Con cientos de compañías privadas, militares y de seguridad, llevando a cabo sus actividades en un elevado número de países, en condiciones de seguridad muy similares a las de Afganistán, la noticia tampoco es para abrir los principales noticiarios de los diversos medios de comunicación, y es normal que pase prácticamente desapercibida.
Cuando los principales medios, las organizaciones humanitarias y los diversos organismos y agencias internacionales (de esa entelequia que se conoce como "comunidad internacional"), se rasgan las vestiduras y claman al cielo, es cuando tiene lugar algún incidente como el de Blackwater, el 16 de septiembre de 2007 en la plaza Nisoor de Bagdad, con el resultado de veintiocho bajas mortales entre la población civil.
Entonces todo el mundo se escandaliza y se pregunta cómo es posible que, con el aumento tan considerable en el número de compañías y la amplitud de sus cometidos, el marco legal haya permanecido invariable durante los últimos veinte años, y no se haya tenido la precaución de formular ninguna normativa que regule este tipo de actividades. Aunque cuando el tema empieza a enfriarse, y deja de ser objeto de atención en los titulares y debates en "prime time", la algarada va perdiendo poco a poco intensidad y el incidente pasa al olvido hasta la próxima vez en que, como en "el día de la marmota", vuelve a repetirse todo el proceso.
No obstante, es necesario admitir que la tarea es muy compleja, tanto por los actores que intervienen como por las circunstancias en las que desempeñan sus actividades. Se encuentran, por un lado, un grupo muy heterogéneo de empresas que, con sedes en distintos países, que tienen a su vez una multitud de empresas subsidiarias registradas en otra variedad de países diferentes.
Empresas que disponen de un personal al que, como requisito para ser contratado, se le ha exigido un nivel muy elevado de especialización en técnicas y procedimientos propios de operaciones especiales. Como consecuencia, una característica común en este personal es el haber pertenecido a las fuerzas de defensa surafricanas (Executive Outcomes), a las fuerzas especiales de los Estados Unidos (Blackwater, Dyncorp,.), SAS británicas (Aegis, Armor Group,.), fuerzas especiales del KGB (Alphafirm), regimientos gurkas británicos (Gurkha Security Guards),. lo que implica, además de diferentes niveles de "sensibilidad" en cuanto a los procedimientos operativos a emplear, una dificultad añadida a la hora de armonizar distintas legislaciones nacionales con encontrados criterios sobre la normativa a aplicar.
Y, por otro lado, están los gobiernos, agencias internacionales y organizaciones, que contratan estas compañías para que presten sus servicios en zonas de conflicto que, casi con carácter general, se puede asegurar que se encuentran en estados que, o bien pertenecen al grupo de los que se conocen como fracasados, o se encuentran en una situación, tan volátil y peligrosa políticamente, que les es imposible exigir el cumplimiento de la ley en la totalidad del territorio cuya soberanía les corresponde.
Pero la realidad es que, desde los años noventa, la industria de las compañías privadas, militares y de seguridad, ha crecido rápidamente, con una presencia en países y agencias internacionales que no tenía precedentes y, además, con un elevado ritmo de evolución, ya que responden a las necesidades de quienes las contratan.
Así, por ejemplo, Naciones Unidas emplea a Saracen como apoyo en las operaciones de desminado en Angola, y contrató a Dyncorp para seguridad en Bosnia i Herzegovina. Executive Outcomes, en 1995, fue contratada por el gobierno de Sierra Leona; MPRI (Military Professional Resources Incorporated), realizó tareas de asesoramiento, instrucción y adiestramiento en Croacia y Bosnia i Herzegovina; UNHCR propuso contratar compañías privadas de seguridad para los campos de refugiados de Ruanda; y organizaciones no gubernamentales las han utilizado, en ocasiones, para dar seguridad a los convoyes de alimentos.
En la actualidad, en Afganistán las compañías privadas americanas tienen un total de 113.491 empleados (22% americanos, 47% afganos y 31% de otras nacionalidades), por unos 90.000 soldados de Estados Unidos. Lo anterior tiene como resultado, por ejemplo, que la compañía L-3 Communications (con sus subsidiarias, incluyendo Titan Corporation y MPRI), haya tenido durante los pasados diez años, entre las guerras de Irak y Afganistán, un total de 370 bajas mortales y 1.789 heridos muy graves.
No obstante, la experiencia parece indicar que, sin una adecuada regulación, no se puede asegurar que los miembros de las compañías respeten todas las leyes. Cuando ha existido un incidente de cierta gravedad, la compañía, para evitar la mala publicidad, ha cambiado de sede, e incluso de consejo de administración, ha adoptado otro nombre, diseñado un nuevo logotipo y, con nueva cara, vuelve a aparecer en el mercado de trabajo.
De igual manera, los mecanismos de auto-regulación, que algunas de ellas han constituido, como la International Peace Operations Association o la Private Security Company Association of Irak, parece que no han sido suficientemente eficaces como para evitar que se cometan algunos actos contrarios a las leyes humanitarias.
Dado que la única regulación existente es de carácter nacional (con el añadido de que algunos tratan de declarar ilegal toda actividad, mientras otros tratan de implementar mecanismos de regulación), el gobierno de Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para identificar obligaciones y responsabilidades, elaboraron el "Montreux Document" (2008), pero, además de no haber logrado un amplio consenso (sólo ha firmado una quincena de estados), no es legalmente vinculante.
Es decir, aunque las vulnerabilidades están claras, como conclusión se puede decir que la "comunidad internacional" ha preferido continuar sin definir un marco legal que regule estas actividades y, como es habitual, imitar al avestruz cerrando los ojos a la realidad.
Fuente: http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_7513_ESP.asp (Modificado)
