Esa fue la conclusión de la audiencia convocada por la jueza Elena Liberatori y a lo que se comprometió el Gobierno de la Ciudad, cuyos funcionarios sostienen que ese fue el plan original y que no había uno distinto. El conflicto arrancó la semana pasada cuando la misma Liberatori había ordenado suspender la instalación de cámaras en dos escuelas (el Bernasconi, de Parque Patricios, y el Rufino Sánchez, de San Cristóbal), ante una acción de amparo y “para preservar la intimidad de los alumnos” (???????).
Los representantes de los ministerios de Justicia y Educación porteños presentes en la audiencia aseguraron que el plan para colocar cámaras de seguridad en 92 escuelas nunca contempló colocarlas adentro, sino afuera de los establecimientos, para controlar la seguridad en los alrededores. “La resolución de la jueza sigue girando en el vacío. Siempre se refirió a algo que no iba a ocurrir. Ahora nos intima para que hagamos lo que no íbamos a hacer. Esto sirve para que todos los sospechantes dejen de sospechar”, dijo el ministro de Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro.
En la audiencia también participaron los padres que promovieron las acciones de amparo, junto a dirigentes gremiales docentes opositores al macrismo, del Observatorio de Derechos Humanos y la diputada María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires). En el acta que las partes firmaron al final del encuentro, la jueza –que se opuso en varios fallos a acciones del Gobierno porteño– lo intimó a que presente en su juzgado, en un plazo de 10 días, el expediente administrativo por el que se tramita el contrato de instalación de cámaras en las escuelas, para acreditar que se cumpla con lo acordado. También intimó a que se respete el derecho a la intimidad, consagrado por el artículo 19 de la Constitución.
La semana pasada, el dirigente gremial de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, había cuestionado la decisión del Gobierno de la Ciudad y había señalado que se buscaba controlar las actividades de los alumnos en 12 de los colegios que habían sido tomados el año pasado, en protesta por las condiciones edilicias y educativas, pero en la Ciudad dijeron que no era cierto. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, explicó que no sólo que las cámaras apuntarían hacia afuera de los edificios, sino que se encenderían una vez que las actividades finalicen en las escuelas, para mejorar la seguridad en los alrededores, y como parte de un sistema de alarma.
Sin embargo, en su resolución de la semana pasada, la jueza Liberatori subrayó que en distintos documentos administrativos había contradicciones en cuanto a la ubicación de las cámaras y que tampoco quedaban claros los horarios de funcionamiento. Pero, ante la consulta de Clarín , padres de las dos escuelas involucradas se mostraron a favor de instalar las cámaras en el exterior de los edificios y se quejaron por la inseguridad.
Fuente: Diario Clarín
