GBU-43/B: La bomba no nuclear más poderosa de Estados Unidos

(El Nacional) - Fue utilizada por primera vez en Afganistán y el Pentágono la llama "la madre de todas las bombas"

Estados Unidos lanzó el jueves una bomba GBU-43/B, conocida con el acrónimo MOAB (Massive Ordnance Air Blast) y llamada la "madre de todas las bombas", contra un bastión del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Afganistán.

Esta es la primera vez que esta bomba desarrollada a partir de la guerra en Irak es utilizada en combate.

¿Cuál es la potencia de la MOAB?

Este artefacto de 9,8 toneladas es la bomba no nuclear más potente del arsenal estadounidense, considerada por la web especializada en defensa GlobalSecurity.org como una bomba "enorme, potente, y lanzada con precisión". 

La bomba contiene 8,48 toneladas de explosivos H6, detalla la página, o sea una potencia explosiva comparaba a 11 toneladas de TNT. 

Con una longitud de nueve metros, y un metro de diámetro, según GlobalSecurity.org, es el arma más grande jamás concebida guiada por satélite y arrojada desde avión. Popular Mechanics señala que pesa tanto como un avión de combate F-16. 

Guiada por GPS, fue lanzada desde la rampa trasera de un avión de transporte tipo C-130. Está equipada con un paracaídas para desacelerar su descenso, con el objetivo de poder ser arrojada desde una gran altura dejando a los pilotos el tiempo suficiente para ponerse a resguardo. 

Concebida para detonar justo antes de impactar contra el suelo, tiene una fina carcasa de aluminio para que la onda expansiva, que puede alcanzar 150 metros según wired.com, sea lo más amplia posible. 

Hans Kristensen, experto de la Federación de Científicos estadounidenses especializada en la vigilancia del arsenal militar de Estados Unidos, estima que la MOAB tiene una potencia equivalente de alrededor un treintavo de la actual bomba nuclear más pequeña estadounidense, la B61-12.

¿Quién la ha fabricado?

Fue desarrollada en 2002-2003 por la compañía de defensa estadounidense Dynetics, con sede en Alabama, en asociación con el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea estadounidense (AFRL), según el sitio de la compañía. 

La bomba fue producida en solo unos meses con la idea de ser utilizada en los primeros tiempos de la guerra en Irak. Según la US Air Force, la última prueba de la bomba GBU-43 en 2003 provocó una nube de polvo y humo visible a más de 32 kilómetros.

Grabación que registró prueba de la más poderosa bomba no nuclear de EE. UU.También conocida como la "madre de todas las bombas", GBU-43 es una munición guiada por GPS que pesa casi 10 toneladas y fue probada por primera vez en marzo de 2003, pocos días antes de que comenzara la guerra de Irak. Estas imágenes de archivo muestran un operativo de prueba de su uso.

¿Por qué fue lanzada en Afganistán?

La Fuerza Aéreas de Estados Unidos indicó que el objetivo era un complejo de túneles subterráneos y de cuevas en el distrito de Achin, en la provincia de Nangarhar, un bastión de la organización yihadista Estado Islámico (EI) en la frontera con Pakistán. 

Estados Unidos considera que la zona está tan aislada que no había ningún civil. Es una zona montañosa, inaccesible para las fuerzas afganas, al norte de las grutas de Tora Bora, donde el jefe de Al Qaida Osama bin Laden se refugió para escapar de los estadounidenses a principio de los años 2000. 

El general John Nicholson, comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, estimó que esta bomba era "la buena munición" para acabar con los búnkeres y túneles cada vez más usados por los yihadistas. 

Para Wired.com, una bomba con efecto de soplo como la MOAB presenta una ventaja en este tipo de terreno: "su onda expansiva puede colarse entre los dédalos hasta los últimos recovecos de las cuevas". 

Vidal desarticula la dirección de Aeronáutica y enfrenta a los pilotos

LPO (La Plata) - Pasará a la órbita de Seguridad. Quieren evitar estructuras "duplicadas". Malestar en los pilotos.

María Eugenia Vidal tiene definido trasladar la dirección provincial de Aeronáutica a la órbita del ministerio de Seguridad. Fuentes del gobierno aseguran que la decisión está tomada, solo resta avanzar con el decreto.

El traslado tiene que ver con algunos roces que ese área viene manteniendo con las esferas del gobierno. El foco de conflicto es el planteo de varios pilotos que vienen reclamando poder sindicalizarse en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el gremio que nuclea a los aviadores aerocomerciales,

Días atrás, desde Aeronáutica iniciaron una medida de fuerza que afectó la operación de aeronaves oficiales. Según trascendió, la propia Gobernadora se vio impedida de utilizar un helicóptero para cumplir con una agenda oficial.

"No son una línea aérea, son trabajadores del Estado bonaernese", dijo a LPO un fuente del Ejecutivo. Lo cierto es que el cambio de órbita abortaría cualquier intento de sindicalización unos 20 los pilotos de Aeronáutica. Es que con status policial, los pilotos quedarían impedidos de cualquier armado gremial. Así lo dispuso durante la semana un fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, en La Plata explican que la decisión de pasar Aeronáutica a la órbita de Seguridad es ajena a la tensión con los pilotos. Por el contrario, explican que se trata de optimizar la gestión. "Seguridad tiene helicópteros, pilotos y mecánicos. No hay ninguna necesidad de contar con una estructura paralela que genera gastos al Estado", explicó a LPO una fuente del gobierno.

El conflicto en Aeronáutica no es nuevo. En agosto del año pasado, el por entonces director Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria, Fernando Sivak, resolvió dar un paso al costado. Su salió ocurrió en medio de denuncias de un fuerte desguace en esa dirección. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que no hay tal desguace y que tampoco se realizan ningún tipo de alquiler de naves privadas.

En los hangares de la dirección de Aeronáutica hay una flota de cuatro aviones que no se pueden usar porque necesitan una inversión de 650.000 dólares para poder levantar vuelo. A ellos se le suman  siete helicópteros, de los cuales apenas tres están en condiciones. 

Uno de ellos es el helicóptero sanitario de la provincia. Otro es el que usa Vidal. Y un tercero se usa para instruir a los pilotos y cumplir las horas de vuelo necesarias para que no se venzan sus licencias. "El helicóptero más moderno es el sanitario", aseguran en La Plata

Hace algunas semanas, el ex gobernador, Daniel Scioli, justificó el alquiler de aeronaves durante su mandato. En el marco de un denuncia corrupción, el ex mandatario dijo a la Justicia que recurrió a alquilar aviones luego de dos episodios ocurridos en su gestión.

Scioli explicó que le habían asignado un Lear 25 y dijo que decidió no subirse más por la antigüedad que tenía la aeronave. "Desgraciadamente días después se precipitó a tierra y se mataron todos", dijo. En tanto, el segundo episodio tuvo que ver con un avión recuperado por la policía en un operativo narco en el que Ricardo Casal y María del Carmen Falbo protagonizaron un accidente.

La dirección de Aeronáutica depende de la Secretaría General de la Gobernación. Sin embargo, fuentes de ese área no quisieron hacer comentarios al respecto.

El Gobierno negocia con China la compra de casas prefabricadas

Por Pablo Maradei - Clarin.com

Una delegación de funcionarios se encuentra en Beijing. Es para viviendas sociales. Y por un monto equivalente a US$ 1.000 millones.

Las viviendas prefabricadas de hormigón de la compañía china Sany.

El Gobierno avanza en un acuerdo con China para importar miles de casas prefabricadas que serán destinadas a viviendas sociales y para gente de bajos recursos y por hasta 1.000 millones de dólares. La negociación, que incluye los plazos de financiación, se da ahora en ese país de oriente y a un mes de la visita de Estado que hará Mauricio Macri al presidente Xi Jinping. De este lado del planeta, ya hay preocupación en el sector.

La propuesta nació del país asiático en diciembre y en estos momentos una comitiva de avanzada en cabeza del subsecretario de Vivienda y Urbanismo y titular del Procrear, Iván Kerr, le está dando continuidad. Por lo que pudo saber este diario de parte del Gobierno "en esta segunda etapa de relación bilateral el eje será el tema de la vivienda" aunque aclararon que no se llegará a firmar el acuerdo entre los presidentes para la visita de mayo.

Las mismas fuentes subrayaron que "no serán casas que salen de un contenedor y se instalan" sino que "tendrán entre un 50 y un 60 por ciento de componente local y 100 por ciento mano de obra argentina". Refieren, como ejemplo, a que el cemento y los hierros que van entre los bloques prefabricados serán de industria nacional. Además, aseguraron que "los modelos que se pidan construir serán en base a las necesidades argentinas". Por su parte, los chinos brindarán el gerenciamiento y la financiación. Se prevé la instalación de una empresa en el país que podría ser Sany ya que tiene presencia en América Latina.

Justamente el empresariado local hace cuentas y habla del financiamiento: "Es real que hay un déficit habitacional y avanzar con esto traería soluciones rápidas a costa de la producción nacional y de tener casas de muy mala calidad". Se preguntan: "¿Con qué carga impositiva llegarán esas prefabricadas? ¿Con el 52% de impuestos que tenemos nosotros localmente? Además, consideran que "si pagaran ese porcentaje por derechos aduaneros tampoco podríamos competir porque no tenemos capacidad para financiarlo".

A propósito de costos: desde el Gobierno informan que una vivienda social cuesta $ 1.300.000; es decir algo más que 82.000 dólares. Otro empresario local consultado consideró que la construcción artesanal tiene un valor estimado de 1.200 dólares el metro cuadrado mientras que en las prefabricadas locales "sale 780 dólares" a la par que consideró que "las chinas saldrían lo mismo pero tendrán muy mala calidad".

Ambos consideraron que la mano de obra no se vería afectada porque se puede emplear a la misma cantidad de gente ya que sólo cambiaría la cantidad producida: "Con un millón de trabajadores hacemos 100.000 casas artesanales y con el mismo personal hacemos 200.000 casas industriales".

Sin embargo, no comparte esa visión Víctor Grosi, titular del SITRAIC, sindicato de constructores de izquierda: "No compartimos esta medida que el Gobierno usará electoralmente para dar soluciones habitacionales de dudosa calidad afectando la mano de obra local".

Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, también se mostró crítico ante Clarín, aunque desde el Gobierno aseguraron tener conversado este tema con él: "Provocará un impacto negativo en la generación de puestos de trabajo ya que la construcción es lo que más mano de obra intensiva genera". Agregó que sus "trabajadores están altamente calificados para este tipo de construcciones" y Consideró al plan del Gobierno "incongruente con el anuncio de construir 100.000 viviendas".

El Gobierno les quitará a las provincias el manejo de los fondos para vivienda

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Los gobernadores seguirán definiendo los proyectos junto con Interior, pero Nación les pagará directamente a los contratistas; el cambio se hará después de las elecciones

El Gobierno prepara un cambio fundamental en la forma de pago de las viviendas sociales en las provincias

El Gobierno prepara un cambio fundamental en la forma de pago de las viviendas sociales en las provincias, una de las mayores apuestas de la administración de Mauricio Macri para dinamizar la economía y conseguir la adhesión de los sectores más populares.

Fuentes oficiales revelaron a LA NACION que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias. De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $ 19.000 millones.

Precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre.

Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos. En algunos casos también tienen una participación importante los municipios. Es lo que ocurrió en el último tramo de la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.

Por la desconfianza que le tenía la entonces presidenta, Cristina Kirchner , el Estado giraba los fondos a los jefes comunales.

Los cambios que espera concretar el Gobierno mantienen un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero.

Una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras.

Hace tres semanas una comitiva de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunió con colaboradores de Frigerio y les extendió una propuesta informal, sin membrete de la entidad. El documento está bajo estudio, si bien la decisión política de avanzar en esa línea ya había sido tomada.

Una fuente empresaria que suele visitar la Casa de Gobierno justificó la decisión desde la mirada oficial: "Esto les da mayor seguridad de que las obras se ejecuten", resumió.

Para los empresarios también es un avance importante, ya que no sólo acorta los tiempos entre que se extiende un certificado de avance de obra y la constructora recibe el dinero, sino que también evita gestiones con las provincias para allanar el cobro.

La urgencia de las provincias es antagónica con los intereses de la Casa Rosada. Cada vez que eso ocurre, la constructora demora el avance de las obras, por lo que no se cumplen los plazos originales previstos.

Mayores costos

Además de incumplir las metas a las que el Gobierno se comprometió por escrito, por ejemplo, a través de la ley de presupuesto, la ralentización de los pagos lleva a que el Estado deba pagar mayores costos por el mismo paquete de viviendas.

Es algo que en diversas reuniones hizo notar el propio Mauricio Macri, con experiencia en el mundo de la construcción tras su paso por Iecsa y Sideco, las empresas familiares que se convirtieron en unas de las más grandes del rubro en el país. Más aún: como la compañía constructora descuenta desde el principio que el Estado (nacional o provincial) se demorará en los pagos, puede preferir ensanchar su presupuesto original para cubrir esa morosidad.

La modalidad de pago directo del Estado a las empresas tiene otros beneficios para la Casa Rosada, según la mirada de quienes trabajan en la iniciativa. Un funcionario que suele sentarse con frecuencia a la mesa chica del Presidente lo puso en los términos que suelen usar los economistas: como el dinero es fungible, es muy difícil rastrear su destino (la denominada trazabilidad) una vez que sale de la contabilidad del Estado e ingresa en las arcas provinciales.

Algunas gobernaciones hicieron un culto de esas dificultades. Aunque el año pasado la Secretaría de Vivienda y Hábitat cambió la norma, regía un mecanismo por el cual las transferencias nacionales de diversos rubros, desde el pago por un complejo de viviendas hasta la construcción de un puente o la cancelación de otra clase de deudas a los distritos provinciales, caían en la misma cuenta bancaria. Eso hacía casi imposible corroborar el destino de los fondos.

El Gobierno avanzará con la medida en los próximos meses, pero no la aplicará antes de las elecciones, posiblemente para evitar un choque adicional con los gobernadores antes de ir a las urnas.

Tanto las empresas como los funcionarios nacionales comenzaron a afinar un discurso para usar de escudo ante eventuales críticas: el mecanismo de pago sin intermediación de las provincias ya funciona en el caso de las obras hídricas.

Después de las dificultades del año pasado (la construcción fue el sector donde se destruyó el mayor número de empleos), las empresas y el Gobierno parecen haber encauzado su relación hasta un punto sin fisuras.

Hace dos semanas, la administración de Macri lanzó un plan para invertir $ 100.000 millones en los próximos cuatro años con vistas a construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y con subsidio para construir o mejorar otras 456.000 unidades.

Los objetivos en vivienda social

19.000 Millones de pesos - Es el presupuesto para vivienda dispuesto por el Gobierno para este año.

100.000 Millones de pesos - Son los fondos para vivienda que contempla el plan oficial para los próximos 4 años

120.000 Viviendas - Es la cantidad de unidades de tipo social que se espera construir en ese plan.