Migración laboral: los brotes verdes del empleo se mudan al interior

Por Julieta Tarrés - LA NACION

A contramano de la suba del desempleo que informó el Indec, firmas de diferentes rubros reactivan los planes de búsqueda de personal

Foto: Vicente Martí
La suba del desempleo no afecta a todos los sectores y las economías regionales por igual. 

Estadísticas oficiales y de consultoras privadas evidencian la convivencia de dos realidades: inversión extranjera que se concreta en cuotas, baja oferta laboral en el Gran Buenos Aires -aunque más amplia en algunas provincias- y los primeros brotes verdes en economías, principalmente en las vinculadas al campo.

Representantes de pequeñas y medianas empresas de diferentes rubros reconocen que lo que se ve en el conurbano es muy distinto de lo que está pasando en localidades de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Neuquén, Chubut, Mendoza, Catamarca, Tucumán e incluso del norte de la provincia de Buenos Aires.

Carlos Moriconi es el CEO de la mayor fabricante de remolques del país, con sede en Las Rosas (Santa Fe). Se trata de Vulcano, una pyme de capitales nacionales que provee medios de transporte para el traslado de cargamento a las industrias de la construcción, el petróleo, la minería y el agro. "Tenemos una demanda creciente desde que comenzó a ser rentable la actividad agropecuaria", dice el directivo desde su oficina en la localidad santafecina, a 100 kilómetros de Rosario.

El plan de Moriconi es invertir $ 30 millones entre 2017 y 2019 para aumentar en 50% la capacidad instalada de su planta, de 5500 m2. El objetivo de Vulcano es reducir los altos costos logísticos del mercado local con el proyecto BiTren. "Trabajamos en tres unidades de negocio: el 70% de nuestros ingresos provienen de la venta de semirremolques (tolvas), que se usan en el transporte de granos; vendemos grúas que cargan entre 30 y 90 toneladas, y vehículos de alto rendimiento (BiTren) conformados por un camión más dos remolques con capacidad de hasta 75 toneladas. El BiTren permite un incremento del 80% en una carga útil", explica el hijo de Alberto Moriconi, fundador de la compañía que nació en 1986. Vulcano cerrará el año con una facturación de $ 120 millones y un incremento del personal. A medida que su planta crezca, la empresa necesitará aumentar su nómina de 110 empleados. "Nos cuesta conseguir gente. Hay personas que buscan trabajo en localidades cercanas, incluso en el Gran Rosario. Pero a pesar de la necesidad, hemos ofrecido vacantes a potenciales empleados que no quieren hacer esto, les cuesta involucrarse con el proyecto", explica Moriconi.

Ante la falta de recursos, Vulcano cerró un acuerdo con el municipio de la localidad de Pinto, Santiago del Estero. "Trajimos gente de esa ciudad, que está 450 km al norte de Las Rosas. Pensamos que iba a ser más fácil que los trabajadores migraran de localidades más cercanas, pero no. Tenemos empleados que nacieron en esa ciudad, de 6000, habitantes y que aceptaron el desafío porque tienen mucha necesidad", cuenta el empresario.

Marcelo Cámara, fundador del Grupo Del Viento, coincide con su colega cordobés. "Contratamos a 25 personas entre octubre y febrero, y nos costó. La situación laboral en ésta provincia no es tan mala como la del conurbano. En Chubut hay un bajo índice de desocupación", explica el propietario de la cadena de heladerías, que, de a poco, se expande por el país. Según Cámara, no sólo es difícil retener a la gente que vive en Comodoro Rivadavia, en donde tiene la planta elaboradora de alimentos, también es complicado encontrar especialistas. "No consigo pasteleros, panaderos con experiencia ni baristas. Empezamos a capacitar gente local, pero mientras tanto contraté a un marplatense que viaja una vez por mes", dice el empresario que emplea a más de 100 personas y factura $ 50 millones al año. Del Viento está en pleno proceso de expansión a pesar del golpe que sufrió tras las inundaciones. 

Con una inversión de $ 13 millones, la marca del mejor helado artesanal de la Patagonia (que además produce chocolates, dulces, panificados y tuesta café) compró seis máquinas industriales, cuatro vehículos de reparto y abrió dos locales (Esquel y Puerto Madryn) que se suman a los ocho que ya tenía. "Perdí $ 100.000 y dejé de ganar otros $ 700.000 por las lluvias que dejaron Comodoro bajo el agua, pero hay que seguir adelante. Estoy por lanzar un vino orgánico con la marca Kurrus que se cultiva en Valle de Uco", adelanta Cámara desde el Sur.

A 1825 km de ahí, en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, la fábrica de tanques cisterna Bertotto-Boglione también está incorporando personal. Eduardo Borri, presidente de la pyme, creada en 1948, cuenta a LA NACION que emplean trabajadores que llegan desde la ciudad de Córdoba, a 220 km de distancia de la planta. "Algunos viajan una hora en auto y otros deciden mudarse. Acá no buscamos gente capacitada, simplemente gente. El Gobierno debería pensar en crear políticas activas para permitir una migración laboral, como ocurre en otros países", sugiere el empresario que se ve obligado a buscar empleados en poblaciones cercanas a la planta, como General Roca, Leones, Inriville y San Marcos.

La empresa que vende tanques de plástico para almacenar fertilizantes, entre otras soluciones, incorporó a 20 trabajadores en los últimos seis meses. Tiene 250 empleados en relación de dependencia y planea contratar 80 más el año que viene.

Bertotto-Boglione no es una pyme más; tiene en carpeta proyectos ambiciosos. "Estamos invirtiendo en la ampliación de la fábrica de cisternas que abastece a la industria del petróleo, principalmente en Vaca Muerta. Ahí vamos a necesitar 20 personas adicionales. También queremos aprovechar el efecto derrame que genere el Plan Belgrano en materia de infraestructura", admite el número uno de la empresa, que firmó una carta de intención con la intendencia de Bahía Blanca para invertir $ 240 millones en la edificación de una planta de producción de columnas para molinos de viento.

En alza

En Tucumán también se ven brotes verdes. A 20 km de la capital de la provincia, en la localidad de San Isidro de Lules, está Veracruz, una citrícola familiar que procesa 30.000 toneladas de fruta por año y exporta el 80% de su producción. Jorge Seleme, director y accionista de la pyme, fundada en 1927, cuenta a LA NACION que con el cambio de gobierno inició un proceso de expansión. "Con $ 50 millones empezamos a ampliar la planta procesadora de fruta fresca para exportar a nuevos mercados de la Unión Europea", dice el empresario, que necesita contratar 300 trabajadores. "Tenemos problemas para conseguir personal. Pedimos ayuda al Ministerio de Trabajo, pero en ciudades de la zona no se busca empleo. Competir con los planes Interzafra (por los que la provincia paga salarios a quienes trabajan en las cosechas) de Luis Manzur es imposible", explica el empresario, crítico de esos planes estatales. "Es el mundo al revés", agrega.

Su colega cordobés Jorge Simonutti, presidente de SICA, la primera fabricante de torres eólicas del país, con sede en la localidad de Esperanza, se expande con viento de cola. El auge por la generación de energías limpias le permitió a Simonutti embarcar su pyme en un proyecto con dos empresas españolas (TecnoAranda y Haizea Wind) para producir 80 molinos de viento por año. "Vamos a necesitar 100 personas en los próximos 10 meses. Por ahora no hay problemas para encontrar gente con oficio o ingenieros. Veremos más adelante", dice Simonutti. Aunque el empresario no quiso compartir detalles de la inversión, medios de España confirman que el desembolso del consorcio argentino-español asciende a $ 150 millones. Ahí se levantarán tres módulos modelo para fabricar torres y hélices metálicas.

Funcionarios del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera, celebran este proyecto. Según Martín Etchegoyen, secretario de Industria y Servicios, hay pymes en el interior que están invirtiendo, en parte, porque ahora hay medidas oficiales como la ley pyme y la flexibilización para acceder a financiamiento a tasas subsidiadas, que les facilitan la tarea. "A Sica, por ejemplo, la asistimos para que consiguiera crédito y pudiera cerrar el joint-venture con sus pares en España", destaca el funcionario. Lo cierto es que el 75% de los desembolsos comunicados en lo que va del año pertenecen a proyectos de pymes argentinas. Probablemente sean esas las estadísticas que colorean de verde (porque son números positivos) la pantalla del Monitor de la Economía Real, el sistema de datos que ideó Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva, para que los miembros del gabinete se informen en tiempo real. Para el Gobierno ésos son los brotes verdes que comienzan a poblar el bosque.

Fomento pyme

Una buena parte de las búsquedas laborales actuales están a cargo de pequeñas y medianas empresas que se vieron favorecidas por la ley pyme. Entre otros beneficios, la norma exime a las firmas más chicas de pagar el impuesto a la ganancia presunta y les permite computar a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque.

Se agrava el conflicto en los puertos del Gran Rosario

(La Nación) - Hay 40 buques que no pueden cargar granos; Los gremios montaron piquetes y quieren impedir el ingreso de camiones

Por el conflicto, los barcos enfrentan demoras para cargar. Foto: Marcelo Manera

ROSARIO.-Se tensó aún más durante la tarde de ayer el conflicto en los 21 puertos del gran Rosario que lleva seis días y paralizó la exportación de granos. Ingresó a las terminales un 71 por ciento menos de camiones y la CGT San Lorenzo anunció que bloqueará las fábricas.

Por la medida de fuerza, unos 40 barcos no pueden cargar en las terminales de la zona, luego de que más de 20 gremios de la región dispusieran un paro por tiempo indeterminado en reclamo de que los exportadores paguen un "salario regional". Pretenden que todos los trabajadores cobren un sueldo equiparado al de los aceiteros, que ronda los 27.000 pesos.

A media tarde algunos barcos pudieron cargar con una fuerte custodia de la Prefectura Naval y la Gendarmería pero después de que se incrementara la tensión con los gremialistas los amarraderos quedaron otra vez bloqueados.

El conflicto provocó que bajara abruptamente el ingreso de camiones a la zona portuaria. Como señaló LA NACION, algunas empresas pedían a los productores y acopiadores que no enviaran las cargas hasta que se solucione este conflicto.

De acuerdo al registro de la Bolsa de Comercio de Rosario, ayer entraron 1379 camiones, mientras que en promedio la semana anterior descargaron 4258 vehículos. El paro provocó que ingrese un 71 por ciento menos de camiones a los puertos.

Los 20 sindicatos que reclaman una equiparación salarial con el sueldo de los aceiteros -que ronda los 27.000 pesos- decidieron trasladar el conflicto a los ingresos de las terminales. Durante la mañana intentaron montar un piquete en Bunge, pero efectivos de Gendarmería lo impidieron. Luego se trasladaron a otras terminales, como Terminal 6 y Cargill, según indicaron voceros del sector.

"No hemos recibido ni un sólo llamado para destrabar el conflicto y es hora de cambiar la estrategia de la protesta", anticipó al portal SL24 José Capuano, delegado del sindicato de Camioneros. "Lo que vamos a hacer es avanzar sobre las terminales portuarias, donde ya hay piquetes en Cargill y Terminal 6. Y seguiremos con Vicentín, Renova y Dreyfus", amenazó el dirigente.

"Ante la falta de respuesta, vamos a arbitrar otras estrategias de la protesta para que las cámaras empresariales recapaciten y se pongan a dialogar", coincidió Marcelo Zavala, dirigente de la Marina Mercante.

La CGT San Lorenzo reclama que las empresas exportadoras equiparen con el salario del gremio de los aceiteros -que ronda en promedio los $ 27.000- a trabajadores de otros sindicatos, como empleados municipales, remiseros y vigiladores, entre otros.

Las firmas nucleadas en la Cámara Aceitera de la República Argentina (Ciara) rechazan el planteo, con el argumento de que hay sectores que nada tienen que ver con la agroindustria, como los remiseros, por ejemplo. Y argumentan que una central obrera no tiene atribuciones para exigir un ajuste salarial, que cada gremio discute en paritarias.

Cada año, los gremios nucleados en la CGT San Lorenzo, que nada tienen que ver con el sector agroindustrial, reclaman que las empresas paguen un "salario mínimo regional". Pretenden que las terminales portuarias abonen el sueldo del convenio de los trabajadores aceiteros a otros gremios de la zona, como remiseros, gastronómicos y empleados municipales, entre otros. En otros años, y para evitar un conflicto, las compañías exportadoras pagaron una especie de plus, que se denominó "convenio COPA". Este año rechazan abonar un monto que no les corresponde, advierten.

Edgardo Quiroga, secretario general de la CGT San Lorenzo, sostuvo que "hay una decisión política de no pagar este reclamo. Estas empresas vienen de recibir grandes beneficios del gobierno nacional y pueden tranquilamente pagar lo que se pide".

El gerente de Comunicaciones de Ciara, Andrés Alcaraz, señaló que "hay gremios que hacen este reclamo y no tienen ni siquiera relación indirecta con el sector agroindustrial".

El Gobierno recibe más denuncias por aprietes sindicales

Por Nicolás Balinotti - LA NACION

En el Ministerio de Trabajo se registran tres casos por semana; los empresarios hablan de amenazas, pedidos de sobornos y hasta un negocio con los juicios laborales.

En el Ministerio de Trabajo se apilan desde hace meses pedidos de empresarios que reclaman la intervención del Gobierno para mediar en conflictos sindicales. Foto: Casa Rosada

Las recientes agresiones sindicales de las que fueron blanco el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , tienen también su correlato en el sector empresario.

"Desde que el Presidente salió a hablar de las mafias [sindicales] no tengo menos de dos o tres denuncias por semana por aprietes", dijo hace unos días el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, durante un almuerzo con miembros de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

En la secretaría que ocupa el número dos del Ministerio de Trabajo se apilan desde hace meses pedidos de empresarios que reclaman la intervención del Gobierno para mediar en conflictos sindicales.

Extorsiones para que las empresas sumen más trabajadores de lo previsto; tiros en el domicilio de un directivo de una compañía de Entre Ríos por haber despedido personal, y pedidos de sobornos para no paralizar una obra son algunos de los casos.

La semana pasada, el eje de las presentaciones fue solamente uno: los juicios laborales. Fue a partir de la acusación de Macri contra el diputado kirchnerista Héctor Recalde, a quien señaló como el conductor de "la mafia de los juicios laborales". Un caso: la empresa Sinteplast denunció ante el Gobierno que sus trabajadores hacen presentaciones en la Justicia contra las ART por "una expectativa monetaria desmesurada prometida por los abogados".

Sabor tomó nota de los episodios y en algunos de ellos hasta ofició como una suerte de mediador entre el sector empresario y los gremios. Sin embargo, en algunos casos, la capacidad de acción del Ministerio de Trabajo se percibe limitada ante determinados hechos que rayan lo delictivo y que requerirían la intervención de la policía y de la Justicia.

"Necesitamos que la Justicia haga algo porque a veces no tenemos herramientas para avanzar", se quejaron en voz baja en el organismo que dirige Jorge Triaca. Tensiones cotidianas que guían hoy el vínculo entre el Gobierno y la Justicia.

Las denuncias empresarias en el Ministerio de Trabajo no tienen siempre su réplica en la Justicia. "No lo hacen porque a veces terminan arreglando entre las partes", argumentaron con algo de resignación en la sede laboral.

Entre las denuncias recibidas por el secretario de Trabajo, una es de la aceitera Entre Ríos Crushing, que está en conflicto con la Federación de Aceiteros desde febrero por la reducción de personal. Escaló la tensión cuando la jefa de recursos humanos de la empresa denunció un ataque a tiros en su vivienda, además de haber sufrido escraches y amenazas por parte de los delegados del gremio.

LA NACION consultó a la empresa, pero dos voceros prefirieron mantener el silencio. Argumentaron que Juan Martín Echeguía, el presidente de la compañía, era quien iba a dar una respuesta.

Sucedió lo mismo con dos compañías de bebidas que optaron por la cautela antes de relatar a LA NACION sus tironeos con el sindicato de los camioneros, de Hugo Moyano, y con el de Aguas y Gaseosas, de Rubén Álvarez.

Sabor recibió denuncias de empresarios por pedidos de sobornos de los operarios que llevan adelante refacciones en el puerto de Bahía Blanca y en otras obras públicas de la zona. El Ministerio de Trabajo, en realidad, tiene varias seccionales de la Uocra en la mira. Son todos bastiones que no responden a Gerardo Martínez, el jefe nacional de los albañiles. En el sindicato dan luz verde al Gobierno para actuar en caso de que exista alguna denuncia judicial.

También hay un seguimiento por el modus operandi de los sindicatos petroleros de la Patagonia. "Piden contratar el doble de gente de la que realmente se necesita para los pozos. Exigen eso y si no, garantizan quilombo", describieron en el oficialismo el tono de las negociaciones en el sector petrolero.

Preocupa también una disputa de bandas por el control del sindicato de la carne. La interna, en la que se entrecruzan barrabravas de Boca, altera la producción en los frigoríficos, según relataron en la cartera laboral.

Un conflicto paradigmático, pero que sí tuvo su correlato en la Justicia, es el de la línea 60 de colectivos. El 9 de septiembre de 2016 un operario falleció al ser aplastado por un colectivo mientras realizaba las tareas de mantenimiento de la unidad en la terminal de la empresa Monsa, en Barracas. Por entonces, la comisión interna de la línea 60, que conserva sus raíces en la izquierda sindical y el trotskismo y que se opone al liderazgo de Roberto Fernández en la UTA, reaccionó de manera violenta ante la muerte de su compañero David Ramallo.

En las cámaras de seguridad de la empresa quedaron registradas las imágenes del desbande: destrozos de las oficinas y un empleado agredido a golpes. Por el episodio, que cuenta con una causa penal en curso, la empresa ordenó diez despidos y veinte suspensiones después de meses con protestas, paros y la decisión de los choferes de no cobrar boleto. Pero hace tres semanas un fallo de la justicial laboral ordenó reincorporar al personal en "aras de la paz social" y anuló los despidos y las suspensiones.

A partir de la escalada de conflictos sindicales, cuyo pico se alcanzó el año pasado, el Ministerio de Trabajo fortaleció el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) como instancia alternativa para la solución de los conflictos laborales. En 2016 se generaron 84.258 expedientes y el porcentaje de acuerdos fue de 26%. Mientras que en 2017 la cantidad de expedientes bajó a 59.922 y se elevó el porcentaje de acuerdos a 39%. El Gobierno considera el Seclo un paso clave para evitar el aumento de los juicios laborales.

Macri se refirió en abril a las mafias sindicales, empresarias, políticas y judiciales. Prometió desterrarlas. Sin embargo, el mensaje presidencial, expresado en la víspera del primer paro general de la CGT, tenía por entonces un único destinatario: los gremios. Selectivos, los empresarios captaron una parte del mensaje y comenzaron a denunciar sus experiencias.

Anses le sacó la jubilación a mil extranjeros que nunca vivieron en el país

(Perfil.com) - Fueron otorgadas a paraguayos y brasileños residentes en poblaciones limítrofes con la provincia.

Más de mil ciudadanos extranjeros perdieron automáticamente su beneficio jubilatorio cuando el jefe de la Unidad de Atención Integral de Posadas (Udai), dependiente de la Anses, Marcelo Julien, confirmó, luego de un exhaustivo sondeo que se llevó a cabo con la Dirección de Migraciones, "que nunca vivieron en la Argentina", sino que residen en poblaciones limítrofes con Misiones.

En su mayoría otorgadas a paraguayos y brasileños, se estiman que pensiones y jubilaciones truchas exceden las 3.000. 

Según detalla La Nación, esta investigación surgió de un acuerdo entre la Anses y la Dirección Nacional de Migraciones "a los efectos de verificar el domicilio real de aquellos beneficiarios de prestaciones sociales”. 

Además, de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios al diario, el objetivo del Gobierno con esta medida es “evitar abusos o falta de transparencia en el otorgamiento de tales prestaciones, las que el Estado eroga utilizando dineros públicos provenientes del aporte de sus contribuyentes".

El Presidente visitó el Irízar y lo sorprendieron con un grito: "No hay trabajo, Macri"

(Clarin.com) - Luego de su recorrida por el buque y en medio de su discurso, el mandatario pasó un momento tenso.

El Presidente Macri visitó el Irízar . (Prensa M de defensa/Pablo Senarega)

Recién llegado de Estados Unidos, donde recibió el respaldo del presidente Donald Trump, a Mauricio Macri no lo dejaron saborear el éxito de su viaje ni medio día. Luego de visitar un centro de jubilados, el Presidente visitó al rompehielos Almirante Irízar que viene de haber sido sometido a un proceso de reconstrucción y modernización para volver a estar en servicio.

El presidente, Mauricio Macri, visitó al rompehielos ´Almirante Irízar´, amarrado en Puerto Madero, que vuelve a navegar luego de diez años de inactividad.

"Siento alegría de participar en la bienvenida del rompehielos Irízar. Hace más de una década que tenemos fuera de servicio esta nave insignia, que representa mucho de lo que está pasando el día de hoy: demostrar nuestra capacidad de trabajo, lo que los argentinos somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos", venía diciendo Macri, con el rompehielos a sus espaldas.

En ese momento, se escuchó una voz a lo lejos, que quedó perdida en medio del discurso. Pero cuando el Presidente terminó de hablar se escuchó clarito: "No hay trabajo, Macri", gritó un hombre, mientras el mandatario saludaba a los comandantes del Irízar con una sonrisa tensa.

En su discurso, había asegurado "estamos en el camino de decirnos la verdad, que consolida la confianza. Tenemos que consolidad la confianza".

Refuerzan controles de asistencia y presentismo de los empleados públicos

(Ambito.com) -  El Ministerio de Modernización aprobó un reglamento para fiscalizar el cumplimiento del horario de los trabajadores estatales.

El Gobierno aprobó un reglamento para reforzar el control de asistencia y presentismo de los trabajadores de la administración pública, que incluirá registros biométricos para ficha el ingreso y egreso de los empleados. 

El Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, oficializó la resolución 204-E/2017 que aprueba el "Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo", el cual instrumenta el uso de tecnología informática para verificar el cumplimiento de las horas de trabajo de los empleados estatales. 

Según los considerandos de la medida, publicada en el Boletín Oficial, sostiene que "la modernización del Estado, de sus organizaciones y estructuras, requiere el diseño y puesta en funcionamiento de sistemas de información acordes con las nuevas formas de gestión que aseguren el desarrollo y el buen funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa".

"Corresponde estandarizar procedimientos y tareas a fin de simplificar y unificar la documentación necesaria para solicitar licencias o justificar inasistencias, que permita facilitar la correcta administración documental y reforzar el control, tanto para la administración, como para los agentes", resalta la norma y agrega que "en este entendimiento, se propicia aprobar los formularios que serán de uso obligatorio para notificar inasistencias y para solicitar licencias y permisos, respectivamente".

Además, el artículo 3 de la resolución establece un plazo de un año para que las entidades y jurisdicciones públicas implementen un sistema informático biométrico que registre la asistencia del personal que les dependa. 

Las siete provincias con más empleo público por cada uno privado y las nueve con mayor brecha salarial

Por Daniel Sticco - Infobae.com - dsticco@infobae.com

El Ministerio de Trabajo estimó que con los impuestos se pagan más de 3,5 millones de puestos en la administración nacional, provincial y municipal.

Durante más de un lustro, el empleo público se comportó como una bolsa de trabajo en la que se acumulaba gran parte de la población que se incorporaba al mercado laboral o que lo perdía en el ámbito privado, en particular en las provincias y municipios cuyos gastos se financian más con los recursos que cobra la Nación, o que distribuye muchas veces discrecionalmente, que con fondos que obtienen del cobro de Ingresos Brutos y tasas y contribuciones. En todos los casos, el principal aportante es el sector privado, sean empresas, sean empleados y familias, con los impuestos a sus ingresos y consumos.

Si bien esa fue una práctica dominante en la mayor parte de los últimos  70 años, en particular en los años recesivos, volvió a cobrar ímpetu en el lustro previo al cambio de Gobierno, cuando inexplicablemente se dio un giro en la política económica a favor de "vivir con lo nuestro y lo puesto", que minó las posibilidades de crecimiento del sector privado que se había abocado a vender gran parte de su producción al mercado internacional, y debió conformarse con un limitado mercado interno. En 2015, el sector público fue casi el único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios; sumó 139 mil personas.

En 2015, el sector público fue el casi único generador de empleo, a un ritmo de 5,1% en la administración nacional; 3,8% en las provincias y 4,8% en los municipios

Con el cambio de Gobierno el escenario se modificó, al punto que la nómina de empleados en todo el estado pasó a crecer a una tasa inferior a 1%, desagregado en 2,4% en municipios; 0,9% en provincias y baja de 0,2% en nación.

En diciembre de 2016 un análisis del Ministerio de Trabajo de aproximación al total de empleados públicos en el país, por el faltante de información de algunos organismos públicos provinciales (principalmente de Santa Cruz) y municipales, contabilizó cerca de 3,5 millones de personas registradas en relación de dependencia en todos sus niveles y jurisdicciones.

En términos generales se observa que la mayor parte del empleo público se concentra en el ámbito provincial: el 66% (cerca de 2,3 millones de puestos), fenómeno que se explica porque esas jurisdicciones tienen a su cargo los servicios de educación, la seguridad y la salud pública; 21% depende de la nación (741 mil puestos); y 13% de los estados municipales (452 mil personas).

El mapa del empleo público al cierre del último año mostró que de las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país, en siete se estimaron más empleados públicos que trabajadores en el sector privado registrado como asalariado, monotributista, autónomo y ocupado en casas particulares. Los extremos corresponden a Formosa, Catamarca y La Rioja, en una relación de 2 a 1; le siguen Jujuy, Santiago del Estero y Chaco, con una proporción de 1,5 a 1,4 por 1; y con poco más de uno Corrientes. Un segundo lote, próximo a la unidad, o 50 y 50 se ubican Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Misiones.

Mientras que si se mide el empleo público por habitante de cada jurisdicción, la mayor dependencia directa del estado se repartió entre las norteñas Catamarca y La Rioja, con poco más del 16%; la Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz en torno al 16%; y Jujuy y Neuquén 14 por ciento.

Por el contrario, las provincias con menor concentración de empleados públicos fueron Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Corrientes, entre el 6% y 7% de sus habitantes.

Presupuestos flexibles para el pago de salarios

Si bien la mayor parte de las jurisdicciones, por no decir todas, se caracterizan por mostrar un estado de las finanzas públicas en el que los gastos superan en varios puntos porcentual al total de recursos propios y que reciben por la coparticipación federal de impuestos, a la hora de pagar salarios se muestran singularmente generosas, al menos de los que abona el conjunto del sector privado.

Lidera ese grupo La Pampa, cuyo gobernador Carlos Verna impulsa la exención de Ganancias de sus empleados, porque la mitad tiene ingresos que compiten con los más altos de las patagónicas Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. El último dato a septiembre registraba una mediana de $23.900, un 60% que el límite que agrupa a la mitad de los ocupados en el ámbito privado.

También Misiones y Chaco registran pagos de salarios que en la mediana superan en un 50% a los del sector privado. Mientras que un escalón más abajo se ubican la Ciudad; San Juan; Salta; Córdoba; Buenos Aires y Entre Ríos, en un rango de exceso del 38% a 30 por ciento.

En el otro extremo, las jurisdicciones en las que sus empleados perciben remuneraciones inferiores a la mediana del sector privado, sobresalen La Rioja y Jujuy, con 35% y 25%, respectivamente; y en menor medida Santiago del Estero; San Luis; Catamarca, y Tucumán; mientras se equiparan en Río Negro; Santa Cruz y Chubut.

Maestros: el derecho a cobrar y el derecho a no ir

Por Jorge Lanata - Clarin.com

Ausencias docentes. Representaron el año pasado 10.500.000 días de licencia.

“Argentina camina todo el tiempo delante de sí misma”, escribió hace casi cien años Ortega y Gasset. Nos pensamos como suecos o noruegos y odiamos compararnos con Perú o Bolivia, que nos superan en casi todas las tablas. Discutimos la Universidad cuando la mitad del secundario abandona y en la primaria no se comprenden textos simples. Hablamos de cambio cultural y hace unas semanas en la radio un sindicalista de ATE me dijo: -Claro, estamos en contra de la productividad. No me imagino cómo un trabajador puede estar en contra de que su fábrica produzca más. Y si es una fábrica recuperada, ¿también estarán en contra?

Cuando intenté profundizar un poco ese delirio, el sindicalista me explicó que la productividad es una estrategia de dominación del Consenso de Washington.

Esta semana hemos visto cómo los maestros, que hace unos meses se pronunciaron contra los exámenes, se manifiestan hoy a favor del ausentismo. Los sindicatos docentes presentan el asunto como un derecho adquirido, y no discriminan entre las faltas justificadas y las que no. O sea: existe el derecho a cobrar y el derecho a no ir.

En las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires hay un 17% de ausentismo (en las empresas privadas oscila entre un 2 a 3% y en los colegios privados llega al 5%). Es habitual que el mismo maestro que se enferma para lo público se encuentre saludable para lo privado: la actitud es cínica y por cierto bastante cobarde: su ideología llega hasta donde lo dejan.

Ese diecisiete por ciento está compuesto por: enfermedades cortas (28%), largas (49%), ART (enfermedades profesionales, como afonía 23% -los locutores, que hablan durante seis horas corridas en la radio durante todos los días, no tienen esos problemas en la garganta- y el 40% son razones particulares: 40% por exámenes (¿quién estaría en contra de que se preparen?) Es una lástima que tanto conocimiento no llegue al aula, donde los parámetros son cada vez peores), 14% por maternidad, y el resto por diversas razones como actos escolares o donación de sangre –es conmovedor que ganando lo mal que ganan, afónicos y estresados, se arrastren hacia un hospital a donar su sangre a un hermano.

Estas ausencias representaron el año pasado 10.500.000 días de licencia. De cada cinco recibos que el Estado provincial paga, uno es de un suplente. Cuando el gobierno le pidió a las juntas médicas -un servicio tercerizado que se heredó de Scioli- que revisaran las licencias, se dio de alta el 62% de quienes estaban en “largo tratamiento” y comenzó a echarse luz sobre el asunto de las licencias psiquiátricas, tema que llegó a la justicia penal que investiga licencias por treinta días con cuadros de depresión. Cuando en el marco de la causa fue indagado y procesado el Dr. Block, uno de los médicos que emitía certificados truchos, muchos docentes confesaron que no padecían en realidad el cuadro mencionado en el certificado médico. 

Las irregularidades que la prestadora presentó ante ATE, SOEME Y SUTEBA son infinitas:

 -“El agente presentó un talón de licencia apócrifo”.

-“La agente presentó un certificado medico adulterado”.

-“La agente usufructuó una licencia médica por familiar enfermo. Luego se le efectuó una inspección domiciliaria, pero no había nadie en el domicilio. Una vecina informó que se encontraban de vacaciones”.

-“Presentaron certificados médicos y una historia clínica presumiblemente apócrifa”.

-“La agente agredió verbal y físicamente a la profesional por no haberle otorgado la licencia requerida ya que dicha petición no estaba fundada en razones medicas”.

A la vez, la empresa denunció usurpaciones sindicales: “Desde el inicio de la prestación -dicen- hemos sufrido innumerables interrupciones por parte de organizaciones sindicales que, con el supuesto objetivo de velar por los derechos de los trabajadores, irrumpen en nuestros consultorios y obligan a la interrupción del servicio, siempre con exigencias fuera de nuestro alcance y con métodos violentos e intimidatorios”.

El derecho a faltar le cuesta al Estado 14.300 millones de pesos en suplencias. La provincia les propuso a los docentes que, si colaboraran en bajar el promedio, podrían cobrar cinco mil pesos más por año. Los gremios docentes, claro, dijeron que no.

¿Es esta una columna en contra de los docentes? No, es una columna a favor de los docentes buenos: los que van, hacen su trabajo y han enseñado a generaciones de argentinos.

Congelan la contratación de empleados en el Estado

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Regirá para las dependencias del Poder Ejecutivo, que no podrán superar la plantilla de fines de 2016; también hay nuevas exigencias para que los ministros rindan cuentas.

La obsesión por reducir el gasto público que manifestó Mauricio Macri en los últimos días ya toca a los empleados del Estado: por orden del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, les prohibió a los organismos que componen el Poder Ejecutivo sumar este año personal por encima de la cantidad que tenían hasta el último día de 2016. Las reparticiones que quieran hacerlo deberán iniciar un enrevesado camino burocrático para conseguir la autorización de Peña.

Gráfico: La red del empleo público nacional.

Los límites a la contratación de personal se aplicarán de manera directa sobre la denominada administración central (la Presidencia y los ministerios, entre las principales dependencias), la descentralizada y los organismos descentralizados, como la Anses, el Incaa y el PAMI. En total, suman unos 208.000 empleados. Ése es el número que se mantendrá congelado este año.

En cambio, quedaron excluidas las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas; las Fuerzas Armadas, las universidades, el Congreso y la Justicia. Tampoco están incluidas las provincias.

Una fuente oficial reconoció. ante la consulta de la nación, que en el futuro el Gobierno intentará avanzar en medidas similares para el resto de la administración pública nacional, donde hay organismos que suman otros 560.851 empleados y por el momento no tienen restricciones de contratación.

El año pasado terminó con 8000 concursos para incorporar personal al Estado, que esperan la designación final. Según fuentes oficiales, Modernización analizó los casos y continuarán en la administración pública.

Los límites a la contratación de personal están consignados en la decisión administrativa 12 de la Jefatura de Gabinete, que se publicó ayer en el Boletín Oficial y distribuye los recursos del presupuesto de la Nación para este año.

La norma expone sus objetivos de manera expresa. En los considerandos sostiene "que es oportuno establecer" que las entidades que componen el PEN "no podrán incrementar sus plantas de personal contratado que superen las cantidades existentes al 31 de diciembre de 2016".

Además de la firma de Peña, la norma lleva la del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien anticipó poco después de ser nombrado que uno de sus grandes objetivos de gestión sería el de "mirar finito" en qué se están gastando los recursos del Estado. Esta norma parece un producto de esa inspiración.

Si bien Dujovne es el que más habla de ajuste fiscal, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, será el principal auditor del empleo estatal. Todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo deberán enviarle en no más de 30 días el detalle de los cargos ocupados por personal permanente y temporario hasta el 31 de diciembre pasado.

Después de evaluar la cantidad y el perfil del personal en tareas, Modernización establecerá y distribuirá las contrataciones, con la posibilidad de modificar la distribución vigente hasta el último día del año pasado.

En la primera parte del año pasado, Ibarra lideró un proceso de depuración del Estado que ocasionó aproximadamente 10.000 despidos. "Está claro que hay una política fiscal más restrictiva. Antes se podía decir que la baja del gasto se limitaba a la reducción de los subsidios, en especial a la energía, pero ahora da la sensación de que hay voluntad de controlar el gasto en términos generales. Esto incluye controlar a los trabajadores del Estado", analizó Rafael Flores, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Según el especialista en cuentas públicas, está a contramano de lo que ocurrió el año pasado, cuando hubo una ampliación del gasto en estructura administrativa por la creación de ministerios, que a su vez demandaron nuevos cargos.

"La voluntad de hacer la restricción está en el discurso. Vamos a ver si efectivamente logran ir al detalle y reducir el gasto sin que implique un peor funcionamiento del Estado", se planteó Flores.

Control de gestión

Las restricciones al gasto dispuestas en la norma que se conoció ayer van más allá de la contratación de personal. Por ejemplo, los ministros y el resto de las dependencias del PEN no podrán contratar obras o comprar bienes sin la autorización de la Secretaría de la Transformación Productiva del Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera.

La administración de Mauricio Macri también será más dura al momento de pedirles a los ministros la rendición de cuentas sobre la marcha de su gestión. Por caso, deberán informar cada tres meses la ejecución física de cada programa (así se mide el uso de los recursos del Estado para las tareas asignadas) y explicar eventuales desvíos cronológicos en el uso de los fondos (por encima o por debajo de las previsiones originales).

En la práctica, la decisión de profundizar la reducción del gasto público se decidió antes de la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Por eso está contemplada en el presupuesto para este año. Según la ley aprobada a fines de 2016, casi todas las carteras tendrán menos recursos que en 2015, en términos reales (el aumento de sus recursos estará por debajo de la inflación) e incluso nominales (tendrán menos fondos en comparación con 2016, pese al encarecimiento de los precios). Macri, por caso, tendrá un 0,5% menos de recursos para manejar las actividades directamente relacionadas con la Presidencia, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, contará con un 17% menos en comparación con 2016, que representan $ 33.539 millones que se ahorrará el Estado. En parte, ese ahorro está dado porque caerán las erogaciones en subsidios debido a los aumentos en las tarifas de luz y gas.

Otro grupo que tendrá menos fondos está compuesto por la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y los ministerios de Seguridad, Producción, Agroindustria, Comunicaciones, Ciencia, Cultura y Salud, entre otros.

La lupa sobre el gasto

Despidos - Poco después de asumir, el presidente Mauricio Macri le ordenó al Ministerio de Modernización revisar la plantilla del Estado, que había crecido en los últimos años del kirchnerismo. Fueron despedidos unos 10.000 trabajadores.

Nuevos límites - El Gobierno dispuso ayer que este año las principales dependencias del Esado nacional no podrán sumar trabajadores por encima del número de diciembre de 2016.

Señal - La intención es que otras dependencias que no fueron abarcadas sigan el mismo camino.

El empleo público creció y alcanzó el nivel que dejó el kirchnerismo

Por Marcelo Silva de Sousa - LA NACION
Pese a los recortes que hubo en los primeros meses de la gestión de Mauricio Macri, la planta de empleados en los niveles nacional, provincial y municipal se incrementó 1%, a 3.458.448 personas; descartan más cesantías este año


Considerada como una de las "bombas de tiempo" que dejó la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, se propuso terminar con un "Estado sobredimensionado" por su abultada plantilla de empleados públicos. Pese a la intención oficial y a las cesantías llevadas a cabo en los primeros meses del año, el empleo público continúa creciendo y ya alcanzó el nivel de diciembre de 2015. En el Gobierno niegan que hacia fin de año pueda haber una nueva "oleada" de despidos.

Los datos surgen del informe "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas, que llegan hasta junio de este año, abarcan los estamentos nacional, provincial y municipal, y muestran que, desde que asumió Macri, la plantilla de empleados públicos creció un 1%.

Si bien se produjo una fuerte desaceleración en el ritmo de expansión de personal -en el mismo período del año anterior había alcanzado un 3%-, la tendencia sigue siendo creciente en los tres estamentos. En junio, el total de puestos de trabajo registrados en el sector público ascendió a 3.458.448. La mayor parte corresponde al ámbito provincial (2.277.662), que concentra el 66%. Luego, el ámbito nacional (739.097), que reúne el 21%, y, por último, el municipal (441.689), un 13%.

Después de una caída en enero, provocada por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización -que redundó en 10.622 cesanteos- y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones, el número de trabajadores creció durante todos los meses del año. El único estamento que tuvo una reducción mínima fue el nacional, de 0,4% -casi 3000 puestos de trabajo menos-. Sin embargo, la caída fue en enero y esa diferencia fue compensándose con la incorporación de empleados en los meses subsiguientes.

Fuentes cercanas al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, justificaron a la nacion: "En lo que tenemos injerencia directa, que son los 23 ministerios y las dependencias estatales, como el PAMI, la AFIP y el Incaa, redujimos la plantilla un 5%". Se trata de un universo de 220.000 empleados, sobre el total de 739.000 que corresponden a la Nación. Así, atribuyeron el alza a sectores descentralizados, como universidades, empresas del Estado, los poderes Judicial y Legislativo y las fuerzas de seguridad.

La evolución del trabajo formal en los últimos cinco años muestra claras diferencias cuando se lo separa entre el sector público y privado. El objetivo del Gobierno, explicaron fuentes cercanas a Triaca, es que hacia fin del mandato, en 2019, las curvas de empleo registrado privado -amesetada desde 2011- y pública -en franca suba durante los últimos años- se hayan "intercambiado".

El ranking de las provincias donde hubo más crecimiento de empleados en el último año lo encabezan Chubut, Chaco y Neuquén, con subas superiores al 5%. Sus contrapartes son la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde las subas en el último año estuvieron cerca del 2%.

Uno de los asteriscos del informe que elaboró Trabajo es Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner. Es que la información del estudio se encuentra "levemente subestimada" por falta de información; señala, en particular, la información fragmentaria brindada sobre el sector público en territorio de la cuñada de la ex presidenta.

Revisión

Según estimaciones del Gobierno, el 31 de diciembre caducarán cerca de 70.000 contratos -para los gremios, son más- en el ámbito público nacional. Los estatales de ATE mantienen la guardia en alto ante la posibilidad de que hacia fin de año haya otra "oleada" de despidos.

"Se van a vencer 90.000 contratos, y estamos en guardia. Ibarra dijo que no habrá despidos, pero dijeron cosas que después no cumplieron", dijo a la nacion Hugo "Cachorro" Godoy, jefe nacional de ATE.

El Gobierno asegura que "no existe una orden para volver a revisar contratos" y que el proceso de revisión impulsado por el decreto 254/15, firmado por Macri, concluyó el 31 de marzo. En Casa Rosada, insisten en que no hay una orden taxativa de avanzar hacia una nueva reducción de la plantilla. "Quedará a consideración de cada ministerio renovarlos o no, pero no hay una orden para que haya una nueva depuración de la plantilla", confió una calificada fuente del Gobierno.

En Modernización aseguran, en tanto, que se trabaja en un plan de "jerarquización del empleo público" que culminará el año próximo y que prevé, hacia fin de año, la incorporación de 3100 contratados a planta permanente.

El panorama de los estatales

3.458.448 - Es el total de empleados públicos a nivel nacional - La cifra corresponde al informe de "Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal", elaborado por el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca. Las estadísticas oficiales llegan hasta junio de este año

2.277.662 - Los empleados estatales en el nivel provincial - Los trabajadores de la administración pública de las provincias concentran el 66% del total, según la medición

739.097 - Los empleados estatales nacionales - El grupo de trabajadores públicos de la administración nacional representa el 21%

441.689 - Los empleados públicos en municipios - Reúne al 13% del total de trabajadores estatales del país

10.622 - Despidos en enero - Fue el único mes en el que bajó el número de trabajadores estatales, provocado por la política de revisión de contratos que ejecutó el Ministerio de Modernización y por el recambio de autoridades en las distintas administraciones. El resto de los meses creció

0,4% - Fue este año la caída de los empleados nacionales - Fue el único segmento del empleo público que registró una mínima merma desde el comienzo del año. Se traduce en unos 3000 empleados

Camioneros ya controla OCA y renegocia deuda

Por Mariano Martín - Ambito.com

Los trabajadores empezaron la gestión de la empresa a partir del pasivo previsional del dueño formal. Avanza con Abad una moratoria impositiva.

Lo terminaron de acordar a solas el lunes Mauricio Macri y Hugo Moyano. Con la venia del mandatario, el líder camionero quedó a cargo de OCA, la principal empresa postal privada, que atraviesa una severa crisis por deudas previsionales e impositivas. Será a través de una gestión operativa de los trabajadores de la compañía y bajo el paraguas del gremio de los choferes, al menos durante el período necesario para llevar a cabo un saneamiento de sus cuentas.

A partir del acuerdo político sellado esta semana, la nueva conducción de OCA planteará un plan de pagos para una deuda impositiva estimada en un principio en 2 mil millones de pesos, aunque en los últimos meses desde el propio gremio dijeron que parte de ese monto se saldó. Con ese fin, dirigentes de confianza de Moyano se reunieron la semana pasada con el titular de la AFIP, Alberto Abad, para sondear las opciones de la eventual moratoria a la que se acogerán.

El cambio de conducción en la empresa había comenzado a gestarse hace un mes cuando el dueño formal, Patricio Farcuh, se vio impedido de ingresar a sus oficinas. Desde entonces el sindicato tomó el control operativo de la firma y puso al frente a uno de los gerentes junto a un abogado y un contador del gremio. Incluso hubo un indicio previo en septiembre cuando la organización de Moyano pagó parte de los sueldos de los 7.500 trabajadores de la compañía que se encontraban en mora y que habían disparado una huelga. Lo hizo entonces como préstamo a su propietario formal, como informó este diario.

En el Gobierno y cerca de Moyano confirmaron la reunión a solas del lunes entre Macri y el gremialista, así como el desenlace en el manejo de la empresa. También explicaron que la figura visible del sindicato en OCA será Héctor "Yoyo" Maldonado, hombre de la máxima confianza de la familia Moyano y secretario general en el club Independiente, en donde tiene a su cargo la gestión diaria del fútbol.

La crisis en la empresa postal signó este año buena parte de la relación entre Moyano y el Gobierno. Por tratarse del mayor empleador individual para el gremio camionero (a los 7.500 empleos directos debe sumárseles otros 5.000 indirectos) la posibilidad de una quiebra con la pérdida de los empleos representaba un conflicto grave para un Gobierno en su primer año de mandato, y una debacle sin precedentes para un dirigente sindical que hizo de la estabilidad de sus representados su principal bandera.

De hecho, más allá de la relación protocolar de los funcionarios con las distintas versiones de la CGT, y desde agosto con el triunvirato de jefes que quedó a cargo de la central, Macri siempre priorizó el diálogo mano a mano con Moyano. Buena parte de esas conversaciones tuvieron relación con el futuro de OCA, e incluso desde el propio Ejecutivo admitieron que el camionero disuadió a muchos de sus colegas que pretendían ir al paro nacional a partir de las señales que recibía favorables a un salvataje a la empresa postal.

En el gremio explicaron que para concretar el cambio de manos en OCA se apeló a la deuda previsional que la firma mantiene con sus choferes, así como al peso de las potenciales indemnizaciones a ser liquidadas en un eventual cese definitivo de actividades. También dijeron que en principio no habrá afectación en los derechos adquiridos por los trabajadores de la empresa en términos salariales, de antigüedad e indemnizatorios. Incluso deslizaron que en el mes que lleva la nueva gestión de facto, a partir del apartamiento de Farcuh, hubo recuperación de clientes y mejora en las cuentas de la compañía.

¿Cambiamos? Los acomodados "a dedo" de Mauricio Macri

Por Susana Jantus.

Como todos los años en los primeros días de agosto miles de personas se agolpan en las puertas de la iglesia del barrio de Liniers para venerar al santo del trabajo, San Cayetano. Pero lo que muchos otros veneran son los contactos que les permiten acceder a cargos públicos en dónde perciben elevados sueldos y en muchísimos casos sin presentarse a trabajar. 

Existen además aquellos que idolatran a altos funcionarios que acceden a los pedidos de favores que muchas veces resultan ridículos y por demás inadecuados.

Más allá de la llamada “depuración” que hizo Mauricio Macri al comienzo de su gobierno y las promesas de una función pública idónea, se puede ver que hay una continuidad de la “cadena de favores” que no se limita a ninguna bandera política en particular y pareciera ser que algunos puestos y beneficios están reservados sólo para los amigos de aquellos que estén en el gobierno. Los acomodados de ayer, hoy y de siempre.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández eran frecuentes los pedidos a sus hombres de confianza. Estos favores se extendían inclusive a altos funcionarios y llamativamente a jefes de la oficina de inteligencia, hoy la AFI, Agencia Federal de Inteligencia e iban desde la tramitación de DNI para nuevos residentes en la Argentina, créditos para la compra de camiones “para hacerlos trabajar” en Río Gallegos, hasta insistentes pedidos “de ingresos” en organismos públicos como la DGI y las Aduanas por tomar sólo unos ejemplos: “para los muchachos del partido que tenemos allá” alegaban.

Algunos de esos requerimientos se extendían además a: “me podrás dar una mano para que salgan unos decretos que hace meses están aún pendientes en el Ejecutivo Provincial” e incluían la subvención de proyectos privados. Algo habitual eran las solicitudes a un ex y alto funcionario de la Oficina de Inteligencia para colocar gente en las distintas embajadas y secretarías y en dónde “los ciudadanos santacruceños” tenían prioridad. La embajada ubicada en Caracas era muy requerida, aunque nadie lo entendiera ya que la embajadora asignada no se comportaba de forma diplomática con sus empleados sino todo lo contrario.

Hubo un caso de una mujer muy insistente, todavía en función, que le reiteraba, al por entonces Jefe de la Side, el ruego para obtener un cargo en alguna embajada, de su preferencia la de Estados Unidos. Un joven estudiante de abogacía, por ejemplo, era postulado por su padre, amigo del kirchnerismo, a un puesto en “algún organismo de Justicia”, el que fuera. Recordemos que existen casos de estudiantes nombrados con letra C como por ejemplo, Francisco Zannini en la Procuración del Tesoro de la Nación, algo que no corresponde ya que no terminó su carrera de grado al momento de su designación.

Otro de los pedidos frecuentes era la asignación de viviendas por parte del IDUV, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no siempre se atendría a las normas para designar a los adjudicatarios. De hecho uno de los “solicitantes” reclamó una para su hijo ya que sabía de antemano que al menos en esa etapa serían sesenta las que se repartirían.

La Cámpora ha sido una de las grandes agencias de colocaciones y favorecedoras de “amigos” ya que ha distribuido a los suyos por todas las oficinas y organismos públicos del país. Actualmente se están reacomodando luego del cambio de gobierno. No es cierto que se haya despedido a todo el frente camporista ni mucho menos.

Unos de los organismos públicos que depende del Ministerio de Defensa y que fue noticia el año pasado por lo masivo de los despidos fue Fabricaciones Militares. Allí a comienzo de año se separó a 140 empleados que más tarde se manifestarían en protestas mediatizadas. Por esos días, el ministro de Defensa, Julio Martínez declaraba que: “Hay áreas sensibles en las que se están haciendo auditorias”. Esa dependencia venía de ser manejada por Santiago Rodríguez, un hombre muy vinculado con la Cámpora, señalada como una agencia de colocaciones desde siempre.

¿Cambiamos?

Fabricaciones Militares es por estos tiempos la vedette de nombramientos de amigos en cargos públicos. Este organismo es dirigido actualmente por el interventor Hector Lostri, un arquitecto de urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, quién nombró a su hermano como jefe de gabinete de la empresa y a su primo, Jorge Latorre, como asesor de comercialización. Lostri fue desde el comienzo de su gestión señalado como un beneficiario del trabajo público al mismo tiempo que desarrollaba sus propios negocios inmobiliarios, algo considerado incompatible con sus deberes de funcionario.

Por otro lado la directora de administración, Mariana Policastro, nombró en la nueva gestión como su segundo a su primo Néstor Turina, y a su otro primo Francisco Bandeira como gerente de recursos humanos. Toda una genealogía puesta en la dependencia militar.

La ex vendedora de salón de la reconocida cadena internacional Falabella, Elizabeth Lasci, fue nombrada coordinadora comercial de Fabricaciones Militares por el ex sub interventor, Cristian Fernández, que renunció hace poco por las presiones de los hermanos Lostri debido a una denuncia de la propia Lasci por abuso de autoridad. Algunos creen que esto fue utilizado como un excusa por parte de los Lostri para desprenderse de Fernández.

Otro de los señalados como favorecido es Fabián Lago, representante de la marca Umbro en Argentina, compañero de partidos de fútbol de Mauricio Macri. Lago fue nombrado gerente comercial, se cree que es free - lance porque nunca asiste a trabajar. Finalmente quedó debajo del gerente, Silvana Franceschi, amiga de Hector Lostri, quién se desempeñaba como empleada bancaria. Empleados históricos señalan que esto se produjo por la falta de idoneidad que demostró Lago para el cargo.

Marcelo Lancelotti, nombrado director de producción, llevó a Fabricaciones Militares a sus amigos más cercanos como Marina Silliti y Juan Sagamaga, gente poco idónea para el puesto ya que no cuenta con experiencia y han pasado por encima de los viejos empleados de Fabricaciones Militares que ya había desplazado la Cámpora.

Es preciso señalar que todos cobran sueldo que van desde los $30.000 hasta a los $50.000, siempre y cuando no ocurra como en muchos otros organismos tales como la Procuración del Tesoro de la Nación dónde cobran el doble de lo que figura en los recibos, algo justificado como “incentivo”.

Más allá de todos y cada uno de los nombramientos pasados y presentes no se vislumbra en el horizonte más cercano una intención clara de reconocimiento e incorporación de empleados idóneos sino que se perpetúa la vieja costumbre del “puesto para los amigos”.

Fuente:http://www.periodismoypunto.com.ar/index.php/investigaciones/145-cambiamos-los-acomodados-a-dedo-de-mauricio-macri

La Ciudad reflotó el proyecto de edificar un shopping en el barrio de Caballito

Por Pablo Tomino - LA NACION (Extractado)
Envió por quinta vez a la Legislatura una iniciativa para rezonificar un predio de IRSA; buscará respaldo opositor; el centro comercial tendría tres niveles y 130 locales.

El terreno de la avenida Avellaneda y Fragata Sarmiento permanece hoy ocioso. Foto: Marcelo Gómez.

El gobierno porteño volvió a presentar ayer en la Legislatura un proyecto de ley para cambiar la rezonificación de un predio privado lindero al estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, y permitir allí la construcción de un shopping, tal como adelantó LA NACION. La megaobra que desarrollará la empresa IRSA implica una inversión de US$ 150 millones y se deberá aprobar en el recinto con 31 votos, en doble lectura. El oficialismo tiene 28 legisladores y saldrá a la caza de otros tres aliados circunstanciales, posiblemente en legisladores del bloque de Martín Lousteau (Suma+), de Graciela Ocaña (Confianza Pública), del massismo o del PJ disidente.

IRSA, propietaria de 15 shoppings en todo el país, prevé levantar una estructura de cemento de 38.000 m2 en tres plantas, con alrededor de 130 locales. El terreno está situado en la avenida Avellaneda, entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, tiene 2,4 hectáreas y lo adquirió la empresa hace 15 años. Desde hace una década, intenta sin éxito lograr que la Legislatura cambie la rezonificación del lugar, que hoy sólo permite la construcción de unidades residenciales.

"Con la actual normativa, se podrían edificar en este predio seis torres de 30 pisos, lo que equivale a 140.000 m2. Si cambiamos la rezonificación, se podrá construir un shopping de hasta 70.000 m2. De esta manera estamos recargando menos la zona, no se genera colapso en los servicios y creamos tejido urbano en un espacio que hoy está totalmente abandonado", dijo a LA NACION Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad.

Según el gobierno porteño, IRSA se comprometió a generar 2000 espacios para estacionar (los vecinos también podrán adquirir una cochera mensual) y a invertir un millón de dólares para abrir una calle, Bogotá, paralela a la vía del tren Sarmiento. Así, el shopping quedará incluido en una manzana ampliada, de la cual el 35% serían espacios públicos.

Según pudo saber LA NACION, las cocheras estarán distribuidas en dos subsuelos; el shopping tendría 22 metros de altura y la obra podría arrancar el día después de que se apruebe en la Legislatura. La empresa prevé que pueda inaugurarse en dos años. Fuentes de IRSA indicaron que durante la construcción del centro comercial se empleará a 4500 personas, directa e indirectamente, y que una vez que esté en funcionamiento trabajarán unos 2000 empleados.

La polémica por la construcción del shopping se funda en el impacto que tendrá en el barrio, aunque la Ciudad insiste en que se harán numerosas mejoras en Caballito: colocarán nuevas luminarias, se restaurarán veredas y calles, y se integrará al barrio la comisaría de la zona, que también sería remodelada.

Según constató LA NACION en una recorrida, muchos habitantes creen que es necesario recuperar el predio abandonado, aunque temen que la edificación de un centro comercial provoque que la zona pierda su identidad o colapse, por el tránsito o por el arribo de gran cantidad de gente. Sólo una parte de los consultados aprueba la iniciativa.


La llave que posibilitará este proyecto estará, una vez más, en la Legislatura, a la que llegará por quinta vez. La intención del oficialismo es que pueda ser tratado en lo inmediato. Algunos aliados frecuentes del macrismo ya sentaron su posición.

El diputado porteño Hernán Rossi, presidente del bloque Suma +, dijo que "ECO no cree que en ese lugar tenga que haber un shopping; los shoppings deben estar en zonas alejas de la ciudad. Es cierto que el terreno es de IRSA y que hay que decidir qué hacer con ese vacío, que genera inseguridad. Habría que pensar en un espacio verde sumando algo educativo, recreativo. Convocar ideas, pero que no sea un shopping".

Consultados, legisladores del Frente para la Victoria se mostraron reticentes a votar la iniciativa, mientras que Graciela Ocaña, de Confianza Pública, comentó a LA NACION: "No tengo conocimiento del nuevo proyecto, pero quisiera saber qué piensan los vecinos. En el barrio mucho se opusieron en los últimos años y hay que evaluar si algo cambió en la normativa. Pero no pareciera".

Somos un pueblo con doble discurso, se pide por mas trabajo y se critica e impide la creación de nuevos puestos...ciertamente, es un pensamiento incoherente. Nada es perfecto.

El Gobierno admite que habrá más despidos en el Estado

Por Agustina López - LA NACION
Lo reconoció el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; se activó una nueva revisión en la administración pública que prevé retiros voluntarios y el cese de algunos contratos; advertencia de uno de los dos gremios estatales


Macri, con Peña e Ibarra. Foto: Archivo / Fernando Massobrio

Luego de la ola de 10.662 despidos que se produjo en los primeros meses del año y que concluyó el 31 de marzo pasado, el Gobierno comenzó, a través del ministerio de Modernización, una nueva etapa de revisión de contratos y reordenamiento de la planta estatal. El plan consiste en hacer una meticulosa radiografía que permita evaluar las diferentes áreas. Tras este paso, se activarán traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios e incluso la no renovación de contratos. Es decir, habrá más desvinculaciones.

"Si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá, pero de ninguna manera empezamos por eso, sino que el resultado final de esto que hagamos con mucha sensatez. Vamos a ser implacables con los que no trabajan", dijo a LA NACION el ministro de Modernización, Andrés Ibarra .

La idea que tiene el Gobierno con este "plan integral de transformación" es hacer en un Estado más eficiente. Para ello se puso en marcha un proceso de "planeamiento de dotaciones", que evaluará la estructuración de cada ministerio, sus funciones, si hay solapamiento con otras áreas, si falta personal o si el que hay no está capacitado. Actualmente esta evaluación se está llevando adelante en ocho carteras: Ambiente, Modernización, Seguridad, Cancillería, Salud, Producción, Turismo y Ciencia y Tecnología y se prevé que finalice el año próximo.

A esto se sumará mayor control del presentismo mediante datos biométricos, esclarecimiento de los objetivos de todas las áreas y mejoramiento del control de estas metas, e incluso autoevaluación de los propios empleados. Este último programa, denominado "Valores" comenzará a correr en breve y será una suerte de encuesta masiva en la que cada empleado deberá evaluar su área y proponer mejoras.

"Con una muestra muy representativa, de miles y miles de empleados, vamos a tener un perfil de la estructura de valores y el tipo de organización que los propios trabajadores quieren en la organización. Una vez que tengamos resultados esto retroalimentará nuestros programas de formación y capacitación", explicó Ibarra.

En paralelo, se está trabajando en un plan de capacitación de personal que recorrerá toda la jerarquía pública: desde las más altas esferas hasta el personal administrativo. Los programas irán desde estrategia y liderazgo hasta ofrecer cursos de programación y gestión documental para aprender a manejar expedientes electrónicos o de atención al cliente. "Está pensado para que cada segmento del Estado tenga las herramientas que necesita", dijo Ibarra.

Esta situación no pasó desapercibida para los gremios estatales. "El gobierno está avanzando en una estadística sobre la situación de los trabajadores para construir los planteles que ellos consideran óptimos, por fuera del ámbito paritario. Estamos buscando que se haga un acompañamiento sindical", dijo a LA NACION Hugo Godoy, secretario general de ATE nacional.

El gremialista agregó: "Apuntan a una reducción y reorganización del personal, pero no garantizan el pase a planta permanente que prometieron. No tenemos listas o números de eventuales cesanteados, pero la semana pasada ya despidieron 170 trabajadores en el Ministerio de Educación y no se nos habilita a reincorporar a la gente que fue injustamente despedida".

Irregularidades

Una de las problemáticas que viven muchos empleados públicos es permanecer durante años, a veces décadas, con un contrato transitorio y sin capacidad de ascenso. De acuerdo a datos que aportó Modernización a LA NACION, el 35% de los empleados públicos cuentan hoy con un contrato no permanente, cuando la ley estipula que no puede sobrepasar el 15%.

"Para octubre queremos tener un prediseño de los cambios que haremos a la carrera", explicó Ibarra. Según el ministro, hacia fin de año incorporarán a planta permanente a 2500 personas que lleven más de diez años trabajando en el Estado. Esto se hará mediante un concurso, que es una evaluación de capacidades para determinar su idoneidad en el puesto que ocupan. Actualmente, son alrededor de 13.000 las personas con más de diez años de antigüedad que no integran la planta permanente.

Sumado a esto, el año que viene se lanzará un concurso con jurado para la alta dirección pública (directores y coordinadores) del Estado. Se espera que para el 2019, de los 3000 cargos que hay actualmente, la mitad sea concursado.

"El trabajo es ver dónde estamos y qué tipo de gente nos hace falta; identificar cuáles son las necesidades que tiene el Estado" sintetizó Ibarra y agregó: "En los últimos años tuvimos un crecimiento del Estado de un 64% aproximadamente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Atacar el verdadero problema de las personas que no venían o no trabajaban. Terminado ese proceso, tenemos la obligación de ver con lo que hay, que el Estado funcione. Porque la verdad, es que no funciona o funciona mal".

Un Estado tan obeso como insostenible

Editorial del diario La Nación
Entre 2002 y 2015 el número de quienes viven del Estado pasó de 6 a 19,6 millones de personas, más del doble de los aportantes del sector privado


Sumando los niveles de gobierno nacional, provinciales y municipales, en el año 2002 el Estado ocupaba a 2.100.000 empleados. En ese mismo año el número de jubilados y pensionados a cargo del gobierno orillaba los 3 millones y la cantidad de personas que recibían subsidios o eran beneficiarios de planes sociales, sin incluir asignaciones familiares, alcanzaba alrededor de un millón. En total eran 6.100.000 personas las que mensualmente recibían una remuneración o transferencia del Estado. Frente a ellos había aproximadamente 7 millones de personas activas en el sector privado formal que realizaban sus aportes y pagaban sus impuestos. La balanza de 7 a 6,1 entre los que aportaban y recibían estaba razonablemente equilibrada. Podría haber sido aún más favorable, ya que en aquel entonces diversos estudios ya mostraban un exceso innecesario de empleados estatales.

Pero entre 2002 y 2015 se produjo un cambio desequilibrante de gran significación. El número de empleados públicos aumentó a 4.100.000. La cantidad de jubilados y pensionados a cargo del Estado se expandió a 7,5 millones después de dos generosas moratorias y de la estatización del sistema privado. Por otro lado, los planes sociales se multiplicaron y expandieron hasta abarcar algo más de 8 millones de beneficiarios. El total de personas a cargo del Estado pasó así a 19,6 millones de receptores de pagos mensuales. En el mismo período los aportantes privados formales sólo subieron a 8,5 millones. La balanza quedó así fuertemente desequilibrada: 8,5 millones aportan y 19,6 millones reciben. Una relación de este tipo no se observa en ningún país del mundo y no es sostenible dentro de los límites de una presión impositiva razonable que no destruya la economía.

El desborde estatal durante la gestión kirchnerista se puede evaluar también desde el ángulo del gasto público. De un nivel del 30% del PBI en 2002 se pasó al 47% en 2015. Fue un aumento en proporción al tamaño de la economía, que a su vez también creció. De acuerdo con información desarrollada por la reconocida Fundación Libertad y Progreso, de los 17,1 puntos de aumento del gasto en relación al PBI, el incremento del empleo público fue responsable de 5,5 puntos; el de jubilados y pensionados contribuyó con 3,4; los planes sociales, con 3,9, y los subsidios a la energía, el transporte y otras actividades, con 4,3.

La gestión kirchnerista intentó solventar este engrosamiento estatal aumentando impuestos. Elevó la presión impositiva desde un 27% del PBI hasta un 40%, haciéndola insoportable para trabajadores, exportadores y productores. A pesar de ello desapareció el superávit fiscal que se había alcanzado en 2004 y se generó un creciente déficit, que alcanzó a un 7% del PBI en 2015. Ésta fue la situación heredada por el presidente Macri.

La dificultad de reducir el gasto ha quedado demostrada en la enorme resistencia de la sociedad a los ajustes tarifarios, única alternativa para que el Estado reduzca los abultadísimos subsidios a los servicios públicos.

Macri está ante la necesidad de reducir el déficit para detener el rápido crecimiento de la deuda pública. Podría intentar una licuación gradual haciendo crecer la economía, pero esto requeriría tiempos muy prolongados como para evitar la impaciencia de los acreedores. Inevitablemente deberá actuar sobre los subsidios sociales y sobre la burocracia estatal. Esto exigirá contar con un programa bien elaborado de reforma del Estado y con políticas e instrumentos que faciliten la transferencia de empleo público hacia el sector privado. Entre ellos parece imprescindible una revisión de las regulaciones laborales, que tras el objetivo de proteger al trabajador han afectado severamente la competitividad, han desalentado la inversión y están afectando la demanda de empleo.

La reversión del gigantismo estatal y la crítica situación fiscal constituyen dos de los mayores desafíos del Gobierno. La oposición, así como los gobernadores de provincias y los dirigentes sindicales deberían ser conscientes del riesgo de demorar la corrección de esta situación. Ya han abusado de las exigencias que implicaron un gasto adicional como condición para acompañar cada ley o medida intentada por el Poder Ejecutivo. El presidente Macri y sus funcionarios deberían esforzarse más por explicitar la gravedad de la situación fiscal, en lugar de mostrarse cómodos frente al problema, al tiempo que deberían exhibir una mayor firmeza para enfrentar demandas que aumentan el gasto público.

Mauricio Macri lanza un programa para crear empresas en 24 horas

Por Juan Gasalla - Infobae.com - El Presidente presentará en Tecnópolis el proyecto de ley para agilizar proyectos productivos y facilitar la generación de empleo. Esta semana se enviará al Congreso


El presidente Mauricio Macri anunciará en la sede de Tecnópolis la iniciativa para simplificar y agilizar la creación de empresas y que se complementa con la Ley PyME sancionada en julio.

El martes, en la sede de Mercado Libre, Macri ponderó la puesta en marcha del plan "Argentina Emprende". "En esa línea logramos el consenso en el Congreso para tener la Ley PyME, instrumento que va a respaldar las buenas ideas y para que se vea que tienen en el Gobierno un socio para ayudarlos y no una traba que haga abandonar el sueño de innovar".

La elección del lugar del anuncio no fue casual, pues Mercado Libre es un ejemplo del potencial de proyectos que apuestan por la innovación. Hoy esta empresa es líder en el país y América Latina en comercio electrónico, y la octava en importancia en el mundo en ese rubro. La firma, que comenzó con una idea y pocos recursos hace 17 años, anunció una inversión de $1.500 millones en Argentina y la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno presentará en el Congreso esta semana el proyecto de ley al que le augura un rol relevante como instrumento para la reactivación económica y la generación de empleo. La iniciativa, en manos de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs, dependiente del Ministerio de Producción, está enfocada en facilitar y allanar la concreción de micro, pequeños y medianos proyectos.

Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), afirmó a Infobae que el proyecto establecerá "la eliminación de las barreras burocráticas al momento de invertir y un par de incentivos innovadores a nivel de Latinoamérica. Si la oposición apoya y sale la ley va a ser una legislación muy moderna para lo que es la región en términos de startups (compañías incipientes)".

Entre otros puntos destacados, contempla la posibilidad de crear empresas en 24 horas y establecer nuevas figuras societarias que faciliten el trámite para la puesta en marcha de los emprendimientos.

María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, expresó que "este proyecto acompaña en gran parte las necesidades de los emprendedores en sus diferentes estadios, además de reconocer a las empresas sustentables. Se incluyen los puntos más demandados, como la simplificación de la creación de nuevas empresas y la ampliación de las fuentes de financiamiento, así como también la promoción de incentivos fiscales para los inversores que apuestan por el capital emprendedor".

TRES PUNTOS CENTRALES DE "ARGENTINA EMPRENDE"

1) Una de las claves del proyecto es la constitución de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Esta figura legal es propia del derecho anglosajón, aunque se aplica con éxito en países de la región con importante tracción económica del emprendedorismo, como Colombia, México y Chile. Una Sociedad por Acciones Simplificada puede constituirse por una o varias personas físicas o jurídicas, y si bien su naturaleza es comercial, puede desempeñar actividades tanto comerciales como civiles.

2) Otro punto saliente es lo que se denomina "Atracción de capital inversor para proyectos de alta escalabilidad". Aunque las fuentes oficiales consultadas por Infobae no brindaron detalles al respecto, en el borrador inicial se había evaluado la posibilidad de otorgar beneficios impositivos en Ganancias, IVA y Bienes personales a las denominadas "Instituciones de Capital Emprendedor" y la opción de "crowdfunding público", es decir, el financiamiento colectivo a través de plataformas , con supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

3) También se promoverá la actividad de empresas con beneficio de interés colectivo, conocidas como empresas de "triple impacto" que, más allá del cuidado con la propia rentabilidad, tienen en cuenta los aspectos ambientales y sociales.

"Si estos beneficios son finalmente implementados, se generará un entorno propicio para agilizar la dinámica de creación y crecimiento de los emprendimientos en el país con lo que esto conlleva: generación de más puestos de trabajo y desarrollo económico", señaló Bearzi a Infobae. "Por eso vemos un panorama muy alentador para los emprendedores argentinos: a estas iniciativas se suma el apoyo de los actores que integran el ecosistema emprendedor a través de redes de contacto, capacitaciones y mentorías a emprendedores, dentro del marco de colaboración propio de este sector", acotó.

"Lo que tiene esta ley de innovadora es el tema de la digitalización de las sociedades. Es algo que a nivel regional sigue siendo una deuda pendiente", dijo Tanoira, quien participó desde el comienzo en la elaboración de Argentina Emprende, desde hace tres años. "Hoy nosotros podemos mandar facturación digital, que es dinero, y no podemos crear una sociedad en forma digital, que es un vehículo jurídico. Es un absurdo", agregó.

INMEDIATO TRATAMIENTO LEGISLATIVO

En Argentina, un tercio de la actividad económica es informal, hecho que afecta a la inversión y la recaudación fiscal, a la vez que alienta el empleo precario. Esta iniciativa puede contribuir a incorporar toda esta producción a la economía formal. "Cuando vos ponés una legislación que es burocrática y obsoleta, lo que pasa es que menos gente entra al vector impositivo. Cuanto más fácil, barato y simple es declarar impuestos, darte de alta como vehículo jurídico y declarar quiénes son los accionistas, más fácil es que la gente se quiera incorporar", apuntó Manuel Tanoira, de ASEA.

Fuentes de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs, a cargo de Mariano Mayer, indicaron a Infobae que "esta semana o la próxima se está definiendo la fecha para el tratamiento de la iniciativa en el Congreso".

En diversas exposiciones para promover el plan Argentina Emprende, Mariano Mayer explicó que "con la expansión de las tecnologías exponenciales y la democratización de la información, emprender resulta más fácil que nunca. Tenemos que aprovechar este contexto para multiplicar posibilidades y generar empleo de calidad", a la vez que apeló a "todo el potencial de los emprendedores y de las PyMEs para hacer frente a la generación de millones de puestos de trabajo y a los desafíos de crecimiento y cumplir con el objetivo de Pobreza Cero".

 En el mundo el 90% de los nuevos empleos los generan las micro, pequeñas y medianas empresas
Tanoira opinó que "el objetivo de Pobreza Cero no se logra haciendo crecer el número de empleados en las corporaciones. En el mundo más del 90% de los nuevos empleos los generan las PyMEs y los emprendedores. No hacés crecer el empleo haciendo crecer a corporaciones de cuatro mil o diez mil empleados. La única forma de hacer crecer el empleo es fomentando la innovación y el emprendedorismo. Sin hacer eso, no se va a cumplir el objetivo de Pobreza Cero".

Argentina Emprende se complementa con los beneficios que fijó la Ley PyME, como la oferta de líneas de crédito más ágiles y a tasa preferencial, el pago trimestral del IVA, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta y la compensación del impuesto al cheque.

"Hace 18 años que trabajamos para apoyar y potenciar a emprendedores de alto impacto y promover ecosistemas de emprendedores en todo el país y se hacía necesario una política como esta que fomente, proteja y apoye a los emprendedores. Hasta hoy, muchas de las startups fracasan durante sus primeros años de vida, entre otras cosas, porque no cuentan con sistema regulatorio y fiscal que los contemple o programas de financiamiento que acompañen su desarrollo", sostuvo María Julia Bearzi, de Endeavor.

"Cuando regulás, tenés que regular por la positiva, no por la negativa. Ahora, si alguien comete un fraude y quiere evadir el impuesto, entonces ahí tiene que entrar el Estado, para investigar, sancionar y que esa persona pierda no solo los beneficios obtenidos por parte de la ley, sino además que pague por el incumplimiento. Es una forma distinta, que es más o menos lo que hacen los países desarrollados. Castiguemos a los que hacen las cosas mal, habiéndole dado la posibilidad de hacerlas bien", completó Manuel Tanoira.