El proyecto de creación de una zona franca en la provincia de los Kirchner lleva a preguntarse si no se trata de otra estrategia tendiente a lograr impunidad
Con la concesión otorgada a la firma London Supply se puso en marcha el proyecto de convertir a la provincia de Santa Cruz en un espacio en el que podrán circular automóviles importados libres de impuestos. También los habitantes de esa provincia podrán disponer de electrodomésticos y otros artefactos ingresados por la zona franca de Río Gallegos sin pagar aranceles aduaneros. Este particular beneficio, que se suma a todos los que en forma indiscriminada ha concedido el gobierno nacional a ese territorio patagónico al que hace muchos años maneja como un feudo, es la consecuencia de un proceso que se inició en 1994 con la ley que habilitó la creación de zonas francas en el país, pero que tuvo luego un trayecto peculiar y de muy discutible interpretación legal en beneficio de Santa Cruz.
La función de una zona franca es la de permitir el libre ingreso de materias primas, partes y maquinarias para producir bienes y luego exportarlos a otros países. Si esa producción saliera fuera de la zona franca hacia el propio país, debiera entonces abonar todos los impuestos y aranceles de los que fue antes eximida. La utilización local de los bienes producidos en todo caso debería limitarse al breve territorio de la propia zona franca. La citada admitía, como excepción, ventas minoristas con ese limitado destino. Algunos vetos parciales del Poder Ejecutivo a la ley sancionada por el Congreso en 1994 cuidaron que esa restrictiva interpretación se respetara.
Luego de promulgada aquella norma, Santa Cruz, junto a otros distritos, legisló su adhesión. Se proyectaron dos zonas: Río Gallegos y Caleta Olivia. A la primera se le dieron los beneficios de realizar ventas minoristas pero, extralimitándose a la interpretación anterior, se admitió el uso de esos bienes en otros puntos de la provincia. Con esa discutible ventaja el gobierno provincial licitó y adjudicó en 1995 a una unión transitoria de cinco empresas la construcción y administración de las dos zonas. Sin embargo, no se llegaron a concretar los proyectos y el contrato fue rescindido en 2001 por "abandono de la concesión". Pero lo relevante es que en 2003 la Corte Suprema de la Nación dictó la inconstitucionalidad del decreto que había admitido las ventas minoristas desde esa zona para el resto del territorio provincial. Consideró, con razón, que las localidades del interior de la provincia carecían de la condición de zonas francas y, por lo tanto, se transgredía la normativa legal vigente.
La historia renace con un decreto de 2013 suscripto por Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel Abal Medina y Hernán Lorenzino. Se le restituyó a Santa Cruz la aptitud de desarrollar las dos zonas francas tal como se habían planificado inicialmente. Desde Río Gallegos podrían venderse automóviles y electrodomésticos a residentes de toda la provincia. Definido esto, se realizó una nueva licitación que tuvo un solo oferente: London Supply, una firma que opera los aeropuertos de Ushuaia, Calafate y Trelew, y la zona franca de Iguazú. En su momento, esta empresa resultó clave en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone mediante el aporte de fondos: unos 1,8 millones de pesos para que The Old Fund, cuyo titular, Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, pudiera concretar la operatoria en cuestión.
El beneficio de la venta minorista provincial abarca automóviles de hasta 25.000 dólares de precio CIF, motos de hasta 5000 dólares y pick-ups de hasta 40.000. Los vehículos llevarán una patente especial y deberán estar radicados en Santa Cruz durante los primeros cinco años. En este período sólo podrán salir de la provincia en lapsos de 90 días por año. Los compradores deberán tener residencia en la provincia y la misma persona sólo podrá adquirir un vehículo cada cinco años. La venta de electrodomésticos y otros bienes de consumo tendrá topes y solo excluirá alimentos.
Todas estas restricciones no son suficientes para compensar este nuevo privilegio otorgado a Santa Cruz. En una provincia tan salpicada por graves casos de corrupción, todos ellos vinculados con el kirchnerismo y con empresarios por éste favorecidos, dependerá de los controles que se apliquen para evitar que la zona franca se convierta en otro foco de corrupción de ese feudo austral.
Naturalmente, los ciudadanos de Chubut reclaman un tratamiento igualitario que, en caso de que se concediera, movilizaría inmediatamente a los rionegrinos. Es importante saber qué posición podrá adoptar la Corte Suprema que, en su momento, declaró la invalidez de la extensión de los beneficios a todo el territorio provincial.
Santa Cruz ha sido, holgadamente, la que ha recibido más fondos e inversiones nacionales medidas por habitante. Hay pruebas abundantes de que una parte importante del dinero allí canalizado se desvió hacia la corrupción, además de destinarse en muchos casos a obras públicas no prioritarias. Será la Justicia la que determine estas circunstancias, así como la validez jurídica del privilegio de una zona franca de 244.540 kilómetros cuadrados en una provincia que la Presidenta considera su lugar en el mundo. Cabe preguntarse si el verdadero objetivo del otorgamiento de todas estas prerrogativas no persigue también como estrategia la impunidad de la familia Kirchner..
