Argentina va por una utopía: que Cuba pague su deuda con el país

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

MARCOS PEÑA VIAJA A LA ISLA E INTENTARÁ HABLAR DEL TEMA. SON CASI U$S 2.000 M.

La idea es avanzar en una "capitalización" con licitaciones y obras públicas. Ya lo intentaron, sin éxito, Menem y Néstor Kirchner. Se generó en los gobiernos de Juan Domingo Perón, Isabel Perón y Raul Alfonsín.

El Gobierno de Mauricio Macri intentará avanzar, y eventualmente resolver, con un viejo tema complicado en la siempre difícil relación con Cuba: la deuda externa por casi u$s2.000 millones que la Isla mantiene con la Argentina y que comenzó a generarse durante la tercer presidencia de Juan Domingo Perón. 

El tema se intentará abordar en algún momento de la visita que el jefe de Gabinete Marcos Peña realice a Cuba entre el 13 y 14 de septiembre, organizada para avanzar en los vínculos "políticos, culturales y económicos" en general, según la presentación oficial del viaje. La idea es abrir contactos con diferentes oficinas del gobierno de Raúl Castro; aunque sin entrevistarse, al menos a priori, directamente con él. 

Las reuniones serán con el ministro de relaciones exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, y con su colega de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca; el hombre que tendría la llave de las oportunidades económicas y financieras con la Isla. Es precisamente con este funcionario con el que el tema de la deuda externa cubana con el país sería abierto; con el intento, siempre fallido de negociar algún tipo de pago, aunque de manera indirecta. 

Se descarta que Cuba tenga en sus planes pagar el dinero al contado, a plazo o con deuda pública. Ninguna de las alternativas es viable en la mente de Raúl Castro, como tampoco lo era en la de su hermano Fidel o cualquiera de los hombres del gobierno caribeño. La forma en que desde el gobierno de Mauricio Macri se piensa abordar el tema, a partir de la información que partió del ministerio de Finanzas que maneja Luis Caputo y el de Producción de Francisco Cabrera, es el de analizar algún esquema de "capitalización" de ese dinero, transformando el pasivo en "permisos" de acceso a alguno de los múltiples negocios de obras públicas o licitaciones que periódicamente el gobierno cubano va abriendo a cuentagotas. 

Estos son generalmente aprovechados por empresarios que tienen relación directa con los Castro, como, históricamente, España, México o Portugal; quienes, en general, son los vencedores en las licitaciones de servicios públicos paulatinamente privatizados. 

La idea de la capitalización había sido sondeada originalmente, y sin mayor éxito, por el canciller de Carlos Menem, Guido Di Tella. Sin embargo el que más avanzó fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, que en octubre de 2003 diseñó un plan de acercamiento para que se analice la alternativa. El entonces presidente le dio el visto bueno a su canciller para que analice escenarios posibles, lo que fue llevado a la Isla, en principio, con cierta expectativa positiva. Eran los tiempos en que Fidel Castro era apadrinado económicamente por Hugo Chávez y, ambos, había concurrido en mayo a la asunción de Kirchner en Buenos Aires.

La propuesta que se llevó a La Habana era cambiar la deuda externa (en esos momentos llegaba a los 1.700 millones de dólares) por la concesión de tierras o de servicios durante un plazo determinado, pero que en principio llegaría a los 99 años. La intención era que el gobierno de Fidel Castro concesionaria al país acreedor, por ejemplo, un lote de tierras predeterminado y luego de que ambos Estados acuerden el precio de ese bien. Para determinar el valor intervendrían terceros países. Una vez realizada la concesión, el gobierno acreedor puede mantener para sí la explotación o subarrendarlo a inversores del mismo país o de un tercer Estado. El esquema ya fue utilizado con éxito por España, a la que Cuba concesionó tierras costeras donde luego del gobierno de Felipe González licitó en los años 80 a cadenas hoteleras de ese país.

México utilizó otro esquema, a partir de la explotación de caminos y de redes de algunos servicios públicos. 

La deuda que Cuba mantiene con la Argentina comenzó a generarse en 1974, durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón con José Ber Gelbard como ministro de Economía, y se consolidó luego con Isabel Martínez de Perón; a partir de un plan de cambio de dinero por aportes industriales de empresas argentinas y cuando la Argentina combatía el capital e integraba el movimiento de países No Alineados. Ese programa significó un desembolso total de aproximadamente 600 millones de dólares. 

Hubo luego un segundo giro de dinero de la Argentina hacia Cuba. Fue en 1984, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y con el retorno de la doctrina de los «No Alineados» a las relaciones exteriores. Ya en el '86 los envíos de fondos se suspendieron y comenzó a negociarse la forma en que desde Cuba se pagaría la deuda; que en esos días rondaba los 900 millones de dólares. Nunca hubo verdadera intención del gobierno de Castro de cumplir con estos pagos; y el tema languideció sin mayores novedades hasta mediados de la década del '90; cuando el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Campbell comenzó a sonderar la posibilidad de capitalizar la deuda cubana, bajo las experiencias exitosas de México y España; una posibilidad que ya había sido lanzada por el radical César Jaroslavsky durante su estadía en la capital cubana para recuperarse de una complicada operación y tratamiento.

El radical alfonsinista, amigo personal de Castro y con buena relación con Carlos Menem, había hablado en 1998 del tema personalmente con el jefe de Estado cubano, pero sin mayores avances concretos. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa este tema fue ignorado al compás de las malas relaciones con Cuba. El tema volvió con Kirchner aunque también sin éxito. Una vez salido Bielsa de la cancillería, las gestiones se suspendieron ante la visible poca voluntad castrista de hablar del tema.

Autopistas del Sol baja el reclamo ante el Ciadi (II)

Por Martín Bidegaray - Clarin.com

Es porque el accionista principal y controlante de esa firma, Abertis, notificó que levantará un juicio ante ese tribunal del Banco Mundial a cambio de un mayor plazo de concesión.

Abertis, el principal accionista de Autopistas del Sol -que posee la concesión de la Panamericana-, notificó a la Bolsa de Comercio que desistirá de un juicio que le hizo a la Argentina. Será a través de un acuerdo al que llegó con Vialidad Nacional para negociar su contrato.

El pleito contra el país fue planteado ante el Ciadi, un tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. La compañía pedía un resarcimiento de US$ 359 millones por incumplimientos en la concesión por parte del Estado Nacional. Como la española Abertis posee un 31% de Autopistas del Sol, en Vialidad Nacional estiman que la demanda total -por el 100% de la compañía- hubiera llegado a US$ 1.135 millones.

Como parte de la renegociación, Vialidad extendió la concesión de 2020 hasta 2030, plazo para que Autopistas del Sol pueda recuperar inversiones ya realizadas y no amortizadas. La empresa, a su vez, se comprometió a realizar desembolsos en nuevas obras por $ 7.300 millones.

El acceso norte que administra Autopistas del Sol tiene 120 kilómetros, compuestos por un tramo de la avenida General Paz, la Panamericana y los ramales a Tigre y Pilar.

En Autopistas del Sol, además de Abertis, son socios con la italiana Impregilo (19,82%), Natal (14,12%), ACS (2,68%) y Dycasa (1,75), En el mercado flota el 30% de las acciones de la empresa. En mayo, Sideco Americana (una firma de la familia Macri) le vendió su participación a Natal Inversiones. De esta compañía, solo se informó que poseían emprendimientos en "agro y bienes raíces". Antes de comprarle a Sideco, Natal también adquirió acciones de Autopistas del Sol que poseía Dycasa.

Vialidad reconoce que Autopistas del Sol invirtió US$ 728 millones en la concesión que aún no pudo recuperar. Sin embargo, como parte de la renegociación, le permitirá un recupero de US$ 499 millones. "Tienen plazo hasta 2030, pero puede que lleguen antes. Como la compañía es pública, lo vamos a saber a medida que vayamos monitoreando los balances", explica Javier Iguacel, director nacional de Vialidad,

La concesión de la Panamericana arrancó en 1994. El Estado nacional incumplió el contrato en 2002, con la pesificación, llevando a cientos de compañías a iniciar juicios en el Ciadi.

En 2006, Vialidad decidió un nuevo esquema en los contratos de concesionarios viales, que se aplicó con parches. "Fue una renegociación incompleta, que buscó una solución parcial y transitoria, de cara a una renegociación integral que se iba a realizar más adelante, en 6 meses, pero nunca se concretó", critica Iguacel.

En ese momento, se definió que la concesionaria tenía una tasa interna de recupero de la inversión (TIR) de 11,9% (anteriormente era 15,83%). Pero no se cumplió con la tarifa acordada y Ausol siguió cobrando menos de lo previsto en el contrato original.

En 2012 se crearon los recursos de asignación específica (RAE) que supusieron un incremento tarifario. Pero ese dinero fue para obras específicas y no para los ingresos del concesionario.

Ausol estuvo intervenida por la administración kirchnerista e incumplió el pago de una Obligación Negociable (ON). La firma anotó una larga racha de balances en rojo por el peso de los pasivos que no pudo pagar, según manifestó la empresa en comunicados bursátiles.

Tras aumentos autorizados por este Gobierno, cada auto paga $ 50 de peaje cada vez que utiliza Autopistas del Sol en un viaje realizado en hora "pico". Hay un descuento si se abona con "telepeaje" y el importe se reduce en horarios de menor circulación.

Los próximos pasos

Vialidad se encamina a solucionar las irregularidades administrativas que existían en las autopistas que ingresan a Buenos Aires desde el conurbano. Hace dos meses, firmó un entendimiento con Autopistas del Oeste. Ahora, acordó con Autopistas del Sol. Ambas bajaron juicios en el Ciadi.

El próximo paso es en la autopista Ezeiza-Canuelas. Allí, la concesión está en manos de Cristóbal López. Iguacel intimó a la empresa de López al pago de recursos de asignación específica (RAE), que el concesionario estaba incumpliendo, bajo el riesgo de quitarle la concesión. Aunque hubo contactos entre los abogados, Vialidad designó un interventor y no está conforme con el manejo de la firma de López.

Tanto en el caso de Autopistas del Oeste como en Autopistas del Sol, los acuerdos deben pasar Procuración General del Tesoro de la Nación y luego a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La siguiente etapa es la realización de audiencias públicas.

El riesgo país acentúa su baja y las empresas hacen cola para buscar capital

Por Javier Blanco - LA NACION

Se reactivan los planes para emitir deuda apenas Wall Street retome su ritmo habitual.

Los gerentes financieros de varias empresas locales, ya decididas a buscar capital en el mercado internacional, cuentan los días para que termine el verano boreal.

Con la tasa de riesgo país consolidando su tendencia bajista tras el efecto PAS0 (cerró ayer a 386 puntos, cayendo otro 2%, con lo que ya retrocede casi 12% en el mes) y la referencia de la tasa de interés a 10 años en Estados Unidos en 2,13%, algunos temen que el tradicional "parate" en los negocios de Wall Street, que suele congelar las emisiones en esta época del año, los haga perder una gran oportunidad.

Sobre todo, luego de que en las últimas ruedas de negocios quedó a la vista un marcado aplanamiento de la curva de spread de la deuda argentina respecto de los países calificados BBB en la región tanto en el tramo corto como en el medio (entre 5 y 10 años), que dejó a estos últimos en la zona del 2,5%, "zona de mínimos en el año, incluso por debajo de los niveles previos a las PASO", observó ayer Delphos Investment.

Los sondeos de mercado detectan una decena de emisiones en gateras por un total estimado en US$ 4000 millones. "Los más avanzados son los casos de Pampa Energía y MSU, que buscarían 500 millones de dólares cada una antes de octubre", explica Sebastián Maril, analista de Research for Traders.

Pampa Energía tiene en carpeta una emisión convertible en acciones (para la que dio mandato a Merrill Lynch, JP Morgan y Citi) y otra de un bono en dólares pagables con pesos (peso-linked), que había quedado postergada por la corrida que se disparó contra el peso antes de las elecciones primarias.

Que las principales emisoras en busca de fondos para financiar inversiones sean del sector energético no es casual. Es el sector de la economía más demandante de capitales. No en vano en la lista de los que analizan ese mismo camino de financiación también figuran Transener, Central Puerto y el Grupo Albenesi (que planea la reapertura de un bono a vencer en 2023), entre otros.

Se reabrió una ventana

Maril apunta que el momento de mercado es particularmente apto para planificar este tipo de operaciones, no sólo por las condiciones internacionales, sino por las evidentes señales de rebrote del apetito por el riesgo argentino que surgió tras los resultados de las PASO. "Hay un mercado hambriento por retornos atractivos como los que paga la Argentina en un mundo de tasas muy bajas. Y esto, a la vez, les genera oportunidades al país y a las empresas para refinanciar pasivos más costosos o buscar capital", observa.

Su colega Nicolás Chiesa, de Capital Balanz, agrega otro factor que seguramente incida para que aquellos que pueden busquen recurso en el mercado internacional: la renovada carestía de las tasas de interés locales en pesos. "Las empresas que puedan van a tratar de aprovechar la compresión de tasas que dejó el rally de los bonos largos en dólares de los últimos días para financiarse más barato. En especial porque, dado el nuevo apretón monetario, las tasas locales se han vuelto a encarecer", explica.

El dólar fue, vino y quedó igual

El dólar cerró estable ayer, tras haber iniciado la rueda acentuando el rebote de los últimos días. Pero cuando el billete en el segmento mayorista se volvía a acercar a $ 17,50 (tocó $ 17,48) una súbita reacción de la oferta cerealera lo hizo retraer hasta $ 17,40, para quedar sin cambios. Al público quedó a $ 17,66, 2 centavos arriba del cierre previo, tras haber llegado a $ 17,73.

Estamos en un buen momento para cambiar

Por Orlando J. Ferreres - LA NACION

Tenemos gran déficit fiscal, ya que sumando todos sus componentes llegamos al 8,1 % del PIB, una cifra difícil de manejar. Esto incluye el déficit primario nacional, el déficit de intereses, los déficits de las provincias y municipios, el déficit del sistema jubilatorio y el déficit cuasifiscal. 

Es muy importante tener claridad sobre el tamaño de la tarea emprendida para ver si vamos cumpliendo con nuestros objetivos.

Por ahora hablamos del déficit fiscal primario, que es la unidad más chica de esos déficits. Suma alrededor de 4,6 % del PIB del país y eso no nos tranquiliza, no es un resultado que esté en línea con lo que estamos calculando para el futuro.

¿Qué pasa con los otros desequilibrios? El total de estos cálculos es de 3,5 % del PIB (homogeneizando metodologías), una cifra relativamente grande, que va creciendo cada año. Con el 4,6 % más el 3,5 % de estos déficits llegamos al 8,1% que es el verdadero déficit fiscal que hay que financiar.

El desequilibrio futuro del sistema fiscal nacional es bastante peligroso y debe ser tenido en cuenta como primera prioridad, claro que sin olvidarnos de los otros déficits. Este número de 4,6 % del PIB es el que arrancamos en 2016 y, si bien hay varios intentos de reducirlo, para este ejercicio, sigue en el mismo nivel de 2016. Tendremos que hacer un ejercicio bastante importante para ir achicándolo de a poco, lo que no es nada fácil. Por ahora lo estamos financiando con deuda, pero no se podrá seguir así todo el tiempo.

Una de las variantes es bajar las alícuotas de los ingresos brutos que es uno de los principales impuestos de las provincias. Para ello, el ministro respectivo y sus directivos van a cada provincia una vez por semana para tratar de coordinar el apoyo de los diputados y senadores en relación a las leyes que hay que pasar. Este proceso está bastante avanzado aunque no se llegó a un acuerdo con todas ellas.

Otro ángulo adicional sería el de bajar o eliminar el impuesto al cheque y al depósito, es decir el impuesto a las actividades financieras, lo que si bien es bastante simple, significa una gran caída de recaudación para el gobierno nacional, que no tiene claro de qué manera sustituir esos recursos.

También se está hablando de ajustar por inflación los balances de las empresas de todo tamaño que hasta ahora no sufren ninguna corrección por inflación que permita moderar este tipo de impuestos. Esto sería un gran avance y debería también incluirse, entre otras correcciones, el valor de los terrenos, campos y oficinas que también ahora están sin ajuste.

También se está hablando de efectuar correcciones a las cargas sociales de los trabajadores, especialmente a las cargas patronales, cuyo resultado es muy elevado y desubica a la mayoría de los costos del país. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, dada la sensibilidad política de medidas de este tipo.

Se duplicó la población que tiene que cobrar las jubilaciones y estos cobros, en la medida en que vayan ocurriendo, van a crear un nuevo déficit en el sistema previsional argentino, tanto a nivel nacional como en las provincias que aún lo tienen. Este es un tema que no puede esperar. Lo mismo podemos decir con los sistemas de salud ya que hay varios que están próximos a presentar problemas de financiamiento.

Pronto se enviará al Congreso el presupuesto para el 2018 y ahí veremos si algunas de estas opciones se van condensar en proyectos de leyes, como pueden ser las que mencionamos u otras como las de reducción de los impuestos a la exportación de soja que se pospuso bajarlos por un año, pero luego se postergó y ahora tendremos que bajar en dos años lo que antes se lograba en uno.

Queremos ver lo que se puede hacer con nuestra parte fiscal para el futuro del país. Faltan solo meses para enfocar el resultado, aunque muchas cosas tendrán que esperar, pero no todas. Es fundamental seguir avanzando.

Argentina sigue al tope de causas ante el CIADI

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

NADIE LE SACA EL PRIMER PUESTO DE JUICIOS HISTÓRICOS EN CONTRA 

Hace una semana el organismo había resuelto un caso (Autopistas del Sol) pero se abrió uno nuevo por la nacionalización de las AFJP. La mayoría es por reestatizaciones y la salida de la convertibilidad. Sólo Maduro generó más litigiosidad.

La Argentina cerró el jueves pasado el juicio que la española Abertir, entre otros, mantenía contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la explotación de Autopistas del Sol. Sin embargo el país sumó el lunes un nuevo caso: el que MetLife inició por las nacionalizaciones de las AFJP durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto implica que el país mantiene el mismo nivel de litigiosidad abierta que hace una semana, y que ubica a la Argentina en el primer lugar histórico de causas en contra abiertas, y, hasta ahora, 100% perdidas o negociadas con un pago al litigante. 

Según el banco de datos del tribunal del Banco Mundial, se mantienen abiertos unos 11 juicios pendientes, mientras que se cerraron 43, con un total de 54 planteados en la historia del CIADI. En segundo lugar se ubica Venezuela con 43, seguido por España con 31, Egipto con 29 y México con 20. En este listado se destaca además la Argentina por ser el país que más juicios en contra tiene distribuidos en el tiempo a través de casi dos décadas y media, ya que el resto de los integrantes del listado acumulan causas en un tiempo limitado. Por ejemplo, el Gobierno bolivariano de Venezuela acumula en los últimos tres años un 60% de las causas planteadas por empresas internacionales. El 35% restante se iniciaron durante los tiempos de Hugo Chávez. 

La Argentina había logrado cerrar la semana pasada la causa iniciada por la española Abertis que reclamaba un resarcimiento de u$s359 millones por incumplimientos en la concesión de Autopistas del Sol, de la que detentaba el 31% de la sociedad. 

Según fuentes de la Procuración del Tesoro, que en estos tiempos maneja las causas, el país evitó con la renegociación tener que pagar unos u$s1.135 millones por los reclamos iniciados a la salida de la convertibilidad. Abertis, además, prometió al tener una extensión en los plazos de la concesión, una inversión importante en la autopista que alguna vez construyó y administró Franco Macri. 

Sin embargo la alegría duró poco y el lunes pasado el tribunal habilitó la demanda de MetLIfe por considerarse perjudicado por la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de noviembre de 2008. Así las cosas, todo quedó casi igual para el país ante el CIADI. 

El tema más ruidoso aún por definir es el juicio que Mobil abrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera. El caso nació porque Exxon Mobil planteó que la pesificación de 2002 y la posterior política petrolera argentina perjudicaron sus operaciones en la Argentina y se violaron los correspondientes tratados de protección de las inversiones firmados durante el Gobierno de Carlos Menem. Asegura la petrolera que perdió unos u$s50 millones en su operación de los campos petroleros Chihuidos, Neuquén (del que Exxon controlaba entonces el 51%) y de Aguarague, Salta (donde tenía el 23% ). 

Como "células dormidas", la demanda de la francesa Sauri, que explotaba el servicio de aguas en Mendoza, por unos u$s40 millones, también planteado ante el CIADI y a la espera de una negociación directa con la Argentina. En una condición distinta están los reclamos planteados por algunas gasíferas como Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que terminarían levantados según se comprometieron esas empresas cuando se aprobó la revisión tarifaria integral que rige desde el año pasado. 

Como curiosidad, a la Argentina le hace juicio ante el CIADI la nortamericana Enron; una compañía que en su país (y gran parte del mundo) es acusada de fraude y debió enfrentar una quiebra fraudulenta (la más grande en la historia de los Estados Unidos), que incluyó la caída del gigante de la auditoría, Arthur Andersen y prisión efectiva para muchos de sus directores. Sin embargo, en 2001 (el mismo año de su caída) se consideró perjudicada en la Argentina por la salida de la convertibilidad y le presentó un juicio en el tribunal del Banco Mundial por la explotación de Transportadora Gas del Sur (TGS), empresa que luego compró Pampa Energía. 

El último fallo recibido por la Argentina en el tribunal resultó negativo. Fue el que el fondo Burford Capital logró en la causa por la renacionalización de Aerolíneas Argentinas, por el cual obtuvo unos 140 millones de dólares, en una causa que adquirió en u$s13 millones al grupo español Marsans y que le reportó una ganancia del 980%. Por esta causa los exdueños de la aerolínea de bandera obtuvieron un ingreso casi inesperado de u$s230 millones ya que el fondo Burford sólo había comprado una parte de la causa y los derechos de litigar ante el tribunal internacional. 

El estado que más juicios acumuló en los últimos años es Venezuela; situación que se aceleró en desde que Nicolás Maduro llegó al gobierno al punto de amenazar con quitarle a la Argentina el primer puesto del ranking. En la mayoría de los casos se trata de denuncias originadas en el Gobierno de Hugo Chávez pero con juicios concretados durante el régimen de Nicolás Maduro, por violaciones a los tratados bilaterales de protección de inversiones. 

En este sentido, España y los Estados Unidos son los estados que más denuncian a Venezuela. Curiosamente, se comenta en el Banco Mundial, no hay muchas causas abiertas por las nacionalizaciones bolivarianas, ya que en estos casos se considera que los precios pagados en las indemnizaciones chavistas era justos, y, los más importante, al contado. Al parecer, maduro no tiene estas consideraciones. 

Sorprende en el top 3 de juicios ante el CIADI la presencia de España, 28 causas abiertas. Sin embargo hay una explicación técnica que lo justificaría. El reino debe enfrentar unos 27 juicios por la decisión tomada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de recortar ayudas financieras e impositivas a las energías renovables, lo que le valió un gran rechazo dentro de la Unión Europea y la consideración de varias empresas que había invertido en el sector desde los tiempos de José María Aznar de recurrir al tribunal del Banco Mundial. En mayo pasado se conoció el primer fallo a favor de una empresa privada, la británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que lograron un victoria por 128 millones de euros más intereses. Sin el afair de las energías renovables, España sólo tendría 4 juicios pendientes.

Cancillería busca financiarse con la venta de inmuebles diplomáticos

Por  EZEQUIEL CHABAY - Cronista.com

Logró que el resultado de las ventas se destine a la construcción de un edificio anexo al Palacio San Martín. Demoran definición sobre las propiedades en Washington

Con el aval de la Casa Rosada y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Cancillería avanza en un plan para desprenderse de sedes diplomáticas y otros inmuebles en el exterior y volcar los recursos de las ventas a la edificación de un complejo anexo al Palacio San Martín, donde nuclearán varios entes hoy dispersos.

El ministro Jorge Faurie tiene un equipo abocado al proyecto del kirchnerismo, concebido durante la gestión de Jorge Taiana y alumbrado en los papeles por Héctor Timerman. Se trata de la construcción de un edificio de 8 pisos y tres subsuelos en la parte posterior del Palacio San Martín, sobre la calle Basavilbaso, hoy empleado como estacionamiento.

El proyecto original fue a un concurso arquitectónico que en septiembre de 2010 se adjudicó el estudio Galvéz-Autunno. Sin embargo, el plan naufragó a merced de la sintonía fina (o ajuste) que impuso la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Ahora el proyecto volvió a flote.

Los planos presentados hablan de un complejo de 20.000 metros cuadrados y once pisos, con garage subterráneo, comedor, SUM y jardín maternal, junto con oficinas y dependencias como el Archivo y la Dirección de Asuntos Consulares. El secretario de Faurie nos llamó y nos dijo que tendríamos una reunión, reconoció al diario Santiago Autunno, socio del estudio. Si bien no se difundieron las cifras de su construcción, el proyecto estimaba hace seis años en u$s 20 millones. Hoy los costos son otros y podrían hacer del proyecto un 50% más caro.

Aunque no bastará para el total del proyecto, la Cancillería espera cubrir una parte con la venta de oficinas consulares, residencias diplomáticas y terrenos del Estado en Colombia, Brasil y el Uruguay. Los inmuebles que el Estado posee en Washington, Estados Unidos, por ahora quedan en stand by.

El Gobierno definió vender dos pisos de un edificio céntrico en Bogotá, junto con varios estacionamientos. También desea vender la residencia oficial del embajador en Brasilia, ubicada en el residencial barrio Lago Sul, que se halla deteriorado. La lista de bienes se cierra con la venta de un lote en Colonia del Sacramento y el antiguo Centro Cultural 19 de abril, ubicado en el barrio El Prado, de Montevideo.

Al mismo tiempo, Faurie decidió detener la enajenación de las propiedades que el Estado posee en Washington, tal como se había definido en la era Malcorra y con Martín Lousteau en el país del norte.

Faurie hizo saber a sus colaboradores que no permitirá que las propiedades estén sujetas al gusto del embajador de turno, en un claro distanciamiento con la venia que Malcorra le hizo a Lousteau cuando el ex embajador rechazó la residencia oficial sita en R Street y alquiló un departamento en otra zona del distrito de Columbia.

En la Cancillería prefieren hablar de un proyecto integral, que evalúa el destino que se dará a varios inmuebles que tienen un alto valor histórico y cultural: la residencia oficial, bastante deteriorada; un edificio sobre R Street, dedicado años a la Junta Interamericana de Defensa y hoy prácticamente abandonado, y los inmuebles dedicados al consulado y la misión permanente ante la OEA, todos en los alrededores de Dupont Circle, zona emblemática de la capital norteamericana.

El Gobierno prevé ahorrar $ 400 millones en obras para tres gasoductos (II)

Por  SANTIAGO SPALTRO - Cronista.com

El Ministerio de Energía quiere mostrar la gestión y eficiencia que denuncian que le faltó a Julio De Vido. Solamente 6 de 18 ofertas están por encima del Presupuesto.

En un nuevo acto de diferenciación con la gestión anterior, el Gobierno comunicó que prevé ahorrar casi $ 400 millones con respecto a lo presupuestado en la licitación para el montaje de cañerías en tres gasoductos, que habilitarán el acceso de 140.000 usuarios a la red de gas natural.

"Se debe destacar también que los valores ofertados en dólares equivalente por pulgada / metro resultan a su vez inferiores a lo contratado por el Estado Nacional en obras de características similares durante la gestión anterior. Las diferencias observadas, dependiendo de la zona, llegan hasta un 50% menos", informó el Ministerio de Energía, que la semana pasada recibió las ofertas económicas de esta parte del proceso, la más cara del proyecto. El Presupuesto oficial es de $ 2573,8 millones, sobre un total de $ 4078 millones, en los que se incluyen la compra y montaje de motocompresores y de caños de acero en los gasoductos Regional -Centro II, el Cordillerano - Patagónico y el de Tandil -Mar del Plata y la Costa.

De las 18 ofertas presentadas por siete empresas, 12 se ubicaron por debajo de lo estimado por el Gobierno. Es por eso que en las esferas oficiales creen que podrán obtener un ahorro global cercano al 15%; es decir, de unos $ 386 millones en esta etapa del proceso licitatorio.

En la obra del Gasoducto Regional - Centro II, que sumará 34.000 usuarios a la red en las localidades santafesinas de Recreo, Rafaela y Sunchales, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Sacde - TGS, que pertenece al empresario Marcelo Mindlin le adquirió este año Iecsa a Ángelo Calcaterra, el primo del Presidente ofertó por $ 946,9 millones y fue la única que estuvo por debajo del Presupuesto oficial, de $ 1020,9 millones. Así, se perfila con mejores chances que Techint ($ 1106,8 millones) y BTU S.A. ($ 1123 millones).

La expansión de los gasoductos de la Costa y Tandil - Mar del Plata, que agregaría 84.500 usuarios y para el que se estimó en esta etapa un gasto de $ 416,6 millones, es la única obra que concentró el interés de las siete empresas. Techint presentó la oferta más alta ($ 477,4 millones) y Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., la más barata ($ 373,3 millones). En el medio, Mindlin compite con $ 399,2 millones.

La ampliación del Sistema Cordillerano - Patagónico, que promete adicionar 22.000 usuarios en una zona de difícil acceso, concentró el interés de BTU, con una exagerada propuesta de $ 951,3 millones, mientras que Víctor Contreras y Contreras Hermanos pidieron $ 677,5 millones y $ 613,1 millones, respectivamente, para quedarse con la obra que el Gobierno pautó en $ 693,1 millones.

Por último, solamente Techint y la UTE Bahisa-Peitel-Coninsa no participarán en la obra de refuerzo del Gasoducto Cordillerano, entre las localidades neuquinas de Plaza Huincul y Piedra del Águila. Allí, la propuesta más barata fue de Víctor Contreras ($ 246,7 millones) y la única fuera de Presupuesto fue, una vez más, de BTU ($ 474,6 millones, contra $ 443,1 millones calculados oficialmente).

La semana pasada, Energía firmó un contrato de u$s 8.161.307,11 con Industrias Juan F. Secco S.A. para la provisión de motocompresores. En julio, se adjudicaron a Siat y Siderca (dos firmas de Techint) y Royo las compras de caños de acero, y se descartó al gigante chino Sinopec.

Esperan recaudar US$ 100 millones con la venta de un campo del Ejército (II)

Por Fernando Bertello - LA NACION

Son 8267 hectáreas en Córdoba; para evitar la concentración en pocos compradores, habrá condiciones especiales

Vista aérea del campo del Ejército, en Ordóñez, provincia de Córdoba. Foto: Archivo 

El Gobierno buscará recaudar 100 millones de dólares con la subasta pública de 8267 hectáreas, sobre un total de 12.400 hectáreas que tiene un campo del Ejército en Ordóñez, en el sudeste de la provincia de Córdoba.

El establecimiento del Ejército se llama General Paz de Remonta y está ubicado sobre la ruta 6, no sólo en un lugar de buenas tierras, sino equidistante de diversos puntos, por ejemplo, a 246 kilómetros de Rosario, a 254 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a 102 kilómetros de Marcos Juárez y a 182 kilómetros de Venado Tuerto.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó precios por lotes. En rigor, se venderán 47 lotes de entre 50 y 370 hectáreas. A modo de ejemplo, para un lote chico, de 69 hectáreas, se puso como valor base 883.903,68 dólares. En tanto, para la subasta de 371 hectáreas se estableció un precio base de 3.453.940,13 dólares.

De los ingresos que se generen con el campo, el 70% irá para el Ejército (que además se quedará con las hectáreas que no se subastarán), mientras que el 30% restante de los fondos por la venta irá a parar a las arcas del Tesoro nacional.

Según informaron en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo que está detrás del proceso y que preside Ramón Lanús, las subastas se harán en dos partes y tendrán lugar en la Sociedad Rural de Bell Ville, ciudad cercana a Ordóñez.

La primera venta pública, con 20 parcelas de entre 50 y 150 hectáreas, será el 9 de noviembre próximo. En tanto, la segunda, con 27 parcelas de entre 150 y 370 hectáreas, será el 7 de diciembre.

A partir de mañana, los lotes estarán disponibles para su exhibición. En el pliego de la subasta se establecieron distintas condiciones. Entre ellas resalta una preocupación del Gobierno para evitar una concentración de la compra en pocas manos.

"A efectos de evitar la concentración de lotes en cabeza de un mismo comprador, la AABE estableció límites de adquisición: cinco lotes, para el caso de que el interesado fuera una cooperativa cuyo objeto principal fuera la explotación de la actividad agropecuaria, y dos lotes, para los restantes tipos de interesados", indica un informe del organismo.

Además, quien compre un lote no lo podrá revender durante un plazo estipulado en diez años.

Hay financiamiento disponible para la adquisición de las tierras. De acuerdo con el organismo que administra los bienes del Estado, se trata de líneas de créditos del Banco de la Nación Argentina y del Banco de Córdoba.

"Luego de seis meses de trabajo junto a entidades agropecuarias como Federación Agraria, Cartez y Coninagro, productores locales, legisladores provinciales y el intendente de la municipalidad de Ordóñez, se logró consolidar un proyecto que resultará beneficioso para la comunidad", indicó Lanús.

El presidente de la AABE señaló que con la venta se apunta a generar desarrollo regional y que puedan participar en ella tanto pequeños como medianos productores.

"Con este proyecto, estamos generando políticas activas de transformación productiva enfocadas en sectores con problemas de competitividad, como los pequeños y medianos productores", indicó.

"El foco de la venta es alentar el desarrollo productivo en la zona, para favorecer el acceso por parte de pequeños y medianos productores a tierras hoy subutilizadas, con la intención de permitir el crecimiento de las economías regionales y generar empleo genuino", agregó.

Según el organismo, en 2015 había 19.600 inmuebles registrados en el país y en el exterior. Hoy son más de 60.000. "Los inmuebles que están a la venta representan menos del 0,15% sobre el total inventariado (60.000)", afirmó.

El Gobierno frenó en Nueva York otro juicio contra la Argentina por YPF

(Telam) - La jueza Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por Argentina ,al conceder un amparo (stay) y frenar la causa. El fondo de inversión Eton reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

La jueza neoyorquina Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por el gobierno argentino durante una audiencia celebrada en junio pasado, al conceder un amparo (stay) y frenar la causa iniciada por el fondo de inversión Eton por la expropiación de YPF concretada en el 2012, en la que reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

Fuentes oficiales informaron a Télam que la decisión de la jueza Preska fue comunicada el miércoles pasado a los abogados que representan al país.

En torno a la expropiación de YPF existe otra causa iniciada por el fondo de inversión Buford, por U$S 3.000 milllones, en la que aún se encuentra pendiente una decisión de la justicia neoyorquina.

"Argentina es el ejemplo para la solución de problemas complejos", dijo el presidente del Banco Mundial

Por Silvia Mercado - smercado@infobae.com - Infobae.com
Contundente respaldo de Jim Yong Kim al proceso de reformas en el país. Anunció 2000 millones de dólares de créditos para el 2017. La clave es el gradualismo. "No están apurados", dijo.

Foto: Adrián Escandar

Jim Yong Kim sorprendió a los periodistas reunidos en el Salón de Conferencias de la Residencia Presidencial de Olivos hablando en español. El presidente del Banco Mundial, nacido en Corea del Sur y criado en los Estados Unidos, estudió medicina y, de muy joven, hizo sus primeras prácticas en los barrios humildes de Lima, Perú, combatiendo un brote de tuberculosis particularmente resistente a los tratamientos tradicionales. Allí aprendió el idioma de Cervantes y hoy lo practicó, leyendo, pero mostrando una especial vocación de empatía con los argentinos.

Salía de una reunión que se realizó en el despacho que Mauricio Macri tiene en Jefatura, donde también estuvieron el canciller Jorge Faurie, el ministro de Finanzas Luis Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. Llegó a la conferencia de prensa a bordo de un carrito de golf que manejó el propio Presidente. En el  mismo vehículo y con el mismo chofer se retiró para ir al almuerzo que se sirvió en el chalet que es la vivienda de la familia presidencial, donde devoró un sabroso corte de carne argentina.

El presidente del BM estaba ansioso por venir a la Argentina. Ya se había reunido dos veces con Macri. La primera, apenas llegó a la Presidencia, enero de 2016 en Davos, y la segunda vez cuando el Presidente viajó al Cumbre del G-20 en China. Desde el comienzo quedó impactado con el triunfo de Cambiemos en las elecciones y quiso conocer al "hacedor del milagro". De hecho, el BM mostró su acompañamiento al proceso de transformaciones aprobando para el período 2016-2017 líneas de créditos por más 3000 millones de dólares para el sector público y para el privado.

Pero a esta visita vino con más. Renovó el respaldo a la Argentina anunciando hoy un nuevo tramo de créditos para el período 2017-2018 de otros 2000 millones de dólares en créditos para el sector público (1000 millones) y el privado (los otros 1000 millones), tanto en infraestructura, energía renovable y hábitat, que son obras de urbanización en villas y asentamientos, promoviendo un acceso a la vivienda digna y regularizada dominialmente.

"Este es uno de los países por los que estamos haciendo mayor esfuerzo", reconoció Kim, explicando que "el objetivo es que en los próximos 15 años el 5% del PBI nacional sea invertido en satisfacer demandas de infraestructura en el marco de un desarrollo integral" de la comunidad. Y agregó: "a las personas que piden ejemplos de solución a problemas complejos, les decimos que miren a la Argentina".

Además explicó cuál es la clave del atractivo que tiene el plan de reformas de la Argentina: el gradualismo. "No se están apurando demasiado (en realizar las reforma económicas) para no perjudicar a los más vulnerables".

Kim recordó que el primer proyecto que el Banco Mundial tuvo en la Argentina fue en 1961, financiando el trazado y la construcción de rutas. Desde entonces, tuvieron centenares proyectos destinados al desarrollo, pero el financiamiento que está otorgando en esta etapa es inédito, respaldando proyectos como la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para 1.500.000 de personas más a partir de junio de 2016, 480 millones dólares para energía renovables, 1000 millones de dólares para el sector privado, entre otros.

Hacía 25 años que un presidente del BM no visitaba la Argentina. "Señor Presidente, usted ha emprendido reformas difíciles para estabilizar la economía, abrir Argentina al mundo y aumentar la transparencia, y esas reformas están sentado las bases que ayudarán a una mayor inversión y creación de empleo de manera sostenible", dijo frente a un Macri exultante.

Ya a la hora de las preguntas, ante una consulta sobre su opinión en torno a las consecuencias que puede tener en la inversión económica la decisión de la CGT de convocar a una movilización de protesta para el 22 de agosto, Kim dijo que "el Banco Mundial tiene prohibido involucrarse en asuntos domésticos, pero puedo comentar las palabras del presidente Xi Jinping (en el sentido de que) el sistema de mercado global es el océano en el que todos nadamos y Macri está leyendo lo que pasa en ese océano de forma perfectamente adecuada".

Y finalizó: "hay 40 trillones de dólares ociosos en el mundo buscando multiplicarse". Dependerá de nosotros, los argentinos, de generar las condiciones para que puedan aterrizar en estas costas.

El Gobierno pacta con los gobernadores contener el gasto y el empleo público

Por Francisco Jueguen - LA NACION

Camino a la reforma tributaria, consensuaron un proyecto de responsabilidad fiscal.

Dujovne recibió ayer a los ministros de Hacienda provinciales. Foto: Ministerio de Hacienda

Es el primer ladrillo camino a la reforma tributaria que el oficialismo espera presentar en el Congreso el año que viene y que reclama todo el sector empresario. Luego del éxito en las primarias el domingo último, el Gobierno selló ayer un consenso para licuar el elevado gasto provincial y contener el empleo público, claves del défcit estructural que viven esos distritos desde hace años.

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cerró ayer un acuerdo con sus pares provinciales para enviar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. Ese consenso fue alcanzado al mediodía tras la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. "Quiero resaltar la importancia que significa para la Nación y para todos los argentinos que podamos alcanzar este acuerdo para una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal", afirmó Dujovne al dar inicio a la reunión, según un comunicado enviado ayer a los medios de prensa. "Llegar a un consenso nos beneficia a todos, es una muestra de que trabajando juntos podemos conseguir resultados para todos los argentinos", agregó el funcionario.

El acuerdo fue firmado por Dujovne, en representación del Gobierno y los ministros de Hacienda de las provincias. Por parte del Estado Nacional también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, el subsecretario de Presupuesto, Alejandro Gallego, el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, y la coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, Patricia Farah.

No todas las provincias firmaron el acuerdo, según contaron a LA NACION, fuentes de Hacienda. La Ciudad de Buenos Aires y La Pampa no forman parte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Entre los que se negaron a firmar están Catamarca y Santa Cruz, contaron.

Según el proyecto, al que accedió este medio, hay cinco claves. La primera indica que todas las jurisdicciones del país [los firmantes] deberán mantener constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes).

En segundo término, el gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción. Este dato será aportado no por las direcciones provinciales, sino por el Indec, según el proyecto de ley.

Tercero, se crearán Fondos Anticíclicos Fiscales. Los mismos serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia. 

Cuarto, se incorpora pautas de fin de mandato, que servirán para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. 

Quinto, no se aumentará la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.

Por otro lado, en el nuevo articulado de la ley también se afirma que los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el quince por ciento (15%) de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios". En caso contrario, "aquellas jurisdicciones que superen el porcentaje citado en el artículo anterior no podrán acceder a un nuevo endeudamiento".

¿Cuáles serán las sanciones para los incumplidores? La divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, de la Ciudad y del Gobierno, en un apartado especial creado a tales efectos; la restricción del derecho a voto en el Consejo, la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno y la limitación de las transferencias presupuestarias del Gobierno con destino a las jurisdicciones que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática.

Los países de América Latina que tienen más deuda externa (y por qué es preocupante)

Redacción BBC Mundo
La lista de países con más episodios de impagos o reestructuraciones de deuda tiene una fuerte presencia latinoamericana.


Foto: ROMOLO TAVANI

"Deuda externa" son dos palabras que no traen buenos recuerdos en América Latina. Desde inicios de los 80, la región han vivido distintas crisis relacionadas con ella y el miedo a que se repitan aún no se ha disipado del todo.

No en vano en la lista de países con más episodios de impagos o reestructuraciones de deuda hay una fuerte presencia latinoamericana en las primeras posiciones: Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, México, Costa Rica, Chile y Paraguay, entre otros.

El año pasado, la deuda externa bruta en América Latina (tanto privada como pública) ascendió a US$1,47 billones. Eso es casi un 80% más que en 2009, según los datos publicados la semana pasada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).


Foto: ANDREY POPOV Algunos expertos alertan de una burbuja en los bonos.

Estados y empresas han abrazado en los últimos años una política de endeudamiento que ya empieza a alarmar a algunos expertos. Algunos alertan de una burbuja, ya que la inestabilidad del mercado ha hecho que los inversores se vuelquen en activos más seguros, como los fondos soberanos.

"Estamos ante un problema de exceso de deuda pública a nivel mundial", aseguró a BBC Mundo Juan Ignacio Sanz, profesor de Banca y Mercado de Valores de la escuela ESADE Law School.
"Durante la crisis, Reino Unido, Estados Unidos, Europa y Japón fueron los territorios que más se endeudaron mientras que Latinoamérica estaba por debajo de la media", explicó.

"Pero la tendencia ahora en todos los países es al crecimiento del endeudamiento en general porque hay una sensación de riqueza", afirmó Sanz. En su opinión, las naciones de la región están "cometiendo los mismos errores" que estos Estados desarrollados, que acumulan deudas públicas por encima del 70% de su Producto Bruto Interno (PIB), en vez "aprender de ellos".


La agencia S&P elevó en julio la calificación de la deuda soberana mexicana de "negativa" a "estable".

En América Latina, estos porcentajes son menores. Pero los inversores la consideran una zona de riesgo así que le exigen rentabilidades mayores.

BBC Mundo te cuenta cuáles son los países de la región con las deudas externas más grandes en el sector público.

México: US$180.986 millones
La nación norteamericana es la que más deuda en bonos acumula, según la Cepal. El agujero no ha dejado de crecer en los últimos años y en 2016 ascendió a US$180.986 millones. Una cifra que casi duplica la de 2009. Un comportamiento del que el sector privado se ha desligado. El endeudamiento de este se redujo en los dos últimos años cerca de un 4%.


México ha duplicado su deuda externa pública desde 2009.

En general, la deuda soberana de México, tanto dentro como fuera del país, oscila en torno al 45% según la agencia Standard & Poor's (S&P), que el pasado mes de julio mejoró su calificación.
La cambió de "negativa" a "estable" al considerar que las autoridades actuaron "rápido" ante golpes sufridos por su economía, como la depreciación que sufrió su moneda a finales del año pasado ante el triunfo de Donald Trump.

"El problema de México es que depende mucho de Pemex, que aportaba aproximadamente el 30% de los ingresos presupuestarios al gobierno federal", explicó a BBC Mundo el profesor del área de Economía de la escuela de negocios española IE Business School, Juan Carlos Martínez Lázaro.
La caída del precio del petróleo, de más de un 50% en los últimos tres años, y la mala gestión de la petrolera estatal han provocado un "agujero fiscal importante", según el experto.

La deuda externa de México equivale a 18,3% de su Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Cepal.

Venezuela: US$132.156 millones

El país más afectado por el abaratamiento del petróleo es Venezuela. Su deuda pública externa ha aumentado de forma continua y en 2016 se situó en US$132.156 millones, según la Cepal. Esto supone casi un 10% más respecto al año anterior, pero cerca del doble si se compara con los niveles de 2009.

Los rumores de que Venezuela dejará de pagar la deuda son hoy más fuertes que nunca.

Los rumores de que el país se declare en default y deje de pagar sus compromisos cada vez son más fuertes. Este 2017, será el único país de América Latina cuya economía no crecerá, sino que se contraerá un 7,2%.

Pese a esto, el gobierno ha conseguido hasta ahora abonar sus cuotas. "Venezuela está priorizando el pago de la deuda porque el régimen sabe que es lo único que lo puede mantener: no caer en default", afirmó Martínez Lázaro. "Por eso su situación social es explosiva, porque han tenido que reducir las partidas que usaban para generar clientelismo", añadió. "Es absolutamente un disparate porque incluso en los años en que el petróleo estaba a más de US$100, el déficit público ya era importante". "Ni con todo el dinero que ingresaba eran capaces de tener unas cuentas públicas equilibradas".


La caída del precio del petróleo ha afectado las cuentas de Venezuela.

Ante un riesgo de impago tan elevado, el país sudamericano ofrece altas rentabilidades para atraer a inversores y destina la mayor parte del dinero a pagar otras deudas en un bucle que tanto Martínez Lázaro como Sanz consideran "insostenible" a largo plazo. Según cálculos de la Cepal, la deuda externa de Venezuela equivale a 21,7% de su PIB.


Brasil: US$130.274 millones

El gigante sudamericano logró reducir su deuda pública externa un 6,3% desde 2014 hasta los US$130.274 millones que registró el año pasado. Aún así, esta cifra supuso un incremento del 68,5% en sólo un lustro. Estos compromisos externos de Brasil representan 7,8% de su PIB.

Si se tiene en cuenta la deuda externa del sector privado, Brasil es el país con la deuda más grande del bloque regional, ya que ambas suman US$321.297 millones. Su economía se recuperará este 2017 de dos años consecutivos de recesión.

La economía de Brasil sólo crecerá un 0,4% este año. Pero, según la Cepal, el crecimiento será de apenas 0,4%, por lo que difícilmente habrá una reducción grande de la deuda. Como recuerda Sanz: "Lo importante es saber cuál es el destino de esa deuda, si es para invertir en infraestructuras o sectores que van a generar empleo, está bien".

Argentina: US$95.304 millones

El presidente Mauricio Macri cerró su primer año de gobierno con una deuda externa en el sector público de US$95.304 millones, un 13,6% más que el ejercicio anterior. La deuda externa equivale a 7,8% de su Producto Interno Bruto.

El mandatario heredó del gobierno anterior un conflicto con acreedores holdout, fondos buitres que se negaron a renegociar la deuda con los Kirchner cuando el país estaba en default y a los que la justicia respaldó. "Macri ha conseguido generar una confianza que ha permitido que Argentina retorne a los mercados de deuda", aseguró Martínez Lázaro.

La nación sudamericana estuvo en la lista de países en default hasta abril del año pasado, cuando abonó US$9.300 millones a los holdout.

Argentina ha aumentado su deuda para pagar a los holdout.

Desde entonces, el gobierno ha emitido deuda por más de US$30.000 millones. Esta incluye un bono por US$2.750 millones a pagar en 100 años acordado en junio. El país nunca lo había hecho por un plazo tan largo. "Si alguien me hubiera dicho eso hace una tres años, no me lo hubiera creído", comentó Martínez Lázaro.