El petróleo “pesado” que acorrala a los gigantes

Por Martín Bidegaray - Clarin.com
Las petroleras dicen que sus costos están basados sobre un barril de crudo de US$ 50. Y que si exportan, pierden dinero.

Chubut es la mayor productora de crudo del país. De allí sale el 30% del petróleo que se extrae en el país. Su hidrocarburo es llamado “pesado”. Solo tres refinerías locales pueden procesarlo y transformarlo en combustible.

Hay un 25% del crudo de Chubut que no funciona en el mercado interno. La única salida es exportarlo. Cuando el precio del petróleo era alto (más de US$ 100), eso podía ser una dicha. Pero ahora, que la cotización internacional del crudo está en el piso desde 2003, la suerte se transformó en una desgracia económica.

Las petroleras dicen que sus costos están basados sobre un barril de crudo de US$ 50. Y que si exportan, pierden dinero. Las compañías reciben US$ 23 por barril colocado afuera. Les aplican una multa por la menor calidad.

El Gobierno les prometió a las petroleras que el crudo que no exporten lo podrán procesar en la refinería de YPF en La Plata, en julio. El tema es como llegar hasta el invierno.

 Las empresas quieren que el Estado pague una compensación de entre US$ 300 millones a US$ 500 millones para mitigar sus pérdidas. De esa forma, no detendrían su producción ni desvincularían trabajadores. Otros especialistas calculan que el costo para destrabar el conflicto es menor: $ 3.200 millones. Y creen que será pagado tanto por el Estado nacional como por las petroleras.

Pan American Energy es la empresa más importante de Chubut, responsable del 60% del petróleo de esa provincia. Después vienen YPF, con un 20% de la producción, Tecpetrol con 10% y Sipetrol con 5%. El 90% de lo que saca Tecpetrol es de exportación. En el caso de PAE, despacha afuera el 40%.

El golfo de San Jorge también alcanza a Santa Cruz. Su petróleo es “pesado”. Allí, la que talla más fuerte es YPF, seguida por Sinopec. Santa Cruz mira con atención lo que sucede en Chubut, pero guarda silencio. Su gobernadora Alicia Kirchner tiene menos acceso al Gobierno macrista que Mario Das Neves.

 Si se toma toda la cuenca, el 40% es de PAE, 40% es de YPF, 10% es de Sinopec y 5%, Tecpetrol. Cuatro gigantes a la espera de algún salvataje oficial.

Julio Martínez: "Comenzamos auditorías en áreas sensibles de las FF.AA."

Por Mariano De Vedia - LA NACION
La transparencia en la gestión es uno de los objetivos del ministro de Defensa, que renovó la cúpula miltar


Foto: Emiliano Lasalvia

Las Fuerzas Armadas ya han recuperado el respeto de la sociedad. Ahora falta que reconquisten el respeto del Gobierno", dijo el ministro de Defensa, Julio César Martínez, al sintetizar las deudas pendientes en el terreno militar. En ese desafío juegan un papel prioritario la recuperación de la defensa nacional y la transparencia en la gestión.

Luego de poner en funciones a los nuevos jefes de las fuerzas (ver aparte), Martínez anticipó a LA NACION que ya tiene en marcha distintas auditorías en "áreas sensibles" de la estructura militar, como Fabricaciones Militares, Tandanor y algunos arsenales. Ya antes de llegar al ministerio, el ex diputado riojano había reclamado al gobierno kirchnerista explicaciones sobre faltantes de armas y municiones en unidades militares

También pesa en su gestión el aspecto económico, a partir de la necesidad de poner fin a los reclamos por el blanqueo salarial del personal militar, heredados del gobierno anterior. Tiene en estudio un plan a largo plazo para eliminar progresivamente las sumas no remunerativas que se fueron incluyendo en los sueldos militares y que dieron lugar a innumerables juicios. "Son juicios por $ 4000 millones. Algunos están en instancias judiciales más exigibles y pueden llegar a provocar el embargo de cuentas. Por eso estamos diseñando un plan para el blanqueo salarial", dijo el ministro, quien reivindicó a la nueva conducción del Ejército y la diferenció del teniente general retirado César Milani, el ex jefe kirchnerista y hombre fuerte de la inteligencia militar.

-Con la nueva cúpula militar ya en funciones, ¿qué desafíos asoman en primer plano?
-El más importante es recuperar la defensa nacional, revalorizar el aspecto humano del personal militar y avanzar en un programa de inversiones en el mediano y largo plazo. Queremos que nos recuerden como quienes comenzaron la etapa de la recuperación de las Fuerzas Armadas. No será de un día para el otro, lógicamente, pero se puede avanzar. Y otro desafío es lograr la valoración de los militares. Las Fuerzas Armadas ya han recuperado el respeto de la sociedad. Ahora falta que reconquisten el respeto del Gobierno.

-¿Cómo lograrán ese objetivo?
-No queremos Fuerzas Armadas al servicio de un gobierno o de un proyecto político, sino al servicio del Estado y de la democracia. Pretendemos volver al profesionalismo.

-¿Por qué hubo una depuración de 23 generales en el recambio de autoridades del Ejército?
-Había un sobredimensionamiento de generales. La media histórica ronda los 35 oficiales superiores y había casi 60. Era necesario reducir esa cantidad.

-¿Los que pasaron a retiro mantenían lealtad a Milani?
-No. No todos eran de Milani. Sería injusto. Por supuesto, por la verticalidad que caracteriza a la fuerza, trabajaron bajo sus órdenes. Pero la mayoría no está hoy alineada con él. La persona indicada para esta etapa es el general Diego Luis Suñer, a quien elegí como jefe del Ejército, y los más antiguos deben pasar a retiro. Además, como le dije, había una cantidad excesiva de generales. Cuando un oficial llega a ese rango sabe que en algún momento puede ser relevado.

-¿La reducción de generales implica también una caída de la influencia del área de inteligencia en el Ejército?
-Si había un exceso, se reducirá. El área es necesaria para la inteligencia de la defensa. Pero no tiene que estar sobredimensionada y debe ajustarse a los tiempos que se viven.

-¿Cómo impactará en las Fuerzas Armadas la declaración de la emergencia en seguridad?
-Si bien debe interceptar vuelos irregulares, principalmente en la zona del Escudo Norte, la Fuerza Aérea es un eslabón más en esta cadena y no el más determinante. Está comprobado que el grueso del narcotráfico entra por tierra y por vías navegables. Podemos tomar medidas para controlar el avance de la droga y vamos a trabajar para eso. Pero estos operativos están en manos de las Fuerzas de Seguridad.

-¿Se aplicará la ley de derribo?
-No hay ley de derribo. Lo que habrá es una protección del espacio aéreo, terrestre y fluvial. La Fuerza Aérea hará el control del espacio aéreo que le corresponde por la Constitución. Son medidas disuasivas para permitir que los vuelos clandestinos puedan ser reconducidos e intimados a aterrizar para que las fuerzas de seguridad puedan hacer controles.

-¿Cómo atenderán los reclamos salariales que llegaron a la Justicia?
-El tema de los juicios es muy delicado. Potencialmente, si actualizamos los montos, pueden llegar a los $ 4000 millones. Tenemos en estudio un plan salarial estratégico para blanquear progresivamente las sumas no remunerativas, que se puede extender en un período de diez años, para eliminar las distorsiones.

-¿En qué instancias se encuentran los juicios?
-Algunos están en etapa de ser exigibles y otros, en medio del proceso. Creemos que se pueden llegar a embargar cuentas. Es un problema bastante comprometedor para el futuro, que afecta a las tres fuerzas.

-¿La aplicación de esta replanteo salarial puede ser inmediata?
-No, inmediata no. Va a ser un plan progresivo de blanqueo para recuperar el salario, pero no puede ser inmediato. Con miras a revertir la situación en un período a largo plazo, de diez años.

-¿Habrá espacio para mejorar el reequipamiento de las unidades militares?
-La prioridad es cubrir la frontera norte. Una vez cubierta esa necesidad avanzaremos en otro grado de equipamiento, como los aviones supersónicos y otras unidades que iremos analizando en las distintas fuerzas.

-¿Se investigará la gestión de Milani?
-Se revisará todo, no específicamente lo que le tocó a Milani. Hay áreas sensibles en las que se están haciendo auditorías.

-¿Qué avances tienen esas auditorías?
-Se está avanzando en áreas de Fabricaciones Militares, de Tandanor, en algunos arsenales.

-¿Se auditará especialmente lo que concierne a la comunicación y tecnología del área de Inteligencia?
-Estamos viendo lo que hay, pero hasta ahora no encontramos nada estrafalario, sofisticado o que no correspondan al área. No hubo esos equipos de los que se hablaba, por lo menos acá no están. Si se hicieron y se compraron por afuera, habrá que ver, pero acá no están.

Asumieron los nuevos mandos
El Ejército y la Armada tienen ya sus nuevos jefes en funciones. El ministro Julio César Martínez presidió ayer en el Regimiento Patricios el acto de asunción del general Diego Luis Suñer como nuevo jefe del Ejército, quien reemplazó al teniente general Ricardo Cundom. Por la mañana, el vicealmirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur asumió como jefe de la Armada. Hoy tomarán sus cargos los jefes de la Fuerza Aérea, brigadier Enrique Víctor Amrein, y del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa.

Macri designó a un abogado que trabajaba en el FMI al frente de la unidad antilavado

(La Nación) - Se oficializó hoy el nombramiento de Mariano Federici como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera


Federici tiene 42 años y se desempeñaba como abogado en el FMI. Foto:Archivo

Mauricio Macri completó hoy la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar delitos relacionados al lavado de dinero, luego de la salida del kirchnerista José Sbatella. El nuevo titular de la UIF es Mariano Federici, un abogado que se desempeñaba hasta ahora en el Fondo Monetario Internacional. El decreto 233/2016, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Germán Garavano, designa a Federici como titular y a María Eugenia Talerico como su segunda.

Con la firma del decreto finalizó un proceso de avales y objeciones que LA NACION dio cuenta a principios de enero. Federici y Talerico habían sumado al 6 de enero más de 200 avales y 25 objeciones. Luego hubo una audiencia pública para evaluar los antecedentes de los candidatos, dar voz a quienes deseen aportar información adicional y para que los candidatos expongan sus visiones y defensas.

Abogado senior del FMI

Federici, de 42 años, era abogado senior en el departamento jurídico del FMI, prestando asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera. Cursó abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y una maestría en leyes de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, en el FMI ha cumplido tareas de asesor regional para Latinoamérica y Caribe.

Entre sus múltiples funciones en el organismo financiero internacional coordinó diagnósticos de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Perú y Uruguay. Además en sus antecedentes laborales, entre septiembre de 2001 y junio de 2002 fue asociado extranjero y miembro del Grupo para Latinoamérica en Sullivan-Cromwell, New York, participando en ofertas públicas y privadas de compañías extranjeras en Estados Unidos.

Contribuyó en ofertas públicas de deuda soberana en Estados Unidos y participó en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones y financiamientos de proyectos. Es consejero externo de la Fundación para la Investigación en Inteligencia Financiera, miembro del grupo de Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales (CARI).

Por su parte, Talerico, de 44 años, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, trabaja de modo independiente y está especializada en práctica a los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general. Es una de las fundadoras de la agrupación Será Justicia.

Talerico desde 2006 hasta 2012 trabajó en el estudio "Fernández Alonso-Becar Varela & Richards", entre otros grupos de abogados. Y el año pasado fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito académico se desempeña como profesora jefe de trabajos prácticos en la cátedra de derecho penal de la Universidad de Belgrano.

Revisan las licitaciones de obra pública para destrabar los fondos

Por Iván Ruiz (La Nación) - El Gobierno reconoció el freno del envío de dinero para determinados proyectos hasta que finalice una auditoría sobre los contratos que selló el kirchnerismo; se paralizarían las represas de Santa Cruz


Después de la polémica revisión sobre los empleados públicos, el Gobierno emprendió otra exhaustiva auditoría sobre la gestión kirchnerista: revisará cientos de licitaciones de obra pública que puso en marcha Cristina Kirchner. Quedarán bajo la lupa los contratos de varios millones de dólares, como las represas de Santa Cruz, aunque también otros menos onerosos pero bien simbólicos, como la construcción de rutas con extraños movimientos financieros, según pudo reconstruir LA NACION a través del testimonio de varios ministros.

Los funcionarios del nuevo gobierno todavía se llevan sorpresas que despiertan indignación, lamentos y hasta alguna carcajada por la herencia que dejó el kirchnerismo. Lo sufrieron en el Ministerio del Interior, que frenó el reparto de fondos de obra pública, como publicó ayer LA NACION, al aducir la necesidad de "una revisión generalizada" sobre lo que dejó Julio De Vido. En la cartera que encabeza Rogelio Frigerio se quejaron por la falta de documentación y de dinero, entre otros contratiempos. Ésa es sólo una escena, entre deudas impensadas, infraestructura derruida y fuertes sospechas de corrupción de un "Estado paralizado".

Recién esta semana, casi un mes y medio después del desembarco en la Casa Rosada, el Gobierno pondrá en marcha el ambicioso plan de infraestructura con el que Mauricio Macri quiere quedar en la historia. "Ahora vamos a terminar las obras que frenó Cristina en octubre. Empezamos esta semana a liberar fondos para obras públicas, pero de a poco, porque la situación financiera es delicada", se sinceraron ayer cerca de Frigerio. Esta novedad será clave cuando el ministro reciba mañana a los gobernadores peronistas, que ya expresaron su malestar con el Presidente por la parálisis de la obra pública y los desajustes en el reparto de la coparticipación.

"Tenemos un problema grave con la obra pública. Muchas que están en ejecución no tienen documentación, como los programas de inversión o el desarrollo de obra. No sabemos si se los llevaron, si todavía no los encontramos o si nunca los hicieron", reconocieron en Interior. Por este motivo, las licitaciones quedaron bajo la lupa. Por ejemplo, estudian el destino de las faraónicas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic -en manos de empresas chinas-, que costarán 4700 millones de dólares.

La obra pública también será revisada en la provincia de Buenos Aires. "Notamos una preocupante costumbre de pagar adelantos financieros para obras en las que no se puso ni un ladrillo", reveló un ministro bonaerense. La tendencia se repite en Santa Cruz: ampliaciones de rutas con desembolso estatal del 80%, pero con avances reales que no superan el 10%. Entre las empresas más beneficiadas está Austral Construcciones SA, firma insignia del empresario kirchnerista Lázaro Báez, según informaron desde Vialidad Nacional.

"Encontramos un Estado paralizado, sin procesos ni sistemas. Es increíble el total desapego por la gestión. Está muy claro que durante los últimos años utilizaron esta estructura para hacer política", afirmó un ministro.

El panorama parece más sombrío en la provincia de Buenos Aires. "Volvimos a los ochenta. Todos los trámites son en papel. Y como no hay ni autos oficiales tenemos que juntar una montaña de expedientes para moverlos. Es una catástrofe", sintetizó otro funcionario.

La herencia kirchnerista dejó también escenas tragicómicas. Mientras Bahía Blanca sufría hace algunas semanas por la falta de suministro de agua, la empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) pagaba un salario mensual a una famosa vedette que frecuentó el búnker de Daniel Scioli en las últimas elecciones, según reveló a LA NACION una alta fuente del Ejecutivo provincial. Hay más: el macrismo heredó 700 pases libres de peajes por rutas bonaerenses para personalidades del espectáculo y periodistas. "¿Podés creer que más de un caradura llamó para preguntar por qué no funcionaban más?", cuestionó el funcionario.

Cuando Alfonso Prat-Gay se acomodó para leer los saludos por su asunción como ministro de Hacienda sintió que ni siquiera en esa circunstancia podía relajarse. "Me llegó la nota del ministro de Bolivia, que, muy respetuoso, me felicitaba en el primer párrafo. Pero en el siguiente renglón decía: «Le escribo para recordarle que hay facturas impagas por el gas»." La escena se repitió cuando Prat-Gay su cruzó con su par paraguayo en la última cumbre del Mercosur; esta vez le reclamaron por la cuota de la represa Yacyretá.

La Casa Rosada no está exenta de deudas. El encargado de armar el árbol de Navidad en Balcarce 50 reclamó una deuda de cerca de un millón de pesos por tres años de supuesto trabajo impago. También tuvieron que resolver problemas más terrenales: el Presidente pasó los días más calurosos del verano porteño en su despacho sin aire acondicionado.

También sufrieron la herencia Marcos Peña, Diego Santilli y Fernando de Andreis, entre otros, después de disfrutar del primer "picado" en Olivos. Las risas se terminaron cuando entraron al vestuario. "Una, dos, tres", gritó un estrecho colaborador de Macri, que dio la voz de alerta. Un ejército de cucarachas había invadido las duchas de la residencia presidencial.

El Ejército de Chile reemplaza camiones

El Ejercito de Chile esta renovando su parque de camiones que cuentan con unos 25 años de servicio.

Basados en su experiencia se decidieron continuar adquiriendo vehículos MB 1017 de 5 toneladas usados y Unimog U1300L 435 provenientes de rezagos alemanes y nuevos Unimog U4000 siendo sin duda una excelente elección. (Cecilio Bartolome)

Avión de ataque Nanchang Q-5 (China) (II)

El Nanchang Q-5 (designación OTAN: Fantan), también conocido como A-5 para las versiones de exportación, es un avión de ataque a tierra de fabricación china, basado en el caza soviético MiG-19. Su función principal es el apoyo aéreo cercano.

La República Popular China era un usuario entusiasta del MiG-19, esta lo fabricó localmente como Shenyang J-6 al comenzar 1958. En agosto de 1958 la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF por sus siglas en inglés) solicitó el desarrollo de un avión jet de ataque para cumplir el papel de apoyo aéreo cercano.

El caza MiG-19 se convirtió en el punto de partida para este, pero el nuevo diseño, señalado Qiang-5 (quinto diseño de ataque), pero este tenía modificaciones como un fuselaje más largo y de mayor área para reducir el arrastre transónico y acomodar una bahía interna de armas de 4 m (13 pies), además tomas de aire fueron movidas a los lados del fuselaje, para hacer espacio en la nariz para un planeado radar de blancos (que nunca pudo ser ajustado). Igualmente la incorporación nuevas alas de barrido con mayor área complementan las modificaciones frente al J-6. El Q-5 comparte con el J-6 los turborreactores Liming Wopen-6A (Tumansky R-9 versión soviética). Las modificaciones le cuestan velocidad a gran altitud, pero el Q-5 es tan veloz como el MiG-19/J-6 a baja altitud, debido a su fuselaje con mayor área.

El armamento fijo del Q-5 fue reducido a dos cañones Tipo 23-1 de 23 mm (a diferencia del J-6 que posee tres cañones de 30 mm NR-30) con cien proyectiles por arma, montados al inicio de cada ala. Dos puntos de sujeción bajo cada ala y dos más en tándem debajo de los motores fueron proporcionados además de la bodega de las armas para cargar 1.000 kilogramos (2.205 libras) de armas internamente, además de 1.000 kilogramos adicionales externamente. En muchos aviones la bodega de las armas es utiliza actualmente para un tanque auxiliar de combustible.

El primer prototipo fue terminado a mediados de 1960, pero la situación política en China dio como resultado la cancelación del proyecto en 1961. Un pequeño equipo mantuvo el proyecto vivo hasta que fuera reabierto de nuevo a mediados de 1963, cuando la producción fue trasladada a Nanchang. El primer vuelo ocurrió finalmente el 4 de junio de 1965. La producción en serie comenzó en 1969, con la entrega de una escuadrilla comenzando 1970.

Cerca de 1000 aeronaves fueron construidas, 600 de ellas la actualización de los Q-5A. Un pequeño número, quizás alguna docena de Q-5A fueron modificados para llevar armas nucleares, se cree que estos pueden conservar su bodega interna de armas. El Q-5I, una versión de mayor alcance fue introducido en 1983, agregando un tanque de combustible en la bodega de armas, incluyendo dos puntos de sujeción adicionales en las alas para compensar la pérdida de espacio en la bahía. Algunas de estas aeronaves entraron en servicio con la Armada del Ejército Popular de Liberación; al parecer estas han sido equipadas con un radar de guía para misiles anti-buque y con la capacidad de lanzar torpedos. Las mejoras de menor importancia subsecuentes incluyen el Q-5IA, con mira de observación de objetivos para guiar bombas y aviónica mejorada, y el Q-5II, con la adecuación de un sistema de alerta de radar (Radar Warning Receiver, RWR).

En los años 80, el “Fantan” fue exportado a naciones como Pakistán, Bangladés, Birmania y Corea del norte; es conocido con frecuencia en estas naciones como el A-5.

Los planes para un Q-5/A-5 mejorado con nuevos equipos de vuelo y ataque fueron abortados en gran parte después de las protestas en la Plaza Tiananmen de 1989; actualmente el “Fantan” continúa en servicio. Se trata de una aeronave ligera capaz de realizar ataques a tierra, aunque sus sistemas limitados de navegación y de lanzamiento de armas son inferiores a aeronaves más modernas.

En años más recientes, PLAAF ha comenzado a utilizar versiones modernizadas del Q-5, que utiliza tecnología diseñada para los proyectos cancelados Q-5M y Q-5K. El Q-5 presenta un telémetro láser montado en el morro, y un designador láser también podría ser incluido debido al hecho de que el avión puede ser capaz de lanzar bombas guiadas por láser; también se cree que puede ser utilizado para el lanzamiento de armamento nuclear. El Q-5D también tiene nueva aviónica, incluyendo un HUD y un nuevo sistema de navegación. El Q-5E y el Q-5F son dos modelos que se están desarrollando según se informa, aunque se sabe poco de ellos. Uno de ellos podría potencialmente ser biplaza como se ha visto en algunas fotografías, aunque la aeronave biplaza podría ser el Q-5J.

Especificaciones:
Tripulación: 1
Longitud: 15,7 m
Envergadura: 9,7 m
Altura: 4,3 m
Superficie alar: 27,9 m²
Peso vacío: 6 375 kg
Peso cargado: 9 486 kg
Peso máximo al despegue: 11 830 kg
Planta motriz: 2× Turborreactor Liming Wopen.
Empuje normal: 24,4 kN (2 490 kgf; 5 490 lbf) de empuje cada uno.
Empuje con postquemador: 36,8 kN (3 750 kgf; 8 269 lbf) de empuje cada uno.
Velocidad máxima operativa (Vno): Mach 1.12
Alcance: 2000 km (1 080 nmi; 1 243 mi)
Techo de vuelo: 16 500 m (54 134 ft)
Armamento
Cañones: 2× cañones Norinco Tipo 23-2K de 23 mm
Bombas:
Bombas de 50 kg, 150 kg, 250 kg, 500 kg no guidas
Bombas de racimo BL755
Bombas antipista Matra Durandal
Cohetes:
Cohetes de 57 mm, 90 mm y 130 mm .
Misiles:
Misiles aire-aire
PL-2
PL-5
PL-7

Despidieron a casi 500 empleados en el ministerio de Justicia, 55 de ellos en la ex ESMA

Por Maia Jastreblansky - LA NACION - Según el ministerio se trata de trabajadores que fueron contratados en la segunda mitad de 2015, o que "nunca se presentaron a trabajar"; los desplazados aseguraron que "todos estaban en funciones. 

Los recortes de personal público llegaron también al ministerio de Justicia, donde casi 500 personas recibieron telegramas para que dejaran sus puestos de trabajo en los últimos días. Para la cartera que depende de Germán Garavano la mayoría de los despedidos "habían sido sumados a la planta obedeciendo a criterios políticos".

En diálogo con LA NACION, fuentes oficiales confirmaron la decisión afectó a 498 personas y detallaron que fueron despedidas "personas que habían sido contratadas después de julio de 2015 y otras que nunca se presentaron en sus puestos". "Llamó la atención la cantidad de contratos que celebró la gestión cuando estaba por salir", agregaron.

Unos 55 despedidos dependían de la secretaría de Derechos Humanos, muchos con su lugar de trabajo en predio de la ex ESMA. Los trabajadores apartados temen que en marzo aumenten los despidos. Es que muchos contratos que vencían en diciembre fueron renovados por el lapso de tres meses.

Los empleados apartados y agrupados en ATE ya comenzaron su plan de resistencia. La semana pasada se movilizaron a la puerta del predio de la ex ESMA, ubicado en avenida del Libertador, a metros de la avenida General Paz, donde se encuentra el despacho del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Romina Chiesa, delegada de los trabajadores despedidos, señaló a este medio: "Todos los desplazados son empleados que asistían a trabajar, que estaban en funciones. Incluso eso puede corroborarse porque al entrar a trabajar a la ESMA uno debe hacerlo con una tarjeta magnética".

Relevamiento
En el ministerio informaron que cada área relevó la situación de su personal. "Detectamos los casos de incorporaciones en los últimos meses no respondían a criterios profesionales y técnicos", aseguraron. Resaltaron que "en los últimos años, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos duplicó su cantidad de contratos, pasando de tener cerca de 3000 a casi 6000".

Los trabajadores agrupados en ATE esperan mantener una reunión con Garavano el próximo miércoles. "Puede haberse incurrido en algún error por lo que se puede dar alguna reincorporación", agregaron.

Entre otras dependencias, los desplazados estaban empleados en la Dirección Nacional de atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias (que revisa los pedidos de indemnizaciones y otros de las víctimas del terrorismo del Estado), en el Archivo de la Memoria y en el sitio histórico del Casino de Oficiales (la visita guiada a la intervención que realizó Cristina Kirchner en el edificio donde torturaban y ejecutaban a personas durante la última dictadura).

En octubre del año pasado se había publicado la resolución 2149/15 por la que se hizo una convocatoria extraordinaria para "posibilitar la cobertura de 453 cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente" en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El plan para expandir la red de subtes

(Buenos Aires Ciudad) - Contempla aumentar las frecuencias, crear nuevas líneas y desarrollar corredores de alta densidad, mejorar la conexión con los trenes hacia el norte y el sur y construir nuevos centros de transbordo, entre otras prioridades. Los detalles.

Buenos Aires ya tiene un plan para la expansión de la red de subterráneos. Contempla aumentar frecuencias, crear nuevas líneas y extender algunas de las ya existentes, desarrollar corredores de alta densidad, mejorar la conexión con los trenes y constuir nuevos centros de transbordo, entre otras prioridades.

Para realizar este plan se hizo un estudio en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se analizaron la red actual y los diferentes planes de extensión presentados desde la década del 50, para poder programar estratégicamente el trazado de los próximos 30 km.

El Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes de Buenos Aires (PETERS), prioriza mejorar el sistema actual incrementando la frecuencia de todas las líneas y completando las obras ya iniciadas.

PETERS propone encarar los trabajos futuros en base a dos ejes:
- la densificación de la red en el micro y macrocentro.
- la transversalidad, para un mejor aprovechamiento de la demanda y contribuir al desarrollo urbano.

También plantea los siguientes puntos:
- Ampliar la oferta en Constitución con la Línea F y mayor frecuencia.
- Desarrollar los corredores de alta densidad - Callao-Entre Ríos, Las Heras, Córdoba y Montes de Oca.
- Construir nuevos centros de transbordo (Facultad de Derecho, Palermo, Constitución).
- Mejorar la conectividad con el ferrocarril, hacia el norte y el sur.
Extensión y nuevas líneas

PETERS compara tres alternativas (1, 2 y 3) que implican sumar kilómetros y estaciones a las líneas ya existentes, y agregar nuevas líneas.

Las tres alternativas coinciden en:
- Ampliar la oferta de transporte de subte en Constitución.
- Vincular al FC Belgrano Sur con el microcentro a través de la Línea C, y ampliar la cobertura territorial de dicha línea hacia la Terminal de Ómnibus de Retiro, en el norte.
- Satisfacer los corredores de alta densidad de las avenidas Callao-Entre Ríos, Córdoba, Las Heras y Montes de Oca.
Que las líneas A, B y D permanezcan tal como están ahora.
Las alternativas difieren esencialmente en cómo se conectan estos corredores entre sí.
PETERS 3

Las conclusiones del estudio

En su capítulo final, PETERS resume las prioridades: "El subte, como distribuidor de viajes del ferrocarril, necesita múltiples vinculaciones para lograr que los viajes sean más rápidos y más directos, reduciendo la congestión en los nodos. Por eso es necesario crear más centros de transbordo y, en este sentido, el PETERS plantea la prioridad de revalorizar la estación Constitución como punto de acceso de los habitantes de todos los partidos del sur", dice el informe.

La construcción de un nuevo centro de trasbordo en la zona de Facultad de Derecho será clave para descongestionar el nodo Obelisco.

"Otro punto relevante -agrega PETERS- es el que señala priorizar las inversiones en corredores de alta densidad, como las avenidas Las Heras, Córdoba, Entre Ríos-Callao y Montes de Oca, por la cantidad de pasajeros que se verían beneficiados y por el tiempo ahorrado en cada caso".

Mejorar la frecuencia actual es, según el plan, la inversión de mayor rendimiento, "porque consigue la mayor cantidad de beneficiarios por unidad invertida, duplicando el número de usuarios en la mayoría de las líneas".

Con el acceso al crédito, el Gobierno lanzará un plan de obras públicas

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Buscará resolver problemas de inundaciones, vivienda y agua potable; esperan un fuerte ingreso de capitales tras el fin del veto de EE.UU.

Luego de su paso por Davos y de la luz verde de los Estados Unidos para destrabar créditos de los organismos internacionales, el presidente Mauricio Macri resolvió acelerar un plan de obras públicas, que tendrá como prioridad resolver los problemas de las inundaciones, el hábitat, los ferrocarriles, la vivienda, el suministro de agua y algunos proyectos viales.

Según confiaron a LA NACION altas fuentes del gobierno de Macri, el levantamiento del veto del Tesoro norteamericano para los préstamos de entidades multilaterales a la Argentina liberará a mejor ritmo los envíos que estaban frenados. "Fue una de las mejores noticias que el Presidente recibió en la cumbre", dijo uno de los principales funcionarios del gobierno macrista. "Eso permitirá avanzar en muchas obras que estaban paradas, algunos proyectos antiguos y otros nuevos, sobre todo en materia de inundaciones en la provincia de Buenos Aires", detalló uno de los ministros que acompañaron a Macri al Foro Económico Mundial de Davos.

Esas obras se repartirán en el actual Plan Belgrano, que dirige José Cano con el rango de secretario de la jefatura de Gabinete, y en la Secretaría de Obras Públicas, que está en manos de Daniel Chain, dentro del Ministerio del Interior y Obras Públicas.

Previo a la decisión del Tesoro norteamericano, cuyo secretario Jacob Lew la informó el jueves pasado personalmente en Davos al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, la Argentina recibía sólo un bajo flujo de créditos porque el proceso para la aprobación se trababa frecuentemente en la negativa norteamericana.

"El flujo neto era negativo porque nos daban menos de lo que teníamos que pagar anualmente. A partir de esta decisión el flujo neto va a ser positivo y va a ser de cientos de millones de dólares, aún no está determinado", confió a LA NACION uno de los funcionarios del equipo de Prat-Gay.

Lo que espera el gobierno de Macri, de aquí en más, es que ese proceso se acelere porque el gobierno de los Estados Unidos es un accionista importante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

De todos modos, Macri anunció que no quiere tomar crédito del FMI, y ello obedecería a una cuestión política. Pese a las bajas tasas que ofrece, el organismo está desprestigiado en los sectores populares y está identificado con la pérdida de autonomía nacional. Pero sí, en cambio, el Presidente ordenó gestionar financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

"Esa medida fue una señal muy fuerte hacia los mercados, así como la señal negativa también lo era", señalan en el entorno de Macri para indicar que a partir de ahora se podría facilitar el acceso a los mercados de capitales internacionales para obtener fondos frescos. Pero el objetivo urgente del Gobierno es alcanzar un acuerdo con los holdouts para lograr bajar la tasa de interés sustancialmente.

Según un informe interno del Gobierno al que pudo acceder LA NACION, "encuadrado en los ejes estratégicos se están proyectando inversiones financiadas por organismos multilaterales para continuar fortaleciendo a las provincias del NOA y NEA (Plan Belgrano) en áreas de obras hídricas, vialidad, obras ferroviarias, acceso a la vivienda y urbanización de villas".

También consigna que "estamos trabajando en procurar la infraestructura necesaria para evitar desastres naturales producidos por inundaciones en el Litoral, en la provincia de Buenos Aires y en otras localidades que padecen con frecuencia estos fenómenos".

Dentro de la comitiva que acompañó a Macri consignaron que se gestionan además "líneas de créditos que permitan la construcción y mejoramiento de nuevos centros de atención de primaria de la salud, y en infraestructura productiva (autopistas, puertos, etc.)".

El trabajo agrega que "se encuentran en ejecución programas de suministro de agua y saneamiento" orientados a "mejorar el acceso y la prestación de los servicios de agua potable en distintos distritos provinciales del país con especial foco en el NOA y NEA (incluidos dentro del Plan Belgrano) y provincia de Buenos Aires".

Estos programas, según pudo saber LA NACION, financian principalmente acueductos, plantas depuradoras y extensión de redes de agua potable. Los nuevos créditos vendrían a reforzar estos programas ya existentes. Muchos de estos recursos, por ende serán gestionados en las subsecretarías de Hábitat y Desarrollo Humano, que dirige Marina Klemensiewicz, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está bajo el control de Iván Kerr.

Según informó el Gobierno, Lew le transmitió a Prat-Gay en Davos que "los Estados Unidos considerarán cada uno de los proyectos argentinos según sus propios méritos".

El veto que pesaba del Tesoro sobre los organismos multilaterales de crédito obedecía a una fuerte presión sobre la Argentina desde 2011 para que pagara sus deudas con los inversores norteamericanos luego de una década de la caída en default de 2001. Eso significaba que los Estados Unidos votaba contra la Argentina en nuevas líneas del Banco Mundial y del BID.

En Washington, según la Casa Rosada, valoraron mucho que Macri hizo algunas reformas clave desde que asumió el 10 de diciembre pasado, como iniciar las conversaciones para resolver el problema de los holdouts por la deuda impaga con fondos norteamericanos.

Además, destacaron que eliminó el control de capitales (cepo) y suprimió o bajó las retenciones agropecuarias.

del editor: qué significa. El atraso en obras de infraestructura es parte de la herencia del kirchnerismo; también en ese terreno el Gobierno busca marcar diferencias.

Un puente en la mira de los saboteadores

Por Jorge Fernández Díaz - LA NACION

El intendente se confiesa. Luego avisa, por las dudas, que la conversación es en estricta reserva: no quiere disgustos anticipados con sus pares. Milita en el kirchnerismo bonaerense, y cuando visita una colonia de vacaciones para seis mil chicos recibe una ovación. Es una estrella entre esos pibes de barrios humildes, que lo llaman por su apodo de campaña. Advierte, sin embargo, que ellos le preguntan si lo conoce al Presidente. Creen que ese dirigente del Frente para la Victoria es también amigo del jefe del Estado. "Aguante, Macri, loco", le gritan una y otra vez. El intendente se confiesa: "Está pasando algo nuevo, y nosotros no lo vimos venir. Si el peronismo no se despierta, estamos perdidos".

La escena hace juego con otras que se suceden en los barrios más caros de la zona metropolitana: allí muchos hijos de la clase media acomodada les levantan el dedo a las empleadas domésticas, y les advierten que deben borrar sus sonrisas esperanzadas porque el gobierno que votaron las viene a hundir. Las señoras viven en zonas carenciadas, en la vida real, donde no se habla de micromilitancia fashion sino de inseguridad y narcotráfico, punteros corruptos y ausencia de cloacas. Algunos de esos muchachos de la pequeña burguesía se pliegan al psicodrama de las plazas permanentes: "¿Qué tenés que hacer el jueves? Nos encontramos para protestar, y después nos vamos a tomar algo, ¿venís?". Es una fiesta entretenida, como el picnic trotskista del Día de la Primavera, aunque con menos dignidad. Parecen una nueva versión de la izquierda caviar de Palermo Hollywood. Que santifica a notorios integrantes de la Patria Socialista, como Moreno, De Vido y Aníbal, o a piantavotos de nota, como Axel, Larroque, Rossi y Sabbatella. La nueva "resistencia peronista" es protagonizada por nenes de mamá que nunca corrieron riesgos y que, como dice Julio Bárbaro, jamás agarraron una brocha.

Momentáneamente, este descalce entre kirchneristas ejecutivos, peronistas serios, micromilitantes de parque y votantes populares favorece a Cambiemos y golpea a La Pasionaria de El Calafate, cuya imagen cayó diez puntos desde octubre. No obstante, la situación puede modificarse, los desperdigados unirse, los muertos vivos resucitar y el clima enrarecerse si la economía no logra dar signos vitales.

Alfonso Prat-Gay, que triunfó con el levantamiento del cepo, fracasó en su intención de que los empresarios bajaran los precios: según Poliarquía, la gente daba por descontada esta estampida, por ahora la asimiló, pero la alarmante inflación, las tensas paritarias y la amarga suba de tarifas amenazarán en breve a un ministro que es acusado por el cristinismo de propiciar un ajuste salvaje y por la ortodoxia de no hacer un ajuste severo. El asunto se complica porque los números en el Parlamento son muy delgaditos, y allí se llevará a cabo la gran batalla.

¿Posee Cambiemos un robusto plan político para ese compromiso crucial? ¿Tiene Macri un cerebro negociador que le garantice el triunfo? Hay muchas dudas. El cristinismo intransigente cuenta con 62 legisladores en las dos cámaras; el resto son peronistas lábiles en busca de su destino. Cambiemos tiene esperanza en estos últimos, cuyos referentes se sentaron ayer en San Juan para revisar su estrategia frente a Macri y también frente a Cristina. Ese cardumen es profundamente exitista y se estremece en secreto ante al repunte de Sergio Massa, que tiene 62% de imagen positiva y es hoy el peronista mejor valorado. Logró esa hazaña por el simple método de vampirizar la energía de los primeros tiempos. La Gran Menem. Que consistió en colaborar con Alfonsín cuando se encontraba en su apogeo y en distanciarse cuando comenzó su declinación. Radicalizarse contra la celebridad del año suele ser mal negocio; pegarse a su aura exitosa a veces es más rentable. El problema del peronismo consiste en que se quedó sin líderes claros, perdió su bastión histórico, no maneja más la caja central, mucha de su propia clientela electoral le abrió un crédito a Macri, no sabe jugar a la oposición y está bajo sospecha de toda la comunidad democrática, dada su venenosa costumbre de enloquecer a los gobiernos que no cantan la marchita: ninguno de ellos logró terminar en tiempo y forma su mandato.

La gestión macrista, por su parte, comete errores de amateurismo e imprudencia; obsesionada por mostrar fortaleza a veces se kirchneriza un poco y muerde la banquina. A pesar de eso conviene siempre recordar su misión, que no es ideológica. Macri es un ingeniero con el mandato de construir un puente. Una plataforma para salir de esa republiqueta aislada con partido hegemónico y alta ine-ficiencia gestionaria, y llevarnos a un país normal. Es posible que si el puente resiste y los saboteadores no logran volarlo, Macri ni siquiera tenga un lugar en el futuro teatro, donde habrá tal vez un peronismo republicano, sumado a nuevos partidos de centroderecha y centroizquierda.

Aquí no importa, por lo tanto, el hombre sino la obra. Y bajo esa óptica instrumental deben leerse los movimientos internacionales de esta semana. Que para el cristinismo se traducen de la siguiente manera: entregaron nuestras finanzas al FMI, la patria a los buitres, las Malvinas a Gran Bretaña, la autonomía a Estados Unidos y la bandera al imperialismo europeo; entramos en una orgía neoliberal.

La progresía no asocia neoliberalismo con la fracasada fase peronista del Consenso de Washington, sino directamente con Occidente. La meca del antineoliberalismo vendría a ser entonces solo una: Venezuela, que tiene 250% de inflación, desabastecimiento dramático, y donde impera el mayor costo de vida del planeta; se necesitan nueve sueldos básicos para pagar la canasta familiar. 
Hasta Rafael Correa aceptó la auditoría del Fondo, como ya lo habían hecho Evo, Mujica, Bachelet y Dilma. 
En realidad, sólo el paraíso bolivariano, Somalia, Eritrea, Siria y República Centroafricana no habilitan esa revisión, que ya hace rato dejó de significar subordinación; ahora es una mera credencial para formar parte del mundo. Cristina Kirchner no podía entrar allí porque adulteraba los números y porque el discurso patriotero se lo impedía. 
Hace también muchos años que Estados Unidos dejó de inmiscuirse decisivamente en América latina, y que mantener una buena relación con la nación más poderosa de la Tierra está al tope de la agenda de cualquier mandatario de la región, sea cual fuere su ideario. 
En este caso, un deshielo es acuciante, puesto que la Argentina se encuentra en default y en rebeldía, gracias a que el anterior gobierno dejó abierto el flanco con los holdouts, permitió que le ganaran dos veces un juicio, y aumentó de hecho la deuda, que ahora es mucho más gravosa por la acumulación de intereses.

Si no se soluciona este otro cepo no habrá inversiones para nuestro país, que precisa de toda la ayuda geopolítica posible, incluso la que pueda ofrecerle Inglaterra, una de las potencias decisivas: poner las islas bajo un paraguas diplomático y llegar a nuevos entendimientos comerciales parece parte del sentido común, sobre todo después de diez años de griterío demagógico e inconducente. No hay dogma en todas estas decisiones, sino mero pragmatismo de ingeniero. Al cierre de esta edición, las grandes mayorías lo acompañaban en el diseño del puente; habrá que ver si los idus de marzo no lo desvían. Porque las bombas sembradas comienzan a explotar.

Un gabinete de CEO

(La Nación) - Quienes critican el perfil empresarial del Gobierno son los que quieren ocultar el drenaje de fondos que, durante años, dedicaron a satisfacer sus propios intereses

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, optó por integrar gran parte de su gabinete de ministros con funcionarios con perfil empresarial, ex directivos y gerentes de grandes empresas.

Esta decisión motivó diversas críticas e ironías, llamándolo algunos "el gabinete de los CEO" por contraposición a otras composiciones más tradicionales, en las que prevalecen los políticos, intelectuales o dirigentes sectoriales.

En esa misma línea de pensamiento se subraya el riesgo de colocar lo público en manos de quienes sólo conocen de gestión empresarial y, por tanto, carecerían de la visión global requerida para esos cargos. Aún más: también se cuestiona el fundamento ético de un formato semejante, como si aquellos funcionarios fuesen zorros en el gallinero, cuyos antecedentes en el sector privado los llevase a ignorar el interés público para gestionar únicamente en términos de lucro privado y en beneficio de pocos: los llamados "grupos concentrados".

Obviamente, no puede manejarse el Estado ignorando la dimensión política, pues la definición de los grandes objetivos del país requiere una visión de largo plazo, integradora de los diversos intereses, necesidades, regiones y poblaciones que componen una nación. Por ello, es necesario también lograr consensos, evitando la imposición unilateral de decisiones que pueden conducir al fracaso. El éxito de una gestión pública no se mide en términos de ganancias anuales y pago de dividendos, sino en términos de bienestar para todos, incluyendo aquellos grupos desfavorecidos, conforme a un principio de solidaridad.

Los gobernantes que son capaces de lograrlo, superando los obstáculos y las tentaciones del corto plazo, en pos de resultados duraderos y sostenibles, son considerados estadistas. Pero no todos los políticos son estadistas y desdeñar a quienes no han hecho carrera partidaria como si les faltase la formación indispensable para tomar las riendas de la administración es una apreciación falsa e interesada.

Es recurrente utilizar la dicotomía hegeliana que opone lo público a lo privado, como si los funcionarios fuesen vestales consagradas a satisfacer las necesidades del conjunto y los particulares, integrantes de la sociedad civil, sólo persiguieran objetivos egoístas, contrapuestos a aquéllas. En realidad, no hay tal cosa, no hay vestales, no hay reyes filósofos, ni funcionarios omniscientes, puros y despojados de apetitos terrenales.

Las gravísimas crisis que ha atravesado la Argentina prueban que las virtudes de los estadistas han escaseado, que las vestales han huido del templo, que los reyes filósofos han preferido los viáticos a la mayéutica y que en todos los ámbitos ha triunfado la practicidad más burda y el uso de-sembozado de lo público en provecho privado.

Cuando la política se restringe a su definición más cruda y el Estado es cooptado como herramienta facciosa para acrecentar poder, neutralizar los órganos de control, silenciar oponentes, someter a las provincias, dominar la Justicia y favorecer con empleos, contrataciones o pautas publicitarias a correligionarios y aplaudidores, se desnaturaliza la razón de su existencia y se malversa la majestad de sus funciones.

La administración de lo público exige un compromiso moral con la ciudadanía, para cumplir con las prestaciones que todos esperan del Estado y evitando que los recursos asignados se malgasten o se destinen a finalidades espurias.

El Estado es el epicentro de todas las demandas sociales, es el lugar donde todos buscan empleo, a quien todos pretenden cobrarle y a quien nadie quiere pagarle. El Estado es siempre abusado, está siempre "privatizado" en favor de quienes lo esquilman con designaciones redundantes, contratos indebidos, pagos incorrectos, subsidios impropios.

El Estado, único agente de la coerción social, pertrechado de policías, Gendarmería, Prefectura y demás fuerzas de seguridad; el Estado, con sus servicios de inteligencia, sus equipamientos electrónicos, sus puertas blindadas y sus agentes secretos es, sin embargo, la estructura más débil de toda la organización social y la más susceptible a que su poder se desvíe en función de los intereses, las ideologías, la picardía o la deshonestidad de quienes controlan sus cargos y no tienen en su ADN la noción del bien común.

Cuando el Estado es utilizado para hacer populismo, se alteran todos los órdenes, se queman todos los manuales, se relega el mérito y se promueve la lealtad, se ignoran los presupuestos y se siguen las directivas, se abandona la transparencia y prevalece la opacidad, se soslayan los fundamentos y se adoptan los argumentos, se olvidan las reglas de la buena administración y se desbordan los gastos improductivos. Hasta alcanzar el inconcebible déficit del 7,1% del PBI que el actual gobierno ha heredado del kirchnerismo, incluyendo el salón bailable del vicepresidente Boudou en el Banco Nación y el gabinete de maquillaje de la señora de Kirchner cerca de su helipuerto en Tecnópolis, para no atosigar este párrafo con otros dislates de mucha mayor envergadura.

El interés general no se satisface con discursos inflamados, estructuras militantes y relatos infatuados, si quienes gestionan lo público carecen de la noción de escasez de recursos, desprecian los principios básicos de la administración e ignoran cómo se realizan las obras para satisfacer las necesidades básicas de la población.

Años de mala gestión estatal por parte de quienes se han autodenominado "nacionales y populares" se reflejan en los niveles de pobreza, la falta de inversiones en infraestructura, la importación de energía, la destrucción de las economías regionales, las falencias en el sistema educativo y el enriquecimiento inmoral de grupos económicos próximos al poder.

Quienes se han favorecido con ese aprovechamiento inmoral de lo público critican ahora el manejo racional de los recursos, invocando la pérdida de fuentes de trabajo, la pluralidad de voces y la falta de sensibilidad social de los nuevos administradores. Se oponen, directamente, al restablecimiento del buen orden, de la sencillez republicana, del equilibrio en las cuentas y la mesura en el relato. Se convocan en forma ruidosa para ocultar, en definitiva, el drenaje de fondos que durante años han convalidado para finalidades muy ajenas al interés colectivo y muy cercanas al provecho propio.

Es falso que sus trayectorias en la gestión privada impidan a los nuevos funcionarios actuar en función del bien común, como si el Estado fuese un ámbito exclusivo para quienes sólo conocen de militancias, comités y escalafones. Por el contrario, todos ellos han tenido carreras exitosas cuyas experiencias desean volcar al provecho colectivo, sabiendo que se exponen al riesgo de la crítica feroz, a la pérdida de privacidad y a las zancadillas de oponentes mucho más fogueados en las lides del poder. Ninguno de ellos necesita de sus nuevos cargos para consolidar una situación patrimonial, pues sus credenciales profesionales les permitirían de inmediato, en el país o en el exterior, alcanzar posiciones retribuidas con sueldos internacionales.

La administración del Estado requiere habilidades extraordinarias, pues se trata de un organismo mucho más complejo que cualquier empresa privada por configurar una organización política y, por tanto, diversa, multiforme, conflictiva. Pero requiere, al igual que las empresas privadas, una clara comprensión de la limitación de recursos, una sólida formación para establecer prioridades y una vigorosa capacidad de ejecución en tiempo y forma; sin demoras, pérdidas ni desvíos.

Con su equipo de fogueados administradores -que, además, son llamativamente jóvenes- el presidente de la Nación está poniendo en práctica una nueva forma de gestionar el Estado. Una forma donde los funcionarios no se servirán de él, sino que entregarán lo mejor de sus experiencias profesionales para mejorar la vida de los argentinos. Aunque, al hacerlo, empeoren las propias.

Estado pobre, militancia rentada

(Editorial  del diario La Nación) - El kirchnerismo ha convertido la administración pública en un refugio político y en una máquina para el enriquecimiento personal


Nunca antes el empleo público había tenido un crecimiento tan descontrolado y de consecuencias tan gravosas para la economía del país como durante los últimos 12 años, en los que gobernó el kirchnerismo. Se han alimentado y mantenido plantas estatales de dimensiones elefantiásicas, llegando al ridículo de no poder explicar siquiera su relación proporcional respecto del total de la población en muchos puntos de nuestro territorio.

Como una paradoja tragicómica de esa situación, apenas asumida en su nuevo cargo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se mostró indignada por el enorme déficit fiscal con el que recibió la provincia, por la cantidad de escuelas, hospitales y oficinas públicas que no funcionan, y por el grosero desborde de la planta estatal. 

Poca memoria o tal vez descreimiento en los propios datos oficiales tiene el kirchnerismo: ya en el tercer trimestre de 2014 hasta el falaz y manipulado Indec daba cuenta de que la provincia con mayor proporción de empleos públicos era Santa Cruz. Como si el kirchnerismo no la hubiera gobernado durante los últimos 24 años, la hermana de Néstor y cuñada de Cristina Kirchner sobreactúa su asombro y reclama ayuda económica del actual gobierno central. Es, cuando menos, curiosa -cuando no hipócrita- la reacción de la gobernadora, que apeló a un decreto para achicar el rojo de las cuentas provinciales, lo cual incluye un censo de empleados. Intenta con ello empezar a revertir lo que ahora define -según su aggiornada visión de los abusos de cierta parte de la dirigencia política- como la necesidad de "entender que el Estado no es propiedad de la administración pública, de los empleados ni de los funcionarios", sino que "la administración pública está al servicio de toda la comunidad".

Si ésa hubiera sido la concepción del kirchnerismo a lo largo de todas sus gestiones, el actual gobierno nacional no se habría visto en la necesaria e impostergable tarea de revisar nada menos que 24.000 casos de concursos en proceso y contratos de toda la administración estatal. A cargo de esa tarea está el ministro de Gestión y Modernización del Estado, Andrés Ibarra. Se trata de empleados que ingresaron en los últimos tres años. Según se anunció, se evaluarán la legalidad de esas contrataciones, el cumplimiento de los requisitos previstos para cada cargo concursado y de las tareas, y los antecedentes de los postulantes.

Durante la era kirchnerista, el porcentaje de empleados permanentes y transitorios de la administración central, de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social pasó de 266.000 personas en 2003 a más de 400.000 en la actualidad. Ha sido un crecimiento alevoso, derivado de un clientelismo prebendario y un nepotismo que, si bien existen desde hace mucho tiempo, han sido llevados a su máxima expresión. Se ha convertido el Estado en un refugio donde hacer recalar a la militancia partidaria, en una organización que dispone a gusto de dineros públicos en beneficio de intereses partidarios o de facción.

El Congreso Nacional es otro de los claros ejemplos de hasta dónde ha llegado ese abuso. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los nombramientos en planta permanente de 2035 empleados designados por su antecesor, Amado Boudou, tan sólo en 2015. Una comisión revisora analizará esos contratos. En la Cámara de Diputados, esos ingresos fueron menores, pero, de todos modos, el titular de ese cuerpo parlamentario, Emilio Monzó (Pro), ordenó un relevamiento sobre el personal.

Una situación similar se registra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde su titular, Susana Malcorra, dijo que serán revisados unos 700 contratos. También, en el Centro Cultural Kirchner, donde Hernán Lombardi , titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, decidió no renovárselos a 600 empleados. Además, según el nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, esa institución cuenta con 15.000 personas en planta estable, una cifra apenas inferior al total de trabajadores del Poder Judicial (21.200).

La lista de dependencias estatales en esas condiciones es larguísima. No ha quedado durante el kirchnerismo un área de la administración pública libre de ser considerada un botín político. El caso de la cooptación de empleos de ese origen por parte de La Cámpora es harto elocuente. No fueron solamente errores de política económica los cometidos durante los últimos 12 años. También hubo un intento deliberado de usar el Estado como una máquina de enriquecimiento personal.

La titánica tarea emprendida por el nuevo gobierno de contar con un Estado eficiente es una necesidad impostergable. Se suele escuchar por estas horas, a modo de crítica feroz de buena parte del kirchnerismo, que el Gobierno pretende manejar el Estado con criterios empresarios. Sin embargo, fue el kirchnerismo el que se valió de él como si fuera una empresa de la cual cobrarse dividendos y a la que, no caben dudas, terminó vaciando.

La Casa de Moneda está en rojo, con una deuda de $ 1300 milllones

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El organismo registra un patrimonio neto negativo de $ 320 millones; Katya Daura, la anterior titular, gastó $ 2 millones para custodiar su casa y editó un libro por $ 850.000


Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.

Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.

Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.

Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.

Allí no se acaban las sorpresas, según reconstruyó LA NACION. Daura también contrató familiares, un cocinero, un profesor de inglés, una psicóloga y hasta servicios de media coaching. Todo, otra vez, a cuenta de Casa de Moneda.

Colaboradores de Daura defienden, sin embargo, su gestión. Afirman, al igual que ella, que la situación financiera de Casa de Moneda es "brillante" o que, al menos, mejoró muchísimo con respecto a los números que habían recibido. "Peor estábamos antes", indicó a LA NACION uno de ellos.

En esa línea, Daura izó como una de las banderas de su gestión el "proceso de recomposición" de la Casa de Moneda, lo que sostenía que le permitió aumentar la producción propia y cumplir "por primera vez en tiempo y forma los contratos con el Banco Central".

Según los números oficiales que ahora salen a la luz, sin embargo, la Casa de Moneda comenzó a cubrir su déficit con los anticipos millonarios de los nuevos contratos que firmaba, en una suerte de bicicleta financiera, que en el caso del Banco Central (BCRA) adelantó el 30% del monto de cada contrato.

Así, la Casa de Moneda arrastra ahora más de $ 360 millones que ya gastó de los anticipos que desembolsaron clientes como el BCRA, otros $ 470 millones que adeuda a múltiples proveedores y otros $ 470 millones que acumuló con la AFIP, de los que sólo una parte se encuentran ya en planes de pago. Total: 1300 millones.

Premios

Junto a Daura también destacan, sin embargo, que la fiel colaboradora de Boudou, a quien conoció en la Anses, logró reposicionar la Casa de Moneda en el mundo, a tal punto que ganó premios por el proyecto para padrones electorales y el nuevo billete de $ 100 con el rostro de Evita.

Pero la labor de Daura también acumuló problemas con la Justicia. Por un lado, su actuación en el caso Ciccone quedó bajo sospecha, a tal punto que el fiscal Jorge Di Lello pidió citarla a indagatoria. Por otro, también se la investiga por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se descubrió que había declarado la compra de una casa por US$ 300.000 aunque una tasadora de la Corte Suprema la valuó entre 700.000 y 900.000 dólares.

Esa investigación patrimonial alcanza también al marido de Daura, Manuel Somoza, quien trabajó con Boudou en el Ministerio de Economía y emigró luego al Senado. Allí, el marplatense lo nombró en planta permanente, en la máxima categoría del escalafón, aunque quedó entre los 2035 empleados de la cámara que despidió la nueva titular, Gabriela Michetti.

Mientras tanto, Daura registró prácticas cercanas a la megalomanía como titular de la Casa de Moneda, según reconstruyó LA NACION. Entre otras, la edición de un libro que aportó un relato celebratorio de sus casi cinco años de gestión -entre febrero de 2011 y diciembre de 2015- y que costó $ 850.000 a las arcas del Estado, según datos oficiales.

A lo largo de cientos de páginas, Daura expuso en ese libro los frutos de su labor, entre los que destacó la revitalización de la Casa de Moneda. Pero en ningún momento aludió a las pérdidas multimillonarias que acumuló el organismo a su paso.

Incluso el último presupuesto que delineó la anterior gestión ahondó en esa línea. Así, solicitó $ 900 millones adicionales al Tesoro, pero en el rubro "inversión", sin siquiera abordar el rojo acumulado. Ahora, con los datos reales que comienzan a descubrirse, incluso ese presupuesto quedó en suspenso.

Números que no cierran

$ 1300 millones - La gestión de Katya Daura, de estrechos lazos con Amado Boudou, acumuló en la Casa de Moneda deudas por ese monto, a pesar de que su administración fue elogiada por la ex presidenta Cristina Kirchner

$ 900 millones - Son los recursos que la ex funcionaria kirchnerista pidió al Tesoro en el último presupuesto, sin especificar el destino de la inversión ni hacer ninguna referencia a la deuda acumulada a lo largo de su controvertida gestión

Larreta presiona fuerte para sacar la ribereña y la megaestación del Obelisco

LPO - Son obras clave para descongestionar la Ciudad. Espera anunciar los avances en las próximas semanas.

Larreta junto a Guillermo Dietrich.

Horacio Rodríguez Larreta presiona fuerte al Gobierno nacional para concretar en las próximas semanas el anuncio de dos obras claves para descongestionar el centro porteño: la construcción de una megaestación debajo del Obelisco y la realización de la postergada autopista ribereña.

El jefe de gobierno porteño debió ponerse firme para conseguir el traspaso de la Policía Federal y para que Mauricio Macri le duplicara el porcentaje de coparticipación a la Ciudad.

Para los dos nuevas obras con las que sueña quedar en la historia, Larreta quiere hacer valer su relación con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, uno de los dos hombres de su confianza que ocupan cargos estratégicos en el Gobierno nacional –el otro es Emilio Basavilbaso, titular de Anses-.

El proyecto Red de Expresos Regionales (RER), anunciado durante la campaña, es una central de trasbordo en el Obelisco, donde se integrarían los distintos sistemas de transporte de la Ciudad.

La primera etapa del RER prevé la construcción de una gran estación en el subsuelo de la Avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y Av. de Mayo, con una extensión de 400 metros de largo. Dividida en cuatro plantas subterráneas y una en superficie, el nodo permitirá conectar los ferrocarriles, el Metrobús, la estación de combis, los subterráneos y el sistema de Ecobici para lo que serán necesarios 16 kilómetros de túneles. El anuncio de esta obra rompió la campaña por el neologismo que inventaron en los equipos de comunicación del PRO: la “Subtremetrocleta”.

En esta etapa se construirá además una nueva estación subterránea en Constitución, y también se enlazará la línea Roca con la línea San Martín y los ramales de la línea Mitre. La conexión se hará a través de un túnel subterráneo bajo la Av. 9 de Julio, debajo del nivel del subte.

Desde el PRO adelantaron a LPO que ya se están haciendo los cateos en la 9 de julio para analizar las interferencias subterráneas, aunque aún no pudieron precisar si la licitación se lanzará antes o después de julio de este año.

La ribereña

La ribereña es una autovía de 7,1 km que serviría como nexo entre las autopistas Buenos Aires-La Plata y la Illia, para evitar que ese caudal de tránsito ingrese a la Ciudad. Es un proyecto que tiene décadas y nunca se llevó a cabo y que ayudaría a descongestionar el centro porteño. El costo que estiman en el gobierno de Larreta es de 500 millones de dólares.

Dietrich, que tiene a su cargo las obras viales, sería uno de los artífices de la concreción de la megaobra que podría ser llevada a cabo por la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (Ausa).

En el gobierno porteño están analizando diversos proyectos para la ribereña. La Corporación Antiguo Puerto Madero, que tiene tres directores en representación del gobierno nacional y tres en representación del porteño, definió el año pasado un proyecto que estipula que la nueva autovía sea soterrada desde avenida Independencia hasta Córdoba, por debajo de los estacionamientos de Puerto Madero.

Pero la Corporación aún no efectivizó el recambio de sus autoridades, que se oficializaría en las próximas semanas. La presidenta será Agustina Olivero Majdalani, hija de la número dos de la ex Side.

Si bien en el proyecto diseñado por la Corporación participaron especialistas ligados al kirchnerismo como Máximo Garay –uno de los ideólogos del masterplan de Puerto Madero- y técnicos cercanos a Julio de Vido, el gobierno de Cristina Kirchner siempre lo mantuvo en el freezer. El ex ministro de Economía, Axel Kicillof, le negaba al entonces ministro de Planificación los dólares para avanzar con la obra.

Ahora, tras ganas las elecciones en todas las jurisdicciones afectadas por la obra, Larreta espera cumplir la promesa que hizo a sectores de la oposición respecto de la urbanización de la villa 31, un paso clave para empezar la ribereña.

Decreto de Emergencia en Seguridad Pública

Decreto 228/2016

Declárase la Emergencia de Seguridad Pública.

Bs. As., 21/01/2016

VISTO las Leyes Nros. 22.352, 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, 23.737 y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas del Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, 24.769 y sus modificatorias, la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 modificada por su similar N° 27.126, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas N° 26.364 modificada por su similar N° 26.842, la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016 N° 27.198 y sus modificaciones, el Decreto-Ley N° 15.385 del 13 de junio de 1944 (ratificado por Ley N° 12.913), los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, 1091 del 20 de julio de 2011 —prorrogado por los Decretos Nros. 296 del 29 de diciembre de 2011, 2689 del 28 de diciembre de 2012, 2221 del 18 de diciembre de 2013, 2574 del 22 de diciembre de 2014 y 152 del 12 de enero de 2016—, 1345 del 1° de noviembre de 2005, 912 del 19 de junio de 2006, 1052 del 27 de junio de 2008, 1134 del 25 de agosto de 2009, 621 del 3 de mayo de 2010, 1103 del 28 de julio de 2010, 1842 del 1° de diciembre de 2010, 971 del 26 de junio de 2012 y 2415 del 11 de diciembre de 2014, la Resolución del ex MINISTERIO DEL INTERIOR N° 788 del 23 de abril de 2007, la Acordada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN N° 28 del 27 de octubre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los tratados sobre derechos humanos.

Que la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 define como “seguridad interior” a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardados la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que su goce es fundamental para el normal desarrollo de los proyectos de vida de cada individuo que habita la Nación, como también la base necesaria para el progreso económico y cultural de la República.

Que son los sectores más vulnerables del pueblo argentino en quienes impacta de lleno la inseguridad social y la espiral creciente del delito, por lo que resulta imperioso que el ESTADO NACIONAL haga valer el poder de policía de seguridad del que lo inviste la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, en este sentido, los delitos de trata de personas no reparan en el origen de sus víctimas, generando una preocupación constante a todas las familias argentinas.

Que la gravedad de los delitos requirió por parte del ESTADO NACIONAL instrumentar un Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Que es decisión de este Gobierno combatir el narcotráfico con el máximo rigor, a fin de dar acabada respuesta a la profunda preocupación por este tema evidenciada por la ciudadanía.

Que el narcotráfico y sus delitos asociados, no quedan atrás en este escenario y constituyen una irrenunciable y excluyente cuestión de Estado al encontrarse inextricablemente ligados a la inseguridad.

Que la droga arruina la vida de familias enteras y no podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural.

Que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional.

Que tales circunstancias ameritan adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del ESTADO NACIONAL en orden a enfrentar los flagelos señalados.

Que la realidad del delito encontró al Estado sin capacidad de dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad.

Que no escapa de esta realidad la evolución del crimen complejo a versiones más sofisticadas de dichas conductas punibles, pero no por ello menos agresivas contra el pueblo argentino.

Que también es una constante que diversos delitos —como la trata de personas, el lavado de dinero, los ciberdelitos y el narcotráfico— se den conjuntamente como una manifestación de las diferentes aristas que asume el crimen organizado trasnacional.

Que la Acordada de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN N° 28/15 brinda un claro panorama de la acuciante situación en la que se encuentra la sociedad argentina, la que se traduce en un verdadero “estado de emergencia en seguridad” que obliga al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer de las herramientas legales a su alcance para velar por la tranquilidad de los habitantes de la Nación.

Que, con meridiana claridad, el Alto Tribunal ha señalado, refiriéndose al narcotráfico, que “...la naturaleza de estos delitos, cuya cadena de organización supera la jurisdicción de un único tribunal, y su gran complejidad de investigación, exige que se extremen los esfuerzos de todas las autoridades a fin de obtener los mejores resultados”; y que “...el esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales en una actuación conjunta”.

Que, en la reunión del CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR del 17 de diciembre de 2015, integrada por representantes del Gobierno Nacional, la Provincias y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y miembros de las fuerzas policiales y de seguridad, se aprobó por unanimidad declarar la “emergencia de seguridad pública”.

Que el “OPERATIVO ESCUDO NORTE”, establecido por el Decreto N° 1091/11 y sus prórrogas, no ha dado a la fecha los resultados esperados.

Que a los fines de alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos, resulta necesario rediseñar el “OPERATIVO ESCUDO NORTE” y adoptar las medidas pertinentes para la inmediata adquisición de elementos de tecnología de seguridad de fronteras.

Que resulta también necesario renovar la vigencia de los protocolos para la defensa del espacio aeroespacial ya utilizados en los últimos DIEZ (10) años en NUEVE (9) oportunidades diferentes mediante los Decretos Nros. 1345/05, 912/06, 1052/08, 1134/09, 621/10, 1103/10, 1842/10, 971/12 y 2415/14.

Que resulta necesario levantar el carácter secreto de las normas señaladas en el considerando anterior.

Que asimismo resulta procedente instruir a los diferentes Ministerios con competencia en la materia, para la inmediata adopción de medidas conducentes a los fines que se pretenden obtener mediante el dictado del presente.

Que el SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES POLICIALES (SIFCOP) ha permitido contar desde el 16 de marzo de 2015 al 11 de enero de 2016 con guarismos ciertos de estadísticas criminales; así se han registrado 29.948 medidas, de las cuales 8.146 corresponden a órdenes de captura y/o detención; 4.077, a prohibiciones de salidas del país o Provincias; 5.349, a búsquedas de personas extraviadas, 3.678, a solicitudes de paradero por comparendo; 265, a hábeas corpus; 961, a medidas restrictivas; 4.757, a órdenes de secuestro vehicular; 149, a pedidos de secuestros de armas; 191, a pedidos de secuestros de elementos diversos; y 2.375, a medidas judiciales de otro orden, en todos los casos respecto de temas judicializados.

Que en orden a los resultados obtenidos, resulta conveniente invitar a las autoridades provinciales, que aún no lo han hecho, a integrarse al SIFCOP.

Que deviene necesario proyectar políticas integrales de asistencia a las víctimas del crimen organizado; como así también disponer las medidas presupuestarias necesarias para abordar inmediatamente la situación de inseguridad reseñada.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO DECRETA:

TÍTULO I - DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 1° — DECLARACIÓN DE EMERGENCIA. Declárase la “emergencia de seguridad pública” en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado, que afecta a la REPÚBLICA ARGENTINA, por el término de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos a partir de la publicación del presente, la que podrá ser prorrogada fundadamente.
Se entiende, a los efectos del presente Decreto, como delito complejo y crimen organizado, pero no limitándose a ello, a:
a) Delitos de producción, tráfico y comercialización de estupefacientes previstos en la Ley N° 23.737.
b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes previstos en la Ley N° 22.415.
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 41 quinquies del Código Penal.
d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales.
e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°, del Código Penal).
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal.
g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis y 128 del Código Penal.
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 306 del Código Penal).
i) Delitos de extorsión (artículo 168 del Código Penal).
j) Delitos previstos en la Ley N° 24.769.
k) Delitos de trata de personas (Ley N° 26.364).

Art. 2° — ADHESIÓN DE LAS PROVINCIAS. Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir al presente mediante la respectiva declaración de emergencia en los ámbitos territoriales de sus jurisdicciones.

TÍTULO II - OPERATIVO FRONTERAS Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE PUERTOS, HIDROVÍAS Y MAR ARGENTINO

Art. 3° — “OPERATIVO FRONTERAS”. Transfórmase el “OPERATIVO ESCUDO NORTE” establecido por el Decreto N° 1091/11 y sus prórrogas, en “OPERATIVO FRONTERAS”.
Dicho operativo es de carácter permanente.

Art. 4° — CONTROL MATERIAL Y TECNOLÓGICO DE LA ZONA DE FRONTERAS. Dispónese en forma inmediata la adopción de las medidas necesarias para la adquisición de los dispositivos técnicos materiales y tecnológicos de la Zona de Fronteras, conforme las necesidades operativas que disponga el MINISTERIO DE SEGURIDAD sobre la Zona de Frontera con relación a los objetivos establecidos por el presente Decreto sobre el delito complejo y organizado.

Art. 5° — RADARIZACIÓN DE LA FRONTERA NORTE. El MINISTERIO DE DEFENSA dispondrá las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la Frontera Norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano, que permita la consecución de los objetivos fijados en el presente Decreto. A tales fines, las autoridades con responsabilidades primarias en la materia tendrán en cuenta las necesidades técnicas de los sistemas de radarización con el propósito de lograr la optimización de los recursos existentes en orden a la consecución de sus cometidos.

Art. 6° — HIDROVÍAS Y MAR ARGENTINO. Autorízase la adquisición del material necesario para incrementar la vigilancia y control en el ámbito de la frontera fluvial e hidrovías dentro del territorio nacional, así como en los puertos y espacios marítimos de jurisdicción nacional.

Art. 7° — ADUANAS. Instrúyese al MINISTERIO DE SEGURIDAD para que, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la presente medida, lleve adelante las operaciones necesarias conjuntamente con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) a fin de establecer los estándares y la normativa de seguridad concerniente a las ZONAS PRIMARIAS ADUANERAS con el objeto de coordinar las actividades que desarrollarán en orden a los objetivos fijados en la presente declaración de emergencia.

Art. 8° — ACTUACIÓN CONJUNTA DE LAS JURISDICCIONES LOCALES Y FEDERAL. Los Gobernadores de Provincia, en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el marco de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y de las medidas tomadas en el CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR, facilitarán y prestarán, coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el apoyo y logística que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los efectos del cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado.
Las Provincias y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes, lo harán al REGISTRO ÚNICO DE ANÁLISIS DE NARCOTRÁFICO (RUAN) creado por la Resolución del ex MINISTERIO DEL INTERIOR N° 788/07.

Art. 9° — PROTECCIÓN DEL ESPACIO AÉREO. Apruébanse las “Reglas de Protección Aeroespacial”, que como ANEXO I, forman parte del presente Decreto.

Art. 10. — LEVANTAMIENTO DEL “SECRETO MILITAR”. Levántase el “secreto militar” que fuera oportunamente declarado respecto de las “Reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial” aprobadas por Decreto N° 2415/14 y que, como ANEXO II, forman parte integrante del presente Decreto.

TÍTULO III - SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES POLICIALES (SIFCOP) Y ACUERDOS INTERMINISTERIALES

Art. 11. — CONVENIO DE INTEGRACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. El MINISTERIO DE SEGURIDAD propondrá al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN la celebración de un convenio con el objeto de interconectar el sistema informático de la Justicia Nacional y Federal con el SISTEMA FEDERAL DE COMUNICACIONES POLICIALES —SIFCOP—, a fin de lograr la automatización en las comunicaciones de las medidas judiciales de todas las instancias con las fuerzas policiales y de seguridad.

Art. 12. — INTERIOR. Invítase a las Provincias que a la fecha aún no lo han efectuado, a suscribir el convenio de adhesión al SIFCOP, para lo cual serán asistidas técnicamente por la Autoridad de Aplicación y provistas de los elementos materiales e informáticos necesarios para la puesta en marcha de dicho sistema de comunicaciones.

Art. 13. — DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Ordénase al MINISTERIO DE SEGURIDAD y al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS que actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas y de los menores de edad con el debido resguardo de confidencialidad.

Art. 14. — TRAZABILIDAD DE LOS EQUIPAJES. El MINISTERIO DE TRANSPORTE dispondrá las medidas necesarias para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos en todo tipo de transporte comercial y la identificación de su propietario, poseedor, tenedor o despachante.

Art. 15. — SEGURIDAD AÉREA. Instrúyese al MINISTERIO DE SEGURIDAD, al MINISTERIO DE DEFENSA y al MINISTERIO DE TRANSPORTE para que, dentro de los TREINTA (30) días desde la publicación del presente, adopten las medidas necesarias destinadas a la coordinación de acciones e intercambio de información con el objeto de reforzar los medios de seguridad en todos los medios de transporte aéreo.

Art. 16. — SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES. Instrúyese al MINISTERIO DE SEGURIDAD y al MINISTERIO DE COMUNICACIONES para que, dentro de los TREINTA (30) días desde la publicación del presente, adopten las medidas necesarias destinadas a la coordinación dentro de sus respectivas competencias de los aspectos relacionados con las comunicaciones en orden a los objetivos planteados en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado.

TÍTULO IV - GABINETE DE SEGURIDAD HUMANA

Art. 17. — CREACIÓN DEL GABINETE DE SEGURIDAD HUMANA. Los Ministros de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social constituirán el GABINETE DE SEGURIDAD HUMANA, que será coordinado por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Será cometido del GABINETE DE SEGURIDAD HUMANA coordinar las atribuciones de cada cartera respecto de los aspectos concurrentes a la emergencia que aquí se declara, en orden a lograr la ejecución de las políticas de Estado en materia de seguridad y lucha contra el delito, crimen organizado, corrupción, trata de personas y narcotráfico.

TÍTULO V - CONVOCATORIAS

Art. 18. — CONVOCATORIA A PERSONAL EN SITUACIÓN DE RETIRO. Facúltase al MINISTERIO DE SEGURIDAD a disponer la convocatoria, por intermedio de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, la GENDARMERÍA NACIONAL y la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, de su personal retirado, a efectos de prestar servicio en el marco del presente Decreto en los términos de sus respectivas leyes y reglamentaciones. En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias.

TÍTULO VI - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Art. 19. — COMPRAS Y CONTRATACIONES. Déjase establecido que la presente declaración de emergencia de seguridad pública encuadra dentro de las excepciones previstas por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios en su artículo 25, inciso d), apartados 5° y 6°.

Art. 20. — TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. Sin perjuicio del encuadre de las compras y/o contrataciones en el marco de la presente declaración de emergencia de seguridad, se respetarán los principios contenidos en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, quedando todas las operaciones y los actos de gobierno sujetos a las condiciones de transparencia de la gestión, legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Art. 21. — COLABORACIÓN DE LA AFIP. Cuando el objeto de la compra y/o la contratación trate respecto de elementos, objetos, software de fabricación o desarrollo extranjero y/o cualquier otro elemento comprado en el marco de la presente declaración de emergencia de seguridad pública, la autoridad competente dispondrá las medidas administrativas necesarias para que en el marco de las leyes y reglamentaciones vigentes dichos objetos ingresen al país en el más breve plazo que resulte posible para su inmediata operatividad en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado.

Art. 22. — MODIFICACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. El Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá la modificación de las partidas presupuestarias necesarias de la Ley N° 27.198 y sus modificaciones para hacer frente a la presente declaración de emergencia de seguridad pública y a las mayores erogaciones que exija para el MINISTERIO DE SEGURIDAD y el MINISTERIO DE DEFENSA el cumplimiento de los objetivos propuestos en la lucha contra el crimen complejo.

Art. 23. — La presente medida tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 24. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MICHETTI. — Julio C. Martínez. — Germán C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Rogelio Frigerio.

ANEXO I - “REGLAS DE PROTECCIÓN AEROESPACIAL”

I. NIVELES DE CONDUCCIÓN
Para la aplicación de las presentes REGLAS DE PROTECCIÓN AEROESPACIAL (RPA) se consideraran las siguientes autoridades:
a) AUTORIDAD NACIONAL RESPONSABLE. El Presidente de la Nación Argentina como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, establece mediante el presente Decreto la aprobación de las REGLAS DE PROTECCIÓN AEROESPACIAL, que delegará a la Autoridad de Aplicación.
b) AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es la autoridad responsable de la supervisión y dirección general de las actividades operacionales que se realicen en cumplimiento de la Misión asignada por el presente decreto.
Son autoridades de aplicación de las presentes RPA:
1) El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
2) El Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina
3) El Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas
c) AUTORIDAD DE EJECUCIÓN. Es la autoridad responsable de la planificación, conducción y ejecución de las operaciones del Sector de Defensa Aeroespacial del Territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, quien actuará por delegación de la autoridad de aplicación para:
1) Adoptar decisiones e impartir órdenes a la totalidad de los medios de las FFAA puestos bajo Comando y Control del Sector de Defensa Aeroespacial del Territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA en el marco de las RPA establecidas en el presente Anexo.
2) Asesorar a la Autoridad de Aplicación sobre los cambios y modificaciones necesarias para el cumplimiento de la misión asignada.
Es Autoridad de Ejecución de las presentes RPA:
1) El Comandante del Sector de Defensa Aeroespacial del Territorio de la República Argentina.

II. ENUNCIADO DE LAS REGLAS DE PROTECCIÓN AEROESPACIAL
Las RPA autorizadas a utilizarse en el ámbito del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA son las siguientes:
RPA 001: Está autorizada dentro del espacio aéreo del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA la identificación de vectores incursores a través de:
1) Los sensores del Sistema de Defensa Aeroespacial.
2) La interceptación con medios aéreos del Sistema de Defensa Aeroespacial que permitan completar el proceso de identificación iniciado por los sensores efectuando un seguimiento de vectores incursores.
RPA 002: Una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación en ambos sentidos entre la “Aeronave Interceptada” y el “Control de Interceptación” / “Avión Interceptor”, está autorizada la emisión de advertencias u órdenes según el siguiente detalle:
1. Abandone el SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
2. Adopte actitud que se ordene.
3. Compeler al aterrizaje.
RPA 003: Está autorizada la demostración de fuerza y en caso de no obtener resultados, el uso intimidatorio de la misma por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial, para obstaculizar, impedir o hacer cesar la acción de vectores incursores, sin afectar su integridad.
RPA 004: Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores “declarados hostiles”.
RPA 005: Está autorizado el uso de medidas Electrónicas Activas (MEA), sobre el espacio aéreo correspondiente al SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
RPA 006: Está autorizada la ejecución de tareas de Exploración y Reconocimiento (EyR) con medios aéreos, dentro del espacio aéreo del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Está autorizada la ejecución de las acciones de autodefensa necesarias para la protección de los medios bajo Comando y Control operacional del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

III. RESTRICCIONES
Durante la aplicación de las RPA se observaran las siguientes restricciones limitativas para el empleo de armas:
1) Lanzamiento de armas AIRE-AIRE y SUPERFICIE-AIRE: Las armas sólo podrán ser empleadas cuando el vector incursor sea declarado hostil y se disponga de contacto visual o su individualización pueda ser realizada mediante el empleo de al menos DOS (2) de los siguientes medios:
a) IFF o sistema comparable
b) Ópticos - electrónicos.
c) De apoyo de Guerra Electrónica.
d) Comportamiento de dirección del blanco.
e) Plan de vuelo o información de los servicios de Tránsito Aéreo.
f) Otros sistemas activos / pasivos que permitan determinar la individualización positiva del vector hostil.

IV. DEFINICIONES
Dada la complejidad y trascendencia de las acciones a desarrollar, resulta necesario precisar la naturaleza y alcance de los términos utilizados en el presente documento, a efectos de asegurar una adecuada interpretación del mismo.
1. Espacio Aéreo de jurisdicción: Espacios aéreos sujetos o no a soberanía, asignados por el Poder Ejecutivo / Legislativo Nacional, bajo responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica militar, cuya vigilancia y control contribuye al logro de los Objetivos Nacionales y/o Políticos establecidos, como así también aquellos necesarios para la maniobra del Instrumento Militar, que surjan como consecuencia del Planeamiento Militar Conjunto (PMC), para la consecución de dichos objetivos.
2. Fuerza, Vector o Medio Hostil: Medio/s aéreo/s, tripulado/s o no tripulado/s que por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implica/n una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación.
3. Identificación: Es la acción que permite determinar si un vehículo detectado es propio, aliado, enemigo, neutral o infractor, entendiéndose con ello la acción realizada en coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo o a través de los medios puestos bajo comando y control del Sistema de Defensa Aeroespacial con el objeto de determinar la identidad, naturaleza, intencionalidad y destino de un vector.
4. Seguimiento: Escolta de un vector con el fin de determinar su destino o para mantener actualizada su posición.
5. Actos Hostiles o Beligerantes: Acto de un vector incursor que, sin necesariamente presentar las características de una acción bélica, posee suficiente entidad para perturbar, poner en riesgo o causar un daño.
a) Condición “Protección de los intereses vitales de la Nación”: Agresión o uso de la fuerza, llevada a cabo por una “Fuerza / Medio Hostil”, ejecutada por vector/es incursor/es que adopta/n posiciones o parámetros que evidencian claramente la intención de dirigir su línea de vuelo sobre cualquier punto de la superficie terrestre que, ya sea por impacto o lanzamiento, constituya un peligro para los intereses vitales de la Nación. Situación que se materializa, entre otros, cuando el vector:
Vuela por debajo del mínimo de altitud.
Vuela en forma errática.
Persiste en mantener una trayectoria de vuelo hacia una zona prohibida luego de ser advertido de modificar la derrota.
Utiliza medios de adquisición asociados al empleo inminente de armamento.
Realiza maniobras agresivas contra los medios interceptores.
Utiliza o inicia acciones para utilizar armas de fuego.
Persiste en no adoptar una trayectoria para liberar una zona de vuelo prohibida luego de ser advertido.
Se encuentra en una condición de apoderamiento ilícito y no obedece las instrucciones del control correspondiente y/o se dirige a centros urbanos y/o puede constituir un riesgo para los intereses vitales de la nación.
Lanza o desprende objetos.

NOTA:
La condición de hostilidad de un vector incursor no cesará hasta que el mismo aterrice en el aeródromo que se le ordene y su situación sea verificada fehacientemente por parte de las autoridades competentes.
b) Condición “Autodefensa”: Situación en la cual medios del sistema de defensa aeroespacial son objeto de una agresión o inminente agresión, circunstancias en la que se podrá efectuar un empleo de la fuerza conforme a los medios disponibles, con el objeto de preservar la integridad de personal y material.
6. Vector incursor: A los efectos de las presentes RPA se considerará como vector/es incursor/es a todos aquellos medios aeroespaciales (tripulados o no) identificados o no, empleados con fines incompatibles con los establecidos en el derecho aeronáutico nacional e internacional que:
a. Circulen en el espacio aéreo contraviniendo las normas y reglamentos vigentes.
b. No respondan o no acaten las instrucciones de los servicios de control de tránsito aéreo.
c. No respondan o no acaten las instrucciones ordenadas por la autoridad aeronáutica militar responsable de la defensa aeroespacial del Sector de Defensa.
7. Vector no identificado: Situación de aquel medio aeroespacial en la que:
a. No es factible determinar la identidad, ruta, destino, tripulación y tarea, mediante la información disponible en los servicios de tránsito aéreo y/o en el sistema de defensa aeroespacial.
b. Durante la identificación, a través de la interceptación, se verifica que no presenta matricula y signos distintivos del modo y forma reglamentarios o que se comprueba falsedad de los mismos.
NOTA:
Los procedimientos de identificación visual se ajustarán conforme a las exigencias de la situación y de la misión, a lo prescripto en el ANEXO 2 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en las regulaciones argentinas de aviación civil, RAAC, (Especialmente lo determinado en el RAAC PARTE 91.148 Y 91.149 “interceptación de Aeronaves” y “Frases para uso de Aeronaves INTERCEPTORAS E INTERCEPTADAS”, como así también el APENDICE U: “Señales que han de utilizarse en caso de interceptación”).
8. Agresión: Acto por el cual se pretende afectar la integridad física del personal y/o material.
Gradación en la aplicación de la fuerza contra incursores aéreas.
8.1. Advertencia: Procedimientos por medios radioeléctricos o visuales de acuerdo con lo prescripto en la normativa OACI y en RAAC, debiendo indicarse claramente la conducta a seguir.
8.2. Demostración de fuerza: Conjunto de actividades, a través de la interceptación aérea, que implican un acto de ostentación de fuerza (seguimiento, exhibición de armamento, maniobras aéreas intimidatorias u otros procedimientos) sin comprometer la integridad física del vector incursor, con el propósito de inducir un vector incursor a adoptar la actitud que se ordene.
8.3. Uso intimidatorio de la fuerza (*): Conjunto de actividades que implican el empleo de las armas con el propósito de obligar a un vector incursor a que adopte la actitud que se le ordena. Conlleva en sí, una probabilidad de peligro para la circulación aérea del vector incursor como así también a personas y/o bienes en la superficie.
8.4. Uso de la fuerza (**): Empleo de las armas en cumplimiento de una misión y que por su naturaleza inherente puede llegar a ser letal. Su utilización, desde el punto de vista aeroespacial, implica el empleo de poder de fuego de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular la capacidad de vuelo del vector incursor impidiendo la continuidad de su trayectoria, circunstancias en la que deberán adoptar las precauciones tendientes a evitar o minimizar la probabilidad de daños a la vida y/o bienes en la superficie (Daño colateral). El uso de la fuerza como acción de ÚLTIMO RECURSO deberá estar condicionada a:
a) Confirmación de la situación prevista (acto hostil), que amerite la aplicación de la RPA correspondiente.
b) Empleo de medios bajo Comando y/o Control operacional de la Autoridad de Ejecución.
NOTAS:
(*) Estas actividades pueden abarcar acciones de guerra electrónica, iluminación con radares de adquisición y tiro, interferencia en las comunicaciones, maniobras aéreas, ráfagas intimidatorias con armas de fuego u otros procedimientos.
(**) Esta alternativa implica un peligro de daños que provoque el derribo del vector incursor.

ANEXO II
SECTOR DE DEFENSA AEROSPACIAL PARANÁ
REGLAS DE EMPEÑAMIENTO PARA LA DEFENSA AEROESPACIAL
I. NIVELES DE CONDUCCIÓN
Para la aplicación de las presentes REGLAS DE EMPEÑAMIENTO PARA LA DEFENSA AEROESPACIAL (RRDE) se consideraran las siguientes autoridades:
a) AUTORIDAD NACIONAL RESPONSABLE: La Presidenta de la Nación Argentina como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, establece mediante el presente Decreto la aprobación de las REGLAS DE EMPEÑAMIENTO PARA LA DEFENSA AEROESPACIAL DEL SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL PARANÁ, que delegará a la Autoridad de Aplicación.
b) AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es la autoridad responsable de la supervisión y dirección general de las actividades operacionales que se realicen en cumplimiento de la Misión asignada por el presente decreto.
Son autoridades de aplicación de las presentes RRDE:
1) El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
2) El Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina
3) El Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas
c) AUTORIDAD DE EJECUCIÓN: Es la autoridad responsable de la planificación, conducción y ejecución de las operaciones del Sector de Defensa Aeroespacial Paraná, quien actuará por delegación de la autoridad de aplicación para:
1) Adoptar decisiones e impartir órdenes a la totalidad de los medios de las FFAA puestos bajo Comando y Control del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL PARANÁ en el marco de las RRDE establecidas en el presente Anexo.
2) Asesorar a la Autoridad de Aplicación sobre los cambios y modificaciones necesarias para el cumplimiento de la misión asignada.
Es Autoridad de Ejecución de las presentes RRDE:
1) El Comandante del Sector de Defensa Aeroespacial PARANÁ (SEDAP).
II. ENUNCIADO DE LAS REGLAS DE PROTECCIÓN AEROESPACIAL
Las Reglas de empeñamiento autorizadas a utilizarse en el ámbito del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL PARANÁ son las siguientes:
RDE 001:
Está autorizada dentro del espacio aéreo del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL PARANÁ la identificación de vectores incursores a través de:
1) Los sensores del Sistema de Defensa Aeroespacial.
2) La interceptación con medios aéreos del Sistema de Defensa Aeroespacial que permitan completar el proceso de identificación iniciado por los sensores efectuando un seguimiento de vectores incursores.
RDE 002:
Una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación en ambos sentidos entre la “Aeronave Interceptada” y el “Control de Interceptación” / “Avión Interceptor”, está autorizada la emisión de advertencias u órdenes según el siguiente detalle:
1. Abandone el SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL.
2. Adopte actitud que se ordene.
3. Compeler al aterrizaje.
RDE 003:
Está autorizada la demostración de fuerza y en caso de no obtener resultados, el uso intimidatorio de la misma por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial, para obstaculizar, impedir o hacer cesar la acción de vectores incursores, sin afectar su integridad.
RDE 004:
Está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo / destrucción de vectores incursores “declarados hostiles”.
RDE 005:
Está autorizado el uso de medidas Electrónicas Activas (MEA), sobre el espacio aéreo correspondiente al SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL PARANÁ.
RDE 006:
Está autorizada la ejecución de tareas de Exploración y Reconocimiento (EyR) con medios aéreos, dentro del espacio aéreo del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL PARANÁ.
Está autorizada la ejecución de las acciones de autodefensa necesarias para la protección de los medios bajo Comando y Control operacional del SECTOR DE DEFENSA AEROESPACIAL PARANÁ.

III. RESTRICCIONES
Durante la aplicación de las REGLAS DE EMPEÑAMIENTO (RRDE) se observaran las siguientes restricciones limitativas para el empleo de armas:
1) Lanzamiento de Armas AIRE-AIRE y SUPERFICIE-AIRE: Las armas sólo podrán ser empleadas cuando el vector incursor sea declarado hostil y se disponga de contacto visual o su individualización pueda ser realizada mediante el empleo de al menos DOS (2) de los siguientes medios:
a) IFF o sistema comparable.
b) Ópticos - electrónicos.
c) De apoyo de Guerra Electrónica.
d) Comportamiento de dirección del blanco.
e) Plan de vuelo o información de los Servicios de Tránsito Aéreo.
f) Otros sistemas activos / pasivos que permitan determinar la individualización positiva del vector hostil.

IV. DEFINICIONES
Dada la complejidad y trascendencia de las acciones a desarrollar, resulta necesario precisar la naturaleza y alcance de los términos utilizados en el presente documento, a efectos de asegurar una adecuada interpretación del mismo.
1. Espacio Aéreo de jurisdicción: Espacios aéreos sujetos o no a soberanía, asignados por el Poder Ejecutivo / Legislativo Nacional, bajo responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica militar, cuya vigilancia y control contribuye al logro de los Objetivos Nacionales y/o Políticos establecidos, como así también aquellos necesarios para la maniobra del Instrumento Militar, que surjan como consecuencia del Planeamiento Militar Conjunto (PMC), para la consecución de dichos objetivos.
2. Fuerza, Vector o Medio Hostil: Medio/s aéreo/s, tripulado/s o no tripulado/s que por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implica/n una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación.
3. Identificación: Es la acción que permite determinar si un vehículo detectado es propio, aliado, enemigo, neutral o infractor, entendiéndose con ello la acción realizada en coordinación con los Servicios de Tránsito Aéreo o a través de los medios puestos bajo comando y control del Sistema de defensa Aeroespacial con el objeto de determinar la identidad, naturaleza, intencionalidad y destino de un vector.
4. Seguimiento: Escolta de un vector con el fin de determinar su destino o para mantener actualizada su posición.
5. Actos Hostiles o Beligerantes: Acto de un vector incursor que, sin necesariamente presentar las características de una acción bélica, posee suficiente entidad para perturbar, poner en riesgo o causar un daño.
a) Condición “Protección de los intereses vitales de la Nación”: Agresión o uso de la fuerza, llevada a cabo por una “Fuerza / medio Hostil”, ejecutada por vector/es incursor/es que adopta/n posiciones o parámetros que evidencian claramente la intención de dirigir su línea de vuelo sobre cualquier punto de la superficie terrestre que, ya sea por impacto o lanzamiento, constituya un peligro para los intereses vitales de la Nación. Situación que se materializa, entre otros, cuando el vector:
- Vuela por debajo del mínimo de altitud.
- Vuela en forma errática.
- Persiste en mantener una trayectoria de vuelo hacía una zona prohibida luego de ser advertido de modificar la derrota.
- Utiliza medios de adquisición asociados al empleo inminente de armamento.
- Realiza maniobras agresivas contra los medios interceptores.
- Utiliza o inicia acciones para utilizar armas de fuego.
- Persiste en no adoptar una trayectoria para liberar una zona de vuelo prohibida luego de ser advertido.
- Se encuentra en una condición de apoderamiento ilícito y no obedece las instrucciones del control correspondiente y/o se dirige a centros urbanos y/o puede constituir un riesgo para los intereses vitales de la nación.
- Lanza o desprende objetos.
NOTA:
- La condición de hostilidad de un vector incursor no cesará hasta que el mismo aterrice en el aeródromo que se le ordene y su situación sea verificada fehacientemente por parte de las autoridades competentes.
b) Condición “Autodefensa”: Situación en la cual medios del sistema de defensa aeroespacial son objeto de una agresión o inminente agresión, circunstancias en la que se podrá efectuar un empleo de la fuerza conforme a los medios disponibles, con el objeto de preservar la integridad de personal y material.
6. Vector incursor: A los efectos de las presentes RDE se considerará como vector/es incursor/es a todos aquellos medios aeroespaciales (tripulados o no) identificados o no, empleados con fines incompatibles con los establecidos en el Derecho Aeronáutico Nacional e Internacional que:
a) Circulen en el espacio aéreo contraviniendo las normas y reglamentos vigentes.
b) No respondan o no acaten las instrucciones de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo.
c) No respondan o no acaten las instrucciones ordenadas por la Autoridad Aeronáutica Militar responsable de la Defensa Aeroespacial del SECTOR DE DEFENSA.
7. Vector no identificado: Situación de aquel medio aeroespacial en la que:
a) No es factible determinar la identidad, procedencia, ruta, destino, tripulación y tarea, mediante la información disponible en los Servicios de Tránsito Aéreo y/o en el Sistema de Defensa Aeroespacial.
b) Durante la identificación, a través de la interceptación, se verifica que no presenta matricula y signos distintivos del modo y forma reglamentarios o que se comprueba falsedad de los mismos.
NOTA:
- Los procedimientos de identificación visual se ajustarán conforme a las exigencias de la situación y de la misión, a los prescripto en el Anexo 2 del Convenio sobre Aviación Civil internacional y en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, RAAC, (Especialmente lo determinado en el RAAC PARTE 91.148 Y 91.149 “Interceptación de Aeronaves” y “Frases para uso de Aeronaves INTERCEPTORAS E INTERCEPTADAS”, como así también el APENDICE U: “Señales que han de utilizarse en caso de interceptación”).
8. Agresión: Acto por el cual se pretende afectar la integridad física del personal y/o material.
Gradación en la aplicación de la fuerza contra incursores aéreas.
8.1. Advertencia: Procedimientos por medios radioeléctricos o visuales de acuerdo con lo prescripto en la normativa OACI y en R.A.A.C., debiendo indicarse claramente la conducta a seguir.
8.2. Demostración de fuerza: Conjunto de actividades, a través de la interceptación aérea, que implican un acto de ostentación de fuerza (seguimiento, exhibición de armamento, maniobras aéreas intimidatorias u otros procedimientos) sin comprometer la integridad física del vector incursor, con el propósito de inducir a un vector incursor a adoptar la actitud que se ordene.
8.3. Uso intimidatorio de la fuerza (*): Conjunto de actividades que implican el empleo de las armas con el propósito de obligar a un vector incursor a que adopte la actitud que se le ordena. Conlleva en sí, una probabilidad de peligro para la circulación aérea del vector incursor como así también a personas y/o bienes en la superficie.
8.4. Uso de la fuerza (**): Empleo de las armas en cumplimiento de una misión y que por su naturaleza inherente puede llegar a ser letal. Su utilización, desde el punto de vista aeroespacial, implica el empleo de poder de fuego de la aeronave interceptora contra la estructura del vector incursor, con el objeto de anular la capacidad de vuelo del vector incursor impidiendo la continuidad de su trayectoria, circunstancias en la que deberán adoptar las precauciones tendientes a evitar o minimizar la probabilidad de daños a la vida y/o bienes en la superficie (Daño Colateral). El Uso de la Fuerza como acción de ÚLTIMO RECURSO deberá estar condicionada a:
a) Confirmación de la situación prevista (acto hostil), que amerite la aplicación de la Regla de Empeñamiento correspondiente.
b) Empleo de medios bajo Comando y/o Control operacional de la Autoridad de Ejecución.
NOTA:
(*) Estas actividades pueden abarcar acciones de guerra electrónica, iluminación con radares de adquisición y tiro, interferencia en las comunicaciones, maniobras aéreas, ráfagas intimidatorias con armas de fuego u otros procedimientos.
(**) Esta alternativa implica un peligro de daños que provoque el derribo del vector incursor.

Fecha de publicación 22/01/2016