Mauricio Macri impulsa un plan de depuración y quiere designar a 100 jueces en 2018

Por Ignacio Ortelli - Clarin.com

El Presidente busca avanzar en la destitución de los magistrados más cuestionados, con Rafecas a la cabeza. Tiene que nombrar los reemplazantes de Oyarbide y Freiler.

El presidente Mauricio Macri quiere una limpieza en la Justicia. Foto: REUTERS

Ignacio Rodríguez Varela entró al Poder Judicial hace 30 años. Allí conoció al fiscal José María Campagnoli, con quien desarrolló gran parte de su carrera y llegó al cargo de secretario. Desde 2005, concursó 36 veces para ser juez, pero el kirchnerismo lo proscribió y Néstor Kirchner, primero, y Cristina esquivaron designarlo pese a que en 27 ocasiones logró ganar su terna, constituyendo uno de los casos más emblemáticos de injusticia en el proceso de selección de los jueces que se vivió en la última década.

Sin padrinos políticos, sufrió las consecuencias de que su padre, Alberto, fuera ministro de Justicia durante la última dictadura y abogado del fallecido represor Jorge Rafael Videla. Con la llegada del macrismo al poder, siguió presentándose a concursos -y ganándolos- aunque sin demasiada expectativa ya que era consciente de que no cuadra dentro del arquetipo de jueces que le suele interesar al poder: de personalidad rebelde como Campagnoli, no da garantías de obediencia al poder político.

Igual, por recomendación de su mesa judicial y sus asesores más cercanos, tras recibir las ternas del Consejo de la Magistratura, este jueves Mauricio Macri envió su pliego al Senado, proponiéndolo para integrar la Cámara del Crimen. La explicación fue clara: “Queremos a los mejores, no importa el apellido ni la militancia partidaria”.

El caso de Rodríguez Varela, dicen en la Casa Rosada, es el paradigma de Justicia independiente que impulsa Macri en su plan de depuración, que continuará en 2018 con una meta más ambiciosa: luego de que en 2017 se definieran 93 ternas de jueces, la idea de Macri es entrar al próximo año con otros 100 nombres propuestos para que el Senado convalide.

Al mismo tiempo, busca avanzar con la destitución de los jueces más cuestionados. En ese sentido, al tope de la lista de prioridades del Gobierno figuran el juez Federal Daniel Rafecas, la jueza de Casación Ana María Figueroa y tampoco descartan a Ariel Lijo, pese a que, tal como reveló La Nación el mes pasado, intercedió por él Daniel Angelici, el operador judicial más escuchado por el Presidente.

Más allá del impulso que dio la mesa judicial del Gobierno, conformada por el jefe de asesores de Macri, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el consejero de la Magistratura Juan Bautista Mahiques, en el Gobierno destacan la reactivación del Consejo.

En ese sentido, dentro de un contexto en el que el oficialismo supo articular consensos con los representantes de los abogados y de los jueces, reivindican el aporte que hizo el académico Jorge Candis, uno de los consejeros que, curiosamente, quedó en el centro de la escena en mayo, por haber dilatado con su voto, el inicio del juicio político contra el camarista Eduardo Freiler. “Se mandó esa macana pero ayudó mucho para que el consejo volviera a funcionar”, conceden. En efecto, se triplicó la cantidad de ternas remitidas al Ejecutivo en 2016, cuando Macri recibió sólo 38 vacantes para cubrir.

Como tarea pendiente de 2017, Macri aún debe decidir sobre cuatro vacantes clave para la Cámara Federal de Casación Penal, cuyas ternas recibió a principios de mes; y cinco cargos en seis salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Dentro de los 100 cargos vacantes que planea cubrir en 2018, hay algunos que son emblemáticos, como el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 de la Capital: es el que dejó el renunciante juez Norberto Oyarbide.

Hasta que el “Huracán” Elisa Carrió apuntó contra el juez federal Ariel Lijo, quien tenía todas las fichas puestas para ese puesto era Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fuera su secretario durante muchos años y en la actualidad maneja la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial. Pero la avanzada de Carrió sobre Lijo lo dejó complicado. Y ni siquiera lo ayudaría una gestión de su padre, José Rodríguez Ponte, intendente de Cambiemos de la localidad bonaerense de General Lavalle. Ahora, el cargo se lo disputan entre Eugenia Capuchetti (Ministerio Público Fiscal de la Ciudad) y Hernán Blanco, secretario de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además de una decena de juzgados federales del Interior del país, Macri también deberá definir qué sucede con el cargo que quedó libre luego de la destitución de Eduardo Freiler en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Y, en la previa a la presidencial de 2019, resolverá el Concurso 376, para la estratégica Cámara Nacional Electoral.

El Gobierno pide que Cristina devuelva US$ 1216 millones de la corrupción

Por Hernán Cappiello - LA NACION

La Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a la ex mandataria, a De Vido y a López, entre otros, una indemnización por otorgar obras públicas a Lázaro Báez.

Cristina recibió ayer a los senadores de su bloque. Foto: Twitter

El Gobierno quiere demostrar que no sólo busca combatir la corrupción, sino también recuperar los fondos públicos. Por eso, la Dirección de Vialidad se presentó ante la Justicia para que les reclame a Cristina Kirchner y al resto de los procesados por otorgar obras públicas a Lázaro Báez con sobreprecios una indemnización de 22.500 millones de pesos, es decir, unos 1216 millones de dólares, por los delitos por los que serán juzgados.

En rigor, técnicamente, Javier Iguacel, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, se presentó como "actor civil" en la causa penal en la que el juez federal Julián Ercolini tiene previsto elevar a juicio el año próximo. Los actores civiles son aquellas víctimas que además consideran que tienen derecho a una indemnización en la propia causa penal.

Y esto es lo que hizo el Gobierno, a través de Vialidad. En seis carillas le pidió al juez Ercolini un resarcimiento porque los acusados -dijo- diseñaron un plan criminal para manejar fraudulentamente fondos del Estado en favor de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA, las empresas de Lázaro Báez donde fueron direccionadas el 80% de las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.

Ercolini ya aceptó a Iguacel como actor civil, por lo que en caso de un juicio contra los acusados el tribunal oral no sólo deberá resolver si son inocentes o no, sino que también deberá decidir el monto de la indemnización que tendrán que pagar al Estado.

Los acusados a los que se dirige la acción civil son Cristina Kirchner, el diputado desaforado y detenido Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre una lista de unos 30 acusados.

En esta causa, que es la que está más avanzada por la obra pública, están procesados con fallos confirmados por la Cámara Federal la ex presidenta, López, De Vido y Báez, entre otros.

El fiscal Gerardo Pollicita, por su parte, pidió hace una semana elevar la causa a juicio oral, medida en la que está trabajando el juez Ercolini, que acusó a los implicados de pertenecer a una asociación ilícita que cometió una administración fraudulenta.

Dijo el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad que los funcionarios implicados causaron un "notorio y millonario perjuicio" a Vialidad al igual que los empresarios involucrados, y por eso fue contra todos ellos.

Este expediente es parte de una megacausa por corrupción que alcanza además los casos Hotesur SA y Los Sauces SA, por lo cual es probable que apenas suba a juicio oral y sea designado un tribunal para llevar adelante el proceso se adjunten los otros dos expedientes y el conocido como la "ruta del dinero K", que investiga el juez federal Sebastián Casanello.

En el caso de la obra pública se acusa a Cristina de ser "jefa de una asociación ilícita" y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer "al amigo presidencial".

Se estima que beneficiaron a Báez con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K.

Pollicita amplió la maniobra y consideró que los "hechos de corrupción" alcanzaron a otro empresario "amigo, ligado personal y comercialmente" a quienes ocuparon la presidencia de la Nación entre 2003 y 2015, como es el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos procesados con prisión preventiva por presunta administración fraudulenta hace una semana.

Los fiscales entendieron que la investigación no se encuentra "en soledad", sino que se trata de la "causa madre" de un grupo de investigaciones que involucran a la ex presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP $ 8000 millones del impuesto a los combustibles.

Se instauró una "maniobra de corrupción" -según los fiscales- desde el gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de obras".

Este circuito de contrataciones "irregulares" permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015- un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes", sostuvo la fiscalía.

El reclamo, en cifras

22.500 millones de pesos - Es la cifra que reclama el Gobierno como indemnización por el otorgamiento de contratos de obra pública con sobreprecios a Lázaro Báez

30 son los acusados - A los que se dirige la acción civil interpuesta por la Dirección Nacional de Vialidad, entre ellos: Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti

80% de las obras públicas - Es el porcentaje de contratos de obra pública que se estima que fueron direccionados a favor de las empresas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA de Báez en la provincia de Santa Cruz

Violencia frente al Congreso: el Gobierno pide juzgar por sedición a los responsables

Por Mariano Obarrio - LA NACION

Busca aportar información y pruebas para que quienes protagonizaron los desmanes el lunes pasado no sólo sean acusados de delitos menores; tiene penas de hasta seis años.

Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

El gobierno de Mauricio Macri impulsa que se investiguen judicialmente bajo la figura del delito penal de sedición la violencia y los destrozos generados por agrupaciones kirchneristas y de izquierda en la zona del Congreso el lunes último, durante la aprobación de la reforma previsional.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada, no quiere que todo quede en delitos menores como resistencia a la autoridad. El pedido de Macri es ir a fondo contra los cabecillas de los partidos y las organizaciones implicados.

El gran desafío de la Casa Rosada consistirá entonces en darle pruebas al juez federal Sergio Torres, que instruye la causa, y convencerlo de encuadrarla en ese delito.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, está recopilando pruebas y analizando más de 480 horas de videos para identificar a los agresores de policías y a quienes destruyeron el espacio público. Se identificaron algunos violentos y se llevó el material al juez de la causa. Por ahora la información es secreta.

También la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , inició una investigación criminal con las fuerzas de seguridad.

La figura de sedición es un delito federal grave, con penas de hasta seis años de prisión. Está tipificado en los artículos 22 de la Constitución y 229 y 230 del Código Penal. Macri y Bullrich quieren identificar no sólo a los autores materiales, sino también a los partidos políticos y las organizaciones que actuaron como instigadores, organizadores y financiadores.

"Tenemos que llegar a las personas responsables y a las organizaciones y los partidos. Esto no puede quedar en una simple resistencia a la autoridad. Iremos a fondo, y para eso sería aplicable el delito de sedición", dijo a LA NACION una alta fuente oficial de la Casa Rosada.

El lunes último, mientras el Congreso debatía la reforma previsional, se registraron enfrentamientos violentos durante cinco horas entre activistas kirchneristas y de izquierda contra la Policía de la Ciudad, a la que se sumó la Policía Federal como refuerzo. El saldo fue de 88 policías heridos y 60 manifestantes violentos detenidos y luego liberados.

El Gobierno ahora investiga la conexión entre importantes dirigentes que responden a la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, la agrupación Hijos, el Movimiento Libres del Sur, que lidera Victoria Donda, y los partidos políticos de izquierda, con el Partido Obrero a la cabeza, entre otras fuerzas.

El juez Torres liberó a los detenidos por falta de pruebas, pese a ser detenidos en flagrancia, pero pidió la detención de Sebastián Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), del Frente de Izquierda. Romero fue filmado e identificado con una camiseta del PSTU arrojando bengalas contra la policía con un mortero casero.

Pero todavía no fue encontrado por las fuerzas policiales. El PSTU y el PO lo defendieron ayer y dijeron que la violencia es del Gobierno.

"Haremos una investigación profunda para tener todas las personas responsables y avanzar más allá de una simple resistencia a la autoridad", dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada. "También buscaremos el pago de los daños; las ONG que participaron responderán con sus personerías jurídicas", señaló.

 "No vamos sobre las personas, sino también sobre las organizaciones", dicen en Balcarce 50.

El delito de sedición está previsto en el artículo 22 de la Constitución: "El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades (...) Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición".

El artículo 229 del Código Penal tipifica la figura de "sedición" y la penaliza "con prisión de uno a seis años" a los que se organicen para "deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales".

El artículo 230 fija penas de uno a cuatro años de prisión para "una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de este" o para "los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos".

La gran preocupación en el Gobierno es que, pese a que pretende una investigación profunda, la primera medida del juez Torres fue liberar a los 60 detenidos porque no pudo acreditar vínculo probado entre ellos y los destrozos o los heridos. "Se pide un nivel de pruebas altísimo pese a que los detuvieron en flagrancia", se lamentaron en la Casa Rosada. Los partidos que más gente comprometida tienen son el Partido Obrero y otros del Frente de Izquierda.

La Justicia se llevó de la Armada cinco cajas con documentación

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Fue en los allanamientos a la fuerza; hay sólo dos buques en zona de búsqueda.

La Justicia se llevó de la Armada cinco cajas con documentación. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

Cinco cajas de documentación, debidamente franjadas, esperan ser abiertas y analizadas en el juzgado federal de Sergio Torres. Ese fue el resultado del allanamiento realizado en el Edificio Libertad, sede de la Armada, en la causa en la que se investiga la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió sobre las reparaciones de buques y submarinos entre 2005 y 2015, durante la gestión kirchnerista.

"Ahora hay que analizar todo su contenido. Se calcula que la tarea va a demorar un tiempo, porque los investigadores tienen que determinar con precisión cuál va a ser el objeto de la causa y chequear que no se esté investigando lo mismo en otro juzgado", explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

También se analizará el resultado del allanamiento realizado en las oficinas de la empresa Ferrostaal Argentina, que tuvo a su cargo el replacado y la reparación integral de las 960 baterías del submarino ARA San Juan .

Dado que ya existe otra causa abierta por la desaparición del submarino, que tramita la jueza federal de Caleta Olivia, Martha Yáñez, en ese caso se debería enviar la documentación pertinente al juzgado que ya tenía esa investigación.

La denuncia de Carrió implica a los ex ministros kirchneristas Nilda Garré , Arturo Puricelli y Agustín Rossi, a quienes acusa de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Mientras tanto, lejos del despliegue internacional que predominó en el primer mes de búsqueda, dos buques de la Armada Argentina se mantienen en la zona de operaciones en la que se intenta localizar al submarino ARA San Juan. Se trata del destructor ARA Sarandí y el aviso ARA Islas Malvinas, que transporta el vehículo de operación remota ruso (ROV) Panther Plus, que tiene la misión de investigar eventuales contactos.

En tanto, el buque oceanográfico Atlantis, de los Estados Unidos, zarpó ayer de la Base Naval Mar del Plata, donde realizó tareas de aprovisionamiento y logística. Mañana volverá al teatro de operaciones. Ayer por la tarde zarpó también rumbo a la zona el aviso ARA Puerto Argentino.

Para más adelante quedó el retorno del buque oceanográfico Yantar, de la Federación Rusa, que hoy partirá al puerto de Montevideo para complementar las tareas de reabastecimiento iniciadas en el puerto de Buenos Aires.

En ese contexto, el vicealmirante José Luis Villán comenzó su actividad como jefe de la Armada. Ayer se reunió con todos los almirantes para analizar el manejo de la comunicación interna y tiene previsto viajar a la base naval de Puerto Belgrano, donde se concentra el comando del operativo de búsqueda del ARA San Juan.

Villán reemplazó temporariamente al almirante Srur, a quien se le imputa desde el poder político un mal manejo de la crisis del submarino. "Su intención es ir a Puerto Belgrano para reconocer el trabajo de equipo en el operativo de búsqueda y también el asesoramiento intencional de los Estados Unidos, la Federación Rusa y el Reino Unido en los criterios de búsqueda", dijo una fuente naval.

Final anticipado para una sucesión de errores de cálculo

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION - @halconada

Ya sobre el final, Cristóbal López exhibía una sola obsesión: no terminar en prisión. Por eso se desprendió de su tajada en Casino Club -o al menos eso dijo-, trató de abrir el concurso de acreedores de su imperio en su pago chico, Comodoro Rivadavia, y cedió in extremis el Grupo Indalo al financista Ignacio Rosner. Todo con tal de no sumarse al pelotón de kirchneristas con casco, chaleco antibalas y esposas. Fue su último error de cálculo.

Oriundo de la Patagonia, donde cimentó una pequeña fortuna que lo había posicionado como un empresario mediano, López jugó fuerte con otro patagónico intrépido y de ascenso fulgurante: Néstor Kirchner.

"Yo no soy el «palo blanco» de Kirchner", replicó López a LA NACION en más de una ocasión, aunque sólo una vez llegó más lejos. "Pero me beneficio de esa creencia", añadió, para luego explicarse. "Yo entro a una reunión y al tipo que tengo enfrente le digo: «¡Qué lindo traje! Dámelo». Y como el tipo no sabe si quien se lo pide soy yo o Kirchner, mínimo de esa reunión me voy con el cinturón".

Así fue, durante más de una década. Una década en la que se convirtió en "el zar del juego", por un lado, con la expansión de Casino Club -y el negocio de las tragamonedas-, y en el factótum del Grupo Indalo, un gigante con más 170 empresas que en realidad ocultaba sus pies de barro: el emporio se apalancó con los impuestos que dejó de pagarle a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según reveló LA NACION tras una investigación de cuatro años.

El segundo error de cálculo de López y su socio todoterreno en Indalo, Fabián de Sousa, fue pronosticar que ese statu quo que lo benefició, potenció y protegió duraría para siempre. O, como mínimo, durante cuatro años más.

Eso explica que el viernes previo a las primarias de agosto de 2015 López aprovechara una reunión de directorio para brindar con champagne por la victoria de Daniel Scioli. No sólo eso. El patagónico afirmó que el candidato por el Frente para la Victoria (FPV) le daría las soluciones que necesitaba para la montaña fiscal que ya adeudaba "y un negocio nuevo más por día".

El tercer error de cálculo de López fue reincidir en esa ilusión en la primera vuelta de octubre de 2015. Y repetir el brindis con champagne por el entonces gobernador en la última reunión de directorio previa al domingo electoral. Acaso eso explique por qué De Sousa ordenó anunciar por C5N que "ganó Scioli por amplia diferencia" sin siquiera esperar que fueran las 18. Lo anunciaron a las 17.58 con graphs, locutor y trompetas, para luego afirmar que "Daniel Scioli es el nuevo presidente de los argentinos".

¿Su cuarto error de cálculo? Creer que podría pactar con el candidato que hasta entonces había ninguneado y, peor aún, destratado. Pero por algo a Mauricio Macri le dicen "el calabrés", incluso sus colaboradores, cuando él no puede escucharlos.

Para colmo, en la AFIP ya no estaba Ricardo Echegaray -quien se ilusionó con que Macri lo dejaría continuar al mando-, sino Alberto Abad y toda la línea técnica que había sido enviada al exilio durante el kirchnerismo por investigar a Lázaro Báez: Horacio Castagnola, Jaime Mecikovsky, Norman Williams y Carlos Bo.

No sólo eso. Abad decidió jugar fuerte y utilizar a López como "caso testigo" para enviarles un mensaje a los grandes contribuyentes. Y contrató a Ricardo Gil Lavedra para comandar la ofensiva judicial contra López y De Sousa. Un claro contraste con la complicidad de la que disfrutaron mientras acumulaban un rojo fiscal de $ 8000 millones.

¿Cómo fue esa operatoria? La petrolera de López y De Sousa, Oil Combustibles, se quedó con el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) que le retuvo a cada automovilista y camionero que cargó en sus estaciones de servicio. Y en vez de girarle ese dinero a la AFIP, como le imponía la ley, lo derivó a su Inversora M&S, que a su vez comenzó a comprar empresas y activos para el Grupo Indalo. Todo eso mientras su petrolera se acogía a múltiples planes de pago de la AFIP, que toleró ese abuso y mantuvo a Oil bajo la órbita -y los controles más laxos- de una agencia del barrio de Palermo en vez de enviarla a Grandes Contribuyentes Nacionales -y sus controles más estrictos-, como las otras petroleras.

Pero toda esa maniobra, a su vez, ocurrió en un período singular. Fue al mismo tiempo que López le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner a cambio de abonarle varios millones de pesos, según reveló LA NACION. Y le giró fondos desde un hotel en Bariloche, El Retorno, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.

Ya con Macri y Abad en el poder, llegó el quinto error de cálculo de López: creyó que debía buscar una salida acorde con cómo había ascendido hasta entonces a las grandes ligas empresarias: de la mano de la política. Por eso primero sondeó a Orlando Terranova y luego a Ignacio Rosner.

López pensó que cederle su imperio a Terranova, quien había jugado para Pro en Mendoza y tenía cierta llegada a Macri, podía servirle para sellar una tregua con quienes habían ingresado a la Casa Rosada. Y como la opción "Orly" no prosperó, no corrigió el rumbo, lo redobló. Apostó a Rosner, un egresado del colegio Newman -como Macri- que estudió Ingeniería en la Universidad Católica Argentina (UCA) -como Macri-, que incluso trabajó para el Grupo Macri y, de yapa, también para el Grupo Clarín.

Así, tras cometer un error de cálculo tras otro, López terminó contra las cuerdas y dispuesto a cederlo todo. Solo, de jogging, remera negra y despeinado, le entregó las llaves de su imperio a Rosner con tal de que se encargara de buscarle una salida financiera al Grupo Indalo y, acaso, una solución a sus problemas penales.

Pero la opción Rosner tampoco prosperó. No porque amigos de Macri no quisieran . De hecho, uno de ellos se ilusionó con quedarse con CPC, la constructora de López. Pero chocaron con el sentido común de uno de los más estrechos colaboradores del Presidente, que avizoró el escándalo que desataría un "capitalismo de amigos" en versión amarilla.

Por eso, ya sobre el final, y mientras los investigadores sospechan que desaparecieron ciertos activos del Grupo Indalo -un par de campos y un avión, entre otros-, la premisa de López se tornó mucho más dramática: no quería pasar las Fiestas tras las rejas. Ese cálculo también le salió mal.

Carrió denunció a Rossi, Garré y Puricelli por irregularidades en la reparación del ARA San Juan

(Infobae.com) - La diputada nacional Elisa Carrió denunció a los ex ministros de Defensa Agustín Rossi, Nilda Garré y Arturo Puricelli y al ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio, Raúl Garré, por la posible conformación de una asociación ilícita ante supuestas irregularidades que se habrían cometido en las reparaciones de la flota de mar y fuerza de submarinos durante el períodos 2005-2015. 

La diputada Elisa Carrió, contra ex ministros de defensa kirchneristas (Foto: Amílcar Orfali)

También solicitó a la Justicia que se investigue la conducta de las autoridades y representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), formado por los astilleros Tandanor y Almirante Storni, y por las autoridades de la Armada Argentina.

"Ha llegado a nuestro conocimiento información sobre diversas irregularidades cometidas en los procesos de reparación de la flota de mar y submarinos, en distintos casos, además del ARA San Juan, las que nos vemos obligados a poner en conocimiento de la justicia, para su debida investigación", aseguró la diputada de la Coalición Cívica ARI en su presentación.

Y agregó: "Creemos indispensable que la Justicia inicie una pronta investigación respecto de diversos hechos irregulares que aquí venimos a poner en conocimiento, los que podrían configurar distintos delitos en contra de la Administración Pública. Incluso entendemos que podrían ser parte de una maniobra generalizada o 'matriz de corrupción' desarrollada durante el período comprendido entre los años 2005/2015, dentro de la Armada Argentina".

La denuncia alude a investigaciones periodísticas que indican que la Armada Argentina habría incumplido estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías del submarino ARA San Juan. Esos mismos informes aseguran que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a ciertos proveedores y se habrían adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.

Además, el escrito hace referencia a una evaluación realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la ejecución física y financiera del Proyecto de Reparación Media Vida Submarino S-42 ARA San Juan, llevado a cabo entre agosto de 2007, momento en el cual el submarino ingresó al Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), hasta  julio de 2015. "A partir del trabajo realizado por el referido órgano de control se identificaron hechos susceptibles de ser encuadrados en tipos penales, y que, por ende, deben ser investigados y sancionados por la justicia", desarrolló.

"Más allá del análisis que puede hacerse de cada irregularidad, resulta importante dimensionar la implicancia de los hechos a los que nos estamos refiriendo y el entramado de relaciones que resulta evidente, lo que nos permite identificar algo más que ilícitos aislados. Entendemos que resulta necesario investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre los ex funcionarios del Ministerio de Defensa involucrados, las autoridades de la Armada mencionados, y los representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar) -astilleros Tandanor y Almirante Storni-", concluyó la líder de la CC ARI en su denuncia.

La jueza a cargo de la causa toma medidas por si "el submarino no es ubicado"

(Ambito.com) - La jueza federal de Caleta Oliva Marta Yáñez aseguró que la investigación sobre lo que ocurrió con el ARA San Juan se encuentra, a 25 días de su desaparición, en un "incipiente" estado de instrucción y señaló que si bien la carátula actual de la causa es "averiguación de ilícito", la pesquisa avanza sin atarse "a ninguna figura penal". 

Por otro lado, la magistrada dijo estar tomando medidas "teniendo en cuenta que el submarino no sea ubicado" o, en caso de ser localizado, que "no pueda ser sacado", y en cuanto a eventuales responsabilidades penales, señaló que "hay que ser prolija para determinar si hubo alguna responsabilidad" en el seno de la Armada. 

"El organigrama de la Armada es amplio, hay muchas áreas y hay que ser prolija para determinar si hubo alguna responsabilidad", sostuvo la jueza de Caleta Olivia en declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red. 

Allí, además, planteó que el contenido de los sumarios abiertos por el Ministerio de Defensa para determinar responsabilidades dentro de la Armada en torno a lo sucedido con el submarino, del que se perdió contacto el 15 de noviembre pasado, deberá "ser parte de la causa". 

"Trascendió que hay una investigación en el seno de Armada para determinar si hubo alguna falta disciplinaria. Eso va a tener que ser parte de la causa", sostuvo la jueza en la entrevista que concedió esta mañana, que -según ella misma señaló- será la última en la que se la escuchará de acá a dos meses. 

En ese marco dijo que aunque la carátula actual de la causa es la de "averiguación de delito", el trabajo de investigación se desarrolla "sin atarse a ninguna figura penal". 

Por otro lado, al evaluar el grado de avance de la causa, la jueza federal de Caleta Olivia dijo que está "en incipiente estado de instrucción" y precisó que, actualmente, está abocada al análisis de unas doce cajas con documentación enviadas por la Armada Argentina. 

En ese marco, se comprometió a informar en dos meses el avance de la investigación y aseguró que la entrevista que estaba brindando sería la última hasta ese entonces. "Estoy tomando medidas teniendo en cuenta que el submarino no sea ubicado o no pueda ser sacado", puntualizó la magistrada, quien manifestó su compromiso de "en dos meses volver a hablar y explicar qué hicimos". 

Ante una consulta, Yáñez sostuvo que le correspondería expedirse a la Justicia civil en caso de que se den por muertos a los 44 tripulantes del submarino en forma oficial, señaló que ella debe hablar "de personas desaparecidas", y subrayó que "el mejor homenaje" a la tripulación es "simplemente trabajar". 

"Tenemos la obligación de ser creíbles y respetuosos", remarcó Yáñez en la entrevista que concedió esta mañana a radio La Red, en la que manifestó que existen "chances de saber qué pasó" con el submarino, aunque aclaró que, al día de hoy, no está en condiciones de afirmar "si el submarino estaba en condiciones de navegar" porque -insistió- "la investigación es amplia".

El Estado se investiga a sí mismo: abrieron 4500 sumarios a funcionarios

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Son denuncias internas iniciadas en los últimos tres años; los motivos van desde actos de corrupción hasta mala conducta; las fuerzas armadas y de seguridad encabezan la lista.

Son expedientes discretos. También incómodos, porque indagan sobre la tropa propia. En los últimos tres años el Gobierno reportó casi 4500 sumarios internos contra empleados estatales y funcionarios por cuestiones disciplinarias o sospechas de corrupción. Así surge de los datos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal que se encarga de investigar irregularidades y delitos en el seno del Poder Ejecutivo.

El número de actuaciones creció año tras año de manera exponencial, no necesariamente porque se cometieron más faltas, sino porque una serie de normas obligaron a sincerar las pesquisas que se abren contra los agentes públicos. Mientras en 2015, último año del kirchnerismo, fueron informados 707 sumarios, en 2016 esa cifra ascendió a 1612, y en 2017, a 2165.

El salto en sumarios internos reportados se debió, en buena parte, a que en 2016 el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas fueron obligadas a comunicar las actuaciones abiertas contra sus uniformados. A pesar que estaban obligadas por un decreto de 1999, esas dos áreas no sacaban a la luz sus pesquisas internas. "El cambio de gestión también abrió un período de revisión de la estructura heredada, que hizo crecer la cantidad de investigaciones a los agentes de los ministerios", explicaron a LA NACION desde la PIA, conducida por Sergio Rodríguez. Su fiscalía puede presentarse como parte acusadora y solicitar sanciones, ademas de iniciar de oficio investigaciones preliminares o intervenir en caso de que, además de la pesquisa administrativa, se abra una investigación penal en Comodoro Py. Actualmente interviene en 84 casos sensibles.

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, una de las áreas donde más crecieron los reportes de sumarios internos fue el Ministerio de Defensa, que mediante una resolución intimó a todas las Fuerzas Armadas a sacar a la luz todas las investigaciones internas por corrupción o incumplimiento de deberes. En 2016, el Estado Mayor Conjunto le informó a la PIA cuatro sumarios administrativos, mientras que este año esa cifra ascendió a 100 expedientes. El Ejército pasó de 91 sumarios en 2016 a unos 350 en 2017. La Armada saltó de 175 a 451, un 160% más. La única excepción fue la Fuerza Aérea, que pasó de 70 informes en 2016 a 18 reportes por actuaciones disciplinarias en 2017.

Aun así, no todos los sumarios son reportados con la celeridad que exige la ley. Los 40 sumarios que abrió la Armada para deslindar responsabilidades por el extravío del submarino no fueron informados en tiempo y forma al Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio de Seguridad también sinceró los números en los últimos dos años y comenzó a dejar a la luz la cantidad de investigaciones internas que se abren por faltas y delitos en las fuerzas. La Policía Federal, que había informado 490 sumarios el año pasado, este año comunicó 972, mientras que la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó 14 sumarios en 2016 y otros 46 en 2017.

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron los motivos más frecuentes que dan origen a las investigaciones y sanciones. De acuerdo con la resolución ministerial 984/17, la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio, encabezada por Carlos Manfroni, puede intervenir con una investigación especial en los sumarios que se abren por corrupción o en casos de gravedad institucional. Esa dependencia puede entonces requerir pruebas y reforzar la investigación que realiza el sumariante.

Según las estadísticas a las que accedió LA NACION, entre otras carátulas, un 10% de los casos que llegan a la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio se deben a "complicidad del uniformado con el narcotráfico"; un 20%, por el cobro de servicio adicional no prestado (horas extras no trabajadas); un 10% por "enriquecimiento ilícito", cuando se descubre que un miembro de la fuerza tiene bienes no declarados o injustificados, y un 15%, por sobornos. Actualmente están en curso unas 300 investigaciones por estos motivos.

Así y todo, algunos casos sensibles al ministerio se mantienen en estricta reserva. La PIA debió elevar una queja cuando no pudo intervenir en los sumarios, en su origen sigilosos, que se abrieron contra los gendarmes que participaron del operativo en el Pu Lof mapuche el día que desapareció Santiago Maldonado. Tampoco fue notificada en tiempo y forma por las investigaciones abiertas contra los prefectos que filtraron las fotos del ex vicepresidente Amado Boudou esposado, cuando fue detenido en su casa.

Ranking

De acuerdo con datos de la PIA, por fuera de Defensa y Seguridad, de enero de 2015 hacia acá la dependencia con más reportes de sumarios internos fue la AFIP, con 203 expedientes. Según informaron a LA NACION desde el organismo recaudador, las causales van desde irregularidades en casos de contrabando y faltantes de mercadería en depósitos de la Aduana hasta faltas en inspecciones por evasión fiscal.

El ranking continúa con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 157 comunicaciones de sumarios, la Anses (142) y el Ministerio de Salud (134) y la Dirección Nacional de Vialidad (116). Los motivos pueden ser desde una irregularidad en la compra de un insumo hasta mala conducta.

Muchos de los casos que originaron sumarios internos contra agentes públicos y funcionarios tuvieron su correlato en causas penales. Entre los casos graves figuran una investigación al programa federal de viviendas del kirchnerismo, las contrataciones del yacimiento carbonífero de Río Turbio, el Plan Qunita, la falta de pagos de impuestos de Oil Combustibles de Cristóbal López o incluso la investigación abierta al segundo de Ricardo Echegaray en la AFIP, Resnick Brenner, por la facilidad de pagos otorgada a Ciccone.

En el caso de Cambiemos, entre los sumarios internos relevantes aparecen los vinculados al caso del Correo Argentino, la filtración de datos del blanqueo de capitales que partió de la AFIP, el caso de la compra de garrafas en el Ministerio de Energía y el caso que investiga responsabilidades por el avión que cayó en el Delta.

Los instructores de sumarios deben emitir dos informes por cada uno de los expedientes abiertos: una primera conclusión sobre la base de la evidencia que surja de la investigación y un dictamen final con una resolución, que puede ser un apercibimiento, una suspensión, la cesantía total o la exoneración.

Ranking por organismo

1 - Policía Federal: Es la entidad con más sumarios, 1391 en total

2 - Armada: Suma 626 casos desde enero de 2016

3 - Ejército: Acumuló 205 casos de mal comportamiento

4 - Afip: El ente recaudador computa 203 denuncias

5 - Inta: 157 sumarios internos desde 2015

El juez Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina de Kirchner

(Ambito.com) - En una batería de órdenes judiciales, el juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la expresidenta Cristina de Kirchner, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA, que fue denunciado por el exfiscal Alberto Nisman antes de su muerte.

En el marco de la misma causa fueron detenidos hoy el ex secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el dirigente Luis D' Elía, y el referente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge "Yussuf" Khalil. Asimismo, Bonadio dictó la prisión preventiva para el excanciller Héctor Timerman, quien fue beneficiado con prisión domiciliaria, y dictó el procesamiento sin prisión preventiva al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y al diputado Andrés Larroque, y les prohibió salir del país. 

Para argumentar el pedido de desafuero y detención de Cristina de Kirchner, el juez consideró que debido a sus contactos "puede entorpecer la causa" y porque tiene otras causas y procesamientos en trámite.

Megaoperativo en la feria La Salada: se realizan 500 allanamientos por adulteración de marcas

(Infobae.com) - Son encabezados por la policía de la provincia de Buenos Aires con apoyo de la Federal, la policía de la Ciudad y personal de Migraciones

Durante la mañana de este miércoles se realiza un megaoperativo en las tres ferias que integran el predio La Salada, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Se trata de más de 500 allanamientos en todos los puestos de las ferias Urkupiña, Ocean y Punta Mogotes, con intervención de 2 mil efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, 100 de la policía Federal y 50 de la policía de la Ciudad, además de funcionarios de la Dirección de Migraciones.

El operativo fue dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el mismo magistrado que investiga a los denominados "reyes de La Salada", Jorge Castillo y Enrique Antequera (que se encuentran detenidos) por adulteración de marca en la venta de ropa.

En julio de este año, Villena dispuso la prisión preventiva de Castillo, al considerarlo líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros. También se le imputa la "tentativa de homicidio" de uno de los policías que lo fue a detener el 21 de junio último a su casa, ubicada en un country del partido de Luján.

Es que el dueño de "Punta Mogotes", una de las tres ferias habilitadas que funcionan en La Salada, se resistió a los tiros cuando los efectivos se presentaron en su vivienda e hirió en la cara a uno de ellos.

Además de los delitos que se le imputan, el juez consideró que Castillo debe seguir detenido ante la posibilidad de que se fugue o de que entorpezca la investigación. Lo mismo resolvió sobre sus sobrinos, Adrián y Leandro; su hermano Hugo y su cuñada, Gladys Arrieta. En tanto, el administrador del complejo Urkupiña, Antequera, fue detenido a principios del mes de agosto.

El fiscal Sebastián Scalera, que sigue la causa La Salada, investiga a Antequera y a un grupo de barras de Boca Juniors, todos detenidos, por delitos de todo tipo: desde homicidios hasta privación ilegal de la libertad. Pero el capítulo del caso que más llama la atención es el que refiere al "ejército" paralelo que el dueño de la feria Urkupiña habría formado para controlar la "seguridad" en el predio. Según se desprende de la investigación, Antequera y sus muchachos cobraban "peajes" a ladrones y mecheras para robar con permiso entre los puestos.

Para recordar: Los aviones de Lázaro Báez ya los tiene el Estado (II)

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El juez Casanello los pasó al ministerio de Seguridad y a la Fuerza Aérea para que los administren hasta que termine el juicio.

El Learjet LV-BPL en el que el 5 de abril de 2016 Lázaro Báez llegó al aeropuerto de San Fernando, donde se ordenó su detención, tal como contó Clarín, oficialmente fue entregado al Ministerio de Seguridad la semana pasada cuando se firmó el acta con el juez Sebastián Casanello. Asimismo, el viernes pasado la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) se notificó de la entrega del segundo avión, un Rockwell Commander. Ambas aeronaves fueron tasadas oficialmente y tienen un valor de 728.00 dólares. El Estado será el responsable de contratar un seguro contra todo riesgo "para la conservación de las aeronaves y mantener su valor".

El avión Rockwell Turbo Comander 690B, matrícula LV-MBY, de Lázaro Báez. (Opi Santa Cruz)

Con la firma de las dos actas correspondientes, los aviones que pertenecen a la empresa Top Air SA cuyo mayor accionista es Austral Construcciones firma insignia de Lázaro Báez. La empresa de taxis aéreos es investigada dentro de las maniobras de lavado de activos de la Ruta del Dinero K. La premisa de la justicia es que las aeronaves secuestradas por Casanello fueron utilizadas "para el traslado de dinero" que terminaría siendo parte de las operaciones de blanqueo.

En prisión hace más de quince meses, con embargos millonarios y gran parte de sus bienes inhibidos, el empresario K observó cómo la Justicia comenzó a disponer sobre sus bienes que superan los 2.700 millones de pesos, sólo lo tasado oficialmente.

Con el fin de otorgarles "un fin social" y evitar su deterioro, bajo el mismo lineamiento con el que otorgó a la Dirección de Vialidad Nacional la guarda judicial de más de 400 máquinas de Austral Construcciones, el juez Casanello le hizo la entrega oficial de uno de los aviones más importantes de Báez, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

El acta se firmó la semana pasada, consignando que el Learjet LV BPL tiene un valor oficial 517.000 dólares. Su operatividad requiere de una importante inversión. Detenida hace más de quince meses, deben revisar uno de los motores y el sistema de navegación que no estaba funcionando en su totalidad.

La inversión que demandará la puesta en funcionamiento del costoso avión que usaba Lázaro Báez, recaerá sobre el ministerio de Seguridad que utilizará la aeronave para "la lucha contra el crimen organizado y delitos complejos", como así también "para lograr el desplazamiento más eficiente y rápido a los diferentes escenarios del territorio nacional", donde se combatan dichos delitos.

Antes de utilizarlo, el ministerio de Seguridad está obligado a contratar "un seguro contra todo riesgo que garantice la conservación de la aeronave y así también la conservación de su valor", explicaron fuentes judiciales. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya fue notificada de la decisión del juez, y entregarán el Learjet a la cartera que dirige Patricia Bullrich.

El segundo avión, un Rockwell Commander tasado en 211.300 dólares, quedó en manos de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). Es la aeronave más deteriorada y que demandará más inversión para su utilización. El objetivo es destinarla al "traslado en el menor tiempo posible al lugar (donde se produzcan accidentes aeronáuticos) y poder realizar la recolección y análisis de las evidencias, a fin de comenzar con el proceso de investigación".

Las autoridades de la JIAAC firmaron el viernes pasado el acta y antes de retirarlo del aeropuerto de San Fernando, enviarán a sus equipo técnicos para presupuestar cuánto presupuesto se requiere para acondicionar la maquinaria. Al igual que el ministerio de Seguridad, la aeronave deberá ser asegurada contra todo riesgo.

La decisión del juez Casanello fue apelada por Walter Zanzot, presidente de Top Air SA y uno de los que junto a Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario K), contaba dinero en la financiera "La Rosadita". Sin embargo, el juez dispuso entregar los aviones al ministerio de Seguridad y a la JIAAC bajo la figura de "depositario judicial para la conservación y resguardo" de dichos bienes.

El Learjet 35A de Lázaro Báez que se despistó e incendió en 2015. Foto DyN.

Hay un tercer avión involucrado, el Learjet LV-ZSZ que Lázaro Báez compró en 2007 a los hermanos Juliá (condenados a prisión en España por narcotráfico) y que según denunció el financista Federico Elaskar, habría sido usado para sacar grandes sumas de dinero del país y depositarlas en el exterior.

Este avión se incendió en 2015 y la aseguradora pagó por el mismo 1.300.000 dólares que fueron cautelados por el juez Casanello como parte de las medidas tomadas sobre el patrimonio del dueño del Grupo Austral. Zanzot reclama dicha suma de dinero, algo que también rechazó el magistrado.

Según un experto, es "necesario y urgente" recuperar los bienes robados por la corrupción

(Clarin.com) - El abogado Alejandro Drucaroff, asesor del programa Justicia 2020, advierte que ya existen leyes y mecanismos para que el Estado pueda concretar esos reclamos.

Según un experto, es "necesario y urgente" recuperar los bienes robados por la corrupción

Uno de los aviones de Lázaro Báez, que por orden judicial fue entregado hace dos meses a la Policía Federal. Foto: DyN.

Mientras las causas por corrupción durante el kirchnerismo avanzan bajo pruebas escandalosas y embargos multimillonarios a los acusados, el otro reclamo social que acompaña al de justicia -que los corruptos devuelvan lo robado- permanece casi sin respuesta: la ley de extinción de dominio está dormida en el Senado desde hace más de un año, y excepto algunas decisiones puntuales de jueces que dispusieron de aviones, autos y maquinarias de Lázaro Báez para uso del Estado, no se hizo nada más. A pedido de Clarín, el abogado Alejandro Drucaroff -especialista en combate a la corrupción e integrante del consejo asesor del plan Justicia 2020- explica que aún con aquellas demoras hoy ya existen las maneras de recuperar el patrimonio robado, como hizo Brasil en el proceso Lava Jato. Drucaroff sugiere también que los servicios jurídicos de cada dependencia estatal deberían calcular las pérdidas por fraude e iniciar las acciones para recuperarlas. "Eso podría hacerse ahora mismo", advierte el abogado. A continuación, sus sugerencias:

"El reclamo social está planteado. Se demanda poner fin a una corrupción sistémica, que los responsables sean juzgados y, con especial énfasis, que “devuelvan el dinero”. Dicho en términos jurídicos, que el Estado recupere las enormes sumas que se apropiaron los autores de actos corruptos.

Las causas penales parecen comenzar a avanzar pero esa marcha ha sido –y aún es- de una lentitud exasperante. Es tan poco original como cierto decir que la justicia lenta no es justicia. La estadística indica que las causas por corrupción duran 14 años promedio (cuando no concluyen por prescripción, es decir, por falta de impulso adecuado) lo que exime de mayores comentarios.

Avances recientes como la aplicación de la figura del arrepentido –que tanto costó introducir en la legislación y aún es insuficiente- o la aceleración de los procesos –más allá de los fundados cuestionamientos al manejo de los tiempos por la Justicia Federal- pueden ser positivos si se sostienen y concluyen en las sentencias respectivas.

Sin embargo no hay logros concretos en lo que hace a recuperar los fondos públicos, robados o reclamar la indemnización por los daños causados. Salvo excepciones puntuales no se conocen medidas serias dirigidas a garantizar ese resultado económico que ni siquiera constituye un objetivo claro al que apunten las causas penales.

El contraste con la experiencia cercana de Brasil es nítido. En el Lava Jato, la gran investigación por corrupción brasileña, no sólo hay en pocos años más de un centenar de condenas a funcionarios y empresarios del más alto nivel. Al mismo tiempo se llevan recuperados alrededor de 4.000 millones de dólares.

El Senado sigue sin sancionar la ley de extinción de dominio que hace más de un año tuviera media sanción de Diputados. Esa norma sería muy útil para abreviar el reintegro de parte de los frutos de la corrupción pero no es, en absoluto, la única forma de hacerlo.

En rigor las normas vigentes permiten –e imponen- que los organismos del Estado, a través de sus servicios jurídicos y de la Sindicatura General de la Nación controlen todo acto que genere o pueda generar perjuicios al Estado, determinen su cuantía y reclamen su resarcimiento. Nos referimos a los daños causados por actos de corrupción pero también a los generados por dolo (vale decir, de manera intencional) o inclusive por culpa grave de los funcionarios, obligados a responder por ella (Ley 26944 de Responsabilidad del Estado, art. 9 y Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, art. 130, entre otras normas).

En cada caso, determinado el monto, pueden –y deben- promoverse las acciones civiles para que el Estado recupere el dinero y los daños sean indemnizados. Eso no depende de una condena penal previa contra los causantes de los daños. Si algún debate podía plantearse, con la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1774 y 1775) está concluido. El reclamo civil puede tramitar en paralelo y si la causa penal se prolongase, eso no puede impedir su trámite autónomo.

Naturalmente hay que hacer desde el Estado una determinación cuidadosa y fundamentada de las sumas mal apropiadas y de los perjuicios así como organizar su reclamo de forma sistemática y eficaz.

Recuperar lo perdido a causa de la corrupción tiene un evidente y doble efecto positivo. Por un lado proveer al Estado de recursos muy necesarios para cumplir sus obligaciones fundamentales.

Por el otro, consolidar la idea de que los corruptos no podrán disfrutar de lo robado y que quienes causan daños al patrimonio público deben responder por ello de su bolsillo, sería un paso decisivo para que el ejercicio de la función pública y las contrataciones del Estado se alejen del esquema de corrupción que tanto las ha penetrado.

Los que recibieron sobornos, los que los pagaron, los que se hicieron de enormes sumas a través de sobreprecios injustificables o incluso cobrando por obras no realizadas total o parcialmente, los que usaron fondos de todos para sus intereses personales, deben devolver lo mal habido, deben reparar a la sociedad los perjuicios causados. Es posible, urgente y necesario lograrlo."

Según empresarios alemanes, hubo sobornos a miembros de la Armada (II)

Por Emilia Delfino - Perfil.com

Lo declararon en Munich. Contaron que coimearon a dos funcionarios en el año 2007 para obtener un contrato de más de 3 millones de euros. La Cámara Federal dictó falta de mérito.

El contrato era por los planos y la licencia de construcción de Patrullas Oceánicas Multipropósito. (Hoy, operan en la Armada de Chile)

Las contrataciones de la Armada Argentina a empresas alemanas volvieron a quedar en la mira por posibles desperfectos en la batería del submarino ARA San Juan, que podría haber provocado la

muerte de los 44 tripulantes de la nave. Pero estos contratos vienen siendo cuestionados desde 2013. Un expediente judicial al que accedió PERFIL demuestra que empresarios alemanes contratistas de la fuerza armada admitieron ante la Justicia que lograron proveer al Estado argentino gracias al pago de sobornos. La causa judicial terminó en el limbo de los tribunales federales, luego de que la Cámara Federal anulará los procesamientos del juez Ariel Lijo en 2014.

El expediente contiene correos electrónicos y testimonios de empresarios alemanes arrepentidos ante una fiscalía de Munich que habrían comprobado que en 2007, se pagaron sobornos a miembros de la Armada para que autorizaran la compra de planos y la licencia para construir cinco buques que iban a funcionar como Patrullas Oceánicas Multipropósito (POM). Para el juez, al menos dos miembros de la Armada direccionaron la contratación del astillero alemán Fassmer por más de 3 millones de euros y obtuvieron supuestos sobornos a cambio de la gentileza. Para ello, simularon contratos ficticios con dos empresas: la uruguaya Wiler Sa y Ferrostaal Argentina (subsidiaria local de la alemana del mismo nombre).

Edwin Erbslöh, director ejecutivo del área de construcción naval de Ferrostaal, declaró en Alemania: “Desde un principio me vi confrontado con el soborno”. Hasta 1999, cuando comenzó a ser penado legalmente en el comercio internacional, el soborno era “parte oficial del negocio”. El ejecutivo dijo que lo incluían en los libros como “gastos beneficiosos” y lo deducían de los impuestos. “Después de esa fecha, nada se modificó sobre esta realidad. En general, en Sudamérica (por ejemplo, en Brasil, Argentina) y en Asia no se pueden hacer negocios sin estos gastos beneficiosos. Si alguien manifiesta que hace negocios allí sin gastos beneficiosos, eso no lo puedo creer”.

Fue el propio Erbslöh quien “pactó el negocio con el asesor legal de la Armada”, según la resolución judicial. Entonces, ese asesor clave era Osvaldo Parrinella. “Fue puesto por el Ministerio de Defensa y preparó las decisiones del Ministerio en el área de compras”. En un mail de 2007, el empresario alemán dejó en claro a Parrinella que su empresa necesita ciertos favores para obtener el negocio que planeaba la Armada: “Como debes saber, los astilleros chilenos procuran adquirir todo el paquete para sí mismos y sería muy fácil para ellos ofrecer este tipo de paquete a la Armada Argentina”, es decir, sin la intermediación de las empresas alemanas.

Los alemanes designaron a dos empresarios como “representantes” en Argentina: Cosme Roberto Smiraglia y Gustavo Frers. Según el juez, también fueron los intermediarios en el pago de sobornos a los funcionarios de la Armada. Gustavo Efraín Lepron, vicealmirante retirado y ex número dos de Tandanor del Ministerio de Defensa, es otro de los funcionarios apuntados en la causa. Era el director general de Material Naval y tenía el proyecto de las POMs a su cargo. Participó de las reuniones con los intermediarios de los alemanes y fue mencionado en los mails como uno de los hombres que habría garantizado el negocio. Al igual que el resto de los procesados, hoy tiene falta de mérito desde 2014.

“Los empresarios alemanes del consorcio Ferrostaal/Fassmer tenían previsto el pago de sobornos a funcionarios con el objeto de que dicha empresa resulte contratada para la provisión del diseño y de los materiales para la construcción de los buques”, dijo el juez en 2013. En los libros contables, que se secuestraron durante allanamientos en Munich, los supuestos sobornos figuran como “gastos de asesoramiento” para “Leppi”, “Graf” y “Goldlocke” (rizos de oro). Harald Fassmer, CEO del astillero alemán, identificó a “rizos de oro” (Goldlocke) como el apodo puesto a Parrinella. Lo confirmó Gustavo Frers.

La OA investiga las denuncias por la reparación de la nave

Por Mariano Obarrio - LA NACION

Entre ellas se encuentra la de un ex marino que dijo que partió sin bengalas ni radiobaliza

La OA investiga las denuncias por la reparación de la nave. Foto: Reuters / Marcos Brindicci

El gobierno de Mauricio Macri , a través de la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso , evalúa reabrir causas judiciales archivadas y formular más presentaciones judiciales por el submarino ARA San Juan , al tiempo que un ex marino denunció que la nave perdida con 44 tripulantes habría salido a navegar sin señales humosas o bengalas y sin el funcionamiento de su radiobaliza.

El ex suboficial primero José Oscar Gómez dijo ayer a LA NACION que "la cúpula de la Armada no obró con la verdad", aunque rescató la tarea del vocero Enrique Balbi, y dijo que "el submarino habría salido de la Base Naval Mar del Plata sin señales humosas o bengalas y con la radiobaliza no funcionando". "Estaríamos ante la presencia de la comisión del delito de estrago doloso", agregó. Según normas navales, los buques no pueden salir a navegar sin esos instrumentos.

De todos modos, Gómez subrayó que hablaba en potencial, pero con información de fuentes militares que vislumbran desidia en la cadena de mandos de la Armada. "Lo estoy aportando y hablo en potencial, porque se debe investigar", dijo Gómez. "Muchos quieren ver presos y no retirados", agregó el ex marino.

No descartó que el pedido de pase a retiro del ex jefe de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, se haya vinculado con esa irregularidad. "El contralmirante Gabriel González es comandante de la base de submarinos y rápidamente pidió el retiro. ¿Por qué lo hizo? Eso llama mucho la atención. Está diciendo que algo no se hizo bien", dijo.

Gómez fue destituido en 2010 tras denunciar a la cúpula de la Armada de entonces por defraudación y asociación ilícita en la reparación de media vida de los submarinos, entre ellos el ARA San Juan.

"Es muy fuerte. Pero se debe investigar a fondo. La Armada nunca va a reconocer que el submarino salió a navegar con alguna insuficiencia técnica", dijo Gómez.

Precisamente, Gómez se reunió el viernes último con Laura Alonso, titular de la OA. Alonso ya había pedido al juez federal Sebastián Casanello copia de la causa de Gómez que había sido archivada en 2010 por el ex juez federal Norberto Oyarbide. Tal como informó LA NACION el lunes último, Gómez denunció en 2007 al entones jefe de la Armada, Jorge Godoy, y otros altos mandos como Jorge Dacharry, Ricardo Dasso, Efrain Lepron y Carlos Ferraro.

El ex suboficial, que luego del cierre de la causa fue destituido sin goce de haberes, había denunciado irregularidades en la reparación de baterías, sobreprecios, cobro irregular de dinero de ciertos jefes, contratación de empresas simuladas que no habrían trabajado sino por medio de los marinos de la Armada y la intervención del empresario Daniel Adrián Fornes y de Claudio Di Bartolo, de la empresa Marena SRL.

Alonso analiza ahora ese expediente y otros materiales para actuar en varios frentes. "No vamos a abandonar a las víctimas ni a sus familiares", dijo una fuente de la OA. Entre los documentos, la OA estudia los contratos de compra de materiales a las empresas Ferrostaal y Hawker y todas las características de reparación y recambio de las baterías Varta que llevaba el submarino.

Las irregularidades en la reparación del ARA San Juan

Esos contratos se vinculan con un pedido de informes de 2010 del ex diputado radical Miguel Giubergia. Se consignaban esos contratos, entre la Armada y Hawker GMBH por reparación de baterías del submarino ARA San Juan por 5,1 millones de euros ($ 17.650.000) y entre el astillero Tandanor y la empresa Marlog & Co KG para asistencia técnica en la reparación del submarino ARA San Juan, por 270.000 euros ($ 1.200.000). Serían contrataciones directas, sin licitación, pese a que los montos superaban el máximo permitido para esa modalidad.

Ese pedido de informes consignaba que en Alemania se investigaba a Ferrostaal porque, según un testigo encubierto, ex directivo de esa misma empresa, la compañía constructora de barcos y submarinos habría pagado coimas por 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Buscan determinar qué indicaciones recibió el submarino

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

La reticencia de la Armada a brindar datos complica la tarea de la jueza que investiga.

Ante los micrófonos, la Casa Rosada y la Armada se muestran unidas. Pero altos funcionarios políticos sospechan que la fuerza retiene información sobre las comunicaciones que el ARA San Juan mantuvo con sus superiores en tierra, antes, durante y después de que el submarino reportara problemas serios de navegación, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

"La Armada no entrega todo lo que sabe", estimó un alto funcionario involucrado en el operativo de búsqueda del submarino, al punto de que interpretó que la filtración del último mensaje que emitió el San Juan, el 15 de noviembre, buscó romper con un supuesto "cerco de silencio" de la fuerza, que niega un encubrimiento. A fin de cuentas, es el dato clave para determinar si las indicaciones que recibió el submarino fueron las correctas.

La jueza federal a cargo del caso, Marta Yáñez, ahondó en esa desconfianza entre el Gobierno y la Armada en sus últimas declaraciones. "Lo que se filtró parece que hizo reaccionar a alguna gente dentro de la Armada y del Ministerio de Defensa, porque que ellos digan que es clasificado o que se contradigan entre ellos no facilita el accionar judicial", lanzó.

Oficialmente, la Casa Rosada niega contrapuntos. "Vemos total predisposición de la Armada a colaborar, pero hoy por hoy no hay nada, y no hay un enojo con la Armada", indicó un vocero presidencial ante la consulta de LA NACION.

El contrapunto, sin embargo, es evidente al dialogar con unos y otros, fuera de micrófono. "El que lo haya filtrado debe ser considerado un patriota, no un traidor", argumentó uno de los funcionarios políticos consultados por LA NACION, mientras que la Armada anunció que inició las "actuaciones administrativas correspondientes" para determinar quién y cómo filtró el mensaje.

¿Qué decía ese mensaje de las 7.30 del 15 de noviembre al que apuntó la jueza? El capitán del ARA San Juan reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación del submarino, lo que provocó un "cortocircuito y principio de incendio" en las baterías de proa, que quedaron fuera de servicio.

Recién el domingo 19, la Armada reconoció que el submarino había sufrido una "avería" pero que había sido solucionada. "La informó [el comandante del ARA San Juan] el miércoles y por eso se les hizo cambiar el rumbo", afirmó el capitán de navío Gabriel Galeazzi.

Aunque se conocía de manera genérica, el contenido exacto de esa comunicación del ARA San Juan, sin embargo, recién trascendió durante el duodécimo día de búsqueda, mientras que hasta ahora no trascendió cuál fue la respuesta desde tierra.

Esa es, a su vez, apenas una de las causas que alimentan la desconfianza del presidente Mauricio Macri, quien pasó a complementar la información local con la que recibe de organismos internacionales y países que colaboran en la búsqueda, como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, Noruega, Chile y Brasil.

"Hay material que está «cobijado» por la Armada", reafirmó una segunda fuente oficial que también sospecha que la difusión de un supuesto cable que indicaba que el buque Sophie Siem había hallado al ARA San Juan fue una "movida de contrainteligencia". "Eso no fue más que «carne podrida» que lanzó alguien, quizá de la propia Armada, que no busca más que restarle peso al verdadero material que todavía está oculto", aventuró.

Desde la Armada sostienen que toda la información está regida por normas de confidencialidad, pero que "todo" se informó a la Casa Rosada y al Ministerio de Defensa. "La Armada no puede mostrar un documento como el que se filtró ayer (por el 27 de noviembre) en los medios. Ahí está faltando el encabezamiento", indicó entonces el vocero de la fuerza, Enrique Balbi, sobre el último mensaje que se conoce hasta ahora del submarino. "Si mostrábamos un despacho de estas características estaríamos vulnerando una ley de confidencialidad", explicó.

Para la jueza Yáñez, no obstante, ese contrapunto sobre la confidencialidad o no de esos documentos es sintomática, mientras busca acceder a todos los documentos. Es decir, "material desde el 8 al 15 de noviembre, los partes diarios de comunicación", como así también "el estado y mantenimiento que se le hizo de acuerdo al manual y al plan de mantenimiento". Por eso, indicó, también apuntará "al mantenimiento inmediato anterior y a la autorización del zarpado, en qué condiciones partió".

Desde que trascendió la desaparición del submarino, la Armada también debió negar que el ARA San Juan participara en una supuesta misión secreta, que siete fallidas comunicaciones satelitales provinieran del sumergible o haber vulnerado los protocolos de búsqueda.

Dos oficiales retirados de la fuerza consultados por LA NACION por separado coincidieron, no obstante, en que la filtración de un cable o la difusión de un reporte falso evidencian "problemas de adentro".

"No hay ningún tipo de ocultamiento de nada y desde el principio se encaró al submarino como un caso SAR", indicó uno de ellos, en alusión a search and rescue, es decir, "búsqueda y rescate". El segundo, fue más categórico. "El Gobierno está buscando un «chivo expiatorio» para todo esto". Mientras esos recelos mutuos florecían, recién al séptimo día de búsqueda se conoció el primer indicio oficial sobre qué pudo haber ocurrido con el San Juan: una "anomalía hidroacústica" a casi 60 kilómetros del lugar donde se produjo el último contacto. Al día siguiente, la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares aportó más datos. Reportó un "evento violento consistente con una explosión". Lo único concreto que se sabe hasta ahora.

Imputaron a Nilda Garré y a Julio Alak por irregularidades en la compra de helicópteros

Por Fabio Ferrer - Infobae.com - fferrer@infobae.com
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a la ex ministra de Defensa Nilda Garré y al ex ministro de Justicia Julio Alak por defraudación contra la administración pública. Además de los ex funcionarios kirchneristas, Marijuán imputó también al presidente de Fiat Argentina e integrante del directorio de la firma "Flight Express", Christiano Ratazzi, y a sus socios Claudio San Pedro y Julio De Marco.

En su requerimiento, el fiscal solicitó que se investigue la compra de un helicóptero de tropa para Gendarmería por la suma de 10 millones y medio de dólares a la empresa Flight Express, cuyo directorio integra Ratazzi. Asimismo, pidió que la pesquisa incluya otras operaciones en las que participaron los empresarios imputados que -según la denuncia- registrarían diversas irregularidades. Estos antecedentes comerciales no habrían sido tenidos en cuenta por el Estado al momento de contratar con la firma en cuestión.

En 2009, durante la gestión de Alak se lanzó una licitación cuyo seguimiento de la contratación fue seguido por Nilda Garré y se adjudicó la compra de cuatro helicópteros a la empresa Grupo Módena por un monto total de casi 16 millones de dólares. La firma -que estaría integrada por Ratazzi, San Pedro y De Marco- entregó solo dos aeronaves. De acuerdo con la denuncia, la única empresa oferente en esa licitación fue Grupo Módena.

Otra de las operaciones que pidió investigar el fiscal Marijuán también se habría llevado a cabo por Ratazzi, San Pedro y De Marco. Los empresarios habrían vendido dos helicópteros al Estado, armados con partes de otras aeronaves y que nunca pudieron estar en funcionamiento continuo por más de un millón doscientos mil dólares mientras que el precio real no superaba los 800.000.

Uno de esos helicópteros fue adquirido por el gobierno de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Antonio Bonfatti, en 2015. El otro, se trata de una aeronave marca Bolkow, antigua y defectuosa, comprada por el Estado nacional a un precio bastante más elevado que el de mercado.

Según la denuncia, pese a los malos antecedentes de ventas de helicópteros para el Estado que registraban las firmas vinculadas al empresario italiano, a través de la licitación Nro. 13 de 2016, la cartera que dirige Patricia Bullrich le adjudicó la compra de una aeronave destinada a Gendarmería a Flight Express, una empresa vinculada a Ratazzi.

El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que se produzca una importante cantidad de medidas de pruebas tendientes a determinar las eventuales responsabilidades penales en los hechos denunciados.

Submarino ARA San Juan: investigan un contrato con una empresa alemana por la reparación de las baterías

Por Daniel Santoro - Clarin.com

La Oficina Anticorrupción puso bajo la lupa un contrato por más de 5 millones de euros por el replacado de las baterías del submarino desaparecidos.

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en diciembre de 2008 en el CINAR (Complejo Industrial y Naval Argentino). /Tandanor

La Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, prepara una denuncia en base a varios expedientes administrativos y causas judiciales archivadas de apuro en torno en la reparación de media vida del submarino San Juan y en particular el suministro de baterías.

El equipo de Alonso pidió ayer ver la causa judicial que archivó en el 2010 el entonces juez federal Norberto Oyarbide en torno a irregularidades en el astillero Domecq García en base a la denuncia del suboficial José Oscar Gómez que Clarín adelantó el domingo en exclusiva. Paralelamente, la OA también pidió al ministro de Defensa, Oscar Aguad, todos los antecedentes de esa reparación y en particular un contrato con la empresa alemana Ferrostaal para la renovación de las baterías del San Juan. El comandante del submarino reportó, el miércoles pasado, un “cortocircuito” antes de perder todo contacto con su base. Se presume que pudo haber tenido un problema con las baterías que pesan 960 kilos.

El contrato de carácter confidencial entre el ministerio de Defensa y la alemana Ferrostaal AG está titulado “Provisión de Elementos de baterías para submarinos y accesorios” y fue firmado el 30 de noviembre del 2001 entre Defensa, la Armada y Ferrostaal en Bonn, revelaron a Clarín fuentes judiciales. El precio fue de 3.550.317 euros e incluía celdas Varta, tapones de servicio y todo tipo de juegos de mangueras, entre otros artículos consignados en sus más de 300 páginas. Está firmado por el presidente y apoderado de Ferrostaal Argentina, Miguel Bernando Von Oppen, y el director general de Material Naval, contraalmirante Gustavo Leprón.

Más adelante, está anexado en el mismo expediente un contrato por los “trabajos de replacado de 964 celdas de batería de propulsión para el submarino ARA San Juan” entre la Armadas y la empresa alemana Hawker Gmbh. El precio de este contrato es por 5.100.000 euros y fue firmado por el gerente de Hawker y el jefe de la comisión naval argentina en Europa, capitán de navío Néstor Costa.

Llamativamente, Ferrostaal admitió en el 2010 ante la Justicia alemana haber pagado más de 200 mil euros en coimas por la frustrada compra de un patrullero multipropósito en forma conjunta con Chile. El juez federal Ariel Lijo procesó y embargó a empresarios alemanas y funcionarios argentinos. Lijo hasta citó mails en el que se hablaba del pago de sobornos. Pero meses más tarde, la sala I de la Cámara Federal porteña, cuando la integraba el destituido juez Eduardo Freiler, revocó el procesamiento de una serie de oficiales y funcionarios de la Armada y de empresarios alemanes.

En aquel año Lijo pidió el detalle de los viajes del jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy a Chile por este tema. De acuerdo con fuentes judiciales, fue porque el Ministerio de Defensa había dicho que fue él quien viajó a ese país para encabezar la negociación con la empresa Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada de ese país). Ambos países firmaron un convenio para desarrollar de manera conjunta los patrulleros oceánicos multipropósito (POM) de tecnología alemana.

El magistrado requirió incluso los nombres de los acompañantes de Godoy, los números de los teléfonos usados en los viajes, los pagos efectuados y los bancos y cuentas bancarias utilizadas.

Lijo investigó una denuncia formulada por el Ministerio de Defensa luego de la revelación de la prestigiosa revista alemana Der Spiegel que reveló la declaración brindada en Munich por un ex directivo de Ferrostaal que habló del pago de coimas para la adjudicación de contratos en diversos países, entre ellos la Argentina. El presidente de Ferrostaal, Matthias Mitscherlich, tuvo que renunciar por el escándalo. A la denuncia de Defensa —que primero dijo que las compras fueron “correctas”— se le sumó una posterior y similar realizada por la Oficina Anticorrupción (OA). El fiscal Eduardo Taiano imputó a los denunciados.

Por orden de Lijo se allanaron los domicilios del vicealmirante Gustavo Lepron, el contralmirante Alejandro Uberti (ambos retirados), el abogado de la Armada Osvaldo Parrinella y dos directivos de Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia.

Los procedimientos también alcanzaron al estudio del abogado Helmut Cristian Graf y a la sede de una empresa constructora llamada Hedir que, según fuentes judiciales, estaría vinculada a Uberti. En el allanamiento en Ferrostaal se secuestró documentación que ahora está en proceso de traducción. Los otros allanamientos se hicieron el último martes. Además, también figuran como denunciados el alemán Peter Fischer-Hollweg y el contralmirante Juan Carlos Palma. Por este tema, Lepron perdió su cargo en el astillero estatal Tandanor.

El juez también ordenó el libramiento de un exhorto a Alemania para pedir una copia de la declaración del ex hombre de Ferrostaal que habló de coimas que habrían superado los 200 mil euros, ya que él habló de entre “un 6% y un 6,5% del monto total del negocio: 3,5 millones de euros”.

Defensa había informado que la Argentina pagó 2,7 millones de euros por la compra de la “ingeniería básica” de los POM, además de otros 500 mil euros por la licencia de construcción. En total, 3,2 millones de euros, 300 mil menos de los que se habló ante la Justicia alemana.

Seria interesante que el Ministerio de Defensa, aclarara por que no se continuó con la construcción del las patrulleras OPV-80 Fassmer de diseño alemanas, dado que el país ya había adquirido los derechos de su fabricación. Actualmente, Chile va por su 4ta unidad construida por ASMAR. Asimismo, COTEMAR ya desarrolla nuevas versiones empleando el diseño inicial que adquirieron conjuntamente Chile y Argentina. Me pregunto: ¿Qué le sucedió al dinero invertido? ¿Por que se abandonó el proyecto? ¿Quien decidió "olvidarse" de la inversión realizada por Argentina, perjudicando las arcas del Estado Nacional?

Para recordar: El POM OPV-80 es un buque multipropósito con un alto grado de flexibilidad para realizar diversas labores encomendadas a la autoridad marítima. Su diseño moderno y a la vez económico le permite ser eficiente y eficaz pudiendo también realizar labores de inteligencia interoperando con otros buques modernos. Este buque tiene capacidad para efectuar misiones de vigilancia de zona marítima, interdicción marítima, guerra de superficie en conflictos de baja intensidad, misiones de búsqueda y rescate, fiscalización de las Actividades Pesqueras, transporte de personal y carga, control de contaminación y plataforma aeronaval en condición N.V.G.