miércoles, 20 de agosto de 2014

Cuáles son las sociedades que están en la lupa de los holdouts por vínculos con Lázaro Báez

(Infoabe.com) - Infobae accedió a la nómina de firmas investigadas en el estado norteamericano de Nevada a pedido del fondo NML. Habrían servido para lavar u$s65 millones, según la causa que llevó adelante el fiscal Campagnoli

La existencia de una red de sociedades fantasma destinadas a lavar millonarias sumas de dinero se conoció por la investigación que hizo José María Campagnoli y que más tarde le mereció un jury cuyo futuro es todavía incierto. El fiscal sacó a la luz un entramado de corrupción cuyos tentáculos alcanzan al empresario santacruceño Lázaro Báez, y que tomó el nombre de "La Ruta del Dinero".

La arquitectura financiera que reconstruyó Campagnoli comprobó que Austral Construcciones, la empresa madre de Báez, recibió 65 millones de dólares que ingresaron blanqueados mediante la compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013. El dinero salió de las cuentas del fondo Helvetic Services Group, que luego adquirió SGI (también conocida como La Rosadita), de Federico Elaskar.

La semana pasada, NML, uno de los holdouts que litigan con la Argentina por la deuda impaga, consiguió un aval de un juez de Nevada para avanzar sobre los activos de 123 firmas que servirían de vehículo al dinero en esa ruta. ¿Qué tienen que ver con el caso? Todas están vinculadas a Helvetic.

La presentación que hizo el fondo ante el juez Cam Ferenbach demostró que existen vínculos entre Helvetic y Aldyne Ldt., una empresa radicada en las Islas Seychelles, un paraíso fiscal del océano Índico. Aldyne Ldt., a su vez, comparte domicilio con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca, que representa a las sociedades mencionadas.

El magistrado de Las Vegas consideró que la prueba era suficiente como para avanzar en una investigación. Por eso exhortó a Mossack & Fonseca a brindar la información sobre los bienes y activos de esas firmas. La razón de por qué esas empresas tienen un potencial embargable se funda en la sospecha de que serían utilizadas por un "sórdido trío" (así lo definió el juez) que componen Báez, la presidente Cristina Kirchner y su difunto esposo, Néstor Kirchner.

Infobae accedió al listado de sociedades bajo el mando de Aldyne Ldt. en Nevada. Son 143:

Lake County llc,Vaneggia Holdings ltd., Hallkyn Group llc, Balmar Development llc, Etco Holdings llc, Banford Properties llc, Mochica Enterprises llc, Oceandrive Investments llc., Best World Supplies ltd., Arisa Business llc, Phillips Group llc, Carvelle Group llc, Citrone Overseas llc, Haze Management llc, Alhambra llc, Westley House llc, Trenton Properties ltd., Balmont Holdings ltd., Lacewood Investments llc, Lamberti Trading llc, Jet Trade ltd., Ivy Lane Group llc, Quantum Bay Limited, Eyden Group llc, Buwan Marketing ltd., Galway Scott Trading ltd., Estival International ltd., Izalco Trading llc, Gulf Support Services llc, RGS Steel llc, Murriel Trading llc, Permanel Investment Limited, Pennyroyal Associates llc, Gladstone Cosmetics llc., Thunder Overseas trading llc, Agrocomtra USA llc, Paracas Development llc, Estinghill Investments llc, Barston Management llc, Arius Onvest llc, Green Field Consultants, llc, Itelsa Services llc, Healy Holdings ltd., Juniper Trading ltd., Nexsa Trading ltd., Hemingway Investments llc, Gudson group llc, Polychem Group ltd., Kumar Holdings llc, Butler Trading llc, Medinvest llc, Villette Associates llc, Ace Star International llc, Billbrook Properties llc, Itelco Joldings llc, Oceanis Group llc, Oldemar Trading llc, Integ Services llc, Nexton International lc, Motiva Media llc, Juno Group llc, Balmain Trading ltd., Calypsso Group llc, Little Bay llc, Royal Games llc, Ground llc., GD Soccer Management llc., Arden Global llc, Iser Holdings ltd., Jurdan Enterprises ltd., Justin Invest ltd., Woodstar Services llc, Dillan Atlantic llc, Bright Light Group llc, Falconwood Services llc, Priemor Group llc, Cambridge House llc, Exeter House llc, Redford House llc, Bio Health International inc llc., Serena Trading llc, Abehart Consultants llc, Oville Group llc, Exton International llc, Everina Holdings ltd., Yale Holdings ltd., Sunglow Investment llc, Ovano Group llc, Neymar Investments llc, Lynton Trading ltd., Stepney International llc, Estridge Overseas lc, Cosmetech lc, Agroglobe Equity llc, Multinvest llc, Galdor Enterprises llc, Dilmond Enterprises ltd., Coreley Properties inc. llc, The Ingelec Group llc, Abble Holding llc, Pixi Incorporated llc, Huta Holdings llc, Nat Enterprises ltd., Butterfield Consultants llc, Mafinsa llc, Rafina Trading llc, Investment, Sport & Webs llc., Metal First llc, Melco Maritime llc, Korman International llc, Nortex Trading llc, Smart Steel llc, Relcove Limited llc, Eurogranit llc, Steel Product Services llc, Blue Dreams Real State Investments ltd, Dynamic Fittness llc, Ryder Management Services ltd., Trever Welding Industry llc, Binder Chemicals llc, Aychi Intertrading llc, Mel Sea llc, Global Steel Trading llc, Dolfin Trading llc, Mercury Consultants llc, American Trade & Packing ltd., Cavalagh Commodities llc, Net Maritime llc, Eastfer International llc, Angrain llc, T.H.I.- tower house international llc, M.P.I- mayward properties international llc, Estrivela llc, Cottontex Limited, Comtech international group llc, Consolidated consultants group llc, Buxton investments llc, Concord hill llc, Ariston holdings lc, Arden global llc y MC Pirdon Investments Fund ltd.

Cuando estalló el escándalo de "La Ruta del Dinero", que tuvo trascendencia pública a raíz de su divulgación en el programa de TV Periodismo Para Todos, otras 31 sociedades dejaron de pertenecer a Aldyne Ldt. para pasar a manos de Forbest ltd. Éstas son:

Fintech Holdings llc, Trenton Properties ltd., Huston Management ltd., Nat Enterprises ltd., Essex Holdings Group llc, Melco Maritime llc, Panna Group llc, Rockford industry llc, Tata National Investment llc, Abble Holding llc, Maproplast b.v. ltd, Mobata International ltd., Global Resources Investment llc, Grainco llc, Resincorp ltd., Kelfield Resources llc, Valco Investments l.l.c., Kelby Properties llc, Jervois Holdings group l.c., Eurologistics llc, Sokar Trading ltd., Num Trading ltd., Wadley International l.c., Overlea Enterprises Limited, Mondelia Management l.l.c., Murrell Consultants Group llc, Sefton Corporate Business llc, Leymond Engine & Ring llc, Vicentina Group llc, Buzzard Finance l.l.c. y Crystal Palace Group llc.

Por orden del juez Ferenbach, el 12 de diciembre Mossack & Fonseca deberá haber precisado la información que le fue requerida. Puede que entonces aparezcan lazos entre esos capitales y los de Báez. Y si las sospechas del magistrado son correctas, también del matrimonio Kirchner. En NML están confiados: "Creemos que al final del arco iris vamos a encontrar funcionarios argentinos de alto nivel", dijo la semana pasada uno de sus abogados, Robert Cohen. De ser cierto, buscarán hacerse de ese dinero.

El avance de NML sobre estas firmas sería acaso el primer paso de una estrategia mayor. Ocurre que en paralelo a las empresas, el fondo puso su radar en otras firmas radicadas en el estado de Delaware, paraísos fiscales de Europa y el Caribe y las Seychelles. Y también en el acuerdo que YPF firmó con Chevron.

La estrategia tiene un precedente que lo favorece. Cuando mantuvo con el Congo una disputa similar a la que hoy lo enfrenta con Argentina, NML rastreó dinero ligado a la corrupción que comprometía al entonces presidente Sassou-Nguesso. Acorralado por las denuncias, el gobernante terminó por deponer su actitud intransigente y abonar la deuda que tenía el país: eran 90 millones de dólares, una cifra que, comparada con el litigio argentino, parece hoy insignificante.

Berni: "Tenemos la ley que nos permite expulsar a extranjeros que delinquen, apliquémosla"

Infobae.com) - El secretario de Seguridad volvió a reclamar que se deporte a los foráneos que llegan a la Argentina "para robar". "Acá el problema es la Justicia", disparó

El debate sobre la lucha contra la inseguridad se reavivó esta semana con el reclamo de Sergio Berni, que ayer pidió "herramientas para que los delincuentes extranjeros vuelvan a sus países de origen".

La polémica que generó el reclamo no intimidó al funcionario kirchnerista, quien esta mañana reafirmó su solicitud y apuntó contra la Justicia porque -entiende- es la que frena la aplicación de las sentencias contempladas por la normativa vigente.

"Tenemos leyes argentinas que nos permiten expulsar a los que delinquen y son extranjeros, apliquémosla", exigió una vez más el secretario de Seguridad, e insistió con que su reclamo no es xenófobo, sino que apunta a ponerle un freno al delito.

"Le cuento a la sociedad lo que nos pasa todos los días: el pasado fin de semana hemos detenido a 50 extranjeros, la mayoría reincidentes", reiteró el funcionario, que reforzó su estadística con un ejemplo aún más reciente: "Ayer 5 chilenos empezaron a los tiros en un supermercado y podría haber sido una tragedia".

"El problema acá es la Justicia. Nuestra ley habla de la expulsión de los que delinquen, pero no se aplica porque no llegan a sentencia", se quejó en declaraciones a Rock&Pop. "En Argentina, el 95% de los que comenten robos no llegan a la condena", remarcó.

El secretario de Seguridad aspira a que los malvivientes que son detenidos por un delito "no puedan entrar nunca más al país", pero tiene claro que hay una imposibilidad legal para que el filtro sea más riguroso: "La ley no prevé que no ingrese alguien con antecedentes".

Apoyo gubernamental

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, avaló esta mañana las declaraciones de Berni: "No han sido expresiones discriminatorias ni xenófobas, lo que ha dicho es que en muchos casos vienen determinado tipo de ciudadanos sin antecedentes o no debidamente ponderados".

"En definitiva, cuando extranjeros cometen delitos y son detenidos, por orden judicial es posible generar los mecanismos de deportación", señaló el ex gobernador del Chaco. "Entendemos que quien comete un delito debe ser juzgado por un juez independiente, tal cual lo determina la Constitución", indicó.

Finalmente Capitanich consideró -ante el pedido que hizo Berni para la Justicia se mueva con celeridad- que "debe ser analizada por la Justicia y, si es necesario, en el ámbito del Congreso (la solicitud) respecto de (la existencia de instrumentos legales que promuevan y faciliten la ejecución de una sentencia".

Compartimos en un todo con su apreciación...

Hacia un default prolongado y de consecuencias imprevisibles

Luis SeccoPor: Luis Secco - Infobae.com

El gobierno puso en claro una vez más que no quiere reconocerle a los holdouts ni un dólar más que lo reconocido a quienes aceptaron participar de los canjes anteriores. No lo hará ahora ni en 2015. La negativa a honrar el fallo a favor de NML y otros holdouts por temor a la litigiosidad que podría generar la aplicación de la cláusula RUFO luce hoy más que nunca una excusa.
Se insiste con proponer un cambio de agente y de lugar de pago, y un eventual cambio de jurisdicción legal (en el caso que los bonistas deseen hacerlo) cuando en los tribunales de NYC se advirtió en varias oportunidades al Gobierno argentino que se abstuviera de seguir procedimientos que buscasen eludir el cumplimiento de la sentencia. Esta iniciativa pone a la Argentina más cerca de estar en rebeldía o desacato con la Justicia americana(vale recordar que en los casos de “in contempt of the court”, el juez puede imponer sanciones como una multa o la prisión a quienes resulten culpables de desacato).

Si bien se busca remover al BoNY como agente fiduciario, resulta imposible que los procedimientos propuestos (cambio de agente y lugar de pago y/o cambio voluntario de la jurisdicción legal) puedan realizarse sin su colaboración (por ejemplo, quién aportará el listado actualizado de tenencias). Una colaboración que el BoNY no puede dar porque el juez ya le anticipó que, de hacerlo, sería acusado de facilitar un acto que intenta eludir una sentencia judicial.

Aún cuando se pudiera sortear lo anterior, lo cual luce prácticamente imposible, habrá tenedores de los bonos del canje que no podrán (ya sea por cuestiones estatutarias o simples consideraciones de los riesgos involucrados) cobrarse vía el cambio del agente y del lugar de pago. Pueden optar por vender ahora, antes que se llegue a la instrumentación de estas propuestas o pueden optar por esperar a ver qué pasa con la aprobación parlamentaria del proyecto de ley y eventualmente, de prosperar, intentar acelerar sus cupones y convertirse en nuevos inversores defaulteados (holdouts).­­
De los dos puntos anteriores se deriva que de ser aprobadas estas iniciativas por el Parlamento, Argentina entraría en un proceso de resultado bastante incierto, que de ninguna manera garantiza que el default no se extienda ni en el tiempo ni en sus alcances.
Los próximos gobiernos podrán reconstruir la reputación pérdida, remediando el desaguisado producido por esta administración. Pero si este proyecto de ley resulta aprobado, deberá pasar mucho más tiempo para que la Argentina pueda volver a emitir deuda en la plaza de New York (o en otras que pudieran intentar sustituirla). Al igual que otros defaults u violaciones del derecho de propiedad, que contaron con la aprobación parlamentaria y el visto bueno de constitucionalidad (por ejemplo, la pesificación asimétrica), esta iniciativa tendiente a evitar las consecuencias de someterse a otra jurisdicción legal tendrá efectos duraderos sobre la disponibilidad y el costo del financiamiento para la Argentina. Un lujo que un país con insuficiente ahorro, que tiene un sistema financiero muy pequeño y que prácticamente no tiene mercados de capitales no debería darse.
Por último, la Presidente “le pasa una papa caliente” al Parlamento. Sobre todo, pone entre la espada y la pared a la oposición: si apoya el proyecto, la hace cómplice de eludir una sentencia judicial en los tribunales de New York; si no lo aprueba, la empuja a ocupar un lugar poco simpático del lado de la Justicia americana y “los buitres”. Mientras tanto gana tiempo y ocupa la agenda mediática con un tema donde tiene menos para perder que con los casos de corrupción, la inseguridad, la recesión, la inflación o los problemas de empleo.

La obediencia debida tiene un límite

Tomás Bulat
Por: Tomás Bulat
Quizás no tan paradójico, pero el Gobierno que está a favor de los derechos humanos por los crímenes sucedidos en la dictadura, es el que más aplica hoy la obediencia debida con sus legisladores.
 Es sabido que por lo general la gente tiende a respetar la autoridad y a acatarla sin mucho cuestionamiento. Está para eso el estudio de Harvard donde los alumnos torturaban a un paciente porque se los decía el doctor.

Por supuesto que la persona, mientras más mediocre y más cobarde, más obediente. Pero sabemos que la obediencia debida no es una excusa para los cobardes. No se puede alegar que una persona hace algo que sabe que está mal porque se lo dice su superior.

No lo exime de responsabilidad. Y así tiene que ser.
El congreso obsecuente

La Presidente envió el proyecto de cambio de sede en los pagos de los bonos y celebro que esa decisión la remita al Parlamento. Lo que allí salga será responsabilidad de todos los argentinos y sus consecuencias también.
Allí están los representantes que votamos todos y más interesante aun, algunos quieren que los sigamos votando.

La ley propone un cambio de jurisdicción, que es entrar en desacato a un fallo judicial de una corte donde voluntariamente litigamos. Esto no es una pelea con los fondos buitres -esa pelea lleva 12 años-, esto es un desacato a un fallo judicial.

Como es un fallo de la justicia norteamericana, muchos ya están aplaudiendo, sobre todo desde la calle. Pero no respetar un fallo en la principal plaza financiera mundial, supongo yo, que debe tener alguna consecuencia para el futuro. Difícil pensar que no pase nada.

Es por esto que espero que el Congreso de la Nación debata y vote lo que considere mejor para el país.

Solo pido un favor, aquellos que lo hagan a favor del cambio de jurisdicción, nos expliquen las consecuencias de su decisión y si están dispuestos a hacerse responsable de ellas o le echaran la culpa a otro.

Como también a los que voten en contra nos digan cuales son las consecuencias de no cambiar de jurisdicción.

Es decir, votar a conciencia y teniendo en claro los escenarios de lo que va a suceder. Lo necesitamos los argentinos, que nos expliquen que su voto lo tienen bien estudiado y sus consecuencias también.
Así sabremos a qué atenernos a la hora que la ley se vote.

La mayoría de los legisladores harán discursos mediocres y cobardes de fáciles aplausos hablando del pasado. Son irrelevantes. Pero la Cámara tiene legisladores que dicen tener la altura suficiente como para votar con responsabilidad.

Sería bueno que ellos, en su justificación del voto, nos cuenten cómo creen que va a seguir la economía argentina con un default de largo plazo y con desacato judicial. Como también sería bueno que expliquen lo malo o bueno de cumplir con el fallo adverso de la Corte.

Que digan cómo ven la inversión en Argentina, cómo ven la reputación argentina en el mundo, qué escenario de crecimiento económico vislumbran. Cómo van a resolver la falta de energía del país, volver a generar inversiones y empleo.

Posiblemente tengan todas las respuestas y efectivamente, con esta medida Argentina se encamina a desintegrarse del mundo pero a superar sus problemas económicos.

Lo único que espero es que digan lo que va a pasar y, si eso no llegara a suceder, no le echen la culpa a otro, acepten que fueron las consecuencias de su decisión.

Antipatria

No hay nada peor que un irresponsable que se embandera con la azul y blanca y al grito de patria le hace un daño enorme a la Argentina. Para ejemplo, tomar a Galtieri.

Así como muchos creen que pagar a los buitres es ser antipatria, otros pensamos que mandar a la Argentina a ser un paria internacional es antipatriota y que esa decisión trae solo más recesión, desempleo e inflación.

Quizás me equivoco y los señores legisladores que votarán a conciencia, habiendo evaluado bien todas las consecuencias de sus actos, luego se harán cargo de las mismas cuando vuelvan a las elecciones.

Pero si las cosas no salen bien, les pido no apelen a la obediencia debida. Es que la obediencia debida tiene un límite y ese es el futuro del país y de los argentinos.

Economistas advierten que la medida del Ejecutivo dilata la solución con los holdouts y seguirá el default

(Infobae.com) - Los economistas se mostraron escépticos sobre la adhesión que pueda tener la propuesta del Ejecutivo entre los bonistas reestructurados y remarcaron que el Gobierno echó por tierra cualquier intento de acordar con los holdouts

La decisión de la presidente Cristina Kirchner de solicitar al Parlamento la sanción de una ley para cambiar la jurisdicción y la sede del pago de la deuda reestructurada no fue bien vista por economistas y analistas de consultoras privadas como solución para salir del default, a la vez que dudan sobre la efectividad que pueda tener la medida entre los tenedores de bonos que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Coinciden en que la propuesta de la mandataria sólo hará profundizar en el tiempo la situación de cesación de pago en la que cayó el país porque seguirá incumpliendo el fallo del juez Thomas Griesa, que obliga a depositarle a los fondos especulativos que ganaron el litigio unos 1.300 millones de dólares.

LA PROPUESTA SÓLO HARÁ PROFUNDIZAR EN EL TIEMPO LA SITUACIÓN DE CESACIÓN DE PAGO

Entienden, además, que el mensaje de la jefa de Estado por cadena nacional, anoche, cerró las puertas a un eventual acuerdo con esos tenedores de bonos en default que ganaron la batalla judicial en los Estados Unidos.

El riesgo principal que señalan los economistas a la hora de implementar un nuevo canje es que algunos fondos, por sus propias normas internas, están imposibilitados de invertir en activos regidos por leyes que no sean las de los Estados Unidos, aún queriendo ingresar al canje anunciado por la Presidente.

"La clave está en qué va a pasar con los que no puedan entrar al canje, el proyecto de ley prevé depositar el dinero en un fondo fiduciario, pero no queda claro si eso viola o no las condiciones de emisión de los bonos o si los tenedores de bonos del canje van a tener que salir a venderlos”, sostuvo al diario El Cronista Marina Dal Poggetto, del estudio Bein.

NO QUEDA CLARO SI ESO VIOLA O NO LAS CONDICIONES DE EMISIÓN DE LOS BONOS

Para la economista, "lo más positivo que le veo a todo esto es el depósito del dinero para que los holdouts lo vengan a buscar, es un cambio radical respecto de lo que fue en su momento la Ley Cerrojo”".

Carlos Melconian también planteó sus dudas sobre la adhesión que reciba la propuesta argentina entre los bonistas reestructurados con papeles bajo ley extranjera, alrededor del 80% del 92.4% que aceptó los canjes de 2005 y 2010. "Es un desafío", subrayó el economista a la vez que remarcó que se desconoce cómo será tomada la propuesta del Gobierno en el mundo y en la Justicia de los Estados Unidos.

"En esta disociación que tenemos con el mundo, sumamos un tema adicional de cómo responderá la Justicia norteamericana", opinó el economista para quien "en términos prácticos" el proyecto de la Presidente de cambiar la sede del pago de la deuda "dilata la solución" con los holdouts. "Es el intento de la búsqueda de una solución complicada", resumió en declaraciones al canal 26.

Asimismo, puso el foco en que "si hasta ayer se discutía si esto (el default) era una cuestión transitoria esperando a que venza la RUFO y en enero arreglar con los holdouts, da la impresión que la Argentina ahora está en otro camino, está en un camino de seguir redoblando la apuesta. Ya no tiene sentido que venza la cláusula".

Similar fue el análisis de su colega Ezequiel Asencio, economista y director de Balanz Capital, en declaraciones a El Cronista: "Lo bueno de salir del default, con la restricción externa, era suavizar el camino a 2015. Hoy el default te lo hizo peor. Se sobredimensionó la posibilidad de que Argentina se iba a sentar a negociar. Se fue cayendo, y ahora el miedo a la aceleración. La RUFO (la cláusula que impide a la Argentina pagar más a los holdouts que a los bonistas que entraron a los canjes 2005 y 2010, al menos hasta enero próximo) era una excusa. Ahora queda claro que el default es default y que se va a sufrir la cesación de pagos hasta que Cristina Kirchner no se vaya del gobierno”".

SE SOBREDIMENSIONÓ LA POSIBILIDAD DE QUE ARGENTINA SE IBA A SENTAR A NEGOCIAR

Para el economista Fausto Spotorno, de OJF, la medida "desde el punto de vista de la economía, no soluciona el problema de la falta de dólares”".

La decisión de la Casa Rosada también fue objetada a través de las redes sociales por economistas como Rodrigo Álvarez y José Luis Espert.

Álvarez, de la consultora Analytica, consideró que "esto sí que es una herencia para el próximo Gobierno: están dinamitando el acceso al principal mercado de capitales del mundo", dijo, y manifestó que "por estatuto, la jurisdicción tiene que ser Nueva York".

En tanto, Espert opinó que "el envío de Cristina Kirchner de un proyecto de ley para cambiar de jurisdicción demuestra que la RUFO no era motivo para desacatar a Griesa". "El Congreso es copartícipe del fracaso del canje de deuda de Kirchner. No puede ser copartícipe de que por ley Argentina país desacate un fallo" de la Justicia norteamericana, indicó Espert.

Para hacer el Metrobus reducirán los carriles de autos y hay polémica

Por Federico Ambrosio - Clarin.com
Tránsito y transporte Será un corredor exclusivo para colectivos, combis y micros que estará en el medio de la traza. La obra costará $ 312 millones y demorará un año. Al estrechar los carriles, aumenta el peligro de accidentes a una velocidad de 100 km/h.
Cómo es hoy. En la hora pico, la Autopista 25 de Mayo muestra el complicado tránsito de las Metrópolis./ JUAN JOSE TRAVERSO
Cómo es hoy. En la hora pico, la Autopista 25 de Mayo muestra el complicado tránsito de las Metrópolis./ JUAN JOSE TRAVERSO

En horas pico, transitar por la autopista 25 de Mayo puede resultar un calvario: la cantidad de autos que circulan es tal que, por momentos, no se pueden superar los 20 km/h. Una velocidad absurda para una vía diseñada para transitar a 80 o 100 km/h. Por esa traza circulan cerca de 9 mil vehículos todos los días. Y como anticipó Clarín, el Gobierno porteño anunció reformas que despertaron polémica al anunciar la creación de un carril exclusivo para el transporte público sobre la autopista. Será un carril doble de 7,5 kilómetros de extensión que comenzará a la altura de la avenida Entre Ríos y finalizará en los peajes de Dellepiane y Parque Avellaneda. La obra llevará un año, costará $ 312 millones y beneficiará a seis líneas de colectivos que hasta ahora corren por el carril más lento.

Pero ¿cómo se planea construir ese carril? Ganando espacio a los carriles ya existente, que hoy tiene un ancho de 3,50 metros. Los quieren reducir a tres metros, lo que puede ocasionar accidentes cuando se va rápido, a 100 km/h. Hoy el tránsito pesado y liviano pueblan esta arteria elevada que conecta el oeste del conurbano con el centro de Buenos Aires. La autovía, a lo largo de sus 9,5 kilómetros, atraviesa los barrios de San Telmo, Constitución, San Cristóbal, Boedo, Parque Chacabuco, Flores y Parque Avellaneda.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad propuso crear un nuevo ramal del Metrobus que circulará por el carril especial que correrá por el medio de la autopista con sentido reversible, según la hora del día. Por la mañana, el tránsito se moverá hacia el centro; por la tarde, hacia el conurbano. Según las autoridades de la Dirección de Transito porteño, “para mediados del año que viene, colectivos, combis y servicios de emergencia (ambulancias, bomberos y policías) que hoy transitan mezclados con los autos de la autopista, irán por este doble carril exclusivo sin detenerse en los peajes”. Con esta obra buscan mejorar los tiempos del recorrido para el transporte público casi a la mitad. Pero otros dudan de su eficacia .

Hasta ahora, el 4% de los vehículos que circulan por la autopista elevada es transporte público y mueve casi el 50% del total de los pasajeros que la transitan diariamente. La razón: los colectivos transportan entre 40 y 50 personas cada uno, mientras que los automóviles llevan a 1,3 pasajeros en promedio. Así, los colectivos resultan 10 veces más eficientes que los autos en lo referido a la ocupación de espacio en cualquier parte del mundo.

El nuevo Metrobus se lograría manteniendo los cuatro carriles existentes en cada mano de la autopista pero reduciendo su ancho. Hoy miden 3,50 metros porque siguen los estándares de las rutas nacionales. Para lograr el doble carril central de uso exclusivo, el ancho de las vías actuales se reducirá a 3, lo que permite generar espacio pero “aprieta” el tránsito rápido.

Con una inversión de $ 312 millones y una obra que demandará por lo menos un año, el Gobierno de la Ciudad pretende reducir los tiempos de transporte público 15 minutos, lo que podría aumentar su demanda en un 50%. Hoy, para ir desde la Avenida 9 de Julio hasta la Perito Moreno por la AU 25 de Mayo, en hora pico, un colectivo puede tardar unos 37 minutos aproximadamente. Las autoridades de la Dirección General de Transporte porteña aseguran que “cuando se implemente este corredor rápido, el tiempo se reducirá a casi 22”.

Para empezar, seis líneas de colectivos circularán por el carril. Desde la Autopista Dellepiane ingresarán dos líneas: la 86 (Ramales E y F), que va desde La Boca a González Catán, y la 96 (Servicios semirrápidos A, E, G y H), que une Constitución y La Matanza. Desde la autopista Perito Moreno, ingresarán las líneas 8 (Ramal D), 53 (Ramal E), 57 (Ramal O) y 96 (Servicio semirrápido C).

La iniciativa también incluye una solución para el servicio de combis. De las 17 empresas que hoy utilizan el corredor, 6 circulan por la autopista Dellepiane y 11 por la Perito Moreno. Con la implementación del carril exclusivo ya no podrán ingresar unidades sin autorización correspondiente. Como objetivo secundario, el Gobierno porteño busca controlar que las unidades tengan los papeles en regla.

La realización de la obra requiere tres modificaciones principales a la autopista existente. La primera es la creación del carril exclusivo en el centro de la calzada actual. Este carril de 6 metros de ancho permitiría el sobrepaso de vehículos en caso del desperfecto de alguna unidad o de una emergencia.

Es para eso que los carriles actuales se reducirán en ancho manteniendo los respectivos sectores de detención sobre la mano derecha de cada dirección. La división entre el sector para transporte privado y público se realizará con separadores de hormigón armado. Además, en algunos tramos de la autopista serán necesarias correcciones al peralte del carril exclusivo, pero el resto de la calzada podrá mantener las condiciones actuales.

La segunda modificación necesaria es el ensanche del carril central cuando la autopista pasa sobre Plaza de los Virreyes, entre la finalización del terraplén del peaje de Dellepiane y Avenida San Pedrito. Allí será necesario construir, en forma independiente, una mano más de autopista para compensar el estrechamiento que se produce en el sector. Debido a la coincidencia con el túnel del Subte E, no se pueden realizar obras sobre la estructura existente. Por eso, el ensanche se realizará sobre el lateral, de mano hacia el centro, con una estructura independiente. “No será necesaria la expropiación de ninguna propiedad lindera a la autopista” indicaron las autoridades del GCBA.

La tercera modificación será la construcción de un túnel en trinchera de 460 metros de largo, 6 metros de ancho y 4,20 de alto que vinculará la autopista con el peaje de Parque Avellaneda que da acceso a la Perito Moreno.

Emfer y Tatsa, la enorme fábrica olvidada sobre General Paz que incomoda al kirchnerismo


Por Guido Molteni | LA NACION
La planta de trenes y colectivos vinculada al grupo Cirigliano produce al 5% de su capacidad y está a la deriva; los trabajadores piden la reestatización; los puntos clave para entender un conflicto complejo

La fábrica produce al cinco por ciento de su capacidad. A veces, ni eso. El enorme predio de Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y Tecnología Avanzada en Transporte (Tatsa), ambos vinculados al grupo Cirigliano, descansa como un gigante dormido al costado de la General Paz, en el límite entre San Martín y la Ciudad. 
Allí, mientras los 422 trabajadores esperan que se les asignen tareas, avanza un vaciamiento silencioso en las oficinas y la fábrica que en la última semana llegó al punto de que intentaron llevarse los dispensers de agua.

Los empresarios Mario y Claudio Cirigliano, procesados como responsables por las 51 muertes en la tragedia de Once , tenían el negocio perfecto: reparaban y fabricaban trenes con subsidios estatales para las mismas líneas que ellos operaban, hasta que -luego del siniestro- el Estado les quitó las concesiones.

Desde aquel momento, disminuyó el ritmo de pedidos a la fábrica y la compra millonaria de formaciones a China impulsada por el Ministro de Transporte Florencio Randazzo fue el tiro de gracia. El último pedido grande que tuvieron los operarios fue la fabricación y reparación de 67 coches entre noviembre de 2012 y febrero del año pasado. Después de eso, y a pesar de que tenían la capacidad para seguir produciendo, los trabajos cayeron por goteo.



Ante el posible cierre de la fábrica, los trabajadores visualizan como única salida la reestatización ya que, según ellos, están las maquinarias y la capacidad para producir y reparar en el país los mismos trenes que se les compra a China. "Más allá de que la compra de vagones en el exterior genera un problema a la industria nacional en su conjunto, nosotros entendemos que la reestructuración del sistema ferroviario debe continuar y tenemos la capacidad para fabricar distintos tipos de coches, pero no vemos como operador al grupo Cirigliano por todo el daño que le hizo al país. El que se tiene que hacer cargo es el Estado, que siempre fue nuestro único cliente", señala en diálogo con LA NACION Ezequiel Peralta, delegado de Emfer.

DIVISIONES EN EL KIRCHNERISMO
La propia idea de reestatización genera incomodidad y desnuda las divisiones internas dentro del kirchnerismo. Por un lado, el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde se reunió con los trabajadores y se habría comprometido a presentar un proyecto de ley en ese sentido. Sin embargo, no tendría el visto bueno de su espacio ya que algunos dicen que hoy el negocio se encuentra en China.

Por el otro, la posibilidad de que el conflicto se agudice y que los trabajadores vuelvan a cortar la General Paz también inquieta al FPV. La última vez que eso sucedió hubo una fuerte represión de la Gendarmería que provocó duras críticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky , y terminó con un enfrentamiento público entre el diputado K Leonardo Grosso y el Secretario de Seguridad, Sergio Berni.

Otro actor que interviene en el conflicto es Antonio Caló. El líder de la CGT alineada con el Gobierno y jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aportó en julio pasado medio millón de pesos de las arcas de su gremio para bajar el clima de tensión y adelantar parte de los sueldos adeudados a los trabajadores. Pero su mediación no estaría dando buenos resultados: desde el Gobierno le dieron a entender que una reestatización de la fábrica abriría la posibilidad de un juicio millonario de los Cirigliano contra el Estado, riesgo que el kirchnerismo no estaría dispuesto a correr.


Según precisaron a LA NACION fuentes oficiales, hoy parte de los salarios de los empleados se garantizan con subsidios que otorga el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los operarios denuncian que los pagos se realizan fuera de término, de forma no remunerativa y sin cobertura en las obras sociales.


Cuatro de los delegados de Emfer y Tatsa, en la entrada que la fábrica tiene en Savio. Foto: Sebastián Rodeiro

En una situación de ajuste generalizado, donde hay una avanzada fuerte contra los trabajadores como lo fue en Gestamp o Lear, por poner dos ejemplos, creemos que seguir así tiene fecha de vencimiento y buscamos una solución de fondo que garantice los puestos de trabajo. Peleamos por nuestras familias, pero también sabemos que nuestra lucha puede servir de ejemplo para los demás trabajadores", remarca Adrian Escalante, delegado de Tatsa.

CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO

Patria o China. La Argentina colocó hasta hoy más de 1180 millones de dólares en la industria ferroviaria china, según datos del Monafe. Además, el año pasado se emitieron Letras del Tesoro Nacional en dólares para adelantarle el 70% (228.900.000 de pesos) a la corporación estatal china CSR por la adquisición de 300 coches para la Línea Roca. Según los especialistas, estos vagones podrían ser fabricados en Emfer.

Expropiación. Antes de la compra del grupo Cirigliano, el enorme predio donde hoy funcionan Emfer y Tatsa pertenecía al Estado y era de fabricaciones militares. "Decimos reestatización y expropiación por eso, porque sabemos que el grupo le compró el predio al Estado de manera irregular, en los 90, y se quedó con las máquinas que hoy siguen funcionando para fabricar los trenes. Entonces pedimos que se haga una auditoría y se compruebe el fraude para que el predio y las maquinarias vuelvan a ser del Estado", denuncian los trabajadores.

Lucha de conjunto. "Con los trabajadores de Tatsa estamos en el mismo predio y somos lo mismo, tenemos al mismo patrón, mismos recursos humanos y nacimos de la misma manera. Los colectivos se empezaron a fabricar en Emfer y luego Cirigliano decidió dividir las fábricas y utilizar los subsidios del Estado para las dos cosas. Esta pelea es de conjunto y la estatización nos tiene que incluir a todos", explica a LA NACION Julián Radic, delegado de Emfer. 

EL MISTERIO DEL GIGANTE CHINO Y LAS CAUSAS EN LA JUSTICIA 
 
"Absolución para los delegados", dice la bandera que flamea sobre la General Paz. Foto: Sebastián Rodeiro
El misterio del gigante chino. Si bien en febrero había circulado la noticia de que la gigante corporación estatal china CSR había comprado la fábrica, nunca hubo una confirmación oficial y los trabajadores siguen dependiendo de la misma firma. Por ese motivo, LA NACION intentó comunicarse con los directivos de Emfer y Tatsa, pero se abstuvieron de hacer declaraciones respecto del conflicto.  
La mejor defensa... Pocos días después de la tragedia de Once, el 19 de marzo de 2012 a la madrugada, se incineraron dentro de Emfer volquetes enteros llenos de documentos internos de TBA que los trabajadores recuperaron y entregaron al juez Claudio Bonadio. Por esto, Claudio Cirigliano fue detenido acusado de "intentar obstruir en la causa" a raíz de la desaparición de documentos que investigaban los peritos contables. Dos años después, la causa que avanza es una denuncia presentada por Cirigliano contra los trabajadores que recuperaron las pruebas de los documentos quemados, a los que acusa de "robo agravado en poblado y en banda", por entregar los documentos al magistrado citado. Por esta causa, los delegados deberán declarar este jueves en el juzgado federal de San Martín.

Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución


Por Fabiola Czubaj | LA NACION
Un equipo de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara compiló información sobre los recursos naturales y los servicios derivados que exigen una reacción rápida para evitar una pérdida irreversible
Hay imágenes que hablan por sí solas. El desmonte sin límites en el norte del país, de cazadores que ostentan cueros de especies protegidas al borde de una ruta, de yacimientos arqueológicos sin proteger o de basurales a cielo abierto con el cartel que prohíbe arrojar residuos son algunas de las pruebas de las 10 urgencias ambientales que exigen una rápida solución.

La Fundación de Historia Natural Félix de Azara compiló información de fuentes oficiales, ONG, investigaciones y una decena de expertos de primer nivel para definir la deuda medioambiental. A los cuatro meses, finalizó el informe Lineamientos para una política ambiental nacional 2015-2019.

"Debería existir más integración entre las áreas de ciencia, turismo y ambiente para revalorizar nuestros recursos. En algunos temas, no hay mucho tiempo para seguir perdiendo, como son los sitios arqueológicos y paleontológicos, las especies como el yaguareté o el venado de las pampas, la deforestación y la basura", sostuvo Adrián Giacchino, director de la Fundación Azara (Universidad Maimónides). "No se puede recurrir sólo a la buena voluntad de la gente para cuidar el medio ambiente", insistió.

Con él, trabajaron el naturalista Claudio Bertonatti y la licenciada Marina Homberg. "No es ningún descubrimiento trascendental, sino que estamos mostrando que nunca pasamos de las campañas a los hechos -indicó Homberg-. Quisimos resumir lo conocido, con más o menos debate, pero en puntos bien concretos con el anhelo de que los distintos niveles de responsabilidad, incluidos los organismos gubernamentales, las ONG y los ciudadanos, empecemos a trabajar. Cada uno, con nuestras decisiones, podemos modificar el entorno."

El doctor Jorge Crisci, miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, no participó del relevamiento, pero leyó el informe: "Propone algo extremadamente necesario para el país y la humanidad porque las grandes catástrofes de las que estamos siendo testigos ocurren por el maltrato que le estamos dando al medioambiente". Incluyó en la lista al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o las enfermedades emergentes. "Pensar la Argentina en términos ambientales es un gran puntapié inicial para el futuro del país", dijo Crisci, que también es jefe de la División Plantas Vasculares del Museo de La Plata y recibió el Premio Investigador de la Nación Argentina.

A continuación, las 10 urgencias ambientales.
1. EL AGUA
 
Foto: LA NACION 
Los hogares argentinos aún están lejos de alcanzar uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU: que por lo menos el 90% de la población cuente con agua potable para el año que viene. Las cifras oficiales indican que el acceso a agua de red y cloacas habría crecido del 51 al 82,6% en cuatro años, lo que aún empuja a la población de barrios o asentamientos a recolectar agua insegura para la salud

SOLUCIÓN: Extender la red de suministro y cloacas a las áreas donde hoy es técnicamente posible. Esto superará la meta de acceso.

2. LOS RESIDUOS
 
Foto: LA NACION 
Existen más de 3000 basurales a cielo abierto, donde conviven residuos domiciliarios e industriales. Están en más del 70% de los municipios con menos de 10.000 habitantes y el 50% de los de más de 100.000 habitantes. Esta "tradición" argentina de no organizar la disposición de los desechos ni fomentar la separación y el reciclaje de los residuos (el 40% es potencialmente reutilizable) aumenta la contaminación del aire, el suelo y el agua con un alto riesgo sanitario.

SOLUCIÓN: Fomentar la separación de los residuos y el reciclado de materiales, identificar a los grandes generadores de desechos, aplicar la ley de gestión de residuos domiciliarios y eliminar los basurales a cielo abierto.

3. LA ENERGÍA
 
Foto: LA NACION 
El viento costero y patagónico, la luz solar y el agua son recursos naturales aún desaprovechados. "El modelo vigente y su tendencia nos alejan de poder diversificar la matriz energética", dicen los autores del informe. En 2012 (el último período para el que obtuvieron datos), las pequeñas centrales hidroeléctricas activas aportaron 92 MW y las centrales eólicas y solares fotovoltaicas, 118 MW (ese año, España obtuvo 21.288 MW del viento). El uso de la energía tampoco es tan eficiente en los hogares, la industria y el alumbrado público (sólo la ciudad y la provincia de Buenos Aires poseen un plan de reemplazo de las luces de las calles con lámparas de alta eficiencia).

SOLUCIÓN: Ampliar el uso de las etiquetas de eficiencia energética más allá de los electrodomésticos, instalar atenuadores de potencia en el sistema de alumbrado público del país, educar a la población en el consumo responsable y promover la coproducción industrial de energía eléctrica y térmica a partir de un solo combustible.

4. LA MINERÍA
 
Foto: LA NACION 
Mientras a comienzos de los 90 en el país operaban siete empresas internacionales, en 2005 pasaron a ser 55 y aumentaron desde entonces, con un alto nivel de conflictividad social y sin definir las áreas de explotación minera para proteger los ecosistemas, la flora y la fauna autóctonos ni las fuentes naturales de agua dulce.

SOLUCIÓN: Prohibir la actividad minera en las áreas naturales protegidas y limitarla cerca de esas zonas y de sitios con gran biodiversidad o que provean de agua dulce a pueblos y campos. 
5. LOS BOSQUES Y LAS SELVAS
 
Foto: LA NACION 
En un siglo, la Argentina perdió 73 millones de hectáreas de bosques selvas. La última cifra oficial es de 2011: hay 27 millones o menos de hectáreas verdes nativas. Para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds), esa pérdida muestra "una aceleración del proceso en las últimas décadas". En varias provincias avanzan con los desmontes más allá de las zonas aprobadas y hay ecorregiones desprotegidas, como la del monte de llanuras y mesetas (desde San Juan hasta Chubut), la espinal (llanura chaco pampeana) o los bosques de caldén (La Pampa) y de los talares (Buenos Aires).

SOLUCIÓN: Hacer cumplir la ley de bosques, respetar el presupuesto del fondo nacional para la conservación de los bosques (se cubre el 10%) y sancionar una ley para que las provincias restauren no menos de 10.000 hectáreas de áreas forestales degradadas, en especial en el Chaco húmedo, el Chaco seco, la selva misionera, la llanura chaco pampeana y el monte de llanuras y mesetas.
6. LOS GLACIARES
 
Foto: LA NACION 
Menos el Perito Moreno y el Spegazzini, la mayoría de los glaciares de la Patagonia y Cuyo están en retroceso, principalmente por el cambio climático. El tamaño de los glaciares Alerce, Upsala, Frías y Lanín disminuyó, y los del complejo Onelli-Bolados hasta dejaron de estar conectados. El glaciar Frías, por ejemplo, perdió en 19 años unos 0,4 kilómetros cuadrados.

SOLUCIÓN: Actualizar y publicar con regularidad el Inventario Nacional de Glaciares, con prioridad en las provincias mineras. 
7. LA PESCA COMERCIAL
 
Foto: LA NACION 
No se controla el cumplimiento de la veda de pesca de la merluza común, una especie con "síntomas de exceso de explotación", según admite la Sayds. La Merluccius hubbsi, la merluza de cola, la anchoíta y la caballa son las principales especies de pesca comercial (en 2011 se extrajeron 700.000 toneladas y se exportó por 1300 millones de dólares). Salvo la anchoíta, que está subexplotada, las otras especies, más el calamar, el langostino y la vieira, demandan medidas de conservación.

SOLUCIÓN: Elaborar un inventario nacional de las especies de valor comercial, revisar el estado de sus poblaciones, proyectar la captura aceptable por jurisdicciones y prohibir el uso de técnicas de pesca indiscriminada. 
8. LAS ÁREAS PROTEGIDAS
 
Foto: LA NACION 
La actual ley de parques nacionales no alcanza a los sitios arqueológicos e históricos, que son 20 yacimientos y lugares con alto valor cultural. Los parques y las reservas naturales protegidas son el 9,5% del territorio y deberían ser el 15 por ciento. Los monumentos históricos cuentan con una ley que los declara como tales, sin más protección ni contexto natural (capillas rurales, campos de batalla, postas o fuertes). El patrimonio natural y cultural incluye más de 2500 especies de vertebrados, 20.000 especies vegetales, 400 parques nacionales y provinciales, 970 monumentos históricos y 1000 museos. 
SOLUCIÓN: Modificar la ley de parques nacionales para proteger los sitios arqueológicos e históricos, incorporar un nuevo parque nacional por año y apoyar a las provincias y los municipios para crear 23 parques provinciales y 40 reservas municipales en cuatro años, poner en valor 40 monumentos históricos y formar educadores ambientales. 
9. LA FAUNA SILVESTRE
 
Foto: LA NACION 
Continúa la caza de especies permitidas y prohibidas, incluidas las que están en peligro de extinción, mientras que los cupos o vedas se fijan arbitrariamente y los permisos de caza se otorgan sin examen previo. La mayoría de las colecciones de animales silvestres vivos o zoológicos no cumplen con las recomendaciones internacionales de conservación, rescate de la fauna autóctona y educación.

SOLUCIÓN: Elaborar un inventario nacional y estadísticas de las especies que afectan la caza deportiva y comercial. Relevar sus poblaciones. Sancionar una ley que unifique los criterios con los que funcionan zoológicos, acuarios, oceanarios y jardines botánicos. 
10. LAS LEYES AMBIENTALES
 
Foto: LA NACION 
A pesar de contar con legislación ambiental importante, es alto su incumplimiento con "un amplio repertorio de actividades ilícitas" sin sanción.

SOLUCIÓN: Aplicar las leyes ambientales vigentes para desalentar su violación (caza y comercio ilegal de especies, contaminación, incendios forestales, basurales a cielo abierto, entre otros) y alentar a las instituciones, las organizaciones y los ciudadanos que cuidan los recursos naturales. 

Denuncian tratos desiguales en los juicios contra militares

Por Mariano De Vedia | LA NACION - Twitter: @mdv2011

Solanet inauguró el encuentro; lo acompañan Latorre, Palacios Hardy y Buchszer Cabriles. Foto: AAJC

Con el propósito de revertir el "quiebre de principios jurídicos elementales" y las desigualdades en los procesos en que se investigan crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, comenzó ayer el Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad, que reunió a unas 250 personas, en su mayoría militares retirados, abogados y familiares de detenidos.

El encuentro fue organizado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia en el hotel Meliá, de Retiro, en una convocatoria que tuvo alcance regional y que motivó una fuerte protesta de Quebracho, que se movilizó al lugar. Militantes de la agrupación se agolparon y se hicieron sentir durante veinte minutos, frente a las vallas colocadas a 50 metros de la sede del encuentro, en medio de un vistoso operativo de seguridad.

"Se ha predicado el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nada la hubiera provocado", planteó en el discurso de apertura el presidente de la asociación, el abogado Alberto Solanet, al advertir sobre los riesgos y consecuencias de una Justicia "sometida a un manipuleo ideológico y degradada gravemente por los avances de la corrupción política".

Solanet detalló que más de 1800 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron encarcelados, y que unos 260 murieron en paupérrimas condiciones de detención. "Se niegan excarcelaciones, libertades condicionales, salidas transitorias, detenciones domiciliarias y otros beneficios", advirtió.

El orador hizo extensiva esta situación a varios países de América latina -Venezuela, Chile y Bolivia, entre otros-, como resultado de "una visión asimétrica" compartida por los gobiernos de la región. Citó el caso del presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos, Víctor Hugo Velasco, a quien el gobierno de Evo Morales no le permitió viajar a Buenos Aires para participar del foro. Estuvieron presentes el ex jefe de la SIDE y escritor Juan Bautista Yofre, Cecilia Pando, militares retirados y delegados de instituciones de otros países.

VISIÓN GENERALIZADA

Gerardo Palacios Hardy, vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, leyó una carta de Jaime Smart, ex juez de la Cámara Federal en lo Penal, que dictó más de 2000 condenas y procesamientos hasta que el tribunal fue disuelto en 1973. Encarcelado en 2008, al ser acusado de delitos de lesa humanidad -el otro camarista, Jorge Vicente Quiroga, fue asesinado en 1974 en un ataque reivindicado por el ERP-, Smart denunció en su carta, enviada desde el penal de Marcos Paz, la "grosera tergiversación" de la historia.

"En la Argentina, sin pegar un solo tiro, han consumado la revolución más profunda y destructiva de la historia", resumió. Y transmitió su preocupación por un proyecto de ley del diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, que propone "prohibir a los futuros presidentes que firmen indultos, amnistías o conmutaciones de penas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad".

En voz baja, uno de los presentes en el foro comentó: "Es prohibir el perdón. Y es admitir que la amnistía de 1973 fue un error". El proyecto no pudo ser tratado ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por falta de quórum.

Solanet valoró especialmente el voto en disidencia de la fallecida jueza de la Corte Carmen Argibay en la derogación del indulto a los jefes militares. "La cosa juzgada es la garantía de las personas de no ser procesadas dos veces por el mismo delito y este principio tiene preeminencia porque es el fundamento de la existencia misma del Poder Judicial."

Expositores de Chile, Venezuela, Uruguay, Perú y Colombia reflejaron escenarios similares. "Una vez recobrado el orden, los terroristas cobran y los militares van a presión", resumió el capitán de navío retirado chileno Adolfo Paúl Latorre. Y el contralmirante venezolano Elías Augusto Buchszer Cabriles, ex jefe de la Armada de su país, apuntó contra el Foro de San Pablo, que favoreció la consolidación del régimen chavista en Venezuela..

El Gobierno sembró casi 72% de soja en tierras de las Fuerzas Armadas

Por Fernando Bertello - LA NACION - En el ciclo 2013/2014 se plantaron, tras un convenio entre Defensa y el INTA, 13.357 hectáreas; es exactamente lo contrario de lo que proclama el discurso oficial
El Gobierno, que en el conflicto con el campo de 2008 demonizó la soja y luego criticó su monocultivo porque los productores plantan 60% de la superficie agrícola con este grano, también le gusta sembrar soja, y en un alto porcentaje.

En la última campaña, 2013/2014, las Fuerzas Armadas sembraron con soja casi 72% (exactamente 71,66%) del área bajo cultivo en campos de su propiedad. Fueron 13.357 hectáreas, sobre un total cultivado de 18.639 hectáreas en tierras que esas fuerzas tienen en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.
En julio de 2013, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ahora ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, firmaron un convenio con el fin de, entre otras actividades, mejorar la productividad agropecuaria en los establecimientos de las Fuerzas Armadas.

Eso representó un cambio de modelo respecto del alquiler a terceros de tierras castrenses y el Estado tomó el control total de la siembra.

LA NACION accedió al convenio y a los datos sobre la superficie sembrada en el ciclo 2013/2014 a través de un pedido de acceso a la información pública realizado ante el Ministerio de Defensa.

Por cultivo, entre soja que se hace en primera siembra (octubre) y segunda (noviembre/diciembre) las fuerzas armadas sembraron 13.357 hectáreas. Después, con maíz, fueron 3876 hectáreas, 20,80% del total. Entre trigo, girasol, sorgo y cebada correspondió el 7,54% restante (1406 hectáreas).

¿Por qué soja en un alto porcentaje? En Defensa lo atribuyen a una cuestión de plazos de siembra.

El acuerdo se firmó a mediados de julio, a pocas semanas de concluir la siembra de trigo. De este cultivo sólo se hicieron 347 hectáreas en el establecimiento Los Cerrillos, de la Armada, en Azul.

Sin embargo, se podría haber intentado hacer más maíz, que se puede implantar entre septiembre y diciembre.

"Los campos tienen un programa de rotación de cultivos en cada potrero buscando sustentabilidad del recurso y el cumplimiento de las normas ambientales [al respecto, en 2010 la ex ministra de Defensa Nilda Garré estableció en una norma pautas, entre otros puntos, para la aplicación de agroquímicos por parte de quienes alquilaban tierras]", afirmó Sergio Rossi, jefe de Gabinete de Defensa.



"Por estar definiéndose los nuevos marcos normativos, llegamos con los plazos de siembra muy ajustados y se procedió conforme a los criterios productivos más razonables para cada caso. La elección de los cultivos no está guiada por el criterio de maximización de la renta agrícola. También incidió la sequía al momento de la siembra de maíz de primera [en septiembre], lo que hizo que algunos lotes destinados a maíz se sembraran con soja", agregó. Explicó que se utiliza soja transgénica y glifosato.
Por fuerza, entre los diferentes cultivos (soja, maíz, sorgo, trigo, girasol y cebada) la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército sembró 13.571 hectáreas (73% del total); la Fuerza Aérea, 2962 hectáreas, (16%) y la Armada, 2106 hectáreas (11%).
Al momento de contestar el Ministerio de Defensa a la nacion se proyectaba un resultado neto de $ 40,69 millones de pesos. Con ello se cubrirán costos y se reinvertirá.
Parte de lo producido se usará para consumo propio, según el producto, y otra se comercializará para conseguir otros productos.
"El Ejército destina a sus comedores de tropa carne, arroz, membrillo y duraznos. En el caso de la Armada, ha resultado más conveniente comercializar su producción de carnes y granos a través de Intea y adquirir las raciones. En ambos casos, parte de la producción de granos, fundamentalmente avena y maíz, se retiene para alimentación de equinos y mulares y engorde de bovinos para consumo [la Armada, según Defensa, posee 15.193 cabezas de ganado]", graficó, y agregó: "Las Fuerzas pueden comercializar producciones a través de subastas públicas".

GOBIERNO Y CAMPO, JUNTOS

Entre las cuentas hay una comisión de $ 5.839.280 para Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea), que está en la gestión y administración con apoyo de técnicos del INTA.

Intea es una entidad privada conformada en su mayoría por el INTA, y también tiene entre sus accionistas a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, entidades de la Comisión de Enlace con las cuales el Gobierno está enfrentado. Cada una no tiene más del 1% como accionista. Pese al enfrentamiento Gobierno-campo, aquí de algún modo hay un trabajo conjunto.

Si en la campaña 2013/2014 la soja fue predominante con casi 72%, para 2014/2015 será un 43%, considerando las fechas de primera (23%) y segunda siembra (20%).

De 24.060 hectáreas entre todos los cultivos, la soja ocupará 10.164 hectáreas. Caerá 3193 hectáreas. Igual, sigue al frente de la siembra con su dos épocas de siembra.

Crecerá el trigo, que de 347 hectáreas del ciclo pasado saltará a 6865 hectáreas y representará el 29% del total. Con maíz habrá 3913 hectáreas (16% del total), 37 hectáreas más que la cosecha 2013/2014. Si se suman el trigo y el maíz, dos cultivos clave para la sustentabilidad y la rotación en el suelo, entre ambos harán el 45% del área total, 2 puntos más que la soja.
UN ACUERDO A LARGO PLAZO
- 5 años es la duración del convenio entre el Ministerio de Defensa y el INTA para las actividades de cooperación, entre otras, la mejora de la producción en tierras castrenses, prorrogable por otros cinco años
- 73% de las hectáreas sembradas en el último ciclo entre todos los cultivos (soja, maíz, sorgo, trigo, girasol y cebada) corresponden a tierras del Ejército.

martes, 19 de agosto de 2014

Incorporarán 16 hectáreas a la Reserva de Costanera Sur

(Clarin.com) - Para la primavera También recuperan el Espigón Plus Ultra, que fue la entrada original hasta 2002, cuando quedó en abandono por la crisis.
Panorama. La vista desde el Espigón Plus Ultra ofrece otras panorámicas de la Ciudad. / FOTOS: NESTOR GARCIA
 Panorama. La vista desde el Espigón Plus Ultra ofrece otras panorámicas de la Ciudad. / FOTOS: NESTOR GARCIA

Con la llegada de la primavera, la Reserva Ecológica incorporará 16 nuevas hectáreas y a la vez volverá a habilitarse el ingreso por la entrada original (denominada Entrada Brasil), que incluye al Espigón Plus Ultra, de 1918, frente a la Fuente de las Nereidas, esculpida por la reconocida artista tucumana Lola Mora.

El anuncio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, al referirse al predio de 350 hectáreas en el que conviven gran variedad de especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos y plantas, habla de la “Nueva Reserva”. En realidad, esos terrenos siempre estuvieron dentro del notable humedal, solo que permanecían afectados a un playón de hormigón desde donde se preparaban mezclas de cemento para distintas obras de la Ciudad y que fue elegido pero luego descartado como estacionamiento para camiones de basura, justamente porque se trata de un lugar preservado.

Así, han comenzado a remover tierra fértil para rellenar ese sector, que sumará espacios verdes al gran parque natural. Según explicaron, el área será destinada a fines didácticos, ya que al menos durante los primeros meses, sólo se podrá ingresar con visita guiada. Para esto, se construyó un estanque que recrea el hábitat de las tortugas, se plantaron especies vegetales autóctonas en los canteros, y además, se construirá un estacionamiento dentro del predio para facilitar el acceso de los transportes escolares. El lugar también posee nuevos miradores que permiten contemplar y disfrutar de la Ciudad desde distintas perspectivas.

Al mismo tiempo, la entrada original por el Espigón Plus Ultra volverá a funcionar tras haberse cerrado en 2002 por su estado de abandono. Esta notable pieza que entra hacia la Reserva y que fue, como su nombre lo indica, un espigón que antiguamente daba al Río de la Plata, y que en 1926 incorporó el Monumento al Plus Ultra, un hidroavión español que ese año cruzó por primera vez el Atlántico desde España hasta Buenos Aires. Para la recuperación del espacio se contempló la reparación de los solados, el recambio de luminarias, la reparación de los bancos y la pintura de las barandas, la puesta en valor de los alrededores y limpiar la estatua de los grafitis. Además, el viejo Espigón cuenta con unos vestuarios que serán utilizados para la seguridad, mantenimiento y área para los guardianes, y se sumarán cámaras de vigilancia para la prevención de delitos. Así se actualizará unos de los espacios preferidos de los porteños.

La malsana dependencia de los planes sociales

Editorial I del diario La Nación
Muchos de los programas de ayuda económica han dejado de ser un paliativo para conspirar directamente contra la cultura del esfuerzo y del trabajo

Cada año que pasa el Gobierno dispone de más dinero para sostener una multiplicidad de planes sociales. La cifra es elocuente: en 2013 se administraron, sin exigir contraprestaciones, 58 planes sociales a más de 16 millones de beneficiarios por un valor de 74.000 millones de pesos. Para 2014, ya son 60 programas de ayuda social para 18 millones de beneficiarios, con un presupuesto de 120.000 millones de pesos.

Si se compara esa cantidad de beneficiarios con el total de la población del país, podría decirse que más del 40 por ciento de los habitantes recibe algún tipo de ayuda estatal que no debe devolver ni siquiera con servicios. Probablemente, el porcentaje sea menor por la sencilla y polémica razón de que, muchas veces, una persona recibe más de un plan asistencial.

La paradoja es notoria: un gobierno que se jacta de haber recuperado el salario, reducido la pobreza y ampliado la oferta educativa y de empleo, entre otros tantos presuntos logros de la declamada década ganada, insume cada año una porción mayor del presupuesto en atender a aquellos que no alcanzan a subsistir con sus magros ingresos o que ni siquiera tienen trabajo, a los que arañan niveles mínimos de educación y a los que no acceden a los más básicos servicios de salud, entre otras tantas falencias deliberadamente silenciadas.

A esos programas se suman las numerosas pensiones graciables que otorga el Estado, los planes de trabajo escasamente controlados, la discrecionalidad en el otorgamiento de las ayudas, su uso político clientelar y su perennidad. Cuando un país necesita perpetuar la asistencia social es porque no tiene la capacidad de generar las condiciones básicas para que sus habitantes procuren por sí mismos su manutención y ascenso social. Cuando la ayuda reemplaza a la oferta laboral, la dependencia económica se hace hábito, se violenta la dignidad de las personas y sus perspectivas de futuro se encogen hasta hacerse invisibles. Si la ayuda, la asistencia o el subsidio pierden su condición de paliativo, el problema se agrava no sólo porque desnuda la profundidad de la crisis, sino porque evidencia que las autoridades carecen de las herramientas para superarla o, peor aún, porque no les conviene políticamente romper con ese estado de dependencia malsana.

Una reciente investigación de Marcos Hilding Ohlsson, de la Fundación Libertad y Progreso, revela que la institución pública que más planes otorga es la Anses (18 programas con casi 14 millones de beneficiarios y un presupuesto de 61.000 millones de pesos para el corriente año). En 2013, llevaba la delantera el Ministerio de Desarrollo Social, con un presupuesto de 33.000 millones de pesos. La Anses, que sistemáticamente apela las sentencias judiciales que reconocen deudas a los jubilados, es la que más compromete sus recursos en planes que no debieran ser tantos ni dirigidos a tantas personas en una década de supuesto crecimiento económico.

La falta de coordinación, de transparencia, de objetividad en los criterios de distribución y de evaluación, y de corrección de los planes sociales -dice el informe- son algunas de las causas por las cuales no se logró ayudar a las personas a salir de la situación de pobreza y vivir por sus propios medios, sino que generó una trampa de dependencia económica que, en algunos casos, lleva ya varias generaciones. En este punto, vale detenerse en la crítica de la presidenta Cristina Kirchner el día en que anunció el plan Progresar, destinado a chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. En ese momento, la primera mandataria culpó a los gobiernos que la precedieron diciendo que estos jóvenes son "los hijos del neoliberalismo". Nada dijo, por cierto, de que cuando su esposo, Néstor Kirchner, inició su presidencia en 2003, estos chicos tenían entre 7 y 13 años, es decir, una generación entera que ha transcurrido bajo la tutela del kirchnerismo y que no ha podido hallar una salida a sus padecimientos.

Programa Conectar Igualdad, pensiones no contributivas a madres numerosas; planes Argentina Trabaja, Techo Digno, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Jefes de Hogar, Progresar y Procrear son algunos de los más conocidos. No pocos de ellos, indirectamente, terminan favoreciendo el trabajo en negro pues, con tal de no perderlos, numerosos beneficiarios omiten declarar haber conseguido un empleo o, lo que es peor aún, prefieren rehusarse a contar con un trabajo formal. A eso se suman la multiplicidad y superposición de programas entregados por la Nación, las provincias y los municipios, irregularidad que resulta favorecida por la falta de coordinación entre los distritos.

Otro dato contradictorio es que mientras el Gobierno muestra índices de inflación, pobreza e indigencia que harían menos necesaria y urgente buena parte de la ayuda, ésta crece cada vez más, dando así crédito a las mediciones que el oficialismo tanto desacredita como, por ejemplo, las del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuando sostiene con fundamentos que en nuestro país es pobre el 40 por ciento de las personas que viven en hogares con niños.

Vale la pena reproducir aquí una reflexión que compartimos, publicada en la investigación de Libertad y Progreso: "Que un individuo no tenga trabajo ni se ocupe de conseguirlo desarrolla un problema que se proyecta a lo largo de la vida de ese sujeto y de la de su familia. El trabajo, además de ser remunerado con dinero, genera hábitos, capacita y brinda experiencia. Hay que dejar de ver a las personas excluidas como bocas para alimentar y, en consecuencia, como sujetos receptores de ayuda social. Hay que comenzar a pensar programas que las impulsen a trabajar y a ascender para que no necesiten de más asistencia y puedan ayudar a otros".

Y, desde ya, urge dejar de lado la mentira y los fundamentalismos políticos o ideológicos, sincerando la gravedad de la situación y evitando comprometer todavía más el futuro de todos los argentinos..
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