La
Justicia porteña logró identificar a 120 personas a las que acusa de
actuar como presuntas organizadoras, partícipes primarias y secundarias
de la venta ilegal en las calles de Once. Veinticuatro de los
identificados ya fueron condenados a pagar multas que alcanzaron los 390.000 pesos.
La mayoría de los integrantes de la organización son extranjeros y
operan desde 34 locales e inmuebles utilizados como depósito o como
punto de venta de mercadería de dudosa procedencia, según pudo conocer
LA NACION. Incluso, un empleado de la Ciudad y dos ex policías federales
serían integrantes de estas organizaciones.
La
esquina de Pueyrredón y Sarmiento, ayer a la tarde, con sus veredas
copadas por la venta ilegal. Foto: LA NACION / Marcelo GómezEn la causa a cargo de la fiscal de cámara Verónica Guagnino se precisa que en 11 de aquellos 34 locales identificados ya hubo allanamientos y se decomisaron más de 60 camiones con mercadería para la venta callejera.
Entre los condenados hay miembros de sociedades anónimas y de sociedades de responsabilidad limitada utilizadas como pantallas legales. Por ejemplo, se identificó a un vendedor ambulante de helados que preside tres sociedades y que en los últimos años consiguió créditos bancarios en entidades de primera línea por dos millones de pesos.
Otro de los investigados es un ciudadano peruano -cuyas iniciales son RGF- que vende garrapiñada en la calle, aunque en su perfil financiero figura como propietario de dos sociedades anónimas, una de ellas, una constructora de edificios. Además, tiene su domicilio fiscal en Ushuaia, ya que fue inscripto para realizar actividades petroleras.
La Justicia también ha identificado a más de 500 personas que participan como vendedores ambulantes. A la mayoría se le exigen "pagos" en concepto de "afiliados de agrupaciones y sindicatos", un dinero que, en cambio, se utiliza para cubrir gastos de abogados ante posibles requerimientos judiciales.
Según dijeron fuentes de la investigación a LA NACION, muchos de los vendedores de café y de pochoclo de Once, en realidad, son explotados por sociedades comerciales que no tienen autorización ni habilitación para desarrollar estas actividades. Los jornaleros, confiaron las fuentes, reciben una paga diaria que va de los 80 a los 140 pesos.
Según figura en la causa judicial, se advirtió que quienes explotan la actividad ilegal en el espacio público cuentan con la concesión a su favor de amparos de un mismo juez porteño. De hecho, la fiscalía le remitió a dicho magistrado un oficio haciéndole saber que "debía revocar y controlar los amparos que emitía porque algunos de los amparados violaban los límites de la ley".
En un allanamiento en la cochera de Perón 2870, por ejemplo, se encontraron un depósito de alimentos congelados y enlatados y, también, cocinas clandestinas. El garaje se encuentra bajo la concesión otorgada por la Administración de Bienes Ferroviarios -depende de la Nación- al concesionario Nueva Estación Once SA, de Néstor Emilio Otero, que también está imputado por venta ilegal en Retiro. Ni el garaje, ni los depósitos, ni las cocinas detectadas tienen habilitación para funcionar. Tampoco cuentan con planos aprobados ni con seguros de incendio.
Verduleros, en la mira
También hubo avances sobre "la mafia del tomate", como se conoce a la organización que vende verduras y frutas en más de 30 puestos callejeros de Palermo y Belgrano, que estaría liderada por un guardián de plaza de la ciudad. La Justicia acusó a 43 personas por integrar esta banda. Además, constató la existencia de tres locales dedicados a verdulerías que fueron utilizados como pantallas legales; un predio usurpado que era un depósito de seis camiones de la organización, y un ex frigorífico en Scalabrini Ortiz y Santa Fe, abandonado y en proceso de quiebra y sucesión, que fue "tomado" por los vendedores.Uno de los cabecillas de "la mafia del tomate", además, dispone de un edificio de cuatro pisos en la villa 31, donde ubican a personas que traerían desde Perú o bien alquilan a "empleados" de la organización, según indicaron fuentes judiciales.
La Justicia sospecha que la construcción en la villa 31 sería propiedad del guardián de plaza, que por la influencia de sus contactos conseguiría las habilitaciones necesarias para instalar las verdulerías "oficiales" en Palermo, y desde donde organiza la venta ilegal callejera. "Se comprobó que dos ex policías federales, uno de ellos, un subcomisario, son parte de la organización de los manteros. Explotaban una galería comercial desde la cual se articulaba la venta ambulante", dijo la fiscal Guagnino.
Ayer, un vendedor ambulante amenazó a un cronista de LA NACION cuando lo consultó sobre los operativos. "Te voy a romper la cabeza", le dijo. El barrio de Once sigue poblado de manteros.
