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lunes, 16 de mayo de 2016

Boudou falseó facturas para justificar viáticos

Amado BoudouPor Hugo Alconada Mon, Luisa Corradini - LA NACION
Presentó recibos apócrifos de gastos de hotel en París y coberturas de TV


Amado Boudou. Foto: Archivo

PARÍS.- La factura lleva el número 83.167 y es por 9395 euros. Unos 160.000 pesos al tipo de cambio actual. Corresponde a la estadía del entonces ministro de Economía Amado Boudou en el hotel Bel Ami de París, entre el 17 y el 21 de febrero de 2011, donde asistió a un encuentro de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20.

El primer problema es que ese documento es falso. El segundo -y más grave- es que se trata apenas de una de las muchas facturas apócrifas de una de las más altas autoridades del país y responsable del dinero de los contribuyentes, según verificó LA NACION en esta capital y en Buenos Aires.

Los ejemplos se acumulan. Dos meses antes, Boudou también había pasado por esta ciudad y se hospedó en el mismo hotel, entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010, para una reunión del Club de París. La factura que presentó en el Palacio de Hacienda ascendió a 19.937 euros.

Son casi 340.000 pesos al tipo de cambio vigente hoy. Y fue -según consta en el texto- pagada en efectivo, una práctica prohibida en Francia cuando se trata de sumas importantes. Esa factura N° 88.636, de diciembre de 2010, lleva curiosamente un número posterior a la de febrero de 2011. También es falsa.

El Bel Ami es un establecimiento cinco estrellas ubicado en el corazón del Barrio Latino, a escasos pasos del célebre Café de Flore, lugar donde solían reunirse las grandes figuras del existencialismo francés a mediados del siglo XX. Moderno, cómodo, discreto y acogedor, el hotel está lejos de responder al nivel de un "palace", donde el precio de las habitaciones supera fácilmente los 3000 euros. En el Bel Ami, la suite más cara cuesta 1130 euros por día. Y no era ésa la que solía ocupar el entonces ministro.

"Todo lo que figura en estas facturas es absolutamente inverosímil en un hotel de cinco estrellas como el nuestro: el pago en efectivo, la ausencia de cantidad de habitaciones ocupadas, la inexistencia de IVA (TVA, según sus siglas en francés) en una de ellas, la omisión del impuesto a la estadía (taxe de séjour) en otro de los casos, la inclusión de los vehículos con chofer que jamás figuran de ese modo y hasta la forma absurda de listar ese servicio, el cual denominan «auto» en vez de «location de voiture»", constató con asombro uno de los principales responsables del establecimiento en declaraciones a LA NACION.

Pero todos esos errores, en verdad, tienen relativa importancia. La realidad es que "esas facturas simplemente no existen", resumió la misma fuente, después de controlar los archivos informáticos del hotel. Con su autorización, uno de sus empleados mostró a LA NACION en la pantalla de la recepción que ambos números de factura corresponden a otros huéspedes. "Tiene que haber un error.

El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros", concluyó consternado. Durante la investigación, y para comparar en forma independiente el sistema de facturación del hotel con los documentos presentados por Boudou, LA NACION también se alojó una noche en el Bel Ami.


Las dos facturas que presentó el ex ministro comparten algo más. Fueron refrendadas con su firma por el entonces "jefe de Secretaría Privada" de Boudou, Eduardo Romano, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. Conocido en Mar del Plata como "Cachi", es uno de los mejores amigos de "Aimé" y luego pasó a integrar la planta del Senado con la categoría 1, la más alta y mejor paga del escalafón.

Ambos, Boudou y Romano, acumulan antecedentes judiciales. El ex vicepresidente se encuentra procesado por su rol en el caso Ciccone, se encamina al juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto y en diciembre pasado afrontó un pedido de indagatoria por la presunta adulteración de su DNI.

"Cachi" Romano, por su parte, también debió declarar ante la Justicia por el caso Ciccone, pero para explicar dos llamadas que recibió de un teléfono asignado a Alejandro Vandenbroele y porque su tarjeta de negocios fue encontrada en la planta de Ciccone Calcográfica durante un allanamiento. Antes, en junio de 2012, fue indagado en Mar del Plata por el presunto cobro de subsidios fiscales irregulares.

Una y otra vez, Romano fue el encargado de rendir las cuentas de los viajes de Boudou como ministro de Economía y, después, como vicepresidente de la Nación. Y las irregularidades se acumularon, según reconstruyó LA NACION.

Otras facturas de otros viajes de Boudou también resultan llamativas. Es el caso de, por ejemplo, la que emitió la firma TVT (Televisión Turística de América SA) el 28 de septiembre de 2010 por la "cobertura fílmica de la participación del señor ministro de Economía de la Argentina en la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York".

Refrendada, como las anteriores, por "Cachi" Romano, la factura que emitió TVT por seguir a Boudou un par de días durante su viaje por Nueva York ascendió a 5000 dólares (unos 60.000 pesos al cambio actual). Pero lo hizo a pesar de que el ministro integraba la comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con cobertura a cargo de la productora La Corte.

No sólo eso. La firma TVT que facturó por cubrirlo en Nueva York es de Cancún, México. La factura 0524 se redactó a mano. Y aparecen dos números de teléfono que hoy no funcionan, como también una página de Internet que tampoco se encuentra activa. La productora es hoy, en sí, inhallable.

sábado, 14 de mayo de 2016

Descubren un desarmadero, donde preparaban autos de alta competición

(La Nación) - Funcionaba como un supuesto taller; secuestraron tres coches de carrera, uno de ellos de origen alemán de alta gama, además de 140 autopartes de dudosa procedencia
Uno de autos hallados en el desarmadero ilegal
Uno de autos hallados en el desarmadero ilegal. Foto: M. de seguridad

El taller mecánico, donde se preparaban y reparaban vehículos de alta competición, en el barrio de Mataderos, era en realidad un desarmadero de automóviles, donde detectives de la Policía Federal secuestraron 140 autopartes ilegales.

En el allanamiento, realizado en por personal de División de Sustracción de Automotores y de la Dirección de Desarmaderos del Ministerio de Seguridad, los policías también secuestraron tres autos de carrera, uno de alta gama, un BMW, un Fiat Uno y un Corsa con numeraciones adulteradas, entre otras irregularidades, según lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. "Los autos de competición corresponderían a la categoría Turismo Internacional, categoría promocional del automovilismo nacional que este fin de semana la clase dos y súper disputarán la cuarta fecha en el Autódromo Oscar y Juan Galvez", agregaron los voceros consultados. El taller mecánico funcionaba en Larrazábal al 1900. La causa judiciales está a cargo del juez de instrucción porteño Luis Schelgel.

De las 140 autopartes secuestradas, según explicaron las fuentes del caso, hay 26 puertas, seis cajas de velocidad, cinco bastidores de motor, cuatro capots, 11 espejos retrovisores, 36 ruedas y ocho llantas, varios semiejes y tanques de combustible, entre otros elementos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: "La lucha contra este tipo de delitos es muy importante por la violencia que generan los robos de autos. Ahora pudimos secuestrar una cantidad de documentación que nos permitirá ir a fondo en la investigación". Por su parte, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, explicó: "Detrás de estos talleres hay toda una cadena de robos, desarme y venta de autopartes que seguiremos desarticulando".

miércoles, 11 de mayo de 2016

Corrientes: detienen a un ex gobernador

Por Alfredo Zacarías (Clarin.com)
Se trata de "Tato" Romero Feris. Deberá cumplir siete años de prisión.


Foto de archivo del ex gobernador Tato Romero Feris.

El ex gobernador e intendente de Corrientes Raúl Rolando “Tato” Romero Feris fue este martes detenido por orden del Tribunal Oral Penal número 2 de Corrientes que unificó la sentencia de tres causas en su contra y le dicto doce años de prisión, de los cuales ahora deberá cumplir siete años y siete meses. Romero Feris había sido citado el pasado jueves por el Tribunal para que se presentara ante el Juzgado de Ejecución de Condenas a los efectos de quedar detenido y ser alojado en algún lugar donde deberá cumplir la pena que está fijada desde 2012, pero que recién ahora el Tribunal la ordenó cumplir.

El plazo para su presentación venció el lunes. Pero Romero Feria apeló a un certificado médico que le diagnosticaba un cuadro de abdomen agudo para evitar ser detenido. Tras comprobarse que igualmente podía ser conducido a un lugar de detención, la justicia le otorgó hasta la mañana del martes para que se presentara voluntariamente, algo que tampoco hizo.

Cuando un grupo se efectivos policiales llegó este martes a su casa para detenerlo, fueron informados que se encontraba internado en un céntrico sanatorio de Corrientes al que había concurrido por su voluntad. La juez de ejecución de condenas ordenó entonces su detención en ese lugar hasta que se resuelva su supuesta situación médica, algo que resolverían los forenses, para luego trasladarlo a un lugar de detención.

El ex hombre fuerte de Corrientes, fue presidente de Confederaciones Rurales Argentina, CRA, ministro de hacienda de la provincia, dos veces intendente de la Capital y gobernador de la provincia entre 1993 y 1997, además de fundador del hoy casi desaparecido Partido Nuevo tras escindirse del otrora poderoso Partido Autonomista. Recibió varias condenas por delitos de corrupción durante su gestión como intendente de la Capital, cargo que ocupó entre 1997 y 1999 luego de abandonar la gobernación de la provincia y de donde fue desplazado por una intervención dispuesta por la Legislatura Correntina en el marco de una profunda crisis provincial política y financiera y que arrastró también al por entonces gobernador Pedro Braillard Poccard.

Desde 1999, Romero Feris cumplió tres años y medio de prisión mientras era juzgado por causas en la que se investigaba la rendición de fondos municipales con facturas de empresas inexistentes y el desvió de fondos de obras que ni siquiera se llegaron a concretar en la dimensión que se hizo figurar.

Además de las condenas a prisión, Romero Feris recibió la pena de inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, una sentencia contra la que lucha desde aquella época con la intención de volver a tener injerencia en la vida política provincial, algo que logró a medias en los últimos años en alianza con distintas fuerzas políticas, lo que le permitió colocar a su esposa, Nora Nazar como legisladora provincial.

domingo, 8 de mayo de 2016

Investigan si se robaron armas de los depósitos del RENAR

Por Daniel Santoro - Clarin.com
La titular de ese organismo empezó un inventario. Si confirma faltantes, formulará una denuncia penal.


Hoy por hoy el Registro Nacional de Armas (RENAR) -el organismo encargo de controlar las armas de fuego- no sabe a ciencia cierta cuántas armas tiene en resguardo debido al, por lo menos, desorden que las nuevas autoridades heredaron del kirchnerismo.

Pero lo más grave es que se sospecha algunas armas automáticas, como ametralladoras Halcón o de grueso calibre fueron robadas de los propios depósitos del RENAR y vueltas al mercado negro. Había sido un robo hormiga. Por lo menos, un par de armas que estaban bajo custodia de ese organismo fueron usadas en crímenes comunes en Formosa y Misiones. Además, en el 2012 se había robado “entre 120 y 200 armas cortas” del depósito que tenía antes el RENAR en su sede central de Bartolomé Mitre al 1.500. Este caso lo está investigando el juez federal Sebastián Casanello por una denuncia del propio RENAR.

Luego de que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner afirmaron haber retirado “300 mil armas sin registrar” de la sociedad civil a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el problema es el mercado negro de armamento (Ver recuadro). Las fuentes de este mercado son el contrabando o el robo hormiga al RENAR, a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. Todo agravado con el hecho de que bandas de narcotraficante usan, cada vez, armas automáticas más sofisticadas de procedencia extranjera. Según un informe del ministerio de Salud, en el país mueren ocho personas por día por el uso de armas de fuego.

Ante aquella situación, la nueva titular del RENAR, Natalia Gambaro, pidió por escrito un inventario que detalle cuántas armas están secuestradas, retenidas a la espera de una resolución judicial o a la espera de ser destruidas y la respuesta del Coordinador de Gestión Técnica y Resguardo de Materiales Controlados, Pablo Balza, fue que “me encuentro imposibilitado de hacerlo por falta de recursos idóneos”. De Balza depende el Banco Nacional de Material Controlado (BANMAC), ubicado en la localidad bonaerense de San Martín, donde están las armas almacenadas, y otro depósito que se encuentra en Boulgone dentro de un predio militar. Se trata del hijo del ex jefe del Ejército, general Martín Balza.

Pesa a que Cristina Kirchner inauguró, el año pasado, con bombos y platillos el BANMAC junto al titular del RENAR y entonces candidato a intendente de San Fernando por La Cámpora, Matías Molle, Gambaro encontró el depósito en un desorden total (Ver foto).

En una disposición interna número 001/2016, Gambaro solicitó a la Escribanía General de la Nación que “arbitre los mecanismos de preservación que fueran necesarios para mantener la inalterabilidad de los lugares de resguardo del material controlado”. Así se procedió a inspeccionar y fajar los depósitos con armas. Además, se pidió a los ministerios de Defensa y de Seguridad y a la Policía Metropolitana expertos en armas para que, junto a dos especialistas del RENAR, actúen como veedores mientras inspectores de ese organismo controlan una por una las armas en resguardo para pasarlas a una base de datos consolidada que abarque a todo el país.

En una entrevista con Clarín, Gambaro estimó que en un mes terminará este inventario y que si se descubre “un faltante significativo de armas, haré una denuncia penal” contra quien corresponda. Se estima que el RENAR debe tener unas 40 mil armas en resguardo por pedido de la Justicia. Estas se deben conservar porque son pruebas en alguna causa judicial y solo un juez puede ordenar su destrucción.


Gambaro quiere terminar rápido el inventario para combatir el mercado negro de armas. En cambio, depende del Congreso si se extiende el plan voluntario de entrega de armas porque supone una amnistía de hecho. Pero el problema más grave es la falta de depósitos seguros para preservar este tipo de armas en las provincias. Gambaro firmó un acuerdo de cooperación con Santa Fe para comenzar un inventario, que quiere luego extender a todas las justicias y policías del país.

miércoles, 4 de mayo de 2016

Descubren que Báez compró seis hectáreas de un Parque Nacional

(Perfil.com) - Se trata de terrenos del Parque Los Glaciares. También realizaron allanamientos en propiedades en Comodoro Rivadavia.  Galería de imágenes.
Descubren que Báez había adquirido seis hectáreas de un Parque Nacional.Una serie de propiedades pertenecientes al empresario Lázaro Báez y a su familia fueron allanadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut, en el marco de la causa por lavado de dinero. Entre esos terrenos, descubrieron que Báez había adquirido seis hectáreas de un Parque Nacional en El Chaltén.

Según confirma Clarín, estas seis hectáreas de un Parque Nacional pasaron a ser propiedad de Lázaro Báez, a través de la complicidad del gobierno de Santa Cruz, que logró escriturar dichos terrenos a nombre del empresario, quien los adquirió a un bajo costo. Las hectáreas son del Parque Nacional Los Glaciares y deberán ser expropiados por el Estado Nacional una vez que finalicen los allanamientos.

Por otro lado, se llevaron a cabo más allanamientos en la ciudad chubutense durante el fin de semana, en propiedades de Báez situadas en el cordón industrial y forestal de la ciudad y en una agencia de autos de alta gama, aunque medios de la provincia señalaron que continuarán en los próximos días.

Los ocho allanamientos realizados a las propiedades de Báez fueron realizados por personal de la XIV Agrupación de Gendarmería, con asiento en Comodoro Rivadavia, en tanto también participó de las tareas el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La semana pasada se llevaron a cabo decenas de allanamientos en Río Gallegos y El Calafate, Santa Cruz, encabezadas por el fiscal Guillermo Marijuan, en procura de encontrar pruebas sobre los delitos que se le imputan a Báez, acusado de lavar dinero procedente de sobreprecios de obras públicas.

Revés para Cristobal López en la causa por su millonaria deuda con la AFIP

Por Lucio Fernández Moores - Clarin.com
La investigación sobre el empresario kirchnerista. Oil Combustibles debe casi 8 mil millones de pesos y ahora la Justicia Nacional podría intervenir en el concurso de acreedores. El empresario K apostaba a mantener el expediente en Chubut.
Estación de servicio Oil. Foto Pedro Lázaro Fernández
Estación de servicio Oil. Foto Pedro Lázaro Fernández

Un juez nacional de comercio declaró hoy la competencia de ese fuero para intervenir en el concurso de acreedores presentado en la provincia de Chubut por la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López, porque su domicilio es en la Capital Federal y no en la ciudad de Comodoro Rivadavia, informaron esta tarde a Clarín fuentes judiciales.

De esta manera, el juez Héctor Hugo Vitale ordenó comunicar al juez chubutense Gustavo Toquier que deberá inhibirse de seguir con el trámite del concurso y que si no está de acuerdo que remita el asunto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el único tribunal superior común a ambos magistrados para resolver el conflicto de competencia.

La medida adoptada por Vitale fue a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la que Oil Combustibles adeuda casi 8 mil millones de pesos. La AFIP ya había denunciado a la firma por "insolvencia fiscal fraudulenta" ante la Justicia Penal Económico, pero esta causa seguramente terminará en el fuero penal federal ya que allí se imputó también este hecho a través del fiscal Gerardo Pollicita y en el marco de la causa por "asociación ilícita" entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios beneficiados con la obra pública. Además, la AFIP obtuvo una medida cautelar en el fuero Contencioso Administrativo que frenó cualquier movimiento en varias de las empresas del Grupo Indalo.

Oil Combustibles se había presentado ante la Justicia chubutense con el inicio del trámite de cambio de domicilio ante las autoridades de esa provincia, pero como el traspaso aún no había sido aprobado por la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional, los expedientes de la sociedad están en la Capital Federal y no en Comodoro Rivadavia.

Vitale aclaró en su resolución, firmada tras un dictamen favorable de la fiscal Raquel Mercante, que una vez recibido el concurso en los tribunales nacionales enviará el caso a la Cámara de Apelaciones del fuero para que se sortee el juzgado capitalino que intervendrá en el caso.

Una pelea que para la Ciudad ya tiene precio: $ 4 mil millones

Cristobal Lopez, el empresario que más creció durante el kirchnerismo.(Clarin) - El empresario K, en la mira. Con las tragamonedas en Palermo, López nunca pagó Ingresos Brutos. Un emisario de Macri ya lo intimó.

Cristobal Lopez, el empresario que más creció durante el kirchnerismo.

El ingreso de Lotería Nacional al Hipódromo de Palermo y al casino flotante de Puerto Madero fue la última señal que recibió Cristóbal López de parte del Gobierno de Macri. Hubo otras antes: la primera fue el año pasado cuando la Ciudad frenó una licitación de Lotería Nacional que le entregaba en bandejas los cinco bingos porteños al empresario K. La última, la intimación a pagar una millonaria deuda impositiva que los casinos mantienen con la Ciudad.

Fue hace algo más de un mes. Fabián Rodríguez Simón, abogado y asesor de Macri, le había dado 30 días a López para que pagara una deuda estimada en $ 4 mil millones por Ingresos Brutos que acumula desde 2003 por lo que recauda con las máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. El pago nunca se efectuó y no parece casual que, cumplido el plazo, Lotería haya ingresado a las salas de López para controlar por primera vez sus máquinas tragamonedas. No había pasado nunca en los 12 años de gobiernos kirchneristas. De hecho, nadie auditaba lo que López factura con sus 4.500 máquinas. Sólo él lo sabe.
La relación de Cristóbal López con el juego en la Ciudad arrancó en 1999. Asociado a los españoles de CIRSA se quedó la licitación que el presidente Carlos Menem hizo por un casino en Puerto Madero. Técnicamente no estaba en tierra: era un barco (luego fueron dos) que flotaba en territorio federal. Esa fue la excusa para esquivar los controles y los impuestos que debía tributar a la Ciudad. Fernando De la Rúa como intendente intentó clausurarlo. Estuvo cerca aunque siempre chocó contra fallos judiciales. En resumen, hubo en todo este tiempo15 amparos, fallos en todas las instancias y hasta tres sentencias de la Corte Suprema. Y los barcos nunca zarparon.

Ya como presidente, De la Rúa habilitó la instalación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo, que estaba en ruinas y concesionado en manos del empresario Federico de Achával. Por un lado rescató a la actividad hípica. Pero por el otro, le abrió la puerta a Cristóbal López. La llave se la dio Néstor Kirchner. Como las aguas de Puerto Madero, el hipódromo es considerado territorio federal. Lo asoció con De Achával y juntos llevaron el juego en Palermo a su máxima expresión. Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno buscó la manera de que la explosión favoreciera a las arcas de la Ciudad. Terminó arreglando con Kirchner un canon irrisorio al lado de las ganancias que ya generaban las tragamonedas. Otra vez había ganado Cristóbal.
Hace dos años, intentó renovar el convenio a cambio de que le perdonaran la deuda de Ingresos Brutos. Estuvo cerca de conseguirlo. Se lo voltearon. Su suerte en el juego había comenzado a cambiar.

El titular del PAMI mostró escenas insólitas de cómo encontró la obra social de jubilados

(Clarin.com) - Tras pasar por Diputados. Carlos Regazzoni habló de clínicas fantasmas que facturaban millones de pesos, de 16 mil sillas de ruedas que hallaron oxidándose en un depósito y más irregularidades.
Regazzoni dijo que encontraron 16 mil sillas de ruedas oxidándose en el PAMI.
Regazzoni dijo que encontraron 16 mil sillas de ruedas oxidándose en el PAMI.

El titular del PAMI, Carlos Ragazzoni, defendió hoy en diputados su gestión en la obra social de los jubilados y denunció que allí se había creado una estructura con un único fin: desplegar lo que denominó como “un plan de robo sistemático de los recursos de los más necesitados”. Como si con palabras no alcanzara, el funcionario de Cambiemos publicó en su cuenta de Twitter dos insólitas postales del desastre con el que se encontró al tomar el mando en el PAMI. En una, la más elocuente, hay miles de sillas de ruedas apiladas en un galpón.

“Cuando llegamos al PAMI encontramos 16 mil sillas de ruedas oxidándose en galpones. Son 16 mil argentinos olvidados”, graficó. Raggazoni contó que descubrieron, además, la existencia de dos clínicas fantasmas que supuestamente le prestaban servicios a la obra social de jubilados y pensionados. “Le facturaban al PAMI $25 millones por internaciones que no hacían”, sostuvo.
Algunas imágenes de cómo encontró el PAMI su nuevo titular, Carlos Regazzoni
“No sólo no se controlaba, se usaba el control para robar. Así estaban auditorías millonarias que habían contratado”, afirmó el funcionario desde Twitter y mostró otra imagen caótica.
Otra imagen que mostró el titular del PAMI.
La foto es categórica: cajas con documentos apiladas y otras tiradas en el piso y papeles por todos lados en una oficina que parecería haber sido azotada por un terremoto. “Durante 10 años se montó una estructura de robo sistemático al PAMI. El PAMI no fue una isla durante la Argentina de Lázaro Báez”, concluyó.
Algunas imágenes de cómo encontró el PAMI su nuevo titular, Carlos Regazzoni
Algunas imágenes de cómo encontró el PAMI su nuevo titular, Carlos Regazzoni

viernes, 29 de abril de 2016

Presentan pruebas de un circuito privilegiado para pagarle a Báez

El empresario kirchnerista Lázaro BáezPor Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El titular de Vialidad denunció a De Vido por supuesta defraudación; es por usar un sistema de pagos anticipados en beneficio del empresario


El empresario kirchnerista Lázaro Báez. Foto: Archivo

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado de financiar rutas nacionales, le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas. La nómina correspondiente a enero del año pasado llevaba en el margen derecho un mensaje manuscrito: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figura Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, que según documentos que vio LA NACION tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.

Aunque "los 10 primeros" de la nómina encierran otros nombres, como el de Iecsa -la compañía de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri -, la prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repite en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad.

La prioridad de pago a las firmas del empresario patagónico es la base de una demanda penal que Javier Iguacel, actual titular de la DNV, presentó el martes en la Justicia y quedó a cargo del juez Julián Ercolini. La denuncia sugiere que Báez, López y el ex ministro de Planificación Julio De Vido montaron una organización para defraudar al Estado. Y reclama que se investigue la eventual comisión de varios delitos.

Entre ellos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.

Se trata del paso más importante que dio el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en el terreno judicial contra el dueño de Austral Construcciones. "Advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objeto final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos, diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenado hacia tal fin. Esta denuncia tiene por objeto iniciar el proceso para desentrañar y llegar a individualizar a todos y a sus principales responsables", plantea el texto presentado por la DNV, al que accedió LA NACION.

Iguacel se presentará hoy ante Ercolini en Comodoro Py para ratificar la denuncia, que va acompañada por pruebas, muchas de ellas recolectadas a partir de una auditoría que hizo Vialidad.

El documento que se presentó a la Justicia sostiene que Obras Públicas indicaba de manera habitual qué empresas debían cobrar y en qué proporción, hasta agotar la cuota presupuestaria del período. La comunicación se efectuaba a través de correos electrónicos dirigidos a DNV, que disponía los pagos indicados y los giraba a Economía.

Para concretar esas maniobras se estableció un circuito de pago de excepción, distinto del proceso ordinario. Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo obtuvieron del anterior administrador de Vialidad, Nelson Periotti, el visto bueno para el pago anticipado de certificaciones de obra, algo que está contemplado en un acuerdo firmado por Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV. Ese convenio acompaña la denuncia.

Sobre esa base la Jefatura de Liquidaciones del organismo, a cargo de Claudia Bellofatto, remitía notas a la comisión permanente de actualización y consolidación de deuda indicando e individualizando los expedientes y las fechas que debían cancelarse anticipadamente.

Las empresas de Báez, no sólo Austral, sino también Kank y Costilla, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4% de toda la provincia. Y si bien las compañías del empresario incumplieron los plazos, nada de eso se trasladó a la administración kirchnerista, que les pagó con una demora promedio en torno de los 60 días (otras empresas tenían una espera cercana a los 260 días).

En paralelo, el kirchnerismo favoreció la realización de obras en Santa Cruz. Hasta enero de este año se habían adjudicado trabajos por $ 21.269 millones, 4,2 veces más que en Chubut, casi 2 veces más que en Río Negro y 15 veces por encima de lo que recibió La Pampa, todas provincias con más población.

Según un relevamiento de LA NACION, tan sólo en la primera década de gobierno el kirchnerismo destinó $ 63.400,71 millones al tendido y la reparación de rutas a través de la DNV, uno de los presupuestos más jugosos del país.

Santa Cruz fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de lo disponible. La siguió Buenos Aires, el distrito económico más importante, con menos del 10%. Según el censo de 2010, la provincia de Buenos Aires tiene 15,6 millones de personas, que recibieron, cada una, $ 73,80 para rutas en 2013. Los patagónicos obtuvieron $ 3261,78, es decir, 44 veces más.

Antes de tiempo

Los beneficios de las compañías de Báez por encima de sus competidoras se profundizaron a medida que se acercaba el fin del mandato de Cristina Kirchner. Aunque el sector de la construcción reclama retrasos de meses en los pagos, registros de la DNV indican que al 20 de noviembre del año pasado las empresas de Báez habían cobrado certificados de obra por adelantado, que vencían el 4 de enero de este año.

Sobre la base de esa información, la denuncia de Iguacel sostiene que el gobierno anterior "estableció un sistema donde no sólo se priorizó y se garantizaron pagos de certificaciones sobre las restantes empresas contratadas por la DNV, sino que se estableció un circuito de pagos irregular y de excepción, el cual permitió a las empresas del grupo reseñado cobrar los certificados de obra en plazos aún menores que los establecidos contractualmente y de manera altamente beneficiosa, respecto de las demás empresas contratistas".

Iguacel también denunció ayer en declaraciones a Radio Continental sobreprecios en las obras viales. "Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con $ 150, $ 200 millones terminaban costando $ 3000", sostuvo.

El circuito de los pagos por adelantado - Los funcionarios kirchneristas beneficiaban a las empresas de Lázaro Báez. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia en la que acusa a la administración kirchnerista de defraudar al Estado, entre otras cosas, por favorecer los pagos para las empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El patagónico se quedó con cerca del 80% de las obras viales de Santa Cruz

José López - Ex secretario de Obras Públicas - Respondía en el organigrama a Julio De Vido, pero tenía juego propio por su cercanía a Néstor Kirchner. Es uno de los principales engranajes dentro del circuito de pagos privilegiados que beneficiaron a Austral Construcciones y a otras compañías de Lázaro Báez.

Julio De Vido - Ex ministro de Planificación - Aunque su nombre no aparece de manera directa en la denuncia que presentó la DNV, sí está mencionado su ministerio. Eso se debe a que tanto obras públicas como el organismo encargado de licitar y financiar las rutas estaban dentro de su órbitra.

Guillermo Periotti - Ex titular de la DNV - Fue el jefe del organismo (Vialidad) encargado de licitar y pagar obras viales en todo el país, por lo que manejó uno de los mayores presupuestos de la Nación. Lo acusan de promover un circuito de pagos a favor de Lázaro Báez y en detrimento de otras firmas.

Lázaro Báez - Dueño de Austral construcciones - Autral Construcciones y Kank y Costilla, dos compañías del empresario, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4 % de todas las rutas que se hicieron en Santa Cruz. Una auditoría del Gobierno indica que cobraban a 60 días, un plazo mucho más corto que el de otras firmas.

martes, 26 de abril de 2016

En 2015 hubo 10.500 muertos y heridos en robos en todo el país

Por Daniel Gallo - LA NACION
El Gobierno difundió datos criminales por primera vez desde 2008; la tasa de homicidios en la Argentina es de 6,6


Más de 10.500 personas fueron heridas o muertas el año pasado durante robos en todo el país. Ese dato sobre la violencia cotidiana, donde cada hora un asalto termina en un hecho de sangre, quedó reflejado en la estadística criminal presentada ayer por el Ministerio de Seguridad, la primera en ocho años.

La ministra del área, Patricia Bullrich, difundió cifras que estaban vedadas al público desde 2008. La situación actual empeoró al menos un 10% con relación a aquel año, en que el acceso a tal información fue bloqueado por el gobierno anterior. Las cifras del año pasado marcan, también, una leve disminución con respecto a las de 2014, comparación que puede realizarse ahora a partir de la apertura de las estadísticas.

"Es obligación del Estado brindar estadísticas oficiales. Antes había una idea de reportar menos para hacer creer que el delito no existía", dijo Bullrich, que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales.

La información, que puede servir como punto de partida de posteriores análisis, señala que 2837 personas fueron asesinadas en 2015. Esa cantidad -que agrupa tanto homicidios en robo como en riñas o en casos intrafamiliares- significa un 13% con respecto a lo sucedido un año antes y representa una tasa de homicidios de 6,6 cada 100.000 habitantes.

Ese dato ofrece dos lecturas rápidas: por un lado, se trata de una de las tasas de asesinatos más bajas de América latina (sólo mejorada por Chile, con 3,1 cada 100.000); por otro, está bastante lejos de las cifras de los países desarrollados: en los Estados Unidos, es de 3,8; en Canadá, de 1,4; en Francia, de 1,2; en Gran Bretaña, de 1; en Italia, de 0,8, y en España, de 0,6 cada 100.000 habitantes.

No obstante, la certeza de que 10.500 personas fueron heridas o muertas en ocasión de robo confirma el nivel de violencia del delito. Sólo la mala puntería y la pericia médica evitaron que se registraran más heridos y muertos.

La estadística reveló la disminución de las tasas de homicidios de la región metropolitana: hubo 7,4 homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires y 5,4 en la Capital. La tasa más alta en 2015 se registró en Santa Fe: fue de 12,2 y duplicó el promedio nacional. Las autoridades santafecinas afirman que sus datos de asesinatos incluyen aquellos heridos que murieron posteriormente en hospitales; dudan de que otros distritos utilicen idéntico parámetro. En general, el registro criminal se parece más a una foto del momento del hecho, sin seguimiento de eventuales cambios en los desenlaces.

La ciudad de Buenos Aires aparece con altas cifras de delitos contra las personas y la propiedad. La tasa de robos en 2015 fue de 2064 cada 100.000 habitantes, sólo superada por Mendoza. La provincia cuyana también tiene alarmantes indicadores, con las tasas más elevadas del país en robos, delitos varios contra la propiedad y contra las personas; su tasa de homicidios, de 7,5, la coloca en segundo lugar, detrás de Santa Fe. Ambos distritos son, en los últimos años, escenario de luchas sangrientas por el control del narcomenudeo.

Para la ministra Bullrich, la merma en denuncias de robos observada entre 2014 y 2015 tiene más que ver con la falta de confianza en la respuesta pública (esto es, menos denuncias realizadas) que con una real disminución del delito.

Caída de decomisos

Algo similar intuye la funcionaria en cuanto a la drástica caída del decomiso de cocaína, de las 10 toneladas incautadas en 2014 a las seis de 2015. "Realmente es una baja importante y no consideramos que haya entrado menos cocaína ese año en la Argentina", afirmó. También se notó una importante declinación en las cifras de decomiso de drogas sintéticas: del récord alcanzado en 2014, con 634.158 pastillas, a las 21.749 secuestradas un año después. En este caso, hubo un par de golpes a laboratorios en plena producción que alteraron el promedio de capturas en 2014.

En cambio, fue récord el decomiso de marihuana durante 2015, con cerca de 198 toneladas secuestradas tanto por las fuerzas de seguridad federales como por las provinciales. Las cifras parciales de captura permiten intuir que este año esa cifra podría ser superada, al menos en cuanto a las incautaciones realizadas por las fuerzas federales.

"No se puede hacer una política de seguridad seria sin estadísticas", señaló Bullrich al hacer públicas las esperadas cifras del delito.

La recuperación de las cifras

Datos oficiales - En general, los delitos aumentaron 10% si se comparan las cifras de 2015 con la información de 2008, último año en el que se habían difundido estadísticas de seguridad. De todas maneras, se registró una disminución de homicidios y robos de 2014 a 2015

12,2 Tasa de muertes - Santa Fe quedó con la tasa más alta de homicidios del país en 2015; las autoridades santafecinas afirman que las diferencias con otras provincias se explican, en parte, porque ellos registran también los heridos que mueren en hospitales. Mendoza, con 7,5 y Buenos Aires, con 7,4, tuvieron las tasas más importantes de asesinatos

lunes, 25 de abril de 2016

Tierras que equivalen a más de 13 veces la superficie porteña


(La Nación) - El dato surge al relevar campos, chacras y terrenos urbanos de Báez sólo en Santa Cruz



EL CALAFATE (De nuestra corresponsal).- Ninguna de las casi treinta estancias que se conocen aquí como propiedad de Lázaro Báez figura entre las 42 propiedades que le embargarán por la suma de 100 millones de pesos, según el fallo del procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello que dejó en prisión al empresario santacruceño.

Las famosas estancias que Báez compró en la última década -seis de ellas ubicadas en la margen sur del río Santa Cruz-, sobre las que realizarían las expropiaciones de tierras para emplazar las represas hidroeléctricas que construye el consorcio Represas Patagonia tampoco serán embargadas, por ahora.

Sobre ellas, Báez había reconocido en un documento firmado por el escribano Leandro Albornoz -a quien le allanaron el estudio hace 15 días- que cedía el resultado de las expropiaciones al sistema de escuelas rurales de Santa Cruz. Desde el año 2012, en el que firmó ese documento, pasó mucha agua bajo el puente. Y poco avance sobre las represas, aunque las expropiaciones ya están en marcha.

Sólo en Santa Cruz, el empresario Lázaro Báez acumuló durante la década kirchnerista tierras por una superficie equivalente a 13 veces la Capital Federal. Así surge del relevamiento de terrenos urbanos, chacras y estancias que realizó LA NACION sobre sus inversiones inmobiliarias en esta provincia con documentación oficial fehaciente. Al año 2013, Báez contaba con 2632 kilómetros cuadrados (263.200 hectáreas), que adquirió a su nombre o de sus sociedades.

El dominio territorial, sin embargo, es muchísimo más amplio. A este número de hectáreas podrían adosarse otros 1100 kilómetros cuadrados (110.000 hectáreas), el equivalente a otras cinco ciudades autónomas de Buenos Aires. Por ahora ninguna de esas hectáreas será embargada.

Tampoco serán valuados y sujetos a embargo terrenos que el empresario compró pero no registró a su nombre, sino a nombre de Badial SA., la misteriosa constructora que construyó poco, compró mucho y estuvo sospechada de lavado de dinero.

Badial centró sus actividades en El Calafate, donde compró tierras y construyó un hotel que, aunque terminado, nunca se inauguró.

Si bien se registran compras desde 2003, fue durante 2011 cuando Báez, sus hijos y sus empresas invirtieron más en bienes inmuebles. Sólo ese año adquirió 322 kilómetros cuadrados (32.200 hectáreas) por al menos $ 15 millones de pesos y 1,12 millones de dólares, según valores declarados.

Los datos inmobiliarios fueron revelados por LA NACION a fines de 2013, después de analizar más de 200 informes de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble. El dato del año en que más inversiones inmobiliarias se realizaron cobra hoy otro significado a partir del nuevo relato del valijero Leonardo Fariña. Según pudo constatar LA NACION, entre 2013 y 2016, Báez siguió adquiriendo propiedades.

A nombre de Badial, Báez tiene escriturados 331.925 metros cuadrados, es decir, el equivalente a más de 33 manzanas de tierras, el 98% de ellas se encuentra en El Calafate. La tierra adquirida tiene usos diversos: desde un obrador en las afueras hasta varias en Bahía Soberana, una cotizada zona que rodea la bahía Redonda y bordea el lago Argentino.

Un lote de 1200 metros cuadros en esa zona hoy se cotiza a 35.000 dólares. A través de Badial, Báez los compró a un valor promedio de 10 pesos el metro cuadrado, y hoy cotiza entre 27 y 30 dólares el metro.

Bonadio podrá acceder a datos

El juez federal Claudio Bonadio logró recuperar, o al menos volver a mirar, la documentación que secuestró en los allanamientos simultáneos en Río Gallegos y El Calafate, en julio de 2015, en el marco de la causa Hotesur. Esos allanamientos, cuestionados por el gobierno kirchnerista, le valieron ser apartado de la causa. Ahora, de la mano de la causa en la que se investiga la firma Los Sauces, de los Kirchner, el juez logró que la Justicia lo habilite a tener acceso a las cajas con documentación guardadas en un cuartito húmedo y custodiadas por la Prefectura. La causa había recaído en el juzgado de Daniel Rafecas.

El embargo a Báez no alcanzó a sus bienes más preciados

Casona de El Calafate: de 500 metros cuadrados, casi sin uso y valuada en US$ 750.000, quedó embargada por la JusticiaPor Mariela Arias - LA NACION
Cuando lo procesó, el juez Casanello le trabó embargo por $ 100 millones; fuera del radar judicial quedaron más de 20 estancias y terrenos


Casona de El Calafate: de 500 metros cuadrados, casi sin uso y valuada en US$ 750.000, quedó embargada por la Justicia.

EL CALAFATE.- El juez federal Sebastián Casanello ordenó el lunes el embargo por $ 100 millones de Lázaro y Martín Báez. Pero ambos lograron mantener lejos de la mano judicial casi la mitad de los inmuebles que poseen en Santa Cruz. Y lograron, en especial, conservar la libre disposición de sus bienes más preciados: sus legendarias estancias.

Casanello embargó los bienes de los Báez por $ 100 millones para así garantizar el eventual recupero de los fondos bajo sospecha de lavado de activos. Para eso contó con información patrimonial suministrada por la AFIP. Pero de acuerdo con documentos públicos a los que accedió LA NACION, el dueño de Austral Construcciones tiene declaradas sólo en Santa Cruz y a su nombre casi el doble de esas propiedades inmuebles.

El juez ordenó, además, avanzar sobre todos los vehículos de todos los imputados. En el caso de Báez, y según registros oficiales, hasta 2013 tenía de alta más de 900 autos sobre los cuales adeudaba la patente automotor por un monto de más de cuatro millones de pesos al municipio de Río Gallegos.

Mientras Báez permanece en prisión y se prepara para la ampliación de la declaración indagatoria que deberá prestar el próximo 6 de mayo, su imperio de empresas y propiedades entró en un maremoto. De acuerdo con la identificación de propiedades de documentos catastrales, el empresario tiene sólo en Santa Cruz 76 propiedades registradas a su nombre, cifra que se eleva a 212 si se toman en cuenta las propiedades de sus hijos y siete de sus empresas, con las que adquirió gran cantidad de inmuebles.

Terrenos grandes y pequeños, canteras, chacras, estancias, casas y departamentos fueron comprados en su mayoría entre 2004 y 2012. Así surge de la sumatoria de bienes escriturados a su nombre; los de sus hijos Martín, Leandro y Luciana, y las empresas Austral Construcciones, Badial SA, Kank y Kostilla, Valle Hermoso, Epelco, Loscalzo y Del Curto.

Dentro de la lista de 42 propiedades a tasar de Báez se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires. Entre los bienes a tasar no se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas. Tampoco se incluyeron terrenos muy bien valuados en El Calafate, el predio donde se encuentra el hotel nunca inaugurado en esta localidad, ni su vivienda particular sobre la calle Villarino, o una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos.

Pero sí cayó en el embargo la casona de El Calafate de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas ubicada sobre la avenida costanera Presidente Néstor Kirchner -asfaltada por su constructora- que fue construida sobre los lotes 8 y 9 de la manzana 311. La tasación de mercado ronda los US$ 750.000, y US$ 100.000 por el valor del terreno. Curiosamente, la vivienda, color cemento de techos negros y revestida en laja, pocas veces fue ocupada. Cuenta con seguridad privada permanente y casi no hay movimientos en el chalet.

En Río Gallegos, los peritos deberán tasar y embargar la famosa chacra del empresario: el lujoso predio cuenta con una pileta climatizada, una cancha de césped sintético y un quincho para más de 100 personas, donde se encuentra una bodega-bóveda subterránea en la que, según el valijero Leonardo Fariña, se guardaba dinero.

"En una tanda de billetes, los últimos de un fajo quedaron inservibles por humedad y hongos. Porque uno de los famosos lugares donde se guardaba dinero era la supuesta bodega, que no eran solamente lockers, eran cajas ciegas en la parte de abajo y esos cajones daban al piso", detalló el valijero en la indagatoria que terminó con la ex presidenta imputada en la causa.

La chacra se hizo famosa el día en que un obrero que trabajó en la remodelación reveló fotos de cómo se transformó de bóveda en bodega. En 2013, cuando las fotos salieron por Canal 13, Báez convocó a la prensa para hacer un recorrido nocturno en el lugar y demostrar lo contrario. Pasaron tres años de esa noche robada a una película de cine negro donde Báez habló durante media hora, se prestó a las fotos y dijo que a Fariña casi no lo conocía.

Ese predio, de acuerdo con fuentes inmobiliarias consultadas en Río Gallegos -que también cuenta con invernaderos-, rondaría un valor de mercado de US$ 1,5 millones. No hay otra chacra con tal inversión y despliegue en la ciudad. Se encuentra ubicada a unos siete kilómetros del centro, a 500 metros de la avenida Asturias y, pese a estar rodeada de calles de tierra, Báez mandó pavimentar el ingreso.

A la chacra, según relató el propio Báez a la prensa, iba Néstor Kirchner con frecuencia, pero negó, esa vez, que Cristina hubiera ido alguna vez. Ya entonces marcaba sin querer diferencias en la relación que mantuvo con Kirchner y con su esposa.

Entre los 52 inmuebles a tasar se encuentran una vivienda en el Barrio Codepro tasada en US$ 200.000, una hectárea en Barrio del Carmen valuada en US$ 500.000 y dos casas sobre el pasaje Tehuelche, todas estas propiedades en Río Gallegos. Pero también hay chacras en Río Turbio y 28 de Noviembre, uno de los lugares, limítrofes con Chile, donde Báez eligió invertir en la última década.

Otra de las propiedades a tasar es la Quinta 67, según su propia denominación catastral, un predio de 10.000 metros cuadrados ubicado junto al hotel Las Dunas, el tercero de los hoteles que los Kirchner tienen aquí, un enorme predio por ahora vacío con vista al lago Argentino valuado en 500.000 dólares, según una tasación inmobiliaria local. Predios ideales para algún nuevo emprendimiento hotelero.

Las propiedades del empresario K

Larga lista a tasar - Dentro de la nómina de 42 propiedades que ordenó tasar el juez federal Sebastián Casanello se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires

Lo que quedó afuera - No se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas, ni tampoco los terrenos en El Calafate, su vivienda particular sobre la calle Villarino y una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos

viernes, 22 de abril de 2016

Báez usó 3 bancos suizos y 9 financieras para fugar plata

Empresario K. Lázaro BáezPor Daniel Santoro (Clarin.com) - En su confesión, Leonardo Fariña individualizó a las entidades que ayudaron a sacar millones de dólares en negro. También explicó los mecanismos que se usaron.


La confesión de Leonardo Fariña revela que desde la muerte de Néstor Kirchner hasta mediados del 2011, Lázaro Báez usó a la financiera Provalor y a otras ochos más y a los bancos suizos Lombard Odier, UBS y Credit Suisse y al español Sabadell para fugar la plata. 

Según el ex valijero, la plata que él manejó no llegaba en aviones sino en camionetas custodiadas desde Río Gallegos y la entregaban en la sede de Austral en Pasaje Carabelas 241, en La Rosadita o en un departamento de Báez en Belgrano. A diferencia del ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, dijo que él no usó aviones para sacar plata. Previamente, los 8 mil millones de pesos de las ganancias, sobreprecios o supuestos sobornos provenientes de los contratos de obra pública que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner entre el 2003 y el 2015 eran convertidos a dólares o euros por el dueño de la financiera Invernes, Ernesto Clarens.

Una vez concentrada la plata en Buenos Aires, la transportaban en camionetas custodiadas -en las cuales siempre iba Martín Báez- a las financieras o agentes de bolsa: Provalor, Alhec Tour, Maguitur, Turimar, Cohen, Pasamar, Forex Cambio, Santiago Punturo o Santiago Carradori. Desde allí, a través de distintas maniobras, la plata se depositaba en los bancos suizos o el español nombrados, entre otros. Incluso, nombró a “un grupo de chinos”, que no identificó, como partícipes de las maniobras.

Los dichos de Fariña están ahora tratando de ser comprobados por el juez federal Sebastián Casanello con distintos allanamientos a las financieras y otras medidas de prueba.

Como dando cátedra, Fariña explicó que parte de la plata las financieras de la City a sacaban con los métodos “back to back”, “leverage by out”, “el de la cuenta puente”, alguna transferencia a un testaferro o de cooperativas fantasma. El primero consiste en que la financiera tenía un cliente en Suiza que, por ejemplo, necesitaba un millón de dólares en Buenos Aires. Entonces, le pasaban el efectivo aquí y en Suiza le acreditaban la plata a una cuenta de Báez. Dijo que el “leverage by out” implicaba redactar un contrato mediante el cual una persona física o jurídica compraba La Rosadita simulando que lo hacía con las ganancias futuras que iba a generar la empresa.

El tercero consistía en que el Lombard Odier recibía pequeñas transferencias de plata durante 180 días por una “cuenta puente” que manda cables y luego deja de existir. Después la plata quedaba en una tercer cuenta que la maneja una empresa off shore en Suiza con títulos al portador para no identificar al dueño. Un cuarto método era usar cooperativas fantasma y un último era transferir directamente “la plata a una cuenta del ex funcionario K Santiago Carradori en el Banco Sabadell de España”. 

A fines de diciembre del 2010, dos custodios de Báez “le entregaron 3.550.000 dólares” a Elaskar quien no los envió a las cuentas de Báez sino que se los quedó, siempre según Fariña. Semanas más tarde, “Elaskar le compró un campo de papas a Anastasia Blaquier en 1,5 millones de dólares”. Fariña y Elaskar mantiene un viejo intercambio de acusaciones sobre quién fue el que se quedó con plata negra de Báez que fue lo que desencadenó el escándalo. Precisó que Elaskar tiene, dijo, una cuenta secreta en el banco Merrill Lynch de EE.UU. y en otra en la financiera “Pershing”.

En un momento tanta era la plata que había que blanquear que Carradori “fue a comprar un holding a España llamado Samber & Tarex que es una sociedad con cuentas bancarias preexistentes en las que solo tenés que cambiar a los directores”. “Me consta que a través de Provalor se enviaron 11 millones de dólares a esa cuenta en España”, afirmó. En otra oportunidad, un representante del Lombard Odier, que paraba en el hotel Alvear y vestía trajes importados, le entregó a Martín Báez “una carpeta con las acciones al portador de Teegan (una empresa off shore creada en Belice) y un Token” para mover la plata. Un nuevo personaje en este escándalo es Santiago Punturo, quien manejaba una financiera cerca de la casa de Santa Cruz. Se le dio plata y no hizo la transferencia. “Después nos enteramos que hizo una compra de granos y era socio de Rudy Ulloa”, finalizó.

lunes, 18 de abril de 2016

Los ex consuegros de Jaime lo denunciaron por usar plata negra y recibir coimas Omar Lavieri

Ricardo Jaime, esposado y trasladado por efectivos de seguridadPor Omar Lavieri olavieri@infobae.com
La familia Ledantes reveló cómo el ex funcionario utilizó dinero que no podía justificar en la compra de una casa


Ricardo Jaime, esposado y trasladado por efectivos de seguridad

Julieta Jaime-una de las hijas de Ricardo Jaime- fue novia de Sebastián Ledantes desde 2003 a 2007. Se casaron el 30 de noviembre de 2007 y en 2008 se separaron. Tan rápida fue la separación que el novio nunca llegó a tener las fotos de la boda.

Ledantes conocía cómo era y cómo cambió el modo de vida de los Jaime a medida que el ex funcionario kirchnerista recaudaba dinero en negocios oscuros. Fue testigo de ello y terminó imputado en la causa por enriquecimiento ilícito del ex funcionario kirchnerista. Sus padres Norberto y Graciela Vigna están procesados y deberán ir a juicio oral y público como testaferros de Jaime.

Ambos aparecen vinculados a la compra de la casa en Carlos Paz donde Jaime vivía con su hija hasta que fue detenido el 1 de abril pasado. Ese inmueble ahora está a nombre de Julieta Jaime, quien según la ajusticia no tiene fondos para justificar la compra y debe ser procesada como testaferro de su padre. Esa bella propiedad en Carlos Paz antes estuvo a nombre de Vigna.

Con Jaime preso, los Ledantes se presentaron ante el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari y denunciaron varias cosas que comprometen tanto a Jaime como a su hija Julieta.

La denuncia de los Ledantes -a la que accedió Infobae en fuentes judiciales- señala que:
-Julieta Jaime, el 27/04/2007, compró una casa en Carlos Paz con dinero perteneciente a su padre y les pidió anotarla a nombre de Graciela Vigna, ya que Julieta Jaime, al ser estudiante, carecía de fondos para justificar la compra de la propiedad.

- Julieta Jaime, con "un discurso inofensivo" solicitó que los Ledantes figuraran como dueños de la casa de la calle Omaguacas 91 porque ella era estudiante universitaria. Debido a la confianza que tenían hacia la pareja de su hijo, Vigna accedió a figurar como dueña de la casa, con el consentimiento de su esposo Norberto Ledantes.

- El dinero para la operación inmobiliaria, lo aportó íntegramente Julieta Cecilia Jaime, por intermedio de su padre, Ricardo Jaime. La suma fue de $250.000, aunque nunca supieron si ese fue el valor real del inmueble.

LA FAMILIA LEDANTES SE PRESENTÓ ANTE EL FISCAL DE CÓRDOBA Y DENUNCIÓ COSAS QUE COMPROMETEN TANTO A JAIME COMO A SU HIJA

- La casa fue comprada para que viviera allí Julieta Jaime con Sebastián Ledantes. Además, y por pedido de Ricardo Jaime a su hija, allí se inscribió la sede social de la firma Lago Azul S.A., quien sería encargada de explotar un emprendimiento hotelero.

-Por instrucciones de Jaime y a pedido de su amigo Alfredo Pielach, Julieta Jaime tuvo que ubicar en Carlos Paz o zonas aledañas, un hotel que se encontrara en venta para que fuera explotado por la sociedad Lago Azul.

- Que luego de esa búsqueda compraron el Hotel Saint Tropez.

-Que la operación la realizó Pielach.

-Que Pielach designó a Sebastián Ledantes como apoderado administrativo para manejar el hotel cuando estaba por casarse con Julieta Jaime.

-Que también Lago Azul SA le dio a Sebastián Ledantes una camioneta marca Kia, modelo Carnival patente GSJ-927, para que usara.
Julieta Jaime, hija del ex secretario de Transporte kirchnerista

-Que la luna de miel de la pareja Julieta Jaime- Sebastián Ledantes (Brasil, diciembre de 2007) se interrumpió abruptamente porque Ricardo Jaime le pidió a su hija que viajara con urgencia a Suiza junto a otra de sus hermanas.

-Que le revocaron a Sebastián Ledantes el poder de Lago Azul S.A. en enero de 2008 luego de la separación.

-Que el 11 de enero de 2008 traspasaron la titularidad de la casa de Vigna a Julieta Jaime.

-Que en la escritura figura que Julieta Jaime le pagó a Vigna la suma de $440.000, dinero que jamás recibieron porque fue una venta simulada.

LA LUNA DE MIEL DE LA PAREJA JULIETA JAIME- SEBASTIÁN LEDANTES SE INTERRUMPIÓ PORQUE RICARDO JAIME LE PIDIÓ A SU HIJA QUE VIAJARA CON URGENCIA A SUIZA

-Que cuando los imputaron en la causa por enriquecimiento ilícito de Jaime, el ex funcionario los visitó en su casa y les transmitió tranquilidad y se ofreció a ponerles abogados y solventar los gastos de la defensa.

-Que cuando fueron a declarar en la causa, Jaime les puso abogado.

-Que fueron sorprendidos por las maniobras en las que se vieron involucrado por los Jaime.

-Que no tuvieron la finalidad de encubrir el enriquecimiento de Jaime.

-Que no se beneficiaron económicamente.

-Que Sebastián Ledantes pidió separarse de Julieta Jaime cuando comenzó a notar actitudes "extrañas".

-Que no denunciaron antes por temor a quien era secretario de Transporte de la Nación a quien creían "honorable".

La denuncia de los ex consuegros de Jaime confirma varias cosas

-Que tal como dice el fiscal Carlos Rívolo quien acusó a Jaime por enriquecimiento ilícito, Julieta Jaime no tiene como justificar la adquisición de bienes. Su ex marido señaló que no trabajaba.

-Que la plata con la se compró la casa fue puesta por Jaime y tiene un solo origen: la corrupción.

-Que el empresario Néstor Otero, dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, le compró un hotel –negocio propicio para el lavado de dinero- a Jaime como pago de sus favores. Pielach es uno de los hombres de confianza de Otero, quien, según comprobó la justicia, coimeaba a Jaime pagándole mensualmente el alquiler de su departamento. Tanto Pielach, como su compañero en la Terminal, Lisandro López, están procesados como testaferros de Jaime.

-Que Julieta Jaime y su hermana Gimena Belén, viajaron a Suiza de urgencia por orden del padre en 2008, lo que podría llegar a dar paso a una investigación acerca de una la posible apertura de una cuenta bancaria en uno de los países predilectos para esconder dinero negro.

La denuncia fue presentada en Córdoba pero tal vez sea remitida al juzgado de Sebastián Casanello quien procesó a Jaime por enriquecimiento ilícito. Condenado en varios casos y detenido por negociados, Jaime suma y sigue. Su frente judicial no parece aliviarse.

domingo, 17 de abril de 2016

Investigan si una fábrica militar abastecía al mercado negro con armas y municiones

Operativos. La fábrica santafesina en Fray Luis Beltrán fue allanada por personal de Gendarmería.Por Cecilia Di Lodovico (Perfil.com) - Una auditoría detectó serias irregularidades. Advirtieron un excedente en el stock no declarado en los registros contables. Sospechan de un desvío de la producción al exterior.


La fábrica santafesina en Fray Luis Beltrán fue allanada por personal de Gendarmería. | Foto: Cedoc

El 4 de abril pasado, una auditoría del Ministerio de Defensa descubrió preocupantes fallas en Fray Luis Beltrán, la principal fábrica militar de proyectiles y municiones que abastece a las Fuerzas Armadas y a todas las fuerzas de seguridad del país. No sólo detectaron el faltante de millones de proyectiles, cartuchos y fulminates para fusiles y pistolas, sino también un excedente en el stock no declarado en los registros contables y el hallazgo de material oculto en un depósito.

La irregularidad preocupa al gobierno de Mauricio Macri y es una prioridad para el Ministerio de Defensa llegar al fondo del asunto. Fuentes calificadas indicaron a PERFIL que no creen estar sólo frente a un desmanejo administrativo, sino a una falta de gravedad internacional “que puede comprometer la responsabilidad del Estado” a ese nivel.

Sospechan que en Fray Luis Beltrán funcionaba un sistema de producción paralelo de armas y municiones para abastecer al mercado negro interno y al exterior del país. Según explicaron, el faltante es tan importante, que “es imposible que se haya quedado en el país. Si fuera así, el mercado estaría sobresaturado”. Pese a que aún desconocen el destino que habría tenido el armamento, el puerto de Rosario podría haber sido una puerta de salida rápida.

El hallazgo de material no declarado en un depósito –dentro del que se cuentan 6 mil proyectiles, 100.416 cartuchos de diferentes calibres, 96.740 vainas para 7.62 y 9 mm, trenes de fuego de granadas, piezas de portacebos, cebos y reforzadores, espoletas de cohetes, pólvora, lanzador de cohete servido y granadas lacrimógenas– refuerza la hipótesis.

A la vez, detectaron en la dependencia de Fabricaciones Militares de Santa Fe un circuito virtual de compra y venta asociado a la fábrica de Villa María, en Córdoba. “Un claro indicio de corrupción“ para Defensa, que lo denunció el 22 de marzo pasado.

El relevamiento de la Unidad de Auditoría interna en la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María detectó dos depósitos que, según sostuvieron sus autoridades, pertenecían a la fábrica de Fray Luis Beltrán. En su interior, se verificó la existencia de fulminantes y pólvora procedente de Brasil. Para el ministerio, el hallazgo “constituiría la verificación de circuitos paralelos en el interior de la Dirección General de Fabricaciones Militares”. Un mail enviado entre personal de ambos establecimientos que devela maniobras con documentación oficial para “arreglar” la situación irregular de un polvorín robustece las sospechas.

La auditoría interna detectó “un sistema de movimiento de material bélico interfábricas con documentación y remitos no agregados a la carpeta de uso habitual para movimiento de mercadería entre dependencias”. En Villa María, al igual que en Fray Luis Beltrán, se detectaron 24 toneladas de pólvora atribuida a la segunda, pero no registra ingreso ni egreso en ninguna de las dos.

Tras la denuncia, el juez Marcelo Bailaque ordenó un allanamiento que confirmó la denuncia presentada por la cartera que conduce Julio Martínez. Secuestraron documentación –remitos de la AFIP y planillas del Renar– y tres computadoras.

No es la primera vez que se alerta de las irregularidades. Durante la gestión de Agustín Rossi, se presentaron informes que fueron rechazados por las autoridades de la Dirección de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán.

El año pasado, PERFIL advirtió sobre municiones de Fabricaciones Militares en manos de integrantes de Los Monos. En octubre de 2006, una investigación de este diario develó que Néstor Kirchner, durante su presidencia, autorizó la venta de armamento de Fabricaciones Militares a una empresa de Paraguay vinculada a la guerrilla colombiana y a los narcos de Brasil.

Hallan cobros irregulares en previsión social

La gobernadora María Eugenia VidalPor Marcelo Veneranda - LA NACION
El gobierno de Vidal encontró jubilaciones duplicadas y pagos a personas fallecidas por $ 688 millones; procura ahora cobrar deudas por otros 660 millones a los municipios y colegios privados.


La gobernadora María Eugenia Vidal.Foto:Archivo/LA NACION / Fernando Massobrio

A partir del cruce de datos con la Anses y con organismos de otras provincias, el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) detectó un núcleo de irregularidades en el pago de jubilaciones cercano a $ 688 millones. Así lo reveló a LA NACION el titular de la entidad, Christian Gribaudo, quien por estos días intenta recuperar otras deudas millonarias: unos $ 160 millones de los municipios y $ 500 millones de los aportes de colegios privados.

"A partir del intercambio de datos con la Anses y otros institutos previsionales, encontramos una gran cantidad de jubilaciones irregulares o incompatibles. Básicamente, de tres tipos: personas que cobraban dos o más jubilaciones; personas que percibían jubilaciones y seguían trabajando; y apoderados o gestores que seguían cobrando jubilaciones de fallecidos", señaló Gribaudo.

Agregó que los casos detectados y dados de baja significarán un ahorro para la provincia de $ 188 millones este año, pero que en los últimos años insumieron el pago de $ 500 millones. Para recuperar esos fondos, el IPS planea retener haberes a quienes, tras el cruce de datos, sigan siendo beneficiarios. En el resto de los casos, deberá accionar judicialmente.

No será la única visita a los tribunales. El funcionario de María Eugenia Vidal ya presentó una denuncia penal tras detectar una seguidilla de casos -la mayoría, de las ciudades de Cañuelas y Las Flores- en los que se modificaban claves del sistema para otorgar jubilaciones en categorías mayores a las debidas. "El negocio era el retroactivo", señala el funcionario, y explica: "Detectamos que gestores y empleados del IPS le ofrecían a quienes hacían el trámite una mejor jubilación, a cambio de quedarse con el pago retroactivo".

Sin embargo, Gribaudo no despotrica contra "la herencia" sciolista y hasta elogia a su antecesor, Mariano Cascallares. Busca, de hecho, diferenciar la situación del IPS de otros organismos provinciales. Por ejemplo, la obra social IOMA, donde se detectaron irregularidades por $ 1500 millones y en las que el gobierno de Vidal responsabiliza a funcionarios de Daniel Scioli.

"Cascallares hizo denuncias similares a las que estamos presentando y dejó un IPS superavitario. De hecho, su vice, Mailén Vélez, continúa como directora. Acá no se trata de una herencia política, sino de un vicio en el sistema que estamos combatiendo", remarcó Gribaudo.

Aunque no lo diga, esa defensa de su antecesor no tiene que ver sólo con su paso por el IPS. Convertido en intendente de Almirante Brown, Cascallares es un aliado de Vidal en la relación con los municipios del Frente para la Victoria.

La relación con los intendentes -que impacta en la Legislatura bonaerense, donde Cambiemos necesita apoyo opositor en ambas cámaras- posiblemente dificulte el cobro del segundo "paquete" que persigue Gribaudo: los $ 160 millones que adeudan los municipios, principalmente, por aportes no realizados al IPS cuando se pagan bonos de fin de año a los empleados locales.

El tercer paquete, y el mayor, proviene de unos $ 1035 millones que adeudan los colegios privados bonaerenses. Cascallares identificó el 93% de esa deuda y consiguió que la mitad de los deudores se inscribieran en una moratoria. Gribaudo busca cobrar los $ 500 millones restantes a través de apremios.

Trámites eternos y gestores

El IPS fue uno de los actores centrales en los anuncios de aumentos para jubilaciones, comedores y planes sociales que Vidal hizo esta semana y que significaron un alivio para su gestión, en medio de las protestas de policías y estatales, el aumento en las tarifas y los despidos.

Más allá de ese aporte, y de la recuperación de fondos millonarios que intentará, Gribaudo enfrenta varios desafíos para modernizar el IPS.

El primero pasa por acortar los trámites jubilatorios, que en la provincia duran entre un año y medio y dos años. El objetivo de Cambiemos pasa por lograr en 2016 que esos trámites se completen en un año o menos. El objetivo final: que se logren iniciar y cerrar en 30 días.

Para eso, Gribaudo planea completar la descentralización iniciada por el sciolismo -que creó 76 centros de atención previsional (CAP)- y plantar una sucursal del IPS en los 135 municipios bonaerenses. Pero, antes, deberá resolver un problema: el IPS no tiene un sistema informático en red que integre sus oficinas. Los trámites que se inician en los CAP tardan tres meses más que los iniciados en La Plata.

"Necesitamos un sistema que funcione y personal capacitado. Porque la lentitud del sistema se convirtió en un negocio para quienes gestionan jubilaciones", señaló Gribaudo. Esas empresas de gestores rodean la manzana del IPS, en La Plata.

Detectar esas y otras irregularidades, como las jubilaciones mal pagadas, también es un problema: hasta ahora estaban a cargo de una sola persona del departamento jurídico del IPS, que tiene 288.000 beneficiarios.

Los investigadores creen que Jorge Chueco se fugó a Brasil o a Paraguay

Jorge ChuecoPor Alan Soria Guadalupe - LA NACION
El abogado cercano a Lázaro Báez hacía viajes frecuentes a la frontera y por eso es la principal hipótesis


PUERTO IGUAZÚ.- Hubo cambios en la búsqueda del abogado Jorge Chueco, visto por última vez el jueves en esta ciudad. Ayer cobró fuerza la hipótesis de que el abogado cercano al empresario kirchnerista Lázaro Báez pudo haber salido del país. En pocas horas, las autoridades pasaron de negar que hubiera elementos suficientes para suponer que Chueco ya no estaba en la Argentina a "no descartar" que pudo haber escapado a Brasil o Paraguay sin dejar rastro. Anoche esa hipótesis era la principal. "Todos en Iguazú están convencidos de que cruzó", reveló a la nacion una de las fuentes con más peso en la investigación.

¿Qué elementos sostienen la nueva hipótesis? En la búsqueda de datos que pudieran describir con más detalle los movimientos de Chueco antes de su desaparición, los investigadores se toparon con que el hombre solía realizar viajes frecuentes y fugaces a esta ciudad. Y no sólo eso, sino también que en esas visitas aparentemente furtivas Chueco acostumbraba cruzar la frontera con Brasil. En lo que va del año, visitó Misiones dos veces. Aunque la policía provincial no brindó información sobre las ocasiones en las que viajó en otros años, sí confirmó que fueron numerosas.

"Nosotros no descartamos nada. Es un tema abierto. Estamos pidiendo informes de entrada y salida [a migraciones de Paraguay y Brasil]", contestó el fiscal a cargo de la investigación, Martín Brites, a la nacion, cuando se le preguntó por la hipótesis que hasta anteayer era débil.

Un dato no menor: según pudo saber este diario de una alta fuente de la investigación, al momento de ser trasladado desde la pasarela de las Cataratas por la policía provincial -tras encontrarlo ebrio y drogado- Chueco dijo que tenía US$ 150.000 en el hotel donde se hospedaba. Pero en el allanamiento en el Saint George se encontraron poco más de US$ 43.000. Además, la última vez que lo vieron los empleados de Los Helechos, Chueco salió con uno de los bolsillos del pantalón inflado por la cantidad de cosas que llevaba allí. Todavía no se confirmó qué era.

Otro dato más: anoche se terminaron de analizar las cámaras de seguridad que registraron el paso del abogado por las Cataratas y en ningún momento se ve a alguien arrojarse.

Mientras la hipótesis del suicidio se desinfla, crece la idea de que todas las supuestas pistas que Chueco dejó atrás -los dólares, los $ 1000 en efectivo y las cartas de disculpas a la familia- eran para desviar la atención.

Sin embargo, las autoridades son cautelosas y aún no dan por seguro que Chueco haya escapado del país. "Pudo haber salido hacia otro punto o estar todavía alojado en la ciudad", afirmó el jefe de la policía de Misiones, Manuel Céspedes.

Por eso, ayer se dispusieron nuevos operativos para encontrar pistas sobre su paradero. Hubo rastrillajes en los alrededores de los hoteles céntricos Los Helechos y Saint George -donde Chueco se hospedó simultáneamente- y se sumaron buzos a los operativos sobre los ríos Paraná e Iguazú, además de que por varias horas se vio un helicóptero de Prefectura sobrevolar la ciudad.

También -indicó el fiscal a la nacion- se intensificaron los controles en los accesos a la ciudad, se ordenaron rastrillajes en unas 600 hectáreas y se tomó declaración a los guardaparques del Parque Nacional Iguazú y al chofer del micro que llevó al abogado desde Posadas a Iguazú el 12 de abril, luego de que dejó su Peugeot 408 negro abandonado en el estacionamiento de un supermercado. Ayer el auto estaba secuestrado en la Unidad Regional V de Iguazú, luego de que un conocido de Chueco lo trajo a esta ciudad.

Para ayer estaba prevista la declaración de las hijas del letrado en la comisaría 1a, pero las autoridades no confirmaron que se hubiera concretado. La ex mujer de Chueco, Patricia Tendler, quien hizo la denuncia por la desaparición, volvió ayer a Buenos Aires, pero hoy regresaría a Misiones.

El apoderado de Helvetic Service Group -la sociedad que compró La Rosadita- debía declarar el miércoles próximo ante la justicia federal en la causa por lavado de dinero por la que está detenido Báez.

Señales para despistar

Jorge Chueco - Abogado - Los investigadores no descartan que la visita de Chueco a las Cataratas y las cartas a la familia hayan sido pistas falsas dejadas por el abogado

martes, 12 de abril de 2016

Subte: evitan actos vandálicos por las cámaras de seguridad

 (La Razón) - Dos bandas de grafiteros fueron sorprendidos con la intención de pintar formaciones de las líneas D y E. También allanaron el domicilio de uno de los miembros del grupo que realiza la mayoría de los grafitis en la red.
Los grafiteros fueron visualizados gracias al sistema de monitoreo interno que supervisa estaciones y talleres.
Los grafiteros fueron visualizados gracias al sistema de monitoreo interno que supervisa estaciones y talleres.

El refuerzo de vigilancia en el subte dio sus frutos. Gracias a las cámaras de seguridad, se evitaron dos nuevos actos de vandalismo en las líneas D y E. Además, fue allanado el domicilio de uno de los miembros del grupo que realiza la mayoría de los grafitis en la red. A partir de las imágenes tomadas por el CCTV instalado por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) -un sistema de monitoreo interno para supervisar estaciones y talleres del subte- se detectó la presencia de dos jóvenes que estaban escondidos debajo de una formación en la cochera Canning de la línea D, que une Congreso de Tucumán y Catedral. Rápidamente se dio aviso a la Policía Metropolitana, que logró detener a uno de los implicados en la estación Plaza Italia.

Por otro lado, tres jóvenes con aerosoles fueron visualizados en el andén de la estación Entre Ríos de la línea E, que conecta Plaza de los Virreyes con Bolívar. Tenían la intención de ingresar al taller San José para vandalizar formaciones, pero no pudieron consumar el hecho, ya que el personal de seguridad de Metrovías se dirigió de inmediato al lugar para interceptarlos.

En sintonía con los actos vandálicos en el subte, Sbase encabezó un tercer operativo junto con la Fiscalía porteña y la Policía Metropolitana. Allanaron el domicilio de otro de los integrantes del grupo Soketes, principal responsable de los daños con grafitis en la red (en enero irrumpieron en la vivienda del líder de la banda, donde encontraron varios elementos utilizados para dañar coches).

Con el objetivo de cuidar los vagones y brindar un servicio más seguro, ya se instalaron más de 700 cámaras de seguridad en puntos estratégicos, que son supervisadas las 24 horas, y más de 500 efectivos de la Metropolitana están presentes en andenes y formaciones.

Un producto local que no contamina

Para remover los grafitis de los subtes porteños se usó un producto inventado y fabricado en la Argentina por la empresa Solmi, que también se encargó de realizar los trabajos de limpieza. Esta sustancia no contamina el ambiente y, además, elimina las pintadas sin afectar la pintura original de las formaciones. Durante el proceso, la carrocería es recubierta con una laca que hace que sea más fácil borrar los dibujos de los artistas clandestinos.

martes, 5 de abril de 2016

En una auditoría, Vialidad detalló las maniobras de Báez (II)

Por Lucía Salinas - Clarin.com - Sospechas de corrupción. Sus firmas certificaban obras que no se hacían, cobraban seis meses antes que otras, y “competían” entre sí. La auditoría de Vialidad Nacional lo deja al borde de otra denuncia a Lázaro Báez.

Vialidad Nacional resolvió la auditoría sobre la obra pública en Santa Cruz. El informe definitivo (N° 3/2016) al que accedió Clarín, expone las irregularidades que rodearon la adjudicación de licitaciones a favor de Lázaro Báez y los mecanismos de corrupción utilizados para garantizarse millonarios ingresos.

Maquinaria abandonada de Austral Construcciones. Foto Opi Santa Cruz


“Una gran concentración de obras en un único grupo de empresas”, concluye la auditoría y la referencia directa es al grupo Austral que además, presentó un incumplimiento reiterado en los plazos de realización de las obras, el 44% de todo lo adjudicado aún se encuentra en ejecución.

Después de la intervención del Distrito 23 con asiento en Santa Cruz, el 9 de enero, empezó el proceso más arduo: investigar toda la obra pública que el kirchnerismo otorgó a su Provincia los últimos doce años. Los números reflejan las sumas siderales que se destinaron: 83 obras por 21.269 millones de pesos (Buenos Aires recibió 25 millones), desde 2010.

Del total 51 corresponden a empresas de Lázaro Báez, lo que representa 16.386 millones de pesos del presupuesto general, es decir un 78,4%, según detalla la auditoría final. De esta suma total, Vialidad concluyó que sólo ejecutó 9.037 millones a diciembre de 2015, es decir que no supera el 50%.



Predio de Austral Construcciones. Foto Opi Santa Cruz.

El relevamiento se hizo sobre las Rutas Nacionales N° 3, 40, 281 y 288. Del total de obras, el 90% se realizaron a través de convenios con Vialidad Provincial, que en su carácter de comitente, fue la responsable de supervisar las obras, certificarlas.

El grupo Austral logró trazar tres mecanismos para el ingresos de fondos. En primer lugar, el grupo certificaba por obras que no se hicieron: En la Autovía Comodoro - Caleta Olivia, se certificaron el 92% por bloques de hormigón divisorios de las calzadas que nunca se colocaron; la obra “Puente Blanco-Bella Vista” sobre la Ruta 40, tiene certificación de 925 metros carpeta asfáltica “no ejecutada”, y a la vez no tiene obrador pese a que se certificó su totalidad bajo el ítem “Movilización de Obra”, que incluye su construcción. La obra de 68 kilómetros a Tres Lagos, en sus primeros 13 kilómetros no presenta ninguna realización. En la misma se certificaron las alcantarillas en su totalidad, y no se terminó ninguna. Son sólo parte de un extenso detalle.

A diciembre de 2015 el grupo Austral tenía en ejecución 26 obra, de las cuales 23 no cumplieron con los plazos estipulados en sus licitaciones, incluso sufrieron ampliaciones en promedio de 2,63 veces más sobre sus plazos originales. El cobro de las certificaciones se convirtió en otro mecanismo favorable: mientras las demás constructoras cobraban a 213 días, Lázaro Báez obtenía el dinero en 34 días.

La competencia con sus propias empresas fue otra instancia permitida. Por ejemplo en 2011, de la mano del ex ministro Julio De Vido, Báez ganó dos licitaciones (11/11 y 12/11) para pavimentar 170 Kilómetros de una ruta provincial que empalmaba con la Ruta Nacional N° 3. La primera licitación, por 634.959.463 pesos, la ganó la empresa Kank y Costilla S.A, y la segunda, por unos 640.148.519 pesos fue ganada por Austral Construcciones.

Muchas de las obras están en estado de abandono, algunas hace dos años. La Ruta 3 de la autovía representa un riesgo vial para los conductores, y hay bases y terraplenes que podrían deteriorarse. Si esta obra continuaba en manos de Lázaro Báez, iba a costar 3.000 millones de pesos, cuando se licitó por 125 millones. El empresario K la tuvo ocho años y solo hizo el 36%. Otro ejemplo es la obra Rospentek-Puente Blanco, que tiene un avance del 27% y está paralizada desde 2013.

Báez ya no tiene obras. Los últimos contratos que le quedaban fueron rescindidos tanto en Santa Cruz como por la Nación. Ahora, Báez podría enfrentar una denuncia penal por la información arrojada por la Auditoría que reflejó que gran parte de las obras están en estado de abandono, en algunos casos, hasta de dos años.  Incluso los 400 millones que Austral reclama desde enero a Vialidad por 19 obras, a través de un dictamen serán bloqueados y no se abonarán. Tal como informó Clarín, la Justicia decidió que ese dinero si ingresa a las cuentas de las empresas, será embargado.
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