Rusia y la India firmarán este año contrato para coproducción de 200 helicópteros

KUALA LUMPUR (Sputnik) — Moscú y Nueva Delhi firmarán antes del fin del año un contrato para la fabricación conjunta de unos 200 helicópteros polivalentes Ka-226 para la parte india, declaró a RIA Novosti el director para la cooperación y política regional de la corporación rusa Rostec, Víctor Kladov. "Hasta la fecha sólo hay un acuerdo intergubernamental pero en lo que queda del año esperamos elaborar y firmar un contrato con la parte india", dijo al añadir que la ejecución del contrato empezará a principios de 2017.


Helicóptero Ka-226T

Asimismo comunicó que está previsto producir al menos 200 helicópteros y actualmente se examina la división de tareas. "Estamos dispuestos a ceder a la parte india todo lo que puede producir en su país. El primer lote de helicópteros será fabricado en Rusia y los ulteriores se ensamblarán en la India con una localización avanzada".

El helicóptero ligero polivalente Ka-226 puede transportar hasta 6 pasajeros y una carga de hasta 1.350 kilogramos, está dotado del más moderno instrumental de navegación y puede maniobrar fácilmente en ciudades densamente pobladas y entre montañas.

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Ferrocarril entre China y Alemania ya es una alternativa al transporte maritimo (III)

La colaboración entre la empresa pública alemana Deutsche Bahn y los ferrocarriles chinos se ha consolidado y los productores en ambos extremos de Eurasia ya cuentan con una alternativa al buque y al avión: la ruta de la seda.

Los servicios ferroviarios para transportar productos entre China y Alemania ascendieron a 400 trenes el pasado año, y movieron no menos de 30.000 contenedores. En lo que va de año el número de trenes asciende ya a 200, y la previsión es que en 2020 el número de contenedores movidos por ferrocarril supere los 100.000.

Para la construcción de este gran puente ferroviario no han sido necesarias grandes inversiones, sino sobre todo la conjunción de dos factores: el enérgico impulso de China y la colaboración de Rusia.
Y es que cualquiera de las dos rutas usadas para llevar un contenedor desde Wuhan hasta Hamburgo tiene que atravesar territorio ruso. La vía más septentrional utiliza uno de los dos transiberianos, a través de Mongolia, mientras que la más meridional atraviesa la estepa de Kazajistán.

Dos transbordos en la frontera

En cualquiera de las dos alternativas, el ancho de vía ruso complica la explotación. Porque con 1.520 milímetros entre los dos carriles, frente a los 1.435 milímetros del estándar británico que también se sigue en extremo oriente se hace necesario transbordar la carga dos veces.

Eso quiere decir que, desde el punto de vista del vehículo, no es uno, sino tres trenes diferentes los que se encargan de cubrir los 13.000 kilómetros de distancia de la ruta siberiana, o 10.000 de la Kazaja, en 16 y 12 días respectivamente.

Aunque sobre rieles el movimiento es mucho más barato que en carretera, la carga que transporta en tren no puede competir en precio con las decenas de buques que viajan entre el mar del Norte y el de la China meridional. Por eso la ventaja del tren frente a la vía marítima es el tiempo de recorrido, que es más o menos la mitad del que se emplea cuando se enrutan los contenedores por el canal de Suez.

Por supuesto, el avión es imbatible en tiempo de recorrido, aunque en este caso su mayor inconveniente es el costo. Así que el tren se presenta como una alternativa ideal para los productos situados entre estos dos extremos: las cargas de granel, muy baratas y poco urgentes pero muy pesadas, y los aparatos electrónicos, ligeros pero costosos y que deben estar cuanto antes en las estanterías de las tiendas.

China ha impulsado servicios incluso con España, aunque en este caso con fines más propagandísticos que comerciales, puesto que el intercambio de bienes en ambos sentidos es mucho más reducido (la ruta marítima es aún más corta que la que llega al norte de Europa y la mayor parte de los contenedores llegan repletos de productos pero vuelven vacíos a China).

¿Un clúster euroasiático?
Pero los centros industriales de Alemania, como Dusiburgo, Hamburgo o Lodz, y los situados en el interior de China -Chengdu, Chongqing, Wuhan- están comenzando a reforzar sus lazos gracias a la conexión ferroviaria, hasta el punto de que en las épocas de mayor carga de trabajo la frecuencia de estos trenes euroasiáticos, los de mayor longitud de recorrido del planeta, se ha hecho casi diaria.

La ambición de China no termina aquí, puesto que ha lanzado su programa conocido como “El cinturón económico de la ruta de la seda”, que prevé obras por valor de miles de millones en la mejora de la infraestructura ferroviaria que la conecta con Asia central y que, incluso, proyecta invertir en otros estados para facilitar el tránsito de mercancías y atraer hacia la órbita de Pekín a sus respectivos Gobiernos.

Tras la Primera Guerra del Opio, Pekín aprendió que no sirve de nada ser un gigante si no controlas los mares. Hoy, la Ruta de la Seda le permitiría alimentar el mercado europeo sin dar explicaciones a su principal rival, que se ha convertido en la policía del océano: EE.UU.

Claro que, sin una ruta terrestre alternativa a través de Irán, Pekín y Berlín siempre tendrán que pedir permiso a Rusia para jugar en su patio trasero. (Mundo Marítimo)

Comenzó la renovación de vías para el NOA y el NEA

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), puso en marcha la renovación de 1.500 kilómetros de vías para el ferrocarril Belgrano Cargas.


El primer paso es el llamado a licitación de este proyecto que permitirá conectar el NOA y NEA con los puertos de Rosario y Santa Fe.

Según se informó, “con estas obras se logrará bajar los tiempos de viaje y brindar previsibilidad al transporte de carga vía tren, bajando los costos logísticos y potenciando las economías regionales”. Finalmente, detallaron que “la obra se realizará en 3 etapas y generará 10 mil puestos de trabajos directos y 38 mil indirectos, brindando mayores oportunidades para las provincias norteñas”. (AN Digital)

Cerramientos perimetrales Haedo - Temperley (Línea Roca)

Rieles Multimedio
Trenes Argentinos Infraestructura Ferroviaria – ADIF, ha llamado mediante la Licitación Pública LP28 – ADIF- 2014, para la contratación y ejecución de la obra “Corredor verde y cerramientos perimetrales Haedo – Temperley de la Línea Roca”.


La mencionada licitación se divide en tres (3) renglones para posibilitar su ejecución en los plazos necesarios y requeridos por ADIF. Los renglones están conformados por los siguientes tramos de vías:
RENGLON 1: Estación Haedo – Estación Tablada, Longitud: 9.757mts
RENGLON 2: Estación Tablada – Estación P. P. Turner, Longitud: 12.170 mts
RENGLON 3: Estación P. P. Turner – Estación Temperley, Longitud: 13.739 mts

El objetivo es ejecutar un cerramiento que separe la zona operativa ferroviaria de la trama vial y de los límites municipales (incluye medianeras de frentistas, calles de convivencia, plazas, etc.). Los cercos existentes son por demás heterogéneos, encontrándose tramos con alambrado de hilos lisos, postes y varillas de madera dura, torniquetes dobles y ataduras; tramos con alambrado tejido romboidal de distinta altura; sectores con estructura de rieles producidos con incorporación de durmientes metálicos (barrilones), etc.

Asimismo en coincidencia con los límites de la zona operativa, podrán encontrarse muros correspondientes a paredes medianeras de edificios linderos al ferrocarril. El cerramiento a colocar será tipo doble reja o New Jersey con rejas. Se colocará en ambos límites laterales del área operativa del ferrocarril con el fin de completar los cerramientos faltantes y/o deteriorados. La apertura de los sobres con las ofertas será el día 9 de mayo de 2016, a las 15:00 hs. en la Sala “Presidente Kirchner” de ADIF.

Reabre la estación Fátima del premetro

(Rieles.com) - Las obras tuvieron como objetivo ofrecer una infraestructura más cómoda, luminosa y segura para los usuarios.

Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE) informa que mañana sábado 23 de abril reabrirá la estación Nuestra Señora de Fátima del Premetro, luego de la obra de remodelación integral que tuvo como fin ofrecer una infraestructura más cómoda, luminosa y segura para los casi mil usuarios que la utilizan.

En ese sentido, el objetivo fue pasar de una parada convencional a una estación más confortable, y los trabajos incluyeron la construcción de andenes más amplios y luminosos; accesos para personas con movilidad reducida; la colocación de asientos, cestos de residuos e información gráfica sobre la red de subte y Premetro; y nuevas sendas peatonales. Además, se aplicó un revestimiento anti-grafiti con materiales de alta durabilidad.

“Nos pone muy contentos reabrir esta estación, completamente renovada, que va a beneficiar a los vecinos del sur de la ciudad. Ya lo habíamos hecho con Saguier, y vamos a seguir trabajando para ofrecer un servicio de mejor calidad”, señaló el Ing. Juan Pablo Piccardo, Presidente de Subterráneos de Buenos Aires.

Además, en cuanto a material rodante, ya se realizó el desgrafitado de 13 coches con un producto antivandálico y se le realizaron las revisiones generales a uno de ellos.

Por otra parte, para mejorar la frecuencia y la seguridad, se colocará un sistema de radiofrecuencia que, combinado con GPS, permitirá que los coches tengan prioridad de paso en las intersecciones semaforizadas, al interconectarlos con el semáforo a 150 metros de antelación. De esta manera, se brindará un servicio más rápido y confiable, y se reducirán los tiempos de viaje.

Estas mejoras en el Premetro también incluyen el reacondicionamiento del taller Mariano Acosta, y se suma a la renovación del Centro de Transferencia Intendente Saguier, en su combinación con la Línea E.

Sistema Braille en estación Fátima

Así, se está optimizando un servicio que llega al sur de la ciudad y que desde su inauguración en 1986 no había tenido avances significativos, a pesar de ser utilizado a diario por 20 mil usuarios.

El país recibió un avión Hércules modernizado en Estados Unidos

Por Edgardo Aguilera - Ambito.com
El modelo actualizado del clásico avión Hércules C-130 llegó a la Argentina y servirá de modelo para renovar otras cuatro aeronaves que se encuentran cumpliendo servicios para la Fuerza Aérea.
La Fuerza Aérea recibió el avión de transporte Hércules C-130 matrícula TC-69 que fue modernizado en los Estados Unidos y servirá de modelo para renovar otros cuatro en el país. Mañana en la Base Aérea El Palomar se hará la ceremonia de reincorporación del Hércules a la vida operativa y se espera la asistencia del presidente Mauricio Macri.

Contar con una remozada máquina de transporte resulta prioritario en la situación de emergencia por las inundaciones que soportan las provincias mesopotámicas. El exiguo número de Hércules en servicio en la Fuerza Aérea limita la atención de múltiples requerimientos a los que se agregó el envío de un avión a Ecuador con ayuda humanitaria tras la catástrofe del terremoto.

Luego de un año y seis meses de trabajo, el TC-69 arribó a El Palomar el miércoles pasado en horas de la noche.


La empresa seleccionada para la tarea de modernización fue la firma L-3 Aerospace System, ubicada en Texas, Estados Unidos. El contrato se inició en la gestión anterior, se hizo a través del sistema FMS (sigla en inglés de Foreign Military Sales) por el que reparticiones específicas de la administración de los EE.UU. intervienen con el beneficio de mejores precios en servicios y adquisiciones a países amigos. Alcanzó la cifra de u$s 75 millones y según el texto de la LOA (acrónimo inglés de Letter of Agreement, traducido carta de acuerdo) comprende la modernización de un avión en los EE.UU., la provisión de 5 kits completos de upgrade para las restantes aeronaves, un simulador, entrenamiento a técnicos, documentación y manuales. 

La renovación comprende aviónica digital (full glass cockpit, seis pantallas multifunción), tecnología de imagen por detección infraroja FLIR), nuevos sistemas de comunicaciones, pods para reabastecimiento de combustible a aeronaves de caza (es un avión tanquero), adaptados para operación nocturna, luz de cabina compatible con aparatos de visión nocturna, entre otras innovaciones. 

Ahora es el turno de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) que tendrá que hacerse cargo de llevar todos los avances del TC-69 a cuatro aparatos de la Fuerza Aérea que esperan ser modernizados. Más de 70 hombres entre ingenieros y técnicos de FAdeA pasaron por la planta estadounidense L3 y recibieron capacitación. También un grupo de mecánicos de la Fuerza Aérea.

El presidente de la fabril aeronáutica estatal Ercole Felippa tiene un desafío. ¿Logrará concretar la modernización en el mismo tiempo que la empresa estadounidense?. Se sabe que hubo una presentación de la fuerza al secretario de Coordinación Militar para la Emergencia del ministerio de Defensa, Walter Ceballos, para que al menos dos de los cuatro aparatos a modernizar en Fadea se hagan en los Estados Unidos.

El torniquete a las cuentas para domar el déficit fiscal que ordenó Macri no ayuda. Felippa no tuvo otra salida que disponer una reducción de la jornada laboral. La planta cordobesa trabaja sólo de lunes a jueves, decisión que impactará de lleno en el denominado Programa de Modernización y Remoción de Obsolescencias del Sistema Hércules C-130. El plan de la Fuerza Aérea es que una vez producida la modernización si los repuestos y el mantenimiento se sostienen en el tiempo, los Hércules pueden extender la vida operativa hasta 2030.

Griesa comienza a desmantelar causas extra contra la Argentina

Por Carlos Burgueño - Ambito.com
 La Argentina confía en que esta semana Thomas Griesa comience a cumplir con su palabra y que el "juicio del siglo", efectivamente "termine acá; tal como lo prometió hace un mes uno de los clerks (ayudantes) del juez a los abogados que representan a la Argentina en una reunión privada.

Por lo pronto, el Gobierno de Mauricio Macri ya sabe que en las próximas horas, Griesa ordenará desmantelar todas las causas paralelas abiertas en diferentes juzgados de los Estados Unidos, iniciadas en su mayoría por Elliott, de Paul Singer, y que se basaban en la búsqueda de dinero del país depositado en bancos del exterior.

La intención del fondo buitre era que una vez encontrado el dinero en alguna cuenta, se le aplique la cláusula "Discovery" que había sido avalada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en junio de 2014, cuando ese tribunal rechazó la apelación que había presentado la Argentina. En ese momento, no sólo se perdío definitivamente el juicio, sino que además la Corte le permitió a Griesa que, en el caso de que hubiera dinero del Gobierno argentino depositado en cualquier cuenta de EE.UU., este sería pasible de embargos bajo la aplicación de la cláusula "pari passu".

Con este derecho aclarado, el fondo Elliott se lanzó por todo el territorio norteamericano a descubrir dinero embargable, lo que resultó obviamente imposible de manera lineal ya que prudentemente todos los organismos públicos argentinos, incluyendo el Banco Central, retiraron cualquier tipo de ahorro o depósito en dólares en ese país. Aún incluso luego de que en marzo del año pasado la Corte aclarara que entre los embargos posibles estaban liberados y protegidos los fondos destinados al manejo diplomático y representativo del país y los depósitos del BCRA.

Singer puso entonces la mira en otros objetivos, donde la existencia de fondos teóricamente nominados por la Argentina no fuera de manera literal sino indirecta. Elliott avanzó en dos causas. La primera fue contra Chevron y radicada los tribunales de San Francisco. La segunda en Nevada, en la búsqueda de "la ruta del dinero K". En el primer caso la intención de Elliott era embarrar la cancha afectando las posibilidades de ineversión en el proyecto de Vaca Muerta. Singer quería que la Justicia norteamericana bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encontrase, que fuera entonces Chevron la que respondiera. El fondo buitre afirmaba que el dinero que la petrolera norteamericana obtuviera por su actividad en la Argentina le correspondía, ya que el socio era YPF, empresa que había sido ya renacionalizada.

El otro juicio sobre el que avanzó Elliott fue en Nevada, donde el juez Cam Ferenbach accedió a investigar la posible existencia de unas 123 supuestas sociedades de Lázaro Báez radicadas en Las Vegas. En este caso el argumento era que en esas sociedades existía probablemente dinero de la corrupción y que, como tal, debían ser embargadas y pasibles de la aplicación de la cláusula "pari passu".

Nunca Griesa avanzó seriamente con la posibilidad de aplicar, en ninguno de los dos casos, la cláusula "Discovery", y siempre se concentró en esperar una negociación seria en Nueva York.

Otra causa que caería en las próximas horas es la apelación que el país llevó hasta la Corte Suprema de EE.UU. por el intento de Singer de aplicar el principio de "álter ego" sobre los depósitos que el país tiene en las cuentas del Banco Central en el sistema financiero norteamericano. Por esta causa, apelada por la Argentina, el país debió presentarse ante la última instancia del sistema judicial de EE.UU. el 9 de marzo; pero el país pidió una prórroga hasta esperar a la resolución de esta semana de Griesa.

Toda la información recabada en los tribunales de san Francisco y Nevada deberían ser además enviadas a Griesa, que a su vez se las deberá entregar a los abogados de la Argentina como cierre del caso.

El juez también dejaría hoy en claro que los bonistas que no acepten la oferta argentina podrán apelar, pero no cobrarán un sólo dólar de lo que propone pagar el país. La aclaración apunta específicamente al "Grupo Varela", que integran unos 13 argentinos que se convirtieron en los últimos en aceptar la operación y que hasta ayer la rechazaban. Griesa iría aún más allá y dejaría en claro en el texto de su sentencia que, al menos en su juzgado, tiene vigencia la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) por la cual cualquier reclamo que los bonistas que aceptaron los términos de los canjes de 2005 y 2010, podrían recibir el mismo beneficio si la oferta a los holdouts era mayor. Griesa determinó que RUFO está vigente, con lo cual en enero de 2015 terminó la vigencia de ese seguro.

Los documentos que revelan el fraude en la importación de gas

Por EMILIA DELFINO / NICOLAS GANDINI | Perfil.com
La investigación de PERFIL sobre un giro de US$ 2,5 millones a una empresa ignota que “se perdió” en las cuentas de Enarsa está basado en documentos oficiales.


La investigación de PERFIL sobre un giro de US$ 2,5 millones a una empresa ignota que “se perdió” en las cuentas de Enarsa durante la gestión del ex ministro Julio De Vido está basado en documentos oficiales, testimonios de funcionarios, empresarios y de uno de los hombres que participó en la maniobra. Los documentos incluyen la orden de la empresa estatal para transferir al exterior esos fondos, la respuesta del entonces presidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, a la intimación del Banco Central para que las autoridades expliquen dónde está el dinero, la factura que prueba que quedó en manos de la DySAN, de los Dromi, y el contrato firmado entre la firma española, Contrater Consulting, y Enarsa.

DOCUMENTO 1. El 21 de agosto de 2008, US$ 2,5 millones salieron de la cuenta N° 3540-0940147691-3 del Banco Macro, cuya titular es Energía Argentina SA (Enarsa), con destino a la cuenta N° 0142-0001178001201213 del Bank PYME de Barcelona a nombre de Contrater Consulting SL. Como entidad intermediaria operó el Wachovia Bank, con sede en Filadeldia (Estados Unidos). La transacción fue por un total de 7,59 millones de pesos que, al tipo de cambio oficial de ese día ($ 3,03), cubrieron los US$ 2,5 millones facturados por Contrater Consulting al Estado argentino.

La firma tiene sede en Madrid y su única actividad declarada es la comercialización de hornos industriales. Jamás había intervenido como intermediaria en una operación internacional de Gas Natural Licuado (GNL) y se disolvió un mes después de recibir los fondos. Estaba al borde de la quiebra pero logró que funcionarios argentinos le autoricen un adelanto de US$ 2,5 millones pese a no tener ningún antecedente en el mercado energético local e internacional.

En los documentos oficiales a los que accedió PERFIL, consta la orden de transferencia, el monto indicado, el destino de los fondos y la autorización de Exequiel Espinosa, entonces titular de Enarsa y hombre de confianza del ex ministro Julio De Vido. Los US$ 2,5 millones que Enarsa transfirió a una cuenta en Barcelona a nombre de Contrater Consulting se giraron bajo el código 156 de la nomenclatura interna del Banco Central, previsto para las operaciones de “pago anticipado de importaciones de bienes FOB”, según consta en la solicitud de transferencia al exterior presentada por Enarsa al Macro

DOCUMENTO 2. La opacidad de la operación de Enarsa con la firma española Contrater Consulting provocó que el Banco Central (BCRA) inicie un sumario interno para conocer el destino final de esos fondos pagados por el Tesoro Nacional. El accionar de la autoridad monetaria deja en evidencia la existencia de múltiples irregularidades burocráticas en torno a la compra de GNL, un rubro que por sí sólo le costó al Estado más de US$ 15 mil millones en los últimos siete años. Concretamente, en 2010 autoridades del BCRA intimaron a Espinosa y Raúl Argañaraz -gerente financiero de Enarsa- a que recuperen el dinero transferido al Bank PYME de Barcelona. Sin embargo, por medio de una nota enviada en junio de 2010 al Banco Macro, los funcionarios admitieron su incapacidad para cumplir con su tarea.

La norma del Central otorga un plazo de 365 días a la empresa compradora –en este caso Enarsa- para que presente documentación complementaria que acredite que el producto adquirido arribó al país. El objetivo es claro: evitar que se fuguen del país millones de dólares declarados como un ‘pago anticipado’ o ‘prepago’ de una mercadería que luego no ingresa al país. La regulación del BCRA es clara: Enarsa tenía un año –hasta el 21 de agosto de 2009- para documentar el ingreso del cargamento de GNL facturado a Contrater Consulting.

La empresa estatal incumplió de manera incuestionable esa norma: a la fecha, es decir, casi ocho después de transferir US$ 2,5 millones a España, no logró probar la existencia del barco de GNL, conocido como Perla Negra en los pasillos de Enarsa en clara referencia al buque homónimo de la conocida zaga de películas producidas en Hollywood. Ni tampoco logró recuperar el dinero.

Para determinar las culpas de esa falta, el BCRA abrió en 2010 un sumario administrativo que aún permanece inconcluso. Fuentes de la autoridad monetaria explicaron como el proceso está vigente deben seguir el secreto de sumario que rige la investigación.

DOCUMENTO 3. La firma Contrater Consulting SL conduce directamente al ex ministro menemista Roberto Dromi y a su hijo Nicolás, titulares de DySAN y Diligentia SA. Según registros públicos de Madrid, la última actividad de Contrater data de septiembre de 2008, apenas un mes después de recibir el prepago de US$ 2,5 millones de Enarsa que está investigando la Justicia. PERFIL revela hoy la factura comercial que prueba que esos fondos terminaron en manos de una de las empresas de los Dromi. El 22 de septiembre de 2008,

Contrater firmó un convenio de cesión por el que transfirió a DySAN y Diligentia los derechos del contrato rubricado con Enarsa. Esa addenda fue luego ratificada el 15 de diciembre en un nuevo acuerdo entre Enarsa y las empresas de los Dromi que lleva las firmas de los funcionarios Exequiel Espinosa y Raúl Argañaraz, por entonces gerente financiero de Enarsa y otro nombre de estrecha relación con el ex ministro de Planificación.

El apoderado de Contrater dijo a PERFIL que en 2008 devolvió los US$ 2,5 millones por gestiones de los Dromi. Según la factura número 111, de 5 de mayo de 2009, la empresa DySAN le facturó a Enarsa esos fondos. La empresa dice que fue a cuenta de un cargamento de GNL que trajo al país en 2009. Pero el Banco Central sigue reclamando la devolución de esos fondos. Los Dromi admitieron a PERFIL que en enero de 2015 recibieron una intimación de Enarsa para poder cumplir con la exigencia del Central, pero ellos dicen que no tienen nada que ver con Contrater Consulting.

DOCUMENTO 4. PERFIL ya había revelado el contrato firmado en agosto de 2008 entre Enarsa y la firma española Contrater Consulting para la primera importación de GNL. El cargamento debía arribar a Buenos Aires a más tardar el 17 de septiembre, pero nunca completó su recorrido. Contrater Consulting fue contratada por la empresa estatal argentina para adquirir un buque metanero de gas desde Rusia. Para ese entonces no existía ninguna terminal de GNL operativa en ese país (la primera se inauguró un año más tarde).

El documento está redactado en inglés bajo el título “Sales and purchase contract Russian liquid natural gas”. Su difusión comenzó a dar entidad a las sospechas transmitidas en los últimos años desde usinas empresarialesy políticas en torno al presunto cobro de sobreprecios durante el proceso de importación de gas por barco. El convenio firmado con Contrater Consulting deja en evidencia que Enarsa contrató a una empresa ignota que no contaba con avales suficientes para operar como trader de GNL y le encomendó el aprovisionamiento de gas, una de las áreas más sensibles del manejo energético. Lloyd Babbel, presidente de Contrater Consulting, firmó como apoderado de la empresa. Babbel es de origen alemán y la información sobre él es prácticamente nula.

En la edición de hoy de Diario Perfil, el empresario da por primera vez su versión de los hechos y dice que el contrato que firmó fue parte de un “fraude”. La firma se disolvió un mes después de firmar el contrato. Babbel asegura que desde el principio, el contrato fue instrumentado por los Dromi. Los abogados argentinos, que tienen sus estudios también en Madrid, lo negaron ante la consulta de PERFIL.

Enviarán al Congreso un proyecto para que una empresa se abra en un día

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El objetivo es allanar los trámites para que una empresa se pueda poner en funcionamiento rápidamente; además, crearán un mercado de capitales para emprendedores


La administración de Mauricio Macri, acusado por sus detractores de observar a la función pública desde el lugar de la inversión privada, espera resolver en los próximos meses uno de los dolores de cabeza que enfrentan las compañías. Para evitar que la burocracia le gane a la iniciativa de eventuales emprendedores, el Gobierno enviará a más tardar en junio un proyecto de ley al Congreso que tiene como principal objetivo allanar los trámites para que una empresa se pueda poner en funcionamiento en un sólo día.

La iniciativa no sólo contempla los escollos administrativos que tiene el Estado, sino también la posibilidad de abrir una cuenta bancaria de manera casi inmediata para que, cuando tenga las autorizaciones, pueda estar completamente operativa. Así lo confirmó Carlos Palotti, subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos, en el marco de una misión comercial en esta ciudad.

En la misma dirección, el Ministerio de Producción, que maneja Francisco Cabrera, trabaja en un proyecto para crear un mercado de capitales que atienda las necesidades de emprendedores. La idea es copiar el modelo de Israel, donde el Estado hizo un aporte inicial y luego se retiró porque el proyecto captó el interés de la inversión privada.

En las próximas semanas, además, el Gobierno reglamentará una ley que le da a la producción cinematográfica, a la televisión y a la publicidad el régimen de actividad industrial, con lo que sus cargas sociales bajarán de 21% a 17 por ciento. Para no ocasionar un quebranto fiscal, los funcionarios de Producción estudian alternativas que obliguen a las empresas a contratar más personal si quieren acceder al beneficio.

Rescate y tiros en la frontera

LA NACION - La Gendarmería rescató a ocho hombres de nacionalidad china que eran ingresados en forma ilegal en el país por una banda dedicada al tráfico de personas. El operativo se concretó en la madrugada del jueves pasado en la ruta provincial 3, cerca de la localidad salteña de Horcones.

Los agentes que patrullaban la ruta nacional 9 observaron una Renault Kangoo estacionada en esa ruta e intentaron identificar a los ocupantes. En ese momento, los gendarmes vieron linternas y advirtieron que algunas personas se escondían entre la vegetación. Al dar la voz de alto, los sospechosos abrieron fuego, pero fueron detenidos por los uniformados.

El Gobierno negocia para resolver nueve juicios pendientes en el Ciadi

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Para muchos empresarios, es lo que falta solucionar para decidir inversiones en el país; algunos reclamos se presentaron el año pasado

De alto vuelo: el Ciadi fallaría pronto a favor de un grupo de firmas relacionadas con Marsans, ex dueña de Aerolíneas Argentinas.

Después de la salida del default, la herencia más ruidosa que le dejó al país la crisis de 2001 en términos económicos, el Gobierno aún debe resolver casi una decena de juicios contra el Estado planteados por compañías extranjeras en tribunales internacionales, otro lastre menos visible de aquel cambio de siglo tumultuoso. Los ministerios involucrados ya comenzaron a ensayar alternativas para resolverlos, confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la defensa argentina.

Desde el punto de vista de los inversores internacionales, se trata del último paso para salir completamente del default y recuperar la credibilidad internacional, dado que la Argentina se obligó a cumplir con esas sentencias para darles seguridad jurídica a las compañías extranjeras, que reclaman pagos millonarios como indemnización por el rompimiento de los contratos.

Las empresas internacionales, cuyas billeteras intenta atraer hacia el país la administración de Mauricio Macri, miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados y privados.

El Ciadi tiene 17 casos pendientes de resolución con el país, 8 de los cuales fueron suspendidos en los últimos años. Los restantes 9 preocupan al Gobierno, que con la nueva gestión cambió las formas con las que se maneja la Procuración del Tesoro en los tribunales extranjeros.

El kirchnerismo resolvió algunas disputas. Por caso, en octubre de 2013, el entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cerró cinco causas pendientes. Pero otras quedaron en pie y salpican aún al gobierno de Macri. El caso más evidente es el de la española Abertis, dueña del 31,59% de Ausol, concesionaria de la autopista Panamericana y a cargo del mantenimiento de la avenida General Paz y de los 56 kilómetros de la autopista que va de Buenos Aires a Luján (en el caso del acceso oeste la empresa es GCO).

Abertis presentó el 17 de diciembre, es decir, una semana después de que Macri asumió la presidencia, una demanda contra el país por las demoras en la renegociación de su contrato de concesión y las dificultades que le trajo a su negocio el retraso en las tarifas. El Gobierno comenzó a dar los primeros pasos para ensayar su defensa.

Una fuente oficial informó a LA NACION que tanto la demandante como la defensa oficial designaron a sus árbitros. Ambas partes tienen 29 días para designar de mutuo acuerdo al presidente del tribunal. Si no lo alcanzan, pueden pedirle al Ciadi que lo designe. Luego llegará la primera solicitud de fondos para dar trámite al procedimiento.

Condenados: la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, ya obtuvo un fallo a su favor, aún pendiente de pago.

Por otra parte, la compañía Salini Impregilo también reclama por su participación en Ausol. El 27 de octubre del año pasado inició negociaciones amistosas con el gobierno de Cristina Kirchner, que continuaron los funcionarios de Macri. El Occovi (organismo de control de las concesiones viales) está actuando en dos líneas de acción. En el marco de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se creará un sector que atenderá en forma exclusiva los grandes juicios contra el Estado. "De esta forma procuramos desarrollar la mejor defensa posible", explicó un funcionario a cargo de la defensa de la Argentina.

Por otra parte, el Gobierno inició la renegociación de ambos contratos de concesión (Ausol y GCO), que intentará saldar los reclamos.

Mil intentos

Ausol había intentado de mil maneras solucionar esas dificultades en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El año pasado, a través de dos notas, el Occovi le pidió a la empresa que presentara un plan para hacer sustentable su negocio. El 19 de mayo, por caso, el director ejecutivo del Occovi, Gustavo Gentili, le reclamó a Ausol que presentara un documento con una "propuesta de plan económico financiero que permita equilibrar económica y financieramente el contrato de concesión". La compañía nunca llegó a un acuerdo, agotó las instancias y ahora reclama en el Ciadi.

Hay más demandas recientes. La italiana Impregilo, vieja litigante contra el país, planteó en septiembre del año pasado un nuevo litigio contra el país. Lo maneja el estudio King & Spalding. En enero, el alemán Jürgen Kurtz aceptó convertirse en árbitro.

Fuentes al tanto de la disputa sostienen que en las próximas semanas el Ciadi fallará en contra del país en un juicio que le inició al Estado un conjunto de empresas españolas relacionadas con Marsans, la ex dueña de Aerolíneas Argentinas, por la expropiación de la compañía, junto al megabufete norteamericano Burford. Piden US$ 1200 millones, pero quedarían satisfechos con mucho menos.

En abril de 2015, el Ciadi condenó a la Argentina a pagarle US$ 405 millones a la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, a la que el kirchnerismo le quitó la concesión del servicio. Sobre esa decisión se creó AySA, la compañía de agua y cloacas de la zona metropolitana. La Argentina apeló la decisión. El caso sigue pendiente en el tribunal arbitral.

El más reciente: la española Abertis, socia en la concesión de la Panamericana, presentó la denuncia el 17 de diciembre pasado.

En 2006, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, rescindió la concesión del servicio de agua y cloacas provincial a Aguas del Gran Buenos Aires, integrada por capitales italianos y españoles, que desde 2000 proveía el servicio a más de 1,8 millones de personas. Aunque la gobernación criticó la calidad del servicio, sus accionistas fueron al Ciadi. El tribunal se constituyó en 2009 y el caso sigue pendiente.

Algo similar ocurrió con Sauri, una sociedad francesa de un grupo empresarial dedicado al negocio de la producción, tratamiento, distribución y saneamiento del agua, a la que se le rescindió la prestación del servicio en Mendoza. El tribunal condenó al país a pagar US$ 40 millones más intereses y honorarios, pero el caso aún figura como pendiente.

Hay algunos casos que figuran como pendientes, pero en los que las empresas suspendieron los reclamos. Entre ellos los de Gas Natural Fenosa, dueña de la compañía del mismo nombre en el país, y de Camuzzi, otra firma encargada de distribuir gas por redes.

Junto a Venezuela, la Argentina lidera el ranking de demandas en el Ciadi. Otros países, como Brasil y Sudáfrica, decidieron abandonar ese organismo. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner hubo amenazas de ese estilo, pero nunca se concretaron.

Buscan cómo pagar $ 1000 millones en obras viales

Por Diego Cabot - LA NACION - El Gobierno pagaría esa cifra mensual hasta fin de año para saldar la deuda heredada


A los constructores viales les cambió la cara. Por estos días, el Gobierno afina una propuesta para terminar de pagar la deuda que Vialidad Nacional tiene con el sector y que permitiría llegar a fin de año con los certificados al día. La negociación es lenta. No es para menos: en el medio hay alrededor de $ 1000 millones, que es lo que suma la deuda que la administración pública tiene con los empresarios de las rutas. Los constructores esperaban un bono, pero todo parece indicar que será efectivo y en cuotas. A cambio les pedirán que regresen a los obradores con ímpetu y no con la velocidad crucero que transitaron en los últimos años.

Cuando la nueva gestión de Vialidad Nacional se hizo cargo, la deuda llegaba a $ 12.800 millones. En ese paquete estaban alrededor de 900 obras licitadas y entregadas a los contratistas, pero con una enorme deuda del Estado que impedía el avance. Obradores en modo espera.

Mes tras mes corría por Vialidad la "lista de la felicidad", llamada así por los empleados por las noticias frescas que traía. Desde la oficina de José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, bajaba un escueto papel en el que se enumeraba a quiénes y cuánto se liquidaba cada mes. Los parámetros del desembolso tenían que ver con procedimientos no demasiado claros y más cercanos a la discrecionalidad. Alegrías y frustraciones se repartían por igual. Sin embargo, jamás se avanzaba en pagos que permitieran acelerar las obras, salvo, claro está, la excepción que representaba Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, que tenía sus acreencias al día o incluso adelantadas.

Así vivió el sector desde 2011, con alrededor de 1000 millones de dólares de deuda constante y con una exigencia del Gobierno: mantener la obra viva, aunque no se avanzara, pero sin que se desmantelara un solo obrador.

De aquellos $ 12.800 millones ya se pagaron alrededor de 4700 millones en los primeros meses de gestión macrista. El dinero calmó la ansiedad de los empresarios, muchos de ellos cargados de deuda financiera por la que pagan intereses muy costosos. Además, la promesa de pagar los certificados de obra nuevos se empezó a cumplir; en marzo se terminaron de pagar los de diciembre.

Sin embargo, alrededor de $ 8000 millones de deuda vieja estaban en la nebulosa. En las primeras reuniones del equipo del número uno de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se empezó a delinear la posibilidad de emitir un bono. El antecedente que se mencionaba eran los papeles que emitió el gobierno de Mauricio Macri cuando se hizo cargo de la ciudad y se encontró con una deuda, mucho menor por cierto, heredada de la gestión de Aníbal Ibarra. Aquellos documentos pasaron como rayo por las manos de los constructores y terminaron en los bancos a cambio de un descuento. La Ciudad pagó sus deudas y constructores y bancos quedaron satisfechos.

Ahora todos se preparaban para una solución similar. Pero el Gobierno sorprendió. Les tiró sobre la mesa otra propuesta. Dijo que pagará alrededor de $ 1000 millones por mes para llegar a fin de año con aquella deuda saldada. Los constructores tomaron la propuesta y se entusiasmaron. Luego se calmaron, agarraron sus planillas de cálculo y sacaron cuentas sobre lo que ya se perdió y lo que significa tener los pagos al día, casi una rareza en ese mundo salvo que el apellido fuese Báez.

Por ahora, el acuerdo está cercano, pero no cerrado. Los constructores no son una masa pétrea y además cada uno tiene sus apuros. Sin embargo, la mayoría acompaña. En Vialidad son optimistas.

Mientras tanto, el Gobierno ya les adelantó que la idea es terminar la gran mayoría de las obras iniciadas en las rutas nacionales sin peajes. Luego está el universo de los corredores con peaje. Allí el panorama es distinto. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), un ente dependiente de Vialidad Nacional, ya comenzó a evaluar cada una de los proyectos. El sistema que rige es un híbrido que no dio resultados. En 2011, el kirchnerismo armó un esquema mediante el que las constructoras licitaban un paquete de obras en una traza, y como condición tenían que mantener la ruta, cobrar el peaje y cortar el pasto. El dinero para las obras no llegó nunca y la calidad del mantenimiento bajó al punto de que todos los corredores viales están en peores condiciones que hace cinco años. A ese esquema le queda un año y todo hace suponer que continuará.

El Gobierno ya les adelantó a los concesionarios que de aquel paquete de obras sólo quedarán algunas. Según publicó la Nación, de los 720 contratos que estaban vigentes a fin del año pasado quedarán apenas 430. Los beneficiados fueron los grandes corredores viales que se identifican con rutas nacionales que tienen un solo dígito. La "lista de la felicidad" que venía de la oficina de López ya es historia, pero los pagos antes de fin de año aún son una promesa. En el medio hay negociaciones que les han dibujado una mueca más relajada a los constructores.

Las cifras en discusión

8000 Millones de pesos - Es la deuda que tiene pendiente el Gobierno con los contratistas viales

430 Contratos - Son las obras cuyo pago aún no está al día

CFK dejó tierra arrasada...Pobre patria mía.

Bóvedas, joyas y jueces bajo sospecha

Por Carlos Pagni - LA NACION

Después de escuchar la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, el juez Sebastián Casanello dictaminó ante un pequeño círculo de allegados: "Si aparecen las bóvedas donde guardaban el dinero, la causa está definida". Fariña amplió su confesión el martes de la semana pasada, cuando informó con precisión los sitios donde Lázaro Báez atesoraba los billetes. Pero Casanello se demora en allanar esos lugares. Tal vez él mismo haya dado la explicación: "Si aparecen las bóvedas, la causa está definida".

Fariña identificó, con coordenadas de latitud y longitud, dos estancias de Santa Cruz, cercanas al lago Argentino: Cruz Aike y La Julia. Dijo que en Cruz Aike el tesoro se disimuló en las cocheras. En La Julia, prefirieron esconderlo en el quincho, a un paso de la casa principal. Desde allí Báez y su hijo Martín trasladaban los caudales hasta Buenos Aires. Los dos campos solían estar vigilados con un sistema de custodia perimetral de patrulleros y con personal armado cercano a las bóvedas. Todo provisto por la policía santacruceña. En su chacra de Río Gallegos, Báez recibía las mismas prestaciones.

Para los kirchneristas, tener bóvedas domésticas es un indicador de estatus. A Julio De Vido le atribuyen esconder una en su finca de Puerto Panal. Y Francisco Larcher tiene otra en su mansión del country Abril. Quienes hace poco bajaron a ese sótano afirman que pasó a cobijar una bodega multimillonaria. Pero Larcher está fuera de peligro. A él lo cuida la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, con quien suele pasar las tardes de domingo jugando al buraco. A Majdalani le abrieron una causa por lavado de dinero. Sin embargo, ella también se siente protegida: a dos interlocutores del Gobierno les adelantó que ya tiene todo arreglado con el juez Julián Ercolini. Apuesta fuerte Majdalani.

La demora de Casanello es más sorprendente cuando se relee la confirmación de la prisión de Báez por parte de los magistrados de la Cámara Federal. Entre las razones que ofrecieron Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun estuvo la posibilidad de que los imputados conserven una parte de la fortuna que acumularon gracias a la sobrefacturación de la obra pública. Por eso, después de reprocharle varias negligencias, urgen al juez a investigar la localización de esos fondos, no sólo para que sean devueltos al Estado, sino para evitar que con ellos Báez se ponga a salvo del castigo, aprovechando sus innumerables contactos en el poder.

Casanello, que allanó como un relámpago varias financieras porteñas después de la primera declaración de Fariña, tarda en llegar a las estancias de Santa Cruz. Tampoco dispone la prisión de Martín Báez, sobre quien pesan los mismos indicios que llevaron a la cárcel a su padre. La mujer de Báez advirtió a varios dirigentes kirchneristas que si su hijo cae en cautiverio, ella forzará a su esposo a ir contra los Kirchner. Y que si él no lo hace, lo hará ella. El juez analizó con su colega Daniel Rafecas la posibilidad de excluir a Cristina Kirchner de una eventual condena. Rafecas tiene en sus manos el caso Hotesur, sobre presunto lavado de dinero en las empresas de la ex presidenta.

Casanello se arriesga a corroborar con su indolencia el presentimiento de los camaristas: los Báez pueden, con sus vinculaciones, obstruir la investigación. Los Kirchner, mucho más. El ex secretario de Justicia Julián Álvarez, que está afiliado a La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner, llamó a Casanello cinco veces horas antes de la detención de Báez. El juez no le contestó. Álvarez estaba interesado en acordar la designación de los abogados del constructor. Pretendía que fueran abogados de su confianza, capaces de adelantar desde dentro del expediente el rumbo que iba tomando la pesquisa. Entre los candidatos a esa función estaba Fernando Susini, a quien Álvarez confió en su momento el asesoramiento legal del general César Milani. Pero Báez fue detenido en el preciso instante en que llegaba a Buenos Aires para participar de esas transacciones. En los tribunales de Comodoro Py sospechan que las negociaciones pueden seguir abiertas. Y ponen la lupa en el abogado Ignacio Palazuelos, muy allegado al magistrado. Es curioso: Palazuelos es funcionario del gobierno porteño. Pero tiene un viejo vínculo con la justicia federal gracias a su amistad con el embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro.

La lentitud de Casanello para perseguir la corrupción contrasta con su velocidad frente a la tragedia de la fiesta Time Warp, de Costa Salguero. Como se encontraba de turno, el domingo se encargó de las primeras actuaciones. Pero el lunes olvidó enviar la causa a sorteo, para que se establezca qué juez estará al frente de la investigación. Es lo que estableció la acordada 37 de la Cámara Federal para evitar el forum shopping, es decir, la selección del magistrado por parte de un delincuente o de un denunciante. Casanello debería leer el libro Forum Shopping, de Pablo Slonimsqui. Lo tiene en la biblioteca del despacho.

¿Posible reemplazo?
Las dilaciones de Casanello en el caso Báez inquietan a sus colegas de Comodoro Py. No porque sientan aversión por la impunidad. Temen que la Cámara lo reemplace. Nadie quiere ser juez en esa causa. Además, Casanello produjo el efecto opuesto al que se esperaba con la captura del empresario: su pachorra expone de nuevo a todo el fuero. Y la supervivencia de esos magistrados es incompatible con la luz.

Este fin de semana volvieron a intranquilizarse con una advertencia del ministro de Justicia, Germán Garavano. Dijo que el Poder Ejecutivo está esperando que otros jueces presenten su renuncia, en la senda de Norberto Oyarbide. Es la jugada más conservadora de las que Mauricio Macri tiene en la cabeza. También está previsto que, apenas se configure una mayoría de dos tercios favorable en el Consejo de la Magistratura, caiga la cabeza de un par de magistrados. ¿El motivo? Sencillo: un proceso por enriquecimiento ilícito.

La última acusación de este tipo afectó al camarista Eduardo Freiler. Jugarretas del azar: es uno de los padrinos de Casanello. Freiler fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por su opulenta acumulación patrimonial: mansión multimillonaria en Olivos, colección de autos de lujo, campos, yates y caballos de carrera. No se descartan relojes. La causa se abrió en lo de Marcelo Martínez de Giorgi. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria de la Sala I de la Cámara, a la que pertenece Freiler. Aun cuando, aclaran allí, trabaja en vinculación con Jorge Ballestero. La acusación se produjo el 31 de agosto de 2015. Para el 17 de marzo pasado Martínez de Giorgi lo sobreseyó, a pedido del fiscal Ramiro González. A Freiler le gusta la velocidad. A Martínez de Giorgi se ve que también. Ni siquiera se dio tiempo para un peritaje. Casanello podría tomar clases.

¿Estrenarán con Freiler la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta? Es la teoría según la cual el principio de la cosa juzgada debe ser relativizado si el proceso fue irregular o estuvo sometido a manipulaciones. A Martínez de Giorgi le serviría profundizar en esa tesis: está subrogando el juzgado de Norberto Oyarbide, donde se absolvió a los Kirchner por enriquecimiento ilícito después de que el ex presidente citó al juez en Olivos para darle una reprimenda.

Tal vez no haga falta innovar. Freiler todavía debe dar explicaciones por la propiedad de una financiera, donde es socio de María Carla Lago. Es la esposa de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. María Carla Lago ganó alguna notoriedad porque a uno de sus teléfonos llamó Alberto Nisman horas antes de denunciar a Cristina Kirchner. La acusación de Nisman recaló en el juzgado de Lijo. María Carla y Alfredo Lijo viven en Abril, así que en cualquier momento se suman al buraco. "Freddy" mantiene una estrecha relación con Julio De Vido, a quien le ofreció durante años un cómodo blindaje en los tribunales.

El amor por los canarios aproxima a las personas. La situación de Freiler y la señora de Lijo debe ser juzgada por Rodolfo Canicoba Corral. Dicen que sobre su escritorio hay un dictamen absolutorio del fiscal Juan Pedro Zoni. Justicia Legítima.

Los detalles de estos vínculos, que incluyen al juez, suelen animar las tertulias del tercer piso de Simonetta Orsini. Reaparecen los relojes. Allí, en Cerrito y Posadas, entre el humo de los puros, algunos jueces celebran reuniones privadísimas. Gracias a un recibo de Simonetta Orsini, Oyarbide pudo eludir su propia causa por enriquecimiento: parece que allí adquirió por pocos pesos un anillo valuado en más de 200.000 dólares.

La joyería Orsini pertenece a Miriam Kohen. Es la esposa de Gerardo Luis Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería. Esta empresa, que tuvo una expansión inigualable durante el kirchnerismo, fue acusada en Brasil de recibir coimas de Petrobras por la adquisición de Transener. En la compañía lo niegan. Pero en la causa que sigue el juez Sergio Moro están mencionados Ferreyra y su gran benefactor, De Vido. Algunos funcionarios de los tribunales comienzan a temer que muchas de las entrevistas celebradas entre diamantes y relojes de alta gama estén grabadas.

Freiler, Lago, Lijo, Kohen, Oyarbide, De Vido, Ferreyra. Las conexiones entre estos nombres insinúan que algunos jueces federales fueron algo más que complacientes con el esquema de negocios montado por el kirchnerismo durante más de una década. Formaron parte.