Son por el delito de usurpación. Si bien el fenómeno responde a la crisis habitacional, la Justicia tiene cada vez más casos de bandas organizadas que toman inmuebles y luego subalquilan piezas.
Ocupada. El fondo de una vivienda subdividida en Palermo. En 2011 se denunciaron 969 casos. / JUAN MANUEL FOGLIA
Una ciudad cuyos terrenos e inmuebles son cada vez más caros, falta de créditos accesibles y de políticas de vivienda, pobreza y marginalidad crónicas para una gran cantidad de la población y manejos delictivos organizados, muchas veces con sospechas de apoyo político. Al cóctel no le falta ningún ingrediente, y así se ven los resultados: la Justicia porteña recibe unas 20 denuncias por semana por usurpaciones de viviendas.
Los datos surgen del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que desde 2008 tiene a su cargo el delito de usurpación. El año pasado se recibieron 969 denuncias, contra 928 de 2011 y 961 de 2010. Números estables que muestran un problema que no cede.
Estas denuncias refieren a hechos delictivos, aquellas tomas de inmuebles que se hacen por la fuerza. No incluyen los casos de casas tomadas que dependen aún de la Justicia Civil Nacional, aquellos expedientes donde los dueños reclaman por alquileres impagos o porque hace mucho tienen ocupantes en sus propiedades. De hecho, en los últimos años, al haber subido el precio de los inmuebles, muchos dueños reanimaron viejas causas y consiguieron los desalojos. Así, muchas propiedades de Palermo o San Telmo, por ejemplo, fueron liberadas.
Las causas más recientes fueron casos más complicados. Germán Garavano, fiscal general de la Ciudad, explicó: “Hay un esquema delictivo y a veces casi político detrás de las usurpaciones. En muchos casos se meten a la fuerza en propiedades vacías, pero últimamente también encontramos bandas organizadas que entran con armas a un inmueble, echan a la gente y luego subalquilan o arman un aguantadero. Lamentablemente se termina dando una situación de pobres contra pobres ”.
Un ejemplo cabal de este tipo de usurpaciones donde quedan a la vista dolorosas imágenes de marginalidad fue el que se dio el 6 de marzo de 2011 en el complejo habitacional que estaba terminando de construir el Gobierno porteño en Castañares y Lafuente, en Villa Soldati. Eran ocho edificios con 171 departamentos que se iban a otorgar para los habitantes del asentamiento El Pueblito, pero fueron ocupados a la fuerza por decenas de personas de la villa 1.11.14. La toma duró tres meses, en los que la gente vivió hacinada y sin servicios básicos. Tras el desalojo, hubo que invertir $ 8.000.000 para reparar los daños.
Otro caso emblemático es el del ex Padelai, en San Telmo. Fue ocupado en 1984 y desalojado en 2003, porque corría riesgo de derrumbe. En 2009 la Ciudad se lo cedió al gobierno de España para que hiciera un centro cultural, que nunca construyó, y entonces hace un año fue nuevamente ocupado por unas 40 familias que reclaman la titularidad del edificio.
Más allá de la cuestión delictiva, lo cierto es que mucha gente vive en casas usurpadas porque está a la deriva. “No hay cifras oficiales, pero se estima que en la Ciudad hay 500.000 personas en emergencia habitacional, entre los que viven en casas tomadas, conventillos y villas. El Ejecutivo sólo entrega subsidios en la emergencia, pero falta un abordaje integral que asista a la gente y le permita acceder a una vivienda digna. Hay muchas familias que son desalojadas y luego vuelve a ocupar otra vivienda porque no tienen dónde ir, los chicos pierden la escolaridad, hay muchos problemas asociados a un desalojo que deben ser atendidos”, aseguró Rocío Sánchez Andía, legisladora porteña de la Coalición Cívica e integrante de la Comisión de Vivienda.
La precariedad en la vivienda es un problema que ni la Ciudad ni los partidos del área metropolitana logran resolver desde hace décadas, y las iniciativas que se tomaron o no se concretaron o quedaron diluidas por la falta de continuidad. Por ejemplo, en 2004 la Legislatura porteña sancionó una ley de Emergencia Económica, que proponía suspender los desalojos de edificios estatales porteños y crear un fondo especial para atender a la gente sin casa propia. Esa ley tuvo vigencia hasta 2010, pero Macri vetó una prórroga en 2011, por cuestiones técnicas. De todas, formas, el fondo especial nunca se constituyó, con lo cual la ley tuvo pocos efectos reales.
El Gobierno porteño asegura que tiene un protocolo de acción en los casos de desalojos. Santiago López Medrano, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad, explicó: “Cuando el juzgado nos informa del desalojo vamos, derivamos a las familias a los 31 paradores que tenemos en nuestra red y luego la gente puede acceder a un subsidio de $ 1.200 por mes durante diez meses para alquilar otra vivienda. También nos ocupamos de la escolaridad de los chicos, de atender situaciones de violencia familiar o adicciones, y de otros temas asociados”.
¿Qué pasa después de los diez meses de subsidios? Ahí es cuando reaparece el problema crónico: la dificultad para acceder a una vivienda digna.
