajo la llamativa y sospechosa pasividad del kirchnerismo ante el crecimiento constante de un flagelo cuyo peligro requiere acciones concretas y eficaces.

En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente confirmó que una de las prioridades de su gobierno será combatirlo, y esta decisión volvió a quedar de manifiesto cuando se dictó la emergencia en materia de seguridad, que incluye la lucha contra el narcotráfico.

Pero poco antes de fines del año pasado, la gravedad de la situación también tuvo su impacto en el Poder Judicial, cuando la Corte Suprema de Justicia constituyó una comisión judicial integrada por jueces federales y la Junta Federal de Cortes, destinada a contribuir con una política de Estado tendiente a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. Se trató de una primera señal contundente que anunciaba un cambio de época.

Otro importante gesto de la Corte se produjo el último día del gobierno saliente con una sentencia de gran repercusión que respalda las actividades de prevención. En el caso Lemos, la Corte adhirió a la opinión del procurador fiscal Eduardo Casal, quien consideró arbitraria la decisión de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación.

La sentencia de esa sala había declarado la nulidad de un procedimiento de la Gendarmería en Salta, a 120 kilómetros de la frontera con Bolivia, durante el cual se encontraron en el techo de un automóvil 42 paquetes con unos 54 kilos de cocaína. La tercera integrante de la sala, Ana María Figueroa, votó en disidencia, al sostener que la actuación de la Gendarmería se había adecuado a las previsiones del Código Procesal Penal, ya que, tratándose de un supuesto en el que específicamente se autoriza la requisa de automotores, mal puede haber un vicio susceptible de nulidad, y asimismo recordó el compromiso internacional asumido por el Estado argentino en la persecución del tráfico de estupefacientes.

El dictamen del procurador fiscal Casal, al que adhirió la Corte, fue firmado en 2014. Sin embargo, los hechos que desde ahora deberán ser investigados al dejarse de lado la sentencia de la Sala II ocurrieron en octubre de 2007. Al detener el vehículo por una inspección de rutina, la Gendarmería encontró que en el techo del rodado se ocultaba la droga. Esa fuerza informó lo sucedido a la justicia federal y pocas horas después los funcionarios se comunicaron con el juez, quien autorizó una serie de medidas de investigación, ya que existían fuertes indicios sobre otros hechos por investigar.

La persona sorprendida con los estupefacientes en el techo de su automóvil tenía unas sospechosas salidas del país y era titular de otro auto que utilizaba con su pareja, quien a su vez fue detenida en otro procedimiento por transportar 160 kilos de cocaína. Como señala Casal, con "la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados" a tal fin, el Código Procesal Penal autoriza a los funcionarios a requisar e inspeccionar a las personas y el interior de los vehículos. La actividad de control de la Gendarmería que permitió dar con los estupefacientes respetó lo establecido por la ley.

En la dura crítica que realiza a los camaristas Slokar y Ledesma se sostiene que el fallo, al declarar la nulidad del procedimiento de octubre de 2007, no sólo se aparta de la ley aplicable, sino también de las reglas de la experiencia que deben regir en toda decisión judicial, las cuales indican que debía tenerse en cuenta tanto la cercanía con la frontera, como que el transporte y ocultamiento de estupefacientes en diversas partes de los automotores resulta una forma de operación frecuente en el obrar delictivo. Por esa razón allí se practican inspecciones vehiculares más profundas, incluso con perros entrenados y, más recientemente, con utilización de escáneres.

La censura de la Corte a la decisión de la Sala II que fue considerada arbitraria es un fuerte y saludable llamado de atención. La sentencia destaca la importancia de mantener todas las garantías de las personas investigadas y subraya que los jueces deben ser cuidadosos y consistentes al examinar la regularidad de las actividades de investigación.

Una política pública en materia de acciones de combatir del narcotráfico exige no tolerar los excesos y, al mismo tiempo, respaldar los procedimientos que las fuerzas de seguridad llevan adelante regularmente. El difícil equilibrio entre el irrestricto respeto por las libertades individuales y las acciones de quienes tienen a su cargo la prevención e investigación debe ser realizado con extremada prudencia. La arbitrariedad que la Corte encuentra en la decisión que corrige denuncia que los jueces de la Sala II cometieron un inexcusable error al examinar los hechos.

Ocho años pasaron desde el procedimiento en el que se descubrieron aquellos 54 kilos de cocaína. El proceso para deslindar las responsabilidades penales volverá a comenzar. No solamente se perdió muchísimo tiempo, sino que parte de la Justicia exhibió su ineficiencia y las actividades de prevención fueron ilegítimamente puestas en duda.

Esta trascendente sentencia de la Corte debe ser interpretada como un mensaje a los jueces, a los fiscales y a los órganos de prevención en el contexto de un clima social en el cual se ha rescatado el valor de terminar con un tiempo de impunidad para alcanzar otro en el cual el Estado logre una mayor eficacia en la lucha desigual contra el narcotráfico.

Quieren ponerles GPS a todos los camiones que entren al país

(Clarin.com) - También a los barcos. Es para controlar las mercaderías en tránsito y que no sean vehículo para los estupefacientes.

El debate sobre la legalidad del derribo de aviones, generado a partir del decreto que instaló la Emergencia en Seguridad, terminó tapando el problema de fondo. Los expertos en narcotráfico coinciden que la mayor cantidad de droga no llega al país por aire. Por eso, el Gobierno ya prepara un paquete de medidas para controlar la mercadería en tránsito que ingresa por tierra y por agua.

El nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, trabaja junto al Ministerio de Seguridad en un proyecto para mejorar el control en los puestos fronterizos. Se trata de un sistema de precintos electrónicos que permite un seguimiento satelital de los camiones desde que ingresan hasta que salen del país. Funcionan como un GPS, aportando información on line sobre el itinerario del vehículo, y además alertan si se intenta abrir la carga en el camino.

El sistema, que ya se implementa con éxito en otros países, comenzaría a aplicarse en lugares estratégicos de la frontera como el Paso de Jama, en la provincia de Jujuy, un punto clave del Corredor Bioceánico y una zona caliente para el tráfico de cocaína.

“Es la primera etapa de un proceso de mayor control que responde a un modelo de Estado inteligente”, aseguró ayer a este diario Gómez Centurión, quien viene de dirigir la Agencia de Control Gubernamental en la ciudad de Buenos Aires. El desafío ahora es mayor. La Aduana tiene 6.500 empleados y una historia negra con nichos de corrupción enquistados y varios muertos. Para contrarrestar esa historia, el funcionario propone una gestión basada en el “profesionalismo” y la “transparencia”. “Si no puedo transformarla (a la Aduana), no voy”, le respondió al presidente Mauricio Macri antes de aceptar el cargo.

Los precintos también se aplicarían a la mercadería en tránsito que ingresa por vía acuática desde Paraguay y Bolivia. Con 54 puertos para controlar, la Hidrovía del río Paraná es el gran desafío para frenar el ingreso de droga al país antes de que parta hacia Europa.

“Argentina, desde sus puertos, es el tercer mayor exportador de droga, según estadísticas de Naciones Unidas”, se lamentó ayer un funcionario nacional.

El sistema de precintos es parte de un plan integral que incluye la radarización de las fronteras y la profesionalización de las Fuerzas de Seguridad.

En el Gobierno hay un debate sobre el control de las zonas primarias aduaneras, a las que hoy solo puede ingresar la Policía Aduanera. El Ministerio de Seguridad propuso que se sume a la Prefectura. Por ahora la idea no prosperó.

En el decreto sobre la Emergencia en Seguridad, se utilizó una fórmula ambigua y se estableció un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo. “Nosotros creemos en los controles cruzados, pero no hay una fórmula del éxito”, admitió anoche un alto funcionario.

El combate al narcotráfico en las selvas de Rio de Janeiro

Por el Coronel Fernando Montenegro* (Dialogo) -  En 2015, el Ejército Brasileño y la Policía Militar de Rio de Janeiro reestablecieron un convenio para que los agentes del Batallón de Operaciones Especiales de Rio (BOPE) sean entrenados en tácticas de combate en la selva por el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS). [Foto: Coronel Fernando Montenegro]      


La megalópolis de Rio de Janeiro tiene más de 10 milones de habitantes y más de 1.000 barriadas pobres. La superficie de la región tiene un relieve extremadamente accidentado que está cubierto por selvas. Algunas de las laderas montañosas que conforman este panorama fueron utilizadas por los habitantes más carentes para construir los desordenados conglomerados de casas que pasaron a ser conocidos como "favelas".

Sin embargo, una parte considerable de estas selvas tropicales permanecen bien conservadas. Tomadas en conjunto, las montañas de la Selva de Tijuca, el Parque Estatal de Pedra Branca y el Parque Municipal de Nova Iguaçu, suman una inmensa área que cubre aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Existen también kilómetros de senderos que conectan las cientos de favelas y vecindarios que se encuentran a lo largo de estas montañas. Se trata de un paisaje extremadamente hermoso que hasta hace solo pocos años solía ser frecuentado por excursionistas y entusiastas del ecoturismo.

Pero no constituye ninguna sorpresa que los narcotraficantes hayan estado utilizando estas rutas ya por algún tiempo. En la década de 1990, eI Primer Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército brasileño tenía su sede en Rio de Janeiro y realizaba parte de sus entrenamientos en esas zonas. De modo rutinario, las autoridades encontraban cartuchos de armas de fuego de diversos calibres y vestigios de campamentos, pero no hay registro de combates con el Ejército, porque los militares en ese entonces no realizaban operaciones de combate al narcotráfico. Cuando los grupos armados detectaban que el Ejército se acercaba, simplemente huían.

Incremento de la actividad delictiva

Ha habido un aumento significativo en la circulación de grupos formados por más de 40 delincuentes armados. Los miembros del crimen organizado utilizan los senderos para escapar de los operativos policiales y/o realizar ataques en áreas controladas por bandas rivales en su lucha por el control de las zonas para el tráfico de drogas. Los criminales también se deshacen de cadáveres en la selva, donde los narcotraficantes ahoran tienen conductas semejantes a la de los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las bandas del crimen organizado de modo insistente intentan reclutar soldados y exintegrantes de las fuerzas militares, tales como parcaidistas y marinos, para que se unan a las tropas del comercio de drogas ofreciéndoles pagos tentadores. En la década de 1990, los principales objetivos de este reclutamiento eran cabos y soldados comandos enlistados. Esta fue una de las principales razones por las que las autoridades transfirieron el Primer Batallón de Fuerzas Especiales para Goiânia, la capital del estado de Goiás, en 2003.

El equipamiento, el entrenamiento y, en particular, la logística de los órganos de seguridad pública que operan en Rio de Janeiro son extremadamente limitados y, en la mayoría de los casos, incompatibles con las zonas selváticas. La mayoría de los agentes policiales tienen poca o ninguna experiencia para operar en la selva.

Programa de entrenamiento en la selva

Hasta 1995, el Ejército permitía a los agentes policiales del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) matricularse en el Curso de Guerra en la Selva, en el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS) . El último que completó el curso fue el hasta hace poco Comandante General de la Policía Militar de Rio de Janeiro, el Coronel Pinheiro Neto. A partir de 1996, no se siguió permitiendo dicha matriculación y por ello el BOPE comenzó a buscar alternativas, tales como centros de entrenamiento militar en Colombia y otros países.

Sin embargo, en 2015 fue reestablecido el convenio entre el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva y el BOPE, y en la actualidad ya un sargento ha completado exitosamente el curso. Esperamos que la alianza continúe.

En conclusión, es fundamental que los órganos de seguridad pública del estado de Rio de Janeiro dediquen atención al uso que hacen los traficates de drogas de las selvas de Rio de Janeiro, lo cual representa un riesgo en crecimiento para la seguridad pública y que está transformando un área de preservación ambiental en un refugio de delincuentes armados. De la misma manera, las Fuerzas Armadas deben adoptar procedimentos para impedir el reclutamiento de soldados, con atención especial a los integrantes de tropas de élite.
* El Coronel Fernando Montenegro comandó la pacificación de las favelas de Rio de Janeiro (2011-2012); sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército Brasileño; actuó como Instructor en Jefe del Centro de Instrución de Guerra en la Selva (2009-2010), y ostenta el título de Maestría en Ciencias Militares.

El área Antidrogas de la Policía Federal llegará a todo el país

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION - Desplegarán unidades operativas en las principales ciudades del interior

Con el objetivo de lograr "una mayor eficacia en materia de prevención e investigación del delito de narcotráfico y de las organizaciones narcocriminales" fue modificada la estructura de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal para lograr un mayor despliegue que abarque todo el país.

La resolución se publicó en el orden del día de la Federal el lunes, según informaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales. "Se dotará a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de un mayor despliegue de sus unidades operativas, situándolas estratégicamente en las principales ciudades del interior, abarcando todo el territorio de la Argentina", reza el documento interno de la fuerza.

El despliegue hacia el interior supone un presupuesto mayor y más efectivos para combatir el narcotráfico, objetivo que se propuso la administración de Mauricio Macri. Según estimaciones oficiales, habrá 1000 uniformados más en la Superintendencia de Drogas Peligrosas.

Consta en el citado orden del día, al que tuvo acceso LA NACION, la creación del Departamento de Análisis Criminal e Investigación Patrimonial del Narcotráfico, que tendrá como tarea "coordinar, fiscalizar y ejercer la dirección superior de la investigación de los aspectos económicos de los grupos narcocriminales".

La modificación de la estructura de la Superintendencia, que seguirá a cargo del comisario mayor Néstor Roncaglia, contempla nuevas direcciones y dependencias, como la Dirección General Antidrogas Interior, el Departamento de Tráfico Ilícito de Drogas y la Sección Contrabando de Estupefacientes.

Dentro de la Dirección General Antidrogas Interior habrá cuatro departamentos de Operaciones Antidrogas: Oeste, Este, Sur y Campana.

El primero tendrá divisiones específicas en Orán y Salta, Salta; San Pedro, Jujuy; Río Hondo, Santiago del Estero; Bell Ville, Córdoba, y en las capitales de Catamarca, La Rioja y San Luis; también abarcará San Juan y Tucumán. El departamento Este tendrá en su jurisdicción las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, con sedes en Venado Tuerto, Goya, Concordia, Eldorado, La Plata, Resistencia, Corrientes y Formosa.

El Sur abarcará Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Ushuaia, con asiento en Mendoza, Comodoro Rivadavia, General Pico, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, Río Gallegos y Ushuaia.

El de Campana se ocupará de una región que, junto con Zárate, es una zona caliente del contrabando en general y del tráfico de drogas en particular, por la ruta 9 y los puertos.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la de Campana y la de Orán -el límite con Bolivia es una frontera caliente del narcotráfico- serán las primeras dependencias en crearse. Así lo estableció el jefe de la Policía Federal, comisario general Román Di Santo, en el artículo 22 del citado orden del día, que dispuso coordinar las acciones para "la inmediata puesta en funcionamiento" de ambas sedes operativas.

Otras dependencias que ya están en funciones, como las de Mar del Plata, Tucumán, Rosario, Córdoba y Cipolletti (Río Negro), pasarán de ser secciones a divisiones, lo que implica la dotación de más personal, recursos técnicos y presupuesto.

Narcotráfico: por decreto, Macri autoriza el derribo de aviones (II)

Por Martín Bravo - Clarin.com
Declararon la Emergencia de Seguridad por un año
Las Fuerzas Armadas podrán actuar contra “naves hostiles” no identificadas, luego de cumplir un protocolo.

El Kfir C-10 Block 60 es un modelo de avión de combate que el Gobierno podría comprarle a Israel para reequipar la Fuerza Aérea con 14 unidades. /Archivo

Lo había presentado como una de sus promesas durante la campaña y Mauricio Macri dejó el decreto firmado antes de subirse al avión que lo llevaría a Davos: el Gobierno declaró la Emergencia de Seguridad Pública por un año, en todo el territorio nacional, destinada a “revertir la situación de peligro colectivo” y con el objetivo declamado de “ir a fondo” contra el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, según los integrantes del Gabinete involucrados en la iniciativa.

El decreto incluye “Reglas de Protección Aeroespacial” que autorizan a las Fuerzas Armadas a derribar “naves hostiles”, luego de una serie de pasos para “identificar, advertir, e intimidar”, de acuerdo con un protocolo. “Estamos haciendo pública una política de Estado contra el delito complejo, el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando de armas, la trata de personas, con un fuerte control del espacio aéreo y todas las fronteras”, dijo a este diario Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y mostró confianza en que adherirán todas las provincias.

La funcionaria que tendrá a su cargo la implementación de la Emergencia, en la que también intervendrán las carteras de Defensa, Transporte y Comunicaciones, defendió la autorización para el derribo de aviones entre las medidas para proteger el espacio aéreo: “El año pasado el centro de monitoreo de la Fuerza Aérea detectó 400 vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos. Tomamos las reglas que se instrumentaron nueve veces en los últimos diez años, y levantamos su carácter secreto”, aseguró en referencia a nueve decretos firmados por Néstor y Cristina Kirchner entre 2005 y 2014, con vigencia acotada a un tiempo determinado y por lo general a pedido de otros gobiernos, con motivo de visitas de mandatarios extranjeros.

El Ejecutivo prepara un proyecto para enviar al Congreso a partir de marzo, durante el período de sesiones ordinarias, aunque la autorización estará vigente de inmediato. El Gobierno informó oficialmente que “serán declaradas hostiles” las naves con “entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional. La llamada ley de derribo fue una de las propuestas de Sergio Massa durante la campaña, una iniciativa cuestionada por violar las garantías procesales y el derecho a la defensa. El kirchnerismo la calificaba como una “pena de muerte sin juicio previo”, cuando rechazaba los reclamos para implementarla.

Otra cuestión que generará controversias, pedida por algunos sectores y criticada por otros, será la “entrada del Estado a los barrios dominados por el narcotráfico”, indicó un funcionario interiorizado en ese objetivo que, según adelantó, estará coordinado por el “Gabinete de Seguridad Humana”, se pondrá en marcha con “asistentes sociales y policías de prevención, para contener” y arrancará por Rosario, Córdoba, Capital y distintos puntos de Buenos Aires.

El decreto considera como delito complejo y crimen organizado la producción, el tráfico y la comercialización de drogas, el contrabando de armas, el terrorismo, las asociaciones ilícitas para “cometer delitos por fines políticos o raciales”, el fraude contra la Administración Pública, la prostitución de menores, la trata de personas y la extorsión, entre otros. Crea el “Operativo Fronteras” en reemplazo del “Escudo Norte”, faculta a Marcos Peña -jefe de Gabinete- a modificar partidas presupuestarias para la compra del “material necesario” para vigilar fronteras, la hidrovía, los puertos y otros gastos y autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de las cuatro fuerzas federales, con excepción de condenados por delitos de lesa humanidad, procesados o retirados por razones disciplinarias.

La emergencia en seguridad habilita el derribo de vuelos narcos

Por Daniel Gallo - LA NACION
El Gobierno autorizó a los militares a abrir fuego contra aeronaves "hostiles" en el espacio aéreo argentino

El Gobierno declaró ayer la "emergencia de seguridad pública" con un decreto que firmó el presidente Mauricio Macri, horas antes de viajar a la cumbre de Davos. En dicha norma se destaca la posibilidad de derribar avionetas ligadas con el narcotráfico.

La Casa Rosada definió la existencia de un alto índice de delito complejo y la necesidad de "revertir esa situación de peligro colectivo". Con el ingreso de drogas como elemento central a combatir, el decreto de emergencia en seguridad también deja abierta la puerta al derribo de aeronaves "hostiles".

En el comunicado de prensa difundido ayer por el Gobierno se indicó que se levantaría "el secreto militar de las reglas de empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415, de 2014". Pues bien, esa norma fue la que habilitó la posibilidad de abrir fuego contra aeronaves que no respetasen la orden de no volar en un perímetro cercano a la ciudad de Paraná, en momentos en que allí se desarrollaba la cumbre del Mercosur.

Sin embargo, la parte importante del decreto de emergencia de seguridad figura en el artículo 9: "Protección del espacio aéreo. Apruébanse las reglas de protección aeroespacial, que, como Anexo I, forman parte del presente decreto". En ese anexo se determinan las reglas autorizadas en todo el territorio argentino a partir de este decreto, y en el documento se señaló: "Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores «declarados hostiles»".

En la definición de aeronave hostil se detallaron aquellas que "por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implican una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".

La llamada ley de derribo siempre provocó polémicas, aunque está en funciones en la mayoría de los países de la región, incluyendo Bolivia, Venezuela y Brasil. Perú volvió a aprobar una ley similar la semana pasada. La referencia al decreto de 2014 tiene que ver con una exposición pública de medidas que el kirchnerismo tomó sin gran difusión. Desde la cumbre de las Américas, en 2015, cada encuentro de presidentes contó con un perímetro de seguridad aérea y un decreto que permitió el derribo de aeronaves en infracción.

En ese momento, la vigilancia electrónica de la cumbre en Mar del Plata estuvo a cargo de los aviones Awacs de la Fuerza Aérea de los EE.UU., que permitió observar ese trabajo a oficiales argentinos. Los cazas fueron los A4 con base habitual en San Luis y la orden de abrir fuego estaba a cargo del secretario de Asuntos Militares. En ese evento hubo dos interceptaciones de pilotos civiles que desconocían la prohibición de volar en esa zona.

En casos más recientes, durante la ceremonia de juramento del presidente Macri, cuando dos aviones Pucará protegieron el espacio aéreo metropolitano e interceptaron una avioneta que había despegado del aeródromo de Ezpeleta y fue obligada a aterrizar en Quilmes.

En el decreto de emergencia de seguridad también aparece la necesidad de completar la radarización de la frontera norte y se habilita "en forma inmediata la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos".

Más allá del permiso para derribar aviones considerados hostiles, la emergencia de seguridad tiene como otro punto operativo importante la convocatoria a personal retirado de las fuerzas de seguridad, tal como adelantó LA NACION en su edición de anteayer.

Ese llamado a quienes hoy no están en servicio activo tiene que ver con la necesidad de contar rápido con un refuerzo de tropas, a partir de la utilización de esos reincorporados en tareas menores para liberar efectivos en actuales capacidades operativas para enfrentar al narcotráfico en la frontera norte.

El eje del esfuerzo de seguridad será colocado, según se desprende de ese decreto, en frenar el ingreso de drogas en el norte argentino.

Qué medidas implica la declaración de Emergencia en Seguridad

Por Sol Amaya - LA NACION - Entre otras cosas, se llevará a cabo "un fuerte control del espacio aéreo"; el objetivo es combatir el crimen organizado y el narcotráfico

En el marco de la declaración de Emergencia en Seguridad Pública, el Gobierno dispuso varias medidas, enfocadas en combatir el delito complejo y el crimen organizado.

Según detalla el decreto, estos delitos abarcan la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737; delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes previstos en la Ley N° 22.415; delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita; delitos de fraude contra la Administración Pública; prostitución de menores y pornografía infantil; financiación del terrorismo; extorsión y trata de personas, entre otros.

Algunas de las medidas que establece el decreto son:

Reforzar el control del espacio aéreo

El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA. Estas reglas podrán utilizarse en todo "el sector de defensa aeroespacial del terriotrio de la República Argentina". Las medidas comprendidas están "orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino".

En ese sentido, define como vector hostil a todo "medio/s aéreo/s, tripulado/s o no tripulado/s que por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implica/n una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".

Las Reglas establecen que "una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación", se autoriza a emitir una advertencia a la aeronave interceptada para que abandone el sector de defensa aeroespacial del terriotrio de la República Argentina, que adopte actitud que se ordene o directamente a compeler al aterrizaje.

Por otra parte, las Reglas sostienen que "está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles".

Convocar a personal retirado

El decreto autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. "En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias", aclara el texto.

Reemplazar el Operativo Escudo Norte

El decreto crea el "Operativo Fronteras", que reemplaza al "Escudo Norte" con carácter permanente, y dota de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, entre otros elementos, una radarización para el "eficiente control" fronterizo. En ese sentido, el decreto señala que el "Operativo Escudo Norte no ha dado a la fecha los resultados esperados". Además, dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial "que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014".

Radarización

El decreto determina que el Ministerio de Defensa "dispondrá las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la Frontera Norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y transito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano".

Relevamiento de Estadísticias

En el marco de la emergencia, determinan una actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal. Entre otras cosas, se establece que las provincias y la ciudad de Buenos Aires "enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes" deberán ser enviadas al Registro Único de Análisis de Narcotráfico (RUAN), creado por el ex Ministerio del Interior.

Otras medidas

Crea el Gabinete de Seguridad Humana, que tendrá como tarea coordinar las atribuciones de cada cartera respecto de los aspectos concurrentes a la emergencia, "en orden a lograr la ejecución de las políticas de Estado en materia de seguridad y lucha contra el delito, crimen organizado, corrupción, trata de personas y narcotráfico".

El Ministerio de Seguridad propone al Poder Judicial celebrar un convenio "con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras".

En tanto, el Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.

Autoriza la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.

Se ordena a los Ministerios de Seguridad y de Justicia que actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata y desaparición de personas.

Se ordena al Ministerio de Transporte que disponga las medidas necesarias "para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos en todo tipo de transporte comercial y la identificación de su propietario, poseedor, tenedor o despachante".

Determinar la colaboración de la Aduana: "Cuando el objeto de la compra y/o la contratación trate respecto de elementos, objetos, software de fabricación o desarrollo extranjero y/o cualquier otro elemento comprado en el marco de la presente declaración de emergencia de seguridad pública, la autoridad competente dispondrá las medidas administrativas necesarias para que en el marco de las leyes y reglamentaciones vigentes dichos objetos ingresen al país en el más breve plazo que resulte posible para su inmediata operatividad".

Presupuesto: el decreto sostiene que el Jefe de Gabinete de Ministros "dispondrá la modificación de las partidas presupuestarias necesarias de la Ley N° 27.198 y sus modificaciones para hacer frente a la presente declaración de emergencia de seguridad pública y a las mayores erogaciones que exija para los Ministerios de Seguridad y Defensa.

La lucha antidrogas requiere de innovación

Por Jorge Cabral - LA NACION

La existencia, la amplitud y la gravedad de la problemática del narcotráfico en la Argentina constituyen un adversario a enfrentar que lleva una gran ventaja, adquirida durante varios años en los que tuvo libertad de acción para desarrollar su ilegal negocio, capitalizando, además, los beneficios de los cambios geopolíticos, socioeconómicos y tecnológicos. Por eso, la estrategia para combatirlo deberá ser verdaderamente precisa, ingeniosa e innovadora, de modo que garantice ciertas posibilidades favorables.

Se podría elaborar una estructura antidrogas en dos frentes bien identificados: frenar en las fronteras el ingreso de drogas y narcotraficantes al país y combatir decididamente la producción interna de drogas, muy especialmente las de diseño, que día a día ganan más consumidores.

El primer escenario exige fortalecer el control fronterizo mediante la restitución y reorganización de las fuerzas de seguridad que fueron desmanteladas en esa zona en los últimos cinco años para ser trasladadas a sectores urbanos con funciones de seguridad ciudadana. El Operativo Escudo Norte fue una buena intención que nunca funcionó en plenitud por deficiencias legales y tecnológicas para instrumentar la esencia de ese esfuerzo: la radarización. Sin embargo, los resultados terrestres y, en menor medida, los fluviales impidieron que una gran cantidad de drogas llegaran al mercado consumidor.

El retorno de las fuerzas de seguridad a sus funciones fronterizas implica un gran esfuerzo de formación continua del personal orientado a lograr la profesionalización y adhesión al compromiso institucional de servicio a la sociedad.

La urgencia de esta capacitación surge del masivo incremento de efectivos que las fuerzas de seguridad han registrado en los últimos diez años, pues el reclutamiento y posterior formación de esos efectivos ha sido muy endeble, observándose una mutación del paradigma de los uniformados de la "vocación de servicio" hacia la "comodidad y conveniencia económica".

El estado deficiente de la profesionalización de las fuerzas federales quedó reflejado en el reciente operativo de búsqueda de los autores del triple crimen de General Rodríguez tras su evasión.

Un aspecto fundamental en cualquier operación y que requiere urgente revisión es el apoyo logístico. En los últimos años, las fuerzas de seguridad incrementaron sus medios materiales en buenas cantidades, pero no en la calidad necesaria, lo que sumado a la falta de mantenimiento, pone en evidencia un estado preocupante (recordar el accidente del ómnibus de la Gendarmería en Salta, que en diciembre provocó 43 muertos). En este contexto cobra superlativa relevancia la selección y adquisición de los medios tecnológicos para el control fronterizo.

El segundo frente, combatir decididamente la producción interna de drogas, es aún más complejo porque algunos territorios de los centros urbanos del país se encuentran dominados por las organizaciones delictivas y existe complicidad de las fuerzas policiales y de ciertos sectores sociales.

Además, hay que prever que la implementación de una acción frontal contra el tráfico ilícito de drogas provocará una reacción de los narcotraficantes y de los entornos interesados en las ganancias de esta actividad ilegal contra quienes representen un escollo. Es por eso que habrá que innovar y fortalecer las medidas de contrainteligencia y de seguridad para con jueces, fiscales, agentes antidrogas y periodistas que trabajen contra este mal, generando un panorama hasta ahora desconocido en la Argentina.

El tráfico ilícito de drogas es un delito que se caracteriza por ser esencialmente transnacional y global. Identificar esa característica plantea la necesidad de la integración regional e internacional para combatirlo. Hace más de 10 años que la Argentina se ausentó de los foros internacionales en los que se trata la problemática de las drogas, lo que le significó para el país el aislamiento en la lucha contra el narcotráfico.

Comandante general (R), Gendarmería

Macri quiere que la Prefectura desplace a la policía aduanera en los controles de drogas

Por Mauricio Cantando - LPO
Sospechan que ayuda a exportar cocaína y marihuana a Europa. Los planes para las fronteras.


Mauricio Macri planea quitarle a la policía aduanera el poder de policía sobre las embarcaciones y dárselo a la Prefectura, con la misión de impedir la salida de droga hacia Europa, el último eslabón del circuito del narcotráfico argentino.

Se trata de una de las medidas que trabaja por estas horas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como parte de un plan integral contra el ingreso de drogas, uno de los problemas que más preocupa al presidente.

El diagnóstico que manejan en la Casa Rosada es que la mayor parte de los estupefacientes entran desde el norte por vía aérea, terrestre y por la hidrovía de Paraguay pero la mayoría tienen como destino Europa, donde Argentina sería el tercer exportador de drogas.

La droga que queda en el camino es el grueso del consumo interno, motivo de fuertes disputas territoriales y sólo posible por complicidad de autoridades policiales.

Macri cree que si se complica el ingreso y la salida de drogas al país disminuirá paulatinamente la venta doméstica. Además, representa una camino más corto que desterrar la corrupción policial de cada provincia, una de las tareas pendientes de la democracia.

Bolivia es la meca de la cocaína y desde allí ingresa al país por la frontera, un territorio de intenso intercambio comercial. Sergio Berni quiso cerrarla pero chocó con centenares de familias que temían perder su empleo.

Pero también llega por vía aérea sobre todo en vuelos privados desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde hay escuelas de pilotos para abastecer una incesante demanda.

Por Paraguay ingresa marihuana, la mayoría por tierra y siempre con complicidad de las autoridades argentinas en la frontera, un problema que carcome a Macri.

Según el relevo de Seguridad, la mayoría de la droga viaja a los puertos de Rosario y la Patagonia, donde hace años las pesqueras son acusadas de enviar cocaína y marihuana entre sus embarcaciones, la mayoría con destino a Madrid y Barcelona. Fue por ese tema que Elisa Carrió libró una dura batalla judicial con la pesquera española Conarpesa, a la que acusó de financiar campañas políticas con dinero del narcotráfico.

Rosario se convirtió en el destino ideal porque llegan todas las rutas del norte y tiene uno de los puertos que mayor carga mueve en el país.

“En España la droga vale 10 veces más que en Bolivia y Argentina es su tercer exportador. Los 'peajes' se pagan con mercadería, que las policías locales dejan pasar y distribuyen. Ese es el mercado interno y es lo que explotó en Rosario”, describen en el Gobierno.

Macri considera que este circuito sólo fue posible por complicidad de la Policía aduanera, que depende de la Dirección Nacional de Aduanas. Y su idea es que cuanto antes la Prefectura sea la encargada de controlar los containers y abrirlos cada vez que los considere sospechosos.

Uno de las trabas que tiene es que habría que modificar el código aduanero con una ley. No descartan convocar a sesiones extraordinarias. Otra urgencia es mejorar el control aéreo con un prolífico sistema de radarización y una exhaustiva inspección de los puntos de carga de combustible de los aviones privados.

Por su tamaño, muchos charters no pueden llegar desde Santa Cruz de la Sierra a los puertos sin antes parar a llenar el tanque. “Las pistas de aterrizaje privadas son terrenos privados de 500 metros imposibles de detectar. Pero la carga de combustible sí se puede interceptar”, explican.

Para la custodia de las fronteras no hace falta otra cosa que una gendarmería activa. No es nada fácil: Macri y Burllich atribuyen a esta fuerza la responsabilidad de haber pasado el sábado el dato falso de las tres detenciones de los prófugos del triple crimen. Creen que habría sido un gesto de complicidad con los policías santafesinos, quienes nunca estuvieron cómodos con el operativo nacional en su territorio.

Para combatir el narcotráfico Macri confía en lo que retuvo de la policía federal, que sólo transfirió su parte “de calle” a la Metropolitana. El resto es personal jerárquico y sería derivado a la investigación, donde debería coordinar acciones con las policías locales.

La inteligencia criminal es otra área desguarnecida de la Gendarmería: su presupuesto es mucho menor que el de la del ejército, robustecida durante la gestión de César Milani. Si ella evitar la circulación de drogas no será fácil. Y es una de las mayores urgencias del Gobierno.

Misiones: Gendarmería descubrió 20 hectáreas de plantación de marihuana

Por César Sánchez Bonifato PARA LA NACION -  Además de yerba mate, té, tabaco, cítricos, forestaciones y otros cultivos, esta provincia produce ahora cannabis sativa, y ya no es sólo un lugar de paso de la droga proveniente del Paraguay

POSADAS.- Con el hallazgo de una plantación de marihuana de 20 hectáreas de extensión, se confirma que Misiones produce marihuana y la distribuye a los centros de consumo de la Argentina y del exterior, especialmente a Europa, donde se pagan precios muy superiores a los del mercado local.

Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes al Escuadrón XII Bernardo de Irigoyen, con apoyo de la Unidad Especial de Investigaciones creada en el ámbito del Poder Judicial, lograron dar con esta chacra, perteneciente a un matrimonio argentino, de la cual incautaron 81 plantas de cannabis sativa de hasta dos metros de alto. El procedimiento fue realizado el lunes pasado en Alegría, un paraje ubicado entre serranías boscosas sobre la ruta nacional 14, cercano a la antigua localidad de Tobuna, a 300 kilómetros de esta capital.

Los efectivos detuvieron al hombre y a la mujer -cuyos nombres se mantienen en reserva, dado el secreto de sumario dispuesto por el juez Federal de Eldorado interviniente en la causa-, e incautaron 12,700 kilogramos de ladrillos de droga, dos pistolas calibre 22, dinero en efectivo y varios celulares.

Gendarmería incautó 81 plantas de marihuana. Foto: Prensa Gendarmería

Antecedentes

Ya suman varios los hallazgos de cultivos similares en allanamientos realizados en otros parajes misioneros: a mediados de 2014 en Colonia Gisela, a la vera del Paraná, y más recientemente en Santa Rita, a orillas del río Uruguay, y también en una villa cercana a Posadas. En Misiones, dadas las características de los suelos rojos, la planta crece con rapidez, y puede sembrarse hasta tres veces al año. Tiene alto poder alucinógeno, superior incluso a la marihuana producida en México, Colombia y Paraguay.

Su elaboración no requiere de precursores químicos. A los cuatro o cinco meses se la corta con azadas o machetes para formar parvas al aires libre, y se secan las hojas y ramas al fuerte sol del Subtrópico. Luego se utiliza una maquinaria precaria para prensarla para posteriormente picarla a cuchillo sobre tablones. Para evitar la humedad, se envuelve el producto final en plásticos, fraccionándose en forma de ladrillos de un kilogramo de peso, listos para la venta.

Expiró plan de control fronterizo antinarco (II)

Por: Edgardo Aguilera - Ambito.com
Perdió vigencia el 31 de diciembre y el gobierno nacional aun no lo renovó.
El 31 de diciembre de 2015 se extinguió la vigencia del Plan Escudo del Norte de vigilancia y control fronterizo y también su complemento Fortín II. La administración Kirchner lanzó en 2011 el operativo Escudo del Norte y su contribuyente Fortín II bajo la conducción del ministerio de Seguridad y la cooperación de Defensa. Era una operación que articulaba miles de recursos humanos de las fuerzas de seguridad federal (Gendarmería y Prefectura) y de las tres fuerzas armadas puestas al servicio de la lucha contra el crimen organizado: narcotráfico, contrabando, tráfico de personas y otros delitos conexos.

Año a año se extendía la vigencia por decreto y la última prórroga firmada por Cristina Kirchner se oficializó en el Boletín Oficial del 31 de diciembre de 2014 (decreto Nª 2.757/14) y establecía la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2015. En el torbellino de decretos que lanzó Mauricio Macri desde su asunción no apareció ninguno que contemplara la continuidad del operativo Escudo del Norte y Fortín II. Macri en la campaña presidencial hizo de la lucha contra el narcotráfico uno de sus ejes centrales, "es la principal amenaza a la seguridad de los argentinos" sostenía.

Sea por inexplicable omisión del Ejecutivo actual o como resultado de una transición que no trasladó al entrante la agenda institucional esencial en materia de seguridad, lo cierto es que las fuerzas desplegadas carecen hoy de una norma para continuar con la misión del Escudo del Norte y Fortín II. No se aclaró si estos planes se dejaron caer en vista de alguna planificación mayor que contemplaría la "emergencia en seguridad nacional" que anunció la ministra Patricia Bullrich el pasado 17 de diciembre en el marco del la primer cumbre de los miembros del Consejo de Seguridad Interior.

Cientos de procedimientos llevados a cabo por Gendarmería y Prefectura con incautación de estupefacientes y mercaderías, más la detección según estadística de la Fuerza Aérea- de más de 700 vuelos ilegales desde el inicio de las operaciones en 2011 hablarían de la eficacia del plan Escudo del Norte y su contribuyente Fortín II. No todo son rosas, la herencia kirchnerista dejó en Defensa un rojo de más de 100 millones de pesos en la fuerza Ejército. Se adeudan 9 meses de viáticos a los uniformados desplegados en el norte del país.

A partir de octubre de 2013 la administración K, con Agustín Rossi como Ministro de Defensa, reforzó con unos 4.500 efectivos, el Fortín II y hubo una seguidilla de 6 ampliaciones presupuestarias pero las autoridades de Defensa de Cambiemos, ahora a cargo de Julio Martínez, aseguran sin detallar montos- que esas partidas no llegaron a la fuerza o quizá se redistribuyeron a otras actividades en detrimento del pago de los viáticos al personal. Se asignaban en el "Programa 24" o Sostenimiento Operacional, la bisagra logística del Operativo Fortín II, para "las operaciones militares en general, operaciones de vigilancia y control del área geográfica de interés nacional, y de operaciones de ayuda humanitaria y apoyo a la comunidad". Muchos hombres pertenecen a la Brigada de Monte III en Puerto Bermejo y Las Palmas (Chaco) y Las Lomitas, Misión Tacaaglé y Posta Cambio Zalazar (Formosa) también a la Brigada de Monte XII en Posadas.

La Fuerza Aérea tiene un despliegue radárico que cubre la vigilancia y el control de todo el espacio aéreo norteño con equipos nuevos fabricados por el Invap. Hay un contrato de 1.000 millones de pesos para desarrollar otros 6 y se espera que la gestión Macri no desinvierta el proyecto. La información de estos radares es transmitida al Grupo de Control y Vigilancia del Espacio Aéreo que la Fuerza Aérea tiene en la localidad bonaerense de Merlo, y es automáticamente compartida por efectivos militares, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El flanco débil es la disponibilidad de aviones para interceptación.

Un puñado de IA-58 Pucará rotan en esa tarea pero las exigencias operativas los han dejado al borde de la parálisis Defensa se apresta a desplegar los Tucano, -de probada eficacia en operaciones tácticas- que hasta ahora estaban asignados a la formación de pilotos, claro previa extensión del plan Fortín II. Fuentes militares confirmaron que el plan original pergeñado durante la gestión del entonces jefe de la fuerza, brigadier general Normando Costantino, era asignar esos aparatos en forma permanente al teatro de operaciones norteño una vez que se recibieran la totalidad de entrenadores alemanes Grob TP-120. El Grob sustituyó al entrenador Mentor, los primeros llegaron en 2013.