El Gobierno denunció a la firma Odebrecht por presuntos sobreprecios

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Habría cerrado contratos de obra pública por hasta cuatro veces el valor real; el gigante brasileño niega las acusaciones


Marcelo Odebrecht. Foto: Archivo

El Gobierno denunció al gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, por presuntos sobreprecios que habrían llegado hasta el 400% en contrataciones para obras públicas que se canalizaron a través de Nación Fideicomisos. Todo, según sospecha la nueva gestión, con un perjuicio potencial para las arcas públicas por decenas de millones de dólares.

La denuncia también alcanza a los anteriores responsables de la Secretaría de Energía -en tiempos de Daniel Cameron, en la órbita del entonces ministro Julio De Vido-, del Enargas y de Nación Fideicomisos por "el funcionamiento y la administración" de dos fondos fiduciarios. El primero, destinado a "las inversiones en transporte y distribución de gas", y el otro, creado para "la contratación y adquisición de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica".

Odebrecht negó ayer cualquier irregularidad o delito ante la consulta de LA NACION. Pero la denuncia, que quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría y el fiscal Patricio Evers, se plasmó en un momento singular. En Brasil, el delfín del conglomerado industrial más importante de América latina, Marcelo Odebrecht, se acogió al régimen de "delación premiada". Colaborará ahora con la pesquisa conocida como Lava Jato con la esperanza de obtener una reducción en su condena a 18 años y 4 meses de prisión.

En los tribunales de Comodoro Py, en tanto, las nuevas autoridades de Nación Fideicomisos -que integra el Grupo Banco Nación- radicaron la denuncia basadas en dos reportes internos de su Gerencia de Operaciones y otros dos informes de la Auditoría General (AGN) y de la Sindicatura General (Sigen).

En esos informes, según la denuncia, se expusieron "expresas alusiones a diversas irregularidades que podrían, de confirmarse, resultar en maniobras compatibles con la comisión de delitos de acción pública". Entre ellos, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Desde Odebrecht afirmaron a LA NACION que tienen "vasta documentación" para probar que su actuación "se enmarca dentro de un contrato conforme el marco legal vigente así como sus precios".

Según la denuncia, por el contrario, esas supuestas "irregularidades" se plasmaron en una "diferencia sustancial" en las cotizaciones que presentó Odebrecht para construir dos colectores: uno para la planta compresora Beazley y otro para la Planta compresora Pichanal.

"Tal como se observa en el informe de la Gerencia de Operaciones", citó la denuncia de Nación Fideicomisos, "la comparación entre ambas ofertas resulta superior al 400%, lo cual pone en evidencia el desmedido recargo exigido por Odebrecht al cotizar la Planta Colectora Beazley".

Para la constructora, en cambio, "no existió diferencia de precios". Argumentaron que "los trabajos en cuestión no son comparables porque en cada una de las plantas mencionadas depende de sus características específicas: ubicación de las plantas, logística, diseño, técnica constructiva, las condiciones de trabajo, la relación con los gremios, estacionalidad y plazos de ejecución".

La propia Gerencia de Operaciones de Nación Fideicomisos, en tanto, también alertó el 13 de mayo pasado sobre los costos que pasó Odebrecht para importar "materiales críticos" con una "brecha considerable" entre los valores que presentó al ofertar y al comprar unos tubos de Ternium. "Representa una diferencia de US$ 28.782.083", abundó la denuncia penal. Desde Odebrecht también negaron irregularidades en esa operación. Los precios "tampoco son comparables", indicaron, ya que "por su naturaleza implican montos diferentes".

Para el gigante brasileño, sin embargo, la denuncia penal del Grupo Banco Nación significó la apertura de un nuevo frente judicial en la Argentina en menos de dos meses. La diputada Graciela Ocaña se presentó ante la Justicia cuando desde Brasil trascendió que la Policía Federal de ese país había hallado mails de 2010 en los que se detallaban pagos pendientes desde 2008 por al menos US$ 80.000 para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su asesor y testaferro, Manuel Vázquez.

Esa denuncia recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, en tanto que el fiscal Franco Picardi pidió información a la IGJ y a las autoridades brasileñas.

Durante la última década, Odebrecht se convirtió en uno de los mayores beneficiarios de la obra pública en la Argentina, según detalló De Vido en agosto pasado en un intento de desmentir una investigación de LA NACION sobre los cerca de $ 8000 millones que había recibido Lázaro Báez durante ese mismo período.

El entonces ministro difundió una lista con el gigante brasileño en el sexto lugar. Es decir, sólo detrás de Techint, Electroingeniería, Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Corporación América (Eurnekian) e Invap, aunque los datos que aportó Vialidad Nacional tras el 10 de diciembre mostraron los verdaderos números de Báez, quien afronta múltiples causas penales y evalúa la figura del arrepentido. Esa senda recorre Marcelo Odebrecht en su país, mientras su constructora comienza a recorrer los tribunales argentinos.

Claves de una operatoria sospechosa

Irregularidades - Según la denuncia del gobierno argentino, la empresa brasileña aplicó sobreprecios en contrataciones para obras públicas que habrían superado el 400%, lo que le habría demandado al Estado pérdidas de decenas de millones de dólares

Funcionarios - El gobierno de Mauricio Macri sospecha que estuvieron involucrados en la operatoria los responsables de la Secretaría de Energía, el Enargas y Nación Fideicomisos

Delitos - Según la nueva administración, los funcionarios presuntamente involucrados podrían haber cometido los delitos de defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público

Un beneficiario - El propio ex ministro de Planificación Julio De Vido señaló en agosto del año pasado que Odebrecht fue una de las mayores beneficiarias de obra pública durante la última década

La defensa - la nacion se comunicó con la empresa brasileña, que se desligó de toda responsabilidad y afirmó tener las pruebas suficientes para acreditar que la denuncia -que quedó en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría- no tiene ningún asidero

Así oculta Lázaro la compra de sus propiedades

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com

El empresario Lázaro Báez es dueño de la Estancia La Violeta, en Río Grande, Tierra del Fuego, aunque en realidad no la haya comprado. La información es un certeza aunque parezca ilógica. En el boleto de compra-venta de esos 200 mil metros cuadrados se lee que el comprador fue el señor Alfredo Benjamín Zárate. Según esos papeles notariales, la operación se realizó en el 2012 por 800 mil dólares. Pero no es Zárate el propietario de la Estancia La Violeta. Es Báez.

El constructor K no tiene doble identidad. Ni es capaz de ser dos personas al mismo tiempo, una regla universal de la física. Clarín accedió al documento “Acuerdo Complementario de Compraventa y Reconocimiento de Deuda”. Son papeles reveladores del modo con el que Báez compró y ocultó propiedades en los últimos años.

En ese segundo “acuerdo” por La Estancia La Violeta, se especifica que fue Alfredo Benjamín Zárate compró esa propiedad pero como “apoderado” de Badial S.A, una de las sociedades de Báez.A eso se suma más información sospechosa. Este último documento detalla que La Estancia La Violeta fue vendida a Zárate-Badial por 1.200.000 dólares, y no por 800 mil dólares como aseguraba el primer trámite al respecto. La diferencia es de 400 mil dólares...

Esta forma de adquirir inmuebles manteniendo su verdadera identidad oculta, y también su precio, no es una excepción para el holding de Báez.

La diputada Margarita Stolbizer (GEN), y su abogada, Silvina Martínez detectaron que Zárate compró en representación del empresario K más propiedades que las mencionada hasta ahora.
La legisladora y su patrocinante presentarán hoy esta nueva información en el expediente de”La Ruta del Dinero K”. El inmueble de 25 de mayo 1475 de Río Grande, por ejemplo, también fue comprado por Zárate, el “apoderado” de los Báez. Esa operación fue impulsada por “MyP”, una empresa del constructor K que presidía su hija, Luciana Báez.

La legisladora Stolbizer, y su abogada, le revelarán al doctor Casanello que estos inmuebles “nunca fueron inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente a nombre de su verdadero titular. Y darán un argumento al respecto: así se impediría “su rastreo e indidualización”, lo que permitiría que estas propiedades sean “afectados por la inhibición de bienes decretada” sobre el patrimonio de Báez.

El potencial en los verbos de la frase anterior fue adrede: a pesar de las argucias notariales de los Báez, se descubrió igual que los verdaderos dueños de esas tierras eran ellos.

Denuncia penal por los giros de fondos a las intendencias

Por Ezequiel Spillman | Perfil.com
El Gobierno acusó al Ministerio del Interior de no haber rendido cuenta de las transferencias.


Camporistas. El denunciado Ignacio Lamothe tenía como referente a Eduardo | Foto: Cedoc

Unos 25 millones de pesos bajo la lupa. Dudosas transferencias de fondos a municipios. Y una denuncia penal por administración fraudulenta contra un joven de La Cámpora.

Esa es la síntesis del caso que llevó ayer al gobierno nacional a denunciar por presunta malversación de fondos al ex secretario de Asuntos Municipales del kirchnerismo, Ignacio Lamothe, un hombre que respondía a Eduardo “Wado” De Pedro, quien fuera secretario general de Cristina Kirchner.

La denuncia penal, presentada el 30 de marzo y ratificada este lunes por el Ministerio del Interior, recayó en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, quien deberá investigar a los ex funcionarios de la agrupación que creó Máximo Kirchner.

La denuncia del macrismo se centra en diversas irregularidades en la rendición de cuentas del 95% de los $ 25,5 millones que tenía Lamothe para repartir de manera directa entre distintos municipios y que quedaron en la mira.

Según consta en el escrito presentado en Tribunales, al que tuvo acceso PERFIL, “se ha detectado que existen varios expedientes sin rendiciones de cuentas en los cuales existe una evidente y notoria inactividad procesal por parte de la secretaría de Asuntos Municipales”, que dependía del entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo.

La rendición de cuentas es un elemento central para poder determinar dónde y de qué manera se ejecutaron los fondos que se enviaron a un determinado municipio.

“En ningún expediente se observa que se haya consignado fecha de recepción de la rendición de cuentas, tampoco existía una metodología eficaz y ordenada para recepcionar las rendiciones, ya que eran recibidas por cualquier persona y por cualquier Unidad (organismo público), sin consignar quién las recibía y la fecha y hora de recepción”, denunciaron los abogados del Gobierno.

También se detectaron rendiciones “sin tratamiento alguno, no fueron ni aprobadas ni observadas”.

En la denuncia, además de Lamothe, a quien se lo acusa de “delitos de acción pública”, también se involucra a Santiago Gerber, quien era el titular de la Unidad Organizativa y coordinador regional de la secretaría, y a Manuel Neila, titular de la Unidad operativa y coordinador del Programa “Mi pueblo”.

Ahora le tocará a Bonadio, con la colaboración de la Secretaría Nº 21 a cargo de Carolina Lores Arnaiz comenzar el proceso de investigación para determinar responsabilidades, en la misma semana en la que fue ratificado en la causa por el dólar futuro y mientras avanza con las presuntas inconsistencias en el Hotel Los Sauces de la familia Kirchner.

Es la segunda denuncia penal que roza a “Wado” De Pedro. La anterior fue por presuntos sobreprecios en viajes de la Secretaría General de la Presidencia. En ese caso. la Justicia impulsó una investigación para determinar quiénes se quedaron con 330 mil dólares en viáticos mal liquidados de viajes.

De La Cámpora a Randazzo

Ignacio Lamothe no sólo fue secretario de Asuntos Municipales y era uno de los enlaces con municipios pequeños y comunas del Interior sino que fue parte de la colonización de La Cámpora en el Gabinete.

En la segunda parte de la gestión de Cristina Kirchner se abrieron varios ministerios para el desembarco de la agrupación juvenil, y Florencio Randazzo fue uno de los que le dio lugar. En 2012 el Ministerio del Interior le dio la secretaría a Lamothe, quien con sólo 32 años fue recomendado por Eduardo “Wado” De Pedro, a quien conocía de Mercedes.

Wado De Pedro no era un militante más: ya era uno de los más influyentes dirigentes al lado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Detectan fraudes en la obra pública judicial tras escuchar a 20 testigos

Por Cecilia Devanna (Perfil.com)
Se investigan las contrataciones llevadas adelante por el Consejo de la Magistratura. Se compró material para la construcción por adelantado a empresas que no los vendían. Galería de imágenes.


Lorenzetti. Niega que los acusados le respondan. | Foto: Cedoc Perfil

Unos veinte testigos declararon ya en la causa penal en la que están imputados siete ex funcionarios del Poder Judicial por el supuesto delito de defraudación en el manejo de fondos para la obra pública. Los responsables de la investigación aseguran que ya se detectaron “irregularidades” en los procedimientos que se realizaron en diversas contrataciones. Entre los imputados está Germán Krieger, ex administrador general del Consejo de la Magistratura, y señalado como hombre cercano a Ricardo Lorenzetti.

Sin embargo, en la presidencia de la Corte Suprema recalcan que el Consejo de la Magistratura tenía un manejo autónomo en las contrataciones.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y quien lo denunció penalmente en enero pasado, prepara un juicio político contra el titular de la Corte Suprema y es una de las principales impulsoras de la denuncia por las contrataciones del Comité de Inversión del Consejo.

La denuncia para investigar los posibles sobreprecios en la obra pública fue presentada en enero pasado por el abogado Ricardo Monner Sans, tras recibir copias anónimas de dos expedientes del Consejo de la Magistratura. Allí se detallaban, entre otras cosas, el estado de situación de distintas obras. Tras el impulso de la investigación, dado por el fiscal Ramiro González, desde el Consejo se enviaron todos los expedientes de las licitaciones.

Uno de los decubrimientos que más llamaron la atención fueron los pedidos por adelantado de material para la construcción. “No es algo habitual”, resaltaron a PERFIL fuentes judiciales. Cuando fueron requeridas por la Justicia, algunas de las empresas vinculadas a las compras de esos materiales respondieron que no tenían esos productos, en tanto que otras dijeron tenerlos sólo parcialmente. Otros de los elementos que llamaron la atención fueron los nombres de varias empresas que se repetían en diferentes licitaciones y que gran parte de los veinte testigos que declararon en la causa coincidieron en que los manejos eran “muy desprolijos”.

Entre las irregularidades que fueron señaladas en la denuncia por Monner Sans están las obras del Edificio de Inmigrantes en las que participó Casago, una constructora, que ya está señalada en otra de las seis denuncias penales que salpican al Consejo. Todas se tramitan en Comodoro Py y van desde irregularidades en las contrataciones de servicios tercerizados en limpieza y tecnología, pasando por el alquiler y construcción de inmuebles, hasta la compra de un software.

Precisamente el área de tecnología quedó nuevamente bajo sospecha desde que se sorteó la causa por la muerte del ex fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman. El sorteo, que depende de la Cámara Federal, determinó inicialmente que el juez Sebastián Casanello era el encargado de la investigación pero, tras una serie de anomalías del sistema y un nuevo sorteo, la causa cayó en manos de Julián Ercolini. Por el caso se inició una denuncia, presentada también por Monner Sans.

EE.UU. ofreció ayuda para el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman

(Perfil.com) - La posible cooperación surgió luego de una reunión entre el ministro de Justicia Garavano, con la funcionaria judicial Loretta Lynch y el director del FBI.


El ministro de Justicia, Germán Garavano,junto a la fiscal general Loretta Lynch. | Foto: Cedoc
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El ministro de Justicia Germán Garavano, se reunió hoy en Washington D.C. con la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, el director del FBI, James Comey, quienes ofrecieron cooperación en la investigación del atentado a la AMIA y equipos técnicos para apoyar las pesquisas por la muerte de Alberto Nisman, ocuurrida el 18 de enero de 2015.

Garavano compartió un encuentro con la fiscal general, Loretta Lynch y el director del FBI, James Comey. Ellos le ofrecieron cooperación en la investigación del atentado a la AMIA y equipos técnicos para apoyar las pesquisas por la muerte de Alberto Nisman.

Lynch consideró al Ministerio de Justicia argentino como un socio en la lucha contra el crimen y sostuvo que se embarca en un proyecto ambicioso.A su vez, destacó que el Departamento de Justicia de su país proveerá la asistencia y el apoyo que Argentina requiera y agregó que la obtención de resultados es un elemento crucial para la credibilidad de la sociedad en el sistema penal.

El ministro insistió en la necesidad de sostener las tarjetas rojas de Interpol para los ciudadanos iraníes sospechados por el atentado a la mutual judía, y se coordinaron medidas de colaboración bilateral en materia de lavado de activos, corrupción, narcotráfico, trata de personas y pornografía infantil.

El juez Ercolini ordenó avanzar de forma "urgente" con la autopsia psicológica de Alberto Nisman
Por su parte, y según consignó el sitio web del Ministerio de Justicia de Argentina, James Comey se mostró entusiasmado con el esfuerzo argentino en reformar el sistema de justicia, aunque reconoció los grandes desafíos que implica. Comprometió la ayuda del FBI tanto en materia de entrenamiento como de buenas prácticas, asimismo mostró gran interés de cooperar con la causa que investiga la muerte del extitular de la UFI-AMIA  y ofreció la colaboración de expertos en la reconstrucción de escenas del crimen.

Imputaron al exministro K De Vido por sobreprecios

(Clarin.com) - Fue en la construcción de las "Torres gemelas" de Santiago del Estero, entre otras obras de esa provincia.


 El exministro y actual diputado Julio De Vido. (Stracuzzi / Clarín)

El ex ministro kirchnerista de Planificación Federal e Infraestructura, Julio De Vido, fue imputado en la Justicia federal por supuestos sobreprecios en la construcción de las llamadas "Torres gemelas" en Santiago del Estero y otras obras públicas en la provincia.

Fuentes judiciales informaron hoy que el fiscal federal Patricio Evers requirió el inicio de la acción penal contra el actual diputado del Frente para la Victoria por la edificación de las sedes de los ministerios de Economía y Educación, adjudicados a la constructora Panedile.

A partir de 2005 el Ministerio empezó a adjudicar a esa empresa millonarias obras públicas en Santiago del Estero, que era gobernada por Gerardo Zamora quien rápidamente se pasó a las filas de los llamados "radicales K" alineados con el entonces presidente Néstor Kirchner.

Panedile, a su vez, era presidida por Hugo Dragonetti, un ex subsecretario de Obras Públicas durante el tercer gobierno peronista encabezado por Juan Domingo Perón y su esposa María Estela Martínez de Perón, de 1973 a 1976.

Evers requirió a la jueza federal María Servini de Cubría que arranque la investigación penal sobre De Vido por, además de las "Torres gemelas", las obras de un dique en Río Salado, la ampliación del aeródromo de la localidad de Termas, y la repavimentación de la ruta provincial entre Loreto y Frías.

La causa se inició por una denuncia que radicó Roberto Ángel Azzareto, dirigente del Partido Demócrata en Santiago y ex ministro de gobierno provincial.

En los últimos meses, De Vido, que ahora es diputado, fue procesado por la tragedia ferroviaria de Once, que causó la muerte a 51 pasajeros e hirió a más de 700, y fue indagado dos veces: por la falta de renegociación de las concesiones ferroviarias y por la compra de trenes inservibles a España y Portugal. - Fuente: DyN

Incautaron $ 5 millones en ropa ilegal oculta en alfalfa

(La Nación) - La Gendarmería Nacional secuestró ayer en Santa Fe un cargamento de ropa ilegal valuado en cinco millones de pesos. La mercadería estaba oculta entre fardos de alfalfa (foto) que eran transportado por un camión. Además se decomisó ocho kilos de hojas de coca, disimulados en el interior de la cabina del conductor.

El vehículo fue detenido en la ruta nacional N° 34, a la altura de la zona de la circunvalación. Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor manifestó transportar mercadería de contrabando, según se informó en un comunicado de prensa. La ropa era transportada en 330 bultos y se sospecha que su destino eran las ferias irregulares en la región metropolitana y los puestos de venta callejera. Tomó intervención la justicia de Rosario.

Horror K: Rechazaron que los legisladores del Parlasur cobren sueldo

Urgente24 - Fue una decisión de la jueza Servini de Cubría. Así las cosas, los 43 legisladores del Parlasur seguirán sin cobrar sueldo. Sólo recibirán viáticos y gastos de traslados.

La decisión molesta sobre todo en el kirchnerismo, que tiene mayoría de legisladores en ese cuerpo. Macri había tomado la decisión de no pagar los salarios y ahora la Justicia lo respaldó.

No habrá salario para los legisladores del Parlasur, el polémico organismo regional cuyos representantes fueron elegidos –por parte de nuestro país- en las últimas elecciones y cuyos sueldos habían causado indignación. La Justicia le dio la razón a Mauricio Macri y sólo se abonarán viáticos y gastos de traslado. La decisión impacta especialmente en el Frente para la Victoria, que tiene mayoría de legisladores en ese cuerpo y una gran posibilidad para hacer ‘caja’.

La jueza María Servini de Cubría confirmó la decisión de Macri al desestimar un pedido de amparo para que se paguen los salarios. La medida alcanza a los 43 legisladores del Parlasur y quedó plasmada en la Resolución 21/2016.

El recurso de amparo había sido presentado por Alejandro Karlen, un dirigente correntino y kirchnerista que obtuvo una de las bancas en los comicios de octubre del año pasado. "Se encuentra vigente la Decisión Administrativa Nº 152/2016, donde se encuentra contemplado el pago de los viáticos y de los gastos de traslado de los legisladores argentinos ante el Parlasur", dice la Resolución citada por el portal Infobae.

La decisión de la magistrada se basó sobre todo en el hecho de que "el cuerpo legislativo se encuentra en período transicional, no cumpliendo aún al día de la fecha con el objetivo primordial para el que fue creado, por lo que si el pleno del órgano no se encuentra conformado, difícilmente pueda sesionar con normalidad". La decisión de la magistrada tiene fecha del jueves de la semana pasada, pero recién se dio a conocer este lunes en la reunión que los diputados del Parlamento del Mercosur mantuvieron en Montevideo.

Sin embargo, además de los kirchneristas, también los legisladores del Frente Renovador de Sergio Massa y algunos de Cambiemos coinciden en apelar la resolución de Servini de Cubría.

Detectan sobreprecios en contratos de televisación

Por Mariano Obarrio - LA NACION
El Gobierno analiza denunciar a la administración de Cristina por haber pagado US$ 10 millones de más por la Copa América y los Juegos Olímpicos


Alejandro Burzaco, ex CEO de TyC, en la Corte de Brooklyn. Foto: Archivo / Reuters

El Gobierno analiza la presentación de una nueva denuncia contra la administración de Cristina Kirchner por sospechas de sobrefacturación en la contratación de los derechos de televisión de la Copa América 2015 de Chile y de los Juegos Olímpicos de 2012 que se disputaron en Londres, que costaron en conjunto 12,6 millones de dólares.

El director del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, contrató un paquete similar en estos días por US$ 2,5 millones y ello dio pie a la revisación de los antecedentes de la gestión anterior. Según informó a LA NACION un vocero de Lombardi, la Televisión Pública Argentina (TPA) compró por ese valor los derechos de los Juegos Olímpicos de Río y de la Copa América Centenario a disputarse en Estados Unidos.

Los funcionarios de Lombardi recopilaron todos los expedientes y el lunes próximo los enviarán a la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, para que revise la documentación sobre la contratación de los derechos televisivos de la Copa América de Chile y de los Juegos de Londres, que podrían arrojar una sobrefacturación. En el caso de que pudieran configurar algún delito, se efectuará la denuncia penal.

Los derechos de la Copa America Chile 2015 fueron adquiridos a la empresa Torneos, mientras que los derechos para transmitir los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron comprados por la anterior gestión a la cadena ESPN, que es la propietaria.

La diferencia entre aquellos contratos y lo pagado por el actual Gobierno a los mismos oferentes por un producto similar despierta sospechas de irregularidades.

"En la OA evaluarán si puede haber actos de corrupción y a quién le puede competer", señalaron fuentes cercanas a Lombardi. "La Televisión Pública hizo un ahorro de más de US$ 10 millones para transmitir los Juegos Olímpicos y la Copa América, teniendo en cuenta que la Copa América de Chile y los Juegos de Londres son productos comerciales similares a éstos", señaló a LA NACION Lombardi. La dirección de la TPA hizo un acuerdo de coproducción con TyC, titular de los derechos internacionales de la Copa América, según el cual, una vez recuperada la inversión, los ingresos serán divididos en partes iguales.

Según un informe del Sistema Federal de Medios, la adquisición de los derechos de la Copa América de 2015 tuvo en aquellos años un costo de US$ 8,6 millones para la TV Pública, que se pagaron entre 2013 y 2014. Los gastos de producción ascendieron a US$ 1,5 millones.

Paralelamente, se pagaron US$ 2,5 millones a la firma ESPN, por los derechos de televisación correspondiente a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. "La desaprensión en el manejo de los dineros públicos fue una constante. Será la Justicia la que determine si, además, existieron conductas delictivas", señaló ese informe al cual tuvo acceso LA NACION.

En el entorno de Alejandro Burzaco, ex CEP de Torneos, argumentaron que "existen distintas variables que pueden elevar o reducir los cotos de este tipo de contratos". Entre ellos explicaron que si existe una coproducción, el Estado pudo haberle cedido publicidad a Torneos y ello podría bajar los costos de los derechos. Además, hicieron notar que el gobierno de Cristina Kirchner compró la Copa America con exclusividad y ahora la TV Publica podría compartirla con el canal TyC Sports.

La legisladora porteña Graciela Ocaña, de Confianza Pública, había denunciado el año último a la administración de Cristina por pagos a Torneos por US$ 42,7 millones por la contratación de derechos de varios torneos internacionales. Según obra en la causa Fútbol para Todos que instruye la jueza federal María Servini de Cubría, se gastaron US$ 3,2 millones por la Copa América 2011 y 8,6 millones por la Copa América 2015 y el Sudamericano Sub 20 de 2015. Además, US$ 19 millones por la Copa del Mundo 2014 y la Copa del Mundo Sub 20 de 2015. También se compraron por 920.000 dólares los derechos de los partidos amistosos de la Argentina contra Estados Unidos y Costa Rica. Y los 16 partidos de las eliminatorias del Mundial 2014 costaron 11 millones de dólares.

Denuncian que hubo sobreprecios en obras públicas

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION
El fiscal Taiano pidió investigar a Báez y a varios funcionarios del kirchnerismo


La Justicia avanza con una nueva causa para investigar las obras públicas que el gobierno kirchnerista le adjudicó a Lázaro Báez .

El fiscal federal Eduardo Taiano presentó ayer un requerimiento de instrucción, en el que imputó a Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex administrador general de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti por supuestos beneficios en favor del grupo Báez (sobreprecios y pagos preferenciales) en obras viales.

Taiano le pidió, además, al juez federal Julián Ercolini las primeras medida de prueba para avanzar en la investigación. La causa se inició el 26 de abril pasado por una denuncia del actual administrador general de Vialidad, Javier Alfredo Iguacel. La unidad de auditoría interna del organismo a su cargo detectó irregularidades en las obras ejecutadas en el "23° distrito Santa Cruz" que, según relató ayer el fiscal, "darían cuenta de un plan criminal diseñado por una organización para el manejo fraudulento de fondos públicos".

En esa denuncia, Iguacel afirmó que el "grupo Austral" había resultado "adjudicatario de casi la totalidad de las obras viales licitadas en la provincia de Santa Cruz durante los últimos doce años". El grupo Austral está conformado por Austral Construcciones, la principal empresa de Lázaro Báez, por Kank y Costilla, y por Sucesión de Adelmo Biancalani, entre otras, detalló ayer Taiano.

El informe que la unidad de auditoría interna de Vialidad Nacional hizo sobre las obras de Santa Cruz arrojó que esta provincia era, a enero de 2016, la que más obras viales había recibido (más de $ 21.000 millones) y que al grupo Austral se le habían adjudicado 51 obras de un total de 83, por un monto que superó los $ 16.000 millones.

Iguacel denunció que los funcionarios obraron con "discrecionalidad" en favor del grupo de Lázaro Báez, que resultó privilegiado en los pagos en detrimento de otras empresas. Advirtió que la fiscalización y el control sobre sus obras se había delegado a la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, a pesar de que "no se configuraba ninguna situación que pudiere justificar esa medida".

La denuncia que ahora se investigará acusa a López y Periotti de haber instaurado "un procedimiento excepcional de pago de obras viales que favoreció al grupo Austral, que cobraban, en promedio, 25 días antes de la fecha de vencimiento prevista para el pago. El requerimiento de Taiano incluye como imputados, también, al coordinador de Obra Pública de la Secretaría a cargo de López, Amílcar Fredes, y a varios ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.

Las medidas de prueba pedidas ayer por el fiscal incluyen que se requiera a Vialidad el documento final del informe de auditoría interno que dio origen a la causa, declaraciones testimoniales, información sobre los funcionarios (la lista de los imputados incluye en total a 12 personas) y un pedido para un peritaje que revise las licitaciones ganadas por el grupo Austral en Santa Cruz. El objetivo de este estudio -afirmó Taiano- será determinar si es cierto que las obras viales adjudicadas a las empresas de Báez estaban "muy por arriba del valor de mercado o valor de costos reales".

Ayer por la tarde, en el juzgado de Ercolini estudiaban el requerimiento de Taiano y trabajaban sobre las primeras medidas de prueba que se ordenarán en el expediente.

Báez: investigan cómo compró la chacra que fue parque nacional

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION
La Justicia abrió una causa contra el empresario y ex funcionarios de Santa Cruz y de Parques Nacionales

La Justicia abrió una nueva causa para investigar a Lázaro Báez y a ex funcionarios acusados de haber permitido que el empresario comprara cinco hectáreas que fueron parte del parque nacional Los Glaciares.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en la causa. Ayer, el juez Sebastián Ramos ordenó desde los tribunales de Comodoro Py operativos que se llevaron adelante en Santa Cruz.

Delegados de la Justicia se presentaron en la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia en busca de documentación ligada a la venta de las tierras, según informaron a LA NACION fuentes de Río Gallegos.

Las cinco hectáreas de Báez que quedaron ahora bajo investigación están en la localidad de El Chaltén y forman parte de un grupo de terrenos que está en disputa desde hace muchos años (como se informa por separado). La de Báez es una chacra que fue allanada por la Justicia hace dos semanas, en uno de los operativos que encabezó en el Sur el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la causa por lavado de dinero por la que Báez está preso y procesado.

El fiscal Pollicita, en su requerimiento de instrucción, relató que de acuerdo con lo denunciado "la chacra de cinco hectáreas ubicada en la localidad e El Chaltén" allanada "corresponde a terrenos que habrían sido cedidos por la Administración de Parques Nacionales a la provincia de Santa Cruz y posteriormente vendidos a Lázaro Báez mediante una medida de excepción aprobada por el Consejo Deliberante de la localidad de El Chaltén".

Pollicita detalló que dirigía la acción penal contra Báez y también contra las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, del Parque Nacional Los Glaciares, de la gobernación de Santa Cruz, del Concejo Deliberante de El Chaltén (en realidad, no existía tal organismo sino una sociedad de fomento en los tiempos en que Báez compró las tierras, dijeron fuentes de la provincia), de la municipalidad de El Chaltén y de "cualquier otro organismo que haya tenido intervención en los hechos" denunciados en esta causa.

El fiscal solicitó ocho medidas de prueba; entre ellas, pedidos de documentos y de informes a dependencias públicas y la declaración como testigos de dos guardaparques. También pidió que se le requiera al juez Sebastián Casanello, al frente de la causa de presunto lavado contra Báez, que informe la "ubicación exacta" de los terrenos denunciados y que fueron allanados en su expediente.

Báez suma así una nueva imputación en su contra. Además, fue indagado otra vez por Casanello por un nuevo hecho vinculado al presunto lavado y el juez debe decidir ahora si lo procesa también por esta otra supuesta maniobra de blanqueo de fondos. Se trata de la entrada al país de 33 millones de dólares por medio de Helvetic Group que, según los investigadores, habría ingresado dinero de Báez. De acuerdo con el empresario, ese dinero no era suyo. Ayer, su defensa presentó un escrito diciendo que el ritmo de la causa lo estaba marcando la agenda mediática y volvió a solicitar su libertad.

El bosque con vista al cerro que una funcionaria se apropió

Por Mariela Arias - LA NACION - El predio pertenecía a la familia de Andreas Madsen, que llegó al Sur con el perito Moreno

La inspección policial en El Chaltén hace unos días atrás. Foto: Archivo

EL CALAFATE.- Roy Madsen tiene 43 años, en su nombre reúne la historia de su familia y también de la tierra por la que lucha. Su bisabuelo Andreas Madsen, integrante de la comisión de límites llegó con el perito Francisco Moreno y decidió quedarse a poblar la Patagonia.

Fue el primer dueño de las tierras que ahora la justicia federal investiga cómo y de qué manera llegaron al empresario Lázaro Báez, después de que se denunciara que las mismas se encuentran en zona de litigio entre Parques Nacionales y la provincia de Santa Cruz. Se trata de 74 hectáreas, de las cuales Báez tiene cinco, y que quedaron en un limbo interpretativo de leyes, que permitió que fueran vendidas a privados. Ahora la historia sale a la luz porque la Justicia puso la lupa sobre Báez.

Es un bosque paradisíaco atravesado por el río de las Vueltas, con una vista al cerro Chaltén, de una belleza sin parangón, ubicadas a dos kilómetros de la localidad homónima. La tierra se encuentra dentro del lote 181, que en sus orígenes tenía 10.000 hectáreas y el gobierno argentino, a través de la comisión de Tierras y Colonias, le dio el permiso de uso a Andreas Madsen, poblador desde 1903.

Hace diez años que Roy Madsen vive en El Chaltén, logró recuperar la casa donde vivió su familia después de un largo litigio. Las tres hectáreas -de las 10.000 que tuvieron los Madsen- hoy son su hogar, y con un emprendimiento turístico busca revalorizar un apellido que siempre estuvo ligada a la historia de la Patagonia. Su tío abuelo Fitz Roy Madsen fue el primer guardaparque de El Calafate y su abuelo Pedro Madsen en la seccional norte que hoy es El Chaltén.

Un antiguo litigio

Sin embargo, para quienes conocen la historia, éstas siempre fueron tierras en un litigio sin fin entre Parques y la provincia."Yo me pongo a disposición de la Justicia para contar nuestra verdad como damnificado de esta situación, que ahora se conoce por esta causa, pero por la que estamos hace años luchando para que se esclarezca", asegura el bisnieto de Madsen a LA NACION.

Cuando en 1937 se creó el Parque Nacional Los Glaciares, el lote 181 de Andreas Madsen quedó en un 99% dentro del predio del parque nacional. Sólo una fracción de 74 hectáreas fueron para la familia pobladora. Allí se quedaron. Y allí muere Andreas en 1965, creyendo que eso sería la herencia de su familia.

Según el relato de su bisnieto, en el año 1972, cuando se sancionó la ley 19.292, una interpretación de la norma permitió entender que el 100% de las tierras de Madsen pasó a la jurisdicción de Parques Nacionales. "La familia no se enteró se eso hasta que, en 1979, mi abuela Aída y su cuñada Ana Madsen quisieron poner a nombre de la familia las 74 hectáreas. Se encontraron con el problema entre lo que decía el decreto y la ley", detalló Roy Madsen.

Una funcionaria del Consejo Agrario de Santa Cruz, Nelma Ogrizek, les ofreció una solución para poder escriturar la tierra. "Sin embargo, mi familia terminó perjudicada. Ogrizek era directora de Tierras y las 74 hectáreas que estaban intentando poner a nombre de la familia Madsen las puso a nombre de la hermana de la funcionaria", relató Madsen.

Con mucho esfuerzo, la familia logró recién en la década del noventa que le reintegraran tres de las 74 hectáreas. "Sobre el resto de las 71 hectáreas se emitieron títulos de propiedad de parte de la provincia. La funcionaria loteó y vendió las tierras", explicó Madsen. Dentro de esas ventas, se encuentran las cinco hectáreas que compró Báez y ahora la Justicia investiga. Toda la operación ocurrió hace 40 años. El Chaltén se fundó en 1985, pero las autoridades municipales y el Concejo Deliberante, que fue allanado ayer, apenas tiene seis meses de existencia.

Amado Boudou será indagado por insertar datos falsos en su DNI

(La Nación) - El juez federal Ariel Lijo lo citó a declarar el 24 de mayo por el delito de "falsedad ideológica de documento público"


Amado Boudou fue citado a declarar por insertar datos falsos en su DNI. Foto: Reuters / Martín Acosta

El ex vicepresidente Amado Boudou suma nuevos problemas en la Justicia. El ex ministro de Economía fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa en que se investiga si insertó datos falsos en su documento nacional de identidad. Será indagado el 24 de mayo próximo por el delito de "falsedad ideológica de documento público", según confirmaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

Lijo es un viejo conocido de Boudou en los Tribunales de Comodoro Py: ya lo procesó en la causa Ciccone y lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

En diciembre pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido interrogar al ex vicepresidente en esta causa. El representante del Ministerio Público dio por probado que en el ejemplar triplicado del DNI N° 16.102.714, correspondiente a Boudou, figura su domicilio en la calle Zado 3231, de Villa Urquiza. Ese documento fue utilizado para la inscripción de tres vehículos adquiridos por el ex ministro de Economía: una moto Harley Davidson, modelo Road King Classic, patente DKH 549; una motocicleta BMW R 1200 GS Adventure, patente DFE 065; y un automóvil Audi A4, patente HCP 691, que Boudou anotó con ese DNI en 2008.

Según el fiscal Pollicita, valiéndose de los datos falsos inscriptos en el documento, Boudou registró los vehículos que adquirió en el domicilio de Villa Urquiza, donde nunca residió. Entendió que jurídicamente esas conductas -reiteradas en cuatro oportunidades- consisten en hacer insertar datos falsos en documentos destinados a acreditar la titularidad del dominio de un vehículo.

Julio De Vido en Comodor Py: admitió que no renegoció contratos ferroviarios y lo atribuyó a un "estado de precariedad"

(La Nación) - El ex ministro de Planificación kirchnerista presentó un escrito ante el juez Sebastián Ramos y no respondió preguntas; Jaime lo había señalado como el responsable


De Vido volvió hoy a Comodoro Py. Foto: Archivo / Aníbal Greco / LA NACION

El ex ministro de Planificación Federal de la gestión kirchnerista Julio De Vido admitió hoy en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos que no renegoció los contratos ferroviarios entre 2003 y 2012, y lo atribuyó al "estado de precariedad en que estaba el cumplimiento" de esos vínculos al asumir el cargo.

El juez Ramos investiga la falta de actualización de los contratos ferroviarios desde 2003 hasta 2012, a pesar de que se había creado en 2002 la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que surgió en medio de la emergencia económica. La unidad se reformuló en 2003 con su nueva denominación.

Por esta causa, Ramos ya indagó a Jaime el 4 de abril pasado cuando fue detenido en Córdoba, el mismo día que su asesor Manuel Vázquez. Antes de decidir su procesamiento, el juez quería escuchar a De Vido.

Cuando Jaime declaró dijo que no era su responsabilidad disponer la renegociación de los contratos ferroviarios sino de su jefe De Vido. Jaime y De Vido se vienen echando culpas mutuas en las causas que los tienen como protagonistas, reeditando una interna que arrastran desde sus tiempos de funcionarios kirchneristas, aunque ahora lo hacen en defensa propia.

"Vengo a presentarme, he sido citado en indagatoria y voy a presentar un escrito", dijo hoy el diputado del Frente para la Victoria al tiempo que calificó como "una denuncia que no tiene ningún asidero" una publicación periodística en la que se lo acusa de haber beneficiado al marido de su hija, Martín Ramos, por la firma de un contrato de su empresa con YCRT.

Consultado por radio Mitre, se excusó: "No dependía de mí ese contrato" y amplió que "jamás" le sugirió a sus funcionarios "a quién contratar o no".

El oficialismo buscará hoy en una cargada sesión en Diputados impulsar sobre tablas el debate del proyecto para autorizar a la Justicia "a allanar el domicilio particular y las oficinas" de De Vido y exponer de esa manera la postura de los bloques opositores en torno a la situación de ex funcionarios procesados.

De Vido también es investigado por Claudio Bonadio por la tragedia ferroviaria de Once y por Julián Ercolini por la compra de trenes usados e inútiles a España y Tucumán por más de 100 millones de euros.

Boudou también presentó facturas falsas de intérpretes

Por Hugo Alconada Mon, Luisa Corradini - LA NACION
Los recibos indican que el Estado pagó 9700 euros por los servicios de dos traductores en París; sin embargo, los profesionales cobraron sólo 1900 cada uno

Foto: Archivo / Mariana Araujo / LA NACION


PARÍS.- Los dos son reconocidos profesionales, miembros de la International Association of Conference Interpreters (AIIC). En febrero de 2011 viajaron a París desde Ginebra para trabajar como intérpretes del entonces ministro de Economía Amado Boudou en una reunión de presidentes de bancos centrales y ministros del G-20. Y cobraron 1900 euros cada uno. Pero cuando retornó a Buenos Aires, el luego compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner presentó cuatro facturas falsas por un total de 9700 euros.

Las cuatro facturas comparten algunas características: son impresiones hechas por computadora sin ningún sello, registro ni clave tributaria que les otorgue validez, ni fueron firmadas por los intérpretes. Pero las cuatro sí incluyen la rúbrica y el sello de Héctor Eduardo Romano, más conocido como "Cachi", el secretario privado de Boudou. "Sólo presenté una factura por 1900 euros escrita en francés. Como todas mis facturas profesionales, dice: «Note d'honoraires pour services d'interprétation en espagnol». Agregó que se trató de una conferencia del G-20, entre el 17 y el 19 de febrero", afirmó uno de los intérpretes a LA NACION, E. E., quien solicitó mantener su nombre en reserva para evitar posibles riesgos laborales.

Su colega, A. R., presentó su propia factura por los servicios que prestó a Boudou, por el mismo monto que el primer intérprete, que explicó los motivos. "Ambos cobramos lo mismo: 950 euros por día". Y ambos, recuerdan, cobraron en efectivo.

Sin embargo, las facturas que presentó el ministro de Economía y luego vicepresidente de la Nación y presidente del Senado para rendir viáticos están en español y sólo tienen los membretes de los profesionales. Esas facturas se suman, además, a los otros recibos de ese viaje y otro anterior a París, como también de su paso por Nueva York para la asamblea de la ONU que presentó Boudou al retornar a Buenos Aires y que LA NACION reveló ayer que también eran apócrifos.

Así, de ese mismo viaje de febrero de 2011, el entonces ministro de Economía presentó en Buenos Aires la factura 83.167 por 9395 euros del hotel Bel Ami, en el que también se hospedó dos meses antes, pero presentó una factura posterior, la 88.636, por 19.937 euros. Ambas fueron desmentidas por los responsables del hotel ante la consulta de LA NACION. Un total de 29.332 euros, casi 500.000 pesos al tipo de cambio actual.

Esas facturas, sin embargo, no son las únicas cuestionables. Se suma otra que Boudou y Romano presentaron al retornar a Buenos Aires por una "cobertura televisiva" en Nueva York que le brindó una productora de Cancún, México, que hoy resulta inhallable. En cualquier caso, esa factura ascendió a US$ 5000, unos $ 60.000 al cambio actual.

A la hora de viajar a París, en tanto, tanto en diciembre de 2010 como en febrero de 2011, Boudou voló con varios objetivos simultáneos, según informó la prensa de Buenos Aires por aquellos días. El primero de esos objetivos era negociar un acuerdo con el Club de París por la deuda impaga, meta que alcanzó Axel Kicillof tres años después y entre cuestionamientos. El segundo, participar en la reunión del G-20. Y el tercero, colaborar con la prédica del gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo en la lucha contra el lavado.

Los intérpretes que se sumaron a la comitiva argentina, sin embargo, sólo cobraron honorarios por los servicios que prestaron para la reunión de ministros del G-20.

Sin gastos de transporte

Para eso, el primer contacto con la delegación argentina ocurrió a través de A. R., que en el pasado había trabajado en París con asiduidad. También fue ella quien le insistió a su colega E. E. que no cobraran los gastos de transporte que insumió viajar de Ginebra a París, "a fin de no perder el contrato", según recordó el segundo de ellos a LA NACION.

Ya en la capital francesa, ambos intérpretes asistieron a Boudou durante la reunión del G-20 en la que se discutió sobre los desequilibrios económicos mundiales y la volatilidad de los precios de las materias primas, mientras que los grandes países emergentes amenazaban con una insurrección si las grandes potencias imponían, como se temió, una regulación de los precios de las materias primas.

Al retornar a Buenos Aires, Romano, como "jefe de Secretaría Privada" -tal su cargo formal-, presentó la "declaración jurada de rendición de viáticos" de Boudou, que se tramitó a partir del 12 de abril de 2011 mediante el expediente administrativo S01-34099/2011.

Allí es donde aparecen las facturas cuya autenticidad refutaron los intérpretes, hasta por una cuestión básica de idiomas. "Es verdad, mis facturas no llevan número, pero por razones fiscales todas están en francés", insistió el segundo de ellos.

Ese tipo de inconsistencias resultan recurrentes en las facturas que presentó Romano en nombre de Boudou. En la correspondiente al hotel Bel Ami por el viaje de febrero de 2011, por ejemplo, se fechó como de febrero de 2010, y consta el rubro "auto" por el alquiler de un vehículo, a 882,67 euros por día. Pero en francés se suele consignar como "location de voitures".

Tanto E. E. como la otra intérprete que asistió a Boudou trabajan con frecuencia para las organizaciones de las Naciones Unidas y para diversos organismos oficiales. "Ambos somos profesionales que hacemos nuestro trabajo en el más estricto respeto de la deontología", remarcó E. E. "No quiero que nuestros nombres -añadió- aparezcan mezclados en toda esta miserable corrupción."

Sin sellos ni validez legal


Otras causas
1. Papeles falsos - Boudou se encamina a un juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto
2. El médano - Es investigado por la adulteración de su DNI; fijó su domicilio en un médano
3. Denuncias penales - En Economía fue denunciado por irregularidades en la compra de autos, resmas de papel y lámparas de bajo consumo

La Justicia encontró otras 26 propiedades ligadas a Lázaro Báez, en Chubut

Por Ana Tronfi - LA NACION
El fiscal Marijuan encabezó allanamientos junto a peritos tasadores; estiman en $ 850 millones el valor de los bienes


Marijuan, el fiscal de la causa en la que se investiga a Báez por lavado. Foto: Archivo / Telam

RAWSON.- En un nuevo giro a la investigación a Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuan desembarcó ayer en Chubut y solicitó información sobre 26 propiedades que el empresario kirchnerista tiene registradas en esta provincia. Marijuan visitó el Registro de la Propiedad de Inmuebles de Rawson y permacenería en la ciudad hasta mañana. La lista de propiedades incluye una estancia de al menos 6000 hectáreas, ubicada en la localidad de Río Senguer, en el suroeste de la provincia.

En Chubut los allanamientos se realizaron junto a tasadores que, en una primera instancia, estimaron que el patrimonio de Báez en esta provincia alcanzaría los 850 millones de pesos. Fuentes judiciales confirmaron que las 26 propiedades que están en la mira figuran a nombre de "empresas de Báez o presuntos testaferros".

La semana pasada, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pidió la "inhibición general de bienes" para las 28 empresas que pertenecen al empresario patagónico. Entre las firmas que figuran están el club Boca Juniors de Río Gallegos, la constructora Kank & Costilla, una concesionaria de autos, y la financiera Invernes.

En Comodoro, Lázaro y Martín Báez mantenían negocios y aceitados contactos con empresarios. En el marco de los operativos del mes pasado, se allanaron propiedades ubicadas en la zona del Cordón Forestal, una agencia de vehículos de alta gama, oficinas de la empresa Kank y Costilla y otras oficinas ubicadas en la zona céntrica de la ciudad.

Las propiedades del empresario santacruceño -investigado por presunto lavado de dinero- suman aproximadamente 850 millones de pesos, fondos con que la Justicia busca recuperar los activos en caso de que se prueben las acusaciones de lavado en su contra .

También hubo procedimientos en oficinas de Austral Construcciones del Parque Industrial, en una concesionaria de autos de alta gama en Barrio Pueyrredón (en Avenida Polonia y Ruta 3) y nuevos allanamientos en oficinas del centro de la ciudad en cocheras que son propiedad de Austral Construcciones y en la empresa Epsur, según el detalle brindado por fuentes judiciales.

Según se detalló durante los allanamientos, en los operativos "no se secuestra, incauta, clausura ni faja nada ni se deja ningún bien en custodia". Personal de Gendarmería irrumpió en el lugar para brindar "la custodia y la seguridad a personal idóneo del Tribunal Federal de Tasación", que es quien realizó "la valuación de inmuebles, maquinaria y herramientas. Se hace un estudio y chequeo de todo lo que sea y no sea propiedad de Báez".

Según se aclaró, en algunos corralones propiedad de la firma tienen empresas subcontratadas de servicios que no son propiedad de Báez pero hay vehículos guardados, por lo que se realizó el "chequeo" de todos los bienes.

Los operativos estuvieron a cargo del Escuadrón 41 Comodoro Rivadavia de Gendarmería y participan, además, la Unidad de Investigaciones y Procedimientos judiciales Comodoro Rivadavia, la de Rawson, Criminalística de Rawson y Comodoro Rivadavia y personal de la Agrupación 14 de Chubut.

Distribución de las propiedades

Las casas, campos y departamentos de Báez

1 Santa Cruz - Báez y su familia tienen 212 propiedades en esa provincia según datos del Registro de la Propiedad

2 Chubut - En esta provincia el fiscal Marijuan solicitó información sobre 26 propiedades de Báez. La lista incluiría una estancia de 6000 hectáreas

3 Chaco - Gendarmería realizó un allanamiento en Resistencia, donde funcionan las oficinas de la empresa constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, que le adjudican a Báez

4 Ciudad de Buenos Aires - La Policía Metropolitana tasó un departamento del empresario en el barrio porteño de Belgrano, ocupado por Martín Báez

5 Uruguay - La policía uruguaya realizó un procedimiento en la chacra que Báez tiene en Uruguay. Se trata del campo El Entrevero, que contempla un total de 152 hectáreas

Cuánto perdió el Banco Central por la maniobra con el dólar futuro

Por Fabio Ferrer -  fferrer@infobae.com
El Banco Central aun no logra recomponer reservas tras el pago de deuda.

Finalmente ocurrió lo que se esperaba, Cristina Elisabet Kirchner fue procesada por primera vez. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, quien hizo extensiva esa figura a otros 14 imputados por el delito de administración infiel.


Según establece el Código Penal incurre en este accionar ilícito "el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos."

En la imputación se indicó que el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. Esas obligaciones tenían fecha máxima de vencimiento el 30 de junio de 2016.

Por esta operatoria, la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos. La cifra exacta es $ 77.325.739.338,60.- Esta pérdidas fueron motivadas por los pagos que tuvo que hacer el Central en los mercados de ROFEX y MAE, por los contratos liquidados al 29 de febrero de este año y por los que quedan pendientes hasta el 30 de junio.

Según explica Bonadio en el auto de procesamiento, los imputados usando de manera impropia las atribuciones y competencias que tenían por sus cargos para poder justificar el volumen creciente de operaciones de venta de dólar futuro que venía realizando el BCRA que como se explica más arriba había llegado a 17 mil millones de dólares. Es así que en la sesión celebrada el 29 de septiembre de 2015 el Directorio del Central amplió el límite para actuar en el mercado de dólar futuro de 10 mil millones a 15 mil millones. No hubo razón económica alguna que lo justificara ni se publicitó la decisión adoptada.

Pero fueron por más. A menos de un mes de la sesión anterior -y sin esgrimir ninguna razón económica válida- el 27 de octubre del año pasado el Directorio del Banco Central amplió nuevamente el límite de las operaciones y lo llevó de 15 mil millones a 20 mil millones de dólares.

Al momento de celebrarse la reunión de Directorio del 29 de septiembre de 2015 todos los implicados en esta maniobra conocían los valores y condiciones en que se estaban celebrando los contratos de venta de dólar a futuro, es decir por debajo de los precios de mercado.

Por lo tanto -destaca Bonadio- ya que no existía ninguna razón económica para realizar las operaciones en ese período ni tampoco una razón valedera para extender la operatoria, la arbitrariedad de tamaña maniobra excedía la capacidad de decisión de los directivos del Banco Central. Y agrega que la maniobra no pudo concretarse sin contar con la decisión de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, ya que esa operación financiera carecía de toda razonabilidad económica para los fines del BCRA.

La pena con la que se reprime este delito es de un mes a seis años de prisión. A partir de la notificación del procesamiento los imputados tienen tres días para apelarlo.

El gobierno presentó su plan para "modernizar" la Justicia

Por Guido Carelli Lynch (Clarin.com) - La Casa Rosada quiere limitar el poder de los jueces federales en las causas de narcotráfico y recortar el mandato del Procurador General.


 El presidente Mauricio Macri encabezó el lanzamiento del Plan de Gestión de Justicia "Justicia 2020" en el Centro Cultural Kirchner, junto al ministro de Justicia, Germán Garavano y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Foto: Presidencia

El presidente Mauricio Macri dio un fuerte respaldo al proyecto oficial para reformar el poder judicial que impulsa su ministro de Justicia Germán Garavano. El jefe de Estado fue uno de los tres oradores en el Centro Cultural Kirchner durante la presentación de Justicia 2020, el programa oficial  para “modernizar la Justicia”. “No podemos seguir con procesos que vienen desde el virreinato, no podemos seguir con esos tiempos”, sostuvo el jefe de Estado frente a una platea repleta de jueces, funcionarios, colectivos de abogados y ministros de justicia de varias provincias. A su lado en el escenario, lo escuchaban Garavano, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

El Presidente advirtió que ninguno de los ejes de su administración podrá cumplirse si el Poder Judicial no se actualiza. “Es muy dificil imaginar una Argentina unida, con pobreza cero sin narcotráfico si no tenemos una justicia inteligente, activa y de extrema calidad”, sentenció. Macri intercaló críticas al kirchnerismo con un mensaje optimista. El punto más álgido fue cuando sugirió como nunca antes que hubo connivencia entre el Estado y el tráfico de drogas. “Lo peor es no saber lo que pasó en los últimos 10 años con el narcotráfico, donde claramente hubo socios dentro de la dirigencia”, señaló.

Durante su discurso, el mandatario también les habló a los jueces y fiscales y les aseguró que no habrá presiones del Ejecutivo. “No vamos a estar detrás de ustedes presionando o extorsionando".  En marzo, su aliada Elisa Carrió había señalado a Daniel Angelici de ser el operador judicial del Gobierno. “Lo que queremos es que no haya impunidad, de nadie: de los que se fueron, de los que están y de los que vendrán”, señaló en una alusión a las causas causas contra Cristina Kirchner que avanzan en la Justicia, igual que la investigación por las sociedades off shore en las que el Presidente figura como director. Mientras tanto, afuera,  trabajadores estatales despedidos protestaban en las puertas de un CCK blindado.

“Cercanía a la gente”, “modernidad” e “independencia” son las tres metas planteadas Justicia 2020, en el que ya se anotaron 4 mil inscriptos en 22 equipos de trabajo para avanzar en los siete ejes trazados: “el institucional”, “el penal”, el “civil”, "Derechos Humanos", "Gestión", "acceso a la Justicia" y “relación con la comunidad”. En lo inmediato, con el paquete de leyes enviado al Congreso, el Gobierno busca recortar el mandato del Procurador General, reformar el Consejo de la Magistratura, limitar el poder de los jueces federales y ampliar a otros fueros las causas de narcotráfico, trata y crimen organizado; además de virar a un sistema acusatorio que liderarían los fiscales.

Garavano, encargado de abrir y cerrar el evento, fue categórico cuando se refirió a la necesidad de una reforma judicial. “Seguimos trabajando con una estructura de hace dos siglos”, dijo. Luego, enumeró algunas de las iniciativas que el programa impulsa, como el uso de oficinas de gestión y expedientes electrónicos y el juicio por jurados; además de un nuevo Códigos Penal y otro Civil.

Investigarán otras dos concesiones a TBA y Cometrans: el Gran Capitán y el Binacional

Por Lucio Fernández Moores - Clarin.com
Apuntan a ex funcionarios de transporte quienes entregaron esos servicios cuando ya estaban constatados los incumplimientos de la empresa.

Tren El Gran Capitán, fue concesionado a TBA, cuando en Transporte ya había constatado irregularidades. Foto: Guillermo Rodríguez Adami

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi investigará si los ex funcionarios del área de Transporte condenados por la tragedia de Once también cometieron delito al otorgarle a las empresas TBA y Cometrans dos nuevas concesiones cuando ya tenían constatados sus incumplimientos en los servicios que tenían en el Conurbano, antes del accidente que le costó la vida a 51 personas.

La nueva causa quedó formalmente abierta hoy con el requerimiento de instrucción firmado por el fiscal Franco Picardi, quien le pidió al magistrado cursar informes a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Las concesiones que ahora quedaron bajo la lupa judicial son las del llamado "Gran Capitán", el tren que unía Buenos Aires con Misiones y que también tuvo inconvenientes varios aunque sin las consecuencias trágicas de Once, y el llamado "Tren Binacional", un servicio que enlazaba el Litoral con la República Oriental del Uruguay. Ambos están fuera de servicio.

La apertura de la investigación es consecuencia directa del debate en el juicio oral en el que fueron condenados el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y otros ex funcionarios y directivos de esas empresas ya que el Tribunal Oral Federal 2 dispuso en su sentencia denunciar la posible existencia de delito en las concesiones de estos servicios.

El argumento es que las autoridades de Transporte otorgaron las concesiones cuando ya tenían probado en informes internos los diversos incumplimientos en los ramales que TBA y Cometrans tenían adjudicados para operar en el Conurbano.

"Es que, al momento en que se produjo la disposición de tal acto administrativo se encontraba en pleno trámite la causa de origen, y aún con la posibilidad de incumplimiento en el desempeño de su concesión respecto de las líneas Mitre y Sarmiento, les fue confiado un nuevo servicio ferroviario”, había dicho el fiscal del juicio oral por la tragedia de Once, Fernando Arrigo, al momento de pedir las condenas para los acusados y que se investigaran diversas cuestiones.

Los jueces del tribunal sostuvieron en su sentencia que habiendo constatado las autoridades de aquel entonces los incumplimientos de Cometrans y TBA en los servicios del conurbano "la autoridad oficial no habría adoptado las medidas pertinentes y permitió al consorcio empresario ampliar sus negocios" con las dos nuevas concesiones que ahora se investigarán en otra causa.

Con emoción y sin disturbios, cerraron los bingos porteños

Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION
Las cinco salas dejaron de funcionar al cumplirse el plazo dado por Lotería Nacional; 500 personas, sin empleo

La última jugada en el bingo de Caballito, con las personas que se resistían a abandonar la sala. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia
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"Bolilla número 56, cinco seis, número 22, 73, siete tres, 7... ¡y han cantado bingo en la sala!" La voz estructurada y monocorde de la locutora lanzaba los números con desgano. Esa jugada, con un premio de $ 1680, marcó el final del bingo de Belgrano, que minutos antes de las 16 comenzó a tomar un tono fantasmal y desolador, con empleados que deambulaban entre las mesas vacías, cargados de resignación y con rostros en los que el llanto era un signo de resignación y, también, de indignación. El tema de Vox Dei, que de golpe empezó a sonar, le ponía un tono más dramático con "todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina...".

Fue algo así como la crónica de una muerte anunciada que también se vivió en los otros cuatro bingos de la ciudad. Ayer, las salas de Belgrano, Caballito, Congreso, Flores y el microcentro cerraron sus puertas por orden de Lotería Nacional, que había dado su ultimátum la semana pasada. No alcanzaron las gestiones que hasta última hora se realizaron ante la Justicia para frenar la decisión con una medida cautelar.

La lucha de los 500 trabajadores que perdieron el empleo para asegurarse las indemnizaciones se trasladará ahora a otros ámbitos. Anoche se discutían las acciones que tomarán en los próximos días. Los trabajadores no descartaban llevar el reclamo a la calle, como lo hicieron anteayer, al impedir el tránsito en varios puntos de la Capital. Podrían cortar hoy la avenida 9 de Julio y, quizá, tomar el bingo de Flores hasta tener garantías de que cobrarán lo que les corresponde.

"Es lamentable, pero ésta es la última partida que vamos a jugar. Les agradecemos a todos los que siempre estuvieron con nosotros. Acá vamos a seguir, los mantendremos informados de lo que vaya sucediendo, pero es la última partida. Gracias", anunció el jefe de la sala del bingo Belgrano, Luciano Piazza, antes de lanzar las bolillas. Un aplauso demostró la cercanía entre los jugadores y los empleados del bingo, certificada más tarde con la letra y música de "Presente" de fondo.

Nilda Grosso, Valeria Belmonte, Esther Daich y Susana Retta son cuatro amigas de un grupo de quince mujeres que se conocieron en el bingo hace 15 años. Su amistad traspasa la sala de juego y las tardes de puchos y café. Salen juntas a cenar, van a los cumpleaños de sus nietos, organizan salidas. Ahora piensan en cómo pasar las tardes, mientras hacen fila para abrazar y contener a las chicas que hasta hacía un rato les vendían los cartones.

"¿Por qué lloramos? Acá formamos un grupo de amigas y también nos hicimos amigas de las chicas que trabajan acá. Éste es un lugar social, no un lugar para timbear. Preferimos venir al bingo a pasar las tardes que gastar 600 pesos en la entrada para una obra de teatro", contó a LA NACION Esther, rodeada de amigas que se acomodaban el maquillaje corrido por las lágrimas.

Las últimas horas de los cinco bingos porteños transcurrieron entre la incertidumbre de los trabajadores y las dudas de los habitués. "¿Van a tener abierto a la noche? Porque yo vengo de noche. Y si cierran, ¿adónde vamos a ir nosotros, los viejos? ¿A la plaza a sentarnos a un banco? Yo gano más plata acá que en la quiniela", dijo Pedro en la puerta del bingo Congreso.

Ingresar en esa sala de la avenida Rivadavia es como meterse en una película de los años 90. Las mesas y las sillas de caño huelen a cigarrillo y a humedad; viejos televisores de tubo muestran las bolillas elegidas; las luces no alcanzan a iluminar las paredes marrones y beige, con barandas y columnas de bronce. En un rincón del salón, mujeres y hombres setentones juegan las últimas fichas.

"Esto es distinto de un casino, donde la gente juega compulsivamente en una máquina sin hablar con la persona que tiene al lado. Esto es como un club social, vienen los mismos de siempre y son del barrio", explicó Juan Llanos, el encargado del salón. Tanto él como sus compañeros sienten la misma preocupación: ¿cuál será su destino? "Laburé 46 años en los bingos. Mi currículum es una línea que dice «jefe de sala». ¿Dónde voy a conseguir trabajo?", se pregunta ahora.

También en el bingo de Caballito las horas transcurren con angustia, pero con mejor clima y música que intentaba levantar el ánimo. Skay Beillinson y Juanse le ponían rock nacional a la espera de una solución favorable que nunca llegó. "Vamos a resistir con los compañeros hasta donde podamos, como hicimos en diciembre", advirtió Fabiana Cáceres, promotora de la sala.

A fines de 2015, una medida cautelar posibilitó que los bingos siguieran funcionando y garantizó la continuidad laboral de los 500 empleados. Entre el miércoles y ayer, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar aguardaba a que se resolvieran varias acciones judiciales, pero nada cambió. "Comienza el camino para conseguir las indemnizaciones. Esto significará la presión en la calle o en los bingos", avisó el titular del gremio, Ariel Fassione.

Una compleja situación legal - Deudas y contratos vencidos, las causas del cierre

Los cinco bingos porteños tenían los contratos de concesión vencidos y, además, mantenían una deuda de $ 260 millones con Lotería Nacional por la falta del pago de los cánones mensuales. Estas dos razones habrían sido determinantes para la decisión que adoptó Lotería Nacional.

Sin embargo, los trabajadores de los bingos confiaron que la interrupción del pago de los cánones había sido consensuada entre los operadores de los bingos y Lotería Nacional para que las empresas puedan afrontar los sueldos y gastos de mantenimiento.

Las indemnizaciones de los 500 trabajadores son responsabilidad de los operadores que podrían presentar la quiebra. En ese caso las alternativas, según Aleara, son entablar juicios contra el Estado o que Lotería Nacional se haga cargo. Lo que queda claro es que no volverán a trabajar en bingos porteños.

"No habrá más bingos en la ciudad de Buenos Aires. Nos propusimos que no crezca un paño más ni una máquina más", dijo ayer el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, en el programa Vuelo de regreso, el espacio de LA NACION en FM Millenium.