El Gobierno frena gastos y prioriza el uso de fondos para obras públicas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

El año pasado se usaron casi todas las partidas destinadas a inversiones; en cambio, varios ministerios subutilizaron los recursos asignados

El Gobierno frena gastos y prioriza el uso de fondos para obras públicas. Foto: LA NACION / Soledad Aznarez

Los programas de gobierno dedicados al desarrollo de obras públicas parecen haber conseguido el antídoto para esquivarle al pedido oficial de recortar los gastos del Estado, según se desprende de algunos documentos que vio LA NACION. Más que una fórmula química, sin embargo, se trata de una decisión política del propio presidente Mauricio Macri, que mientras les reclama a sus ministros la reducción de la plantilla y les pide ortodoxia fiscal a los gobernadores, les exige a quienes tienen a cargo la ejecución de obras emplear todos y cada uno de los pesos que les fueron asignados a través del presupuesto.

El abanderado del gasto es el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, que atiende no solo una parte de las inversiones del Estado, sino también el empleo de recursos para allanar la relación de la Casa Rosada con los gobernadores.

En 2017, gastó el 100% de los $10.750 millones que el Gobierno había destinado a Procrear, el programa de crédito para sectores de ingresos medios con el que la Nación apuntaló la construcción, a su vez uno de los grandes generadores de empleo.

También usó $7158 millones disponibles para programas de hábitat, todos los fondos para el programa de obras hídricas en el norte del país, los recursos disponibles para la construcción de viviendas sociales y para el tendido de redes de agua potable y cloacas a través de AySA.

En materia de gastos de capital, como se denomina en la contabilidad del Estado a la inversión pública, a Frigerio lo sigue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien usó todos los $14.516 millones disponibles para la modernización del sistema ferroviario y casi todos los fondos para hacer rutas, que se canalizan a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Más rezagado, aunque con un nivel de ejecución importante, aparece la cartera de Energía, a cargo de Juan José Aranguren. El presupuesto más grande en materia de inversión lo tiene Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), a cargo de la remodelación de la central cordobesa Embalse, a donde fueron en 2017 $7421 millones, por encima de los fondos que esa empresa pública tenía a principios del año pasado.

El uso de los fondos para obras supera en porcentaje a los de varios ministerios. Por caso, están muy por encima del 73% de los fondos que empleó la Cancillería, la cartera más relegada según la información disponible hasta ayer en materia de ejecución del gasto. Pero hay muchos otros ministerios que se suman a esa lista, como Turismo, Hacienda, Producción, Modernización, Comunicaciones, Agroindustria, Cultura, Ambiente y Defensa.

Incluso las dependencias más cercanas a Macri, como la Jefatura de Gabinete y las partidas destinadas directamente a la Presidencia mostraron un uso de los fondos que no supera el 83%, por debajo de las partidas para obras.

El propio Macri suele seguir de cerca la marcha de la obra pública, porque la considera una espada que puede al mismo tiempo apuntalar la economía, que por ahora muestra un crecimiento tímido, y captar la voluntad del electorado. Quizás esa última parte del pensamiento oficial explique por qué la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal obtuvieron una parte sustancial de los fondos para obras.

Así lo traducen también las cifras de ejecución presupuestaria, según las cuales el Gobierno hizo un esfuerzo sobresaliente para volcar fondos para inversión en todas las provincias antes de las elecciones, con incrementos que en algunos casos superaron el 150% en comparación con el mismo período de 2016. Pero comenzó a moderar ese crecimiento en septiembre pasado.

Este año el Gobierno intentará articular su gusto por las obras con las necesidades fiscales, donde el déficit público reclama una política menos expansiva. Para eso tocará a la puerta del sector empresario, al que le ofrecerá realizar contratos de asociación público-privada (alguien financia una obra para la Nación, que se compromete a pagársela en un determinado plazo) para continuar con el festival de obras, pero sin cargar al exigido presupuesto de la Nación. Todavía no se sabe si del otro lado responderán al llamado.

Embajadas en venta y achiques para bajar el déficit fiscal y la inflación

Por Silvia Naishtat - Clarin.com

Palacio Argüeso, la residencia del embajador argentino en Madrid, lidera la lista de las propiedades en venta.

El Palacio Argüeso, la casa del embajador argentino en Madrid.

Ricardo Piglia supo escribir que Juan Manuel de Rosas reconocía en qué estancia estaba por el sabor de sus pastos. En las grandes capitales, los círculos diplomáticos no necesitan saborear nada para reconocer las residencias de los embajadores argentinos. Se distinguen por su opulencia. Pero en el arranque de este año, así como hubo un punto de quiebre con la política económica, la austeridad se promociona como la medicina para domar el déficit fiscal y la inflación. Símbolo de tiempos lejanos, el Palacio Argüeso en Madrid (residencia del embajador argentino) lidera la lista de las propiedades que se pusieron en venta. El lugar, del siglo XIX, es célebre por una magnífica pintura del español Joaquín Sorolla. Pero además, cuenta con un vecino famosísimo en el barrio: nada menos que el actor Richard Gere.

También titilan en ese listado “en venta”, las sedes diplomáticas en Paraguay, Brasilia, Colombia y hasta Washington, donde se contabiliza una propiedad alquilada a un banco en la avenida Pensilvania. Fue tasada en US$ 20 millones. Comparado con el rojo de las cuentas públicas, los montos a obtener parecen insignificantes. Todo suma, repiten funcionarios mostrando cómo ajustarán ante empresarios que plantean que para combatir la inflación hay que bajar el déficit.

Mucho de eso le sugirió a Federico Sturzenegger, en una de sus visitas al país, el economista Guillermo Calvo. “Federico, con la tasa de interés sola no vas a bajar la inflación”, le dijo con su voz a veces inaudible. Distinto fue el imperativo que empleó el vice jefe de Gabinete Mario Quintana: “Con ese tono acá no”, disparó a Demian Reidel, el físico del Balseiro que Sturzenegger puso a conducir la salida del cepo. Reidel se aferraba a la idea de no modificar las metas. La reunión trascendió al círculo rojo y es lo que originó, la semana pasada, la catarata de versiones sobre una posible salida de Sturzenegger, ahora muy firme en su puesto. Desde ese incidente, Gustavo Lopetegui, el otro brazo de Marcos Peña, tomó protagonismo en el tema.

Esos cortocircuitos parecen no incidir. Andrés Hatum, profesor de la Di Tella, lo atribuye a un “gabinete profesional que maneja los daños y a un Presidente que sabe cuándo exponerse”. Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, apunta que pese a la pérdida en la imagen presidencial, el Gobierno encara esta segunda etapa “mejor parado frente a un peronismo débil y con poco poder de fuego en la opinión pública”.

Para los empresarios, con el cambio de meta, el saltito en el dólar y la tasa algo más baja, la agenda se traslada a la negociación salarial. Los miembros del Grupo de los Seis ( banqueros, industriales, ruralistas, construcción) acordaron, con el aliento de la Casa Rosada, no aceptar una cláusula gatillo que indexe los sueldos. El economista de un banco extranjero arriesgó que 2018 viene peliagudo con una economía que crecerá 2,5% y la suba en el precio del petróleo que complicará cumplir con la nueva meta de inflación. “Es increíble que hayan decidido liberar los valores de los combustibles”, soltó. Y anticipó que “los bancos no podrán seguir financiando el boom de préstamos que se multiplican al doble de los depósitos”. Entre tanto, madura una decisión con las Lebac. Aseguran que quedarían como un instrumento solo para bancos. Una mala noticia para inversores minoristas. José Vignoli cuenta que el grueso de los fondos de pequeños ahorristas que captan en InvertirOnline va a Lebacs.

Marcelo Mindlin, quien con Pampa se posicionó en cada eslabón del sector energético, traza otro escenario: “Este año la Argentina tendrá una gran exposición internacional, comenzando en Davos y culminando con la reunión del G-20 en Buenos Aires. Es muy probable que el país vuelva a ser mercado emergente y que la nota soberana siga mejorando, acercándose al investment grade para lo cual fue esencial el Pacto Fiscal con las provincias”. Un dato: es la primera vez que habrá una Casa Argentina en Davos donde Mauricio Macri recibirá a los presidentes y CEO de las empresas más importantes del mundo. Hace unas semanas, Macri estuvo con Miguel Galuccio. El ex YPF se explayó sobre su modelo de negocios con el sugestivo nombre, “las empresas cheque en blanco”. Según explicó salen a la Bolsa con la promesa de futuras inversiones. Galuccio cosechó US$ 650 millones de fondos de pensión, sobre todo mexicanos, para ir de shopping. Compró los activos de la china Sinopec en el país y viene por más.

De acuerdo a un destacado consultor hay demasiadas firmas medianas en venta. Algunas, con una larga historia de perseverancia. “Están agotados”, contó. No es el caso de Javier Tizado, pese a su dieta rica en estrés en su fábrica de transformadores eléctricos. Es curioso. Tizado apoya con fervor al Gobierno pero sufre en carne propia algunas decisiones. YPF acaba de contratar con General Electric la importación de una planta llave en mano para una central térmica sin exigir, como en la mayoría de los países, una mínima integración local. General Electric trae los transformadores de México y China. Su empresa que tenía un año de pedidos en carpeta, cuenta apenas con tres meses. La reciente eliminación de 314 licencias no automáticas de importación puede dejar a varias firmas en la misma situación, advirtieron desde la UIA. Para Alberto Schuster, de abeceb, el problema es que “Argentina produce productos de bajo valor con costos altos. Hay que generar un ecosistema competitivo que permita empresas y emprendedores que exporten y se defiendan de las importaciones”.

Volvamos a la austeridad. Laura Alonso dará a conocer un dictamen que pondrá en apuros al Gabinete. La titular de la Oficina Anticorrupción apunta al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Tras un informe de la Sociedad Rural acerca del bono de $ 500.000 pagado a Etchevehere antes que asumiera como ministro; Alonso estaría a punto de concluir que se trató de una retribución excepcional que no estaba prevista en su contrato de trabajo, agravado por la nueva función de Etchevehere ya que pasó a ocuparse de políticas para el campo. “Voy a requerir más información pero lo que he visto hasta aquí me genera una enorme incomodidad ética”, confesó.

Tras 16 años, se puso fin a la ley de emergencia económica

(Ambito.com) - Después de 16 años, la Argentina salió este sábado de la emergencia económica que había sido establecida por primera vez el 6 de enero de 2002 -en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes- y prorrogada cada dos años por los gobiernos que se sucedieron desde entonces.

En septiembre pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había adelantado la decisión del Gobierno de no prorrogar la vigencia de la "Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario". Y a partir de hoy, entonces, quedan atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que ya no podrá ejercer.

Esta ley de "emergencia" -establecida en principio por dos años- delegaba en el Presidente y sus ministros facultades extraordinarias. Entre ellas, la de establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, como el dólar.

Además, el Ejecutivo tuvo durante esta década y media la posibilidad de fijar retenciones a la exportación de hidrocarburos, de establecer tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas, y de regular los precios de la canasta básica.

Por esa ley, al mismo tiempo, el Congreso había quedado atado a la discrecionalidad presidencial mucho más allá de lo permitido por la Constitución Nacional para la delegación legislativa. 

"Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca", señalaba la ley de emergencia económica en el artículo 76. 

El diputado de la UCR, Mario Negri, celebró la noticia vía Twitter y sostuvo: "Concluyó la emergencia económica que rigió durante 16 años, 12 de gestión K, aún con la economía creciendo a niveles de 7 u 8%, en algunos años. Se termina la discrecionalidad, recupera facultades el Congreso Nacional. Una muy buena noticia".

Al fundamentar la decisión de no prorrogar más la emergencia económica, el ministro Aranguren aseguró hace tres meses que si se continuaba en ese régimen no se podrían renegociar los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado por los servicios públicos y las empresas concesionadas.

"Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos", aseguró Aranguren entonces. 

Esta norma era originalmente "por dos años", pero siempre al momento de su vencimiento el Congreso -a pedido del Poder Ejecutivo- la extendía por un lapso bianual. La última prórroga fue en los últimos meses de 2015, al cierre del gobierno de Cristina de Kirchner.

El origen de la ley se remonta a las semanas posteriores a la caída del gobierno del radical Fernando de la Rúa y fue aprobada en el momento en que el peronista Eduardo Duhalde estrenaba su presidencia. 

A principios de 2002, la pobreza había aumentado al 49,7% de la población y la indigencia al 22,7%. El desempleo, según el Indec, había llegado al 40,2%. 

Hoy, la pobreza alcanza al 28,6% de la población según el Indec y al 31,4 según el Observatorio de la UCA; la indigencia, al 6,2. Y el desempleo está en el 8,3% de la población.

Argentina reconoció ayer ante Wall St. deudas por u$s 5.100 M

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

FUE EN LA OPERACIÓN POR LA COLOCACIÓN DE DEUDA EN ESTADOS UNIDOS.

El Gobierno presentó ayer un escrito ante la SEC sobre las causas judiciales que se mantienen abiertas contra el país desde el default del 2001 y las generadas durante el kirchnerismo.

En el escrito que el Gobierno distribuyó ante la SEC en Nueva York, se menciona en la página 44 la cantidad de causas que aún mantiene abierto el país en los diferentes tribunales norteamericanos y ante el CIADI. Se incluyen las causas por las renacionalizaciones de YPF y Aerolíneas. 

Argentina "confesó" ayer ante Wall Street, que aún mantiene abiertos juicios contra el país por unos u$s5.100 millones. Cifra que podría aumentar sustancialmente si finalmente, como se supone, los tribunales de los Estados Unidos le dan la razón al fondo buitre Burford le hace al país por haber comprado la causa por la reestatización de Aerolíneas Argentinas. La deuda aún abierta, y que el país se compromete a negociar y cerrar, se generó casi en su totalidad al default de diciembre del 2001; fundamentalmente por las demandas aún abiertas por no haber terminado de definirse el "Juicio del Siglo" entre la Argentina y los fondos buitre. 

A estas causas hay que sumar las demandas iniciadas por empresas multinacionales que operaban servicios públicos privatizados durante los 90 y que se consideraron afectadas por la manera en que se salió de la convertibilidad,; y que desde hace más de una década litigan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se incluyen también dos grandes juicios que se le iniciaron al país por la manera en que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se reestatizaron Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF; causas que ya tienen sanciones judiciales avanzadas y casi definidas (negativamente) contra el país. 

Los datos oficiales surgen de la presentación que el país hizo ayer ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el órgano rector de las actividades en Wall Street, y como paso obligado a la operación colocación de deuda concretada ayer por el ministerio de Finanzas de Luis Caputo. Según el documento, al que tuvo acceso este diario, Argentina reconoce ante la autoridad que existen aún abiertas, y como herencia de la crisis del 2001, 92 demandas individuales contra el país (personas que no aceptaron la propuesta a los fondos buitres cerrada en abril del año pasado) por unos u$s629 millones; más otras demandas colectivas (varios acreedores unificados) por u$s24 millones. Menciona el documento que ya se pagaron en la causa por el "Juicio del Siglo" unos U$S 8.100 millones más intereses y que se continuará negociando. 

Según Sebastián Maril, analista de Research for Traders, la situación se generó porque "durante 15 años la Argentina no fue capaz de manejar correctamente los juicios originales generados por el default del 2001 más otros iniciados más recientemente" lo que deriva en "un abultado pasivo de posibles fallos adversos que el país deberá hacer frente más tarde o temprano". 

Se enumeran en la presentación ante la SEC las causas que el país tiene aún abiertas ante el CIADI, el tribunal de resolución de controversias internacionales dependiente del Banco Mundial. En esta instancia, según el documento conocido ayer, hay 4 causas con sentencia negativa por unos u$s445 millones; 3 con pedido de anulación por parte del país por unos u$s742 millones; otras por u$s1.600 millones que están en curso y aún no fueron resueltas y otras 5 que estarían siendo "negociadas" por otros u$s1.000 millones. Reconoce Argentina que ya pagó unos u$s885 millones desde 2013. 

El último caso cerrado fue en agosto de 2017, por una demanda de constructora española Abertir; pero sumó otro el mismo mes con la presentación que MetLife inició por las nacionalizaciones de las AFJP también durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ante el CIADI, el tema más ruidoso aún por definir es el juicio que Mobil abrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera. El caso nació porque Exxon Mobil planteó que la pesificación de 2002 y la posterior política petrolera argentina perjudicaron sus operaciones en la Argentina y se violaron los correspondientes tratados de protección de las inversiones firmados durante el Gobierno de Carlos Menem. Asegura la petrolera que perdió unos u$s50 millones en su operación de los campos petroleros Chihuidos, Neuquén (del que Exxon controlaba entonces el 51%) y de Aguarague, Salta (donde tenía el 23% ). 

Como "células dormidas", la demanda de la francesa Sauri, que explotaba el servicio de aguas en Mendoza, por unos u$s40 millones, también planteado ante el CIADI y a la espera de una negociación directa con la Argentina. Como curiosidad, a la Argentina le hace juicio ante el CIADI la nortamericana Enron; una compañía que en su país (y gran parte del mundo) es acusada de fraude y debió enfrentar una quiebra fraudulenta (la más grande en la historia de los Estados Unidos), que incluyó la caída del gigante de la auditoría, Arthur Andersen y prisión efectiva para muchos de sus directores. Sin embargo, en 2001 (el mismo año de su caída) se consideró perjudicada en la Argentina por la salida de la convertibilidad y le presentó un juicio en el tribunal del Banco Mundial por la explotación de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que luego compró Pampa Energía. 

El último fallo recibido por la Argentina en el tribunal resultó negativo. Fue el que el fondo Burford Capital logró en la causa por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, por el cual obtuvo unos 140 millones de dólares, en una causa que adquirió en u$s13 millones al grupo español Marsans y que le reportó una ganancia del 980%. Por esta causa los ex dueños de la aerolínea de bandera obtuvieron un ingreso casi inesperado de u$s230 millones ya que el fondo Burford sólo había comprado una parte de la causa y los derechos de litigar ante el tribunal internacional.

El Gobierno colocó deuda por USD 9.000 millones a la tasa más baja de la historia

Por Daniel Sticco - dsticco@infobae.com

El Ministerio de Finanzas emitió bonos en el mercado internacional a 5, 10 y 30 años de plazo, a tasas de 4,6% a 6,95% anual.

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, y Luis Caputo, ministro de Finanzas que junta los dólares para financiar el exceso de gasto público y las obras de infraestructura .(Adrián Escándar)

El singular apetito de los fondos de inversión internacionales por los títulos de la deuda pública argentina no sólo quedó una vez más plasmado en la rápida aceptación de la oferta que lanzó el país para comenzar a cubrir anticipadamente casi un tercio de las necesidades financieras para todo el año, sino también en que pese a las expectativas de suba de tasas acepto los nuevos bonos con rendimientos inferiores a los que habían exigido exactamente un año atrás.

Así, la cartera que encabeza el ministro Luis Caputo informó que luego de la autorización pedida para ampliar la emisión autorizada de deuda pública en USD 15.000 millones, a un total de poco más de USD 21.000 millones, el mercado internacional aceptó las tres propuestas lanzadas en la mañana de hoy, y que cerró  luego de la clausura de los mercados. 

A saber:

1. USD 1.750 millones a 5 años con un rendimiento de 4,625% anual (cupón 4,625%);

2. USD 4.250 millones a 10 años con un rendimiento de 6% anual (cupón 5,875%); y

3. USD 3.000 millones a 30 años con un rendimiento de 6,95% anual (cupón 6,875%).

"Estas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero 2017″, resaltaron en el Ministerio de Finanzas.

Además, se destacó el singular el interés de los inversores no sólo en la puja bajista por los rendimientos pretendido para no perder la oportunidad de ampliar sus carteras con títulos de la deuda argentina, sino que además el total de las demanda superó en 2,4 el monto finalmente emitido, ascendió a USD 21.400 millones, con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%).

La emisión fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.

"Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país", dijo el ministro Luis Caputo.

 Las reservas del Banco Central superarán en los próximos días los USD 60.000 millones, al récord absoluto de un 10% del PBI. Y agregó el funcionario: "Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país".

En el mercado se especulaba que semejante colocación de deuda anticipada no sólo llevará en los próximos día la posición de reservas del Banco Central al récord absoluto de más de USD 60.000 millones, uno 10% del PBI, sino que también volverá a ejercer una nueva presión bajista sobre el tipo de cambio que hoy escaló al filo de los $19 por rumores infundados de la presentación de la renuncia por parte del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Detectan 200 "ñoquis" en Diputados con el control de asistencia

Por Laura Serra - LA NACION

Desde hace dos meses se aplica un nuevo sistema que tiene el aval de los bloques parlamentarios y del gremio; hubo otras 700 irregularidades sobre un total de 5589 empleados.

A tono con la política de austeridad que pretende el Poder Ejecutivo, el Congreso comenzó a controlar el presentismo de su personal para detectar eventuales "ñoquis", esto es, empleados que cobran a fin de mes su sueldo sin concurrir a trabajar.

En la Cámara de Diputados, el sistema se instrumentó hace dos meses y ya arrojó los primeros resultados: se descubrieron casi 200 "ñoquis" y otras 700 irregularidades.

El control de presentismo se aplica por medio de un sistema biométrico de identificación de la huella dactilar, tanto en el ingreso como en la salida del personal, y contempla la planta permanente y la transitoria. En la Cámara de Diputados se instrumentó el 1° de noviembre pasado; en el Senado arrancó el 1° del mes último, al igual que en la Biblioteca del Congreso, la imprenta y en la sede de la obra social.

No es la primera vez que en el Congreso se instrumenta un régimen de control de asistencia, pero hasta ahora las experiencias probaron no ser demasiado eficaces, básicamente por falta de voluntad política de las autoridades.

El sistema biométrico, en cambio, generó tal cambio que modificó, incluso, el paisaje habitual del Congreso. Los pasillos y los ingresos están inundados de empleados, los cafés aledaños están abarrotados y se reconocen viejas caras que hacía mucho tiempo no se veían por la zona. Esto es así porque, al tener que marcar asistencia con la huella dactilar, no hay forma de hacer trampa: el que quiere cobrar el sueldo debe marcar el dedo todos los días.

En la actualidad trabajan unas 16.500 personas en todas las reparticiones que componen el Poder Legislativo.

En el Senado el plantel es de 5020 empleados permanentes y temporarios, mientras que en la Cámara de Diputados es de 5589 agentes.

Con el sistema de control de presentismo, las actuales autoridades pretenden efectuar una primera poda de personal; este año se complementará con retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

En la Cámara de Diputados, el control de presentismo detectó 190 personas que no fueron nunca a trabajar en los dos últimos meses; a 160 ya se les inició el trámite de cesantía, mientras que las otras 30 decidieron cortar por lo sano y presentaron su renuncia.

"Hemos registrado 700 casos irregulares a los que hemos enviado cartas documento. También iniciamos una tarea de auditoría de las justificaciones que presentan los empleados que se ausentan. Hemos visto varios casos de enfermedad sin los debidos certificados médicos", explicó a LA NACION la secretaria administrativa de la Cámara baja, Florencia Romano.

Entre los datos que arrojó el nuevo sistema biométrico, se detectaron 83 agentes que faltaron al trabajo más de diez días seguidos sin presentar la justificación correspondiente y otros 77 que faltaron cinco días consecutivos, también sin la respectiva justificación.

En todos estos casos, se envía carta documento y se realizan los descuentos correspondientes.

El control del presentismo cuenta con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, como también del gremio respectivo del sector, la Asociación del Personal Legislativo (APL).

"Estamos de acuerdo con que se controle la asistencia del personal. Pero difícilmente los casos irregulares provengan del área de servicios del Congreso, sino más bien del plantel político", sostuvo Norberto Di Próspero, jefe de APL.

Los ahorros no provienen sólo del control del personal. "Hicimos un recorte de gastos en distintas áreas y servicios. Al finalizar el año logramos un ahorro de casi 400 millones de pesos", indicó Romano.

La poda abarcó los rubros más diversos. "Por ejemplo, bajamos el gasto en combustible casi en un 72%, unos 3 millones de pesos. También redujimos las erogaciones en alquileres y celulares. En pasajes ahorramos unos 75 millones de pesos. Con sólo un poco de orden en las cuentas se ahorró mucho: ¡si hasta redujimos el gasto en leche para el café!", cuenta Romano.

LOS PRIMEROS RESULTADOS

200 Son los empleados que no se presentaron a trabajar y cobran sueldo. Se les inició el trámite de cesantía. De ellos, 30 presentaron la renuncia

700 Irregularidades detectó el sistema biométrico. Se trata de empleados con ausencias sin la debida justificación

16.500 Son los agentes que componen el plantel de todo el Poder Legislativo De ellos, 5020 trabajan en el Senado, mientras que otros 5589 empleados cumplen funciones en la Cámara de Diputados.

Macri busca reducir cargos y ahorrar más de $ 1000 millones (II)

Por Mariano Obarrio - LA NACION

El plan será anunciado en los próximos días por el Gobierno, como una muestra de austeridad.

El plan de reducción cargos políticos y jerárquicos del gobierno de Mauricio Macri generará un ahorro fiscal de más de $ 1000 millones anuales. La Casa Rosada lo exhibirá como un gesto de austeridad simbólico en medio del programa de reducción del déficit fiscal, un rojo que en 2017 superará los $ 400.000 millones.

"El proceso viene bien y ese ahorro se va a alcanzar. Pero los números finales los tendremos a fines de la semana próxima", dijo ayer un alto funcionario de la Casa Rosada.

Según confirmó Macri a LA NACION en el encuentro del 19 de diciembre pasado con la prensa, el Gobierno avanza en un plan de reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN). El objetivo incluye tanto a los secretarios de Estado como a los subsecretarios, directores y coordinadores de los 20 ministerios del Poder Ejecutivo.

"El ahorro será todavía superior al 20% en la cantidad de cargos y en recursos de la masa salarial de esos cargos", aseguró otro funcionario consultado, que tiene llegada al Presidente y al jefe del Gabinete, Marcos Peña.

El proyecto, justamente, lo impulsa Macri y lo dirige Peña. Durante la semana última, todos los ministros terminaron de entregarle al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, sus planes de adecuación de cada una de las carteras. Estos proyectos deberán ser evaluados y aprobados por la Jefatura de Gabinete y por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien asiste técnicamente en todo el programa y que también presentó el plan de recorte de su propio ministerio.

La APN, con un total de 3500 cargos jerárquicos y 210.000 empleados públicos, incluye el Poder Ejecutivo, los 20 ministerios y los organismos descentralizados, como el PAMI y la Anses, entre otras dependencias públicas.

En cambio, el Sector Público Nacional es más amplio: comprende también las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las empresas del Estado y las universidades. En total suman más de 740.000 empleados.

La masa salarial de esos 3500 cargos jerárquicos es de más de $ 5000 millones por año. El recorte de más del 20% de funcionarios implicará un ajuste de 700 ejecutivos y una reducción de más de $ 1000 millones.

Todavía no se definió cuándo se anunciará esta medida, pero podría ser dentro de las primeras semanas del nuevo año. El Gobierno la presentará como una señal de austeridad propia de la política, por cuanto esos cargos son funcionarios políticos jerarquizados, nombrados por el propio Macri y no agentes públicos designados por administraciones anteriores que pasaron por el Estado.

"Hemos pedido esfuerzos a la gente y tenemos que mostrar que nosotros también nos ajustamos", dicen en la Casa Rosada.

"Este esfuerzo está concentrado en cargos políticos y jerárquicos", explicó una alta fuente oficial, para subrayar que los perjudicados serán los propios macristas.

Más reformas

Por otro lado, el Gobierno avanzará sistemáticamente en el proceso de dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo. Esto implicará la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones.

En este plan no existe un objetivo medido en porcentajes, como en el de cargos jerárquicos. "El objetivo es por organismo. No consolidado en toda la APN", explicó un alto funcionario.

La reducción del 20% de cargos jerárquicos debe ser pareja para todas las categorías. Habrá menos secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores, por partes iguales. Pero también habrá rebajas de nivel: secretarios de Estado bajarán al cargo de subsecretarios y subsecretarios que pasarán a ser directores nacionales.

Por este ajuste se generó un clima de pelea interna en varios ministerios. Cada funcionario con cargo peleó por permanecer en su categoría, pero muchos no lo lograrían.

En cambio, la reducción de contratados temporarios dependerá de la evaluación técnica y de presentismo de cada ministerio. El objetivo de la Casa Rosada es llegar a que sólo el 10% de los 210.000 empleados de la APN esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público, número 25.164.

Esto implicaría reducir, a lo largo de los años, de 70.000 contratos a no más de 21.000, es decir una reducción superior a la mitad. Sin embargo, la idea no es sólo dar de baja 50.000 contratos, sino aplicar mecanismos de reubicación de empleados, concursos y pases a planta permanente, y sólo descartar a los empleados que no aprueben las evaluaciones.

Cada ministro puede discontinuar esos contratos porque el artículo 9 de la ley 25.164 ordena que deben prestar "servicios transitorios o estacionales" y, al tener vencimiento todos los 31 de diciembre, no tienen la estabilidad laboral del personal de planta permanente, que sólo puede ser despedido con una causa, previo sumario administrativo.

Sin embargo, la gran mayoría de los 70.000 contratados se renueva todos los años y cumple funciones del personal de planta y no temporarias, una forma de precarización del empleo público.

Más de $ 45.000 millones debió ceder el Gobierno para aprobar las reformas

Por Laura Serra - LA NACION

Tuvo que emprender negociaciones de urgencia con el peronismo para poder dar luz verde al presupuesto 2018 y a las cambios previsionales, tributarios y fiscales

Las sesiones en la Cámara de Diputados obligaron a negociaciones permanentes. Foto: LA NACION / Daniel Jayo

La sanción del paquete de leyes y reformas fiscales en el Congreso le salió cara al Gobierno. Se estima que el voto positivo de los legisladores que responden a los gobernadores peronistas le costó al oficialismo unos $ 45.000 millones.

Esto fue así en virtud de las numerosas concesiones que, a último momento, debió incorporar en la letra del presupuesto 2018 y de las reformas previsional y tributaria.

El oficialismo, si bien engrosó su representación en ambas cámaras tras las elecciones de renovación parlamentaria del 22 de octubre, aún debe pagar el precio de ser minoría en el Congreso.

Los gobernadores peronistas, que articularon dos bloques propios en el Senado y en la Cámara de Diputados, hicieron valer su apoyo: después de acordar con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales de los proyectos que luego se enviaron al Congreso, durante el debate parlamentario sus diputados y senadores redoblaron las demandas para sus provincias.

El gobierno de Mauricio Macri, necesitado de votos, pero, además, escaldado por el trauma que le implicó la sanción de la reforma previsional -se aprobó por apenas 10 votos de diferencia en un clima de inusitada violencia social-, accedió a la mayoría de sus peticiones. Todo ello, en medio de un tenso clima social, con protestas e incidentes fuera del Congreso.

La primera concesión que se les hizo a los gobernadores peronistas fue, justamente, para lograr la aprobación de la reforma previsional.

En virtud del cambio en la fórmula de movilidad, que se aplicará en marzo próximo, el Gobierno se comprometió a pagar una compensación a los jubilados, pensionados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobren menos de $ 10.000 mensuales. Esta compensación le costará al Estado al menos $ 4000 millones.

Aun así, varios diputados peronistas no votaron la reforma previsional y el oficialismo penó hasta último momento para conseguir la mayoría en el recinto.

Más permeables se mostraron, en cambio, durante la discusión del paquete de las leyes económicas y fiscales, que incluyó el presupuesto 2018, el consenso fiscal, la reforma tributaria, la prórroga del impuesto al cheque y la ley de responsabilidad fiscal.

Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se desarrollaba el debate, por el despacho de la presidencia, donde estaba apostado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desfilaban gobernadores y legisladores peronistas con los reclamos más diversos. El Gobierno abrió la billetera y las iniciativas se aprobaron, tanto en Diputados como en el Senado, con una mayoría aplastante de votos.

Las mayores concesiones se observan en la ley de presupuesto. Entre ellas figuran las siguientes:

-Obras públicas. Se incorporó una segunda planilla anexa al artículo 11, con más obras plurianuales para las provincias, por un total de $ 10.626 millones, sólo para 2018. La mayoría está destinada a provincias gobernadas por peronistas dialoguistas, como Salta, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán, entre otras.

-Viviendas, agua potable y cloacas. Se incrementó en $ 5014 millones el presupuesto del Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, la mitad será destinada a programas de vivienda en 14 provincias, entre ellas: Córdoba, Salta, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y La Pampa (salvo esta última, todas gobernadas por peronistas dialoguistas). También se benefició a Mendoza, Jujuy y Corrientes, gobernadas por Cambiemos.

-Beneficio a La Rioja. Pese a que sus diputados rechazaron la reforma previsional, el gobierno de Mauricio Macri le asignó a esta provincia $ 2800 millones para el año próximo. Además destinó otros $ 180 millones a la capital riojana, cuyo intendente, Pedro Paredes Urquiza, es aliado del Gobierno y enfrentado al gobernador peronista Sergio Casas.

-Cajas previsionales. Una asignación de $ 17.000 millones a las cajas previsionales provinciales. De ese monto se transferirán $ 12.000 millones en 12 cuotas de manera automática a aquellas provincias que no hayan transferido sus cajas previsionales a la Nación.

-Universidades. Se incorporó un refuerzo presupuestario de $ 1302 millones.

También se modificaron aspectos claves de la reforma tributaria; por presión del peronismo se dio marcha atrás en la aplicación de ciertos gravámenes, por lo que la recaudación será menor a la originalmente prevista.

En efecto, después de mucha acción de lobby del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y de las provincias del norte, no se subirá al 17% el impuesto interno a las bebidas azucaradas. Son $ 3300 millones que finalmente no recaudará el fisco.

Otro cambio importante se refiere a la aplicación del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones por despido y los retiros voluntarios; el proyecto original proponía gravar aquellos montos que excedan los parámetros mínimos de la ley laboral. Fue tal el rechazo de la oposición que el oficialismo suprimió el artículo.

Tampoco pagarán el impuesto a las ganancias las cooperativas y mutuales, otra propuesta del Poder Ejecutivo duramente resistida por las provincias de Santa Fe y Córdoba. También quedarán exentos de este tributo a los reintegros que cobren las pymes exportadoras.

"Este Congreso mejoró los proyectos del Poder Ejecutivo; el Gobierno no logró todo lo que quería, pero avanzó en algunas reformas y los gobernadores se llevaron el reaseguro de su sostenimiento económico", enfatizó Miguel Pichetto, jefe de bloque de senadores del PJ, durante el debate.

En similar sentido se expresó el diputado Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal, quien celebró el resultado de las negociaciones. "Fue fruto de un diálogo claro entre la Nación y las provincias", exaltó.

Voceros del Gobierno, consultados por LA NACION, admiten el costo de las negociaciones, pero rescatan que el logro obtenido fue mayor. "Con la ley de responsabilidad fiscal y el consenso fiscal las provincias están comprometidas a bajar el gasto público y su plantel de personal, como así también a reducir los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos. Visto en perspectiva, salimos a mano", sostuvieron.

Principales concesiones

$ 4000 MILLONES - Es el monto que demandará el pago de la compensación a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la instrumentación de la reforma previsional, en marzo próximo

$ 10.626 MILLONES - Es el presupuesto extra para las obras plurianuales incorporadas al presupuesto 2018, por presión del PJ

$ 5014 MILLONES - Es la suma que se adicionó al presupuesto del Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, la mitad será destinada a programas de vivienda en 14 provincias. La mayoría de ellas son gobernadas por el PJ

$ 2800 MILLONES - Es la asignación que el gobierno de Mauricio Macri destinó, a través del presupuesto, a la provincia de La Rioja. Otros $ 180 millones irán a la capital riojana, cuyo intendente es aliado del gobierno nacional

$ 17.000 MILLONES - Es el monto que el Estado nacional desembolsará a las cajas previsionales provinciales. De ese importe, se transferirán $ 12.000 millones en 12 cuotas de manera automática a aquellas provincias que no hayan transferido sus cajas previsionales a la Nación

$ 1302 MILLONES - Se trata del refuerzo presupuestario asignado a último momento para las universidades nacionales, ante los reclamos de varios gobernadores

$ 3500 MILLONES - Es la recaudación que dejará de percibir el fisco, luego de que el Gobierno diera marcha atrás con la suba en los impuestos internos a las bebidas azucaradas

Nuevos bonistas intentan frenar acuerdo con buitres

Por Carlos Burgueño - Ambito.com
 "EL JUICIO DEL SIGLO" EN NUEVA YORK SE RESISTE A TERMINAR

Tres tenedores de bonos en default desde 2001 acusan ahora a Argentina por “discriminación” y “mal trato”. Define la jueza Loretta Preska, que reemplazó a Thomas Griesa.

El "Juicio del Siglo" entre Argentina y los fondos buitres en los tribunales de Nueva York se niega a terminar. Incluso podría tener un nuevo, y complicado capítulo: el de los bonistas que no ingresaron al canje propuesto por el país el año pasado y que terminó con una negociación global en abril de 2016; y que ahora se consideran "perjudicados" por la manera en que se discutió en acuerdo con los bonistas más importantes. Tres de estos acreedores aún en default, se presentaron ayer ante el tribunal de la jueza Loretta Preska (la magistrada que "heredó" el caso luego del traspaso voluntario de Thomas Griesa de marzo pasado); y reclamaron que se "repongan las medidas cautelares contra la República Argentina". En total, estos bonistas representan deuda impaga desde diciembre de 2001 por unos u$s36,1 millones; de un total de u$s500 millones que, se estima, aún está fuera de los acuerdos cerrados por Argentina y los principales fondos buitre. 

Los bonistas que se presentaron ante Preska son todos inversores locales: Euclides Bartolomé Bugliotti, María Cristina de Biasi y Roxana Inés Rojas. Los tres forman parte del listado tradicional de bonistas que nunca aceptaron la propuesta argentina presentada a comienzos del Gobierno de Mauricio Macri; y siempre reclamaron el 100% de la deuda más los intereses al contado. La oferta oficial presentada el primero de marzo de 2016 (una quita directa del 25% del total adeudado: capital más intereses); fue inmediatamente aceptada ya por el 98% de los acreedores, incluyendo los fondos buitre más complicados. Hacia mayo de ese año sólo quedaban afuera un 1% del total adeudado, representativos de unos 1.000 millones de dólares; los que, hasta acá, se negaron a aceptar la propuesta y continuaron siendo rechazados por Griesa primero y Preska después. 

La novedad de la presentación de ayer, es que cambió la fórmula jurídica del planteo. Según los tres bonistas, el perjuicio en el que habrían incurrido los negociadores locales en el primer trimestre de 2016, fue que el país no negoció "en buenos términos", incluyendo acciones "discriminatorias". Preska deberá definir si le da o no lugar a este reclamo diferente, que, de prosperar, sólo alcanzaría a los bonistas que no firmaron el acuerdo. 

Hay otro grupo de disconforme, más allá de estos tres reclamantes, y que aún porfían ante Preska. Son bonistas individuales o fondos que agrupan a personas, que están también desacuerdo porque deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados litigantes, dinero que se les descuenta de las eventuales liquidaciones que recibirían en el caso de terminar aceptando la oferta argentina. Según el razonamiento que hacen estos bonistas, el Gobierno de Mauricio Macri propuso un cobro de 1,5 dólares por cada dólar de los bonos caídos en default, pero descontando lo que se le debe pagar a los abogados representantes le quedarían finalmente unos 0,8 dólares. Mencionan los bonistas en protesta que los 1,5 dólares es lo que efectivamente cobraron Elliot de Paul Singer, Kenneth Dart. Olifant, Aurelius y el resto de los fondos buitre que representaban el 80% de la deuda en el juicio; y cuyos abogados cobraron cifras megamillonarias pero que superaban el 0,2% del total adeudado.

La aceptación por parte de la Argentina de liquidarles a los abogados de los principales acreedores unos u$s150 millones en concepto de honorarios de abogados (le correspondía por haber perdido el juicio), más el plus que los propios fondos le pagaron a los profesionales por su tarea más allá de lo determinado en su momento por Griesa (se supone que superaron los u$s400 millones); no corre para los pequeños demandantes. Estos, al no aceptar la oferta inicial y continuar litigando, perdieron el derecho de la liquidación de honorarios de sus abogados por parte de la Argentina según determinó en su momento Griesa; tendrían que hacerse cargo ellos mismos de estos costos.

El volumen del juicio y el hecho de tener sus propios abogados, es lo que hizo reducir el monto a liquidar desde los grandes fondos buitre a los abogados. Diferente es el caso de los pequeños acreedores, que al no tener el peso de sus primos más importantes pero ante la necesidad de contratar abogados que tengan experiencia en este tipo de negociaciones complejas, deben compartir la ganancia con los profesionales que los representen ante la Justicia norteamericana.

El reclamo fue presentado ante Preska el 27 de septiembre pasado, y la jueza les presentó el mecanismo de cálculo para determinar el volumen de los honorarios a liquidar (ver cuadro adjunto), lo que hizo que los acreedores se enardecieran y profundicen su malhumor contra la propuesta y, en consecuencia, continúen en su negativa a aceptar la oferta que llevó en su momento como secretario de Finanzas, Luis Caputo a Nueva York.

La negativa de los acreedores a cerrar el trato y, definitivamente, terminar con la causa; provocó incluso peleas entre los abogados de diferentes tenedores de bonos, ya que algunos accedían a bajar sus honorarios, mientras que otros se mantenían firmes en lo que calculaba Preska.

La jueza deberá definir también la compulsa. Para esto Preska ya le avisó a alguno de los fondos rebeldes, (entre otros el HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz) a que se apresten a aceptar su decisión; o, eventualmente, apelar ante la segunda instancia. 

Hay una tercera demanda residual en el "Juicio del Siglo". Preska todavía tiene que responder por las acusaciones a la agencia de clearing Euroclear, que los juicios paralelos por las responsabilidades por no pagar en su momento las ordenes de Griesa en los tiempos en que la pelea la llevaba adelante el Gobierno de Cristina de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía. Euroclear, junto con Clearstream (la otra agencia de custodia de pagos de la deuda externa que tenía contratada la Argentina antes del default) apoyaron la operación de liquidación de los vencimientos de los títulos públicos del país en Buenos Aires. El problema surgió en marzo de 2015 cuando Griesa ordenó a Euroclear a retener cualquier pago de bonos reestructurados de la deuda argentina, buscando forzar en esos momentos al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a firmar un acuerdo con los acreedores respetando su fallo que le daba la razón a Elliott, Dart, Aurelius, Olifant y el resto de los fondos que le habían hecho juicio al país.

Segunda subasta de tierras del Ejército: 7.800 hectáreas a la venta

Por Redacción Agrovoz - Se realiza en Bell Ville. Son 41 parcelas de entre 50 y 350 hectáreas.

En la Sociedad Rural de Bell Ville, se desarrolla desde las 9 de este lunes el segundo remate de tierras del Ejército que pertenecen al establecimiento General Paz, que el Ejército posee en la zona de Ordóñez.

Según informaron desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), hay 37 inscriptos para participar.

En el primer remate, el Estado logró colocar siete lotes y ahora saldrán a la venta 41 parcelas, de entre 50 y 350 hectáreas. En total, son unas 7.800 hectáreas que se subastarán en esta oportunidad, el grueso de las 8.400 que, en total, se ha buscado comercializar. 

“Trabajamos en línea con las políticas públicas impartidas por el presidente Mauricio Macri, y con esta venta apostamos a favorecer el desarrollo productivo del campo cordobés y su economía regional”, dijo el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús.

Amplían emisión de Bonos para pagar fallo del Ciadi contra la Argentina

(Cronista.com) - Es por el incumplimiento de contrato en la distribución de energía eléctrica en la provincia de Mendoza.

El Ministerio de Finanzas emitirá dos bonos para pagar el laudo del Ciadi a favor del grupo liderado por Electricité de France Internacional (EDF) contra la Argentina, por incumplimiento de contrato en la distribución de energía eléctrica en la provincia de Mendoza.

El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, pertenece al Banco Mundial y el laudo a favor de EDF alcanzaba los u$s 136 millones. La Resolución 241-E publicada hoy en el Boletín Oficial, aprueba el modelo de acuerdo de pago a ser celebrado con EDF International S.A.S en su carácter de titular exclusivo de los derechos que surgen del Laudo dictado en el arbitraje ‘EDF International S.A., SAUR International S.A. y León Participaciones Argentinas S.A. contra la Argentina (caso del CIADI Nº ARB/03/23).

El laudo del Ciadi es del 11 de junio de 2012 y fue confirmado por el Comité ad hoc el 5 de febrero de 2016, en el marco del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados, con el fin de dar por concluida de manera definitiva todos los reclamos que surgen de dicho proceso arbitral, como también los que pudieran surgir vinculados con la inversión que les dio origen.

Para la cancelación de las obligaciones de pago de este acuerdo, se dispuso la ampliación de la emisión de Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75% 2024‘ (Bonar 2024), emitidos originalmente mediante la Resolución 26 del 30 de abril de 2014, por un monto nominal de u$s 77.550.956. También se amplía la emisión de los Bonos de la República Argentina con descuento en dólares estadounidenses 8,28% 2033 - Ley Argentina, emitidos originalmente mediante el Decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004, por un monto nominal de hasta u$s 53.610.867.

En los considerandos de la Resolución, se menciona que la propuesta “consiste en la cancelación de la acreencia reconocida en el referido Laudo con títulos de deuda pública, por un monto que supone una quita importante sobre la suma reclamada y un plazo razonable de repago”.

En este contexto, la compañía reajustó su pretensión indemnizatoria de manera tal que el valor nominal de los títulos públicos de deuda que se entreguen deberá representar un monto consolidado inferior en, por lo menos el 25% del total del valor reclamado incluyendo los intereses establecidos en el laudo.

Estudian opciones para reducir los litigios

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

Habrá un nuevo estatuto para los abogados del Estado; fuerte depuración.

El Gobierno busca reaccionar a la "bola de nieve" que crece año a año por las demandas judiciales contra el Estado y que constituye una contingencia multimillonaria para las arcas estatales. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), en la última década se acumularon unos 100.000 procesos por año, un número que despertó la alerta y activó una depuración.

El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, realizó auditorías para conocer la real dimensión del conflicto y determinó que el sistema tiene problemas endémicos.

La primera medida que dispuso para reducir la litigiosidad fue depurar aquellos juicios que estaban en condiciones de cerrarse, ya sea porque estuvieron paralizados por varios años y debían prescribir, o porque estaban archivados o caducos. Según fuentes oficiales, en el segundo semestre de este año, se "limpiaron" unos 13.000 expedientes por mes debido a este concepto.

Otra de las medidas que impulsa la Procuración del Tesoro (PTN) es modificar los procedimientos en las carteras litigiosas. El Gobierno tiene 132 servicios jurídicos repartidos en las dependencias públicas, mientras que el Cuerpo de Abogados del Estado, que depende de la PTN, cuenta con más de 3500 abogados, repartidos en todo el país. A pesar de ese plantel, muchas veces en las provincias tercerizaron los servicios con estudios y letrados privados que movieron los expedientes respondiendo a intereses particulares .

"Los abogados podían quedar enredados en favores políticos e impulsar los expedientes al infinito, para garantizar sus honorarios. Eso atenta contra las cuentas públicas", dijo a LA NACION un funcionario que sigue de cerca el conflicto. Una de las medidas que prevé el Gobierno para desincentivar los juicios es, justamente, evitar la tercerización de las defensas. Toda contratación de estudios externos deberá estar debidamente justificada.

Un gasto significativo para la administración pública son los honorarios de los abogados que representan a la Argentina en los estrados internacionales. De acuerdo con información pública a la que accedió este medio, hay 16 estudios jurídicos contratados en el exterior, encabezados por Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, de Nueva York, que recibió US$ 168,85 millones por la disputa contra los acreedores de la deuda en default.

El Gobierno también busca la manera de evitar que los propios abogados del Estado puedan recibir honorarios por fuera de su sueldo como empleados públicos. La PTN anunció que reimplantará una Coordinación del Cuerpo de Abogados del Estado y elaborará un nuevo estatuto, más estricto, que alcance a todos los letrados oficiales.

Otra de las medidas en marcha es la creación de un Observatorio de la Litigiosidad, que detecte a tiempo potenciales procesos económicamente ruinosos para el Estado. En ese camino, el reciente pacto fiscal con las provincias fue un paliativo ante el rojo que representa la deuda potencial por procesos judiciales pendientes.

Uno de los puntos del acuerdo implicó que todas las provincias (menos San Luis) accedan a desistir de los juicios contra el gobierno nacional. Eso redujo la contingencia en $ 340.000 millones en el caso de las provincias, más los $ 400.000 millones que reclamaba María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

El Estado también estudia alternativas para anticiparse a futuros juicios, detectando tendencias problemáticas, como el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa. Esos conceptos no se contabilizan para el cálculo de la futura jubilación ni de una eventual indemnización en caso de despido y conducen a una derrota casi segura en un estrado.

Las demandas internacionales, el tramo más costoso

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Son 19 juicios en el Ciadi, la ICC y la justicia de Nueva York por US$ 6200 millones; las estatizaciones de Aerolíneas e YPF, las más graves.

Pocas veces el presidente Mauricio Macri mostró su enojo en público de manera tan clara como en la noche del 22 de julio pasado. "Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior [la gestión de Cristina Kirchner ] tuvo con Aerolíneas [Argentinas], el país fue condenado a pagar US$ 320 millones más intereses", escribió en la red social Twitter. El mensaje fue repetido más de 15.000 veces.

Poco tiempo antes, el Ciadi -un organismo del Banco Mundial encargado de dirimir pleitos entre Estados y empresas privadas- había obligado a la Argentina a pagar esa cifra por la estatización de la línea aérea de bandera al Grupo Marsans, cuyos principales directivos fueron condenados por la justicia española, en medio de un escándalo para el mundo privado. El mes pasado, el país pidió la anulación del laudo.

El encono de Macri fue la reacción visible de una preocupación que persigue al Gobierno desde el primer día de su llegada a la Casa Rosada: la herencia que dejó el kirchnerismo tiene en sus capítulos internacionales 19 demandas contra el país por US$ 6200 millones en tribunales externos como el propio Ciadi, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y la justicia de Nueva York, que le trae a la Argentina malos recuerdos recientes tras la derrota millonaria frente a los fondos buitre, y que integran una deuda total por juicios para el Estado por US$ 37.000 millones. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Desde la mirada del Gobierno, es un entuerto de difícil resolución. La administración de Macri sabe que debe pagar las sentencias dictadas por esos organismos. De lo contrario perdería credibilidad frente a los inversores internacionales, algo con lo que convivieron Néstor y Cristina Kirchner, pero resulta imposible para el modelo económico actual, que busca generar confianza en el mundo de manera que facilite la llegada de inversiones.

Hasta el momento, la estrategia del Gobierno fue pagar las sentencias, pero discutir al máximo los montos, que suelen fijarse en la etapa final de los litigios. Un ejemplo: pese al reclamo de US$ 157 millones de la alemana Hochtief por la concesión denominada Puentes del Litoral, a fines del año pasado el Ciadi obligó al país a pagar US$ 13,41 millones. El procurador del Tesoro de aquel momento, Carlos Balbín, lo vivió como un gran triunfo.

Un listado oficial de la Jefatura de Gabinete muestra que cinco de esos conflictos están en el Ciadi. Además de la querella por Aerolíneas, hay un reclamo de Abertis (una de las dueñas de Ausol) y la aseguradora Metlife. El Gobierno considera que se trata de casos cruciales, cuya representación no conviene delegar en estudios jurídicos. Por eso quedaron a cargo del Cuerpo de Abogados del Estado, que maneja la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Otros dos juicios en la justicia de Nueva York tienen inquieto al Gobierno. Se trata de demandas por la estatización de la petrolera YPF, en abril de 2012. Uno de los demandantes es el fondo Burford Capital, una especie de megabufete de abogados que compró la quiebra de algunas de las empresas con las que la familia Eskenazi organizó su ingreso en la compañía, a partir de 2008. Burford es quien patrocinó la demanda por Aerolíneas. El último pedido del Estado fue trasladar el pleito a tribunales locales.

Un reclamo similar planteó el fondo Eton Park, que tenía acciones en la petrolera bajo control estatal. Esa entidad mastica enojo contra el país desde que quedó afuera de la compra de la transportadora eléctrica Transener. La participación que pretendía quedó para la firma cordobesa Electroingenería, cercana al kirchnerismo, luego de que el entonces ministro de Planificación Julio De Vido vetara el ingreso de los extranjeros. En ambos casos, el estudio Skadden, Arps, Meagher & Flom Son tiene la defensa.

El Estado enfrenta juicios por un total de US$ 37.000 millones

Por Maia Jastreblansky, Pablo Fernández Blanco, María Belén Álvarez Echazú - LA NACION

El cálculo fue realizado por la Procuración del Tesoro nacional, en base a 2,2 millones de demandas activas; el monto representa un 61% más que el déficit fiscal previsto por el Gobierno para este año.

El procurador Saravia Frías, el día de su jura. Foto: Archivo.

Es, quizás, el capítulo más silencioso de la herencia recibida y una amenaza millonaria contra las cuentas públicas que acapara toda la atención del Gobierno. El Estado enfrenta 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales, que suman una contingencia potencial superior a los US$ 37.000 millones, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

El número es gigantesco incluso para el presupuesto nacional: representa un 61% más que el déficit fiscal estimado para este año, un rojo por el cual Mauricio Macri movilizó a todos los ministerios para reducir gastos. Y es casi cuatro veces más que los US$ 9300 millones que la Argentina pagó a los fondos buitre.

Los procesos en contra del Estado incluyen desde causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre países y empresas.

El daño para el país se denomina "contingente", debido a que es imposible anticipar el resultado de un litigio. Se trata, sí, de estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías.

Una parte de las demandas deriva de prácticas cuestionables del propio Estado. Entre ellas, el pago de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación. Este es un riesgo latente de multiplicación de demandas.

En el lenguaje de los abogados, el hecho de que sea un daño contingente hace referencia a una previsión sin cifras del todo definidas. De todas maneras se trata de un pronóstico hecho por expertos de la manera más exacta posible, que ya fue presentado al Presidente.

La acumulación de demandas contra el Estado es en parte producto del accionar público a lo largo de décadas y de desprolijidades heredadas que permitieron que los expedientes se prolonguen sin orden lógico. Para ponerle un freno a esa rueda, la Procuración del Tesoro nacional dispuso este año realizar un relevamiento de expedientes, porque estaban desactualizados los sistemas donde los distintos servicios jurídicos ministeriales los asientan.

Después de varios meses de trabajo llegó a un diagnóstico de situación que considera realista. A partir de allí comenzó a depurar causas y a elaborar medidas correctivas. Fue una carrera contra el tiempo: mientras se sumaban unas 4000 nuevas demandas contra el Estado, la Procuración limpiaba a razón de 13.000 casos cada 30 días.

Según la respuesta a un pedido de información pública hecho por LA NACION a la Procuración, dentro de los miles de juicios que involucran al Estado hay 743 que revisten una especial preocupación para el Gobierno. Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otras 571 causas de "relevancia institucional". A esos se suman otros 53 casos que combinan ambas etiquetas.

Las cifras surgen de la base del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), donde se cargan los procesos de todas las dependencias públicas, menos los de la Anses y los de la AFIP, dos grandes "bolsas" de expedientes que llevan un monitoreo propio.

Las fuentes oficiales confirmaron que los procesos "complejos", en rigor, podrían ascender a más de 1400. En paralelo, hay al menos 19 demandas en tribunales internacionales por unos US$ 6200 millones.

El ministerio que acumula más juicios "calientes" es el de Energía, hoy a cargo de Juan José Aranguren, con 308 procesos. Entre ellos, 194 amparos pedidos en 2016 por defensorías del pueblo, municipalidades y entidades sin fines de lucro producto del aumento de las tarifas eléctricas.

Otros tres expedientes, por ejemplo, son demandas por daños y perjuicios radicadas durante el kirchnerismo por Alcalis de la Patagonia, la productora de carbonato de sodio del Grupo Indalo, de Cristóbal López, por más de $ 155 millones.

El segundo puesto del ranking lo tiene Justicia. Allí recayeron, entre otras, las acciones impulsadas por Alejandro Fargosi contra los miembros del Consejo de la Magistratura sin título de abogado y el amparo del ex diputado Manuel Garrido para declarar la nulidad de los nombramientos de 57 conjueces durante el kirchnerismo.

En la tabla de organismos con más juicios complejos siguen el Banco Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Policía Federal, cuyos conflictos incluyen disputas con barrabravas e incluso los procesos contra los custodios del fallecido fiscal Alberto Nisman.

De estas demandas relevantes, 230 expedientes tienen un reclamo económico estimado, en pesos o en dólares. El más alto, y quizás el más extraño, lo constituye una demanda de una ONG paraguaya por US$ 150.000 millones en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865.

En el podio también se ubican dos iniciados por AFJP tras la creación de Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (tras la estatización de los fondos de pensiones), por más de US$ 90 millones cada uno, y un reclamo de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

Muchos juicios tienen décadas. Uno de los litigios de mayor relevancia económica es el que inició Juan Claudio Chavanne, accionista del Banco de Hurlingham, quien reclama una reparación de US$ 25 millones al Banco Central por actas dictadas por la Junta Militar durante la última dictadura.

Dentro de las demandas en pesos, el podio de los juicios está encabezado por el reclamo de Córdoba por los descuentos sobre fondos de la coparticipación por $ 3.300 millones. Es posible que ese pleito se desestime por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con las provincias.

Le siguen una causa por indemnización por daños y perjuicios de TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) y en tercer lugar la contrademanda del Correo Argentino al Estado, una empresa de la familia Macri.

Este medio también consultó al Ministerio de Hacienda por los pagos realizados por juicios. En los últimos 10 años, desde la primera presidencia de Cristina Kirchner hasta el presente, se desembolsaron unos $ 10.800 millones para saldar deudas derivadas de litigios.

De ese monto, $ 6.026 millones obedecieron a erogaciones del Servicio de Deuda Pública, mientras que $ 1.300 millones, aproximadamente, fueron pagos de la Policía Federal Argentina, que acumula muchas deudas con efectivos retirados que reclaman que se incluyan distintos conceptos de sus salarios a su jubilación. Una situación similar ocurre con las Fuerzas Armadas, que en la última década debieron pagar más de $ 500 millones por ese concepto.

Con la colaboración de Romina Colman y LN Data