La Defensa en la Agenda Nacional por Nelson Jobim (*)
Asistimos a una reconfiguración de los paradigmas políticos y económicos que dictaron las relaciones políticas durante gran parte del siglo XX. En ese contexto, el Brasil consolida su posición en el mundo, apoyado en la estabilidad política y económica conquistada en la historia reciente. Las circunstancias actuales, así como las políticas adoptadas para aprovecharlas, confirieron al país mejor proyección internacional. Este proceso implica nuevos desafíos y nuevas responsabilidades, que tenemos que asumir gradualmente. Implica también la necesidad de planeamiento estratégico y de flexibilidad para su adaptación a escenarios en permanente cambio.
El reposicionamiento internacional de Brasil determina también nuevas posturas en el campo de la Defensa. Cualesquiera nuevos patrones de inserción internacional en el área de la Defensa dependen, sin embargo, de la nueva postura de la sociedad nacional. Se hace necesario traer nuevamente las cuestiones de la Defensa a la agenda nacional, revirtiendo la situación vigente desde la terminación del régimen militar.
En las últimas décadas, las cuestiones de Defensa quedaron relegadas exclusivamente al sector militar. En el imaginario del poder civil, que sucedió al régimen militar, estos temas se identificaban con represión política y, por ello, fueron marginados durante las sesiones de la Asamblea Constituyente (1987-1988). Los liderazgos emergentes no querían contacto alguno que pudiese vincularlos al régimen anterior, nada que pudiese identificarlos como “basura autoritaria”.
Al retraimiento del poder civil correspondió la reacción esperada en el medio militar: los militares reclamaron para sí la tarea de formular la política de Defensa. Como consecuencia inevitable, los temas militares salieron de la agenda nacional. Los poderes Ejecutivo y Legislativo pasaron a verlos como exclusivos de la agenda militar. La pérdida de capacidad de inversión debida a la crisis fiscal que sufrió el país a partir de la década de 1980 agravó la situación. Escasearon los recursos destinados a la Defensa. La dificultad de atender a las necesidades
provocó la pérdida de la capacidad operativa de las Fuerzas. Se llegó al punto de que fue necesario reducir la presencia de los reclutas en los cuarteles a causa de la falta de recursos para alimentar a los contingentes.
En el medio académico se desarrolló un proceso similar. Hubo un distanciamiento. Son pocos los estudiosos que se vincularon con los temas de la Defensa. Algunos investigadores fueron cuestionados por sus colegas sobre sus motivos para orientarse a asuntos militares. En otros países esos temas son objeto de profundo interés intelectual. Existe abundante producción de estudios en esa área en instituciones civiles. El intercambio entre civiles y militares da al Estado mejores condiciones de decisión y a la sociedad, mayor control.
Con el fin de corregir tales distorsiones, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó, por decreto del 6 de septiembre de 2007, el comité para la formulación de un Plan Estratégico Nacional de Defensa, presidido por el ministro de Defensa y coordinado por el ministro extraordinario de Asuntos Estratégicos. El comité está integrado por el ministro de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, el ministro de Hacienda, el ministro de Ciencia y Tecnología, y los comandantes de la Armada, el Ejército y la Aeronáutica,
estos últimos asesorados por sus respectivos Estados Mayores. El informe con las directrices generales será entregado al Presidente el 7 de septiembre de 2008.
La elaboración del Plan.
Se trata de un proyecto ambicioso, enfocado a acciones de mediano y largo plazo. Se busca restaurar la estructura nacional de la Defensa. Su objetivo relevante es la inserción de las cuestiones de la Defensa en la agenda nacional.
El trabajo divide los estudios en tres grandes áreas temáticas:
1. La reorganización de las Fuerzas Armadas, incluyendo su apropiado equipamiento.
2. La reorganización de la industria nacional de la Defensa, con énfasis en la capacitación nacional, la autonomía tecnológica y la sustentabilidad; y
3. El futuro del Servicio Militar obligatorio y del sistema de Movilización Nacional.
La elaboración del plan se basa en dos presupuestos fundamentales.
El primero es la división de competencias entre civiles y militares en el área de la Defensa.
Es responsabilidad del poder civil definir las hipótesis de empleo de los medios militares.
Es responsabilidad de las Fuerzas Armadas definir las probabilidades estratégicas de las hipótesis de empleo (preparación para el uso de las Fuerzas y la conducción de tal uso).
El segundo consiste en el mantenimiento de la opción de Brasil por la disuasión como estrategia de Defensa.
De la historia del siglo XX se desprende la lección de que toda la sociedad carga con los costos, los sacrificios y el sufrimiento de una guerra. Compete entonces a la sociedad -por intermedio de las instancias deliberativas del sistema democrático de gobierno y también por la participación
directa en los debates- definir lo que se espera de sus militares y proveerles los medios para las tareas que se les asignan. Entre estos medios, se hace notar, debe estar la mejor tecnología disponible. De ahí que los estudios partieran de una cuestión central: ¿Qué quiere Brasil de sus Fuerzas Armadas?
El comité designado por el Presidente de la República busca la respuesta a esa indagación. Las Fuerzas vienen contribuyendo al esclarecimiento de la cuestión central. Proveen elementos de su experiencia histórica y conocimientos específicos únicos. Importante papel tendrá el debate
con los representantes electos del pueblo y las discusiones abiertas con la sociedad -seminarios y congresos académicos. Al final de esa primera etapa, estarán disponibles los elementos necesarios para la decisión del Presidente y del Congreso Nacional. Solamente entonces se podrá pasar a la efectiva reorganización de las Fuerzas, con el consiguiente equipamiento, lo que no elude decisiones interconectadas.
El diálogo con las Fuerzas se basa en la formulación de un conjunto de cuestiones aplicables a cada una de las hipótesis de empleo presentadas por el comité.
La lista, que no es exhaustiva, considera las contribuciones de los militares y contempla circunstancias de paz y de guerra:
1. Vigilancia de las fronteras del litoral y del territorio, incluyendo el espacio aéreo en tiempos de paz.
2. Penetración de la fronteras o abordaje del litoral:
a. por una fuerza paramilitar con ayuda velada o complacencia de un estado fronterizo;
b. con involucramiento abierto de un estado fronterizo.
3. Guerra contra fuerzas muy superiores en la Amazonia.
4. Guerra en otra región del mundo, que sobrepase los límites de una guerra regional controlada, con empleo real o potencial de armamento nuclear.
5. Participación de Brasil en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.
6. Participación en operaciones internas para garantizar la ley y el orden.
Sobre cada hipótesis, las Fuerzas respondieron con una propuesta general sobre la manera en la cual cumplirán la tarea. Respondieron, además, a indagaciones específicas:
1. ¿Qué cambios organizacionales podrían ser necesarios para aumentar la eficiencia y la eficacia? 2. ¿Qué cambios doctrinarios (prácticas operacionales) pueden ser necesarios?
3. ¿Qué equipos serán necesarios? ¿Qué nuevos equipos deben ser desarrollados o adquiridos? ¿Cuál es el orden de prioridad de los equipos necesarios?
4. ¿De qué manera cada Fuerza individual podrá colaborar con las otras dos?
Sobre la base de las respuestas de las Fuerzas a esas y otras cuestiones se instaló el debate en el comité.
Véase la primera hipótesis de empleo. La vigilancia del territorio determina necesidades distintas para cada una de las Fuerzas individuales (aguas, fronteras y espacio aéreo). El patrullaje de las aguas jurisdiccionales es, de por sí, una tarea hercúlea. De ella depende la defensa de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, área donde se acumulan reservas nacionales de petróleo y por donde circula gran parte del comercio de Brasil con el mundo. Con cada Fuerza se discuten las necesidades específicas para la ejecución de su parte de la vigilancia del territorio. Además, deben coordinarse las necesidades de las tres Fuerzas para su empleo combinado. En las respuestas a la primera cuestión específica y en los debates siguientes, se puede encontrar la organización más adecuada para las Fuerzas Armadas brasileñas.
Reorganización y equipamiento de las Fuerzas.
La cuestión sobre la necesidad de cambios en el perfil y en la organización
de cada Fuerza debe ser entendida de la manera más amplia posible: desde la asignación de los efectivos en el territorio nacional hasta los patrones de instrucción de la tropa. Con el desplazamiento hacia el norte y el centrooeste de los vectores de posibles amenazas, que no se identifican en modo alguno con los países fronterizos, un punto de cuestionamiento es el acuartelamiento de las tropas, que hoy se concentra mayoritariamente en la zona litoral.
El desplazamiento de la vigilancia a las fronteras norte y oeste pone en cuestión la utilidad de que las tropas del Ejército se encuentren concentradas en el este.
La evaluación de las distintas alternativas impone analizar si se debe:
1. Mantener esta estructura, o
2. desplazar contingentes hacia otras regiones, o
3. invertir en su movilidad.
La última alternativa (3) substituye el paradigma “estar presente” por el de “poder estar presente”. En vez de tener tropas en cada punto, el país invertiría en unidades de alta movilidad y poder de fuego que podrían desplazarse con rapidez a cualquier área del territorio.
Todas las alternativas están sobre la mesa; e inclusive, puede no adoptarse una sola de ellas sino una combinación de todas.
Es de hacer notar, además, que se discuten nuevos modelos con cada una de las Fuerzas individuales. Si, por un lado, puede ser necesario reevaluar la distribución de las unidades del Ejército, por otro, se puede debatir cuán adecuada resulta la concentración de los medios en centros urbanos. Se debe analizar también la revisión o no de los patrones de instrucción
actuales. En los conflictos recientes, existen casos de Fuerzas superiores en todas las áreas que encontraron dificultades al enfrentar ejércitos que no disponen de medios militares equivalentes.
Lo mismo puede decirse del combate a organizaciones no estatales -estas, a veces, con ramificaciones en el crimen organizado. Cabe analizar si el soldado brasileño está siendo preparado adecuadamente para lidiar con este tipo de conflicto, tanto integrando a la Fuerza una dotación de mejores medios como actuando como un combatiente de resistencia. La organización de cada Fuerza individual no puede tener en cuenta sólo las posibilidades de un conflicto convencional.
De inmediato emerge la cuestión doctrinaria: con la reorganización se hace necesario rever, o no, las prácticas operacionales, buscando la intensificación de la interoperabilidad de las Fuerzas. Resueltas estas cuestiones, surge entonces el problema del equipamiento. Así, la Estrategia Nacional de Defensa no se limita a retomar el discurso del reequipamiento de las Fuerzas Armadas. El mismo término, reequipamiento, resulta inadecuado. No se pretende la simple reposición de la capacidad perdida, o sea, traer el pasado al presente. La evaluación de las necesidades y la construcción de nuevas capacidades se relacionan con los desafíos que se vislumbran en los escenarios futuros. Tal procedimiento altera la lógica que preside hoy la discusión sobre la adquisición de equipos. La nueva evaluación de necesidades hace que el equipamiento deje de ser un objetivo en sí mismo y pase a ser una herramienta adecuada a un objetivo.
Se identifican las tareas a desempeñar y luego los medios necesarios para su cumplimiento. Con eso se abre también la posibilidad de adopción de los mismos sistemas en las tres Fuerzas.
Es posible percibir el impacto de tales cambios en el caso de la adquisición de nuevos aviones cazas para la Fuerza Aérea Brasileña, en discusión desde hace ya algunos años. La opción era básicamente una: adquirir, sobre la base de los criterios definidos por la FAB, el modelo más moderno posible para que se mantuviese en servicio por un plazo relativamente largo.
Se evaluaron los llamados modelos de cuarta generación y el concurso internacional se encontraba en la fase final cuando fue interrumpido. Si se mantenía la opción de la compra de aeronaves de cuarta generación se debía incluir la capacitación de la industria nacional en el contenido tecnológico de la plataforma. La interrupción del proceso licitatorio reforzó la percepción de que no existe una decisión tomada. Todas las propuestas de mantienen en pie.
La reevaluación de las hipótesis de empleo abre nuevas posibilidades no contempladas en el sistema anterior.
Siendo la vigilancia del territorio la tarea principal, cabe cuestionar la prioridad de la adquisición de nuevos aviones caza antes que los demás equipos y sistemas necesarios. Una de las opciones que ahora se presentan es la posposición de la compra, dirigiendo los recursos a otras cuatro iniciativas, todas estrechamente vinculadas con la vigilancia del territorio brasileño.
La primera iniciativa sería la máxima modernización de los aviones ya existentes, buscando la modernización de los sistemas de armamento hasta el límite de la estructura física de los aviones actuales.
La segunda iniciativa sería ampliar las inversiones en los proyectos brasileños para el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (V ANT), tanto para la vigilancia como para el combate. El uso de los VANT puede traer innovaciones profundas también en las prácticas operacionales de las otras Fuerzas.
La tercera iniciativa posible sería la búsqueda de un socio internacional que domine las tecnologías involucradas para el desarrollo de un caza de quinta generación. Esta última tendría la desventaja de demorar la disponibilidad de aeronaves de última generación, pero apresuraría el proceso de adquisición de tecnologías avanzadas en ese segmento.
La cuarta iniciativa sería una inversión masiva en la formación de recursos humanos en tecnologías avanzadas, en especial las necesarias para un conflicto en el espacio cibernético (ciberespacio).
Nótese que no se discute cuál es la solución más económica; lo que se discute es la eficiencia para el cumplimiento de las tareas. Lo mismo se aplica a las demás Fuerzas. En la Armada, por ejemplo, se debate el papel de los submarinos y naves de superficie en la Defensa Nacional. Según se opte por dar mayor peso al empleo de uno u otro tipo de embarcación, la Armada deberá invertir en los sistemas de comunicación y vigilancia, inclusive recurriendo al apoyo de satélites de comunicaciones y de vigilancia.
La Armada tiene tres grandes funciones:
1. Vigilancia de las aguas.
2. Prevención del uso del mar.
3. Proyección de poder.
¿Cómo desarrollar esas funciones? ¿Debemos desarrollarlas a un mismo nivel o debemos optar por un desarrollo no uniforme, pero combinado? Si optamos por un desarrollo parejo, se corre el riesgo de terminar siendo mediocres en todas ellas. Si debemos optar por el desarrollo desigual, pero combinado, ¿debe la función prioritaria ser la vigilancia o la prevención del uso del mar o la proyección del poder? La cuestión es relevante y las opciones están sobre la mesa.
Reorganización de la industria de la Defensa.
La segunda gran área temática en la elaboración del Plan es la reorganización de la industria de la Defensa. En este aspecto, es importante el tipo de industria de la Defensa que el país desea y necesita. El Brasil ya no puede aceptar la condición de, en la mejor de las hipótesis, producir, bajo licencia, material desarrollado en otros países. El dominio de la tecnología es un objetivo consistente con el mantenimiento de la capacidad disuasoria. La capacitación tecnológica nacional constituye un requisito para la adquisición de equipamiento.
Debe notarse, sin embargo, que la intención no es excluir para siempre una trayectoria de adquisición de equipos y tecnologías ajenas. En este primer momento no se puede considerar la hipótesis de invertir recursos y tiempo en el desarrollo de tecnologías ya disponibles en el mercado internacional. Por otro lado, el país necesita absorber esas tecnologías y afirmar su capacidad de atender a sus demandas en esa área con base en ellas, en forma autónoma o aun en cooperación con otros países.
Aunque la acción estatal sea imprescindible para la supervivencia de la industria de la Defensa, el sector privado tiene un importante papel a desempeñar. Las posibilidades de derivación de las tecnologías de uso militar al empleo civil hacen importante la participación del sector privado. Muchas tecnologías aplicadas actualmente a la aviación comercial y ejecutiva, por ejemplo, se originaron en el desarrollo de aeronaves militares.
Ya existe una interacción entre instituciones militares y civiles tanto gubernamentales como privadas. Los institutos militares desarrollan, solos o en asociación con organismos de investigación públicos y de empresas privadas, proyectos de armamentos y equipos diversos (materiales deflectores de radar, radares, misiles, sistemas para VANT, etc.). En tanto, las iniciativas no siempre consiguen los resultados deseados, ya sea por la falta de un sistema institucional que dé forma a la cooperación, o debido a las incertezas presupuestarias, o bien por el distanciamiento entre los actores.
En cuanto a las acciones de las instituciones militares, debe notarse que entre las cuestiones presentadas a cada Fuerza individual, se debate cuáles son las iniciativas previstas para el desarrollo de las tecnologías necesarias. Existe también preocupación por la integración de los esfuerzos de las tres Fuerzas en esta área. Los problemas en la asignación de recursos públicos al sector de la Defensa perjudicaron el uso de las compras gubernamentales como instrumento de estímulo a la capacitación de la industria nacional. Muchas de las empresas consiguieron ocupar nichos en el mercado o sobrevivieron gracias a las exportaciones, ya que las órdenes internas no
garantizaban el soporte necesario para la continuidad de sus actividades.
Según el Plan Estratégico de Defensa Nacional, el gobierno brasileño deberá desempeñar un papel activo en el proceso de consolidación de la industria nacional de Defensa. Se podrán definir procedimientos especiales de compras públicas para privilegiar al proveedor nacional comprometido con programas de modernización tecnológica.
También podrán crearse instrumentos de participación gubernamental directa en la gestión de empresas estratégicas del sector, como por ejemplo acciones especiales del tipo Acción de Oro.
El Servicio Militar.
Una vez definidas las cuestiones de las Fuerzas y la industria de la Defensa, queda aún la cuestión del servicio militar obligatorio. Durante la mayor parte del siglo XX, las Fuerzas Armadas tenían la función de un nivelador republicano. Constituían un espacio de igualdad de oportunidades para todos, donde se reproducía un microcosmos de la sociedad brasileña
tanto desde el punto de vista social como geográfico. Ese cuadro cambió en los últimos tiempos. Hoy, cerca del 95% de los reclutas son, de hecho, voluntarios. Sólo tenemos convocatoria obligatoria en circunstancias específicas en las que no se encuentran entre los jóvenes voluntarios algunos de los perfiles necesarios para llenar los requisitos técnicos de las Fuerzas.
En la práctica, el servicio militar se está tornando voluntario y ha perdido la característica de espejo de la sociedad. Se perciben dos posibilidades para enfrentar este tema.
Una, profundizar el proceso que viene dándose espontáneamente y hacer voluntario el servicio militar. La otra es el mantenimiento de la obligatoriedad que, igualmente, puede tomar diversos rumbos. Si la opción fuera mantener la obligatoriedad, se debe estudiar el aprovechamiento de la estructura existente y de la experiencia con el Programa Soldado Ciudadano (de formación profesional para los reclutas) para perfeccionar la educación de los efectivos incorporados cada año, principalmente en las áreas técnicas y científicas.
Otra posibilidad a discutir es el restablecimiento de la obligatoriedad efectiva. De aproximadamente 1,5 millón de jóvenes que se presentan anualmente, apenas 600.000 entran en un proceso de selección y sólo son incorporados a las Fuerzas y el Ministerio de Defensa simplemente ha refrendado esta autoselección. Es fundamental reevaluar los criterios para la selección de los reclutas.
Se podría verificar, por ejemplo, la viabilidad de tomar en cuenta, además del perfil funcional adecuado a las necesidades de las Fuerzas y de la capacidad física e intelectual de los jóvenes, un criterio que apuntara a la obtención, en la tropa, de la misma homogeneidad presente en la sociedad. Es necesario, además, retomar las discusiones sobre la reglamentación del servicio social obligatorio, del cual sería parte la calificación del joven para integrarse al esfuerzo nacional en caso de movilización, componiendo una reserva civil que sería empleada en situaciones de emergencia.
Consejo Sudamericano de Defensa.
Dada la situación de Brasil en el escenario internacional, que necesariamente implica acciones también en el campo de la Defensa, viene madurando la idea de crear, con todos los países del continente, un Consejo Sudamericano de Defensa. La propuesta brasileña en ese sentido fue presentada en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de la Unasur el 23 de mayo último.
El gobierno brasileño sugiere que los países de la región tengan un foro dedicado al análisis y la discusión de los temas de Defensa. Tal foro contribuiría a la posibilidad de consolidar el continente como zona de paz y cooperación, libre de conflictos, en este momento en que la región gana protagonismo en el mundo.
La afirmación de la identidad sudamericana es uno de los objetivos de la Unasur, y el Brasil enfatiza la conveniencia de que tal afirmación se dé también en el campo de la Defensa. Las atribuciones específicas del consejo están en discusión y serán definidas por consenso entre las partes. Entre las posibles atribuciones, se destacan la implementación de medidas de fomento de la confianza y de la transparencia y la coordinación de posiciones en los foros multilaterales sobre el tema. Tales medidas podrían incluir, por ejemplo, la discusión de las políticas de Defensa de cada país, la elaboración de “libros blancos” y la integración de las bases industriales de Defensa.
La industria de la Defensa demanda inversiones significativas que sólo se justifican en la medida que exista una demanda adecuada.
Frente a esto, habría que estudiar la estructuración de cadenas de producción de material de Defensa en la región. Se podría aprovechar las posibilidades de cada país, ganando en escala para justificar las elevadas inversiones. La región ganaría también por la capacitación en tecnologías avanzadas, con efectos positivos sobre toda la estructura productiva de cada país.
La posibilidad de integración de las industrias de la Defensa es real, aun en áreas intensivas en capital y tecnología. Por ejemplo, en Chile, la ENAER produce hoy algunos componentes del fuselaje de las aeronaves de Embraer. La expansión de acciones como esa aumentaría la autonomía de la región en la provisión de sus equipos de Defensa o de uso dual.
Cualesquiera que sean las atribuciones otorgadas al consejo, la propuesta brasileña es que éste se constituya en un foro de discusión; no se pretende que sus decisiones sean vinculantes para las partes. En los foros multilaterales de Defensa, el consejo podría coordinar previamente las posiciones de la región, lo que le daría una mayor expresión.
La propuesta brasileña no prevé la creación de ejércitos comunes o fuerzas conjuntas de carácter permanente, teniendo en cuenta que no existen amenazas comunes. No se trata de una alianza militar clásica. Para el Brasil la propia participación conjunta en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas no implica la creación de estructuras militares permanentes con ese objetivo. El consejo podría convertirse en una instancia de agregación de los esfuerzos existentes, de modo de organizar lo que se viene haciendo en contactos bilaterales entre los países involucrados, y entre ellos y la ONU.
Algunas medidas que podrían ser utilizadas por el Consejo son interacciones ya existentes entre las Fuerzas Armadas y los países de la región. La cooperación para la formación y capacitación del personal militar, por ejemplo, es tradicional en la región. A las escuelas militares brasileñas
asisten cada año decenas de oficiales de países vecinos. Al retornar a sus países, esos militares representan una contribución a las buenas relaciones regionales. Sin embargo, ese intercambio es promovido sólo por las Fuerzas Armadas Sudamericanas, cuando debería configurarse como una política de los Estados. Llevar tales iniciativas a ese nivel podría ser una atribución del Consejo.
En la base del Consejo estarían los propios principios y valores compartidos por los países de la región, entre ellos, la no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía, a la autodeterminación y a la integridad territorial de los Estados. Además, se considera fundamental que, en sus actividades, el consejo tome en cuenta los condicionamientos geopolíticos de la región, tales como los relacionados con las subregiones conformadas por la geografía. Se deben tener en cuenta, por ejemplo, las vertientes del Plata, Amazónica y Andina, así como la existencia de subregiones orientadas hacia los océanos Atlántico y Pacífico y el mar Caribe.
La Defensa en la Agenda Nacional.
La elaboración de un Plan Estratégico de Defensa Nacional busca evitar la repetición del error de permitir que la urgencia en la solución de problemas lleve a optar por medidas de rápido impacto que, en el largo plazo, puedan resultar inadecuadas. Lo más importante en ese proceso, en tanto, es que se consiga colocar las cuestiones de Defensa nuevamente en la agenda nacional. No se trata de movilizar al gobierno solamente, sino de reinsertar también el tema en lo cotidiano de la sociedad.
Los trabajos en curso demuestran que eso es posible. El diálogo entre civiles y militares sobre las cuestiones de defensa ha sido franco y abierto, fundado en la más absoluta transparencia y en el presupuesto de que todos los asuntos pueden ser debatidos. Parlamentarios, empresarios, académicos, militares, políticos de la base del gobierno y de la oposición, todos esos grupos han tenido y tendrán participación activa en los debates para la definición de lo que Brasil quiere de sus Fuerzas Armadas. El éxito obtenido hasta el momento permite entrever la efectiva viabilidad de garantizar al Estado brasileño los medios adecuados para la Defensa Nacional, con la participación y en beneficio de toda la sociedad. Tenemos que pensar con grandeza.
(*) Se agradece a nuestro amigo Jorge Lucio, por la gentileza de haber enviado esta colaboración. que reafirma la claridad de objetivos de gestión que posee el Ministro de Defensa del Brasil.
Fuente: Revista Defensa 0409 vale .indd 37 15/04/09 18:54 - C u a d e r n o s d e A c t u a l i d a d e n D e f e n s a y E s t r a t e g i a [ I ]
Comentario:
En el blog "Proyecto Pragmalia", se presentan proyectos, relacionados con el equipamiento militar, coincidiendo con la propuesta de Jobín, en el logro de la independencia tecnológica, pero con la característica de ser proyectos de bajo costo, accesibles para la Argentina y que permitirían recuperar las capacidades de las FFAA y potenciar la industria de la Defensa. "No hay Defensa, sin Desarrollo, ni Desarrollo sin Defensa".
Jorge Elías
dársenas. El arribo del Minerva, de unos 140 metros de eslora, está programado para los primeros días de marzo, y eso abrirá una agenda que tomará más impulso el próximo verano, período para el cual ya están en agenda otras cuatro escalas de un navío similar de otra compañía. 
dársenas. El arribo del Minerva, de unos 140 metros de eslora, está programado para los primeros días de marzo, y eso abrirá una agenda que tomará más impulso el próximo verano, período para el cual ya están en agenda otras cuatro escalas de un navío similar de otra compañía. 
En el marco de la profundización del comercio exterior argentino,la presidente Cristina Kirchner firmó ayer un convenio de renegociación del contrato para el dragado y el balizamiento del río Paraná, a cargo de la compañía Hidrovía, por ocho años más. Así, extendió el plazo previsto originalmente hasta 2013.
El vehículo cuenta con un motor diesel de 0.6 litros que desarrolla unos 11 CV y alcanza una velocidad máxima de 54 kilómetros por hora. Desarrollado exclusivamente para el hostil tráfico de ciudades como Bombay o Nueva Delhi, tiene capacidad para 5 pasajeros y su precio rondará los 2000 dólares. 
Un paseo público que unirá la plaza de la Aduana con el Correo Central, con un largo puente peatonal incluido; un centro cultural con una cúpula vidriada, y la peatonalización de dos cuadras de Bouchard y una de Sarmiento son los cambios más notorios previstos para esa zona del Bajo porteño. Si bien las obras forman parte de la celebración del Bicentenario, su finalización está prevista para dentro de dos años. 
La crisis financiera global, la extensa sequía y el conflicto con el campo golpearon fuerte en 2009 en las exportaciones de los alimentos argentinos. Así al menos se desprende del último reporte de Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (SENASA). De acuerdo a las estadísticas de la entidad, el año pasado la Argentina exportó 20 millones de toneladas menos de alimentos que en 2008, lo cual representó una pérdida de 8000 M de dólares.
Crédito: Subterraneos de Buenos Aires
Crédito: EFE
Los aviones supervivientes de las versiones COA y COD fueron modernizadas en Colombia con el apoyo y asesoría de IAI a un estándar equivalente al del Kfir y al que se denominó COAM.
Foto: Fuera de servicio, el fuselaje de un avión de Aerolineas que rompió una tormenta por no tener hangar.
"El Reino Unido rechaza firmemente esa ley", afirmó el canciller británico, Chris Bryant,sobre la norma que define formalmente los límites de la provincia de Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur, el territorio más austral del país, e incluye dentro de ese espacio a las Islas Malvinas y a parte de la Antártida, de acuerdo con la agencia inglesa Reuters. Bryant dijo que Gran Bretaña no tenía dudas sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y varios territorios más que la ley argentina fijó dentro de los límites de su provincia, como las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur y el territorio antártico británico.
