Las 3 exigencias que impuso la primera auditoría del FMI a las finanzas de la Argentina

Por Carlos Arbia - carbia@infobae.com - Infobae.com

Los técnicos del Fondo sostienen que se requiere alcanzar 3% del PBI de superávit fiscal para poder pagar vencimientos de capital e intereses de la deuda pública.

Christine Lagarde, directora del FMI, envió a sus técnicos a auditar las finanzas de Argentina (AP)

En medio del comienzo de las reuniones entre los técnicos del FMI y del gobierno argentino se conocieron ya las primeras medidas que el  organismo le impuso a la Argentina para poder cumplir con el programa stand by de tres años firmado el 14 de junio pasado.

La misión encabezada por el economista Ricardo Cardarelli mantuvo una reunión ayer durante las primeras horas de la mañana en el Palacio de Hacienda con el equipo económico comandado por el ministro Nicolás Dujovne y luego con el  presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo, y los integrantes del Comité de Política Monetaria.

Según pudo saber Infobae, los técnicos manifestaron la preocupación de la directora gerente, Christine Lagarde, por la débil situación de la economía argentina, y para revertir ese cuadro le sugirieron al Gobierno cumplir rigurosamente con tres objetivos para aprobar la primera revisión de la metas del acuerdo por tres años que comenzó hoy y que se extenderá hasta el próximo 22 de agosto, clave para activar un segundo desembolso, ahora por USD 3.000 millones, a saber:

1. Fuerte reducción de la tasa de inflación. La meta deberá ser igual o menor a las expectativas actuales del mercado (REM) para el cierre de 2018, que es la meta superior exterior de 32%, y luego las cotas centro de 17%, 13% y 9% para diciembre de cada uno de los siguientes tres años.

2. Desarmar la posición de Lebac, para que a fines del 2019 solo los inversores particulares, no vinculados con el sector financiero, sean los únicos tenedores. Esto va en línea con las medidas anunciadas para reducir el stock de Lebacs en las próximas licitaciones.

3. Acelerar la baja del déficit fiscal hasta fines del 2019, porque sostienen la regla del 3 por 3: "se necesitan 3 puntos de superávit fiscal para poder pagar los 3 puntos del PBI que representan los vencimientos de intereses y amortizaciones de la deuda pública en cada uno de los próximos años".

 El próximo desembolso del FMI por USD 3.000 millones, previsto para el 20 de septiembre, requiere el cumplimiento de las metas a junio último.

Logros parciales

La mayoría de las consultoras calculan que la meta de déficit fiscal primario del corriente año, inferior a los $362.500 millones, es cumplible, incluso con cierta holgura.

Por el contrario, tanto el objetivo de inflación de 27% anual como meta centro, con un desvío máximo tolerable hasta 32% anual; como el de acumulación de reservas netas, de USD 5.500 millones sobre el nivel base del 4 de junio último hasta marzo de 2019; y USD 7.500 millones a junio próximo, se estima que no se cumplirían.

 El objetivo de inflación de 27% anual como meta centro, con un desvío máximo tolerable hasta 32% anual; como el de acumulación de reservas netas, no serían cumplibles.

La coyuntura vigente se encuadra en lo que en el Acuerdo con el FMI se denominó como escenario 'adverso', en oposición al optimista escenario de base.

FMI avala uso de reservas para el rescate de Lebac

Por Carlos Lamiral - Ambito.com

Podrían utilizarse u$s15.000 M. El jefe de la misión, el italiano Ricardo Caldarelli, inició ayer la fiscalización en Hacienda. El organismo quiere evitar que Argentina replique el caso de Turquía.

Nicolás Dujovne y Ricardo Caldarelli

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo que mandar un claro respaldo a la estabilidad de la Argentina, antes de que la misión que está en Buenos Aires comience a revisar los números de la economía. Su vocero Gerry Rice transmitió en Washington el apoyo del directorio del organismo al plan del presidente del Banco Central, Luis Caputo, para desarmar la bomba de $976.000 millones en Lebac, en un plazo que llega a fin de año.

Antes de ello, el jefe de la misión, el italiano Roberto Cardarelli, llegó hasta el Palacio de Hacienda, donde se encontró con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con quien analizó el programa que se anunció minutos después. 

Rice dijo en Estados Unidos que "el plan de las autoridades argentinas para acelerar la reducción del stock de Lebac ha sido cuidadosamente diseñado por el Gobierno". 

El organismo internacional definió a ese instrumento financiero ideado por el anterior titular del BCRA Federico Sturzenegger para absorber liquidez como "importante fuente de vulnerabilidad" de la economía Argentina y señaló que eliminar el stock de Letras ayudará "a contribuir a un marco de política monetaria más eficaz". "El Fondo respalda los esfuerzos de las autoridades en esta área que son consistentes con los entendimientos alcanzados bajo el acuerdo stand by respaldado por el FMI", anunció el FMI.

En rigor, según trascendió, el organismo de crédito va a tomar una decisión de corte político. Estén como estén los números de la economía, el primer tramo del acuerdo stand by por u$s50.000 millones anunciado en junio pasado va a tener el visto bueno. El FMI va a dar por cumplidos los objetivos, aunque las cifras no se encuadren perfectamente dentro de lo previsto y con ello sacará de su billetera u$s3.000 millones.

Uno de los puntos que no se cumplieron en el acuerdo es que el dólar terminó oficiando nuevamente como ancla de la inflación. En el afán por lograr la estabilidad del tipo de cambio, el incremento de los precios comenzó a superar ampliamente al billete verde. La nueva crisis de la lira en Turquía puso al descubierto la fragilidad de la estabilidad conseguida durante gran parte de julio. A partir de ahora, Caputo no va a poder "atrasar" más el tipo de cambio. Dólar e inflación tendrían que correr en paralelo.

Por otro lado, lo que va a suceder es que el desarme de la posición de Lebac puede tener un fuerte costo en reservas del BCRA. El plan contempla no atacar directamente sobre las tenencias de los particulares que invirtieron en ese instrumento. Los bancos y las financieras ya no podrán renovar más. Los particulares van a poder seguir aunque cada vez haya menos oferta. Para aquellos que quieran irse a la moneda dura, el Banco Central podrá usar sus reservas para cubrir esa demanda. En el Gobierno señalan que tienen una fuerza de choque de unos u$s15.000 millones del BCRA para enfrentar ese proceso y que tiene el visto bueno del Fondo. Es el mismo dinero que fue comprando Sturzenegger durante su gestión mientras emitía Lebac y que ahora puede tener el camino inverso.

Octubre va a ser el mes clave. La segunda misión del FMI tendrá que volver y el Gobierno deberá mostrar avances con la aprobación del Presupuesto 2019, de manera de lograr un nuevo desembolso. Guido Sandleris, el viceministro de Hacienda, dijo en una charla con periodistas que el Gobierno tiene cubiertas ya las necesidades de vencimientos de este año, pero admitió que como producto del empeoramiento de las condiciones financieras internacionales, Dujovne ya trabaja con una proyección de crecimiento inferior 0,5% para este año, lo cual constituye un adiós a la idea de la "recesión corta". 

Sin el "Fondo Sojero", provincias y municipios resignan u$s 1.000 millones para obras

(Ambito.com) -  Tras la eliminación del Fondo Federal Solidario, que enviaba a la provincias el 30% de la recaudación por la exportación de soja, se espera una respuesta de los gobernadores. 

Con la eliminación del Fondo Federal Solidario, las provincias y municipios dejarán de recibir hasta u$s 1.000 millones en fondos para obras de infraestructura. Ese dinero es que el Estado nacional tiene previsto recaudar por los derechos a la exportación de soja en lo que queda de 2018 y en todo 2019.

En el Gobierno creen que el salto en un año del dólar de $ 17 a $ 31 es motivo suficiente para achicar los reintegros a los empresarios por las venta al exterior, reducir las retenciones al campo (ver nota aparte) y eliminar el "fondo sojero". 

El FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, explicaron desde Hacienda. "Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, las provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación", justificaron al eliminar este impuesto coparticipable, creado por Cristina de Kirchner en medio del conflicto con el campo por la Resolución 125. 

La expresidente estableció en 2009 un mecanismo de compensación a las provincias para lograr el apoyo de los gobernadores a la aplicación de retenciones graduales a la soja. Con esa intención, creó el Fondo Solidario, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación al poroto, aceite y harinas de soja, que solo la Nación podía realizar. 

Con eso fondo, se proponían fortalecer las obras de infraestructura en los distritos. "La finalidad es financiar obras provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuyan a la mejora de la infraestructura edilicia de las distintas reparticiones y/u organismos públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, así como para infraestructura e inversión productiva, con expresa prohibición de utilizar las sumas de dicho fondo, para el financiamiento de gastos corrientes".

Sin embargo, Mauricio Macri eliminó este fondo con un Decreto de Necesidad y Urgencia que pronoto saldrá a la luz, y desde los próximos días se cancelarán todas las transferencias directas a mandatarios del interior e intendentes. Tampoco será introducido este ítem en la ley de Presupuesto 2019. 

Con esta medida, el Gobierno espera un ahorro fiscal para la Nación de $ 8.500 millones en 2018 y $ 26.500 millones en 2019, casi u$s 1.000 millones. La decisión forma parte del paquete de medidas de ajuste fiscal que exige el FMI para el cumplimiento del acuerdo. En Santa Fe aseguran que no fueron consultados. En Salta deslizan que "estaban al tanto" del inminente recorte, pero que no lo espera para agosto.

El Poder Ejecutivo venía dilatando el pago diario del FFS a las provincias. Para concretar los desembolsos, la Nación exigía como contrapartida adherir al Pacto Fiscal. Si no lo hacían, no cobraban. Por este motivo, en los últimos meses Hacienda registró una abrupta caída en las transferencias mensuales. Según dijeron algunos ministros de economía provinciales, fueron cortadas hasta verificar la validación del "Acuerdo Fiscal" en cada jurisdicción. 

Los datos consolidados del primer semestre de 2017 revelan que la Nación repartió $ 9.782 millones entre todas las provincias, CABA y los municipios. 

Pero para 2018, por una mejora en las cosechas, los precios internacionales y tras la reciente devaluación, que llevó el dólar de $ 27,50 a $ 31, se proyectaba enviar al Interior unos $ 23.000 millones en 2018 en total. Hasta julio pasado, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno nacional llevaba entregados $ 14.380 millones entre todos. El año pasado las 135 intendencias bonaerenses recibieron unos $ 1.300 millones. Para este año, tenían pautado el ingreso de unos $ 2.000 millones.

El Gobierno anunció un ajuste de $ 65.500 millones y suspendió baja a las retenciones

(Perfil.com) - A través de distintos decretos, el ministerio de Hacienda anunció hoy una serie de medidas para lograr un ahorro fiscal. 

El Ministerio de Hacienda anunció hoy una serie de medidas para lograr un ahorro fiscal de 65.500 millones de pesos durante este año y el próximo, y entre ellas suspendió por 6 meses la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja. Además, se elimina el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja, y se reduce en un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto. 

 Las medidas están contenidas en tres decretos que serán publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales se generará un ahorro fiscal estimado de 12.500 millones de pesos para lo que resta de 2018 y 53.000 millones de pesos para el 2019, informó Hacienda, en un comunicado. 

Con relación a los derechos de exportación a la soja, se mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos, pero Según la información oficial, las alícuotas a la soja se vienen reduciendo de forma sostenida, desde el 35% en 2015 para el poroto de soja al 26% actual, previendo su convergencia al 18% en diciembre de 2019. 

 En cuanto al aceite y las harinas, la alícuota se redujo desde el 32% en 2015 al 23% actual y también convergerá al 18% en diciembre de 2019.Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de 1.500 millones de pesos en 2018 y 12 mil millones en 2019, estimó Hacienda. 

 Por otra parte, a través de un decreto de necesidad y urgencia, se elimina el Fondo Federal Solidario, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Este Fondo fue creado en 2009, cuando las provincias recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, indicó el Ministerio.  Y resaltó que, ahora, las provincias "han pasado a recibir un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación. 

Con esta decisión, el ahorro fiscal para la Nación es de 8.500 millones de pesos en 2018 y de 26.500 millones de pesos en 2019. Además, el Ministerio dispuso reducir un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto. 

 Para el FMI, la Argentina crecerá menos por el "ajuste necesario de las políticas" En ese sentido, Hacienda resaltó que los reintegros a la exportación "justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse." .  

El ahorro fiscal (coparticipable entre Nación y provincias) de esta medida es de 5 mil millones de pesos en 2018 y 29 mil millones de pesos en 2019. "Estas tres decisiones se enmarcan en el proceso de convergencia al equilibrio fiscal para 2020, que serán luego complementadas en el proyecto de Presupuesto por medidas relacionadas con las erogaciones del Gobierno Nacional", afirmó Hacienda. 

Los sobornos explican también parte del déficit del presupuesto

Por Alan Soria Guadalupe - La Nación

La proyección de las coimas que confesó Wagner llega a $640.480 millones; en 2019, Gobierno ajustará $300.000 millones. Fuente: Archivo

Durante una de las primeras visitas de Cristina Kirchner a Comodoro Py a prestar declaración indagatoria por presuntos hechos de corrupción durante su gobierno, la expresidenta se rodeó en 2016 de algunos exfuncionarios y del fervor de la militancia que todavía la acompañaba y reclamó, como contraataque, que se realizara una auditoría completa de la obra pública desde 2003 hasta 2015.

Casi cinco meses después, la Justicia rechazó conformar una comisión para investigar las erogaciones y las empresas beneficiadas por las obras de la era kirchnerista y el desafío de Cristina para que se pusiera a prueba la transparencia de su gestión quedó en la nada. Sin embargo, la revelación de los cuadernos de las coimas y la confesión de uno de los empresarios arrepentidos dan lugar a un nuevo análisis de las declaraciones de la actual senadora nacional, quien ese día afirmó que durante sus gobiernos y el de Néstor Kirchner la inversión en obra pública alcanzó, en los doce años, unos "US$107.000 millones".

En una declaración reveladora, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, dijo ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que las obras públicas que impulsaba el kirchnerismo debían tener un retorno de entre el 10 y el 20% que iba a ser utilizado para "gastos políticos".

Si se toma el total de lo invertido por el kirchnerismo en obra pública -que según gráficos explicativos subidos al propio sitio web de la expresidenta suma US$107.825 millones- y se descuenta el porcentaje que supuestamente volvía a las manos del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio De Vido , las coimas alcanzarían los US$21.565 millones si se toma en cuenta el 20%, o US$10.782,5 millones, si se acota a un retorno del 10%.

Al tipo de cambio actual, esas cifras revelan que el dinero que supuestamente entró en el circuito de coimas tendría hoy un fuerte impacto en la economía.

Si el Gobierno dispusiera actualmente de ese dinero, por ejemplo, ya no tendría el mismo sentido el fuerte ajuste de 300.000 millones de pesos que planea la administración de Mauricio Macri para cumplir con las metas de déficit fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el próximo año, en el que el rojo fiscal debería ser del 1,3% del PBI.

El dólar cerró el viernes a $29,7. El 10% de la inversión total del kirchnerismo en obra pública hoy sería de 320.240,2 millones de pesos. El 20% de los sobornos, en cambio, llevaría esa suma a $640.480,5 millones.

El déficit fiscal hoy asciende al 2,7% y equivale a $365.000 millones. Según la previsión oficial, el 1,3% del año que viene representaría $175.000 millones, teniendo en cuenta la inflación proyectada del 17% y el aumento previsto en las prestaciones sociales y las jubilaciones.

El exministro de Planificación Julio De Vido, junto al entonces presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, en 2008 Fuente: Archivo - Crédito: Télam

"Resulta casi ridículo que en el cúmulo de 107.000 millones de dólares digan que hay sobreprecio o irregularidades en una sola provincia, en un solo distrito y con una sola empresa, cuando hay 24.000 empresas", había dicho Cristina Kirchner ese día a la salida de los tribunales, cuando también señaló que la inversión global desde la asunción de Kirchner se había distribuido entre obras de energía ("una parte importante", dijo), trabajos correspondientes a la vialidad y a la construcción de viviendas.

La expresidenta había pedido la nulidad de la investigación, que apuntaba al supuesto direccionamiento de la obra pública a la empresa de Lázaro Báez en Santa Cruz.

Esa misma semana, la exmandataria difundió el listado de los 50 empresarios más beneficiados por la obra pública en todo el país, entre los que el Grupo Austral, del detenido Báez, figuraba en el puesto 38, con US$1019 millones de inversión.

Distinta fue la ubicación del arrepentido Wagner, entonces titular de Esuco, que apareció en el séptimo lugar, con US$6720 millones, en un ranking liderado por Techint, Electroingeniería y la constructora Iecsa. Todas empresas involucradas en el escándalo.

El amigo del ministro

En su confesión judicial, el empresario Carlos Wagner contó que el entonces ministro de Planificación Julio De Vido le dijo que la obra pública iba a ser "uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos". "Todos sabían que yo era el amigo de [Julio] De Vido", aclaró, según reveló ayer LA NACION, para explicar su papel de intermediario. La foto muestra a Wagner y De Vido durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción en 2010.

Vuelos con dinero a Panamá

Héctor Alani, propietario del jet privado matrícula LV-NZC, manifestó en el programa de Luis Majul sus sospechas acerca de que el avión fue utilizado para llevar dinero de coimas a Panamá poco tiempo después de la muerte de Néstor Kirchner. "Tengo la sospecha total. Fue el avión que llevó la plata, no me cabe la menor duda. El avión que llevó los 50 millones de euros a Panamá", aseguró. También dijo que en ese viaje habría estado Federico Elaskar. "La descripción que hace el piloto, uno es parecido a Federico Elaskar", afirmó. Tras aquel vuelo "el avión desapareció del mapa, como si lo hubiera tragado la tierra", dijo Alani.

Un gobierno de "buenos muchachos"... siguiendo obedientemente a la marchita "...defendiendo al capital... Lamentable.

Camuzzi desistió del juicio que mantenía contra Argentina ante el CIADI

(Ambito.com) - Camuzzi Internacional anunció que desistió del juicio internacional llevado adelante contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Este anuncio, que se corresponde con el compromiso asumido por las licenciatarias Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, a partir de la Revisión Tarifaria Integral llevada adelante por el Gobierno nacional, se suma a los desistimientos de los procesos arbitrales comprometidos por Gas Natural Ban y Transportadora de Gas del Sur, que fueron presentados ante el mismo tribunal internacional.

El proceso databa de 2002 y estaba suspendido desde 2007 a la espera del laudo. Incluía un pedido de indemnización por u$s 337 millones como "resarcimiento de los perjuicios sufridos como consecuencia de los hechos y medidas dispuestos por la República Argentina a partir de la situación de emergencia establecida por la Ley 25.561 y por la anulación de la aplicación de los ajustes tarifarios por aplicación del Producer Price Index de los Estados Unidos de América". 

En el comunicado firmado por el vicepresidente de Camuzzi Internacional, Stefano Barbiera, la empresa anuncia que con el fin del proceso arbitral cumplirá con los compromisos asumidos por Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A respecto del Estado Nacional, al tiempo que ratifica su "histórico compromiso con sus inversiones en la República Argentina".

Argentina es el segundo país que más aumentó sus reservas de oro en el mundo

(iProfesional.com) - Argentina es el segundo país que más aumentó sus reservas de oro en el mundo.

En primer lugar se ubica Rusia, que compró 81 toneladas y de esta manera se ubica en el primer lugar del ranking mundial desplazando a China

Según las estadísticas de reservas de oro que publica cada mes el Consejo Mundial del Oro, con datos del Fondo Monetario Internacional, Rusia continúa con su política de incrementar sus reservas de oro. El segundo país que más incrementó sus reservas fue Argentina.

El último dato, publicado en junio pasado, revela que el Banco de Rusia ha adquirido 19 toneladas de oro en el mes de mayo, que elevan el total desde las 1.890,8 toneladas de abril a 1.909,8 toneladas. En lo que llevamos de año, Rusia ha aumentado sus reservas en 81,2 toneladas, lo que le ha permitido superar la cifra declarada por China (1.842,6 toneladas), a la que ya supera en 67,2 toneladas.

El segundo país que más ha incrementado sus reservas fue Argentina, que incorporó 6,8 toneladas más de oro, que elevan el total hasta las 61,7 toneladas. Curiosamente, el Banco Central del país se había desprendido de esta misma cantidad de oro el pasado mes de marzo, para volver a recuperarla un mes después. Más aún: contaba en enero con 54,8 toneladas, que aumentaron hasta 61,7 en febrero, para volver a bajar en marzo y subir en abril. Siempre la misma cantidad, entre 6,7 y 6,8 toneladas. Unas subidas y bajadas que podrían responder a algún tipo de operación con el oro como garantía.

Hay que recordar que el Banco envió el pasado mes de septiembre un total de 11 toneladas de oro de sus reservas a Londres, para negociar con ellas y obtener rentabilidad. Una medida que levantó una encendida polémica en el país.

Otros escenarios

El caso de Turquía también merece una explicación: este país es el tercer mayor consumidor mundial de oro, por detrás de China y la India, y su banco central es un ávido comprador de oro, hasta el punto de que en 2017 fue el segundo que más aumentó sus reservas, solo por detrás de Rusia.

El pasado mes de mayo incorporó a sus reservas 4,1 toneladas, alcanzando un total de 236 toneladas en sus reservas. Sin embargo, desde la clasificación anterior ha bajado del undécimo al vigésimo primer puesto. Esto se debe a que el Consejo Mundial del Oro modificó el mes pasado la forma de contabilizar las reservas de Turquía.

Hasta entonces, incluía en la cifra total el oro depositado por los bancos comerciales turcos, a quienes la ley autorizaba a cumplir los requerimientos de capital depositando oro en el banco central.

Desde el mes pasado, la clasificación incluye solo las reservas de oro del propio banco central, motivo por el cual la cifra de Turquía ha descendido desde las 591 toneladas del mes de marzo hasta las 236 de mayo.

Por el lado de las ventas, el Banco Central de Venezuela ha sido el que más oro ha liquidado en el pasado mes de mayo, con 12 toneladas menos de metal, que dejan sus reservas en 150,2 toneladas.

Incrementar reservas

A pesar de los esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar sus reservas de oro con metal procedente de las explotaciones locales situadas en el Arco Minero del Orinoco, lo cierto es que la cifra ha estado menguando desde comienzos de año: a cierre de 2017, las reservas de oro de Venezuela se situaban en 187,6 toneladas; cinco meses después, ha descendido hasta las 150,2 toneladas, es decir, una caída de 37,4 toneladas.

Y eso que, recientemente, el Gobierno venezolano tuvo que hacer frente al pago de 172 millones de dólares al Citibank estadounidense para rescatar el oro que había depositado como garantía de una operación de swap.

El Bundesbank alemán también ha reducido parte de sus reservas, en concreto 1,2 toneladas de oro, que dejan el total en 3.371 toneladas. Estas ventas periódicas de cantidades cercanas a una tonelada por parte del Bundesbank responden a las necesidades del programa de acuñación de monedas de oro. Por último, México también vendió 0,1 toneladas de sus reservas, quedándose con 120,1 toneladas.

Mauricio Macri cancela proyectos del INVAP firmados durante el kirchnerismo

Por Claudio Andrade - Clarin.com

Son por US$ 1.000 millones. El Gobierno busca que la empresa encuentre clientes en el extranjero y no dependa de convenios nacionales.

El presidente Mauricio Macri en su visita a Bariloche.

El gobierno de Mauricio Macri no sostendrá los proyectos firmados durante el kirchnerismo con el centro tecnológico INVAP (Investigaciones Aplicadas) por cerca de US$ 1000 millones, según reconoció el propio mandatario el viernes pasado durante una corta estadía en Bariloche. El Presidente espera que la empresa de alta tecnología encuentre clientes en el extranjero y deje de depender de los convenios que en su mayor porcentaje son con dependencias del país, según hizo entender.

Por otra parte, el Estado nacional mantendría una deuda de 1400 millones de pesos con el centro de desarrollo tecnológico INVAP de Bariloche, según trascendió. El saldo correspondería a diversos proyectos concluidos entre 2017 y 2018. Los dineros aun no pagados corresponderían a la construcción de satélites y antenas para vigilancia.

El viernes pasado el presidente Macri estuvo cuatro horas en la localidad con el propósito de reunirse con empresarios turísticos y funcionarios de Río Negro. En ese marco dejó en claro que “no hay plata” para los contratos que el INVAP firmó en el gobierno de Cristina Kirchner. Este cambio de política ya provocó temblores económicos en la institución que no recibe subsidios y depende enteramente de sus ventas para sostenerse y pagar salarios a cerca de 1500 empleados.

“Confío en la capacidad técnica del INVAP, pero los contratos que tenía la Nación previstos con INVAP eran de la época de la magia y la plata no está”, reconoció el mandatario. De acuerdo a información de la empresa, en el último ejercicio tuvo ventas por 3261 millones de pesos. El 80% de estos contratos correspondieron al mercado local (Estado mayormente) y el 20% a exportaciones. Además tenía pautados acuerdos a futuro por US$ 988 millones. El 48% estaban destinados al sector espacial y necesidades del gobierno nacional. Más del 70% corresponderían a acuerdos de provisión de tecnología con el Estado nacional.

Consultado por Clarín respecto de la deuda mantenida con el INVAP el gobernador Alberto Weretilneck indicó que sus negociaciones con los funcionarios en Buenos Aires no han dado resultados por ahora. “No hay novedades (sobre los pagos), dijo. Al mismo tiempo indicó sus dudas sobre la cifra. “No creo que sea tanto”, mencionó.

Desde el interior del INVAP subrayan que la deuda es grande y está afectando el pago de sueldos. “Hasta el mes pasado, era de 800 millones de pesos, así que es probable que hoy sea más”, indicó a Río Negro, Christian Tisot, integrante del directorio. Mientras que la diputada nacional María Emilia Soria (FpV) calcula que el número alcanza a los 1400 millones de pesos. “Soy el primer fanático del INVAP”, señaló el presidente durante su visita a Bariloche. “Me puse la licitación del reactor para Holanda al hombro y la batallé hasta que se la conseguimos al INVAP. “Confío en la capacidad técnica del INVAP, pero los contratos que tenía la Nación previstos con INVAP eran de la época de la magia y la plata no está”, agregó.

“Tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando para ayudarles a vender equipos para medicina nuclear como estamos haciendo con Bolivia y con otros países. Y en cada iniciativa donde podamos apostar y apoyar la creatividad y la capacidad técnica del INVAP ahí estamos porque queremos exportar trabajo argentino en todos los campos”, concluyó.

En INVAP trabajan alrededor de 1400 personas entre científicos, técnicos y administrativos. Su capacidad es ampliamente conocida en el mundo. Sus personal ha desarrollado proyectos como satélites, reactores de investigación, equipos para medicina nuclear y antenas de vigilancia para distintos países como Australia, Holanda, Bolivia, Brasil, entre otros.

El 1 de agosto próximo partirá desde el aeropuerto de Bariloche su flamante satélite Saocom 1A que será llevado a la base militar Vandenber en California.

Los 13 puntos del documento de la cumbre de Finanzas del G20

(Ambito.com) - Los ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G20) respaldaron al comercio internacional y la inversión como "motores importantes de crecimiento", en una virtual advertencia a la guerra comercial desatada entre Estados Unidos, China y Europa por la aplicación de aranceles. Fue a través del documento final del encuentro que abordó 13 puntos.

Los ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales acordaron continuar "usando todas las herramientas de política para apoyar un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo".

El comunicado fue emitido al cierre de la Tercera Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores del Banco Central del G20, que se realizó en esta capital por segunda vez en el año.

Las principales economías del mundo se pronunciaron por apoyar al comercio internacional y la inversión como "motores importantes de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo".

El documento, acordado por todos los países miembros del G20, sostiene que "el crecimiento económico mundial sigue siendo sólido y el desempleo está en una década baja".

No obstante, los ministros reconocieron que hay "riesgos a la baja en el corto y mediano plazo" en los indicadores económicos globales y advirtieron sobre "vulnerabilidades financieras crecientes, aumento del comercio y tensiones geopolíticas, desequilibrios globales y desigualdad". 

También señalaron que "aunque muchas economías de mercados emergentes están ahora mejor preparadas para ajustarse a las cambiantes condiciones externas, aún enfrentan desafíos, incluida la volatilidad del mercado y la reversión de los flujos de capital". 

Los ministros y presidentes de bancos centrales acordaron continuar "utilizando todas las herramientas políticas para apoyar un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo". Entre estas herramientas, sugirieron "la aplicación de medidas fiscales y política monetaria, la implementación continua de reformas estructurales y el comercio e inversión internacional".

Los países miembros -dijeron- "están trabajando para fortalecer la contribución del comercio a nuestras economías".

El comunicado también respaldó los avances logrados en las prioridades de la presidencia argentina del G20 este año.

Sobre los temas propuestos por el país en cuanto al futuro del trabajo, los altos funcionarios respaldaron un conjunto de políticas públicas diseñadas para maximizar los beneficios y superar los desafíos planteados por las transiciones tecnológicas. 

Sobre la infraestructura para el desarrollo, los participantes aprobaron un conjunto de pautas de preinversión para proyectos atractivos para inversores privados con un enfoque en la eficiencia y la viabilidad.

• LOS 13 PUNTOS

1. El crecimiento económico global continúa siendo robusto y los niveles de desempleo son los más bajos en una década. Sin embargo, el crecimiento ha sido menos sincronizado recientemente y los riesgos de corto y mediano plazo han aumentado. Estos incluyen las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, los desbalances globales, la desigualdad, y el crecimiento estructuralmente débil, particularmente en algunas economías avanzadas. Vamos a continuar monitoreando los riesgos, actuando para mitigarlos y respondiendo si éstos se materializan. Si bien muchas economías emergentes se encuentran ahora mejor preparadas para ajustarse a las cambiantes condiciones externas, aún enfrentan desafíos tales como la volatilidad de los mercados y la reversión de flujos de capital.

2. Continuaremos utilizando todas las herramientas de política para apoyar un crecimiento fuerte, sostenible, balanceado e inclusivo. La política monetaria seguirá apoyando la actividad económica y asegurando la estabilidad de precios, de acuerdo con los mandatos de los bancos centrales. La política fiscal debe utilizarse de manera flexible y favorecer el crecimiento, priorizar la inversión de calidad, y al mismo tiempo, debe mejorar la resiliencia económica y financiera, y garantizar que la deuda como porcentaje del PBI se encuentre en un sendero sostenible. La implementación continuada de reformas estructurales fortalecerá nuestro potencial de crecimiento. Reafirmamos nuestros compromisos asumidos en marzo sobre los tipos de cambio. Vamos a comunicar claramente nuestras acciones de política macroeconómicas y estructurales. El comercio internacional y la inversión son motores importantes del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo. Reafirmamos las conclusiones de nuestros Líderes sobre el comercio en la Cumbre de Hamburgo y reconocemos la necesidad de intensificar el diálogo y las acciones para mitigar los riesgos y fortalecer la confianza. Estamos trabajando para fortalecer la contribución del comercio a nuestras economías.

3. A medida que acogemos la trasformación tecnológica, aseguraremos que sus beneficios sean ampliamente compartidos y responderemos a los desafíos que genere sobre los individuos, empresas y gobiernos. Respaldamos el Menú de Opciones de Políticas para el Futuro del Trabajo (el Menú) el cual nos ayudará a: aprovechar la tecnología para fortalecer el crecimiento y la productividad; acompañar a las personas durante las transiciones y enfrentar los desafíos distributivos; asegurar sistemas fiscales sostenibles; y cerciorarnos de contar con la mejor evidencia posible para informar nuestra toma de decisiones. El Menú también refuerza la importancia de la cooperación internacional y la promoción de la igualdad de género. Recurriremos al Menú para responder a los impactos del cambio tecnológico, considerando las circunstancias individuales de cada país.

4. Para impulsar una mayor inversión en infraestructura y apoyar el crecimiento y el desarrollo, damos la bienvenida al progreso de la Hoja de Ruta hacia la Infraestructura como una Clase de Activo. Endorsamos los Principios del G20 para la Fase de Preparación de Proyectos de Infraestructura, los cuales ayudarán a generar una cartera de proyectos financiables y preparados adecuadamente que resulten atractivos para inversores privados, al mejorar el análisis sobre el fundamento del proyecto, la evaluación de las distintas opciones, la viabilidad comercial, el financiamiento a largo plazo y su ejecución. Esperamos para fin de 2018 avances críticos sobre la Hoja de Ruta en las áreas de mitigación de riesgo e instrumentos de mejora crediticia, disponibilidad de datos y estandarización contractual y financiera. El Grupo Asesor del Sector Privado continuará informándonos en relación con nuestro trabajo sobre los desafíos críticos para atraer inversión privada al sector de infraestructura. Acordamos extender el mandato del Global Infrastructure Hub al 2022. Llamamos a la coordinación entre las iniciativas actuales patrocinadas por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y otras instituciones para evitar la duplicación de esfuerzos.

5. Dada la reciente volatilidad en mercados financieros y de los flujos de capitales, continuamos con nuestro trabajo según lo acordado en marzo, incluyendo el monitoreo de los flujos de capitales transfronterizos y examinando las herramientas disponibles para permitir que los países aprovechen los beneficios mientras administran sus riesgos.

6. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo la red de seguridad financiera global con un Fondo Monetario Internacional sólido, basado en cuotas y con recursos adecuados en el centro. Estamos comprometidos a concluir la 15.a Revisión General de Cuotas del FMI y acordar una nueva fórmula para el cálculo de cuotas como base para un realineamiento de la participación de cuotas que resulte en un incremento en la participación de economías dinámicas en línea con sus posiciones relativas en la economía mundial y, por ende, posiblemente en la participación de economías de mercados emergentes y de países en desarrollo en conjunto, protegiendo al mismo tiempo la voz y representación de los miembros más pobres para las Reuniones de Primavera del 2019 y no más tarde que las Reuniones Anuales del 2019.

7. Continuamos monitoreando las vulnerabilidades de deuda en países de bajos ingresos con preocupación. La precisión y exhaustividad de los datos de deuda son esenciales para garantizar sólidas prácticas de endeudamiento y de préstamos. Damos la bienvenida nuevamente a las Guías Operacionales para el Financiamiento Sostenible y acordamos que fomentar capacidades en gestión financiera pública, fortalecer los marcos de las políticas domésticas, y mejorar el intercambio de información ayudaría a evitar nuevos episodios de sobreendeudamiento en países de bajos ingresos. Apoyamos el continuo trabajo del FMI, GBM y el Club de París en la deuda de estos países. Trabajaremos en mejorar la transparencia y sostenibilidad de la deuda, y mejorar las prácticas de financiamiento sostenible por los deudores y acreedores, oficiales y privados.

8. Esperamos el reporte del Grupo de Personas Eminentes del G20 sobre Gobernanza Financiera Global.

9. El sistema financiero debe permanecer abierto, resiliente y apoyando al crecimiento. Seguimos comprometidos con la implementación y finalización total, consistente y oportuna de las reformas post crisis y de la evaluación de sus efectos. Celebramos el progreso en las evaluaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) y los organismos que establecen estándares internacionales sobre los efectos de las reformas en el financiamiento de infraestructura y en los incentivos para el uso de contraparte central en los derivados de mercados no organizados y esperamos los resultados finales para la Cumbre de Líderes. Esperamos el continuo progreso del FSB en lograr la resiliencia del financiamiento basado en el mercado. Continuaremos monitoreando y, en caso de que sea necesario, abordando los riesgos emergentes y las vulnerabilidades en el sistema financiero.

10. Las innovaciones tecnológicas, incluyendo aquellas subyacentes a los cripto-activos, pueden aportar beneficios significativos al sistema financiero y a la economía en su conjunto. Los cripto-activos, sin embargo, plantean cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores e inversores, la integridad de los mercados, la evasión impositiva, el lavado de dinero, y el financiamiento del terrorismo. Los cripto-activos carecen de los principales atributos que tienen las monedas soberanas. Si bien los cripto-activos no implican actualmente un riesgo para la estabilidad financiera global, permanecemos alerta. Celebramos las actualizaciones provistas por el FSB y los organismos que establecen estándares internacionales y esperamos su continuo trabajo en el monitoreo de los potenciales riesgos de los cripto-activos y en la evaluación de acciones multilaterales que sean necesarias. Reiteramos los compromisos que tomamos en marzo relacionados con la implementación de los estándares del GAFI y le pedimos al GAFI que clarifique para octubre 2018 cómo sus estándares aplican a los cripto-activos.

11. Apoyamos un sistema tributario internacional justo, sustentable y moderno. Reafirmamos la importancia de la implementación global del paquete de Lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Mantenemos nuestro compromiso de trabajar juntos para lograr una solución consensuada para dar respuesta a los impactos de la digitalización de la economía en el sistema tributario internacional para el año 2020, con una actualización en el año 2019. Llamamos a todas las jurisdicciones a firmar y ratificar el Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales. Las jurisdicciones que en el año 2018 tienen previsto iniciar intercambios automáticos de información financiera con fines tributarios deben asegurarse que se adopten todos los pasos necesarios para cumplir con el compromiso a tiempo. Apoyamos el fortalecimiento de los criterios de la OCDE para identificar jurisdicciones que no hayan implementado satisfactoriamente los estándares de transparencia fiscal acordados internacionalmente. Consideraremos medidas defensivas contra las jurisdicciones listadas. Apoyamos las mejoras en certeza tributaria y el desarrollo de capacidades tributarias, incluido a través de la Plataforma Global de Intercambio de Conocimientos para Administraciones Tributarias en el marco de la Plataforma para la Colaboración en Materia Tributaria, y damos la bienvenida a la Academia Latinoamericana para la investigación de delitos tributarios en Buenos Aires.

12. La movilización de las finanzas sustentables y el fortalecimiento de la inclusión financiera son importantes para el crecimiento económico global. Le damos la bienvenida al Reporte sobre Finanzas Sustentables del G20, que presenta opciones de adopción voluntaria para ayudar al despliegue de capitales privados sustentables. Endorsamos la Guía de Políticas de Inclusión Financiera del G20 sobre digitalización e informalidad, la cual proporciona recomendaciones voluntarias de políticas para facilitar servicios financieros digitales, teniendo en cuenta los contextos de los países. Si bien se ha logrado un progreso significativo en el incremento de la inclusión financiera a través de la Alianza Global para la Inclusión Financiera (GPFI por sus siglas en inglés), le solicitamos que optimice su programa de trabajo y su estructura para que continúe contribuyendo al crecimiento económico, la estabilidad financiera y la reducción de la desigualdad.

13. Nuestra lucha contra el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y el financiamiento de la proliferación continúa. Llamamos a la implementación completa, efectiva y rápida de los estándares del GAFI. Llamamos al GAFI a mejorar sus esfuerzos para contrarrestar el financiamiento a la proliferación. Nos comprometemos a mejorar nuestros esfuerzos individuales y colectivos para eliminar las redes financieras que soportan grupos terroristas.

El Estado argentino todavía enfrenta juicios en el exterior por USD 9.300 millones

Por Juan Gasalla - jgasalla@infobae.com - Infobae.com

Un informe de Research for Traders reveló que el Estado está expuesto a 124 litigios por incumplimientos de contratos. Los litigios contra el Estado encarnan un “potencial daño económico” (AP)

Los datos que maneja el Gobierno sobre la cantidad de juicios internacionales contra la Republica Argentina y los montos oficiales estimados de cada uno de ellos es alarmante. El país afronta en la actualidad 124 casos diferentes en los EEUU, Alemania, el CIADI y la ONU.

Un estudio de Research for Traders señaló que "crece el potencial daño económico contra el Estado por litigios internacionales" y calculó que la Argentina se encuentra expuesta al eventual desembolso de USD 9.263 millones si prosperan esos litigios por eventuales incumplimientos de contratos.

De acuerdo a datos oficiales publicados en mayo pasado por el Gobierno en un informe presentado ante la SEC (Securities and Exchange Commission), la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos que regula la actividad financiera, "el soberano tiene una exposición a juicios internacionales por USD 9.200 millones", indicó el estudio.

El analista Sebastián Maril, autor del informe y especialista en deuda pública y privada, explicó a Infobae que en estos casos se incluyen las demandas irresueltas por bonos soberanos en cesación de pagos, la pesificación de los contratos y también por la nacionalización de empresas, como el caso de YPF en 2012. Pero no se incluyen demandas contra los Estados provinciales y las empresas privadas.

 Argentina se encuentra expuesta al eventual desembolso de USD 9.263 millones si prosperan esos litigios

Maril afirmó que "Argentina aún sigue en default: hay un 2% de los acreedores que nunca entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 que aún no aceptaron la oferta argentina y siguen litigando, y hay nuevas demandas que se presentaron a principios de año. Totalizan cerca de USD 1.000 millones".

"El número es muy arbitrario y todo depende caso por caso. Hoy mismo Argentina admite que hay USD 5.000 millones en capitales, en los EEUU y ante el CIADI, y ahí puede subir o bajar, dependiendo de un fallo a favor o en contra", agregó Maril.

Recordó además dos juicios en los que figura YPF. Uno de Petersen Energía y Petersen Inversora (que fue adquirido por el fondo Burford) contra el Estado nacional, con fallo adverso la semana pasada, por USD 3.000 millones, debido a irregularidades en la nacionalización de la petrolera.

Otro, contra la propia compañía y Repsol –no contra el Estado nacional–, promovido por la ex subsidiaria Maxus Energy ante la corte de Delaware (EEUU), por daño ambiental. Aunque es más difícil que esta demanda prospere, Maxus reclama USD 14.000 millones, una cifra "irrisoria" según Maril, pues representa el doble del valor bursátil de la petrolera, de unos 6.400 millones de dólares.

En ese aspecto, indicó que "en algunos casos el Gobierno está evaluando negociar un arreglo, en otros se espera un fallo favorable, mientras que en la causa de Petersen por YPF se está considerando recurrir a la Corte Suprema de los EEUU".

"El Gobierno admite tener dando vuelta unos USD 3.000 millones en el CIADI, por Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, por las distribuidoras de gas, todos relacionados a la pesificación asimétrica de 2001 por contratos no cumplidos", dijo el experto.

ARGENTINA, EL PAÍS MÁS DEMANDADO

Un reciente informe sobre inversiones internacionales elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Mercado y Desarrollo señaló que la Argentina sigue siendo el país más demandado en tribunales internacionales, con 60 arbitrajes, seguido de Venezuela (44) y España (43).

El informe puso la lupa sobre el funcionamiento del sistema de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) y advirtió que "algunos arbitrajes se mantienen en la más absoluta confidencialidad", por lo que pueden sumarse más casos. Por lo tanto, con un total de casos conocidos, el ente de la ONU detectó 855 controversias a nivel mundial, por cuanto Argentina concentra el 7% de los litigios.

"Argentina está empezando a sentir la sensación de que aquellos litigios internacionales que aún no fueron resueltos puedan pronto escalar a un problema mayor que termine afectando los precios de los bonos", refirió el análisis de Research for Traders.

En ese marco, los títulos públicos argentinos que cotizan en el exterior continúan con precios en baja y alejados de los valores máximos registrados este mes. "Los títulos públicos continúan cayendo, debido a las preocupaciones sobre la economía doméstica y ante las elevadas tasas de interés", indicaron desde Research for Traders.

La baja del precio del dólar, impulsada por las emisiones del Tesoro en las últimas semanas, también presiona al declive de precios de los principales bonos en dólares que en la plaza local cotizan en pesos.

En el mismo sentido, la calma cambiaria no contribuyó a una baja del riesgo país. El indicador de la banca JP Morgan, que mide el diferencial de tasa de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, se ubica en los 570 puntos básicos para la Argentina.

Con un bono del Tesoro de los EEUU a 10 años cuya tasa alcanza 2,85% anual, si la Argentina saliera a emitir deuda en dólares en el mercado internacional debería ofrecer una tasa de 8,55% anual (285 puntos básicos de los Treasuries más 570 puntos de sobretasa), una rentabilidad en dólares insostenible para el erario público.

Digitalizarán los registros de autos para desarmar una millonaria caja política

Por Santiago Dapelo - La Nación

Macri ordenó avanzar en la modernización del servicio, que aporta una recaudación de más de $15.000 millones; la medida podría afectar al Ministerio de Justicia.

Una caja millonaria es motivo de una interna con final abierto en el Gobierno. Los ministros de Hacienda,Nicolás Dujovne , y de Modernización, Andrés Ibarra , con el aval del presidente Mauricio Macri , buscan quedarse con parte del dinero que utiliza su par Germán Garavano para mantener el funcionamiento del Ministerio de Justicia. El objetivo es la recaudación de más de $15.000 millones que entregan los registros de propiedad del automotor.

Se trata, además, de un servicio históricamente ligado a favores políticos y nombramientos clientelares.

El primer paso será la implementación de la plataforma de trámites a distancia para registrar y transferir vehículos sin concurrir a un registro. La segunda etapa, aseguraron fuentes cercanas al Presidente, es cerrar los registros de autos, motos y maquinaria agrícola, que en el país son poco más de 1500.

Ibarra le presentó la iniciativa a Macri hace diez días y el Presidente no dudó: pidió avanzar con celeridad. Será el puntapié inicial de un plan que tiene como objetivo desarmar los citados registros, uno de los negocios más preciados de la política.

Los registros, que ya comenzaron a realizar trámites y operaciones por vía digital, dependen de la Dirección Nacional del Registros Nacionales del Registro Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa).

Si bien en el Ministerio de Justicia evitaron dar cifras oficiales, se trata de una caja de al menos $15.000 millones. Aunque, según pudo saber LA NACION, esa suma podría duplicarse. Parte de ese dinero es el que utiliza Garavano para pagar los sueldos de gran parte del ministerio, prácticamente todos los contratados. Pese al pedido de LA NACION, ese número se mantuvo bajo reserva, pero podría afectar a más de la mitad de los trabajadores bajo la órbita de Garavano.

Cerca del ministro se mostraron molestos con la decisión. "Una cosa es mejorar los procesos, con lo que estamos de acuerdo. Pero si se quedan con la caja, que digan cómo se va a financiar el Ministerio de Justicia", se quejaron fuentes oficiales.

Desde que se hizo cargo del área de Justicia, Garavano implementó varios cambios para modernizar el sistema de Registros de la Propiedad Automotor. En primer lugar, se opone a la eliminación, "ya que eso generaría inseguridad jurídica, en cuanto al origen de los autos que se compran y venden, por la legalidad de las transferencias". Además, argumentaron allegados al ministro, sin un sistema nacional centralizado "no podríamos evitar que se genere un mercado negro de venta de autos que se roban en un lugar y se venden y transfieren en otra localidad".

Hoy, del total de impuestos que se cobran para transferir un automóvil, que ronda el 7% de su valor, solo el 1,20% corresponde a la tasa de transferencia -con Garavano ese impuesto bajó un 40%-; el resto son impuestos locales y provinciales.

Además, se pusieron en marcha los trámites online, transferencias digitales, pedidos de turnos por internet, pedidos de informes online, inscripciones iniciales digitales y el título digital.

Favores y compensaciones

Otro punto que buscó destacar el equipo de Garavano es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las designaciones de los titulares de los registros se realizan por concursos públicos y abiertos. Hasta hace poco, los registros constituían, en su mayoría, premios o compensaciones a políticos o familiares de estos. Algunos apellidos ligados a la política con registros en el pasado son Bielsa y Garré, entre otros ejemplos.

Hoy, la transferencia de automóviles, motos y máquinas agrícolas representa "el trámite más voluminoso de toda la administración nacional". En total suman 13.000 millones de trámites anuales. El objetivo de Ibarra es incorporar la firma digital remota, digitalizar toda la documentación que se encuentra en papel en todos los registros seccionales para servicios automáticos y digitalizar los trámites con prenda, que son más del 50% de los patentamientos de automotores.

En 1990, solo había 300 registros en todo el país. Cuando Carlos Menem dejó el Poder Ejecutivo, eran más de 900. Entre los titulares de registros estaba el peluquero del expresidente. Con el menemismo quedó claro el objetivo del reparto de registros: fue un mecanismo de pago de favores políticos o de concesión de un negocio muy rentable para los amigos del poder. Con Cristina Kirchner la agrupación que lidera su hijo, Máximo, se quedó con el control de esa caja.

Pero la ampliación de los registros siempre fue una constante. En agosto de 2017, por ejemplo, Garavano resolvió crear 56 registros de propiedad automotor en todo el país, ante el "fuerte crecimiento" de la cantidad de vehículos y con el fin de "optimizar la calidad del servicio" para el usuario. La mayoría de los nuevos registros se abrieron en el territorio bonaerense: en La Matanza, La Plata, Merlo, Ituzaingó, La Plata, Hurlingham, Mar del Plata, Tigre, San Martín, Florencio Varela, Berazategui y José C. Paz.

Terminar con la burocracia es una de las obsesiones de Macri. Ingeniero de profesión, no concibe la pérdida de tiempo y de dinero que implican todos estos organismos. Por eso, tras la presentación de Ibarra, dio luz verde al proyecto. A fin de cuentas, Macri quiere cerrar los registros. En esa pulseada lo apoya el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, otro de los cruzados contra los registros.

Garavano busca evitar un enfrentamiento directo con Ibarra y Dujovne. Por eso intentará explicar, con paciencia, las bondades de los registros. Dispuesto a aceptar los cambios que impulsa Modernización, el titular de Justicia quiere esquivar una decisión que podría significar el desfinanciamiento de, al menos, la mitad de su área.

Entre los argumentos más sólidos que presentará se destaca que cerrar los registros traería un costo mayor a las alicaídas cuentas nacionales en momentos en que el Gobierno busca desesperadamente reducir el déficit fiscal. Es que sin ese financiamiento, dijeron cerca de Garavano, habría dos opciones: sumar a los trabajadores afectados a la planta permanente, lo que conlleva un aumento del presupuesto, o despedirlos, lo que provocaría un conflicto.

En ese escenario también hay otro punto sin solución: los aproximadamente 10.000 desempleados adicionales que generaría el cierre de los registros.

Pese a esto, la tarea de Garavano no es sencilla. Es que Macri, como ya publicó LA NACION, tiene un sueño: que la histórica Plaza de Mayo, centro neurálgico de los reclamos, se llene de gestores y escribanos en contra de su gobierno.

Detalles de la iniciativa - La decisión busca modernizar el sistema

Apropiación de los fondos - Los ministros Dujovne e Ibarra quieren tener el control de los fondos de los registros de propiedad del automotor, que hoy maneja Garavano. Tienen el consentimiento de Mauricio Macri
- $15.000 millones es la suma que genera la caja de los registros, pero se cree que la cifra podría duplicarse.
- 1500 es el número de registros de autos, motos y maquinaria que podrían cerrar

Gastos - La caja que maneja el Ministerio de Justicia a través de los registros automotores es utilizada para pagar los sueldos de gran parte de los empleados de su cartera. Incluye a casi todos los contratados

Pasos - La iniciativa se dividirá en distintas etapas y contempla avanzar en la plataforma digital de trámites a distancia para registrar y transferir los vehículos sin necesidad de acudir físicamente al registro

Malestar - En el entorno de Garavano cuestionaron la decisión y advirtieron sobre la pérdida de fondos claves. "Si se quedan con la caja, que digan cómo se va a financiar el Ministerio de Justicia", dicen cerca de él

Recortan más subsidios a la energía para ahorrar otros $ 50 mil millones

Por Nicolás Gandini - Perfil.com

El Gobierno está bosquejando el instructivo para acelerar el ajuste sobre los millonarios subsidios energéticos. Funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Energía están estudiando alternativas para recortar transferencias a ese sector por alrededor de $ 50 mil millones en 2019. 

Es decir, una sexta parte de los $ 300 mil estipulados esta semana por Nicolás Dujovne para cumplir con las exigencias del FMI. De acuerdo con el reporte del staff al directorio conocido ayer, una de las claves del ahorro fiscal será la “reducción de los subsidios ineficientes a la energía y el transporte”. 

Según estimaciones privadas, el ajuste a los subsidios a la energía superará los US$ 1.700 millones en 2019. En Hacienda barajan distintas alternativas para alcanzar ese número. Una es recortar la subvención al suministro de gas que perciben los hogares de la Patagonia, que tras la privatización del sector gasífero, a principios de los 90, pagan tarifas más económicas. “Es una posibilidad que está en estudio”, indicaron desde la cartera.  

Otra línea de acción es reducir los subsidios al gas que consumen las centrales eléctricas. En cualquier caso, el ajuste que prepara el Gobierno impactará en los ingresos de las empresas productoras como YPF, Total, Pan American Energy (PAE) y Wintershall, entre otras. Las empresas lo saben. Lo que no terminan de ponderar es la magnitud del recorte. 

 Preocupación en el sur. El Estado destinará este año cerca de $ 9 mil millones para que las tarifas residenciales de gas de la Patagonia, de la Puna y de Malargüe cuesten casi la mitad que en el resto del país. El plan original era que los subsidios a la región patagónica se eliminen en 2022. Los tiempos se acelerarán. 

Las facturas de gas aumentarán, en promedio, un 25% a nivel nacional, pero las subas en la Patagonia serían más altas.  “Tampoco es correcto subsidiar a todos los hogares de la Patagonia. Estamos estudiando expandir la cobertura de la tarifa social para los usuarios de menores ingresos, pero el compromiso con el Fondo nos obliga a ir más rápido”, reconoció un funcionario bajo reserva de nombre. 

Los hogares de la Patagonia pagan a razón de US$ 2,20 por millón de BTU por el gas que consumen. La media a nivel nacional ronda los US$ 4,68. El Estado canaliza la mayor parte de los subsidios patagónicos a través Camuzzi Gas del Sur. La gasífera controlada por Disvol, la firma de Alejandro Macfarlane, distribuye el gas importado que llega por barco (GNL) a las terminales de Escobar y Bahía Blanca. Ieasa, la nueva denominación de Enarsa, vende a pérdida ese gas. 

El Gobierno quiere empezar a revertir esa situación a partir de octubre. Gas para usinas. La otra pata del ajuste gasífero contempla una baja de los subsidios a la generación eléctrica. Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista, abona US$ 5,20 por el gas que consume el parque termoeléctrico. Es una cifra discrecional definida en 2016, en los albores de la gestión de Juan José Aranguren. La apuesta del Ejecutivo es que se empiece a pagar entre US$ 4 y US$ 4,50 a partir de octubre. Son cifras similares a las que paga el segmento residencial. En términos fiscales, la iniciativa permitiría ahorrar alrededor de US$ 550 millones.

Fuente: http://www.perfil.com/noticias/economia/recortan-mas-subsidios-a-la-energia-para-ahorrar-otros-50-mil-millones.phtml

El FMI advierte sobre los riesgos políticos que podrían hacer más difícil la implementación del acuerdo

Por Paula Lugones - Clarin.com

Los técnicos del Fondo contemplan medidas como el freno a la rebaja de las retenciones a la soja o la disminución de las partidas para salarios públicos. 

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional. FMI

El Fondo Monetario Internacional difundió este viernes el detallado informe que los técnicos del organismo presentaron al Directorio para la aprobación el mes pasado del acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares. En el extenso documento, los expertos estiman un menor crecimiento del PBI y señalaron que el programa tiene “riesgos evidentes”, aunque estimaron que “la firme y rápida implementación de las políticas permitirán que el país capitalice plenamente su potencial económico y asegure que todos los argentinos estén incluidos en la futura prosperidad del país”.

El informe señala que las “recientes turbulencias del mercado y la contracción fiscal llevarán a un retroceso del crecimiento en 2018”. Se estima que el país crecerá sólo un 0,4% este año; un 1,5% en 2019 y un 2,5% en 2020.

Los técnicos del FMI informaron al directorio de ciertos riesgos que podría enfrentar el programa, pero en Washington se estima que “no es el escenario base” que los expertos manejan ya que están confiados en que el corazón de las medidas encaminadas y promovidas por el Gobierno será implementado.

El informe señala que aún hay “importantes riesgos para la sustentabilidad de la deuda”, y aclara que los más evidentes en el corto plazo están ligados a las necesidades fiscales en un escenario de estrés; la cantidad de deuda en moneda extranjera y el hecho de que la propuesta de consolidación fiscal es ambiciosa, entre otros.

En uno de los capítulos estiman que la duda tendrá un pico a fines de 2018 y comenzará a caer luego gracias al ajuste fiscal, a la recuperación económica, las tasas de interés más bajas. Señalan que luego de haber llegado a un alza de 65% del PBI este año, la deuda caerá a un 56% en el último año del programa.

En otros de los puntos del informe, el FMI señala que el realineamiento de los objetivos fiscales va a estar basado en medidas que ya han sido implementadas este año y “el compromiso de más pasos en el contexto del Presupuesto de 2019”. En este sentido, el organismo especifica:

-La postergación de la implementación de partes de la reciente reforma impositiva a 2020 (como por ejemplo las contribuciones sociales de los empleadores)

-Mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%.

-Mayor reducción de subsidios ineficientes en energía y transporte.

-Racionalización de los gastos en otros bienes y servicios, con un recorte de 15% en 2018 que continúe en 2019.

-Reducción del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal.

-Recortar las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, en combinación con los esfuerzos de fortalecer su posición financiera.

-Reducir las transferencias discrecionales a las provincias un 1,2% del PBI para 2019. Y recortar el déficit fiscal a nivel provincial.

-Reducir gasto de capital un 0,6% del PBI con la expectativa de que los proyectos con Asociaciones Público-Privadas protejan los planes de infraestructura pública previstos.

-Venta de tierras y amortización de fondos de pensiones que hoy están retenidos para financiar el pago de reclamos de pensiones. El Gobierno busca continuar trabajando en el Parlamento para definir un camino para mejorar el sistema de pensiones para hacerlo más justo y financieramente sustentable.

En Washington estiman que esto no significa que necesariamente estas medidas tengan que implementarse todas, sino que irán cobrando mayores posibilidades a medida que se vayan cumpliendo o no los objetivos.

El FMI resalta que el objetivo del Gobierno es restablecer la confianza de los mercados con un plan macroeconómico que disminuya las necesidades financieras, fortalezca el plan para reducir la inflación y la deuda pública y refuerce la independencia del banco central.

En otro de los capítulos, el FMI destaca que el acuerdo incluye un esfuerzo para “minimizar los efectos del ajuste entre los más vulnerables” y el apoyo a medidas para fomentar la igualdad de género.

YPF aumentó el asfalto más del 50% y boicotea el plan de obra pública

(LPO) - La petrolera estatal, principal proveedora del insumo, aplicó la tercera suba en 60 días. Advierten por el freno de las obras.

El CEO de YPF, Miguel Gutiérrez

La petrolera estatal YPF agregó un factor más para complicar la obra pública, en medio del parate generalizado de la economía y la decisión del Gobierno de recortar en 30 mil millones el presupuesto. La compañía aumentó más del 50 por ciento el precio del asfalto y afecta directamente al sector vial.

La división Infraestructura y Construcción de la firma comunicó el lunes a sus clientes sobre el nuevo incremento en el precio del insumo. "Informamos que a partir del día de hoy regirá un incremento que ronda el 17% en el precio de los productos asfálticos y emulsiones en general", comunicó YPF, principal proveedora de asfalto junto a Shell.

La noticia cayó como una bomba en las constructoras, donde enseguida recordaron que el del lunes fue el tercer aumento en los últimos 60 días. Desde una de las empresas del sector recordaron a LPO que en las últimas semanas YPF ya había aplicado dos subas: una de 11 por ciento y otra de 25 por ciento.  Se trata de un incremento total mayor al 50 por ciento, letal para las empresas que ya tienen proyectos en marcha. El precio del asfalto está atado al dólar y las subas están vinculadas a la brusca devaluación del peso por la corrida cambiaria de los últimos meses.

En las constructoras, donde ya estaban ampliamente preocupados por el futuro del sector y hasta habían advertido por despidos masivos, advierten que este incremento podría provocar una paralización definitiva de la obra pública, especialmente la vinculada a rutas, la de mejor rendimiento. 

A esto se suma, que los pagos del Gobierno por las obras ya no tendrían el buen ritmo de los dos primeros años de la gestión y habrían empezado a alargar los plazos, según dicen en el sector.

Los empresarios advierten que hay 430 mil empleos en riesgo por el freno a la obra pública

La fuerte suba del costo del asfalto complica al principal y acaso único plan del Gobierno para mantener el año próximo el ritmo de la obra pública a pesar del ajuste: los PPP. El programa avanzó hasta ahora sólo en el sector vial, donde se adjudicaron las obras para seis corredores por alrededor de seis mil millones de dólares. Aunque las empresas no terminan de eludir los problemas de financiamiento, para la Rosada sigue siendo la apuesta. 

El problema que genera el aumento del precio del asfalto ya había sido advertido el mes pasado por un funcionario de Vialidad de Santa Fe. El administrador del organismo provincial, Pablo Seghezzo, se había quedado por el "muy excesivo" aumento de algunos insumos, como el asfalto "modificado", que se utiliza para algunas obras porque es más resistente. En ese momento, la suba en el año sumaba 79%.

El funcionario del gobierno de Lifschitz en ese momento apuntó directamente a YPF. "Uno entiende que Shell se maneje con la ley de la oferta y la demanda, pero YPF no. Lo que creemos es que una empresa nacionalizada, como YPF, debería ser la reguladora del mercado y no subirse a la ley de la oferta y la demanda", declaró Seghezzo, que explicó que el gobierno santafesino se había obligado a reforzar el presupuesto en 1.200 millones de pesos por el aumento de costos.

 La noticia del aumento del precio se da poco después de que el Gobierno saliera a celebrar el un incremento del 15% en el consumo de asfalto vial en el primer semestre, el "mejor de la historia", según el Ministerio de Transporte.

Los diez mandamientos de Macri para recortar gastos en el Estado

(La Nación) - El Gobierno terminó de delinear la letra chica del decreto de "control de gastos" en los ministerios que se publicó en el decreto 632/2018 del Boletín Oficial de hoy. Se trata de una normativa que tendrá una función simbólica, mientras que el equipo del presidente Mauricio Macri dirime medidas de mayor impacto económico para paliar el déficit .

En la práctica, la nueva normativa implicará la desvinculación de empleados públicos contratados vía universidades y una reducción de los bonos salariales, además de recortes en viáticos, viajes y en la flota de vehículos oficiales.

Según pudo conocer LA NACION hace días, el Gobierno precisó el alcance que tendrá el decreto que le dará forma al ajuste anunciado semanas atrás por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , y su par de Modernización, Andrés Ibarra , el funcionario que quedó a cargo de definir y controlar las medidas adoptadas para generar un ahorro de unos $20.000 millones por año.

Ingresos congelados. Según el texto definitivo, a partir de hoy, 10 de julio, "la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019".

Las excepciones autorizadas serán: los concursos en marcha, los casos de movilidad interna, los cargos habilitados por la Ley de Presupuesto y los puestos "de criticidad profesional o técnica con riesgo operativo", siempre que se agoten primero las búsquedas internas dentro del personal del Estado.

Convenios con universidades. A partir de enero del año próximo, en tanto, quedarán sin efecto todos los convenios de servicio de asistencia técnica y "ya no se podrán celebrar nuevos convenios". Esta modalidad es la que le permitió al Gobierno contratar personal de forma tercerizada a través de universidades públicas. Son empleados que están incorporados a la administración pública desde hace años, aunque con contratos precarios que ahora se verán interrumpidos. Según adelantó el sitio Border Periodismo, hoy hay cerca de 6000 empleados bajo ese sistema y al menos 3000 serían despedidos cuando finalicen estos convenios.

Fin de los bonos. Otro punto del decreto apunta a terminar con "bonificaciones, premios, incentivos o suplementos" al sueldo de los empleados públicos. Los ministerios deberán informar los casos existentes "para que una comisión técnica asesora de política salarial del sector público se expida sobre la legalidad, pertinencia y continuidad" de esos plus salariales, que muchas veces complementan los haberes de los agentes estatales. Además, quedarán suspendidos los pagos extra al menos hasta diciembre de 2019.

Viáticos. Respecto a los viajes la solución será, directamente, recortar parte del presupuesto destinado a viajes oficiales. El plan es que los ministerios disminuyan el 30% en sus erogaciones para pasajes, comidas, gastos de movilidad y viáticos.

Viajes al exterior. En el caso de viajes al exterior los ministerios deberán hacer una previsión para el segundo semestre con una disminución del 30% de los gastos. Los pasajes en clase ejecutiva, en tanto, estarán reservados para ministros y secretarios en casos de vuelos de más de ocho horas. Además, las dependencias deberán informar al Ministerio de Modernización cuáles fueron sus gastos en movilidad y viáticos durante el primer semestre de 2018 y remitir una planificación para el segundo tramo del año con una baja del 30 por ciento.

Vehículos oficiales. El Gobierno dispondrá que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) haga un relevamiento de los vehículos existentes en el lapso de treinta días con un informe que indique la "flota óptima" para cada dependencia estatal y la decisión de enajenar los autos que sobrepasen esa cantidad. Se suspenderán la adquisiciones de vehículos y los contratos de leasing que están en trámite.

Entes descentralizados y desconcentrados. En 90 días, en tanto, la Jefatura de Gabinete deberá revisar las estructuras de los entes descentralizados o desconcentrados, que tienen otra modalidad habitual de contratación por fuera de las plantas permanentes y temporarias del Estado.

Sociedades del Estado. Las empresas y sociedades del Estado, en tanto, deberán informar al Ministerio de Modernización y a la Jefatura de Gabinete "la estructura orgánico funcional, el régimen de empleo y contratación de servicios y la planificación de gastos de personal para 2019". En este rubro, el recorte de personal ya se hizo sentir: la semana pasada la agencia Télam despidió a 354 empleados, aproximadamente el 40% de su planta.

Un cargo, un sueldo. Por último, el decreto determinará que en caso de que los directores de Estado que ejercen otras funciones públicas deberán optar por percibir uno de sus salarios.

Efecto contagio. El Gobierno invitará al "Poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo Nacional, a las provincias y a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares a las establecidas en el decreto".