Macri pone bajo la lupa los gastos de los ministerios y secretarías

Por Mariano Obarrio - LA NACION

El Presidente pretende alcanzar el equilibrio fiscal en 2018.

Macri pone bajo la lupa los gastos de los ministerios y secretarías. Foto: Archivo 

Luego de ordenarles a sus ministros que presenten propuestas para recortar gastos, Mauricio Macri comenzó a revisar la ejecución presupuestaria de cada ministerio: la decisión política es que las carteras que ejecuten menos partidas tendrán recortes proporcionales en 2018 y podrían ceder recursos a otros en el ejercicio actual.

"Pueden ceder a otros ministerios para terminar 2017 o recortar partidas para 2018 para ir avanzando en el camino de convergencia al equilibrio fiscal", dijo a LA NACION una alta fuente de la Casa Rosada.

El gasto primario previsto este año es $ 2,3 billones. Macri procura reducirlo en 2018 en términos reales. Los ministerios que demuestren que no pueden ejecutar partidas tendrán menos fondos y ello desatará una puja por los recursos para el año próximo. Tras los primeros cinco meses de 2017, la más baja ejecución presupuestaria (subejecución) la tuvieron los ministerios de Comunicaciones, de Oscar Aguad, y de Hacienda, de Nicolás Dujovne : ambos gastaron sólo 26% del crédito para este año.

El promedio devengado de las 27 jurisdicciones que releva la Oficina Nacional del Presupuesto (ONP) del Ministerio de Hacienda es del 42%, media lógica para el mes de mayo, transcurrido el 41,6% del año. Muy por debajo están también los ministerios de Modernización, de Andres Ibarra, con 27%, y el de Energía y Minería, de Juan José Aranguren , con 28%.

La información surge de un informe de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), sobre la base de datos oficiales.

El jefe del Gabinete, Marcos Peña, sólo devengó el 31% de su presupuesto. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, el 32%. Los de Justicia, Germán Garavano, y de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el 33% cada uno.

Foto: LA NACION 

La Cancillería gastó el 34% y la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (Fernando De Andreis), el 35%, al igual que Turismo, que dirige José Gustavo Santos. Todos ellos están debajo del promedio, lo que puede ser interpretado como un déficit de gestión.

Sin embargo, con el correr del año esas carteras podrían recuperar terreno. La medida exacta la conocerá el Presidente sobre final del año y los ministros saben que los ojos de Macri estarán sobre ellos. Tal como informó LA NACION, el jefe del Estado analiza una reestructuración de gastos y una reducción de ministerios y secretarías de Estado para luego de las elecciones.

La estructura quedó muy grande con 21 ministerios, dos organismos con rango de tales, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías y 687 direcciones, un 25% más que el gobierno de Cristina Kirchner. También apostará a reducir partidas y programas y en este punto será fundamental la ejecución de cada ministerio en 2017 como indicador para elaborar el presupuesto 2018 en base a la capacidad de gestión de cada cartera.

Austeridad

El Presidente pretende dar una señal clara de austeridad el año próximo para bajar el gasto público, reducir el déficit fiscal y consolidar la baja de la inflación.

Otros ministerios se acercan más al promedio de ejecución previsto para esta altura del año. Los de Defensa (Julio Martínez) y Ambiente (Sergio Bergman), gastaron el 36% de sus partidas previstas.

El de Seguridad (Patricia Bullrich), el de Desarrollo Social (Carolina Stanley) y el de Educación (Esteban Bullrich), están en 38%. El de Salud (Jorge Lemus) llegó a un 40%. Los de Interior y Obras Públicas (Rogelio Frigerio), y de Ciencia y Tecnología (Lino Barañao), alcanzaron el 42%. Por su parte, la cartera de Trabajo (Jorge Triaca) tuvo un 47% y el de Transportes (Guillermo Dietrich), un 49%.

El informe relevó otras jurisdicciones como Obligaciones a Cargo del Tesoro (transferencias a provincias), con 30%; Poder Legislativo, con 39%; Poder Judicial, con 43%, Ministerio Público, con 47%, y Servicio de Deuda Pública, con 50%.

Más fondos: aprueban el ingreso de Argentina al FMI chino

(Clarin.com) - Es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, una entidad alternativa a los grandes grupos multilaterales.

La foto de familia de los participantes en la segunda reunión anual del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) en la isla de Jeju, Corea del Sur. EFE

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) aprobó hoy el ingreso de Argentina como nuevo estado miembro, durante su segunda reunión anual, que comenzó hoy en la isla surcoreana de Jeju. También se sumarán a la entidad Madagascar y el Reino de Tonga.

Se espera que el encuentro sirva para marcar el rumbo del BAII, entidad creada en 2014 a instancias de China, vista como una alternativa a Fondo Monetario Internacional (FMI) o al Banco Mundial (BM) y que goza de buenas perspectivas gracias a la creciente influencia global del gigante asiático.

La decisión fue tomada durante una de las sesiones de reuniones del panel gobernadores de la entidad, el principal órgano de decisión del BAII, que con estas tres nuevas incorporaciones sumará 80 países miembros.

La nueva ronda de adhesiones incluye dos países miembros no regionales -Argentina y Madagascar- y uno regional, el Reino de Tonga, aunque todos ellos están pendientes de completar el proceso de ingreso, que requiere la ratificación parlamentaria y el depósito del primer pago de su participación en el capital de la entidad.

El presidente del BAII, Jin Liqun, destacó durante la reunión la importancia de "mejorar la integración de infraestructuras y reforzar las conexiones entre Asia y el resto del mundo", algo que a su juicio tendría "beneficios de largo alcance para la economía global".

El exviceministro de Finanzas chino destacó que Argentina y Madagascar son "economías importantes" en sus respectivos continentes, mientras que del Reino de Tonga subrayó su "conocido carácter de islas amistosas" del sudeste del Pacífico.

Con la decisión de hoy, Argentina se convierte en el sexto país latinoamericano en ser incluido en el BAII tras Brasil, Perú, Venezuela, Chile y Bolivia, aunque todos ellos están también pendientes de completar el proceso de ingreso.

La reunión que arrancó hoy en Jeju se prolongará durante tres días, cuenta con la participación de los 77 estados miembros de la entidad y de unos 2.000 empresarios de todo el mundo, e incluirá una decena de seminarios en los que se discutirán diferentes áreas de inversión.

La entidad tiene entre otros miembros al Reino Unido, Francia, Alemania, España, Rusia, Italia o Corea del Sur, con las destacadas ausencias de Estados Unidos y Japón, y celebra esta segunda reunión anual bajo la temática de"infraestructuras sostenibles".

Fuente: EFE

Otro golpe a la venta ilegal en Liniers, el último bastión de los manteros en la Ciudad

Por Pablo Novillo - Clarin.com - Fue en la calle Viedma, alrededor de la estación. Hubo 8 detenidos y secuestraron ropa, celulares robados y otras mercaderías.

Operativo. La Policía de la Ciudad, ayer, en la calle Viedma. / Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA

Los alrededores de la estación de Liniers se convirtieron en el principal foco de la venta ilegal en la Ciudad, luego de que fueran corridos los manteros de Florida, la avenida Avellaneda y Once. Pero este jueves la Justicia volvió a darle un golpe a la actividad: clausuraron 16 puestos y detuvieron a ocho personas. Es el principal foco de la venta ilegal en la Ciudad, luego de que fueran corridos los manteros de Once y otros barrios.

El operativo fue ordenado por la fiscal penal y contravencional Celsa Ramírez, de la Fiscalía General de la Ciudad, y se realizó en conjunto con la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), más organismos nacionales. Se llevó a cabo entre las 11 y las 16 en las dos cuadras de la calle Viedma al 6800 y 6900, entre Buera y Madero, junto a la estación.

La Policía detuvo a ocho personas, cinco porque vendían artículos con marcas falsificadas y CD y DVD truchos, y los otros tres, que ofrecían celulares robados, por encubrimiento. Todos fueron trasladados a la Comisaría N° 44. En el caso de los acusados de violar la ley de marcas, intervino el juzgado federal de Claudio Bonadio.

Operativo. Ayer, en Liniers, donde detuvieron a tres personas que vendían celulares robados. / Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA

Fueron secuestrados 2.400 prendas de ropa, 6.500 CD y DVD, más cinco teléfonos robados, entre otros artículos.

En tanto, la AGC clausuró tres parrillas y un quiosco, y decomisó 12 kilos de alimentos y 60 botellas de bebidas alcohólicas.

Tras el desalojo de los manteros de Once, las ventas en comercios subieron hasta un 30%

El operativo fue rechazado por los vendedores. "Los compañeros están trabajando con un contrato que les hizo SOFSE, pero igual les llevaron la mercadería. Trabajan de manera legal y no entienden cómo pueden estar tan desprotegidos. Los primeros desalojados instalaron una carpa en el lugar y ahora se van a sumar los de de este jueves para protestar", afirmó Omar Guaraz, titular de la Asociación de Vendedores Libres.

La SOFSE es la Sociedad Operativa Ferroviaria Sociedad del Estado, que administra los ferrocarriles. En Fiscalía sospechan que alguien firmó los contratos a nombre de ese organismo, pero que lo hicieron ilegalmente. Por cada puesto los vendedores pagan hasta $ 20.000 mensuales, pero se trata de locales que no tienen habilitación del Gobierno porteño.

La venta ilegal fue copando Liniers a medida que la corrieron de otras zonas. Primero, de Retiro, Constitución y la peatonal Florida. El año pasado, de la avenida Avellaneda, en Floresta. Y en enero último, de Once.

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) difundido ayer indicó que la zona de Liniers concentró el mes pasado 334 puestos, que significaron el 45,6% del total de los manteros de toda la Ciudad. De hecho, la cuadra de José León Suárez al 100 fue la más afectada, con 96 puestos, seguida por Ibarrola al 7200, donde encontraron 61.

Por eso la Justicia empezó a concentrar esfuerzos en el lugar, y desde marzo iniciaron una serie de investigaciones con la Policía que culminaron en diversos allanamientos. Uno de los principales ocurrió 25 locales sobre la avenida Rivadavia entre Carhué y Cuzco. También hubo operativos en depósitos de la zona desde los cuales se abastecía a los locales ilegales. En total ya suman 16 detenidos.

El mismo informe de la CAC mostró que el mes pasado hubo en todo Buenos Aires 731 puestos ilegales, un 57,9% menos que en mayo de 2016 y un 2,7% de caída respecto de abril. Esta disminución obedece directamente a los procedimientos en Avellaneda y Once.

Como en todas las mediciones, el rubro más afectado fue el de "Indumentaria y Calzados", con un 28,6% del total de puestos; seguido por "Alimentos y Bebidas" con el 20,8%. Por el lado de la piratería, detectaron una baja interanual del 68,2% de venta de artículos truchos. Las marcas más afectadas fueron Adidas, Nike, Puma, Ray Ban y Rolex.

Por irregularidades, revisan más de un millón de pensiones por invalidez

Por Fabiola Czubaj - LA NACION

El cruce de bases de datos identificó, en lo que va del año, que 7000 titulares del beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de incapacidad que exige la norma vigente.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Foto: Archivo / Mauro V. Rizzi

En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación identificó irregularidades en unas 70.000 pensiones por invalidez. Este beneficio lo pueden recibir las personas con un 76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.

Según pudo conocer LA NACION,el entrecruzamiento de bases de datos precisó que 7000 titulares que estaban recibiendo ese beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de invalidez que requiere el decreto 432/97.

La norma contempla que el Estado puede suspender o cancelar la prestación cuando el beneficiario no cumple con los requisitos. En este caso, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, explicó a LA NACION que esas 70.000 prestaciones se suspendieron preventivamente.

Foto: LA NACION

Además de un monto económico, el beneficio incluye el acceso a la cobertura de salud. La ejecución del pago queda a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que recibe el listado de beneficiarios del ministerio que está a cargo de Carolina Stanley . En este caso, la Anses no audita ni da altas o bajas. Badino insistió: "Las suspensiones no significan que los beneficiarios dejan de recibir asistencia de salud".

Uno de los requisitos para acceder a la pensión es "no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna". Sin embargo, el 30% de los titulares de las pensiones que están suspendidas tiene una pareja con alguno de las ayudas enumeradas.

El 8% -o sea, 5600- no posee una incapacidad del 76% para trabajar. Esto contradice uno de los requisitos del decreto. Hay registros que indican que hay beneficiarios con menos de un 66% de invalidez.

Un 10% tiene empleo en blanco y había omitido informarlo, según surgió al cruzar las bases de datos. Para recibir la pensión, quien la solicita "no debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia".

Al 3% se le detectó que era propietario de automóviles con dos o tres años de antigüedad u otros bienes.

A pesar de que un 3% había renunciado al beneficio por motivos personales, seguía cobrando los 4776 pesos de la pensión. O, si vive desde La Pampa hacia el sur del país, son 6686 pesos.

Un 4% de las pensiones que se investigan corresponde a titulares que conviven con familiares que tienen un ingreso de 19.200 pesos o más. El decreto indica que el titular no debería "tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos (...) ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo".

También, la revisión identificó a 18.900 adultos mayores que están recibiendo esta prestación y podrían mejorar su ingreso un 10% con otro beneficio social de la Anses, según indicó Badino. "Pueden tener o no invalidez, pero se les dará la opción de continuar recibiendo la pensión actual o acceder a una prestación mejor", agregó.

En tanto, Stanley afirmó que es "absolutamente falso que haya una baja masiva" de pensiones. "Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos", indicó.

La ministra, que a través de un comunicado intentó "llevarles tranquilidad a las familias", agregó que en esos cruces mensuales de información "se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones con los mismos criterios de hoy. Además, en esos años hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo".

Fondos

Por el decreto 432, de 1997, hay 1,5 millones de beneficiarios de pensiones a la vejez y por invalidez: 1.061.265 corresponden a la segunda categoría, lo que equivale a 70.000 millones de pesos. Otros 370.000 son madres con siete hijos y 70.000 son pensiones graciables que otorgó el Congreso de la Nación. El resto son ex presidentes y vicepresidentes o medallistas olímpicos, entre otros.

Para acreditar la invalidez, basta con presentar un certificado con la firma de un médico. En esto reside una de las principales irregularidades. "La situación médica es muy difícil y compleja de resolver. Nos encontramos con un proceso muy mal administrado. Si en el certificado médico dice 76% de invalidez, nadie cuestiona nada", indicó Badino.

De hecho, la OA informó que investigará el otorgamiento de pensiones durante el kirchnerismo. Todo quedará en manos de la Dirección de Investigaciones a cargo de Ignacio Irigaray.

En tanto, la senadora María de los Ángeles Sacnun (FPV) presentó un proyecto para derogar dos requisitos del decreto: no poseer bienes o ingresos ni otras prestaciones, incluido el cónyuge.

Se habilitó el teléfono 0-800-222-3294 para denunciar la suspensión errónea de la pensión.

Con la colaboración de Carolina Ávila

Ante las denuncias por recortes presupuestarios en pensiones por invalidez, el Gobierno aseguró: "Revisamos lo que exige la ley"

(La Nación) - El Ministerio de Desarrollo Social dijo que dio de baja casos que registraban irregularidades; "el programa fue desvirtuado en la gestión anterior", informaron. El Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, salió a responder las denuncias por supuestos recortes en pensiones por invalidez por cuestiones presupuestarias.

Desde la la oposición, la ex presidenta Cristina Kirchner, la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, y su par de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, denunciaron que el Gobierno dio de baja pensiones a personas con discapacidad aplicando un decreto de 1997.

El Gobierno salió a aclarar que "en modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica". Aseguró que las bajas efectuadas tienen su causa "exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios".

Macri junto a la ministra Stanley durante una visita oficial. Foto: Archivo

Según informaron, en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones. Y destacaron que el padrón está abierto "en forma permanente" a la incorporación de nuevos pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes

Guillermo Badino, que lidera la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) de la cartera, dijo a LA NACION que "se trata de un programa que fue desvirtuado en la gestión anterior". "La pensión por invalidez total y permanente fue administrada de manera clientelar con gente muy vulnerable. Había 180 mil pensiones en 2010 y en 12 años de gestión se multiplicó por diez. Distribuyeron pensiones en locales partidarios sin tener en cuenta los requisitos", sostuvo el funcionario.

Badino mencionó como ejemplos "pueblos en donde el 120 de la población figuraba como inválida" y que hubo médicos que "mintieron en los porcentajes de invalidez en los certificados médicos". "Es un programa que fue absolutamente desmanejado o manejado fraudulentamente", sostuvo.

Y añadió: "No estamos tomando un viejo decreto para administrar el presupuesto, estamos revisando lo que se nos exige, que son los requisitos. Evaluamos si se siguen cumpliendo cuando entregamos la pensión. Y no se hace ahora, también lo hicimos el año pasado y en 2015, la comisión funciona así. Acá hay un manejo político de este tema, con algo que se hace desde siempre".

Tres de cada cuatro dólares de la deuda emitida por Macri fueron para cancelar pasivos de gobiernos anteriores

Por Martín Kanenguiser - LA NACION

Se trata de US$ 70.713 millones sobre US$ 96.674 millones colocados desde fines de 2015.

Un 73% de la deuda emitida desde que asumió Mauricio de Macri corresponde a deudas contraídas por gobiernos anteriores, según datos oficiales. Las emisiones de deuda realizadas entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 alcanzaron a los 96.674 millones de dólares, mientras que las cancelaciones ascendieron a 70.713 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Finanzas. "Tres de cuatro dólares de deuda emitida desde diciembre de 2015 fueron para pagar deudas heredadas", destacó el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris.

De las cancelaciones, 48.980 millones de dólares corresponden a servicios de deuda al día, de los cuales US$ 27.585 millones son vencimientos de capital; en particular, US$ 14.296 millones fueron en moneda extranjera y US$ 13.289 millones en pesos. En tanto, los vencimientos por intereses llegaron a US$ 21.395 millones, de los cuales US$ 10.995 millones fueron en moneda nacional y US$ 10.400 millones en moneda extranjera.

En concepto de deudas con atrasos, se utilizaron 18.960 millones de dólares, de los cuales US$ 15.150 millones correspondieron a la cancelación de la deuda con los bonistas en default desde 2001, US$ 2124 por el programa Gas Plus, US$ 760 millones a Camessa, US$ 608 millones a Petróleo Plus y US$ 318 millones por el Ciadi.

Por otros compromisos, se utilizaron US$ 2774 millones, entre US$ 1005 millones del Plan Gas, US$ 800 millones en la armonización de cajas provinciales, US$ 533 millones a la Dirección Nacional de Vialidad y US$ 436 millones por deudas con Bolivia y Paraguay por energía.

Del lado de las emisiones, que totalizaron US$ 96.674 millones, 41.303 millones fueron en moneda nacional. Del total, US$ 12.479 millones se emitieron a tasa fija, US$ 10.089 millones fueron adelantos transitorios (netos), US$ 9168 millones en bonos a tasa variable (badlar), US$ 5848 millones letras dentro del sector público, US$ 2975 millones en títulos ajustables por CER y US$ 744 millones ajustables por Lebac.

En moneda extranjera se colocaron US$ 55.372 millones, de los cuales US$ 26.250 millones se emitieron en dólares; US$ 14.509 millones en Letes; US$ 3557 millones en Bonar 2025 y 2037; US$ 3247 millones en desembolso a organismos; US$ 2800 millones en bonos en euros; US$ 2124 millones en Bonar 2020 (Gas Plus); US$ 1057 millones en Bonar 2016 (importadores); US$ 750 millones en Bonar 2019 y 2023 (por en blanqueo de capitales); US$ 399 millones en Bonos internacionales en CHF; US$ 362 millones en letras intra sector público (neto); US$ 318 en Bonar 2024 por el Ciadi.

La deuda pública: a quiénes les debemos los argentinos

Por Ismael Bermúdez - Clarin.com

El pasivo en dólares y pesos totaliza US$ 288.448 millones, es decir US$ 6.617 por habitante.

Luis Caputo, ministro de Finanzas, durante una charla ayer en el IAEF. Foto: Bloomberg

Durante 2016, la deuda interna y externa del Estado Nacional, en pesos y en moneda extranjera, aumentó en 34.359 millones de dólares. Al 31 de diciembre pasado sumaba 288.448 millones de dólares, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Así, cada uno de los 43.590.368 habitantes debe US$ 6.617.

La cifra global, que equivale al 56,8% % del PBI, incluye lo que aún se adeuda al grupo de bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

A fines de 2015, la deuda pública bruta, también incluyendo la que estaba en default, sumaba US$ 253.989 millones, equivalente al 56,5% del PBI. Así, y a pesar que en 2016 la economía retrocedió un 2,3% y la deuda aumentó en casi U$S 35.000 millones, en términos del PBI sólo se incrementó 0,3 puntos. Esto pasó porque el manteniendo del valor del tipo de cambio a pesar de la alta inflación, contablemente revalorizó el PBI en dólares. También “ayudó” la devaluación de fines de 2015 que redujo en dólares la deuda emitida en pesos que, en una alta proporción está en manos de la ANSeS y el Banco Central.

De los US$ 288.448 millones, el grueso –U$S 139.909 millones, corresponde a acreedores del propio sector público, como ANSeS o el Banco Central, y equivale al 27,5% del PBI. También se adeudan US$ 28.084 millones (5,5% del PBI) a organismos internacionales (BID y Banco Mundial). Y U$S 107.453 millones (21,1% del PBI) a acreedores privados, de los cuales la deuda no presentada en los canjes suma US$ 8.468 millones, entre capital e intereses. Y el saldo de la deuda por los bonos atados al crecimiento son otros U$S 13.002 millones o 2,6% del PBI.

El 68,4% del endeudamiento total está contraído en moneda extranjera y el 31,6% en pesos.

Si la comparación se extiende a fines de 2005 cuando sumaba US$ 154.271 millones, la deuda creció en más de US$ 120.000 millones. Los mayores aumentos de deuda se produjeron entre 2005 y 2007, entre 2011 y 2014 y el año pasado.

En proporción al PBI, la deuda volvió a subir del 38,7% en 2011 hasta el 56,8% en 2015. En ese período, la economía se mantuvo estancada y sufrió dos fuertes devaluaciones (comienzos de 2014 y fines de 2015).

Esta deuda no incluye lo que adeudan las Provincias y tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC en pesos y moneda extranjera.

Para 2017 el endeudamiento público podría pegar otro salto similar atento al déficit fiscal estimado para este año ( más del 6% del PBI) y la mayor carga financiera. Este año, en base a los compromisos asumidos hasta fines de 2016, la cuenta de intereses por el total adeudado suma U$S 97.490 millones, de los cuales U$S 14.214 millones estaban contraídos para 2017.

Pobre patria...

Cómo será el ajuste del Gobierno tras las elecciones

Por Alejandro Rebossio - Noticias

Se prevén aumentos de tarifas de transporte y energía, congelamiento del empleo público y blanqueo laboral.

El gobierno de Mauricio Macri ha explicitado a través de su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que apunta a bajar el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses, que por cierto crecen al 140% este año) del 4,2% en 2017 al 3,2% en 2018. ¿Cómo ajustarán tras las elecciones?

En el Ejecutivo analizan que el gasto público es récord, del 43% del PBI, y hay que bajarlo reduciendo los tres componentes que lo hicieron subir en el kirchnerismo: subsidios; Seguridad Social, sobre todo por las moratorias previsionales (la reparación histórica de Macri también colabora), y empleo público, en especial en las provincias. Por eso planean seguir bajando subvenciones y aumentando tarifas de electricidad, gas y transporte. Al agua la ven en el precio “de equilibrio”. 

En cambio, estudian acotar la tarifa social. En cuanto a la Seguridad Social se prevé la discusión de la edad de jubilación, los aportes voluntarios, un blanqueo laboral para sumar contribuyentes y revisión a la baja de la pensión universal por vejez que el antecesor de Dujovne, Prat-Gay, creó para los que no aportaron lo suficiente. 

Por último buscarán poner en marcha el acuerdo que en marzo firmaron con 21 de las 23 provincias (sólo se ausentaron San Luis y La Pampa) para que el gasto no suba por encima de la inflación hasta 2019. Finalmente, no prevén bajar la presión tributaria sino redistribuirla con alícuotas más bajas y bases imponibles más altas en Ganancias.

La Argentina se jugará US$ 3000 millones en seis minutos

Por Florencia Donovan - LA NACION

Será el próximo jueves en la audiencia convocada en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el juicio iniciado por dos sociedades que pertenecían al Grupo Petersen contra el Estado argentino e YPF.

La Argentina tendrá sólo seis minutos para defenderse en la audiencia convocada para el jueves 15 en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el juicio iniciado por dos sociedades que pertenecían al Grupo Petersen contra el Estado argentino e YPF. En ese poco tiempo, los abogados del Estudio Skadden, los nuevos defensores de la Argentina en la causa, esperan convencer a la jueza Loretta Preska de que, con el cambio de gobierno, la situación jurídica en el país es otra y que hay nuevamente condiciones para poder litigar este caso en cortes argentinas.

Las cartas a su favor son los acuerdos con los holdouts y las nuevas relaciones internacionales iniciadas por la administración actual. Después de todo, el juez Thomas Griesa, quien tuvo en sus manos las demandas de los holdouts, fue el primero en tener en su poder la causa de Petersen y quien se la derivó a Preska.

Se trata de un giro en la estrategia del Gobierno en el juicio más grande que ahora enfrenta el país, luego de haber logrado cerrar el 98% de las causas que se habían iniciado por el default. Son entre US$ 3000 millones y US$ 4000 millones que están en juego, lo que equivale a la mitad de lo que la administración de Mauricio Macri logró recaudar con el histórico blanqueo de capitales.

La demanda, confiaron fuentes a la nacion, generó una serie de reproches internos en el gabinete económico. En el ojo de la tormenta habría quedado el subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios del Ministerio de Finanzas, Eugenio Bruno, quien tenía la responsabilidad de monitorear el juicio hasta el viernes pasado.

Quien tomó la posta es el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. El abogado del Estado espera poder repatriar el reclamo que, tras la quiebra de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Inversora -que el grupo empresario argentino usó para entrar como accionista en la petrolera estatal-, terminó en manos del fondo norteamericano Burford Capital. A fines de 2016, el país ya tuvo una sentencia adversa en primera instancia. En ese momento, explicaron a la nacion fuentes del Gobierno, se discutieron las "excepciones previas", esto es, si el juicio se debe llevar adelante en EE.UU. o en la Argentina.

El fondo Burford reclama que, cuando el Estado argentino estatizó el 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol, debería haber también pagado por las acciones de Petersen, que quedaron fuera del arreglo. Burford compró en 2015 el derecho al juicio por 15 millones de euros en el proceso de quiebra de las sociedades de la familia Eskenazi, iniciado en España. El administrador concursal español recibirá el 30% de lo que se recupere en la Corte de Nueva York, dinero que luego se usaría para saldar las deudas pendientes con los acreedores de Petersen, Repsol y los bancos. Otro fondo, Eton Park, en su momento accionista de YPF, inició una demanda similar.

La defensa argentina cree que podrá contar el tiempo para probar que el ingreso de Petersen en la petrolera estatal fue cuanto menos irregular. Gana fuerza la hipótesis tras conocerse el caso del financista Aldo Ducler, que falleció la semana pasada, días después de presentar una denuncia anónima en la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que se comprometía a ofrecer documentos que podían hacer caer el juicio.

Pero, además, hay en la justicia argentina desde hace tiempo dos demandas contra el Grupo Petersen, bajo la misma línea argumental. Una es de Elisa Carrió, que instruye el juez federal Ariel Lijo, y la otra es del ex diputado Mario Cafiero. Si bien Ducler había ofrecido colaborar con la UIF a cambio de un resarcimiento, Lijo podría citar a su hijo para que declare y aporte las pruebas a la Justicia.

Buscan recuperar diez veces lo pagado en coimas

(Perfil) - El Gobierno presentará una demanda por daños y perjuicios contra la constructora Odebrecht por los presuntos sobreprecios en las obras públicas. La compañía había ofrecido un resarcimiento de uS$ 35 millones al Estado.

El Gobierno armó un equipo especial de técnicos para estudiar los tres contratos que tiene la empresa Odebrecht en Argentina, con el objetivo de determinar el monto de los presuntos sobreprecios que introdujo la compañía en las obras públicas. La estrategia: presentar en el futuro una acción por los daños y perjuicios sufridos por el Estado, que sería al menos diez veces más alta que los 35 millones de dólares ofrecidos por la constructora como parte del pago de sobornos para obtener los contratos.

“No tenemos aún un número final sobre cuánto se pagó de más en sobreprecios pero seguro es mucho más que lo que ofreció Odebrecht”, explicó a PERFIL uno de los letrados del Gobierno. En este contexto, abogados y contadores de la Procuración del Tesoro (los letrados que defienden al Estado) y la Sindicatura General de la Nación comenzaron a trabajar en la revisión integral de las obras. En especial, los papeles están centrados en tres áreas: Energía (transporte de gas), Interior (provisión de agua potable) y Transporte (soterramiento del FF.CC. Sarmiento).

Las dos primeras, la ampliación del Gasoducto del Sur y las obras de saneamiento del Paraná de las Palmas, están en un nivel de ejecución superior al 90%. Los asesores letrados del Gobierno tomaron como buena señal las palabras del presidente, Mauricio Macri, quien el jueves reclamó que se ponga “toda la verdad sobre la mesa” en el escándalo de sobornos y descartó gestiones para evitar la publicación de involucrados por temor a que aparezca el nombre de su primo, Angelo Calcaterra, socio de Odebrecht en el soterramiento. La libertad de acción abrió el juego en la reunión del martes pasado, cuando se reunieron en la ex ESMA el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, con los representantes de la empresa.

En un tramo de un agitado encuentro, que Saravia Frías estuvo cerca de abandonar en un par de oportunidades, el abogado Guido Tawil planteó: “Queremos perfeccionar los contratos”. ¿Mejorar contratos que están en su etapa final? ¿Admitía irregularidades en los mismos? La oferta desató el malestar. El delegado brasileño de Odebrecht, Edgard Abreu Rocha Silva, y Garavano intentaron apaciguar la discusión que se armó entre el abogado de Odebrecht y el procurador del Tesoro. En definitiva, el sábado pasado ya habían tenido que abortar la primera reunión en el mismo lugar cuando el ofrecimiento de Odebrecht se limitó a los 35 millones de dólares (la cifra de los sobornos) pagados en cómodas cuotas a cambio de inmunidad a sus directivos, la continuidad de las obras y la posibilidad de seguir participando en licitaciones. Ese encuentro no duró ni cinco minutos.

En este marco, en el Gobierno aseguran que la constructora alienta una confusión instalada: la inmunidad en la causa penal no puede otorgarla el Poder Ejecutivo sino la propia Justicia. En la empresa aseguran que sus directivos no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa en dos países. En todo caso, lo que atañe al Gobierno tiene que ver con el resarcimiento que debería desembolsar Odebrecht dependiendo de cómo avance el equipo especial que analiza los contratos.

La Procuración del Tesoro maneja como antecedente emblemático las coimas de la empresa Siemens en la década del 90. En ese caso no hubo cooperación y todo terminó con un juicio de parte de la empresa contra el Estado argentino ante los tribunales internacionales. El mismo Tawil de Odebrecht fue quien llevó la estrategia técnica para Siemens. Saravia Frías había estudiado el caso.

“Todos dicen que éste es un gobierno de CEOs, pero les pateamos las puertas a las empresas”, suele repetir, con sorna, el procurador del Tesoro a su equipo. Lo cierto es que en febrero de este año Carlos Balbín, el antecesor en ese cargo, había recibido una oferta similar de parte de un abogado vinculado a la empresa. En ese entonces, Balbín balbuceó, dudó y hasta pensó en explorar un posible acuerdo hasta que terminó siendo dinamitado por el equipo de abogados de la Casa Rosada a último momento. Ahora el camino elegido es apuntar hacia los sobreprecios.

Exclusivo: Los polémicos contratos de Dietrich con China para el San Martín Cargas

Por Mauricio Cantando (LPO) - La firma del convenio y un decreto posterior de Macri abre la puerta para el cobro de una "canasta de tasas" que sería ilegal.

Mauricio Macri amplió el polémico pacto firmado por Cristina Kirchner con China y consiguió la promesa de financiamiento para la renovación del San Martín Cargas -uno de los brazos del Belgrano-, una obra que adjudicó de forma directa pero podría terminar pagando a tasas de mercado, lo que constituye un delito.

El problema es que el  "Acuerdo de cooperación en materia económica y de inversiones" sancionado por el Congreso en 2015 por la entonces mayoría kirchnerista, no permite adjudicar de manera directa obras con un financiamiento que termine utilizando tasas de mercado, es decir no subsidiadas.

Sin embargo, el acuerdo celebrado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y avalado por un decreto de Gabriela Michetti, deja abierta la puerta a esa posibilidad para financiar los 2.400 millones de dólares que demandará la única nueva inversión que dejó su visita a la potencia asiática.

En el punto 5 del Acuerdo que firmó Cristina y aprovecharon Macri y Dietrich, se permite la adjudicación directa de obras "siempre que estén sujetos a financiamiento concesional de la parte china y que la adjudicación se realice en condiciones ventajosas de calidad y precio".

El financiamiento concesional es un plan de China para financiar su despliegue geoestratégico, inundando de créditos los países en desarrollo, con un financiamiento de hasta el 100% de obras a tasa de interés baja.

Dietrich enmarcó en esas condiciones su acuerdo para la reparación del Ferrocarril San Martín Cargas, que cubre la franja central del país entre Buenos Aires y Mendoza  y permitiría agilizar y abaratar el flete de producción minera, agropecuaria y la industria. El acuerdo se firmó con la firma China Railway Construction Corporation Ltd (CRCC), cuyo presidente, Zhuang Shangbiao, estuvo reunido con Macri en Beijin.

Macri en la reunión que tuvo en Beijing con el titular de CRCC, Zhuang Shangbiao.

Se trata de una obra clave para empezar a recomponer los imposibles costos logísticos del país. Su reparación requiere 2400 millones de dólares y según el anuncio oficial será financiada en su totalidad por el Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank), a un plazo de 20 años y 5 de gracia, una tasa del 3% anual con los gastos incluidos.

Sin embargo, mientras el ministro y Macri recorrían los alrededores de la Gran Muralla, Gabriela Michetti firmó el decreto 338 que en el inciso c del artículo 1 abre la puerta a sumar fuentes de financiamiento.

Tras exigir un descuento de tasa de al menos un 25% respecto a la pagada por los títulos públicos emitidos por Argentina en Wall Street, el decreto aclara que "en el supuesto que el financiamiento sea otorgado por más de una entidad, las condiciones anteriormente mencionadas deberán ser evaluadas con respecto al financiamiento otorgado considerado en su conjunto".

El decreto 338 firmado por Michetti, en una rebuscada redacción, abre la puerta para que se genere una canasta de tasas que está prohibida por ley para este tipo de adjudicaciones directas.

Y advierte que esto es "independientemente de si uno de los componentes del financiamiento no cumpliera por sí solo con las mismas, debiendo a tal efecto celebrarse un único contrato de préstamo sindicado y/o varios contratos vinculados entre sí".

La rebuscada ecuación no conformó a expertos de la Cancillería consultados por LPO, porque puede derivar en una clara alteración del acuerdo marco con China, que es en definitiva la ley que permite hacer una obra pública sin licitación internacional, una promesa de campaña de Macri que suele repetir como un mantra cada vez que le preguntan sobre alguno de los numerosos conflictos de interés de su administración.

"Lo que va a pasar es que Eximbank va a financiar una parte muy pequeña del proyecto y el resto se hará con otros Bancos. Y habrá una canasta de tasas de mercado a un costo incierto, pero que difícilmente sea muy por debajo del de mercado", advierten. 

Se trata de un riesgo similar al que enfrenta la otra gran obra que maneja Dietrich, el soterramiento del Sarmiento que inicialmente se adjudicó a Odebrecht porque traía el financiamiento del BNDES brasileño, luego de dijo que la financiaba el Estado y ahora como reveló LPO, los socios italianos de Ghella están buscando préstamos privados.

Como sea, siempre hábiles, los chinos lograron en este caso que el mismo decreto aclare que en todos los casos estos proyectos deben incluir "empresas adjudicatarias y/o por entidades financieras públicas y/o privadas de República Popular de China".

En Cancillería creen que será inevitable la incorporación de otras fuentes de financiamiento porque los créditos concesionales del Eximbank jamás superan los 400 millones dólares. Bolivia fue el país de la región que más aprovechó estos créditos concesionales y Argentina, pese a la ley lograda por Cristina, fracasó en todos los intentos porque los proyectos que acercaba Julio de Vido nunca conformaban a los chinos. Eran muy caros.

A Dietrich le pasó lo mismo pero le encontró la vuelta. "Esto un disparate total. Lo que hizo Macri con ese decreto es agravar el acuerdo con China, que se había firmado en el marco de las urgencias financieras de Argentina en 2014. Porque el punto 5 era claro de que el financiamiento debía estar contemplado para que sea una vía concesional", sostuvo ante LPO Claudio Lozano, ex diputado de Unidad Popular que rechazó aquella ley impuesta por la ex presidenta.

Consultado por LPO, los voceros de Dietrich desligaron el debate por las tasas de interés hacia el área que conduce el ministro Luis Caputo, presente en la gira por China. "Es tema del Ministerio de Finanzas", se desentendieron. 

La resistencia de la UIA

La UIA fue la que más se resistió a las relaciones carnales con China y para contenerlos Dietrich aclaró que el 72% de la participación de bienes y servicios utilizados en la obra del San Martín Cargas serán de origen argentino y sólo lo restante vendrá del gigante asiático.

Pero fuentes de la entidad confiaron a LPO que por más buena voluntad que ponga el ministro una vez en marcha el proyecto, no será fácil cumplir con ese requisito. "Los créditos concesionales fueron muy frecuentes en África, donde los chinos ponían todo el capital", recordó Lozano. Algo parecido piensa Paolo Rocca, presidente de Techint y líder del rechazo al desembarco de China en el continente.  

Un dato: según informa el propio Ministerio de Transporte, el proyecto más grande de la empresa CRCC fuera de China fue la modernización de la línea de ferrocarriles en Nigeria por USD 8.300 millones, que la convirtió en la segunda empresa de ingeniería más grande del mundo.

Macri y Cabrera junto a directivos de la UIA durante un breve encuentro en la gira por China.

Como explicó LPO, el anuncio del San Martín Cargas opacó el fracaso de la gira de Macri en China, donde no pudo avanzar en anuncios concretos porque le reclamaron detalles del informe ambiental exigido por la Corte Suprema para reactivar la construcción de las represas de Santa Cruz.

No los tenía y ni bien aterrizó a Buenos Aires le encomendó acelerar el trámite a sus ministros Juan José Aranguren y Sergio Bergman, pero se demorará al menos hasta agosto, no sin antes atravesar una ardua negociación con el Congreso, en pleno período electoral.

Diego Guelar, embajador argentino en China, le había recomendado a Macri conseguir la aprobación del informe antes de viajar a Beijin, pero no logró calmar su ansiedad. El embajador también le sugirió al ministro Dietrich tomarse un tiempo antes de firmar el acuerdo por el San Martín Cargas. Tampoco lo escucharon. 

La constructora Odebrecht cobró US$ 60 millones por materiales paralizados en la Aduana

Por Cledis Candelaresi - La Nación

Odebrecht ejecutó una garantía estatal de respaldo; el caso está bajo la lupa de la Justicia

A pesar de la decisión oficial de rescindir el contrato de ampliación de gasoductos troncales, la contratista Odebrecht consiguió cobrar unos US$ 60 millones por la importación de caños y chapas -paralizados desde hace un año en depósitos aduaneros- desde Confab, subsidiaria brasileña de Tenaris. La constructora brasileña ejecutó una garantía estatal que respaldaba la contratación más ambiciosa de las celebradas con esa firma en el país, plan que ahora está bajo la lupa de la Justicia por irregularidades.

Desenredar la maraña contractual construida en los últimos años con Odebrecht no parece cuestión sencilla ni evita al erario seguir afrontando costos extraordinarios, a pesar de que esos acuerdos están objetados por organismos de control y otras dependencias públicas.

Marcelo Odebrecht, CEO de la firma brasileña

En octubre pasado, el Ministerio de Energía dispuso la rescisión del megacontrato que tenía a Odebrecht como beneficiaria para la ampliación de gasoductos troncales denominada open season 2006-2008. El emprendimiento, que hasta el momento demandó más de US$ 2300 millones, ya había sido suspendido antes de esa fecha por otra resolución, a la luz de groseras faltas administrativas y contables.

La determinación oficial se basó en una denuncia que formuló Nación Fideicomiso SA ante la justicia penal para que se investigara la responsabilidad de funcionarios públicos en los contratos que, entre otras consecuencias negativas, obligaron a la caja pública a pagar obras que debían cubrirse con fondo privados.

Con el argumento de que el ministerio no tenía potestad legal para tomar esa decisión, Odebrecht decidió continuar con la importación de los caños y chapas desde Confab resuelta en noviembre de 2014 bajo el rótulo de compra de "materiales críticos". Sin embargo, el cargamento que empezó a llegar a aguas argentinas el 21 de junio pasado a quedó en depósitos aduaneros. Según aseguraron fuentes del Ministerio de Energía a LA NACION, ese material sería destinado a otras obras gasíferas que se licitarán en la modalidad de obra pública tradicional. Pero eso aún no ocurrió. Y de acuerdo con fuentes privadas ligadas al tema, esa estadía en el puerto de Campana generaría un costo diario de "entre 10 y 15.000 dólares", que deberá afrontar el Estado.

Lejos de esos dilemas públicos, Odebrecht ejecutó la garantía y cerró este capítulo haciendo caso omiso de las notas en las que Nafisa -administradora de los recursos para obra que se gastaban con la venia del Enargas- le recriminaba tener "pretensiones injustificadas sobre la base de precios desproporcionados y ajenos a los de mercado". La empresa eludía esas objeciones con el argumento de que esos contratos no están encuadrados bajo el derecho administrativo. "No hay controversia con el Estado. Los contratos fueron firmados con Albanesi y Cammesa y ambos cedidos a los fideicomisos administrados por la Nación", reafirmó ante este diario un vocero de la constructora brasileña.

Una trampa esencial de este sistema intrincado de contratación para ampliar la capacidad de transporte troncal es que la operatoria no se encuadraría bajo la legislación de obra pública, lo que acota la posibilidad de aplicar controles y definir responsabilidades de los funcionarios que intervinieron, cuyo proceder está cuestionado por la AGN y la Sigen.

Las dudas también desgarran a la cartera energética, que para evitar un paso en falso hace meses decidió contratar al consultor Hugo Carranza a fin de que haga un listado de las obras que resultan necesarias.

Otro de los lastres de este open season o Skanska II es la conclusión de la planta compresora de Pichanal, obra pendiente más importante de los contratos para ampliar la capacidad de transporte del país bajo el sistema de fideicomisos ahora en revisión judicial. Con un grado de avance importante, se ejecuta bajo la órbita de Transportadora de Gas del Norte (Techint), que, al igual que TGS (Pampa), fue gerenciadora de los contratos en su jurisdicción, sin competencia formal en la fijación de los precios. Actores privados clave en esa oscura arquitectura jurídica y legal diseñada a mediados de la década pasada, que dificultosamente intenta desmontarse.

La construcción de Pichanal fue adjudicada a Odebrecht y tiene como subcontratista a BTU, firma sindicada como próxima al ex ministro de Planificación Julio De Vido y aventajada por las contrataciones públicas de los últimos años.

En los considerandos de la resolución 224 del 13 de octubre, que dispone rescindir el contrato marco, Juan José Aranguren señaló que concluirla en los términos en que se ejecutó "implicaría la validación de valores contractuales que han sido motivo de cuestionamientos y que forman parte de la denuncia penal" de Nafisa.

Fuentes privadas aseguraron a LA NACION que los valores convalidados para la planta hasta ahora triplican los de mercado. De ahí el afán oficial de terminar el emprendimiento, al margen de las opiniones sobre verdadera utilidad de una obra cuestionada por expertos: si prospera, se encontrará con que el gas de Vaca Muerta o Bolivia no tiene suficiente carburante para exportar al país y así esa planta puede erigirse en un monumento a la dilapidación de fondos públicos. Y se paralizaría definitivamente, también.

Se termina la espera: ya tiene fecha el retorno de la Argentina al club de los "emergentes"

(iProfesional.com) - El 20 del mes próximo el MSCI tratará el caso argentino. Si bien hoy es un mercado de frontera, podría reingresar al índice y así potenciar los negocios.

El Morgan Stanley Composite Index (MSCI) definirá el 20 de junio si la Argentina deja de ostentar el desprestigioso rótulo de mercado de frontera y vuelva a ser "emergente" a los ojos de los inversores. Ese día, a las 10,30 de la mañana hora Nueva York, la compañía que elabora este índice de acciones publicará los resultados de su revisión.

Hay tres índices actualmente incluidos en la lista de la Revisión Anual de Clasificación de Mercado de 2017: MSCI China A y MSCI Argentina para una posible reclasificación a Mercados Emergentes. También hay un índice de Nigeria para una reclasificación.

En caso de que se decida la reincorporación del país a la liga emergente, será volver al estatus del cual nunca tendría que haber salido. 

El MSCI Argentina Index fue excluido del MSCI Emerging Markets en mayo de 2009 como resultado de las restricciones al ingreso y egreso de capitales. Según una simulación realizada por la compañía que elabora el índice, el MSCI Argentina tendría un peso potencial del 0,4%. O sea, abajo de Colombia y Perú, y bien lejos de Brasil (6%) y México (4,5%).

De todas formas, la expectativa en el mercado bursátil es total. Sucede que muchos fondos de inversión no pueden, hasta ahora, posicionarse en acciones argentinas ya que están calificadas como de frontera. Sus estatus lo prohiben. 

Por lo tanto, se espera que haya un aluvión de dólares hacia los papeles argentinos. ¿Qué papeles serán los que estarán incluidos en este índice? En la lista aparecen YPF, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, BBVA Banco Francés, Telecom Argentina, Pampa Energía, Adecoagro, Petrobras Argentina, Globant, Transportadora Gas del Norte, Arcos Dorados Holdings, Irsa, Edenor y Cresud. 

Algunos ya se vienen anticipando a la noticia que se conocerá en junio. Por ejemplo, BlackRock, el mayor fondo de inversiones mundial, comenzó a operar acciones argentinas en el “iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF.

El “iShares MSCI Argentina” replica por ahora a uno ya existen te de Argentina de la sintetizadora de fondos Global X, que se compone en 59% de empresas locales y el resto de compañías internacionales que operan en Argentina y su negocio depende mayormente del mercado local (como SilverCorp) o de multinacionales argentinas en el exterior (como Mercado Libre y Arcos Dorados).

Ocultar bienes en firmas offshore, tarea imposible

Por Ricardo Paolina - LA NACION

Las sociedades denominadas offshore hasta hace muy poco tiempo no estaban obligadas a llevar registros contables de las operaciones comerciales y financieras que hacían fuera de sus países de constitución, porque así lo disponían los códigos comerciales de sus respectivos países, lo que derivó en muchos casos en el uso ilegal de este tipo de sociedades en razón de las dificultades que se presentaban para obtener datos relativos a sus patrimonios, investigaciones sobre operaciones comerciales, división de bienes en casos de divorcios, etcétera.

Desde el 1° de enero de este año, en Panamá rige la ley 52, aplicable a todos los entes jurídicos (SA, SRL, Fundaciones de Interés Privado u otros con fines comerciales) que operen fuera de Panamá, a los que se les imponen las siguientes obligaciones:

- Llevar registros contables y conservar la documentación respaldatoria de sus operaciones comerciales en el domicilio del agente residente en Panamá por un mínimo de 5 años.

- Si se resguarda la documentación y registros en un domicilio distinto al del agente residente, según lo decida el consejo de administración, se deberá informar la dirección de custodia y nombre y datos de contacto de la persona encargada.

- Proveer al agente residente, en 15 días, la documentación que pueda requerir cualquier autoridad.

- El agente residente en Panamá deberá conservar copia de los registros de los accionistas de la sociedad.

Se prevén fuertes sanciones por incumplimientos de las obligaciones, como multas de US$ 1000 más US$ 100 por cada día de demora, la renuncia del agente residente, la suspensión de los derechos corporativos y la disolución judicial del ente jurídico.

Si bien la ley no impone la obligación de presentar estados financieros, los registros que deberán llevar deben describir los importes recibidos y gastados, los bienes que conforman el activo y también los pasivos.

Idéntica situación se verifica en el caso de las sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, donde el gobierno introdujo enmiendas a su ley de Compañías de Negocios. Estas sociedades deberán inscribir a sus directores en el Registro de Asuntos Corporativos, que está a disposición de cualquier autoridad competente que la requiera para investigación y/o suministro en caso de intercambios de datos con fiscos extranjeros,

Es responsabilidad de la sociedad llevar registros de las operaciones comerciales, conservar la documentación y confeccionar estados financieros e informar al agente residente el nombre de los accionistas y los datos de quienes se encarguen de conservar 5 años la documentación y los estados contables. Por incumplimientos hay multas de US$ 50.000.

La transparencia fiscal internacional viene ganando ampliamente la batalla contra la confidencialidad. El accionar de estos países (y otros que adoptarán normas similares) llevan a que los contribuyentes que han adherido al sinceramiento fiscal, estén bien asesorados, tomen medidas tendientes al resguardo de sus patrimonios y preparen la información que les será exigida por la AFIP.

Socio de Lisicki, Litvin & Asociados

5 ambiciosos proyectos de infraestructura con los que China quiere "sacudir" el orden económico mundial

Redacción BBC Mundo -

Tren de alta velocidad en la ciudad china de Anshun, en la provincia de Guizhou. GETTY IMAGES

La antigua Ruta de la Seda unió comercial y culturalmente a Oriente y Occidente hace 2.000 años. China la quiere revivir con proyectos como este tren de alta velocidad. Es un plan de infraestructura colosal y costoso con el que China quiere ampliar -y profundizar- su influencia mundial.

"Esperamos desencadenar nuevas fuerzas económicas para el crecimiento global, construir nuevas plataformas para el desarrollo mundial y reequilibrar la globalización para que la humanidad se acerque más a una comunidad de destino común", dijo esta semana el presidente chino, Xi Jinping.
Así describió la dimensión y el propósito del proyecto de expansión de obras públicas conocido como Nueva Ruta de la Seda, con el que su país intenta mejorar las conexiones entre Asia y otras regiones del mundo.

Fue durante el primer Foro de Cooperación de la Nueva Ruta de la Seda que concluyó el lunes en Pekín, en el que participaron una treintena de líderes mundiales, entre ellos los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y representantes de América Latina como los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, y de Chile, Michelle Bachelet.

"La nueva Ruta de la Seda": el corredor comercial con el que China quiere extender su influencia a Medio Oriente y África

"Es un esfuerzo ambicioso y sin precedentes", dijo por su parte el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, sobre el plan con el que China pretende "sacudir" el orden económico mundial. La iniciativa cuenta ya con una financiación de casi US$210.000 millones, según cifras oficiales.

Presentada por el propio Xi en septiembre de 2013, la Nueva Ruta de la Seda incluye ferrocarriles de alta velocidad, puertos y centros logísticos con los que China pretende emular el antiguo recorrido que unió comercial y culturalmente a Oriente y Occidente hace 2.000 años.

Aunque, en teoría, el objetivo del proyecto intercontinental de inversiones en infraestructura es aumentar la integración económica entre Europa, Asia, África y otras regiones, algunos países occidentales creen que lo que busca el gobierno chino es expandir su influencia más allá del ámbito económico.

Según la analista en asuntos chinos de la BBC, Carrie Gracie, tanto los oleoductos y gasoductos que atraviesan Asia Central como los puertos de Pakistán y Sri Lanka en el Océano Índico podrían servirle en el futuro al gigante asiático para fines militares.

En BBC Mundo te presentamos 5 grandes obras que ha encarado el gobierno de Pekín para revivir la Ruta de la Seda.

1. Transporte de mercancías China-Europa

El presidente de China, Xi Jinping, anunció una nueva inyección de US$70.000 millones para el proyecto.

Actualmente, China ya opera cerca de 20 líneas de trenes de carga que comunican directamente el país con ciudades europeas como Londres, Madrid, Rotterdam o Varsovia. La ruta China-Madrid lleva funcionando más de un año y es el servicio ferroviario más largo del mundo.

Ahora, el objetivo del gobierno de Xi Jinping es optimizar esta red y conseguir que sea una alternativa más rápida -aunque más costosa- al tradicional transporte marítimo de productos chinos.

Está previsto que las obras del nuevo tren de alta velocidad, que unirá los 7.000 kilómetros que separan a Pekín de Moscú en 30 horas -frente a los 5 días que dura actualmente el viaje-, terminen en 2025, según la compañía estatal rusa OAO Russian Railways.

Detrás de esta gran iniciativa está la intención de China de consolidarse como una potencia comercial global, comenta Carrie Gracie, la analista de la BBC.

Costo: US$242.000 millones

La ruta China-Madrid lleva funcionando más de un año y es el servicio ferroviario más largo del mundo.

2. Red de trenes en Asia

Modelos a escala de trenes chinos de alta velocidad. GETTY IMAGES

China y Japón compitieron durante meses por el proyecto del primer ferrocarril de alta velocidad de Indonesia, que unirá la capital Yakarta con la ciudad de Bandung, en la isla de Java.

En este apartado hay dos grandes proyectos futuros:

La Red Panasiática

China planea conectar la ciudad de Kunmíng, situada en el sur del país, con Vientiane, la capital de la vecina Laos, y con la red de ferrocarriles de Birmania.

Si consigue ejecutar la obra y pone en marcha otras planeadas en Tailandia, Camboya o Vietnam, podría llegar a constituir una red panasiática que vinculara el país con el resto del sudeste asiático.

Costo: US$7.000 millones (sólo el tren de alta velocidad entre Kunmíng y Vientiane)

Alta velocidad en Indonesia

El ferrocarril Yakarta-Bandung será el primer tren de alta velocidad de Indonesia y ayudará a mejorar las conexiones entre la capital del archipiélago y uno de los principales centros económicos de Java.

Aunque varias empresas japonesas también aspiraban a hacerse con el proyecto, el gobierno indonesio acabó decantándose por compañías chinas.

Costo: US$5.900 millones

3. Corredor China-Pakistán

Situado 700 km al oeste de la capital de Pakistán, Karachi, el puerto de Gwadar conectará la ciudad china de Kasgar con el Mar Arábigo.

Aprovechando que Pakistán es uno de sus aliados históricos, China invertirá en el país y ayudará en el desarrollo del puerto de Gwadar, en el Mar Arábigo. La idea de ambos países es que se convierta en la versión paquistaní del sureño puerto de Shenzen, conocido como el "Silicon Valley chino".

La ejecución de este proyecto le otorgará a China una salida al mar sin la necesidad de que sus productos pasen por el siempre conflictivo estrecho de Malaca, donde operan piratas y el clima es desfavorables.

El proyecto, que contempla la ampliación de la Carretera del Kakarorum, una de las más altas del mundo, que conecta a China con Pakistán.

Costo total: US$55.000 millones

4. Puerto de Colombo

El gobierno de Sri Lanka otorgó el proyecto del puerto de Colombo-Sur, presupuestado en US$1.400 millones, a una compañía china. Para China, el transporte en la Nueva Ruta de la Seda no sólo será terrestre. El presidente Xi Jinping también considera clave el desarrollo de puertos marítimos.

El de Colombo, la capital de Sri Lanka, es una prioridad para Pekín.

Aunque quedó paralizado con el cambio de gobierno en la isla -más cercano políticamente a India-, recientes negociaciones han permitido continuar con el proyecto y ya se han reanudado las obras.

Costo: US$1.400 millones

5. Proyectos en África

Operada por personal chino, la flota de trenes de nueva construcción de la línea que une la capital de Etiopía, Adís Adeba, y Yibuti está ayudando a impulsar la economía de ambos países. GETTY IMAGES

Operada por personal chino, la flota de trenes de nueva construcción de la línea que une la capital de Etiopía, Adís Adeba, y Yibuti está ayudando a impulsar la economía de ambos países.

China ya está construyendo el ferrocarril que unirá las dos principales ciudades de Kenia: la capital, Nairobi, y Mombasa, en la costa del país.

Este proyecto forma parte de la futura red de transportes de África Oriental, que conectará las ciudades de Kenia con las capitales de Uganda (Kampala), Sudán del Sur (Juba), Ruanda (Kigali) y Burundi (Bujumbura).

Una red que conectará el país con otras capitales africanas como la de Etiopía, Adís Abeba.

De hecho, China ya inauguró el tren que une la capital etíope con la ciudad costera de Yibuti, la capital del país de mismo nombre, situada en el Mar Rojo, donde compañías chinas están construyendo un centro logístico marítimo. "Es un desarrollo estratégico enorme", le dijo al diario The New York Times Peter Dutton, profesor de estudios estratégicos de la Escuela Naval de Guerra en Rhode Island, EE.UU.

"Se trata de una expansión del poder naval para proteger el comercio y los intereses regionales de China en el Cuerno de África. Eso es lo que las potencias en expansión suelen hacer. Y China aprendió las lecciones del imperio británico hace 200 años", concluye.

Costo total: US$13.800 millones