Moderno lanzagranadas monotiro destinado a reemplazar al venerable M-79 empleado durante la Guerra de Vietnam, siempre en 40mm.
jueves, 11 de febrero de 2016
La Foto: Lanzagranadas Defcom XL79 Composite de 40 mm (EUA)
Moderno lanzagranadas monotiro destinado a reemplazar al venerable M-79 empleado durante la Guerra de Vietnam, siempre en 40mm.
La Foto: Arma antibunker IMI M141
Desarrollada en Israel (IMI) para el Ejército Norteamericano, siendo apta para el combate urbano (multiuso). Su alcance es de 15 hasta 500 metros con cohete con cabeza HE.
Se inauguró el dique Las Tunas en Catamarca
(El Constructor) - En el acto de inauguración La Gobernadora Lucía Corpacci recordó que la obra “se contrató en el 2008” momento desde el cual “hubo idas y vueltas porque no había como financiarla, intentamos financiarla con fondos de la Provincia –que era muy difícil- y luego recurrimos a un préstamo del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, porque creo que es una obra por la que valía la pena asumir una deuda, para poder lograr el desarrollo de esta región”.La gigantesca obra todavía no cuenta con su reserva de agua, lo cual demandará un año si se mantiene el ritmo actual de lluvias, aunque la propia jefa de Estado señaló que prefiere que tarde “un poco más en llenarse” para que no se repitan los problemas que ocasionaron (en Catamarca y otros puntos del país), los inusuales niveles de precipitaciones.
El dique, que están enclavado en El Alto, tiene un enorme impacto en toda la región, sobre la producción al poder regular el cauce del río desarrollando la ganadería y la agricultura cambiando así las posibilidades productivas de esta región y mejorarla; y por otro lado también sobre el “consumo humano”, que “es otra realidad que tenemos que ir acomodando y modificando para que cada vez menos hermanos catamarqueños sufran la falta de agua potable” manifestó la gobernadora Lucía.
Además esta obra morigerará el tema de las inundaciones en Bañado de Ovanta, encauzando el agua que se direccionaba hacia al pueblo.
Anticipó también que en los próximos días se firmará un nuevo compromiso con Fondo Fiduciario “para hacer muchas más obras, como pasarelas y defensas de ríos” en distintos puntos de la Provincia, “para dejar todo en las mejores condiciones, después de tamaña tragedia que nos ha pasado en los años anteriores”.
Detalles de la obra
El Dique Las Tunas es un imponente embalse -tres veces más grande que El Jumeal-, que cambiará completamente el perfil turístico y agropecuario del Este catamarqueño.
Esta gran obra se localiza en Las Tunas, localidad ubicada sobre el río del mismo nombre en el Departamento El Alto, al sur de Bañado de Ovanta, a unos 15 km de la Villa de El Alto y distante 150 km de la capital catamarqueña, y está destinada a regular el recurso hídrico en una amplia zona, afectada en cada sequía para la producción agrícola y ganadera.
Con una altura de 30 metros, el embalse cubre una superficie de 50 hectáreas, y mide 205 metros de largo en su coronamiento, más un cierre lateral de menores dimensiones, que permitirá embalsar 4,85 hectómetros cúbicos.
Los técnicos detallaron que, al margen de su magnitud, la importancia estratégica del dique no reside en sus dimensiones, sino en su utilidad, ya que permitirá dotar de agua potable a las poblaciones cercanas y regará más de 100.000 hectáreas aprovechables para la agricultura y 20.000 hectáreas dedicadas a la ganadería. A su vez se hará aprovechamiento de agua para el consumo de las poblaciones cercanas.
El dique contribuirá además a disminuir y evitar las inundaciones que periódicamente afectan al departamento Santa Rosa.
El Dique Las Tunas llevaba tres años de ejecución cuando asumió Lucía Corpacci, pero en esa etapa apenas se avanzó un 25 por ciento. De haberse mantenido ese ritmo, recién se hubiera culminado el dique después de 2020.
La mencionada obra tuvo sus inicios en el mes de noviembre de 2008, siendo el proyecto original, una presa de materiales sueltos cuyo principal objetivo fue la contención de crecidas sobre el Río Las Tunas. Este proyecto original fue modificado a fines del 2011 realizándose la ejecución del Cierre Principal de la Presa con Hormigón Compactado a Rodillo, todo esto debido al coeficiente sísmico en la zona de la obra. Así también, se realizaron obras adicionales como reubicación de viviendas, ampliación de la galería y solución a fallas en la roca de fundación.
Se encuentran culminadas las obras de Cierre Lateral, el vertedero, la Obra de Toma, el Cierre Principal de HCR, la Galería de Inspección dentro de la presa y el túnel de desvío que regula el caudal ecológico en épocas de estiaje. Además esta presa contiene todos los elementos de medición de última generación que permiten obtener valores del comportamiento estático en la vida útil de la misma, importantísimo para la seguridad de la presa, cuidando además durante todo el proceso de desarrollo constructivo el impacto ambiental que puede producir dicha construcción.
El principal beneficio de la obra es la contención de crecientes sobre el Río Las Tunas que producen serias inundaciones en esa localidad, como así también en otras localidades de los Departamentos El Alto y Santa Rosa. La previsión de la colocación del caño dentro de la presa para las obras complementarias genera a futuro beneficios que se multiplicarían de forma exponencial con un alto impacto en la economía de la zona y por supuesto a la economía provincial, beneficiando a toda la población, al sector agropecuario y ganadero, la provisión de agua potable la cual es de suma importancia y una futura central hidroeléctrica para proveer de energía a toda la zona, todo esto, además del impacto turístico que genera.
El monto de la Obra a valores básicos de Contrato asciende a la suma de 74.356.699,38 pesos, mientras que el monto a valores Redeterminados al día de la fecha, es de 153.766.505.57 de pesos.
La empresa contratista encargada de la ejecución de la obra fue Horacio Catalán SRL, mientras que la empresa encargada de los Servicios de Ingeniería para la Inspección de la Obra es Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA).
Fuente: http://www.elconstructor.com/infraestructura/se-inauguro-el-dique-las-tunas-una-obra-de-enorme-impacto-para-la-provincia-de-catamarca_2818.html
Cuántos empleados tiene Aerolíneas Argentinas frente a otras líneas aéreas
(iProfesional.com) - Distintos informes muestran inconsistencias tanto respecto a la cantidad de personal como a la baja tasa de productividad en la empresa de bandera
La presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, se refirió recientemente a la cantidad de empleados que trabajan en la compañía y aseguró que al asumir su posición, en el marco del recambio de Gobierno, se encontró con un "exceso".
En el marco del programa de Mirtha Legrand, la propia conductora le preguntó cuántos empleados tiene hoy la compañía. "Son 12.200 y un poquito más", aseguró Costantini. "Hay un exceso de empleados, pero no sabemos a dónde", apuntó la presidenta de la firma de bandera. Incluso en relación a la cantidad de vuelos y pasajeros transportados, Aerolíneas Argentinas tiene una mayor proporción de trabajadores que otras compañías.
De acuerdo a datos informados por la compañía a Chequeado, hoy hay 12.333 empleados, de los cuales el 11% son pilotos, el 18% tripulantes de cabina, el personal de tierra representa el 50%, el 17% son técnicos y el 4% del personal trabaja en el exterior.
La comparación con otras aerolíneas muestra que la compañía de bandera tiene más empleados en relación a la cantidad de pasajeros que transporta que todo el resto de las aerolíneas de SkyTeam, la alianza que integra, y que otras empresas de la región como LATAM o Avianca, de acuerdo a los datos difundidos por las tres alianzas (SkyTeam, Star Alliance y One World) para las 27 aerolíneas seleccionadas.
Aerolíneas Argentinas tiene 1,4 empleados por cada mil pasajeros transportados, mientras Air France, una de las que tiene la mayor proporción, es de 1,3. LATAM, por su parte, tiene 0,8, al igual que Avianca.
Empleados por aerolínea
Si el personal se mide en relación a la cantidad de aviones que tiene la aerolínea, la empresa nacional se ubica solo por detrás de Air France, con 170 trabajadores por avión (contra 186 de la línea francesa).
En relación a la cantidad de personal y vuelos diarios, Aerolíneas se encuentra cuarta entre las compañías relevadas, por detrás de KLM, China Airlines y Korean Air.
Un informe publicado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2014, en base a un relevamiento hecho entre 2011 y 2012, ya detectaba inconsistencias en los datos, y por ese entonces la empresa tenía unos 10.700 empleados.
Además, la AGN señalaba la "baja productividad de la tripulación técnica, respecto del máximo de horas voladas permitido por la regulación vigente" y aclaraba que se trataba de un problema del que la compañía estaba al tanto: "En el plan de negocios 2010/2014, se hizo referencia a que la empresa tiene una de las tasas más bajas de productividad de tripulaciones en el mundo".
"El gasto en personal es importante en cualquier aerolínea. Ahora bien, en el caso de Aerolíneas Argentinas está fuera de cualquier cálculo razonable y está desalineada con las mejores prácticas de la industria", explicó a Chequeado Marcelo Celani, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en el mercado aerocomercial.
La presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, se refirió recientemente a la cantidad de empleados que trabajan en la compañía y aseguró que al asumir su posición, en el marco del recambio de Gobierno, se encontró con un "exceso".
En el marco del programa de Mirtha Legrand, la propia conductora le preguntó cuántos empleados tiene hoy la compañía. "Son 12.200 y un poquito más", aseguró Costantini. "Hay un exceso de empleados, pero no sabemos a dónde", apuntó la presidenta de la firma de bandera. Incluso en relación a la cantidad de vuelos y pasajeros transportados, Aerolíneas Argentinas tiene una mayor proporción de trabajadores que otras compañías.
Empleados por cada mil pasajeros transportados
Fuente: Chequeado en base a Sky Team, Star Alliance y One World. Reportes publicados entre marzo y noviembre de 2015.
La comparación con otras aerolíneas muestra que la compañía de bandera tiene más empleados en relación a la cantidad de pasajeros que transporta que todo el resto de las aerolíneas de SkyTeam, la alianza que integra, y que otras empresas de la región como LATAM o Avianca, de acuerdo a los datos difundidos por las tres alianzas (SkyTeam, Star Alliance y One World) para las 27 aerolíneas seleccionadas.
Aerolíneas Argentinas tiene 1,4 empleados por cada mil pasajeros transportados, mientras Air France, una de las que tiene la mayor proporción, es de 1,3. LATAM, por su parte, tiene 0,8, al igual que Avianca.
Empleados por aerolínea
Si el personal se mide en relación a la cantidad de aviones que tiene la aerolínea, la empresa nacional se ubica solo por detrás de Air France, con 170 trabajadores por avión (contra 186 de la línea francesa).
En relación a la cantidad de personal y vuelos diarios, Aerolíneas se encuentra cuarta entre las compañías relevadas, por detrás de KLM, China Airlines y Korean Air.
Un informe publicado por la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2014, en base a un relevamiento hecho entre 2011 y 2012, ya detectaba inconsistencias en los datos, y por ese entonces la empresa tenía unos 10.700 empleados.
Además, la AGN señalaba la "baja productividad de la tripulación técnica, respecto del máximo de horas voladas permitido por la regulación vigente" y aclaraba que se trataba de un problema del que la compañía estaba al tanto: "En el plan de negocios 2010/2014, se hizo referencia a que la empresa tiene una de las tasas más bajas de productividad de tripulaciones en el mundo".
"El gasto en personal es importante en cualquier aerolínea. Ahora bien, en el caso de Aerolíneas Argentinas está fuera de cualquier cálculo razonable y está desalineada con las mejores prácticas de la industria", explicó a Chequeado Marcelo Celani, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en el mercado aerocomercial.
Fabricaciones Militares paraliza la producción de vagones
(enelsubte.com) - El nuevo gobierno despidió a 140 personas en la sede central, desarticulando la oficina encargada del diseño y desarrollo de tres modelos de vagones de carga para Ferrocarriles Argentinos Cargas y Logística. Esa empresa le había encargado a FM la fabricación de 1050 unidades, de las cuales 115 debían entregarse este año.
La Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, decidió recientemente la suspensión de todos los proyectos relacionados con el desarrollo de material rodante nacional para transporte ferroviario de cargas.
La cancelación de estos proyectos se deriva de una importante serie de despidos realizados en la sede central –que alcanzan hasta 140 personas, en diferentes áreas– decididos por Héctor Lostri, interventor de FM y secretario de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa.
Una de las áreas alcanzadas por los despidos fue Planeamiento y Control de Gestión, de donde dependía “la oficina de Desarrollo de Producto que fue la encargada del diseño de los vagones de carga”, explicó a este medio Sebastián Kersner, ex responsable de Nuevos Proyectos de Fabricaciones Militares. Esa oficina “fue desarticulada por completo: fueron despedidos todos los ingenieros mecánicos y cadistas que se desempeñaban en la misma”, afirmó.
Esta situación en los cargos jerárquicos se suma a “la paralización del ingreso de trabajadores que debían ingresar para trabajar en la línea de producción” en la Fábrica Militar de Río Tercero, donde se habían construido los primeros vagones. “Esta linea productiva cuenta con capacidad para producir tres vagones diarios trabajando en dos turnos, y conllevó de una inversión de $270 millones”, afirma Kersner.
Al momento del cambio de gobierno, la producción se encontraba “proceso de try-out, es decir, de pre-serie para la realización de ajustes”.
Este medio también se comunicó con la economista Candelaria Laspeñas, antecesora de Kersner en Nuevos Proyectos, quien estuvo a cargo en la época de la concepción de la producción de material ferroviario: “Fabricar vagones de carga en la Argentina implica más que la producción misma, material del vagón“. Para Laspeñas, la construcción de vagones tenía por un lado “el impacto económico directo: ahorro en la balanza comercial, generación de empleo local, movilización de toda la cadena de valor –desde empresas metalúrgicas grandes hasta talleres pyme proveedoras de determinados componentes–”. Pero por el otro lado, añade, tenía “toda la implicancia desde lo simbólico y estratégico: desarrollo de ingeniería hecho en Argentina e inversión en el sistema de transporte ferroviario de carga, con el impacto que tiene esto en los costos logísticos de nuestras cosechas”.
¿Qué era lo que estaba desarrollando Fabricaciones Militares?
Los proyectos de FM se centraban en la producción de tres modelos de vagón de carga: tolva granero, portacontenedores y espina portacontenedores de trocha angosta, media y ancha. La división Cargas y Logística de Ferrocarriles Argentinos había firmado un contrato para la provisión de 1050 vagones, de los cuales 115 debían entregarse este año. Esto se complementaba con la llegada de material rodante chino. Asimismo, se estaban desarrollando “proyectos asociados al aumento de la integración nacional, como la producción de bogies propios, ruedas y equipos de freno”.
De acuerdo con Mariano Di Lascio, ex responsable de Gestión de Proyectos Ferroviarios dijo a la periodista Verónica Ocvirk (Pagina12) que de haberse continuado con el ritmo de los últimos meses, FM hubiera estado en condiciones de comenzar con las entregas en marzo. La descoordinación parece ser total. En la misma nota, Ferrocarriles Argentinos dijo que “el contrato sigue vigente” y afirmó desconocer el despido de los profesionales a cargo del área. Ello a pesar de que Cristian Fernández, nuevo subinterventor de FM, dijo –como se conoció por un video filtrado la semana pasada– que la empresa no continuaría “tampoco lo de los trenes”.
La Dirección General de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, decidió recientemente la suspensión de todos los proyectos relacionados con el desarrollo de material rodante nacional para transporte ferroviario de cargas.
La cancelación de estos proyectos se deriva de una importante serie de despidos realizados en la sede central –que alcanzan hasta 140 personas, en diferentes áreas– decididos por Héctor Lostri, interventor de FM y secretario de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa.
Una de las áreas alcanzadas por los despidos fue Planeamiento y Control de Gestión, de donde dependía “la oficina de Desarrollo de Producto que fue la encargada del diseño de los vagones de carga”, explicó a este medio Sebastián Kersner, ex responsable de Nuevos Proyectos de Fabricaciones Militares. Esa oficina “fue desarticulada por completo: fueron despedidos todos los ingenieros mecánicos y cadistas que se desempeñaban en la misma”, afirmó.
Esta situación en los cargos jerárquicos se suma a “la paralización del ingreso de trabajadores que debían ingresar para trabajar en la línea de producción” en la Fábrica Militar de Río Tercero, donde se habían construido los primeros vagones. “Esta linea productiva cuenta con capacidad para producir tres vagones diarios trabajando en dos turnos, y conllevó de una inversión de $270 millones”, afirma Kersner.
Al momento del cambio de gobierno, la producción se encontraba “proceso de try-out, es decir, de pre-serie para la realización de ajustes”.
Este medio también se comunicó con la economista Candelaria Laspeñas, antecesora de Kersner en Nuevos Proyectos, quien estuvo a cargo en la época de la concepción de la producción de material ferroviario: “Fabricar vagones de carga en la Argentina implica más que la producción misma, material del vagón“. Para Laspeñas, la construcción de vagones tenía por un lado “el impacto económico directo: ahorro en la balanza comercial, generación de empleo local, movilización de toda la cadena de valor –desde empresas metalúrgicas grandes hasta talleres pyme proveedoras de determinados componentes–”. Pero por el otro lado, añade, tenía “toda la implicancia desde lo simbólico y estratégico: desarrollo de ingeniería hecho en Argentina e inversión en el sistema de transporte ferroviario de carga, con el impacto que tiene esto en los costos logísticos de nuestras cosechas”.
¿Qué era lo que estaba desarrollando Fabricaciones Militares?
Los proyectos de FM se centraban en la producción de tres modelos de vagón de carga: tolva granero, portacontenedores y espina portacontenedores de trocha angosta, media y ancha. La división Cargas y Logística de Ferrocarriles Argentinos había firmado un contrato para la provisión de 1050 vagones, de los cuales 115 debían entregarse este año. Esto se complementaba con la llegada de material rodante chino. Asimismo, se estaban desarrollando “proyectos asociados al aumento de la integración nacional, como la producción de bogies propios, ruedas y equipos de freno”.
De acuerdo con Mariano Di Lascio, ex responsable de Gestión de Proyectos Ferroviarios dijo a la periodista Verónica Ocvirk (Pagina12) que de haberse continuado con el ritmo de los últimos meses, FM hubiera estado en condiciones de comenzar con las entregas en marzo. La descoordinación parece ser total. En la misma nota, Ferrocarriles Argentinos dijo que “el contrato sigue vigente” y afirmó desconocer el despido de los profesionales a cargo del área. Ello a pesar de que Cristian Fernández, nuevo subinterventor de FM, dijo –como se conoció por un video filtrado la semana pasada– que la empresa no continuaría “tampoco lo de los trenes”.
Investigan a 23 policías de la Federal por los manteros de Caballito
Por María Belén Etchenique - Clarin.com
Son efectivos que pasaron por la comisaría 12 desde 2012 hasta fines de 2015. La Justicia porteña los vincula como parte de una organización de venta ilegal.
En algunos puntos de la Ciudad, las calles tienen dueños. Apellidos, apodos o caras sin nombre que deciden quién puede estirar su manta sobre una esquina o levantar un puesto en el medio de una vereda. Nada es gratis. Las autorizaciones se pagan. En Caballito, los manteros están manejados por dos grupos enfrentados. Ellos deciden. En ese juego de jerarquías, la complicidad policial se sobreentiende. Pero la Justicia porteña logró vincularla: imputó a 23 policías de la Federal como parte de la organización de venta ilegal callejera en avenida Rivadavia.
Son seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos, un principal y un inspector que desde 2012 hasta fines de 2015 pasaron por la comisaría 12, ubicada en Valle 1454. Además de involucrarlos en el negocio, la Justicia Contravencional porteña comprobó que tenían órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación de no accionar contra los manteros.
Los policías fueron indagados por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, entre junio y julio del año pasado. En las próximas semanas, la causa será requerida a juicio. Los efectivos ya no están en esa comisaría, pero siguen en actividad. Se los acusa de ser parte responsable del uso indebido del espacio público y de permitir el desarrollo de esas actividades ilegales a lo largo de la avenida.
Si bien el 29 de enero los manteros fueron desalojados de Caballito, hay dos organizaciones que están detrás de la mercadería trucha que se vende apoyada sobre un lienzo, en un carrito o en una tabla con caballetes en Rivadavia. Una está liderada por la Asociación Vendedores Libres (Movimiento Francisco Jofre) y otra actuaría en connivencia con la Policía. En 2012 y 2013, "Vendedores libres" empezó a denunciar que la Federal los perseguía por instalarse en la avenida sin haber "arreglado" con ellos. Hablaron de amenazas, procedimientos irregulares y pedidos de coimas.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que la acusación de "Vendedores libres" llegó hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, donde en mayo de 2013 dos jefes de la Federal se reunieron con alrededor de 30 manteros de la organización que relataron que "a ellos se les complicaba vender y a los que estaban bajo la protección de la Policía no". "Esto visibilizó el problema y demostró dos cosas: que había una organización de venta ilegal (Vendedores libres) y que por otro lado había un manejo de los efectivos en Caballito con los manteros", dijo el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, a Clarín, en una oficina de reuniones del Ministerio Público Fiscal.
Cuando la fiscal Ramírez indagó a los policías de la comisaría 12, dijeron que tenían orden del Ministerio de Seguridad de la Nación de no intervenir. "Uno de los comisarios mencionó una resolución emitida en 2012 por Nilda Garré -entonces al frente de Seguridad- para que la Federal no actuara de oficio contra los manteros ni hiciera operativos, porque la problemática debía ser resuelta por la Ciudad", agregó otra fuente judicial a este diario. La excusa es falsa, opinó Cevasco: "La ley dice que la Policía debe actuar espontáneamente ante cualquier contravención fragante". En especial, porque en Caballito aún no está la Policía Metropolitana, asignada a otras comunas.
También entre las declaraciones ante la fiscal, algunos dieron más datos sobre el destino que podía tener el agente que se metiera en el tema: “A mis compañeros anteriores, cuando labraron un acta contravencional contra los manteros de Rivadavia y Acoyte, los mandaron como castigo al Cuerpo de Infantería y a la División Perros ".
La venta ilegal de mercadería es un delito establecido en el artículo 83 del Código Contravencional que se castiga con una multa de $ 200 a $ 600 para quien hace actividades lucrativas sin permiso en el espacio público y de $ 5.000 a $ 30 mil para el organizador de esas actividades. La ley no pena "la venta ambulante en la vía pública o en transportes públicos de baratijas, artesanías o cualquier objeto que no implique una competencia desleal para el comercio establecido". En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal dejó de ir detrás del mantero -en la mayoría de los casos, según muestran las causas judiciales, esclavizado por mafias- para enfocarse en la organización que recauda cifras millonarias. Según un informe de octubre del año pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Ciudad es el distrito más afectado con 13.596 puntos de venta informal, entre saladitas y manteros. El negocio mueve casi $ 850 millones por mes.
El circuito clandestino se alimenta de redes de fabricación y abastecimiento con talleres, en caso de ropa y calzado, o del contrabando y el robo, en caso de juguetes, artículos electrónicos o de librería. La mercadería se repite en los distintos barrios. En avenida Rivadavia predominaban los juguetes y la ropa. Después están los depósitos (casas tomadas, hoteles familiares, locales comerciales). Ahí, se acopia todo lo trucho. Y desde ese punto, se surte en vehículos o en carritos a los manteros. En esta causa, la fiscal Ramírez allanó 27 locales e inmuebles e incautó 15 camiones de mercadería (en cada vehículo entran entre 80 y 100 bolsones).
"Tenemos notas firmadas, registros fotográficos y filmaciones. Pudimos acreditar que los procedimientos de los policías de la comisaría 12 contra vendedores libres existieron, no así contra el otro grupo. A algunos manteros se los dejó actuar y se usó el procedimiento contravencional sólo contra otros", concluyó Cevasco.
Son efectivos que pasaron por la comisaría 12 desde 2012 hasta fines de 2015. La Justicia porteña los vincula como parte de una organización de venta ilegal.
En algunos puntos de la Ciudad, las calles tienen dueños. Apellidos, apodos o caras sin nombre que deciden quién puede estirar su manta sobre una esquina o levantar un puesto en el medio de una vereda. Nada es gratis. Las autorizaciones se pagan. En Caballito, los manteros están manejados por dos grupos enfrentados. Ellos deciden. En ese juego de jerarquías, la complicidad policial se sobreentiende. Pero la Justicia porteña logró vincularla: imputó a 23 policías de la Federal como parte de la organización de venta ilegal callejera en avenida Rivadavia.
Son seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos, un principal y un inspector que desde 2012 hasta fines de 2015 pasaron por la comisaría 12, ubicada en Valle 1454. Además de involucrarlos en el negocio, la Justicia Contravencional porteña comprobó que tenían órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación de no accionar contra los manteros.
Los policías fueron indagados por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, entre junio y julio del año pasado. En las próximas semanas, la causa será requerida a juicio. Los efectivos ya no están en esa comisaría, pero siguen en actividad. Se los acusa de ser parte responsable del uso indebido del espacio público y de permitir el desarrollo de esas actividades ilegales a lo largo de la avenida.
Si bien el 29 de enero los manteros fueron desalojados de Caballito, hay dos organizaciones que están detrás de la mercadería trucha que se vende apoyada sobre un lienzo, en un carrito o en una tabla con caballetes en Rivadavia. Una está liderada por la Asociación Vendedores Libres (Movimiento Francisco Jofre) y otra actuaría en connivencia con la Policía. En 2012 y 2013, "Vendedores libres" empezó a denunciar que la Federal los perseguía por instalarse en la avenida sin haber "arreglado" con ellos. Hablaron de amenazas, procedimientos irregulares y pedidos de coimas.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que la acusación de "Vendedores libres" llegó hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, donde en mayo de 2013 dos jefes de la Federal se reunieron con alrededor de 30 manteros de la organización que relataron que "a ellos se les complicaba vender y a los que estaban bajo la protección de la Policía no". "Esto visibilizó el problema y demostró dos cosas: que había una organización de venta ilegal (Vendedores libres) y que por otro lado había un manejo de los efectivos en Caballito con los manteros", dijo el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, a Clarín, en una oficina de reuniones del Ministerio Público Fiscal.
Cuando la fiscal Ramírez indagó a los policías de la comisaría 12, dijeron que tenían orden del Ministerio de Seguridad de la Nación de no intervenir. "Uno de los comisarios mencionó una resolución emitida en 2012 por Nilda Garré -entonces al frente de Seguridad- para que la Federal no actuara de oficio contra los manteros ni hiciera operativos, porque la problemática debía ser resuelta por la Ciudad", agregó otra fuente judicial a este diario. La excusa es falsa, opinó Cevasco: "La ley dice que la Policía debe actuar espontáneamente ante cualquier contravención fragante". En especial, porque en Caballito aún no está la Policía Metropolitana, asignada a otras comunas.
También entre las declaraciones ante la fiscal, algunos dieron más datos sobre el destino que podía tener el agente que se metiera en el tema: “A mis compañeros anteriores, cuando labraron un acta contravencional contra los manteros de Rivadavia y Acoyte, los mandaron como castigo al Cuerpo de Infantería y a la División Perros ".
La venta ilegal de mercadería es un delito establecido en el artículo 83 del Código Contravencional que se castiga con una multa de $ 200 a $ 600 para quien hace actividades lucrativas sin permiso en el espacio público y de $ 5.000 a $ 30 mil para el organizador de esas actividades. La ley no pena "la venta ambulante en la vía pública o en transportes públicos de baratijas, artesanías o cualquier objeto que no implique una competencia desleal para el comercio establecido". En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal dejó de ir detrás del mantero -en la mayoría de los casos, según muestran las causas judiciales, esclavizado por mafias- para enfocarse en la organización que recauda cifras millonarias. Según un informe de octubre del año pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Ciudad es el distrito más afectado con 13.596 puntos de venta informal, entre saladitas y manteros. El negocio mueve casi $ 850 millones por mes.
El circuito clandestino se alimenta de redes de fabricación y abastecimiento con talleres, en caso de ropa y calzado, o del contrabando y el robo, en caso de juguetes, artículos electrónicos o de librería. La mercadería se repite en los distintos barrios. En avenida Rivadavia predominaban los juguetes y la ropa. Después están los depósitos (casas tomadas, hoteles familiares, locales comerciales). Ahí, se acopia todo lo trucho. Y desde ese punto, se surte en vehículos o en carritos a los manteros. En esta causa, la fiscal Ramírez allanó 27 locales e inmuebles e incautó 15 camiones de mercadería (en cada vehículo entran entre 80 y 100 bolsones).
"Tenemos notas firmadas, registros fotográficos y filmaciones. Pudimos acreditar que los procedimientos de los policías de la comisaría 12 contra vendedores libres existieron, no así contra el otro grupo. A algunos manteros se los dejó actuar y se usó el procedimiento contravencional sólo contra otros", concluyó Cevasco.
Cómo están hoy las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic
Por Lucia Salinas - Clarin.com
En el Gobierno están analizando el estado de la obra y los aspectos ambientales por el cual fue denunciada la mega obra que el kirchnerismo incluyó en el presupuesto por $43.000 millones.
La obra de las represas de Santa Cruz, la millonaria promesa energética de Cristina Kirchner, lleva dos meses detenida. Las tareas principales no comenzaron y de los 1.800 trabajadores que se deberían haber contratado para esta etapa, la UTE (Electroingeniería y Gezhouba) a cargo de la construcción sólo tuvo que quedarse con 949 que ya trabajan en los obradores.
El Gobierno nacional está en un período de “análisis y revisión” de la obra -en un trabajo conjunto entre el ministerio del Interior, el de Energía y el de Medio Ambiente- y desde la administración de Mauricio Macri aseguraron a Clarín que hay otras prioridades para el “destino de fondos”. La incertidumbre preocupa al gobierno de Alicia Kirchner que anticipa otro foco de conflicto en caso de detenerse la obra.
El 14 de febrero de 2015 la firma adjudicataria de la obra que está pautada para los próximos tres años en $ 43.413.423.833 según el presupuesto oficial que dejó el kirchnerismo, tuvo en mano la orden de trabajo que los habilitó a ingresar al predio de 76.411 m2. Antes de cumplir un año de trabajo, la obra se detuvo y será el Estado nacional quien defina la continuidad de la construcción o su suspensión temporaria.
En la actualidad se están únicamente realizando los trabajos en los obradores y futuras villas. Pero de las obras principales, etapa que se debería haber iniciado “no se está haciendo nada y se está revisando la información”, explicaron fuentes de la empresa a Clarín. Recientemente, hubo una reunión interministerial con las autoridades de Electroingeniería. A las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” ya se le destinaron 850 millones de dólares provenientes del crédito otorgado por China.
“No hay nada definido, se está discutiendo entre el ministerio de Medioambiente, Energía e Interior, la obra está en revisión ambiental y en revisión la licitación igual”, señalaron fuentes del Gobierno a este medio. Además recalcaron que “hay otras urgencias en materia de fondos como rutas, cloacas, agua potable”. Pero la última palabra no está dicha aún.
La cautela y el exhaustivo análisis de la obra, es el ritmo que el Gobierno le imprime a las represas que Cristina licitó dos veces y que presupuestó por $43.000 millones antes de irse de la Casa Rosada.
Entre los aspectos que más analiza hoy el Gobierno se encuentra la cuestión ambiental. Las organizaciones ambientales denunciaron la obra por su posible impacto sobre el glaciar Perito Moreno, algo que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En Electroingeniería se defienden sosteniendo que están seguros “del proyecto ejecutivo está bien hecho del que participaron cuatro universidades, estamos seguros de lo que estamos realizando”.
Los bancos chinos están también pidiendo definiciones sobre la obra “no por una cuestión de giros de dinero sino de los desembolsos realizados que están atados a que funcione la obra para la devolución del dinero, se devuelve con la generación de energía”, explicaron allegados a la obra a este medio.
“Parados y a la espera”: así definieron desde Electroingeniería el estado actual de la obra que promete generar 1.740 megavatios de energía. El plazo de obra es de cinco años y medio con una construcción en paralelo de ambas represas, la “Néstor Kirchner” de 75,5 metros de altura y la “Jorge Cepernic” de 43,5 metros de altura.
En esta etapa, la UTE debería haber comenzado con la obra principal que demanda la 1.800 personas en el terreno realizando trabajos de excavación y movimientos de suelo “los más fuertes, pensando que en dos años llegamos recién al río por tratarse de un valle muy grande”, especificaron desde la obra. El verano es la época donde más se puede avanzar considerando las inclemencias del tiempo en Santa Cruz y que la obra pública se ve condicionada más adelante por la veda invernal.
El gobierno de Alicia Kirchner no oculta su preocupación. “Si esa obra se detiene tenemos otro foco de conflicto”, señaló un alto funcionario de la Provincia donde aún no logran apaciguar completamente los reclamos de la UOCRA con Lázaro Báez por los 1.800 despidos.
Echaron del Ministerio de Agroindustria a 330 contratados
Por Fernando Bertello - LA NACION
Se empezaron a revisar múltiples áreas; sorpresa por la flota de automóviles
Como en otras dependencias oficiales, el Gobierno decidió poner la lupa sobre el Ministerio de Agroindustria. Según pudo saber LA NACION, allí ya fueron desvinculadas 330 personas. Se trata de contratados a los que se les terminó el vínculo laboral, trabajadores que estaban bajo la ley marco de empleo público y, paradójicamente, casos de quienes se presentaron a trabajar el 11 de diciembre (un día después de la asunción de Macri) sin haberlo hecho en los tres años anteriores.
Sin considerar organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a fines de 2015 el Ministerio de Agroindustria contaba con 4200 empleados. Con el recorte realizado se achicó casi 8%. No obstante, el proceso de revisión continúa adelante.
"Es un ministerio que, seguro, podría funcionar con menos gente. Estamos tratando de ser justos y hacemos esto [por las desvinculaciones] con mucha responsabilidad, ya que se trata de gente, pero había muchos contratos políticos, gente que tenía funciones políticas, poco específicas o no venía a trabajar. Hubo quienes empezaron a venir después del 11 de diciembre; aparecieron luego de tres años", señaló una fuente consultada de esa cartera. "El que trabaja se queda sin importar el color político", agregó.
En tanto, una persona a la que se le terminó el contrato dijo que se escucharon quejas por contratos caídos de trabajadores que cumplían funciones de 10 horas en esa dependencia desde hacía años.
Todas las áreas de Agroindustria están en análisis. Entre ellas está la Secretaría de Agricultura Familiar, que tiene entre 1300 y 1500 personas vinculadas. Según trascendió, allí habría muchos contratos políticos provenientes de la gestión que realizó el ex secretario de esa cartera y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. "No estamos en contra de la agricultura familiar, pero queremos que la plata de la agricultura familiar llegue", contaron en el Ministerio de Agroindustria sobre la lupa en esa dependencia.
Entre otras cosas, las autoridades de Agroindustria encontraron un parque automotor sobredimensionado. El ministerio tiene en todo el país 700 vehículos. Muchos son usados por técnicos de las delegaciones, pero se cree que "con la mitad de autos se podría funcionar". Sólo en Buenos Aires hay 70 choferes. De hecho, las autoridades se toparon con muchos más autos que choferes para el organismo en esta ciudad. A todo esto, en una delegación del interior observaron que había ocho camionetas para quince empleados.
Por ello, las autoridades están haciendo un rastreo del parque automotor. La gran mayoría de los 700 autos ya fue localizada, pero no en todos los casos había un registro preciso de quiénes los tenían.
"Autobaja"
Por otra parte, según contó otro informante al tanto de lo que ocurre en esa dependencia, quedó en espera un concurso para 463 cargos que venía de la gestión anterior.
"Mucha gente pasó la evaluación, pero después no entró y no tuvo más novedades sobre cómo seguía", indicó esa fuente, que había rendido para ocupar un cargo concursado.
En este contexto, según trascendió, también hubo una especie de "autobaja" de gente que estaba vinculada al Ministerio de Agroindustria, pero que no cumplía tareas. Es decir, con el cambio de gobierno, nunca más volvió a su oficina. "En varias áreas se dio el caso de que muchos no aparecieron más por su trabajo; no sabemos aún cuántos", señaló una fuente.
Puerto triguero con más ventas
El 29 del mes pasado partió de Puerto Quequén el buque MV KAMRIN OSLO con destino a Tailandia con una carga de 60.500 toneladas de trigo. Después salió otro vapor con destino a Arabia Saudita con 73.700 toneladas de cebada. Ambos embarques se inscriben en estadísticas que muestran un enero superador tras las medidas del Gobierno para el agro. En rigor, en el primer mes del año Puerto Quequén operó 628.187 toneladas (todos los granos) y superó en 225.000 toneladas lo operado en el mismo período de 2015.
Chapadmalal: el contraste entre la villa presidencial y los hoteles de futuro incierto
Por Maia Jastreblansky - LA NACION
Mientras la quinta se mantiene, el complejo estatal destinado al turismo social muestra un marcado deterioro; en los últimos años se registró una notable falta de inversión
Frente al mar, a 23 kilómetros de Mar del Plata, la Unidad Turística Chapadmalal es un lugar de contrastes. Un complejo de chalets con muelle, mirador, pileta, canchas de tenis y helipuerto está destinado a los presidentes de turno. Contiguos, nueve unidades hoteleras destinadas al turismo social sufren décadas de desinversión y abandono. En el último tiempo, los gastos para sostener toda la infraestructura no superaron el millón de pesos por año. La gestión de Mauricio Macri hizo un inventario del lugar, pero todavía no tomó una decisión sobre las instalaciones.
Inaugurado por Juan Domingo Perón en 1947, el complejo fue ideado con dos objetivos. Por un lado, la creación de una "villa presidencial" para el veraneo de los jefes de Estado. Una suerte de "quinta de Olivos playera", rodeada de muros y vegetación para impedir la mirada de los curiosos. Por otro lado, se construyeron hoteles para las vacaciones de niños, jubilados y sectores de la población económicamente débiles. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, casi 500.000 personas al año se alojaron en ese lugar. El mantenimiento es solventado con dinero del Estado y depende del ministerio de Turismo.
De acuerdo a datos a los que accedió LA NACION tras un pedido de información pública cursado al ministerio de Turismo el año pasado, los gastos de la Unidad Turística Chapadmalal fueron, en 2013 de $821.000 y en 2014 de $977.000. Esto incluyó refacciones a la quinta presidencial, pago de internet y TV para todo el complejo, recarga de matafuegos y gastos de luz, gas y teléfono. Nada se informó de reparaciones a los hoteles destinados al turismo social.
Según imágenes recientes, las unidades hoteleras están en un marcado estado de deterioro. Hay escombros en varios salones, paredes venidas abajo, baños abandonados de imposible uso, ventanas sin vidrio, telarañas, moho y polvo por doquier. Inclusive, una combi Mercedes Benz de los años 50 permanece estacionada adentro del complejo.
Un informe de la AGN del 2010 al que accedió este registró varias fallas en el mantenimiento del complejo Chapadmalal. Entre otras: "hoteles 1 y 2 sin baños para discapacitados", "inexistencia de ascensores", "hotel N°6 cerrado" y "con el 60% de las habitaciones completamente deterioradas", "hotel N°7 sin calefacción", "hotel N° 8 ocupado por Prefectura Naval sin encontrarse formalizada esta relación".
Respecto a la distribución de la inversión entre la villa presidencial y los hoteles, el informe de la AGN: "El mantenimiento y las mejoras de la villa presidencial son soportadas por el ministerio de Turismo con cargo al programa auditado, afectándose fondos de su actividad específica [es decir, el turismo social]".
Ahora, el complejo está totalmente descuidado y es imposible de habitar. Foto: LA NACION
"Nos encontramos con una situación muy crítica. Por ahora no se tomó una decisión de qué hacer con el complejo", señalaron desde Casa Rosada. El presupuesto para 2016 contempla "la adecuación de las instalaciones hoteleras de acuerdo al Decreto N° 784/13, por el cual la Unidad Turística Chapadmalal fue declarada Monumentos Históricos Nacionales como pioneras en el origen del turismo social en el país". Están contemplados $113 millones para brindarle prestaciones turísticas a distintos sectores sociales.
La quinta, con impronta de los presidentes
Del otro lado de los muros, la quinta de veraneo presidencial tuvo variado uso, dependiendo del mandatario de turno. En los últimos años los hoteles mostraron falta de inversión
Desde el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín la visitó en varias oportunidades. Al igual que en Olivos, Carlos Menem la remodeló a su medida: ordenó que se construyera un muelle para pescar, amplió la pileta y mandó a construir una capilla en el medio del jardín. Fernando de la Rúa eligió el lugar para posar para las revistas. El 30 de diciembre de 2001, como presidente, Adolfo Rodríguez Saá convocó a los 14 gobernadores peronistas a una reunión, pero sólo acudieron cinco. La cumbre frustrada precipitó su renuncia.
Durante el kirchnerismo la quinta tuvo escasa utilidad. Florencia y Máximo Kirchner hicieron algunas visitas secretas. El verano de 2015 fue quizás el momento de mayor movimiento, con operativos que alteraron la rutina de los vecinos del pequeño pueblo ubicado a la vera de la ruta 11. Primero fue el turno de la hija presidencial, que asistió a comienzos de enero con un grupo de amigas. En febrero, Máximo Kirchner eligió este enorme predio para celebrar sus 38 años con un costillar asado. Días después llegó el momento de la ex presidenta Cristina Kirchner , que se resguardó para esperar su cumpleaños en momentos en donde se replicaban las marchas de repudio por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Según el testimonio de trabajadores del lugar, a pesar del poco uso, la villa presidencial contó con personal los 365 días del año, tanto de seguridad como de mantenimiento.
Con la colaboración de Romina Colman
@maiajastre - mjastreblansky@lanacion.com.ar
Si hubo personal de mantenimiento, me pregunto quien es el o los responsables del estado de las instalaciones. Pobre patría mía...
Mientras la quinta se mantiene, el complejo estatal destinado al turismo social muestra un marcado deterioro; en los últimos años se registró una notable falta de inversión
Frente al mar, a 23 kilómetros de Mar del Plata, la Unidad Turística Chapadmalal es un lugar de contrastes. Un complejo de chalets con muelle, mirador, pileta, canchas de tenis y helipuerto está destinado a los presidentes de turno. Contiguos, nueve unidades hoteleras destinadas al turismo social sufren décadas de desinversión y abandono. En el último tiempo, los gastos para sostener toda la infraestructura no superaron el millón de pesos por año. La gestión de Mauricio Macri hizo un inventario del lugar, pero todavía no tomó una decisión sobre las instalaciones.
Inaugurado por Juan Domingo Perón en 1947, el complejo fue ideado con dos objetivos. Por un lado, la creación de una "villa presidencial" para el veraneo de los jefes de Estado. Una suerte de "quinta de Olivos playera", rodeada de muros y vegetación para impedir la mirada de los curiosos. Por otro lado, se construyeron hoteles para las vacaciones de niños, jubilados y sectores de la población económicamente débiles. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, casi 500.000 personas al año se alojaron en ese lugar. El mantenimiento es solventado con dinero del Estado y depende del ministerio de Turismo.
De acuerdo a datos a los que accedió LA NACION tras un pedido de información pública cursado al ministerio de Turismo el año pasado, los gastos de la Unidad Turística Chapadmalal fueron, en 2013 de $821.000 y en 2014 de $977.000. Esto incluyó refacciones a la quinta presidencial, pago de internet y TV para todo el complejo, recarga de matafuegos y gastos de luz, gas y teléfono. Nada se informó de reparaciones a los hoteles destinados al turismo social.
Según imágenes recientes, las unidades hoteleras están en un marcado estado de deterioro. Hay escombros en varios salones, paredes venidas abajo, baños abandonados de imposible uso, ventanas sin vidrio, telarañas, moho y polvo por doquier. Inclusive, una combi Mercedes Benz de los años 50 permanece estacionada adentro del complejo.
Un informe de la AGN del 2010 al que accedió este registró varias fallas en el mantenimiento del complejo Chapadmalal. Entre otras: "hoteles 1 y 2 sin baños para discapacitados", "inexistencia de ascensores", "hotel N°6 cerrado" y "con el 60% de las habitaciones completamente deterioradas", "hotel N°7 sin calefacción", "hotel N° 8 ocupado por Prefectura Naval sin encontrarse formalizada esta relación".
Respecto a la distribución de la inversión entre la villa presidencial y los hoteles, el informe de la AGN: "El mantenimiento y las mejoras de la villa presidencial son soportadas por el ministerio de Turismo con cargo al programa auditado, afectándose fondos de su actividad específica [es decir, el turismo social]".
Ahora, el complejo está totalmente descuidado y es imposible de habitar. Foto: LA NACION
"Nos encontramos con una situación muy crítica. Por ahora no se tomó una decisión de qué hacer con el complejo", señalaron desde Casa Rosada. El presupuesto para 2016 contempla "la adecuación de las instalaciones hoteleras de acuerdo al Decreto N° 784/13, por el cual la Unidad Turística Chapadmalal fue declarada Monumentos Históricos Nacionales como pioneras en el origen del turismo social en el país". Están contemplados $113 millones para brindarle prestaciones turísticas a distintos sectores sociales.
La quinta, con impronta de los presidentes
Del otro lado de los muros, la quinta de veraneo presidencial tuvo variado uso, dependiendo del mandatario de turno. En los últimos años los hoteles mostraron falta de inversión
Desde el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín la visitó en varias oportunidades. Al igual que en Olivos, Carlos Menem la remodeló a su medida: ordenó que se construyera un muelle para pescar, amplió la pileta y mandó a construir una capilla en el medio del jardín. Fernando de la Rúa eligió el lugar para posar para las revistas. El 30 de diciembre de 2001, como presidente, Adolfo Rodríguez Saá convocó a los 14 gobernadores peronistas a una reunión, pero sólo acudieron cinco. La cumbre frustrada precipitó su renuncia.
Durante el kirchnerismo la quinta tuvo escasa utilidad. Florencia y Máximo Kirchner hicieron algunas visitas secretas. El verano de 2015 fue quizás el momento de mayor movimiento, con operativos que alteraron la rutina de los vecinos del pequeño pueblo ubicado a la vera de la ruta 11. Primero fue el turno de la hija presidencial, que asistió a comienzos de enero con un grupo de amigas. En febrero, Máximo Kirchner eligió este enorme predio para celebrar sus 38 años con un costillar asado. Días después llegó el momento de la ex presidenta Cristina Kirchner , que se resguardó para esperar su cumpleaños en momentos en donde se replicaban las marchas de repudio por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Según el testimonio de trabajadores del lugar, a pesar del poco uso, la villa presidencial contó con personal los 365 días del año, tanto de seguridad como de mantenimiento.
Con la colaboración de Romina Colman
@maiajastre - mjastreblansky@lanacion.com.ar
Si hubo personal de mantenimiento, me pregunto quien es el o los responsables del estado de las instalaciones. Pobre patría mía...
Recuperan uniformes robados en un cuartel del Palomar
(La Jornada) - Un importante lote de uniformes del Ejército Argentino que habían sido robados del Batallón 601 de la localidad bonaerense de El Palomar, fueron recuperados en varios allanamientos realizados en comercios de la localidad de San Miguel, donde las prendas estaban en venta, informaron fuentes policiales.
![[IMG]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tewBg79IQuo34D0eRrVUYX1Mqpjg_hOMJxZYISsVS8xZwrpQvK4MQ6FGatM3h4GbD67vlOW7RC5Xp4tYhuiXsb47XdycGY1BePgUDZibzQzhKtwxCfMH_nAMg-DVYcfiObHGvlkip8xPjBemCY3X_3m4zBnCHk7yFbmfXWm7j7hwPEKlxCvyIRVSI2=s0-d)
Se trata de camisas, camisolas y pantalones de combate, casquetes, sombreros tipo jungla y trajes de protección para condiciones climáticas adversas, que fueron encontrados gracias a las tareas de inteligencia efectuadas sobre comercios del rubro de ventas de uniformes
De esta manera, efectivos de la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron recuperar esta importante cantidad de prendas militares robadas del Batallón de Infantería 601 del Palomar, valuadas en unos 600.000 pesos.
Durante las investigaciones, la PFA descubrió tres locales que comercializaban los elementos sustraídos, de nombres “Walkiria”, “La Isla” y la “Proveeduría Textil Obrera”, del partido bonaerense de San Miguel, los que fueron allanados en forma simultánea.
De acuerdo al informe una gran parte de las prendas encontradas llevaban la inscripción "Estado Mayor Conjunto".
Los operativos se llevaron a cabo bajo las órdenes del juzgado Federal Uno de San Martin, a cargo del juez Emiliano Canicoba Corral, tras la denuncia realizada por las autoridades del batallón 601, que días atrás habían notado un faltante de uniformes.
De esta manera, efectivos de la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron recuperar esta importante cantidad de prendas militares robadas del Batallón de Infantería 601 del Palomar, valuadas en unos 600.000 pesos.
Durante las investigaciones, la PFA descubrió tres locales que comercializaban los elementos sustraídos, de nombres “Walkiria”, “La Isla” y la “Proveeduría Textil Obrera”, del partido bonaerense de San Miguel, los que fueron allanados en forma simultánea.
De acuerdo al informe una gran parte de las prendas encontradas llevaban la inscripción "Estado Mayor Conjunto".
Los operativos se llevaron a cabo bajo las órdenes del juzgado Federal Uno de San Martin, a cargo del juez Emiliano Canicoba Corral, tras la denuncia realizada por las autoridades del batallón 601, que días atrás habían notado un faltante de uniformes.
(El Litoral) - La provincia de Santa Fé compró un nuevo helicóptero . Se invirtieron 1.193.000 dólares. La aeronave marca Eurocopter tiene capacidad y equipamiento para realizar patrullajes y evacuación sanitaria. El helicóptero fue fabricado en 1996 y tiene 8000 horas de vuelo.
La nave aún con matricula del Brasil y previo al plan de pintura que solicitó la provincia. Foto: Secretaría de Comunicación Social
La provincia adjudicó la compra de un helicóptero destinado a la Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica, del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, para prestar apoyo a la policía santafesina, con capacidad y equipamiento de patrullaje, búsqueda, rescate y evacuación sanitaria. Posee equipamiento de aviónica acorde para estas tareas.
De la licitación pública Nº 48/14 resultó adjudicataria la firma Flight Express SA de la ciudad de Buenos Aires, mediante decreto nº 4400, por un monto de U$S 1.193.000.
La aeronave es un helicóptero marca Eurocopter BO 105 CBS-5 Nº de serie S-917 usado, año de fabricación 1996, con 8000 horas de vuelo realizadas, tipo liviano, multipropósito, bimotor con capacidad para realizar misiones de patrullaje sobre zonas pobladas y provisto de kit para evacuación sanitaria. Posee faro de búsqueda, alta voz, kit rapel, radio VHF sistema dual, consola de audio y auriculares para todas las plazas. El costo incluye la nacionalización y matriculación de la nave, plan de pintura acorde al diseño que la provincia estipula para su flota aeronáutica, curso de capacitación para 2 pilotos y 2 mecánicos.
OBJETIVO
Este helicóptero se suma a la flota conformada por el Eurocopter, modelo B2 adquirido en el 2006, al servicio del Ministerio de Seguridad y un Bell modelo 429, 2014, con el objeto de contribuir al patrullaje preventivo del delito y la actuación en situaciones de riesgo y emergencia en las principales ciudades de la provincia.
La gestión se enmarca en la decisión del Ejecutivo provincial de declarar la emergencia en seguridad, a partir de la promulgación de la Ley Nº 13297 a través del Decreto Nº 3973 firmado por el gobernador, y que contó con el acuerdo de la legislatura provincial.
JERARQUIZACIÓN DEL AREA AERONÁUTICA PROVINCIAL
El gobierno santafesino encaró en los últimos tiempos una política destinada a jerarquizar y repotenciar el área de Aeronáutica que depende de la Dirección de Movilidad del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Y en ese sentido, se ha incorporado personal especializado y se mejoraron las instalaciones y los hangares.
Además, los talleres de la provincia (con base en Sauce Viejo) están habilitados para hacer los propios servicios de mantenimiento de las aeronaves, contando con un taller móvil para realizar los servicios, donde las naves se encuentren operando.
En conjunto con esta inversión se encuentra en proceso de licitación la adquisición de un tanque homologado para traslado de combustible, un grupo electrógeno con ruedas y se han adquiridos las balizas para demarcación de un helipuerto móvil. Esto permite establecer en cualquier punto de la provincia, una base de operaciones para actuar en caso de emergencia u operativos programados.
Fuente: Secretaría de Comunicación Social de Santa Fe
La nave aún con matricula del Brasil y previo al plan de pintura que solicitó la provincia. Foto: Secretaría de Comunicación Social
La provincia adjudicó la compra de un helicóptero destinado a la Dirección Provincial de Movilidad y Aeronáutica, del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, para prestar apoyo a la policía santafesina, con capacidad y equipamiento de patrullaje, búsqueda, rescate y evacuación sanitaria. Posee equipamiento de aviónica acorde para estas tareas.
De la licitación pública Nº 48/14 resultó adjudicataria la firma Flight Express SA de la ciudad de Buenos Aires, mediante decreto nº 4400, por un monto de U$S 1.193.000.
La aeronave es un helicóptero marca Eurocopter BO 105 CBS-5 Nº de serie S-917 usado, año de fabricación 1996, con 8000 horas de vuelo realizadas, tipo liviano, multipropósito, bimotor con capacidad para realizar misiones de patrullaje sobre zonas pobladas y provisto de kit para evacuación sanitaria. Posee faro de búsqueda, alta voz, kit rapel, radio VHF sistema dual, consola de audio y auriculares para todas las plazas. El costo incluye la nacionalización y matriculación de la nave, plan de pintura acorde al diseño que la provincia estipula para su flota aeronáutica, curso de capacitación para 2 pilotos y 2 mecánicos.
OBJETIVO
Este helicóptero se suma a la flota conformada por el Eurocopter, modelo B2 adquirido en el 2006, al servicio del Ministerio de Seguridad y un Bell modelo 429, 2014, con el objeto de contribuir al patrullaje preventivo del delito y la actuación en situaciones de riesgo y emergencia en las principales ciudades de la provincia.
La gestión se enmarca en la decisión del Ejecutivo provincial de declarar la emergencia en seguridad, a partir de la promulgación de la Ley Nº 13297 a través del Decreto Nº 3973 firmado por el gobernador, y que contó con el acuerdo de la legislatura provincial.
JERARQUIZACIÓN DEL AREA AERONÁUTICA PROVINCIAL
El gobierno santafesino encaró en los últimos tiempos una política destinada a jerarquizar y repotenciar el área de Aeronáutica que depende de la Dirección de Movilidad del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Y en ese sentido, se ha incorporado personal especializado y se mejoraron las instalaciones y los hangares.
Además, los talleres de la provincia (con base en Sauce Viejo) están habilitados para hacer los propios servicios de mantenimiento de las aeronaves, contando con un taller móvil para realizar los servicios, donde las naves se encuentren operando.
En conjunto con esta inversión se encuentra en proceso de licitación la adquisición de un tanque homologado para traslado de combustible, un grupo electrógeno con ruedas y se han adquiridos las balizas para demarcación de un helipuerto móvil. Esto permite establecer en cualquier punto de la provincia, una base de operaciones para actuar en caso de emergencia u operativos programados.
Fuente: Secretaría de Comunicación Social de Santa Fe
miércoles, 10 de febrero de 2016
Reclaman transformar y modernizar el plan energético de la Argentina.
Durante las próximas dos décadas, el país deberá reducir la participación de los combustibles fósiles en su matriz energética y –al mismo tiempo– abastecer una demanda incesante. Para el especialista Luis María Calvo, sortear ese doble desafío sólo será posible si se propicia un formidable crecimiento de las fuentes renovables.
El modelo eminentemente hidrocarburífero que guía a las políticas energéticas nacionales se tornará inviable en el mediano plazo. Así lo indica un informe elaborado por el experto en energía y titular de la firma Hidroestructuras, Luis María Calvo, quien fue gerente técnico de la represa hidroeléctrica Salto Grande y director técnico de Yacyretá.
Denominado “La necesidad de transformar y modernizar el plan energético de la Argentina”, el estudio plantea que –pese a las enormes oportunidades que ofrece la generación renovable– actualmente el país presenta un fuerte predominio de la energía térmica, que explica más de un 89% de la oferta interna de fuentes primarias consumidas.
Según sus precisiones, el parque generador nacional abastece a una demanda energética anual de alrededor de 150.000 gigawatts/hora (Gwh) y cuenta con una potencia total de unos 34.000 megawatts (Mw). “En este escenario, las fuentes térmicas convencionales representan un 56,9% de la matriz eléctrica, mientras que las hidroeléctricas constituyen un 35%. El aporte de la energía nuclear es de un 7%, en tanto que el de las vías geotérmicas se sitúa en un 1% y el de las renovables apenas llega a un 0,1%”, puntualizó el especialista.
En ese sentido, advirtió que el desarrollo masivo de los hidrocarburos no convencionales de la formación Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina, no bastará para recuperar la autonomía energética perdida y, al mismo tiempo, promover una mayor sustentabilidad de los recursos.
De hecho, si se proyecta una tasa moderada de crecimiento de la demanda eléctrica de un 3,5% anual acumulado, y se confía en la aplicación de políticas de uso racional de la energía que contengan el consumo excesivo, para 2035 será necesario incorporar una capacidad adicional de generación del orden de los 60.000 Gwh anuales. “Ese volumen representa la mitad de la actual capacidad de generación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”, detalló.
Concepto anacrónico
De acuerdo con Calvo, la Argentina dispone de un nivel de recursos naturales prácticamente insuperable, tanto desde lo cualitativo como desde lo cuantitativo. Posee desde vientos adecuados para producir energía en un 70% de su territorio hasta fuentes biomásicas capaces de cubrir el 100% de la demanda, sin omitir las potencialidades que brindan sus indicadores solares e hidráulicos. Sin embargo, las mayores inversiones de producción eléctrica siguen atadas a los aprovechamientos térmicos.
De cara al futuro inmediato, apunta, el país debe afrontar el reto de formular una estrategia energética ambiciosa y con visión a largo plazo que prevea reducir el uso de combustibles fósiles en –al menos– un 15%. “Será necesario incorporar 11.600 Mw de potencia hidráulica; es decir, el doble de la vigente capacidad instalada. Habrá que instalar un promedio de 580 Mw por año hasta 2035”, anticipó.
En materia de aerogeneración, indicó que el año pasado la capacidad a nivel local apenas creció unos 35 Mw. “Nuestro mercado está en condiciones, en verdad, de inyectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) unos 2.100 Mw eólicos –200 de ellos en forma inmediata– sin desestabilizar la red”, afirmó.
A su criterio, varios países ya han demostrado, a través de políticas activas e inversiones consistentes, que el desarrollo energético sostenible no es ninguna utopía. “La Argentina deberá modificar su anacrónico concepto energético, promoviendo un plan que apueste por la bioenergía como complemento de las formas de generación tradicionales durante las próximas décadas”, manifestó.
Ejemplo a imitar
El informe de Calvo destaca como modelo a seguir el particular caso de Dinamarca, país que antes de la crisis del petróleo de 1973 se hallaba en una situación energética similar a la que hoy atraviesa la Argentina, con una elevada dependencia de los combustibles fósiles y un ínfimo desarrollo de las fuentes renovables.
En los últimos 40 años, la nación escandinava dejó de importar hidrocarburos en grandes cantidades, pasó a liderar el rubro de la generación eólico-marina (con una potencia de más de 630 Mw) y alcanzó una potencia instalada de origen limpio de más de 2.700 Mw en tierra.
Pero eso no es todo, ya que para 2020 Dinamarca proyecta satisfacer con ese tipo de fuentes un 35% de su demanda interna de calefacción, electricidad, actividad industrial y transporte; abastecer con aerogeneración un 50% de sus requerimientos eléctricos; reducir en un 7,6% su consumo energético en relación con los datos de 2010; y disminuir en un 34% sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Para 2050, en tanto, la idea es que las energías verdes cubran un 100% de la demanda.
Para cumplir tales objetivos, invertirán ni más ni menos que u$s 10.400 millones en diversas áreas, tales como la producción eólica, el ahorro energético, la obtención de biogas, el aprovechamiento de la biomasa, la captación de energía solar, el desarrollo mareomotriz, la investigación tecnológica y la ejecución de proyectos pilotos relativos al uso de la electricidad en el sector del transporte, entre otras variables.
Para cubrir la demanda eléctrica, el país deberá invertir u$s 93.000 millones
Durante las próximas dos décadas, el consumo de electricidad podría crecer un 86% a nivel nacional. De cumplirse esa proyección, la Argentina deberá destinar unos u$s 80.000 millones a la ampliación de su potencia instalada y otros u$s 13.000 millones al mejoramiento del transporte eléctrico.
En los últimos tiempos, se dieron a conocer varios informes orientados a estimar el nivel de obras e inversiones que debería materializar el país en pos de hacer frente al crecimiento de la demanda eléctrica previsto para los próximos 20 años. De todos esos estudios, el elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) figura entre los que plantean un escenario por demás desafiante.
De acuerdo con dichas entidades, para 2035 el consumo de electricidad en todo el país se expandirá un 86%, lo que –a fin de garantizar un suministro estable y sin interrupciones– tornará necesario incrementar en un 94% la vigente potencia instalada. En esa dirección, se precisarán inversiones por un total de u$s 93.000 millones, una cifra inéditamente alta para un período tan acotado.
De ese monto, la UIA y la AGUEERA calculan que alrededor de u$s 80.000 millones deberán usarse para ampliar la capacidad de generación, mientras que los otros u$s 13.000 millones tendrán que destinarse a satisfacer los mayores requerimientos del transporte eléctrico.
Para Julia Carruthers, gerente de AGUEERA, las previsiones contemplan que dentro de 20 años la matriz energética seguramente será más diversificada que hoy. “También esperamos un mejor margen de reserva con menor inversiones y un parque más eficiente y seguro, producto del retiro de equipos que hayan llegado al final de su vida útil”, completó.
Otras proyecciones
Según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), para el período 2015-2017 la Argentina sumará infraestructura de generación eléctrica por casi 3.600 megawatts (Mw). A excepción de la central nuclear Atucha II (rebautizada “Néstor Kirchner”), de reciente lanzamiento, y de la usina de carbón Río Turbio, en Santa Cruz, el resto de las obras en marcha son netamente térmicas.
En el citado lapso, el país incorporará un promedio de 1.200 Mw anuales, lo que no resultaría una cifra menor si no fuera porque en los últimos tiempos la potencia de generación prácticamente no creció y por estos días las reservas del sistema se encuentran al límite.
A criterio de Gerardo Rabinovich, vicepresidente 2⁰ del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, este panorama torna crítico el abastecimiento en el futuro inmediato. “Sobre todo si se produjera una reactivación de la economía argentina y la demanda retomara su usual nivel de expansión, por lo general mayor al 4% anual”, advirtió.
En ese sentido, el ex secretario de Energía Daniel Montamat resaltó la necesidad de promover una mayor eficiencia energética y elevar el añadido de potencia a unos 1.500 Mw anuales para revertir la desinversión pasada. “Las obras térmicas de generación son las que se ejecutan más rápido, pero requieren un fuerte impulso al desarrollo del gas natural”, explicó.
De acuerdo con el economista y consultor energético Francisco Mezzadri, el Estado nacional no dispondrá de los recursos suficientes para financiar la optimización de la infraestructura eléctrica local. “Pero sí estará bajo su responsabilidad la creación de un marco macroeconómico estable y previsible, además del establecimiento de condiciones específicas y de confianza para atraer capitales internacionales en un contexto de competencia y transparencia”, manifestó.
Bloques de poder
Creada el 7 de febrero de 1887, la UIA es una organización que agrupa a las empresas, empresarios y cámaras patronales sectoriales vinculadas con las actividades industriales de la Argentina. Forma parte del denominado “Grupo de los Ocho”, que reúne a las ocho entidades patronales de mayor poder a escala nacional, junto con la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino y la Asociación de Bancos de la Argentina.
Fundada el 28 de julio de 1992, la AGUEERA se dedica a asesorar y defender los intereses de sus asociados, grandes usuarios de energía eléctrica. Es propietaria de la totalidad de las acciones clase “E” (es decir, de un 20% del total del capital accionario) de la Cammesa. Dicha entidad es la empresa de gestión privada con participación del Estado nacional que administra el mercado eléctrico y realiza el despacho técnico.
Vale destacar que, a partir de la modificación de su estatuto en 2005, Cammesa puede actuar como mandatario del Estado a partir de situaciones transitorias que pudieren generar riesgos de desabastecimiento y/o afectar la seguridad y calidad habituales del sistema eléctrico.
Algunos de los principales socios de AGUEERA son 3M Argentina, Acindar, Air Liquide, Aluar, AySA, Bunge Argentina, Chevron, Loma Negra, Mercedes Benz Argentina, Minera Alumbrera, Pan American Energy, Papel Prensa, Petrobras Argen-tina, Petroken, Praxair Argentina, Profertil, Scania Argentina, Shell, Siderca, Sinopec Argen-tina, Unilever e YPF, entre otras compañías.
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