Prevén endurecer la ley de expulsión de extranjeros que cometen delitos

Por Martín Dinatale - LA NACION

El Gobierno contempla crear un fuero especial y acotar los plazos procesales en causas que involucran a inmigrantes.

Tan polémico como pragmático. Así se prevé la letra fina de un proyecto de ley que prepara en sigilo el Gobierno para acelerar los procesos de expulsión de extranjeros en condiciones irregulares o con causas judiciales pendientes. En los últimos días comenzó a redactarse un proyecto de ley que prevé reformular la actual ley de migraciones con un objetivo: avanzar en los demorados procesos de expulsión de extranjeros en situaciones jurídicas contrarias a las normas de la Argentina. 

Según revelaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, el proyecto de ley se está elaborando entre los ministerios de Seguridad, Justicia e Interior. En este último caso, bajo el mandato de la Dirección Nacional de Migraciones. Sustancialmente, lo que plantearía el nuevo proyecto de reforma a la ley de migraciones será:

• Fuero migratorio. La intención sería crear un fuero especial para tratar allí todas las causas judiciales en las que estén involucrados inmigrantes extranjeros con problemas judiciales. En el Gobierno aducen que en la justicia ordinaria hay casos que llevan muchos años frenados porque los jueces están atiborrados de causas y no dan prioridad a los casos de ciudadanos extranjeros. Un fuero migratorio especial -evalúan- agilizaría esos casos.
• Acotar plazos. La intención de la reforma a la ley también sería reducir los plazos y pasos de recusación de una causa. "Hay una industria de la recusación y una avivada de los abogados que hace que un caso de un delincuente extranjero con pruebas fehacientes de un delito demore muchos años por las recusaciones que se presentan", dijo un funcionario del Gobierno que trabaja en este tema. Hay casos en los que un juicio se puede extender por 400 días hábiles en primera instancia por la flexibilidad que permite hoy la ley de migraciones en cuanto a pedidos de recusación.
• Diferenciación de figuras. La intención de la iniciativa oficial de reforma también es ajustar la figura de reincidente de un delito. Es que en muchos casos el extranjero se va del país con una causa penal, pero al volver a delinquir nuevamente en la Argentina no se lo considera reincidente y extiende los plazos de permanencia en el país.

Desde lo conceptual, el Gobierno busca establecer una clara diferencia entre aquellos extranjeros que delinquen y que deben ser expulsados de inmediato de aquellos que están radicados con sus papeles al día y dispuestos a trabajar.

Según datos oficiales a los que accedió LA NACION, en la Argentina existen en la actualidad unos 15.000 extranjeros en condiciones de ser expulsados por diversos motivos que van desde irregularidades en su documentación de radicación hasta casos de acusados de delitos.

A la vez se estima que el 30% de la población del sistema penitenciario federal son casos de extranjeros con condena o proceso en condiciones de ser expulsados. Se trataría de unos 3500 extranjeros cuyas causas judiciales fueron postergadas en el tiempo por la demora de los jueces o por una eventual situación de aprovechamiento de los abogados que utilizan los resquicios legales actuales para alargar los plazos de permanencia. En el Gobierno evalúan que "la mano garantista" que imperó en la administración kirchnerista de los últimos años hizo que exista un parate absoluto de las expulsiones de extranjeros con causas penales. De esta manera se supo que en los últimos 10 años, la Argentina expulsó a 70 extranjeros con causas judiciales y delitos comprobados. De ese universo, 30 fueron eyectados del país durante la actual administración macrista en este último año.

Las autoridades de la Dirección de Migraciones, por su parte, destacaron a LA NACION que "no existe una política de expulsión, sino que, por el contrario, la Argentina es un país altamente receptivo de inmigrantes". Esto lo fundamentan con cifras: en lo que va de este año se efectivizaron 280.000 trámites de radicaciones de extranjeros en el país. Así, la Argentina es uno de los países de América latina con mayor índice de radicación de extranjeros. En Brasil, el año último hubo 70.000 trámites de radicación de extranjeros, y en Uruguay apenas 3000.

"No se puede decir que el gobierno de Macri es expulsivo. Todo lo contrario. Es inclusivo. Pero hace falta cumplir a rajatabla la ley y evitar abusos legales para aquellos que delinquen", graficó un funcionario del Gobierno que trabaja en el proyecto de reforma. Como ejemplo de ello, el funcionario explicó que el plan para albergar a 3000 refugiados sirios es una estrategia de inclusión que no todos los países de América latina llevan adelante.

Auditoría a la Justicia: hay 2000 causas abiertas por corrupción y jueces sobrecargados

Por Claudio Savoia - Clarin.com

Se desprende de los datos preliminares de la auditoría a los juzgados federales que pidió el Consejo de la Magistratura. Hay causas abiertas hace más de diez años y problemas de infraestructura.

El edificio de la calle Comodoro Py 2002, en Retiro, escenario principal de los juicios por corrupción contra funcionarios nacionales. Allí funcionan 12 juzgados federales, las dos salas de la Cámara Federal y las cuatro de la Cámara de Casación, además de los tribunales orales. Foto: Rolando Andrade Stracuzzi.

Con la mirada fija de la sociedad sobre sus pasos, y para cerrar un año de duros diagnósticos sobre las tareas indelegables del Estado, los jueces y tribunales federales argentinos acaban de entregar los primeros datos preliminares de una histórica auditoría ordenada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo pleno acaba de aprobar en la sesión de hoy. Aunque la información aún está incompleta y debe ser procesada, las primeras noticias indican que en todo el país hay en trámite unas 2000 causas por corrupción, y que en los últimos veinte años se investigaron y concluyeron otras 4000.

La intención del trabajo, encargado hace cinco meses a instancias del presidente del Consejo -Miguel Piedecasas- y tras sortear la resistencia de consejeros y magistrados poco acostumbrados a los controles, era lograr un conocimiento del universo total de causas en materia de corrupción y cotejarlas con otros países de la región o desarrollados; medir el plazo de duración de los procesos, para ver si se logra una respuesta eficaz o no del sistema de justicia. Para despolitizar el análisis y alejarlo de la coyuntura, se pidieron datos sobre las causas concluidas y en trámite de los últimos veinte años (1996-2016), en las que haya sido imputado algún funcionario de los sucesivos gobiernos nacionales.

Una vez vencida la resistencia política a la auditoría, el desafío siguiente fue sistematizar el trabajo. Primero se seleccionaron los delitos contra la administración pública cuya posible violación sería auditada: cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones Incompatibles con la función pública; exacciones Ilegales; enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; estafas y otras defraudaciones al Estado. Luego, el 14 de julio, se sortearon los auditores, que de inmediato comenzaron a visitar los juzgados, cámaras y tribuanales orales de todo el país.

El 24 de noviembre, finalmente, el Cuerpo de Auditores entregó su informe preliminar, que luego de ser analizado por Piedecasas se discutió en la sesión plenaria del Consejo que concluyó esta tarde.

Veamos entonces algunos datos. Teniendo en cuenta que por ahora la estadística no diferencia las decisiones de fondo que jueces y camaristas fueron tomando en los expedientes de las que sólo representan una "incidencia" administrativa o procesal, el total posible de causas en trámite en el país estaría oscilando entre 1900 y 2000, un número que aumentaría por los informes faltantes, pero que a la vez se reduciría en una escala importante cuando se unifiquen las causas con sus recursos e incidencias, para evitar que se compute en forma duplicada o triplicada.

La misma advertencia debería tenerse en cuenta respecto de las causas concluidas, en cuyos datos falta información que debe procesarse. La información preliminar dice que se investigaron y se cerraron entre 4000 y 5000 causas por corrupción en los veinte años en análisis.

Fuentes importantes de la Magistratura estiman que, cuando el proceso de consolidación termine, las causas en trámite se han de reducir a unas 1000 y las culminadas a 2000, en números absolutamente relativos.

Pero no todas son estadísticas. El análisis descubrió, por ejemplo, que aún hay causas en trámite iniciadas en 1997, 1999 y 2000: hace más de una década. También será clave para medir la eficacia judicial poder ver los porcentajes de condenas, sobreseimientos, absoluciones, falta de mérito y sobre todo tener información precisa sobre las prescripciones, suspensiones de juicio a prueba o archivos. El paso del tiempo, asociado a la inacción judicial suele ser el principal aliado de los corruptos. Ya se sabe, por ejemplo que según las mediciones del propio Tribunal Oral Federal, el porcentaje de condenas en Bahía Blanca es muy bajo.

¿Números? Algunos ya hay. La Cámara Federal de Casación Penal, con todas sus salas, tiene en trámite unas 108 causas. Y en los seis Tribunales Orales Federales de Capital hay unas 150. Las dos salas de la Cámara de Apelaciones que funciona en Comodoro Py atienen ahora a unos 80 expedientes, y los doce juzgados federales porteños, donde se inicia la gran mayoría de las causas por corrupción contra funcionarios nacionales, tienen unas 720 causas en trámite. 

Según las estadísticas -aunque la complejidad de cada expediente es distinta y eso relativiza los casos, el juez más sobrecargado allí es Claudio Bonadio, con 96 causas. Le siguen los doctores Ramos, con 83, Casanello y Lijo, con 70, y Julián Ercolini, con 69. Del otro lado, quienes hipotéticamente tendrían más tiempo para dedicarse a cada expediente son los doctores Rodríguez (36 causas en trámite), Canicoba Corral (37 causas), Rafecas (39 causas), Torres (49) y Servini (52). En su juzgado y el que subroga tras la denuncia de Norberto Oyarbide, Marcelo Martínez de Giorgi atiende ahora  61 y 56 causas respectivamente.

En las jurisdicciones del interior (juzgados, tribunales y cámaras), estarían en trámite unas 900 causas, siempre teniendo en cuenta que como en los casos anteriores aún hay que consolidar los recursos e incidentes para ver en cuántos expedientes se están tomando decisiones de fondo. Las jurisdicciones de Rosario; Mendoza y San Martín, en el Gran Buenos Aires, son las que ofrecen mayor cantidad de causas en trámite, rondando las 100 cada una de ellas.

Los cinco primeros meses de trabajo también sirvieron para recoger datos sobre los problemas que la justicia federal enfrenta en materia de infraestructura, sistemas informáticos, recursos humanos, cuerpos periciales y relaciones con organismos externos, que sin dudas afectan el plazo de los procesos y los resultados en relación a la eficiencia de los recursos.

Ahora viene la etapa de procesamiento, análisis de los datos recogidos, además del pedido de informes complementarios, para que durante 2017 toda la información debidamente procesada, unificada, consolidada y analizada permita al cuerpo de Auditores realizar un informe mas sustancioso correspondiente a la segunda etapa del trabajo.

A medida que esa información esté disponible, y si el pleno del Consejo sostiene su decisión, los datos alimentarán un portal abierto de datos, que comprenderá no solo esta auditoría sobre corrupción, sino también las que se realizaron o se están realizando en materia de narcotráfico, delitos de lesa humanidad, causas laborales y aquellas en las que están involucrados menores de edad. 

Según pudo saber Clarín de fuentes del Consejo, "la idea es que a partir de ahora el seguimiento de las causas de corrupción y narcotráfico continúe año a año, lo que nos brindará un grado de certeza mucho mayor en el futuro y nos permitirá comprobar el aumento o disminución de las causas en esa materia, lo que hace al mejor o peor nivel de institucionalidad."

No será fácil. El funcionario recuerda que, con la orden de hacer estas auditorías y el esfuerzo en concretarlas, se cambió el criterio de anteriores composiciones del Consejo, que en 2007 y 2010 rechazaron de plano la idea de controlar a los jueces que investigan la corrupción.

Los Kirchner, involucrados en el escándalo de Odebrecht

Por Daniel Santoro - Clarin.com
El pago de 35 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2014. La constructora brasileña abonó $ 80 mil a la inmobiliaria de la ex presidenta, mientras investigan por lavado al primo de Néstor.

Factura de Odebrecht para el pago a la inmobiliaria de los Kirchner.

Los Kirchner quedaron involucrados en el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht que admitió el pago de coimas a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner entre el 2007 y el 2014 por obtener contratos públicos por 270 millones de dólares por varios caminos. Una a través de una denuncia por lavado de dinero contra el primo de Néstor y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, y otra por una factura que Odebrecht pagó a Negocios Inmobiliarios, la inmobiliaria de los Kirchner que maneja el “Bochi” Sanfelice, entre otras pistas.

En abril de 2014, Odebrecht transfirió a través del Banco Galicia 80.000 pesos a una cuenta del Banco Santa Cruz a Negocios Inmobiliarios SA, la inmobiliaria de los Kirchner, según una factura difundida por el sitio web Tangoleaks y publicada el año pasado. Ante otras extrañas facturas como estas, Sanfelice había dicho que eran pagos en concepto de alquileres de “inmuebles o máquinas”. La factura está firmada por Mauricio Perez y Arlindo Sergio de Olivera Facadio, apoderados de Odebrecht en la Argentina. Pero el acuerdo judicial de ayer en EE.UU aportó nuevos datos. Entre el año 2011 y 2014, Odebrecht pagó una suma aproximada de US$ 2.9 millones a “un intermediario quien trasladaría dichos gastos a los funcionarios del gobierno argentino”. 

Una fuente empresaria dijo a Clarín, en forma enigmática, que el intermediario podría ser un personaje que años atrás tuvo un romance con una famosa actriz y que, además, estuvo relacionado con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. El intermediario hizo gestiones para que Odebrechet consiguiera jugosos contratos como el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.En el punto 50 del acuerdo entre la justicia de EE.UU y la constructora brasileña revela que entre enero del año 2011 y marzo del año 2014, Odebrecht realizó “pagos por la suma de USD$500.000 a cuentas privadas de un intermediario que se habría comprometido a trasladar dicha suma a los funcionarios argentinos”. Uno de esos pagos por 80 mil dólares habría ido al ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime, a través de la cuenta Prinnbont Corporation SA del First Caribbean International Bank.

Según fuentes judiciales se pagaban sobornos para cobrar contratos y también para cobrar los certificados de obras. Por eso resultó significado que la Unidad de Información Financiera (UIF) -que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico pidieron al juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita que inhiba los bienes e investigue por lavado de dinero al primo de Néstor. Ercolini y Pollicita investigan la causa por el redireccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en la que Carlos Santiago Kirchner declaró, el mes pasado, como sospechoso de haber sido parte de la maniobra.

La UIF descubrió que el primo tiene una pinturería en Río Gallegos cuyo nombre legal es K-Sanc S.A. y que la “usó para la compra” de departamentos, vehículos de alta gama y la apertura de plazos fijos millonarios, más que para vender pinturas. En un informe, se señala que la empresa fue creada en el 2011 y al año siguiente compró 5 unidades funcionales por 29 millones de pesos y luego un departamento en Puerto Madero por unos 10 millones de dóalres. Más tarde, adquirió un Mercedes Benz Coupe 350, un Peugeot 408 y un Volkswagen de alta gama.

En el 2013, el primo de Néstor había aumentado sus bienes en casi $2 millones en 2012, según su declaración jurada de bienes. A comienzos de 2012, informó tener bienes, depósitos y dinero por un total de $6.142.031,31 y al finalizar ese período contabilizó $8.078.619,32, convirtiéndose en uno de los funcionarios más ricos de todo el gabinete K.

Arquitecto de profesión, en 1988, fue designado en la Jefatura de Departamento del área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Río Gallegos. Dos años más tarde, en 1990, fue nombrado vocal del Poder Ejecutivo del Instituto de vivienda de Río Gallegos, y en 2003 pasó a presidir ese organismo. Recién a mitad del mandato de Kirchner, en 2005, "El Negro" Carlos pasó en la órbita nacional. Su primo le creó un cargo a medida: subsecretario de coordinación de Obra Pública. Ya la Auditoría General de la Nación había advertido en 2009 que el primo político de Cristina Kirchner en su subsecretaría había un “muy débil control del destino final de los fondos”.

Los negocios de Odebrecht en Argentina están investigados por varios jueces a la vez. La denuncia de Ocaña la tiene el juez Martínez De Giorgi, la de la diputada Margarita Stolbizer, el fiscal Carlos Stornelli, mientras que la líder del ARI-CC Elisa Carrió denunció a De Vido por el cobro de coimas y a Odebrecht por maniobras con las declaraciones juradas únicas de importación (DJAI). Mientras la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió datos a los fiscales brasileños sobre el pago de sobornos de la constructora en la Argentina.

Un área paralela y un banco en el Caribe, las vías del soborno

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Documentos de EE.UU. y Brasil exponen cómo pagó sobornos por US$ 439 millones en doce países.

Fueran tantas las coimas que pagó, que Odebrecht montó toda una estructura paralela para manejar la operatoria ilegal. Y le puso un nombre entre anodino y burocrático para identificarla. Un nombre que no llamaba la atención: División de Operaciones Estructuradas. Pero dio otro paso más. Porque si hay algo mejor que un banco ajeno para moverse en las sombras es operar un banco propio. Entonces compró un pequeño banco del Caribe para circular su dinero negro.

Todo eso y más surge de las investigaciones que durante los últimos años desarrollaron los investigadores brasileños del Lava Jato -en especial el juez Sergio Moro, un equipo de fiscales y la policía-, y su contraparte del Departamento de Justicia estadounidense y de la Fiscalía de Nueva York. Ahora, esa labor transnacional comienza a salir a la luz.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Primero, que esa División de Operaciones Estructuradas también manejó un presupuesto paralelo entero a través de dos sistemas, "MyWebDay" y "Drousys".

Segundo, giró fondos a decenas de compañías offshore a nombre de terceros que en la práctica eran títeres de Odebrecht.

Tercero, compró en 2010 una pequeña filial en la isla de Antigua, en el mar Caribe, de un banco de origen austríaco. Su nombre no surge del informe oficial del Departamento de Justicia, pero sí de la investigación brasileña. Es el Meinl Bank.

Cuatro, ordenó miles de transferencias bancarias a través de cuentas abiertas en distintos paraísos fiscales. Así, por ejemplo, el dinero llegó a pasar por cuatro cuentas intermedias antes de llegar al destinatario final, de modo de ocultar su beneficiario y dificultar la labor de aquel que quisiera seguir la ruta de ese dinero negro.

Y quinto, a menudo los pagos fueron en efectivo. Ya fuera, según admitió Odebrecht ante el Departamento de Justicia, en "paquetes" y "maletines", que transportaron valijeros, a los que en Brasil conocían como "doleiros".

¿Cuánto dinero negro movió la División de Operaciones Estructuradas? El cálculo de los investigadores estadounidenses es que rondó los US$ 788 millones, de los que US$ 349 millones terminaron en los bolsillos -o las cuentas offshore- de funcionarios brasileños y los restantes US$ 439 millones en manos -o cuentas- de autoridades argentinas y de otros 10 países.

Para eso, los responsables de Odebrecht en cada país involucrado debían contactarse con dos ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas. El Departamento de Justicia los identificó como los enigmáticos "empleados de Odebrecht" número 4 y 6.

La Argentina, entre los doce países en los que Odebrecht pagó sobornos

Por Alberto Armendáriz - LA NACION

Gastó 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, según documentos presentados tras un arreglo judicial en EE.UU.

RÍO DE JANEIRO.- En un intento por resolver el mayor caso de corrupción internacional de la historia, las compañías brasileñas Odebrecht y Braskem -la mayor empresa petroquímica de América latina, en la que Odebrecht y Petrobras son socios- se comprometieron con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza a pagar en conjunto unos 3500 millones de dólares en multas por los más de 1000 millones en sobornos a funcionarios en por lo menos 12 países, entre ellos la Argentina.

Por el acuerdo anunciado ayer, las dos compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York e implicadas en el escándalo del petrolão se reconocieron como coconspiradoras para ganar de manera ilícita negocios en Angola, la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, en violación del Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés).

Según los documentos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht habría pagado por lo menos 599 millones de dólares en coimas en Brasil y 439 millones en el resto de los países, muchas veces a través de cuentas en bancos suizos. En la Argentina, la empresa habría pagado 35 millones de dólares en sobornos por contratos por 278 millones, durante el período 2007-2014.

Foto: Archivo

Braskem, que tiene plantas en Brasil, México, Estados Unidos y Alemania, no habría participado de esquemas de corrupción fuera de Brasil.

"La colaboración de las dos empresas revela un vasto caso de corrupción nacional e internacional. Considerados conjuntamente, los valores a ser devueltos son récord mundial en términos monetarios en un acuerdo de indulgencia", señaló en un comunicado el Ministerio Público Federal brasileño, que desde Curitiba lleva adelante la mayor parte de las investigaciones sobre el petrolão.

El acuerdo prevé que las multas sean abonadas durante 23 años, y la deuda será actualizada anualmente según la inflación en Brasil. En principio, Odebrecht pagará 2600 millones de dólares (el 80% de esa cifra irá a Brasil, mientras que el 20% restante será dividido en partes iguales entre Estados Unidos y Suiza), mientras que Braskem tendrá que depositar 632 millones (70% a Brasil, y 30% entre Estados Unidos y Suiza). El monto final deberá ser ajustado en una audiencia en abril, pero según las autoridades judiciales norteamericanas superará los 3500 millones.

El Ministerio Público Federal brasileño aclaró que, gracias al acuerdo, las dos compañías podrán continuar con sus operaciones de manera normal, y volver a competir por licitaciones con el Estado. Asimismo, las firmas se comprometieron a seguir colaborando con la justicia en las investigaciones sobre la multimillonaria red de corrupción que montaron junto a otras grandes constructoras para garantizarse contratos con Petrobras.

La noticia del resarcimiento llega tres semanas después de que 77 ex ejecutivos de Odebrecht presos firmaron con los fiscales del Ministerio Público en Curitiba un acuerdo de delación premiada a cambio de reducciones en sus penas. El principal de los detenidos es el ex presidente ejecutivo del otrora más poderoso conglomerado de América latina Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel.

El vínculo con la Argentina

Investigación - El ex secretario de Transporte Raúl Ricardo Jaime y un ex asesor son investigados por las autoridades argentinas bajo sospecha de haber recibido sobornos por 80.000 dólares durante el proceso de licitación para la construcción de un túnel ferroviario realizado por Odebrecht

Sobornos - El ex director internacional de Petrobras Néstor Cerveró informó en su declaración negociada el pago de sobornos para el lobbista Fernando Antonio Falcao Soares durante la venta de Transener a la argentina Electroingeniería

Era jefe en Migraciones y está preso por vínculos con la mafia china

Por Nadia Galán (Perfil.com) - Leonardo Rende estaba a cargo de la Mesa de Entradas y Salidas de Retiro. Detectaron treinta llamados con uno de los cabecillas de una banda acusada por trata y extorsión.

Amor y trabajo. Rende ingresó a Migraciones hace 25 años. Allí también están su esposa y una de sus hijas. Foto:Cedoc Perfil

Hace tres días cayó el argentino, que para la Justicia, integraría una peligrosa banda de la mafia china conocida como ‘Pixiu’. Tiene 47 años, tres hijas y un trabajo clave para facilitar el tráfico de mujeres orientales que eran cedidas a esta banda. Hace más de dos décadas que Leonardo Javier Rende trabaja en Dirección Nacional de Migraciones. Y ocupaba el cargo de jefe nacional en la Mesa de Entradas y Salidas, organismo que recibe los reclamos, pedidos y trámites y los redirecciona al área que corresponda. El miércoles pasado parecía ser un día más para él. Pero no lo fue.

A Rende lo detuvieron en su lugar de trabajo, a las 6 de la mañana, según señalaron fuentes policiales a PERFIL. Se sorprendió cuando personal de la Policía Federal Argentina fue por él. Desde 2010, era jefe de Mesa de Entradas y Salidas de Migraciones a nivel nacional y su despacho lo tenía en la central de Retiro. El año pasado recibió, junto a otros compañeros, una medalla por sus 25 años de antigüedad en el organismo, en el marco del festejo por el Día del Trabajador, según publicó el periódico de la cartera. Paradójico.

Pero ahora las condecoraciones quedaron de lado y Rende está tras las rejas acusado de tráfico de influencias, fraude, asociación ilícita, falsificación de documentos e infracción a la ley migratoria. Sería el argentino detrás de la mafia china.

El nombre de Rende empezó a figurar en los papeles de los investigadores luego de la detención de dos hombres que trasladaban a ocho mujeres orientales en la localidad bonaerense de Campana.

El 26 de mayo, la Policía de Buenos Aires detectó, en la Ruta 9, una camioneta Volkswagen Amarok blanca que le resultó sospechosa e intentó detenerla. El vehículo volcó y allí se descubrió que transportaba a ocho mujeres asiáticas sin documentación. Las mujeres declararon que eran “turistas”, pero en realidad sospecharon que eran víctimas de trata por lo que fueron alojadas en una base de Gendarmería Nacional.

“En un claro incumplimiento de los deberes de su cargo, Rende se encargó de las gestiones para liberar a las ocho mujeres y luego enviarlas a miembros del clan ‘Pixiu’. Toda esta maniobra quedó identificada mediante escuchas y tareas de campo”, se informó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los investigadores detectaron que Rende se había comunicado en casi treinta oportunidades con un hombre de origen chino asociado al líder de la banda conocida como ‘Pixiu’, una peligrosa banda que extorsionaba a los supermercadistas chinos (ver aparte). Este hombre hacía de intermediario y responsable de las gestiones para liberar a las mujeres alojadas en el asiento de Gendarmería.

También se pudo constatar que Rende mantenía vínculos con Xu Kequiang, otro ciudadano chino, quien reclutaba extranjeros con inconvenientes migratorios y a cambio de dinero les ofrecía documentos adulterados y registros migratorios para prorrogar su estadía en la Argentina. Las escuchas a los integrantes de la banda de ‘Pixiu’ fueron fundamentales.

“Bueno, llévate a las cinco ahora, voy a saber quiénes son las otras tres. Las voy a amenazar a ellas. No te preocupes. Sales de Gendarmería”, le dice un hombre a Ai Ru, el segundo en el escalafón de ‘Pixiu’. Y luego dice, según publicó Infobae: “Voy a coordinar con Migraciones para que borren tus registros. Después de llegar a casa informame los nombres de las cinco”. Más tarde, esta misma voz asegura que se comunicó con un alto directivo de Migraciones para hablar de “la plata para liberar a las ocho”. Ahora será turno de que Rende tome la palabra.

Nueva estafa al PAMI: un hotel registraba afiliados muertos para cobrar estadías

(Infobae.com) - Fue en Comodoro Rivadavia
El titular del PAMI de Chubut, Ignacio Torres, inició un sumario interno porque entre 2014 y 2015 el hotel San Justo de la localidad de Comodoro Rivadavia cobró hasta $1.000.000 por estadías irregulares de afiliados que se hospedaban allí.

El hotel San Justo de la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia

En diálogo con Infobae, Torres explicó que el hotel "adulteraba las planillas de los afiliados que se hospedaban allí", y destacó que con esta nueva modalidad de estafa al PAMI, entre 2014 y 2015 "se triplicó" el monto de las operaciones que registró el hotel San Justo.

La estafa se realizaba de diferentes maneras, pero la más grave consistió en que "había afiliados fallecidos que figuraban que estaban hospedados en el hotel", dijo Torres. Además, la administración inventaba huéspedes, o extendía la estadía de algunos: si se quedaban una semana, los ingresaban como si hubieran estado, por ejemplo, un mes.

A partir de esta situación, el titular del PAMI de Chubut reveló que buscará modificar el sistema que implicaba que la obra social firmaba convenios con distintos hoteles de todo el país, y luego ofrecía esos establecimientos a sus afiliados. La nueva modalidad consistirá en que el PAMI les dará directamente el dinero a los jubilados, para que los afiliados puedan elegir el hotel en el que desean quedarse, entre la lista de los que están en convenio con la obra social.

Por último, Torres destacó que "este hotel va a tener que responder por estas irregularidades. Ahora está en manos de la Justicia", y reveló: "Nuestra idea es hacer una auditoria de estos últimos tres años de todos los prestadores, no sólo hoteleros, sino de todos aquellos tuvieron algún tipo de relación contractual con PAMI".

Cada treinta horas detienen a un policía de la Bonaerense

Por Leonardo Nieva - Perfil.com
Esta semana fueron apresados nueve efectivos de La Plata acusados por “asociación ilícita”. Desde diciembre suman 255, entre ellos 27 miembros de alto rango. Crecieron las denuncias y los sumarios.


Comisarios y oficiales (de izq. a der.): Camerini, Skramowskyj, Carballo, Frare, Cuenca. Foto: Cedoc

Julio Sáenz era el único jefe policial que no se había entregado el miércoles pasado, cuando un fallo de la Cámara de Apelaciones convalidó las detenciones de nueve policías platenses acusados de recaudar dinero ilegal. No había abandonado la capital provincial, pero sí su domicilio particular. Estaba oculto en el departamento de su novia, en pleno centro de la ciudad. Sáenz no ofreció resistencia y enseguida pasó a convertirse en el policía Nº 255 que es detenido desde el 10 de diciembre pasado, cuando asumió el ministro Cristian Ritondo.

Los registros que lleva la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Guillermo Berra, revelan que un integrante de la fuerza más numerosa del país es detenido cada treinta horas. Alarmante.

Según estos datos, al menos 27 son de alto rango y ocupaban puestos importantes cuando fueron esposados. En la lista figuran tres comisarios mayores y dos inspectores. También once comisarios y once subcomisarios, muchos de ellos a cargo de comisarías.

Darío Camerini, por ejemplo, estaba a cargo de la Jefatura Departamental de La Plata en abril pasado, cuando en un sorpresivo operativo de Asuntos Internos en el despacho de su secretario, el oficial principal Walter Skramowskyj, secuestraron 36 sobres numerados con 153.700 pesos.

Este comisario inspector, detenido el miércoles último, ocupaba un lugar de peso en la fuerza. La sede de La Plata, por su cercanía con la gobernación, es un verdadero trampolín para llegar al máximo cargo de la fuerza, como ocurrió con Juan Carlos Paggi, jefe de la Bonaerense entre los años 2009 y 2011.

La acusación contra Camerini no sólo puso al descubierto el aparato de recaudación ilegal de la Policía de la Provincia, sino que desmembró la estructura de poder de la Policía platense. La primera denuncia anónima que había recibido la Auditoría de Asuntos Internos, en febrero pasado, indicaba que este jefe policial recibía 200 mil pesos todos los meses de parte de los titulares de los cuatro distritos platenses. Un mes después un policía habló de la misma práctica y aportó que el comisario investigado poseía “varias propiedades” y que invertiría “dicho dinero en agencias de autos”.

Para la Justicia, Camerini sería el líder “de una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos, en perjuicio de distintas personas del ámbito jurisdiccional perteneciente a dicha Jefatura”.

En el fallo de la Cámara de Apelaciones se destacó que los policías “tenían un acuerdo previo, verbal y al menos tácito,  para constituir la organización delictual y ello puede inferirse a partir de la remisión de los sobres con el dinero y las misivas insertas en ellos, donde todos los remitentes y los destinatarios dieron cuenta de un acuerdo de voluntades, y de una organización con división de roles, tareas y funciones para realizar las actividades ilegales, donde el acuerdo no ha sido meramente transitorio sino duradero”.

Afuera. Camerini es uno de los 2.697 policías que fueron apartados de la fuerza. Entre el 10 de diciembre y el 15 de noviembre pasado fueron suspendidos otros 766 efectivos.  

Según las fuentes consultadas por PERFIL, el número de apartados se triplicó respecto al mismo período del año anterior.  Además, se duplicó la cantidad de denuncias a policías por mal desempeño o irregularidades: de 17.200 denuncias recibidas en 2015, se pasó a 35 mil.

En cuanto a los sumarios administrativos, se detalló que se iniciaron 7.514 en 2016, casi el doble que el año anterior (4.200).  En las últimas horas, dos de las máximas autoridades policiales de la ciudad de Saladillo fueron relevadas de sus cargos: el jefe distrital José María Zunino y el comisario local Juan Negrete.

A estos policías los acusan por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la compra de combustible para patrulleros y otros móviles policiales, una práctica bastante habitual en una fuerza con muchas manchas.

Estafa al PAMI: usaban datos de afiliados muertos para falsificar recetas y cambiarlas por dinero

(Infobae.com) - Se calcula que le robaron al servicio unos $2.000 millones. Están involucrados médicos y farmacias de todo el país. Se usaron recetas y troqueles falsos.

Tras una investigación de varios meses, se descubrió una importante estafa al PAMI que ascendería a los 2.000 millones de pesos. Según explicó el titular de la UFI-PAMI, Javier Arzubi Calvo, se usaron varios métodos para llevar el desfalco. La maniobra ya es investigada por la Justicia Federal.

De acuerdo con el funcionario, el fraude involucró a unos 130 mil afiliados fallecidos, casi todo enfermos de diabetes, cuyos datos fueron usados durante más de un año para falsificar recetas y luego cambiarlas por el dinero que pagaba el servicio de atención médica. La causa se inició en abril de este año, tras un informe elaborado por las autoridades de la obra social de Jubilados y pensionados.

Asimismo explicó en muchos casos se usaban recetas y troqueles falsos. Entre las cosas que descubrieron, por ejemplo, detalló que les figuraba 1600 afiliados de Mendoza que consumían insulina en la provincia de Córdoba. "Cuando le preguntamos a 50 de ellos, nos dijeron que nunca consumieron el medicamento en esa provincia", reveló Arzubi Calvo a TN.

Según Sergio Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), la maniobra tiene extensión en todo el país, particularmente en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Formosa y Mendoza. "Tuvimos acceso a la investigación, que detectó que la estafa se realizaba principalmente con la insulina, las tiras reactivas y las lancetas que utilizan los pacientes que padecen diabetes", explicó Peretta a Diario Popular.

De acuerdo con el sindicalista, en promedio cada caja de insulina cuesta entre 300 y 800 pesos, en tanto que el precio de las tiras reactivas oscila entre 400 y 1000 pesos y las lancetas cuestan otros 200 pesos.

"Con estos valores, cada paciente gasta por mes unos 1200 pesos, que si los multiplicamos por 130.000, que es la cifra de afiliados fallecidos involucrados en la estafa y por los doce meses a lo largo de los cuales se extendió la maniobra arribamos a la cifra de 1.872 millones de pesos", estimó.

A grandes rasgos, la investigación reveló que fueron detectados 1133 casos de afiliados bonaerenses fallecidos que registraban consumos por más de 23 mil unidades, entre un período que comprende entre 2010 y 2015.

El Gobierno espera anular desde marzo unos tres millones de celulares robados

Por Daniel Gallo - LA NACION
Los usuarios de telefonía móvil deberán verificar su identidad ante las compañías cada vez que cambien de equipo; darán de baja los aparatos que presenten irregularidades en sus códigos de seguridad.

Celulares robados y modificados en un taller ilegal descubierto hace diez días en Once. Foto: LA NACION / POLICÍA DE LA CIUDAD.

Cada vez más, el celular forma parte de la vida cotidiana. Ya no es sólo un equipo de comunicación de datos de voz, sino también un complemento utilizado para múltiples tareas laborales y una herramienta hoy vital para los momentos de ocio. Perder ese aparato es una trastorno mayúsculo para cualquiera. Y esa pesadilla no es algo lejano si se tiene en cuenta que el robo de celulares es uno de los delitos más padecidos por los argentinos. En los últimos dos años fueron hurtados unos tres millones de aparatos y el Gobierno busca que esas unidades sean inhabilitadas a partir de marzo próximo.

Ese lapso tendrán las compañías proveedoras del servicio de telefonía móvil para regularizar la información de sus clientes, con la identificación de la línea con un único equipo. El dato fue aportado ayer durante una presentación conjunta de los ministerios de Seguridad y Comunicaciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Los principales funcionarios de esas dependencias explicaron los alcances de una resolución que procura frenar el comercio ilegal.

"El robo de celulares es uno de los delitos más terribles y genera mucha incertidumbre en la sociedad", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Las cifras oficiales indican que desde enero pasado hasta ayer se denunció el hurto de 1.023.584 equipos, en una disminución del 20 por ciento con relación a lo registrado en 2015.

"Buscamos que un chip de línea no pueda operar cuando no corresponda con el IMEI (la sigla en inglés del número de serie del teléfono conocido como identidad internacional de equipo móvil)", explicó la funcionaria.

Bullrich indicó que las fuerzas de seguridad desmantelaron este año más de 50 locales dedicados a alterar los celulares robados para permitir su utilización con otras líneas. Pero la magnitud del negocio detrás del robo de equipos de comunicación móviles llevó al Gobierno a analizar alternativas. Y se decidió la creación de una "lista negra" de equipos denunciados por sus propietarios para que las compañías bloqueen su uso. Los técnicos oficiales afirman que las empresas tienen la capacidad de detectar si un equipo tiene alterado su IMEI y en las conversaciones con esas compañías se determinó que los aparatos que generen dudas sobre su procedencia serán inhabilitados.

El titular del Enacom, Miguel de Godoy, informó que habrá un plazo de 90 días para la identificación de los nuevos equipos, mientras que se espera en 18 meses tener un registro de todos los aparatos en actividad. Cada compañía de servicio de telefonía móvil deberá implementar la forma en que los usuarios validarán sus datos, con un esquema similar al utilizado para ratificar la identidad cuando se accede a información bancaria o de tarjetas de crédito.

"El Gobierno no quiere tener las listas de usuarios, eso quedará en manos de cada compañía y su relación con los clientes. Pero las empresas deberán tener esa nominatividad por chip y por aparato", indicó Oscar Aguad , el ministro de Comunicaciones.

En la Argentina hay en servicio cerca de 60 millones de líneas de telefonía móvil y se estima que al menos la mitad no tiene completamente identificado al propietario con su número y equipo en uso actual. El sistema que promueve el Gobierno implica que frente a un cambio de chip de línea el aparato reaccione en forma automática para solicitar la verificación de identidad.

Los equipos técnicos de los ministerios de Seguridad y de Comunicaciones señalaron que ni siquiera en todos los casos de robos de celulares son modificados los IMEI de los aparatos, sino que simplemente se cambia el chip de línea y el usuario que compró un teléfono ilegal puede utilizar hoy el equipo sin problemas. Los funcionarios aseguraron que esos aparatos serán los primeros en darse de baja. "El que usa un teléfono robado tiene que saber que pronto lo podrá utilizar sólo como un pisapapeles", manifestó Bullrich.

Tanto Aguad como Godoy ratificaron que se mantendrá el sistema de venta descentralizada de chips prepagos, pero que se estudiará con los empresas la forma en que la adquisición de esas líneas tenga mayores seguridades. Una de las alternativas pasa por hacer responsable judicialmente al vendedor minorista de la verificación de identidad del comprador.

Es que el sistema de telefonía celular prepaga funciona de forma casi anónima y es empleado por su fácil acceso por las bandas de delincuentes. Bullrich señaló que en allanamientos realizados en casos de secuestro y narcotráfico siempre se encuentran decenas de chips para cambiar las líneas telefónicas y, de esa manera, obstaculizar las investigaciones judiciales basadas en la escucha de conversaciones.

En los próximos meses cada chip deberá estar asociado a un único aparato y estos elementos tendrán que pertenecer a un usuario correctamente identificado.

Los plazos de la iniciativa oficial

90 Días - Será el plazo dado por el Gobierno a las compañías de telefonía móvil para la identificación de los nuevos usuarios y de los equipos ingresados en el mercado legal desde la firma de la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones.

180 Días - En ese lapso, las compañías deberán contar con el registro de la totalidad de usuarios en actividad, con información de cada línea y aparato.

Del narcotráfico al robo de animales: secuestran 1000 caballos en un operativo en Buenos Aires

(La Nación) - Además de poner la lupa sobre el narcotráfico y los negocios turbios de la policía bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal dio la orden de avanzar sobre el robo de animales, entre otras actividades ilegales que rozan al campo.

Un total de 1000 equinos secuestrados, 1100 cerdos, 80 vacas, 150 ovejas y 170 cabras fue el saldo de un operativo de los Ministerios de Agroindustria y Seguridad bonaerenses, junto con el Senasa, contra un hombre acusado de cuatrerismo.

Según informó el Ministerio de Agroindustria provincial, esa cantidad de animales estaba en siete campos del implicado, de apellido Onorato.

Buscan frenar el robo de caballos en la provincia. Foto: Archivo/Sociedad Rural Huangelén

La investigación por robo de equinos se sustanció durante tres años en el Juzgado de Garantías N°1 de Mercedes. La orden de allanamiento involucró a varios establecimientos agropecuarios, granjas de animales, fábrica de chacinados y el domicilio de Onorato.

"Se trataría de un conocido acopiador de caballos quien, a pesar de haber sido denunciado en varias oportunidades, nunca había sido investigado en profundidad ni sus propiedades registradas en allanamientos", consignó el Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires. Trascendió que, con contactos políticos que tenía el acusado, "venía zafando" en los últimos años. La mayoría de los animales secuestrados no presentaba marcas y/o señales visibles.

Otro ministro de Scioli, apuntado por corrupción en Astilleros Río Santiago

Por Rodolfo Lara - Clarin.com

Cristian Breitenstein, ex titular de Producción habría cobrado sueldos de 20 empleados que había hecho nombrar.

El ex ministro de Producción bonaerense Christian Breitenstein, en un acto de diciembre de 2014. Foto: Maxi Failla.

Otro ex ministro de Daniel Scioli quedó involucrado en presuntas maniobras de defraudación contra el Estado bonaerense. Según una evidencia judicial, el ex responsable de Producción, Cristian Breitenstein, habría cobrado “personalmente” del Astillero Río Santiago, que estaba bajo su competencia, sueldos de personas que no cumplían funciones laborales.

La estafa detectada sería de 16 millones de pesos. El soporte del fiscal Jorge Paolini para la imputación de delito contra Breitenstein surgió del ex director del Astillero, Héctor Scavuzzo, quien acusó por escrito en esa fiscalía que el ex ministro de la Producción retiró en varias oportunidades los sueldos de, por lo menos, 20 empleados “truchos”.

Scavuzzo es un ex intendente de Coronel Pringles, y Breitenstein de Bahía Blanca. Ambos de la sexta sección electoral de la Provincia. Y del mismo alineamiento partidario hasta 2013.

Algunas sociedades tienen la duración de un comicio. Apremiado por la investigación, el ex director de ARS decidió esta semana descargar sobre su superior jerárquico de entonces todo el escándalo. Dijo: “Breitenstein en persona se presentaba en la dirección de pagos de sueldos y jornales de ARS para llevarse el efectivo de los veinte empleados que él mismo había pedido designar y que nunca cumplieron funciones en la empresa naval”. Scavuzzo está imputado como autor penalmente responsable del delito de peculado entre enero 2012 y diciembre 2013.

La causa se inició hace casi tres años, cuando una vecina de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Al llegar a la ventanilla recibió la noticia de que el beneficio había caducado porque su marido, un trabajador rural de la zona, cobraba casi 30.000 pesos mensuales en Astillero. De inmediato el hombre, Gustavo Ferreyra, realizó la denuncia judicial. Ese fue el disparador de la investigación de Paolini sobre los “ñoquis” de la empresa naviera estatal.

Ferreyra trabajaba de jornalero en Coronel Pringles. Facilitó su DNI para un empleo. De acuerdo con los registros de la Anses, su ingreso al ARS fue efectivo en noviembre 2012 con un salario de 24.632 pesos, pero “nunca vio un peso” de su supuesto conchabo.

De principio a fin una irregularidad, aún con responsabilidad del damnificado que cedió su documento de identidad.

Después, según consta en el expediente, Scavuzzo intentó un acuerdo que no prosperó. Es parte de la declaración de Ferreyra en la denuncia que hizo en su momento ante el fiscal Fernando Enrique Martínez, de la ayudantía fiscal de Pringles.

Cuando los hechos adquirieron mayor volumen, se armó la megacausa de Paolini en La Plata.

Además de los ex funcionarios sciolistas Scavuzzo y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Andrés Ombrosi, están imputados Rodolfo Guillermo Elisetch, ex coordinador de Sueldos, Jornales y Personal Superior; Oscar Edgardo Borcerio, ex secretario de Presidencia; Julio Rubén Borovik, ex gerente general y Emiliano Giri.

Hasta el momento, Paolini acreditó la existencia de 95 empleados “truchos”. Breitenstein estaría en Alemania.

Qué lacra...

Revelan un circuito de recaudación de sobornos

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
Un empresario denunció en Catamarca cómo José López armó una red de coimas en las licitaciones de la obra pública local.

La clave para ventilar el sistema de las coimas en la obra pública durante la última década acaso se encuentre 1100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. En Catamarca, el ex presidente de la Cámara de la Construcción provincial Fernando Rivera detalló en una fiscalía cómo se repartían las licitaciones, cómo llegaba el dinero del gobierno nacional, cómo se juntaba el efectivo y cómo un avión pasaba a retirar los bolsos por el aeropuerto local. ¿Su destino? Entre otros, el entonces secretario de Obras Públicas nacional José López.

Rivera explicó esa supuesta operatoria de recaudación y cobro de retornos al declarar ante el fiscal federal en Catamarca, Santos Reynoso, dentro de la investigación que comenzó con la denuncia de otro constructor local, Jorge Marcolli, por retornos que empezaron en el 3% de cada contrato, según reveló el diario local El Ancasti.

Tras recabar los testimonios de ambos empresarios, la fiscalía ordenó una batería de medidas para verificar sus declaraciones según adelantaron ayer fuentes tribunalicias a LA NACION. Buscarán contrastarlas con los movimientos bancarios, registros de vuelos y otros testigos, así como investigarán la evolución patrimonial de algunos protagonistas.

Rivera detalló que para ganar contratos de obra pública, las empresas debían abrir una cuenta bancaria en la que el gobierno nacional depositó los pagos, sin que mediaran organismos catamarqueños como la Secretaría de la Vivienda o el Instituto Provincial de la Vivienda. Una vez transferido ese dinero, abundó Rivera, cada empresario debía retirar en efectivo el monto acordado como "retorno" y entregárselo al por entonces referente de la Asociación de Empresas Contratistas del Estado Rubén Dusso, en desmedro de la Cámara de la Construcción provincial.

Con el dinero recolectado entre los empresarios, Dusso -hoy ministro de Obras Públicas catamarqueño- se reunía luego con un emisario que llegaba desde Buenos Aires en un avión privado, recolectaba los bolsos y volvía.

Tras las primeras revelaciones en El Ancasti, sin embargo, Dusso negó cualquier rol en la supuesta recaudación de coimas, y le advirtió al denunciante Marcolli que tendría "que atenerse a las consecuencias". Dusso, según reconstruyó LA NACION, se movió en tándem durante años con Armando "Bombón" Mercado, el ex marido de la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Muy vinculado al poder político, empresario y judicial local, Mercado colocó en múltiples puestos públicos provinciales -pero también de la justicia federal y del sector privado- a alfiles y parientes que le respondieron hasta su muerte, en 2013.

Durante su testimonial, en tanto, Rivera incluyó dentro de la operatoria de recaudación a dos funcionarios del ministro Julio De Vido: el ya fallecido Luis Bontempo, jefe de Gabinete de Obras Públicas y luego subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; el otro, López.

En Catamarca, por su parte, Rivera afirmó incluso que presenció -y hasta cierto punto participó- en una de esas operaciones. Ocurrió a fines de octubre o principios de noviembre de 2004, cuando varios empresarios retiraron fondos de esas cuentas bancarias y se congregaron en las oficinas de Ducanor SRL, una empresa de Dusso.

Los empresarios, sin embargo, desconfiaban de Dusso, según Rivera, por lo que decidieron trasladarse todos en caravana hasta el aeropuerto para verificar que los bolsos terminaran en las manos de los emisarios de Buenos Aires.

Según Rivera, él llegó a abrir una cuenta bancaria, pero aclaró que se negó a pagar el retorno que le exigían desde Buenos Aires para ingresar en el cartel de empresarios beneficiados. Marcolli llegó a dialogar con López, quien le habría dicho que lo excluyeron porque se había negado a sumarse al supuesto círculo liderado por Dusso.

Cómo era la maniobra

Los contratos - Según la denuncia, para ganar contratos de obra pública, las empresas abrían una cuenta en la que el gobierno depositaba los pagos

El "retorno" - Cada empresario debía retirar el efectivo y entregárselo a un referente de las "Empresas Contratistas del Estado". Un avión de Buenos Aires juntaba el dinero para López

Revelan otro método de recaudación ilegal de jefes policiales de la Provincia

(La Nación) - Un informe de La Cornisa asegura que los máximos responsables de la Superintendencia de Coordinación Administrativa de la Policía bonaerense habrían recaudado más de cuatro millones y medio de pesos por fin de semana.

Revelan una nueva manera de recaudación ilegal por parte de jefes policiales de la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo 

El programa La Cornisa, dirigido por el periodista Luis Majul, emitió un informe en el que muestra otro caso de corrupción policial en la provincia de Buenos Aires. Los máximos responsables de la Superintendencia de Coordinación Administrativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires habrían recaudado más de cuatro millones y medio de pesos por fin de semana de manera ilegal.

Lo habrían hecho al enviar la mitad de los efectivos policiales prometidos a los operativos de seguridad de los partidos de fútbol que se jugaron en la Provincia y al mismo tiempo cobrar como si hubieran asistido todos. Los investigadores calcularon que desde febrero hasta ahora se apropiaron de más de 40 millones de pesos.

El mecanismo

La Superintendencia definía el nivel de riesgo de cada partido y así determinaba el número de efectivos. Sin embargo, luego enviaba la mitad o el 40 por ciento de lo prometido a los clubes, mientras los dirigentes pagaban la cifra original. El pago se hacía en la comisaría más cercana al estadio. Los responsables de asuntos internos descubrieron que los jefes policiales se quedaban con la diferencia de dinero entre el desembolso a cada policía que se presentaba a cobrar y el número real.

Lo decubrieron al mezclarse en la cola de los policías que debían cobrar y contar, uno por uno, a quienes efectivamente les pagaron.

Este es el cálculo al que llegó la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza de la Bonaerense y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE). Fuentes de ambos organismos detectaron que "la policía se quedaba con la mitad del dinero que se pagaba por la seguridad en los partidos de fútbol", según informó La Cornisa.

Según el Informe de Inspección, "desde el 14 de febrero hasta el 13 de octubre de este año los efectivos que concurrieron para el total de los partidos de las divisiones de fútbol de la A a la D fueron 69.040. Sin embargo, en muchos casos figuraban el doble" confirmó Juan Manuel Lugones titular de la APREVIDE.

Lugones y otras fuentes que formaron parte de la investigación aseguraron que "a veces van la mitad y en otros casos la proporción es de 60 a 40. Es decir que por cada 100 policías solicitados van 40".

La Cornisa señaló que uno de los casos emblemáticos es el del partido de Racing y Argentinos Juniors del 16 de abril pasado al que deberían haber concurrido 649 policías y fueron 306. El encuentro estaba calificado de "mediano riesgo" y por lo tanto estuvo "inflada" la cantidad de policías solicitados. Pero el hecho de que concurrieran menos de la mitad de los efectivos "fue muy riesgoso ya que frente a un disturbio el faltante podría haber resultado mortal", agregó Lugones, quien dijo haber sufrido una amenaza de muerte por parte de la barra brava de Morón en un partido donde detectaron que había mucho menos policías de los que debían estar.

El dinero que los clubes reciben de la AFA para el pago de seguridad es depositado en una cuenta bancaria de la bonaerense que "decide arbitrariamente cuanta policía debe enviar al partido de acuerdo a su nivel de peligrosidad".

Más allá de esta decisión que muchas veces pone en riesgo la seguridad de los espectadores, la estafa se produce a la hora del envío de los policías a las canchas.

Esa plata que proviene de los fondos del programa de Futbol para Todos "es perjudicial para los clubes, un caldo de cultivo para la violencia y una estafa; ya que la plata de los policías que no cobran ni envían a la cancha se la reparten entre los comisarios y los jefes departamentales", confesó uno de los investigadores.

La maniobra

Los clubes de fútbol acuerdan con la policía el nivel de peligrosidad del partido y deciden asignar una cantidad de efectivos. La policía recibe un depósito bancario por el pago de los agentes. La policía envía menos de lo agentes acordados y se queda con la diferencia. Luego, los comisarios"reparten hacia arriba".

A esta operatoria la denominan "corrupción blanca" porque el dinero no se obtiene del juego clandestino, la prostitución, la protección o el narcotráfico. Son decenas de millones de pesos que salen de los fondos que el Estado distribuye. En el caso del partido de Racing y Argentinos Juniors, Asuntos Internos hizo que la policía le devuelva a Racing la suma de 182.000 pesos (por el incumplimiento). Esto fue documentado en un escrito firmado por Victor Blanco, presidente del club, en el que le informa a la APREVIDE que ya fueron depositados el sobrante del operativo policial.

Otros ejemplos

Al mes siguiente, a Independiente le pasó lo mismo que a Racing. El 14 de mayo enfrentó a Arsenal y en ese partido debieron presentarse 656 efectivos. Solo se presentaron 401. La Policía tuvo que devolverle a los dirigentes de Independiente 188.700 pesos.

En esa misma fecha, Banfield recibió en su cancha a Vélez. El operativo preveía 360 policías. Sólo se hicieron presentes 207.

A los dirigentes de Racing les volvió a pasar el 21 de mayo cuando el equipo de Avellaneda enfrentó en su cancha a Temperley. El operativo estaba calculado para 630 policías y fueron solo 352.

Las líneas de investigación

La otra faceta de esta línea de "corrupción blanca" que investiga a la bonaerense se completa con las famosas horas Cores por la cual cada comisaría recibe el dinero por una cantidad de horas extras que no cumple. "Esta maniobra es más difícil de detectar ya que los agentes firman pero no la hacen. Luego cada uno le da la mitad de lo que recibe al comisario, que reparte hacia arriba. Lo mismo ocurre con la repartición del dinero de las Cajas Chicas", dijo otra fuente a La Cornisa.

La otra línea de investigación es la llamada "corrupción por extorsión" que incluye el cobro a delincuentes, comercios y puesteros callejeros para liberarlos, darles seguridad o evitar los controles. Se llama 'corte de boleto' y es la operatoria por la que cada agente recauda para el comisario, que reparte a las departamentales y "así sucesivamente en capas como la cebolla", confirmó uno de los investigadores.

La tercera línea o caja de la corrupción policial es la del juego clandestino. El caso de Bolivar con dos ex policías investigados por tener agencias ilegales con el presunto lavado de activo a través de empresas con dinero del juego, se completa con el asunto del garito de Malvinas Argentina en donde había policías que cobraban. Lo mismo ocurrió con el llamado "rey del juego" en Morón en donde la policía "recaudaba" por protección.

La última de las cajas es la del narcotráfico. Por "compleja y peligrosa", recién se está investigando la complicidad entre algunos sectores de la policía con la venta de droga. "Hace unos días inspeccionando algunas seccionales de narcóticos detectamos violados los precintos de los depósitos donde debe custodiarse las incautaciones de distintas drogas" dijo el investigador.

Cooperativas bajo sospecha por lavado

Por Martín Dinatale - LA NACION

El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos.

Foto: LA NACION 

Las cooperativas y mutuales que florecieron exponencialmente durante los últimos 12 años del kirchnerismo están contra las cuerdas: el Gobierno denunció 29 operaciones sospechosas de lavado de dinero de esas entidades en las últimas semanas. Además, hay 3000 agrupaciones que están bajo sumario en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia para funcionar por habérseles detectado irregularidades.

En esta batalla frontal que el Gobierno decidió liderar contra las cooperativas y mutuales que manejan en forma irregular planes sociales y créditos del Estado apareció todo tipo de escándalos en los últimos meses.

Se registraron desde cheques falsos o sin fondo hasta graves fallas de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen dudoso y personal estatal que recibía salarios sin concurrir a sus puestos de trabajo. Estas irregularidades fueron detectadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el organismo que se encarga de su control.

"Hay una decisión política del Gobierno de dar transparencia y ejercer un fuerte control a las cooperativas y mutuales para evitar abusos y el manejo de fondos espurios", expresó a LA NACION Marcelo Collomb, el presidente del Inaes.

Esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de controlar a 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Pero, al parecer, durante el kirchnerismo los mecanismos de control fueron muy laxos o directamente inexistentes.

Desde que asumió la presidencia del Inaes, Collomb realizó un trabajo de "depuración y control a fondo", según remarcó, de todas las cooperativas, la mayoría surgidas en los últimos años del kirchnerismo. Se llevaron muchas sorpresas en medio de esa tarea.

Según explicó Collomb a LA NACION, el Inaes elevó al Banco Central y a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) un total de 29 operaciones sospechosas de lavado de las cooperativas.

También existe una tarea conjunta que se realizó con el Ministerio de Justicia y con la unidad de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo de esa cartera que dirige Juan Marteau.

Sucede que desde esa dependencia se emitió un detallado informe que LA NACION dio a conocer la semana pasada, en donde se alertó sobre el manejo irregular de fondos de mutuales y cooperativas que podría tener conexión con el financiamiento de actividades terroristas.

Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de esas cooperativas que manejaron de manera irregular los fondos y planes sociales, ya que ahora serán la UIF y el Banco Central los encargados de elevar a la Justicia esas denuncias.

Las características de estas operaciones sospechosas de lavado son simples: no se reconocen los clientes de las cooperativas, no hay detalles del origen de los recursos que se manejaron y no hubo controles internos sobre su operatoria.

Por otra parte, un total de 3000 sumarios en trámite a las cooperativas de trabajo se gestaron hasta ahora. En lo que va de este año ya son 150 cooperativas y mutuales investigadas por irregularidades.

Al mismo tiempo, en los últimos ocho meses se les retiró la autorización para funcionar a 228 entidades. "Durante el último gobierno se otorgaron matrículas a cooperativas sin control alguno", reveló Collomb. Este funcionario habla con conocimiento de causa: desde el gobierno de Raúl Alfonsín que forma parte del Inaes y en los últimos 25 años vio pasar de todo por allí. Ahora está a cargo de este instituto y buscará realizar una tarea de control exhaustivo.

Por otra parte hay 50 cooperativas y mutuales que fueron denunciadas en la Justicia por el manejo irregular de fondos en el programa Fútbol para Todos y su conexión con irregularidades en la causa de la AFA.

En esa investigación el Inaes designó veedores para colaborar con la investigación judicial. La mayor parte de las irregularidades registradas en las cooperativas se dio en los grandes centros urbanos del país. Para evitar que todo quede en la nada hacia el futuro inmediato, el Gobierno emitió recientemente el decreto 1659/2016 por el que se exigirá a las cooperativas que brinden información mensual de sus cuentas.

También modificarán la matriz de control de alertas; se pedirán balances anuales a las mutuales y cooperativas; habrá un cruce de información con la UIF y el Banco Central; se adecuará la matriz de riesgo ante nuevas operaciones sospechosas de lavado, y se capacitará al personal del Inaes para profundizar los mecanismos de control.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social se determinó que en adelante, las cooperativas no estarán a cargo de programas sociales y estos planes sólo serán distribuidos, manejados y controlados por los ministerios. El Inaes cuenta con un presupuesto anual de 880 millones de pesos, de los cuales la mitad se usa para la promoción y el desarrollo de las cooperativas.

En esta dependencia también hubo una depuración administrativa. En los últimos meses se expulsaron unos 300 de los 900 empleados de esa entidad, ya que se registró que esos empleados nunca concurrían a sus puestos de trabajo.

Maniobras generalizadas e irregulares

- Hubo 29 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero en las últimas semanas. Hay unas 3000 agrupaciones que están bajo sumarios en trámite y a un total de 228 se les retiró la licencia por irregularidades

- Se detectaron cheques falsos o sin fondos, graves falencias de control en el otorgamiento de matrículas, dinero de origen opaco y personal estatal que recibía salarios sin ir a trabajar

- El Inaes controla 13.000 cooperativas tradicionales de todo el país, 20.000 cooperativas vinculadas con programas sociales y 4500 mutuales. Cuenta con un presupuesto anual de $ 880 millones, de los cuales, la mitad se usa para la promoción y desarrollo de las cooperativas

- Por secreto legal no se dieron a conocer los nombres de las cooperativas bajo la lupa. La UIF y el Banco Central serán los encargados de elevar esas denuncias a la Justicia. En las operaciones no se reconocen los clientes, no hay detalles del origen de los recursos y no se advierte que hayan habido controles

Del editor: qué significa. Las cooperativas se transformaron en los últimos años en un vehículo deseado de dinero por sus controles más laxos. Ahora emergen las consecuencias

Descarrilaron el tren para robar el carbón y venderlo

Por Marcelo Rolland / Los Andes
Desde la firma señalaron que poner en marcha la formación Mendoza-La Plata tendrá un alto costo.

Una formación del Trenes Argentinos Cargas, Linea San Martín, terminó fuera de la vías en Gutiérrez. Pérdidas millonarias. Vagones nuevos destruidos.

Cerca de tres meses atrás, la empresa de transporte ferroviario Belgrano Cargas y Logística recibió desde China una serie de vagones nuevos. Ayer a la tarde en Maipú, dos de esos valiosos vagones quedaron arruinados luego de que provocaran su descarrilamiento para, presuntamente, robar el carbón que transportaba.

El siniestro sucedió cerca de las 17 en el distrito de Gutiérrez, entre los barrios Villa Raquel y Parque Norte. Al menos 6 vagones más y la locomotora quedaron fuera de las vías. Incluso, uno de los vagones terminó arriba de otro. Milagrosamente, no hubo heridos.

Personal policial custodió la zona para los peritajes y para evitar los robos. “Es una constante, tenemos muchísimas denuncias. Nos hacen todo tipo de atentados con tal de robarse el carbón”, relató Héctor Rosales, jefe de Unidad de Producción del Belgrano Cargas.

Rosales se lamentó mucho porque estaban “estrenando” los vagones cero kilómetro. “Llegaron hace tres meses al Argentina”, detalló. Para el hombre de la empresa de cargas, las zonas más peligrosas para el tren en Mendoza son Perdriel, el “Bajo Luján” y Gutiérrez, justamente donde ayer descarriló la formación.

Rosales calculó que el operativo para poner en marcha nuevamente la traza ferroviaria será millonario, descontando el valor de los vagones perdidos.

Esta no es la primera vez que hay un siniestro de este tipo, el carbón de coque que lleva periódicamente el tren desde YPF hasta La Plata ha tenido, como dice Rosales, incontables sabotajes para luego revender el carbón. Ni siquiera la presencia policial ha logrado evitar este tipo de ataques.

Según el jefe de Unidad de Producción del Belgrano Cargas, cerca de 8 policías custodian cada formación, incluso con uniformados a bordo,pero parece que no alcanza. “El Estado (Belgrano cargas es una empresa estatal) hace un esfuerzo para comprar estos vagones que salen fortunas”, concluyó apesadumbrado .

Mendoza tiene un llamativa estadística, se producen entre uno y dos accidentes ferroviarios, pero si se la relaciona con la baja frecuencia de los trenes que circulan por las vías locales, el número se torna alarmante.

Un arsenal para la villa 1-11-14

(La Nación) - Al cabo de seis allanamientos realizados en los barrios de Flores y de Montserrat, la Policía Federal detuvo a cinco presuntos integrantes de una banda narco que opera desde la villa 1-11-14 y les secuestró, además de droga, más de 80 armas de fuego, muchas de ellas, largas y de grueso calibre que la organización comercializaba.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad de la Nación precisó que los procedimientos fueron requeridos por el juez federal Sergio Torres y ejecutados por la División Operaciones Antidrogas Urbanas y el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF). Se pudo comprobar que las armas eran acopiadas en el Bajo Flores y que, desde allí, eran trasladadas a distintos puntos de la Capital y el conurbano para su comercialización. La banda se proveía de armas gracias a un armero e instructor de tiro que tenía contacto con un acopiador ilegal de armamento de guerra. La mayoría de los detenidos cayó en un garaje de México al 1400.

Procesan a ex colaboradores de Randazzo por hacer fraude al Estado y desviar $ 50 millones

Por Iván Ruiz - LA NACION
El propio ex ministro hizo la denuncia ante la Justicia; involucran a 25 ex funcionarios.

Cheques para actividades del Ministerio del Interior, que fueron cobrados por los propios funcionarios, y licitaciones irregulares ganadas por empresas de familiares y amigos con un único fin: desviar $ 50 millones para comprar casas, autos de lujo y hasta un palco de un club de fútbol. El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a 25 funcionarios de dicho organismo, que en ese momento era conducido por Florencio Randazzo, por haber incurrido en fraude al Estado, entre 2009 y 2013.

Los funcionarios formaban parte de cuatro proyectos dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por la ONU para temas que atraviesan desde la mejora de la administración pública hasta proyectos viales. Las irregularidades aparecieron por primera vez durante una auditoría interna del Ministerio del Interior. Fue el propio Randazzo quien radicó la denuncia ante la Justicia.

"Los encausados -abusando de sus cargos- desviaron en provecho propio o de otras personas el patrimonio asignado. Se apropiaron de los fondos desviándolos a familiares o bien a personas que habían trabajado en la misma dependencia, utilizando la función que tenían de administradores del dinero de los distintos programas para simular contrataciones por bienes o servicios", indica el procesamiento.

Lourdes Giménez, mano derecha de Florencio Randazzo hasta 2013, es una de las más complicadas por la investigación. La ex funcionaria era una de las máximas autoridades en los proyectos PNUD. Sólo ella, Héctor Damián Mazza y Esteban Sáenz Rico tenían la potestad de firmar los cheques que endosaban y después eran cobrados por funcionarios de menor rango o bien, directamente, se falsificaban los endosos y las facturas de los destinatarios de los cheques. Una operación que se repitió sistemáticamente.

Giménez comenzó a trabajar en el Poder Ejecutivo en 2007 y en 2012 fue nombrada subsecretaria de Coordinación por el ex ministro. En 2013, su repentino alejamiento de la función pública generó un cimbronazo en el entorno de Randazzo, pudo saber LA NACION.

La Justicia constató que Giménez tenía una "relación muy cercana" con la firma Callmed SA, sociedad que fue beneficiada con contratos por $ 22 millones en proyectos del PNUD. Giménez y el apoderado de la firma viajaron juntos al exterior en varias ocasiones, acreditó la Justicia. Por otro lado, la entonces funcionaria estaba autorizada a manejar un Audi Quattro, propiedad de la empresa, desde el mismo día en que el vehículo fue adquirido. "Es posible sostener que el rodado entregado a Giménez era parte de los dividendos que le correspondían por el desvío del dinero realizado a la firma", señala la Justicia.

Callmed ganó 11 concursos irregulares con fondos del PNUD de temas que abarcan desde la provisión de uniformes para la Agencia de Seguridad Vial, el armado de oficinas para Tecnópolis, capacitación para prevenir accidentes de tránsito en la costa atlántica hasta el "apoyo logístico" para realizar jornadas sobre el proceso electoral. Después de ganar las licitaciones del PNUD, Callmed SA compró un departamento y dos cocheras por US$ 345.000 en Capital, dos inmuebles en Río Negro por $ 380.000 pesos y 15 autos asegurados por $ 6 millones.

Consultados por LA NACION, en el entorno de Randazzo remarcaron que la denuncia la había realizado el ministro, aunque prefirieron no hacer comentarios sobre la relación con Giménez.

Un palco

Saénz Rico y Mazza, los otros dos responsables del área, se animaron a hacer negocios juntos. On Group SA, una firma que ganó contratos en PNUD por $ 3,2 millones, estaba presidida por el primo de Sáenz Rico y dirigida por la madre de Mazza.

La Justicia determinó, incluso, que Mazza utilizó directamente uno de los cheques provistos por el Estado a una de sus empresas para comprar por diez años el palco N° 65 del estadio de Independiente. La operación se concretó el 5 de julio de 2012 por $ 492.000.

El juez Bonadio pidió la clausura del palco y ordenó intimar a Independiente -presidido por Hugo Moyano- a que devuelva el dinero para que después el palco sea comercializado nuevamente. "Es una muestra más de la voracidad por apropiarse del dinero del Estado que tenían a su cuidado", sentenció.

Las cuatro maniobras para desviar fondos

Cheques - Los funcionarios cobraron unos 50 cheques con dinero del Estado cuyos endosos realizaba los mismos empleados de la dependencia

Licitaciones irregulares - La Justicia contó unas 20 fallas administrativas en los concursos, tendientes a desviar las licitaciones para que ganen las mismas empresas

Familiares y amigos - Las empresas beneficiadas estaban compuestas por primos, madres y otros parientes de los responsables de la administración de los programas PNUD de la ONU.

Lavado de dinero - Los funcionarios compraron casas, cocheras, autos y hasta un palco en Independiente con los cheques de sus empresas que les pagaba el Estado

Aduana de Ezeiza: una auditoría revela graves fallas y complicidades

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El informe de Aeropuertos Argentina 2000 advierte sobre falencias de control y cuestiona el rol de las fuerzas de seguridad e inteligencia


Un operativo del año pasado en un depósito de la Aduana de Ezeiza; todo el personal está bajo la lupa. Foto: Archivo

Un informe reservado cuya elaboración fue ordenada por Aeropuertos Argentina 2000 expuso graves irregularidades y falencias en los sistemas de inteligencia y control aduanero dentro y alrededor del aeropuerto internacional de Ezeiza. El trabajo incluso señaló que el principal obstáculo para combatir el contrabando son los propios empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El informe de la consultora SSI -elaborado por personal que antes pasó por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Aduana de Estados Unidos- se concentró en tres grandes áreas de "prácticas ilícitas" observadas en la importación de mercaderías a través de Ezeiza, donde también se retienen productos por años, como se detectó el jueves con los barriles de pseudoefedrina. A veces es porque se espera el pago de una coima; otras, porque su dueño abandonó a su suerte la mercadería sensible.
El informe de SSI llegó hasta 2014 y provocó el despido de un grupo de ejecutivos y empleados de la Terminal de Cargas Argentina (TCA).

Sin embargo, la alerta del informe sobre la Aduana continúa vigente, según expedientes judiciales, testimonios de aduaneros y despachantes y de efectivos de fuerzas de seguridad que recabó LA NACION. Entre otros motivos, porque también señala a la Aduana de Ezeiza como una zona de alto riesgo, donde se mezclan efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aduaneros que cumplen sus tareas y otros que juegan para el contrabando mientras acumulan fortunas.

La primera "práctica ilícita" que expuso ese informe es "el movimiento de contrabando en cantidad". ¿Qué significa? El traslado de la mercadería que bajó de un avión, sea en embalajes o pallets, a otro predio fiscal -"zona primaria aduanera", en la jerga-, fuera del aeropuerto, para que allí complete los trámites aduaneros. La mercadería sale así de Ezeiza como "en tránsito" en el sistema informático aduanero y en los registros del depósito fiscal del depósito fiscal TCA, sin pasar por una inspección, a bordo de un camión que lo lleve a otro depósito.
¿Cuál es el truco? El más básico -entre muchos- es que las cintas de plástico azul con las que se "sella" la mercadería pueden despegarse y volverse a colocar sin dejar rastros. Es decir, algo muy básico y que sólo es posible si se "aceitó" a todas las áreas a cargo de controlar. En especial al área de "inteligencia aduanera".
Esa maniobra permite que el paquete que se quiere contrabandear abandone el aeropuerto y se desvíe a otro lugar antes de llegar a las instalaciones de la Aduana, alertaron los antiguos expertos de la CIA y la Customs Agency, que trazaron otra opción peor: que la mercadería sea "procesada" por los propios hombres de la Aduana para su inserción en el mercado negro.

Los aduaneros, en rigor, son a menudo parte del problema, no de la solución. Protagonizaron múltiples escándalos durante las últimas décadas. Desde la megacausa de la "Aduana paralela" al "caso Antonini". Y múltiples episodios vergozantes, cuanto menos, como el hallazgo de US$ 500.000 no declarados en la casa allanada de un jerarca aduanero.

O el caso de otro jefe, Damián Serra, vinculado al depósito fiscal TCT, que en 2015 sacó del país a Jaime Stiuso tras declarar por la muerte del fiscal Alberto Nisman. O todo lo que salió a la luz sobre cómo se movió la tonelada de cocaína que los Juliá transportaron luego a España.

Coimas para "liberar". Múltiples empresarios relatan que otra de las prácticas ilícitas más habituales entre los aduaneros es retener mercaderías durante largos períodos -con el costo que conlleva- hasta que el afectado se aviene a coimear para obtener la "liberación de la carga".
Ralph Lauren puede dar fe de eso. En 2013 admitió ante la Comisión de Valores (SEC) y la Fiscalía Federal de Nueva York que pagó sobornos a tres funcionarios argentinos entre 2005 y 2009 "para conseguir la autorización de importación de productos sin documentación, así como para evitar por completo la inspección" aduanera.
Debió pagar una multa de US$ 882.000 y reembolsar US$ 734.846 de ganancias más intereses. Pero no fue la única compañía sancionada en base a la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés). También la petrolera H&P y la metalúrgica Ball Corporation, que pagó US$ 300.000 a la SEC, tras admitir que sobornó a otros aduaneros argentinos.

Los hermanos Paolantonio fueron más agresivos, según la investigación de la Justicia local. Crearon una empresa de transporte de contenedores que se desarrolló a lo grande. Para eso pagaron entre 40.000 y 80.000 dólares por contenedor a aduaneros para contrabandear productos chinos en gran escala. Es decir, algo imposible de desarrollar sin la connivencia de altos funcionarios de la AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA). De hecho, el círculo se completó para los Paolantonio en agosto de 2014, cuando el entonces titular de la AFIP -y jefe máximo de la Aduana-, Ricardo Echegaray, firmó una resolución para liberalizar los depósitos fiscales.

Fue entonces cuando TCA pasó a afrontar la competencia de otros depósitos, como los de Jorge Lambiris -con quien Echegaray vacacionó en Río de Janeiro- y los Paolantonio, en la zona del Mercado Central, cerca de Ezeiza.

Durante las últimas semanas, en tanto, la Aduana quedó otra vez bajo la lupa. Primero por el desplazamiento de su titular, Juan José Gómez Centurión. Segundo, porque el ex funcionario dijo que recibió un anónimo que detallaba dónde se encontraban 12 barriles de pseudoefedrina. Lo denunció a la Justicia, que logró ubicarlos, calificados como "tránsito retenido" desde 2011 y con solicitud expresa de custodia por parte de la Aduana.

La existencia de mercadería "dormida" durante años en los depósitos fiscales no es algo inusual. ¿Qué contienen? ¿Productos "sensibles? ¿Drogas? ¿Armas? ¿Dinero? Preguntas sin respuesta cierta hasta que no se abran los contenedores o bultos, lo que requiere de un protocolo previo, a veces con intervención judicial. "Entre el 65 y 70 por ciento de la mercadería sale sin problemas, mientras que el resto tiene algún tipo de demora o queda en una suerte de 'limbo', y si en 90 días nadie lo reclama pasa a la categoría de 'disposición final', por lo que la Aduana puede destruirlo, subastarlo, donarlo o devolverlo a su remitente", explican fuentes con experiencia acumulada en Ezeiza desde hace dos décadas. De hecho, de ese porcentaje, la cuarta parte -cerca del 8%- "jamás es reclamado y queda como 'tránsito retenido' en un depósito fiscal". Es decir, como la pseudoefedrina que se detectó este jueves.

"Desaparición" - La última práctica ilícita habitual entre los aduaneros, según el informe secreto que la consultora SSI entregó a las autoridades de TCA y de Aeropuertos Argentina 2000, es la más grotesca de todas: la desaparición de los paquetes (grandes o pequeños) en los depósitos fiscales.

Desde AA2000 cuentan que tras el informe de SSI echaron a personal de TCA y reforzaron sus medidas de seguridad. Pero la "desaparición" de mercadería es una práctica recurrente en todo el país, según surge de los registros cotejados por LA NACION. Y eso, claro, sin computar cuando los funcionarios del Estado operan para provecho propio, como se sospecha que ocurrió con agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia (ex SIDE, la actual AFI) entre 2012 y 2013, e investiga la justicia federal.

Las tres prácticas ilícitas más habituales - Son los delitos que más detalla la auditoría que encargó Aeropuertos Argentina 2000

Apertura de embalajes - Una de las modalidades delictivas es la apertura de embalajes para la extracción total o parcial de mercaderías que el propio personal aduanero deriva al mercado negro mientras en el depósito conserva el embalaje, en apariencia intacto

Retención de mercadería - Otro mecanismo es la retención de mercaderías durante largos períodos -con el costo que conlleva- hasta que el afectado se aviene a pagar un soborno para obtener la "liberación de la carga"

Desaparición de cargas - La "desaparición" por robo de los cargamentos, ya sea de grandes o pequeñas dimensiones, es otro de los ilícitos más comunes que se cometen en los depósitos fiscales.