Editorial del diario La Nación
Haciendo uso de todos los ardides posibles, se aseguran su permanencia enel Estado empleados cuyo principal objetivo ha sido ser funcionales al poder.
Una enorme proporción de la grosera cantidad de empleados que ha hecho crecer exponencial e innecesariamente la planta estatal durante los últimos 12 años busca atornillarse en sus cargos para después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio presidencial.
Ocurre en todas las dependencias del Estado nacional, de las provinciales y municipales: algunos de esos empleados ya fueron beneficiados por resoluciones internas de cada dependencia pública. Otros, como en el caso del Indec, se aseguraron la permanencia mediante la designación como delegados sindicales.
Con este ardid, varios de los empleados que respondían al violento Guillermo Moreno al momento de decidirse la ilegal intervención en el Indec, en 2007, fueron incluidos en la lista única de delegados de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), cuyos comicios se realizaron en junio pasado. Entre ellos, figuran el director de la Encuesta de Grandes Empresas, José Luis Blanco, recordado por haber sido uno de los principales laderos de Moreno en los aprietes que el ex secretario de Comercio realizaba, por ejemplo, en el Mercado Central para congelar precios. También fue una figura "destacada", por lo siniestra, en la fuerza de choque que actuó en su apoyo durante diversos actos públicos.
Junto a Blanco, una decena de empleados leales a la intervención en el Indec pretenden sellar su permanencia en el organismo, garantizándose estabilidad laboral de cara a 2016.
La UPCN fue, precisamente, el gremio que dio luz verde para que Moreno y su troupe de "idóneos para la violencia y el patoterismo" se apropiaran del Indec. Desde su arribo, hace más de ocho años, el instituto que había llegado a ser modelo en la región por sus mediciones y estadísticas se convirtió en una burda herramienta política destinada a falsear la realidad.
Los índices de inflación, pobreza, indigencia y desempleo fueron, entre otros muchos, vaciados de verdad y contenido, cuando no se los hizo desaparecer.
No conformes con la nefasta manipulación de las estadísticas nacionales, que de más está decir son las que bien utilizadas sirven a cualquier país serio para diseñar sus políticas públicas, el Indec ha sido y es usado para perseguir, sermonear, multar y castigar con el escarnio a las empresas privadas que se vieron obligadas a tomar su lugar en la confección y difusión de estadísticas ciertas, indispensables para la comprensión de la realidad económica y social, y para actuar en consecuencia. Tan ilegal ha sido esa manipulación que la Justicia no ha hecho más que fallar en favor de quienes han denunciado esa prepotencia oficial.
La perversa negación de la pobreza y de la indigencia por parte del Indec, situándolas a niveles mínimos aunque totalmente refutables con la simple observación de extendidas zonas de nuestro país, les ha servido a nuestras autoridades para construir un relato falaz y vanagloriarse de supuestos éxitos que ha quedado largamente demostrado que no existen.
Valga como ejemplo el quinto informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA). En él se consigna la existencia en nuestro país de un 40 por ciento de pobres entre los menores de 18 años, en tanto que respecto de los datos del desempleo de los que alardea el Gobierno, el Barómetro ha llegado a establecer que, efectivamente, éste ha bajado, pero por el simple hecho de que hay menos gente que busca trabajo.
Hace apenas un par de meses, la presidenta Cristina Kirchner había dicho durante una reunión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrada en Roma, que la pobreza en nuestro país no alcanzaba al 5 por ciento de la población y que la indigencia rondaba el 1,30 por ciento. Antes que ella, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que desconocía el número de pobres de la Argentina y que referirse a esa cuestión era "estigmatizante". A ese coro de necedades se había sumado el siempre presto Jorge Capitanich, por entonces jefe de Gabinete, para quien la falta de difusión oficial de los niveles de pobreza se reducían a un problema de "empalme" de las estadísticas oficiales. Quien lo sucedió en ese cargo, Aníbal Fernández, no le fue en zaga: sostuvo que "el Estado no está para contar pobres".
Evidentemente, no. El actual Estado no cuenta pobres, los oculta; no mide la inflación como lo que es, sino como lo que le conviene; no ejecuta políticas públicas sobre la base de la realidad, sino de las aspiraciones políticas de unos pocos, aunque ello implique reducir a la población más vulnerable a una cartera clientelar cautiva, sin posibilidades de hallar salidas decorosas y estables para vivir un presente digno y planificar un futuro superador.
Los principales candidatos que competirán por la presidencia de la Nación el mes próximo prometieron señales de confianza, las que inevitablemente deberán incluir todos los sinceramientos estadísticos que sean necesarios para salir de la mentira y de la trampa actuales.
A sabiendas de esa necesidad imperiosa e impostergable, es que muchos de quienes han contribuido a forjar ese relato nefasto se ven amenazados y temen perder los espacios de poder que han conseguido con las peores armas.
La citada elección de delegados del Indec es nada más que un ejemplo. En otras áreas del Estado se están produciendo infinidad de movimientos tendientes a asegurar la permanencia de quienes hicieron su ingreso por la ventana de las instituciones, aquellos que jamás podrán salir por la puerta grande del mérito y del esfuerzo.
