Editorial I del diario La Nación
De
una vez por todas, las autoridades deben garantizar que el derecho
constitucional de reclamar no impida ejercer el de trabajar y circular
con libertad
Las jornadas de caos de tránsito
recientemente padecidas en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia
de inadmisibles piquetes -ayer, volvió a registrarse un nuevo corte en el Metrobus-
desnudan el total desprecio por el cumplimiento de la ley por parte de
quienes abusan groseramente de su derecho a protestar y también de las
autoridades.
En una de esas ocasiones, se trató de cooperativistas de todo el país, que reclamaban planes laborales frente al Ministerio de Trabajo, en Alem al 600; menos de una semana después fueron unos 100 empleados municipales de la provincia de Buenos Aires los que decidieron inutilizar de lado a lado la avenida 9 de Julio para exigir a lejanos jefes comunales del conurbano una negociación salarial paritaria conjunta. Ayer, un grupo de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social porteño, que reclamaba mejoras laborales, dejó inoperable el carril del Metrobus con sentido a Retiro.
Es sabido que la Capital Federal representa para los piqueteros un escenario inigualable donde llevar sus quejas, tanto por el nivel de afectación como protagonismo mediático que logran. Pero, también, por la ambigüedad de su Código Contravencional, que, si bien por un lado, dispone que quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos sea sancionado con uno a cinco días de trabajo comunitario o multas, por otro, sostiene que no constituye contravención el regular ejercicio de los derechos constitucionales, para lo cual hay que dar aviso "con razonable anticipación" a la autoridad competente respecto del lugar y del tipo de manifestación que se pretende realizar.
En la práctica, esos avisos no se concretan, los cortes se realizan de todos modos y las policías, tanto Federal como Metropolitana, dejan que ocurran sin mover un dedo, enredadas en una pelea política que lo único que logra es complicar la situación mientras se desentienden del problema.
Así, los efectos de esa puja sorda y mezquina entre las autoridades nacionales que se niegan a transferir la policía a la Ciudad y las locales, que procuran sustituirla con un cuerpo propio de agentes que crece demasiado lento como para hacerse cargo de todas las funciones que le siguen correspondiendo a la Federal, terminan perjudicando a todos los ciudadanos, habiten en este distrito o que deben circular por él por las razones que fueren. Por su parte, los fiscales contravencionales porteños suelen quejarse de la falta de apoyo de la policía a la hora de garantizar que queden libres algunos carriles de circulación mientras se realiza un piquete.
El desinterés de la Policía Federal por evitar este tipo de obstrucciones quedó claramente expuesto durante una de las últimas obstrucciones de tránsito, cuando desde la Fiscalía General de la Ciudad se difundió un comunicado para explicar que las fuerzas de seguridad no necesitan de una orden judicial para ordenar la circulación durante las manifestaciones y para disponer pasos alternativos. Tanto es así que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, no tuvo ningún empacho en desandar sus pasos. Tras haber delegado al gobierno porteño la absoluta responsabilidad por el caos provocado por los cooperativistas, negándole la participación de la Federal, una semana más tarde y sin que mediara pedido judicial alguno, Berni envió a esa fuerza a disgregar el piquete que hizo colapsar la 9 de Julio.
Estamos en campaña electoral y desde el gobierno nacional quizá se haya tomado nota del cansancio ciudadano frente a la inoperancia de las autoridades. Lamentablemente, se sigue actuando por mezquinos intereses de conveniencia partidaria en un tema tan delicado como el ejercicio de los derechos de todos, pues el de protestar libremente está garantizado en la Constitución del mismo modo que lo están los de trabajar y de circular.
Es absolutamente reprochable que la Federal y la Metropolitana sólo actúen cuando se afectan intereses directos de cada administración, hoy políticamente enfrentada. En su momento, la Federal tuvo orden para actuar sobre las protestas de los qom, de los maestros de Santa Cruz y de los ex soldados de Malvinas, mientras que hace poco la Metropolitana avanzó en un accionar sumamente polémico contra un grupo de manifestantes de ATE que buscaban impedir la construcción del Centro Cívico en terrenos del neuropsiquiátrico José T. Borda.
Ahora, el gobierno de la ciudad promete buscar soluciones alternativas a estos conflictos mediante la instalación de carteles inteligentes en el Metrobus para indicar por qué calles circular cuando se producen los cortes, al tiempo que anunció la creación de un nuevo cuerpo de 50 agentes en moto que circularán guiados por cámaras para anticiparse a esas obstrucciones y desviar el tránsito.
Frente a un proceso de conflictividad social en franco aumento, es probable que vuelvan a producirse nuevas manifestaciones. Las autoridades no deben seguir desoyéndolas y, mucho menos, haciendo prevalecer el derecho de unos por sobre el derecho de los demás.
