Por Jaime Peña
Erradicar más de 30.000 hectáreas de cocales ha significado un enorme costo político para el gobierno boliviano.Como en el episodio del caballo de Troya en la antigua Grecia, no es el tema de la salida del gas boliviano lo que llevó a que ese país estuviera a
punto de enfrascarse en una guerra civil de insospechadas consecuencias para la cada vez más frágil democracia de ese país, sino que detrás de ello se esconde un conflicto que se arrastra desde comienzos de la década de los 90, cuando el ex presidente de ese país, Jaime Paz Zamora optó por establecer un esquema de mercado, que tuvo como punto de partida un ambicioso plan de privatizaciones, cuya recaudación serviría para financiar programas sociales... pero la historia se repite.
Los recursos se esfumaron como por arte de magia y no llegaron al 80% de la población, que se encuentra entre la más pobre de Sudamérica. El ex-presidente Carlos Mesa, que no gobernó Bolivia en el sentido estricto del término, no hizo nada al respecto. Su escaso manejo político le impidió poner el tema en la agenda internacional.
El ex mandatario, Hugo Bánzer, prosiguió con el programa de erradicación cocalera, suscrito por su antecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, con Estados Unidos, en su primer mandato. Las 30 mil hectáreas erradicadas, según el Ministerio del Interior de ese país, le significaron a Bolivia restarle a su economía unos US$ 800 millones, según estima un informe de Mûller Consultores de ese país. La cifra es cuantiosa para ese país, si se considera que sus exportaciones anuales bordean los US$ 2.000. millones, el pasado año...
No son pocos los bolivianos que quedaron por entonces con la sensación que la lucha emprendida en la selva del Chapare, en el corazón de Cochabamba, durante los cuatro últimos años en ese país no han sido debidamente recompensados por Estados Unidos, el principal promotor de los programas de erradicación y a la vez el principal país-destino de la cocaína.
La queja hasta hace poco más de un año era anónima. Faltaba darle forma a esa protesta. Hasta que irrumpe la figura de Evo Morales. Él encarna bien la sensación desamparo.
Un campesino de la zona me comenta que el dinero que le pagaron por sus tierras ya se le acabó y no sabe hacer otra cosa que "cultivar coca". Erradicar más de 30.000 hectáreas de cocales ha significado un enorme costo político para cualquier gobierno boliviano que se haya sumado a esa iniciativa.
La creciente ola de descontento que comenzó a expresarse con inusitada violencia en todo el territorio esa nación a mediados de este año, vuelve a renacer. Ya es un tema de campaña, al decir del diario "La Razón de la Paz". Como en otros conflictos internacionales, el gobierno de Bush, tampoco ha sabido dar en el clavo.
Según la ONG colombiana "Paz en la Región" Estados Unidos en 10 años ha gastado en ese país unos US$ 10 mil millones en ese país. Su labor de apoyo a través de la DEA, Drug Enforcement Administración, en su sigla en inglés, la oficina Norteamérica para el combate contra la droga, en apoyo a los sucesivos gobiernos de ese país para combatir a la surrealista alianza que conforman las FARC y los narcotraficantes.
El resultado ha sido discreto. En Bolivia en cambio ha gastado menos de US$ mil millones y han conseguido erradicar enormes cultivos. Pero la situación puede comenzar a retrotraerse y convertir a esa nación en una nueva fuente de conflicto. Antes de Bush, el expresidente Clinton declaró que "el país más pobre de los Andes ha hecho más que todos para eliminar la droga y merece que por lo menos le aliviemos la deuda externa por completo".
Bánzer antes de su enfermedad que lo llevaría al más allá, le había enviado un mensaje potente al gobierno de Bush durante la reunión cumbre de Las Américas del 2001. "Bolivia requiere de urgentes soluciones: mejorar las relaciones de intercambio de sus productos, obtener financiamiento mediante créditos blandos para mejorar su infraestructura vial e incrementar su comercio exterior", le dijo.
En Bolivia, el programa de combate antidrogas de Estados Unidos recibió un apoyo decidido de la totalidad de los gobiernos de ese país durante la última década, especialmente con Bánzer y luego con Sánchez de Losada. La DEA, la oficina norteamericana para el combate de la droga, tuvo luz verde. Sus efectivos, apoyados por fuerzas militares bolivianas comenzaron literalmente a tomarse en lo que hasta entonces era la impenetrable selva del Chapare, paraíso para los narcos colombianos. Por entonces eran frecuentes los aterrizajes en aeródromos nada de rudimentarios ni de improvisados. La complicidad de todo sus habitantes, en la zona más fértil del mundo para el desarrollo de la coca, hacia lo suyo.
Los analistas coinciden que los esfuerzos están hoy a punto de fracasar. Las primeras medidas adoptadas por el organismo de inteligencia norteamericana apuntaron a no considerar el contexto global sobre el cual se aplicó el programa. Este sólo incluyó aspectos meramente económicos. En ese entonces se llegó a pagar hasta US$ 20 mil por cada hectárea erradicada de coca, según un informe de la DEA.
Los pequeños agricultores están viendo en esta medida una oportunidad única para expandir sus negocios, que ya empezaban a florecer. Luego de vender sus propiedades, adquirían nuevos terrenos situados fuera del área del convenio, por sólo un 20% de esa suma. Ello les permitió contar con recursos frescos para aplicar su know how en materia de plantación de cocaleros en zonas tan aptas, como las anteriores y además contar con liquidez que les permitió incursionar en la elaboración de cocaína pura, rubro que hasta entonces era privativo de los colombianos.
Otros emigraron a la Yungas en Perú, zona tan apta como el Chapare. El fracaso de la política de la DEA, como es de prever, desató la ira del gobierno norteamericano. La etapa siguiente fue menos contemplativa y persuasiva. Se pasó a la acción. A comienzos del 98, en conjunto con las fuerzas antidrogas bolivianas, se emprendió un cronograma de quema de plantaciones, sin aviso previo. Con algunos contratiempos, que incluyeron la destitución de tres jefes antinarcóticos de la policía boliviana, a fines de 1999, el DEA reconoció que gran parte de los objetivos se habían alcanzado.
En un informe del gobierno boliviano se destaca que los cultivos netos de Coca disminuyeron de 48 mil 100 hectáreas a 18 mil 246 en sólo 4 años. El logro más significativo se logró en la zona del Chapare, dónde las plantaciones disminuyeron desde 33 mil a 3 mil 946 hectáreas. Pese a lo auspicioso de las cifras, para Estados Unidos Bolivia sigue siendo de cuidado. Un informe del Departamento de Estado norteamericano sostiene que "si bien el gobierno de Bolivia ha ejecutado un programa extremadamente efectivo para la erradicación de la coca, sigue siendo el tercer proveedor mundial, detrás de Colombia y Perú".
La batida contra las plantaciones alcanzó en gran parte sus objetivos. Ahora resta la etapa más importante, la que apunta a dar sustentabilidad a unos 35 mil campesinos y sus familias, la mayoría analfabetos. La DEA tiene claro que en la medida que los cultivos alternativos, más una red de subsidios que incluyen educación a sus hijos y capacitación para derivar hacia otros rubros agrícolas, no sean vistos como un real beneficio, los pequeños agricultores volverán a lo mismo, a plantar coca, que es lo mejor que hasta ahora saben hacer y además, lo más rentable, pese a los riesgos.
La disminución del negocio de la cocaína tiene hoy efectos palpables y cuantificables en la economía boliviana. El ex ministro de Hacienda de ese país Ronald Mac Lean, reconoció que con la disminución gradual del ingreso de recursos provenientes del narcotráfico, el país dejó de percibir anualmente un 5% de su Producto Interno Bruto, es decir unos US$ 830 millones. Agrega que esa es la razón por la cual el país, pese a tener indicadores macroeconómicos estables, sigue sin despegar.
E.E.U.U, estima que el problema del narcotráfico no sólo se circunscribe a Bolivia. Un jefe de la DEA con presencia permanente en ese país, me confidenció que "fue el propio gobierno boliviano el que entregó los primeros indicios, a comienzos de los 90 acerca de la gran cantidad de ácido sulfúrico, uno de las principales materias primas para la fabricación de cocaína, que ingresaba desde Chile por alguno de los más de 90 pasos fronterizos que existen entre ambas naciones".
En el fondo Bolivia siente que los sacrificios no son equitativamente distribuidos entre los actores responsables del narcotráfico. Aunque no ha sido confirmado oficialmente, trascendió que fiines de julio del año pasado, la DEA, hizo llegar al presidente Lagos a través de la Cancillería, un duro cuestionamiento a la actitud por decir lo menos contemplativa con que actuaron las autoridades del gobierno de Aylwin, cuando se alertó sobre el desvío de precursores, desde el norte chileno a Bolivia. Recordaron que "sin ácido sulfúrico no hay cocaína y el ácido viene de Chile".
A ello agregaron como antecedente la negativa del gobierno chileno en orden a autorizar la apertura de una oficina de la DEA en Iquique durante la administración Frei, polémica en la que se vieron envueltos el Subsecretario del Interior de esa época, Belisario Velasco y la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Zszaransky. Con el certificado de buena conducta extendido por el gobierno de Bush, hoy el gobierno de Bolivia se siente con la autoridad moral necesaria para exigir a la comunidad internacional que se dé curso a sus más urgentes demandas.
El lobby internacional pro-salida al mar para Bolivia ha ido cambiando. El académico de la universidad de Buenos Aires, Rafael Andonaín, sostiene que el enclaustramiento de Bolivia se relaciona más con la escasas vías de comunicación que la conectan a los países vecinos, que de su carencia de mar... Y en ese sentido su desarrollo depende contar con vías expeditas que la conecten con los países vecinos. Su ubicación en el corazón de Sudamérica sería una gran fortaleza si contara con rutas expeditas (?).
Analistas como Jan Hoffman de la CEPAL sostiene que esa es la verdadera llave de su su desarrollo. Y es en esa dirección es adónde apuntaría la deuda que Bolivia le quiere cobrar al resto del mundo. Porque la cocaína no sería negocio si es que nadie estuviera dispuesta a consumirla. Eso lo saben muy bien los bolivianos.
