Documento enviado por la Fundación Pensar:
Autores:
Sturzenegger, Federico – Presidente del Banco Ciudad – Coordinador de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar - @fedesturze
Curutchet, Juan – Vicepresidente del Banco Ciudad - @juancurutchet
Laspina, Luciano – Economista Jefe del Banco Ciudad
Gismondi, Francisco – Asesor económico de presidencia del Banco Ciudad - @pacogis
Espora, Alejo – Coordinador de Estudios Económicos del Banco Ciudad
Rouillet, Gabriel – Asesor legal de presidencia del Banco Ciudad - @grouillet
Resumen ejecutivo
Bienvenido sea el esfuerzo de la agrupación “la Gran MaKro” para vertebrar un conjunto de ideas económicas y políticas que buscan defender y articular las múltiples contradicciones, inconsistencias y sinrazones de la estrategia económica reciente. Es un esfuerzo necesario, ahora que sus efectos perversos sobre el crecimiento, la pobreza, la infraestructura, el empleo y la inversión se hacen cada día más evidentes.
En nuestra visión, el relato de los colegas no consigue esconder una realidad inocultable: la voracidad política y fiscal del kirchnerismo ha sometido todas las decisiones de política económica -privilegiando el corto plazo e hipotecando el largo plazo- al punto de amontonar, bajo el mismo paraguas retórico, medidas de política económica flagrantemente contradictorias.
Los 20 puntos del documento de la Gran Makro y nuestra respuesta a continuación de cada uno:
1. ¿Cuáles son los principales objetivos del modelo económico?
La inclusión social por medio del empleo formal y la mejora en la distribución del ingreso. Para ello es necesario maximizar las tasas de crecimiento a partir de la ampliación del mercado interno y regional y, mismo tiempo, aumentando las exportaciones al resto del mundo; profundizar la reindustrialización del país; la acumulación de reservas en el BCRA; la política de desendeudamiento y seguir recuperando el espacio nacional para ejecutar políticas económicas.
Compartimos los objetivos. La inclusión social con empleos de calidad y la mejora en la distribución del ingreso son objetivos loables, pero no compartimos la forma en la que creen que se pueden lograr a largo plazo. Hoy los niveles de pobreza y distribución del ingreso no difieren demasiado de la situación de los 90’s (aunque ciertamente son mucho mejores que los valores de la crisis de 2002). En los últimos años no hubo mejoras sustanciales en los indicadores, salvo en las distorsionadas mediciones del INDEC. La gran mejora se dio en los primeros años, desde los peores momentos de la crisis de 2001-2002.
Un buen diseño de la política macroeconómica es condición necesaria pero no suficiente para lograr una mejora social real y sustentable. La igualdad de oportunidades, no declamada sino practicada, es la que puede dar a la sociedad un camino para la movilidad social ascendente, y para eso se necesita, entre otros requisitos, una mejora sostenida en los niveles educativos. Pero en Argentina, la mitad de los jóvenes no terminan el secundario y, entre los que terminan, la mitad presenta severos problemas de comprensión de textos. Además, el crecimiento económico, cuando se logra a expensas de las libertades individuales y sin generar una real igualación de las oportunidades nunca se traduce en un verdadero desarrollo y, mucho menos, en mayores niveles de equidad.
2. ¿Con que instrumentos cumple sus objetivos?
Tipo de cambio competitivo y diferenciado (retenciones) reconociendo la existencia de una estructura productiva desequilibrada agro-industria; Gasto e inversión pública (Nuevas prioridades: jubilados, salud, educación, vivienda, políticas sociales, de ingresos, infraestructura y ciencia y técnica); Solvencia macroeconómica (Superávit gemelos -fiscal y externo), Inserción externa activa priorizando la integración regional suramericana; y Políticas contracíclicas.
Tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y externo e integración al mundo son los ejes centrales de cualquier programa económico sensato para Argentina. Celebramos esta coincidencia. Lo que resulta sorprendente es que la Gran Makro predique estas políticas cuando el gobierno de CFK se encargó de destruir y dilapidar, uno por uno, estos pilares durante los últimos años. El tipo de cambio dejó de ser competitivo (producto de la inflación), forzando al gobierno a imponer tipos de cambio diferenciales, que no funcionaron nunca en la historia ni para moderar la inflación ni para sostener la competitividad, y que sólo agregan discrecionalidad y eventualmente corrupción en el acceso a las divisas.
El gasto y la inversión pública no tuvieron los rendimientos esperados durante la gestión de CFK. No es un problema de estrategia. Es, lisa y llanamente, un problema de gestión. Por ejemplo, el gasto en educación aumentó notablemente pero cayó su calidad (según las mediciones PISA) y los alumnos siguen migrando de
la escuela pública a la educación privada. La obra pública es cada vez más ineficiente, como lo demuestran los gravísimos déficits de infraestructura básica. Se mantiene una relación esquizofrénica con los contratistas privados, destruyendo su capacidad de invertir, condicionando la inversión pública al capitalismo de amigos, con pésimos resultados. Mientras tanto, la población se aglomera día tras día en los trenes metropolitanos y los accidentes ferroviarios y sus víctimas se multiplican año tras año. Algo similar ocurrió con la energía, generando un severo y creciente déficit energético que se consumió en pocos años unos USD 12.000 millones del balance comercial.
Además, la fortísima expansión del gasto público no se concentró en la inversión o en mejorar la distribución del ingreso sino que se volcó mayormente a incrementar la masa de subsidios económicos que, además de regresivos, son pésimamente administrados. Un ejemplo ilustra el punto: los subsidios al transporte se consumen el equivalente a 1 tren bala por año.
¿En qué se fue el dinero?
Aumento del Gasto Público durante la Gestión K (en % del PIB)
Gastos de capital 2,0%
AUH 0,5%
Jubilaciones 1,9%
Subsidios 4,2%
Gastos opertivos + Intereses + Déficit Empresas Públicas 1,5%
Fuente: Banco Ciudad en base a MECON.
Los superávits gemelos han desaparecido y la “inserción externa activa” se ha sustituido por un cierre indiscriminado de las importaciones que golpea fundamentalmente a la industria local y acelera la tasa de inflación.
El fin de los Superávits Gemelos - Resultado Fiscal y Cuenta Corriente del Balance de Pagos (en % PIB)
2004 -0,5%
2005 0,0%
2006 0,5%
2007 1,0%
2008 1,5%
2009 2,0%
2010 2,5%
2011 3,0%
2012 -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
Cuenta Corriente (% PIB) 3,5%
Superávit Fiscal (% PIB) 4,0%
Fuente: Banco Ciudad en base a INDEC y MECON.
3. ¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas?
La promoción de la negociación colectiva
o De acuerdo, además de inevitable con alta inflación.
El aumento del salario mínimo, vital y móvil
o De acuerdo, pero no evita la informalidad.
Creación de ENARSA y de AySA
o Los recursos aportados por el Tesoro Nacional a las empresas públicas mal administradas sumarán en 2012 cerca de $16.000 millones, equivalentes al 20% de la emisión monetaria y al total de lo destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sólo Aerolíneas Argentinas y AySA recibirán subsidios por cerca de $8.000 millones.
La reestructuración de la deuda externa en 2005 y 2010
o Fue alto el recorte nominal pero la deuda indexada terminó en un nuevo default con el CER (INDEC) que ha cerrado el crédito a las provincias y las empresas y el bono atado al crecimiento les cuesta al país unos USD 3.500 millones por año.
El pago de la deuda con el FMI.
o De acuerdo, aunque en realidad se canceló deuda barata con el propósito de evitar una supervisión de las estadísticas oficiales.
La creación de UNASUR
o No es relevante.
El plan de inclusión previsional
o De acuerdo con la moratoria previsional. Pero al mismo tiempo se produjo un achatamiento de la pirámide de las jubilaciones y un incumplimiento de los pagos de los juicios previsionales con sentencia, una estrategia
inadmisible de control del gasto en jubilaciones. Existen unos 450.000 juicios iniciados en reclamo de la actualización retroactiva de los haberes jubilatorios.
La nacionalización de las AFJP
o El régimen de AFJPs tenía muchos problemas pero algunas virtudes: preservaba los ahorros de los futuros jubilados de la voracidad fiscal del gobierno nacional y permitía ir desarrollando un mercado de capitales para eventualmente financiar la inversión productiva. Hoy los recursos que sostienen el sistema jubilatorio son un coto de caza de las necesidades fiscales y políticas.
La creación del Fondo Federal Solidario (Fondo sojero)
o Es un timido intento de compensar con un gesto aislado la inédita concentración de recursos fiscales en manos del Ejecutivo Nacional, que ha convertido en una ficción al federalismo fiscal que pregona nuestra Constitución. La coparticipación a las provincias pasó de casi el 40% de lo recaudado por el Sector Público Nacional (incluyendo ANSES) a mediados de los ‘80s a menos del 25% en la actualidad, considerando lo recaudado por el impuesto inflacionario.
El Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”
o El programa se ha convertido en un instrumento de clientelismo político que somete a los más humildes, en lugar de generar empleos genuinos, formales y de calidad.
La nacionalización de Aerolíneas Argentinas
o Es el ejemplo más flagrante del anti-progresismo nacional e impopular. Todos los argentinos pagan su déficit pero sólo la utiliza el 1x1000 más rico de la población y nos cuesta casi 1.000 km de rutas por año. El Presupuesto 2013 prevé un piso de $3.118 millones para financiar las operaciones de Aerolíneas Argentinas, que se ha convertido en una bolsa de empleo para la agrupación “La Cámpora” en cargos para los que sus integrantes no tienen ninguna preparación.
La ley de movilidad jubilatoria
o Inevitable con alta inflación. Es una indexación, no una mejora en las jubilaciones.
Asignación Universal por Hijo y Embarazo
o Fue una propuesta de gran parte del arco opositor que el gobierno se negó a aplicar hasta que la presión política y la crisis de 2008 lo obligó. Por la inflación y pese a los aumentos, la AUH apenas mantuvo su poder adquisitivo.
El Programa Conectar-Igualdad
o Debería instrumentarse pero para niños en la escuela primaria, como ocurre en Uruguay y en la Ciudad de Buenos Aires, y no en el último año del secundario. El objetivo es mejorar la conectividad digital de los niños y no ser un instrumento de especulación electoral.
El Estatuto del Peón Rural
o La UATRE, el sindicado que los representa, no estuvo de acuerdo.
La estatización del 51% de YPF
o Una maniobra para ocultar el descalabro de la política energética. El factor competitivo fundamental de una petrolera es el costo del capital barato. YPF debe convalidar altas tasas de interés para financiar sus inversiones y eso se traduce en menor inversión y mayores precios para los usuarios. El aumento en el costo del capital para YPF será una carga para los contribuyentes y consumidores. Un ejemplo simple: desde la estatización de YPF a principios de 2012, las naftas aumentaron un 22%. La condonación de deudas de AFIP es un costo oculto de la estatización. La propiedad de las empresas no define los resultados, que dependen fundamentalmente del marco de políticas para promover la inversión y exploración.
El ingreso de Venezuela al MERCOSUR
o De acuerdo en la medida que más comercio se prefiere a menos.
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA
o Una excusa para aumentar el financiamiento monetario al gobierno nacional y desatender la inflación. El gobierno pretende con la reforma dirigir más crédito a la producción. Pero la historia demuestra que la
inflación y las tasas reales negativas reducen el ahorro canalizado al sistema financiero, promueven la dolarización y, finalmente, terminan achicando la disponibilidad de crédito para empresas y familias.
El Plan de viviendas PROCREA
o Un programa ambicioso (de difícil implementación y escasos resultados hasta hoy) que no necesariamente beneficia a los más humildes, quienes no cuentan con un lote escriturable para la construcción. El programa Primera Casa BA se focaliza en las familias con mayores necesidades habitacionales y no en las que tienen más suerte (sorteo), seleccionados mediante un sistema de scoring que considera las necesidades reales sin lugar para manipulaciones políticas.
4. ¿Cuáles son las principales diferencias con los indicadores económicos de la convertibilidad?
5. ¿Cuáles son los principales logros económicos entre 2003 y 2012?
El PBI creció en más de un 80%, registrando el crecimiento más importante de nuestros en décadas.
La producción industrial creció 107%.
Argentina fue el único país de América latina que no reprimarizó sus exportaciones sino que, por el
contrario, aumentó las industriales hasta alcanzar en 2011, el 34% de las ventas externas totales.
Se generaron más de 5 millones de puestos de trabajo.
El desempleo pasó del 20% al 7%.
Del 2003 a fines de 2012, el salario mínimo vital y móvil pasó de $200 a $2900.
Del 2003 a diciembre de 2011, la pobreza por persona pasó del 54% al 7% y la indigencia del 28% al 2%.
La Asignación Universal por Hijo alcanza a casi 4 millones de niños y niñas.
Las reservas internacionales pasaron de 9.915 millones de dólares a 45.000 millones de dólares.
La recaudación tributaria creció casi 700%.
En 2002, la Deuda Pública Total respecto al PBI significaba el 166%, a fines de 2011, se redujo al 42%.
En 2002, la Deuda Pública Total en poder del sector privado, en moneda extranjera, respecto al PBI era
92%; en agosto del 2012 se redujo al 8,4%.
En 2002, la Deuda Pública Total, en poder de privados, respecto al PBI, era del 124%, en agosto 2012 es apenas del 12% y la mayor cantidad es deuda intra-sector público.
En 2002, cada argentino debía 2.250 dólares, en agosto de 2012 debemos 962 dólares, la disminución
ha sido más del 50% del endeudamiento per cápita de cada argentino.
En 2002, se destinaba el 22% de los recursos tributarios al pago de intereses de la deuda, en agosto
2012, sólo el 6%.
Del 2003 a agosto de 2012, los jubilados y pensionados más que se duplicaron, pasaron de 3.500.000 a
7.110.000 personas cubiertas por el sistema provisional.
El índice de cobertura previsional es del 95,1%, el índice más alto de toda América Latina.
De 2003 a agosto 2012, el aumento de la jubilación mínima fue del 1.254%.
Los datos presentados son mayormente falsos porque no guardan relación con ninguna fuente o erróneos porque se basan en datos del INDEC. Las comparaciones nominales son irrelevantes por la inflación. Por ejemplo, en el caso del empleo creado, ninguna de las fuentes oficiales (EPH, Ministerio de Trabajo, SIJyP) convalidan la creación de 5 millones de puestos de trabajo, en el mejor de los casos serían unos 3 millones.
La realidad es que la economía tuvo dos etapas bien diferenciadas (como se vio en el punto anterior). Los logros iniciales, producto de una recuperación vigorosa a la salida de la crisis y un contexto externo inéditamente positivo, fueron dejando lugar a un período de bajo crecimiento y alta inflación, sin acumulación de reservas, aumento del déficit fiscal, sostenimiento de la tasa de pobreza en niveles del 20-25% de la población total, estancamiento del empleo privado, intervencionismo creciente e ineficiente del Estado en la economía, que fueron desnudando los enormes déficits de gestión del kirchnerismo, incluyendo una estrategia de política económica cortoplacista, la crisis energética, los problemas de infraestructura y la dependencia creciente del contexto externo para sostener el crecimiento doméstico.
6. ¿A qué se denomina proceso de desendeudamiento argentino?
Históricamente, el crecimiento en nuestro país ha estado condicionado por el gran endeudamiento en dólares, público y privado, alentado por las políticas impuestas por los organismos multilaterales de crédito, que limitaron el accionar y los márgenes de autonomía de la política económica nacional.
La política de desendeudamiento -analizada básicamente por la relación deuda/PBI- significó dejar de lado ese condicionamiento y se basó en una combinación de tres factores:
a) la reestructuración de deuda del 2005, el pago al FMI y la reapertura y nuevo canje de 2010;
b) cuidando las cuentas fiscales y dejando de asumir nuevos compromisos en divisas y
c) creciendo a tasas altas.
Estamos de acuerdo con reducir el endeudamiento, pero esto no es lo que ha ocurrido en los últimos años. La deuda pública total pasó de USD 126.500 millones a USD 178.963 millones desde el canje de deuda de mediados de 2005 hasta fines de 2011. Esto fue consecuencia de la reaparición del rojo fiscal y la indexación de la deuda por inflación que se permitió en el canje de 2005. La relación deuda/PIB bajó hasta retornar a los mismos niveles de mediados de los 90’s, aunque este ratio no considera la deuda previsional contingente (asumida y no contabilizada) que –de tenerse en cuenta- aumentaría considerablemente los niveles de deuda (algunas estimaciones ubican en unos 10 puntos del PIB el pasivo previsional contingente por la falta de ajuste de las jubilaciones).
Lo que el gobierno denomina “política de desendeudamiento” es, en la práctica, la sustitución de acreedores privados por públicos, incluyendo el Banco Central (que respalda con sus activos la moneda y el sistema financiero) y la ANSES (que respalda con sus activos y sus ingresos el nivel de las jubilaciones presentes y futuras). Excepto que el gobierno esté pensando en un “paga Dios” a futuro, el desendeudamiento no es tal.
7. ¿Por qué la principal fuente de inclusión debe ser el empleo formal con salarios dignos?
Porque el empleo es el mecanismo de integración más eficiente y más eficaz. Eficiente porque no requiere de agencias estatales que “califiquen” a los que acceden al mismo, como sí es necesario con las políticas focalizadas. Y eficaz, porque no sólo integra al consumo, vía ingresos, sino que también integra a la persona en la división social del trabajo. Por eso, el trabajo además de generar ingresos, genera identidades, integración social y legitimidad, tanto familiar como en la comunidad del trabajador.
De acuerdo con esta crítica implícita a la visión oficial respecto a que los planes sociales per se son un mecanismo de progreso social. Los subsidios sociales, necesarios para complementar los ingresos de sectores vulnerables, no alcanzan para solucionar la pobreza estructural. Sólo con mejor educación y más inversión se pueden crear empleos formales de calidad.
El empleo público debe también ser un instrumento igualador: se debe garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso al empleo público, sin requisitos de filiación política de ningún tipo y, en la medida que se cumplan los requisitos básicos para el cargo, dando prioridad de acceso a los más humildes.
8. ¿Cuáles son los determinantes de la inversión? ¿Qué importancia tiene lo que se denomina “clima de negocios” o “seguridad jurídica”?
Se suele decir que para aumentar la inversión, hay que recrear un propicio “clima de negocios” y promover la “seguridad jurídica” ya que estimular solamente el consumo, es condenar al país a la inflación. Lo cierto es que, por el contrario, existe una fuerte conexión positiva entre consumo e inversión: es el mayor consumo el que viene estimulando inversión hasta llevarla a niveles record en términos históricos (23% del PBI).
La evidencia muestra que la inversión crece porque el PIB crece (y no al revés) ya que la inversión es traccionada por la demanda de bienes finales. Es decir, la inversión está íntimamente vinculada al tamaño y al dinamismo del mercado. Es un asunto de lógica: los empresarios sólo aumentarán la capacidad productiva si el mercado para sus productos es más grande. Por eso, la inversión crece con independencia de cómo se pueda juzgar el “clima de negocios”. Es el caso de China, una economía socialista donde todas las reglas del juego las pone el Estado y, sin embargo, la inversión representa el 40% del PBI.
Además de mercado, la inversión privada necesita horizonte y previsibilidad. Prueba de ello es la falta de inversión en sectores estratégicos con proyectos de largo plazo e intensivos en capital: energía, infraestructura y servicios públicos. La falta de reglas claras incrementa el “costo de capital” (el costo de financiamiento y el riesgo de los proyectos) y desincentiva inversiones en todos los sectores. La inversión privada cayó sustancialmente en 2012, entre otros motivos, por los cambios constantes en las reglas de juego. Hoy ningún banco -excepto el Banco Ciudad- financia proyectos a más de 10 años de plazo.
9. ¿El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es “la plata de los jubilados”?
El FGS son los fondos de las AFJP que por Ley N° 26.425/08 se traspasaron al actual Sistema de Reparto. Está compuesto por diversos tipos de activos financieros: títulos públicos, acciones de sociedades anónimas (por eso ANSES tiene Directores en esas empresas), tenencias de plazos fijos, etc. En diciembre de 2008, estaba valuado en 98.000 millones de pesos; actualmente asciende a unos 210.000 millones de pesos (aumentó 114% en 4 años).
El FGS prioriza las inversiones en infraestructura y en otros sectores de la economía real que, además de generar ganancias financieras para el Fondo, promueven el crecimiento económico y aumentan el empleo formal. Este proceso genera un círculo virtuoso porque incrementa las contribuciones a la seguridad social y el pago de impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles) que, sirven para pagar las jubilaciones. El saldo (contribuciones e impuestos – pago jubilaciones) es girado al FGS. Por lo tanto, las jubilaciones se pagan con lo recaudado mes a mes por el SIPA (sistema integral previsional argentino): 58% por aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores y 42% vía impuestos (IVA, Ganancias y Combustibles). El FGS puede aportar fondos adicionales si lo requiere el ANSES, por alguna causa justificada.
El Fondo es un stock (mal llamado “plata de los jubilados” por los nostálgicos de las AFJP) que no debe usarse para pagar jubilaciones o los juicios, sino que debe ser reinvertido y acrecentado para promover el crecimiento económico, y así se pagaran mejores jubilaciones. Las jubilaciones de ajustan dos veces al año a partir de la ley de movilidad jubilatoria (ley 26.417/08). Algunas de las principales inversiones son: Atucha II, Fideicomiso vial SISVIAL, centrales energéticas de ENARSA, viviendas del Banco Hipotecario, Soterramiento del FFCC Sarmiento, General Motors (ya lo devolvió).
El FGS cayó 14% en términos de salarios, según cálculos de Eduardo Levy Yeyati. El gobierno está financiándose con la ANSES para cubrir su déficit, no necesariamente para generar más crecimiento y más empleos. Esto compromete las futuras jubilaciones y el superávit de la ANSES. Según nuestras proyecciones, por razones de dinámica poblacional, el sistema previsional entraría en déficit a partir de 2015. Allí es cuando se necesita contar con un stock de ahorros suficiente para, con su renta, cubrir el desequilibrio proyectado de los flujos previsionales. Con la actual estrategia, Argentina avanza a licuar -una vez más- las futuras jubilaciones para cubrir su desequilibrio fiscal.
Se necesita una administración profesional y transparente. Si el objetivo es la inversión y no financiar al Estado no se entiende porque el fondo tiene la mitad de su cartera en títulos públicos. Se debería utilizar el fondo para crear instrumentos de crédito de largo plazo indexados a “jubilaciones mínimas” que preserven el valor real del fondo y no despilfarrarlo en programas de vivienda con nulo efecto expansivo (la plata puesta allí se saca de otro lado, sin efecto expansivo neto).
10. ¿Por qué deben impulsarse restricciones a la compra de dólares?
En noviembre de 2011, para evitar la corrida contra el peso nacional que intentaron los grupos concentrados posicionados en dólares, se tomaron varias mediadas:
(a) profundizar las políticas que controlaban el mercado cambiario, cruzando datos entre ingresos personales y poder de compra de los que acudían al MULC (mercado único y libre de cambios),
(b) administrar la remisión de utilidades al exterior,
(c) cambiar normas para cerrar los “grises” que permitían fugar divisas.
A partir de mayo de 2012, para reducir el ahorro en dólares, se establecieron nuevas reglamentaciones para los viajes al exterior, compras con tarjeta y remesas de fondos.
Resultado: fin de la corrida del año pasado, caída abrupta de la salida de capitales y previsibilidad en la acumulación de reservas para que la economía funcione sin sobresaltos (cuidar los dólares para pagar importaciones prioritarias para el país y la deuda) en un mundo que profundizó su crisis a partir de enero de este año.
Todos los “golpes de mercado” en la Argentina se hicieron cuando el BCRA se empezaba a quedar sin reservas. El gobierno para “cuidarse en salud” fue tomando estas medidas para preservar las reservas, el trabajo argentino y, al mismo tiempo, volver a tener una economía que realice las transacciones y también ahorre en pesos (pesificar).
Si en el corto plazo puede tener algún costo político, en el largo plazo, se toma una decisión estratégica para profundizar el proyecto nacional.
Nunca en la historia sobraron tantos dólares en el mundo. Las economías Latinoamericanas están inundadas de dólares para inversión real y financiera y por sus exportaciones. Sólo Venezuela y Argentina comparten estas políticas de prohibición de acceso a los dólares para la población. Otros países, lisa y llanamente, no las necesitan. La falta de dólares en Argentina responde a la falta de confianza en la moneda, la inflación y la fragilidad de las instituciones, que incentiva una sostenida fuga de capitales.
Las restricciones al dólar son un reflejo de la desconfianza que genera el gobierno y sus políticas. Es una muestra más del fracaso del modelo. En lugar de atacar el problema (la inflación), el gobierno ataca los síntomas (la fuga de capitales). El costo de las restricciones comienza a ser evidente: salen menos dólares pero entran muchas menos inversiones y las reservas del Banco Central siguen en caída mientras aumentan sin pausa en el resto de Latinoamérica.
En definitiva, las restricciones se imponen para utilizar al dólar como instrumento anti-inflacionario lo cual afecta sensiblemente la capacidad exportadora argentina y destruye empleos.
11. ¿A qué precio debería estar el dólar?
El BCRA siempre administró el tipo de cambio realizando minidevaluaciones periódicas para evitar que pierda competitividad la producción nacional. Hoy su valor es razonable y una devaluación profunda sólo haría que baje el salario real (porque aceleraría el aumento de precios) y se beneficiarían únicamente los que están posicionados o tienen ingresos en dólares ya que –por la crisis internacional- una devaluación no haría que se vendan más cantidades de nuestros productos.
La “administración del tipo de cambio” dejó de preservar su competitividad para utilizarse como único instrumento de control inflacionario. Argentina ya tuvo varias experiencias de fracasos de estas políticas. La más famosa fue el intento de estabilización mediante la “tablita cambiaria” de Martinez de Hoz.
Las economías regionales están en retroceso por la pérdida de competitividad cambiaria. En lo que va de 2012, las exportaciones cayeron 2,7% (-12% a/a en septiembre 2012). Lo primero que hay que hacer para evitar que este proceso de retroceso productivo y del empleo continúe es:
i) reducir la tasa de inflación;
ii) aumentar la productividad sistémica, mejorando el acceso a la energía, reduciendo el costo de logística, mejorando la integración tecnológica con el mundo y la capacitación laboral; y
iii) dejar que el tipo de cambio encuentre el valor necesario para equilibrar las cuentas externas. En definitiva, esto último es lo que hizo CFK durante la (verdadera) crisis internacional de 2008 y 2009. En suma, hay que restablecer el equilibrio cambiario, bajar la inflación y mejorar la eficiencia de la inversión pública y privada.
12. ¿Por qué hay tanto ruido con la medición que hace el INDEC de la inflación?
En 2007 debido a sospechas de que en el INDEC se realizaban mal las mediciones del IPC para beneficiar al sistema financiero, se cambia la metodología del IPC GBA. Esa metodología ahora es puesta en dudas por consultoras muchas veces “amigas” del sistema financiero que empezaron a publicar índices de precios sin tener ni la metodología ni el personal para hacer las encuestas serias y confiables.
El IPC GBA es un índice de una zona del país, no mide la inflación, ni es un índice de costo de vida y, aun antes del 2007, todo el mundo decía que el IPC no representaba la inflación que se percibía. Por otro lado, hay otros índices provinciales cuyas metodologías están completamente desactualizadas. Este debate se saldará en el 2014 cuando se comience a publicar el índice de precios nacional que medirá todo el territorio-país.
Las estadísticas del INDEC, en general, y las de inflación, en particular, no gozan de la confianza de la gente porque no se realizan con ninguna rigurosidad técnica, sino con objetivos políticos. Las estadísticas son un bien público que hoy lamentablemente no existe, por lo que aparecen instituciones privadas tratando de llenar ese vacío. No hay ninguna medición privada o provincial que hoy se ubique por debajo del 20% y la forma de evitar discusiones y que cada uno haga su cálculo es con un INDEC serio, transparente y trabajando con rigurosidad técnica.
El problema de la manipulación de los índices es que equivale a reconocer que el gobierno está dispuesto a mentirle a la gente. Esa mentira es la piedra angular de una desconfianza en el gobierno y, por extensión, en la economía. El valor de la Canasta Básica para un hogar tipo 2 (matrimonio joven con dos hijos en edad escolar) en septiembre 2012 fue de $ 1.576 según el INDEC y de $ 3.006 para las mediciones privadas. Es decir, la verdadera “línea de pobreza” duplica la que registra la medición oficial.
Mentir con la inflación es equivalente a “defaultear” los bonos indexados a la inflación local (un instrumento creado por este gobierno en el canje de 2005), encareciendo el crédito para el propio Estado, los estados provinciales y las empresas argentinas. Pero lo peor, además de ser el primer default de un país en un boom económico, es mentirle a la propia gente.
13. ¿Es alta la inflación? ¿Qué habría que hacer para bajarla?
La inflación en Argentina tiene como causa principal el crecimiento de los precios internacionales de los alimentos. En efecto, como estos productos tienen una alta proporción dentro de nuestras exportaciones, y sus precios crecen persistentemente desde 2007 –salvo el 2009- hasta la fecha, éstos impactan sobre los precios de los productos que conforman “la mesa de los argentinos”.
Con alimentos más caros, los trabajadores organizados pelean por recuperar sus salarios reales y lo consiguen gracias a las paritarias y a que –al tener una desocupación relativamente baja- tienen poder para imponer sus reclamos. Por su lado, los empresarios al ver aumentado sus costos y al tener posiciones dominantes en el mercado, aumentan sus precios. Este proceso denominado “puja distributiva” hace que el modelo argentino funcione con niveles de precios mayores a los de nuestros vecinos. No obstante, al tener una macroeconomía sólida, esta inercia inflacionaria no se espiraliza y todos los años tenemos porcentajes similares.
No es enfriando la economía o bajando el gasto público o la emisión monetaria lo que haría bajar la inflación. El mecanismo debe ser aislar lo más posible el efecto de los precios internacionales sobre los internos y eso se lograría con retenciones móviles, complementado con políticas de apoyo a la producción de alimentos baratos para todos. Adicionalmente, debería haber una mayor coordinación entre precios y salarios para ir bajando año a año la nominalidad de los aumentos vía acuerdos entre los sectores, siempre que no se perjudiquen los salarios reales de los trabajadores.
El argumento que dice que “la inflación en Argentina tiene como causa principal el crecimiento de los precios internacionales de los alimentos” cae por su propia torpeza. Con este criterio, toda Latinoamérica tendría una tasa de inflación del 25%. Sólo Venezuela y Argentina tienen tasas de inflación de dos dígitos. No por casualidad, sólo estos dos países decidieron financiar sus gastos con sus bancos centrales. Esta es una comprobación práctica irrefutable de las causas de la inflación. No hay ninguna evidencia que indique que hay más concentración económica en nuestro país que en el resto de la región.
Desde 1980, la cantidad de dinero aumento 48.000.000.000% y los precios un 45.000.000.000%. Durante el mandato de CFK la cantidad de dinero aumentó 180% y los precios un 160%. Para reducir la inflación hay que desacelerar la tasa de emisión. Para que esto redunde rápidamente en una baja de la inflación sin costos en el producto, el gobierno y su compromiso con un programa anti-inflacionario deberían ser creíbles.
14. ¿Habría que modificar las retenciones?
Hubiera sido muy importante tener hoy retenciones móviles en lugar de fijas, ya que sería un instrumento más fino para mantener niveles de precios más bajos. Habría que modificarlas, si, pero para reducirlas y permitir que se tomen a cuenta de otros impuestos. Las retenciones son un impuesto muy distorsivo, bloquean el crecimiento de la frontera agrícola, castiga proporcionalmente más a las zonas marginales y menos productivas y no fomentan la tecnificación. Hay impuestos mucho más eficientes para gravar la renta del sector agropecuario, como es el “impuesto a la tierra libre de mejoras”, aplicado en países como Canadá y Australia.
15. Mínimo no imponible, ¿por qué no suben los montos?
Eliminar el mínimo no imponible, es decir realizar una quita de impuestos a los trabajadores de mayores ingresos de la pirámide salarial en esta etapa de crisis internacional y de menor crecimiento de la economía, no sería acertado, ya que se restarían recursos para continuar con las políticas de sostenimiento de la demanda agregada (planes de vivienda, inversión pública, asignación universal por hijo, protección social, etc.) que impactan sobre un universo mayor de argentinos: trabajadores de ingresos bajos, informales y desempleados.
No obstante, habría que abrir la discusión sobre cuál debería ser el piso a partir del cual empezar a tributar, cómo hacer más progresivo el escalonamiento de las alícuotas y revisar las excepciones.
Tal vez, llegó la hora de avanzar en una reforma tributaria que grave ciertas rentas hoy no alcanzadas (empezando con el inmobiliario rural) y que, paralelamente, discuta como se achica la brecha entre trabajadores de altos y bajos ingresos.
La agenda de la igualdad debe contener, además de la progresividad tributaria -donde el impuesto a las ganancias y a los patrimonios, especialmente el inmobiliario rural es central-, el aumento periódico del salario y las jubilaciones mínimas, la eliminación del trabajo informal y la provisión de bienes públicos universales y de calidad, también denominados salario indirecto (salud, educación, transporte, justicia, vivienda, derechos humanos, infraestructura, cultura).
Es cierto que el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más progresivos y en ese sentido no está mal que se amplíe la base imponible. De todas maneras, para que el congelamiento del mínimo no imponible no sea sólo una excusa para aumentar la recaudación, debieran reducirse impuestos distorsivos y regresivos, como el impuesto al cheque, los impuestos laborales o el IVA con los recursos que incorpora la no actualización del mínimo no imponible. En los dos últimos años, la recaudación del Impuesto a las Ganancias aumentó 1 punto del PIB, lo cual habría permitido bajar la alícuota del IVA del 21 al 19,8%, o prácticamente eliminar el impuesto al cheque o bajar el impuesto inflacionario a la mitad (un impuesto que pagan los más pobres). Además, un cambio tributario como el planteado debiera ser debatido en el Congreso Nacional y no implementado de facto por obra de la inflación.
16. ¿Qué significa profundizar el modelo a través de una sintonía más fina de sus políticas?
Crecer a tasas elevadas por muchos años, genera dificultades propias de ese crecimiento. La forma más fácil de resolverlas hubiera sido implementar medidas que limiten ese sendero. Por el contrario, si queremos reducir la brecha de ingresos con los países más desarrollados, el crecimiento debe ser acelerado e ir resolviendo los desafíos que se nos presenten. En este sentido, profundizar el modelo es dejar atrás todas las rémoras de la etapa neoliberal e ir creando nuevas reglas del juego, propias del desarrollo del modelo actual.
En este sentido, la Ley de Tierras, el Nuevo Estatuto del Peón Rural, la Reforma a la Carta Orgánica del BCRA, la expropiación del 51% de YPF, la administración del comercio exterior, los controles en el mercado de cambios y a la salida de capitales son parte de esta nueva institucionalidad o sintonía fina.
Lo que llaman “sintonía fina” es, en el mejor de los casos, más intervención estatal para ocultar las inconsistencias del “modelo” y, en el peor de los casos, es lisa y llanamente una forma encubierta de ajuste. En términos prácticos, la “sintonía fina” es el cepo cambiario, es el control de las importaciones, es trasladar el ajuste fiscal a las provincias.
17. ¿Cuáles son las principales modificaciones de la Carta Orgánica del BCRA?
La Carta Orgánica anterior era propia del régimen de la Convertibilidad, donde un Banco Central supuestamente independiente del gobierno se debía ocupar solamente de preservar el valor de la moneda, es decir que la inflación fuera baja. Con la reforma, el BCRA también retoma sus funciones de fomentar el desarrollo económico con inclusión y se adiciona la promoción de la estabilidad financiera, como respuesta a los problemas que está provocando a crisis internacional. Se incluye a su vez una mayor regulación del crédito y de orientarlo hacia el objetivo del financiamiento de la inversión productiva. Por último, alienta una mayor coordinación del manejo de la política económica con el Poder Ejecutivo y amplía sus facultades para poder financiar al Tesoro Nacional (adelantos transitorios), en particular, en períodos descendentes del ciclo económico.
La Carta Orgánica del BCRA hace tiempo que no era la de un régimen de convertibilidad. Desde el 2002 había sido modificada en varias oportunidades para adecuarla al nuevo régimen cambiario. La independencia del Banco Central no es algo propio de nuestro país ni de un régimen en particular, sino que tiene que ver con administrar los conflictos de intereses que pueden existir entre la institución que debe regular la cantidad de dinero como forma de estabilizar los precios y el empleo y las necesidades fiscales y electorales de los gobiernos de turno. Pero es el poder político el que debe fijar las metas y exigir su cumplimiento. Si se agregan metas, pasa a ser imposible que se exija el cumplimiento de aquello para lo que no se cuenta con herramientas suficientes. Antes y después de la reforma de la Carta Orgánica, en lugar de preocuparse únicamente por la inflación, el Banco Central pasó a despreocuparse totalmente de la inflación.
En cuanto a la orientación del crédito hacia la inversión productiva, es mucho más lo que se puede hacer con estabilidad y un sistema financiero competitivo. El sistema financiero argentino es muy competitivo (lo que demuestran las tasas de 1% para prefinanciar exportaciones que había hasta hace un año, entre otros múltiples ejemplos) y sólo con estabilidad monetaria y financiera el crédito productivo se multiplicaría varias veces (basta con mirar los porcentajes de crédito al sector privado en términos del PIB de Brasil y Chile para entender el punto: mientras que en Argentina representa sólo 16 puntos del Producto, en Brasil es equivalente a 60% del PIB y en Chile al 90%). El direccionamiento del crédito y tasas por debajo de las de mercado, llevaran a la descapitalización del sector financiero (hoy sus ganancias apenas compensan la inflación) y a aumentos en los niveles de corrupción en la asignación de los créditos.
18. ¿Por qué es tan importante pesificar la economía?
El objetivo es tener una economía que realice las transacciones y –al mismo tiempo- ahorre en pesos. Recuperar la moneda como reserva de valor no será fácil y no por un tema cultural o sicológico a secas, sino porque la caótica historia argentina de corridas cambiarias, devaluaciones e hiperinflaciones construyó esa conducta: los argentinos con capacidad de ahorro compran dólares, aunque haya sido una de las peores opciones financieras de los últimos años. Pero para ahorrar en moneda nacional, debe haber un cambio estructural y de largo plazo: crear y promocionar fuertemente instrumentos en pesos que mantengan –o superen- el poder adquisitivo en dólares, que sean de fácil comprensión por los ahorristas y que no compitan con los plazos fijos.
Es muy importante pesificar la economía. Pero una pesificación genuina requiere credibilidad en la moneda y, naturalmente, estabilidad por muchos años. Con tasas de inflación de 2 dígitos (y con tasas de interés reales negativas) será imposible inducir una pesificación. Nuestra historia no nos ayuda ¡y nuestro presente tampoco!
19. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley de Expropiación del 51% de YPF?
El objetivo de la ley es convertir a los hidrocarburos de commodity exportable a recurso estratégico para el desarrollo económico por su impacto en la competitividad industrial, en los costos de la energía, del transporte, y en poder adquisitivo de los salarios. A tal fin, establece un nuevo modelo de soberanía hidrocarburífera sobre la base de tres puntos básicos:
a) Declarar de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización (se regula de esta forma toda la actividad);
b) Instruir a que la “nave insignia” de esa política será la nueva YPF de gestión mayoritariamente estatal y profesionalizada;
c) Conformar un ente de planificación a largo plazo con la creación de del Consejo Federal de Hidrocarburos, formado por la Nación y todas las provincias y la CABA. Su función será, en forma coordinada, llevar adelante la política hidrocarburífera argentina.
La expropiación de YPF ha pretendido ocultar el rotundo fracaso de la política energética durante los años kirchneristas. La producción de gas y petróleo viene cayendo sistemáticamente en los últimos años (entre 2003 y 2011 acumula contracciones del 10% y el 23%, respectivamente). Lo mismo sucede con las reservas. Tampoco ha habido inversiones significativas en refinación y transporte. La brecha creciente entre la producción local y el consumo ha debido cerrarse con importaciones que impactan negativamente sobre las cuentas externas y fiscales.
La nueva YPF, que explica menos del 50% de la actividad en la industria de los hidrocarburos, no podrá por si sola revertir el desempeño sectorial de no mediar un cambio en la política energética y una mejora en el costo del financiamiento. La enorme oportunidad que se nos abre con la explotación de los recursos no convencionales (shale oil & gas) no podrá aprovecharse sólo con declaraciones altisonantes y palabras rimbombantes (“recurso estratégico”, “soberanía hidrocarburífera”, “nave insignia”). Es necesario construir un marco regulatorio consistente, que defina con claridad los roles para el Estado Nacional, las provincias y los inversores privados, y establezca un sistema de precios estable que asegure la viabilidad económica de la actividad y el suministro de energía, con un adecuado reparto de la renta petrolera.
La Gran Makro poco dice sobre la pérdida de soberanía hidrocarburífera de las provincias, consagrada en la Constitución Nacional.
20. ¿Cuáles son todavía las asignaturas pendientes? ¿Por qué se debe profundizar el proyecto nacional, popular y democrático?
Modificar sustancialmente la estructura productiva y profundizar la industrialización.
Seguir combatiendo la pobreza y la indigencia remanente.
Dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria.
Alcanzar niveles de calidad en la provisión de bienes públicos universales (Salud, Educación, Vivienda, Seguridad, Cultura, etc.).
Conquistar una mayor homogeneidad de los niveles salariales.
Eliminar el trabajo precario e informal.
Reducir sensiblemente las disparidades regionales.
Reivindicamos como valores innegociables la democracia y la libertad, el federalismo, la distribución equitativa del ingreso (o justicia social) y la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Además, defendemos el pluralismo en las ideas y la competencia como motor del progreso material y adherimos fervientemente al deseo de los argentinos de contar con un Estado confiable, honesto y eficiente. Si se mira bien, muchos de estos valores fundamentales están siendo puestos bajo presión por el kirchnerismo.
Por más que tengamos una democracia todavía vibrante, la libertad de expresión y las libertades económicas se cercenan día a día. Nunca tuvimos un estado más unitario. La distribución del ingreso no ha mejorado en los últimos 20 años, ni ha tenido progresos durante el gobierno de CFK. El Estado más que promover la igualdad de oportunidades se utiliza como coto de caza de puestos políticos. Los casos de corrupción son moneda corriente en la Administración Nacional. La competencia se ahoga con regulaciones y restricciones de todo tipo, y el Estado se transforma en un mecanismo de distribución desde los que menos tienen hacia grupos e intereses sectoriales.
Por eso, para estimular el debate, aquí planteamos algunas propuestas ilustrativas para el logro de los objetivos que “la Gran Makro” considera pendientes:
Seguir combatiendo la pobreza y la indigencia. Para esto se propone:
o Subsidiar los servicios con un esquema que copia al de países verdaderamente progresistas como Sudáfrica, que implican dejar un mínimo de consumo gratis pero llevando el resto de los pagos a costos reales. Esto promueve una verdadera equidad distributiva y reduciría el costo de los subsidios a la mitad. Con la reducción del costo, se puede eliminar la emisión monetaria que hoy genera inflación, llevándola gradualmente al entorno del 2% ó 3% anual.
Para dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria se propone:
o Concentrar la recaudación en Ganancias pero reduciendo gradualmente el IVA.
Para alcanzar niveles de calidad en la provisión de bienes públicos universales:
o Regalarle Aerolíneas Argentinas a sus empleados y utilizar los excedentes para la construcción de rutas.
Para reducir sensiblemente las disparidades regionales:
o Devolverle a las provincias sus cuotas de coparticipación devolviendo la concesión de recursos coparticipables que las provincias cedieron durante la reforma previsional de los años ‘90s.
Para mejorar la calidad educativa
o Premiar a los docentes con aumentos salariales reales en función de la mejora de la calidad educativa.
Fuente: www.fundacionpensar.org
