La caja ya no es
la de antes y el Ejecutivo se ve entre la encrucijada de profundizar los
desequilibrios o, caso contrario, tomar medidas antipáticas que contradicen
principios básicos del "manual de economía K". ¿Cómo pueden verse afectados el
consumo e inversión de empresas en esta nueva etapa?
Verse forzado a
elegir entre dos opciones es uno de los
costados más ingratos del gobernante. Y
eso ocurre, sobre todo,
en los tiempos de vacas flacas, cuando
el dinero ya no alcanza
para atender todos los objetivos.
En 2013, Cristina Kirchner vivirá esta
sensación con más intensidad que en todos los años que lleva de gestión.
Es que, con el
agotamiento de los "colchones" que permitían
hacer políticas expansivas para empujar el crecimiento de la economía, ahora
aparece en el horizonte una de las
palabras más
odiadas por los políticos:
restricciones.
Y la elección no es fácil, porque pone a Cristina frente a uno de sus
principales dilemas:
- Realizar un ajuste y, por lo tanto, pagar un alto
costo político, justo en un año
electoral, o
- Forzar aun más la maquinaria del consumo, a costa del
riesgo de agravar la inflación, perder más
competitividad y frenar la
inversión.
Hasta ahora, la Presidenta ha enviado
señales ambiguas. Por
un lado, expresa su preocupación al pretender
limitar los aumentos
salariales e incrementar la presión impositiva sobre los asalariados
que pagan el Impuesto a las Ganancias.
Pero, por otra parte, mantiene un apego a políticas muy
afines al
manual kirchnerista, como la
negativa de plano a
tomar crédito en el
exterior, cuando hasta los gobernantes de discurso más radicalizado, como el
boliviano Evo Morales, aprovechan el excelente momento de dólares baratos en el
mercado internacional.
Lo cierto es que, ante la disminución de los recursos, llegó la hora de
elegir. Los principales
dilemas a los que
se enfrenta
Cristina durante 2013 son:
1.
Reducir la inflación, a riesgo de enfriar la economíaPara el
discurso oficial, la inflación es baja y no constituye un problema. Pero, si se
observan las medidas económicas implementadas, queda en evidencia que
existe preocupación por la
aceleración de los
precios.
Hasta los más críticos del "modelo K" tuvieron que admitir un reciente
cambio de actitud en cuestiones tales como el uso dado a la
"maquinita" de emitir billetes, la
política
salarial y el
gasto público.
En relación al primer punto fue evidente, sobre todo, la
preocupación por parte del
Banco Central de no abusar
y no caer en un exceso a la hora tener que financiar el desequilibrio
fiscal.
Y es por eso que
el gasto, que en el segundo trimestre de
2012 subía a un ritmo de casi 30% anual,
pasó a crecer un 23 por
ciento, es decir,
por debajo de la inflación real.
Incluso, también unos puntos menos que la recaudación vía impuestos (que
hacia fin de año subía en torno al 28 por ciento).
El propio viceministro Axel Kicillof, al presentar el presupuesto en el
Congreso, había adelantado la
intención oficial por moderar el
gasto.
Por el lado de los analistas, algunos elogian el cambio de actitud, si bien
temen que pueda traer el
efecto indeseado de un
freno
en la economía, sobre todo por la falta de empuje de la
obra
pública.
Ello, sobre todo en algunas
provincias muy dependientes de la
"locomotora" estatal, podría
agravar los problemas de
empleo, uno de los aspectos donde el Gobierno ha puesto mayor
cuidado.
Otros, en cambio, creen que en el contexto de un
año electoral no
será posible mantener esa
moderación, y que el gasto
público volverá a ser usado como "herramienta proselitista".
Lo cierto es que,
aun con las señales de "moderación"
ocurridas sobre fin de año,
casi nadie entre los economistas pronostica
una caída de la inflación respecto del 25% registrado en 2012.
Tampoco se prevé un desborde, pero el motivo de ello no es precisamente digno
de festejo, porque está vinculado con el enfriamiento en el consumo.
"Un
segundo año de desaceleración de la economía puede ser
un
freno importante para el alza de precios. El balance entre
estos dos vectores indica, al menos, una no espiralización de la inflación",
destaca Jorge Todesca, titular de la consultora Finsoport.
2. Mantener tarifas, a riesgo de agravar crisis
energéticaLejos de los "tarifazos" de antaño, el cargo sobre
los servicios de
electricidad y gas anunciado por el Gobierno
supone en buena parte de los hogares
apenas un
aumento promedio de
$20 por bimestre por cada boleta.
A pesar de que los cambios se hacen con un
gradualismo que
los expertos consideran
insuficiente, es cierto que se observa
una
determinación política de
no empeorar la,
de por sí, grave situación energética.
Es en ese sentido que se
triplicó el precio del gas para las
empresas que produzcan por encima del nivel actual, como forma de
incentivar la alicaída inversión en exploración y explotación
del hidrocarburo.
Pero claro, ello terminará, tarde o temprano,
reflejándose en los
precios de los servicios, algo a lo que el
Gobierno le ha
venido escapando, al punto que hace un año anunció con bombos y
platillos un recorte de subsidios que luego
quedó en la nada (o
reducido a su mínima expresión).
De momento, parecería que
la intención es seguir
avanzando en esta línea, dado que el tema no sólo requiere de
un gran
esfuerzo fiscal (los subsidios a la electricidad y al
gas equivalen, cada uno, a todo el déficit fiscal del país) sino, además,
insume divisas por unos
u$s6.000 millones.
Una prueba de que el
Ejecutivo entiende que alcanzó un límite es el
reciente anuncio sobre un
aumento en los sensibles rubros de
transporte
colectivo y tren.
3. Moderar salarios, a riesgo de enfriar el
consumoCada vez que pronuncia un discurso, Cristina se
preocupa de dejar en claro que
el consumo es parte fundamental
del
crecimiento de un país, y que de
ninguna
manera está
dispuesta a sacrificar esa variable.
Sin embargo, sus
últimas actitudes parecen
contradecir, o al menos poner un límite, a ese principio. Ya en
2012 criticó a los dirigentes sindicales que hacían pedidos salariales
"excesivos" al punto de poner en riesgo la estabilidad del empleo.
Ahora, esa preocupación se institucionalizó en una reunión tripartita, en la
que el
Gobierno pidió oficialmente
moderación
para las próximas paritarias, y además estableció este hecho como
condición para la suba del
"piso" del Impuesto
a las
Ganancias.
En otras palabras, no sólo parece manifestar
preocupación por la
competitividad empresarial sino también porque no haya un exceso de
demanda.
Las recientes medidas de lucha del
gremio bancario (el
primero en negociar paritarias) luce como
un adelanto preocupante
de lo que puede ser un año conflictivo.
Por lo pronto, los analistas creen que el incremento de los
salarios
del sector sindicalizado rondará un
24% (es decir, una
leve caída real) y variaciones menores para el resto.
Además, advierten sobre el riesgo de que
negociaciones
complejas puedan
frenar más el consumo.
"El Gobierno debería plantear los cierres salariales
no más allá de
abril, para que los impactos de las políticas de ingresos sobre la
demanda sean plenos", señala Ricardo Delgado, economista jefe de la consultora
Analytica.
4. Cuidar dólares e importaciones,
a riesgo de crecer menosEste es uno de los
dilemas
más grandes de Cristina: el
duro cierre importador de
2012 le permitió al Gobierno compensar un año flojo de exportaciones agrícolas
y, de esa manera, obtener los dólares necesarios para hacer frente a las
obligaciones del Estado.
Pero ello tuvo el
alto costo de
limitar la actividad
económica, además de generar conflictos con los países socios.
Con la perspectiva de un 2013 con mejores precios y mayor producción, se
había generado cierta expectativa en el sentido de
un afloje en los
controles comerciales, lo cual hacía prever
más consumo, más
compra de bienes de capital y más empuje al crecimiento.
Sin embargo, a esta altura
no está tan claro que ello vaya a
ser la
tónica de este
2013.
"No creemos que se liberen masivamente las trabas a las importaciones, sino
que la
apertura será en forma
selectiva
y
se dará marginalmente", apunta el informe de
Economía&Regiones.
También Hernán Lacunza, ex gerente del Banco Central, cree que dicha apertura
será limitada: "Las
importaciones no podrán crecer mucho,
porque el
Gobierno va a
necesitar los dólares,
por lo menos u$s10.000 millones, para hacer frente a sus obligaciones".
De hecho, hay cierto consenso entre los economistas respecto de que la
administración kirchnerista
no resignará su consigna de
mantener el
superávit comercial por encima de esa cifra. Es
decir, que
la "canilla" de las importaciones
se abrirá
o cerrará en función de los dólares adicionales que ingresen por la
venta de productos albicelestes al mundo.
Esta presunción se basa, además, en la firme
negativa del
Gobierno a ir en busca de los
mercados internacionales de
crédito, algo que ha sido criticado por los analistas, porque implica
un crecimiento económico por debajo del potencial del país.
"Podríamos buscar financiamiento externo o incentivar el ingreso de dólares a
través de la inversión extranjera directa", plantea Miguel Bein, un convencido
de que la
estrategia de
"vivir con lo nuestro"
implica
resignarse a un
crecimiento lento.
"No se puede
engrupir a la gente y
hacerle
creer que así
cerraditos creceremos igual que en los
últimos años", agrega el influyente economista.
Entre querer y poderEn resumen, Cristina tiene
muchos
dilemas para este 2013 que comienza a escribir sus
primeras páginas. Y lo que está quedando claro es que en muchos casos se plantea
una
disputa entre los deseos políticos y las restricciones que
imponen la dura realidad.
Hay también quienes piensan que, más allá de los diagnósticos, hay
algo en los "genes" del kirchnerismo que impiden cualquier
viraje hacia una corrección de los desequilibrios.
Al respecto, resultan expresivas las palabras de Santiago Urbiztondo,
economista de la Fundación FIEL: "Hacerlo requeriría ‘nacer de nuevo', cambiar
los ejecutores de las políticas públicas (...) poniendo en práctica una
autocrítica extrema. Es decir,
cometer un ‘sincericidio
político', impropio de esta administración".
El AMAN y el Centro de Instrucción de Blindados servirán
como centros de simulación y práctica para los artilleros del Ejército y de la
Marina de buena parte del país –albergará el 76% de las unidades de Artillería y
el 85% de los establecimientos de enseñanza del arma-. La estructura física del
primero, en Resende, ya está casi lista. En el segundo, en Santa María, se
encuentran preparando el terreno.
