Sistema de Reconocimiento Facial: detectaron a mil prófugos pero sólo 174 quedaron presos

(Diario Popular) -  Rodríguez Larreta y Santilli trazaron un balance del sistema, que entró en vigencia hace dos meses.

Desde la Policía de la Ciudad se indicó que en muchos casos los jueces desistieron de los arrestos porque se trataba de causas viejas. Entre los aprehendidos hay homicidas y violadores

Más de mil prófugos fueron detenidos tras ser identificados por las cámaras del Sistema de Reconocimiento Facial que entró en vigencia en la ciudad de Buenos Aires hace 60 días, pero solo 174 quedaron presos por decisión judicial, entre ellos nueve personas buscadas por homicidio, ocho por violaciones y 45 por robos a mano armada.

Según se indicó desde la Policía de la Ciudad, mediante la utilización del sistema se logró la detención de 1.043 personas, pero en muchos de estos casos los jueces desistieron de los arrestos porque se trataba de causas viejas o liberaron a los imputados luego de ser notificados, mientras que hubo un 4 por ciento de personas detenidas por error debido a alguna deficiencia en la carga de datos en el Registro Nacional de Reincidencia.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró: "Entre los detenidos hay asesinos, violadores, ladrones, que estaban caminando por las calles de la ciudad al lado de nuestro y de nuestras familias. Son exactamente 1.043 delincuentes que fueron puestos a disposición de la Justicia".

"La aplicación de tecnología para cuidar a la gente es parte de nuestro Plan Integral de Seguridad, y se está haciendo un trabajo muy serio y profesional. Está funcionando mejor de lo que esperábamos", dijo Rodríguez Larreta, acompañado por su vicejefe y ministro de Seguridad, Diego Santilli.

7.300 cámaras de vigilancia: la Policía de la Ciudad puso en funcionamiento su nuevo Centro de Monitoreo

(Infobae.com) - En el complejo de la Policía de la Ciudad en Chacarita, más de 400 operadores civiles se turnan en 92 pantallas curvas para observar 7.300 cámaras instaladas en toda la Ciudad en el nuevo Centro de Monitoreo Urbano, basado en el software Ultra IP Control Center. 

El sistema, apuntan fuentes en la fuerza, está en alta demanda: Raquel Cesanelli, comisario a cargo del monitoreo, asegura que 39.800 oficios judiciales llegaron el año pasado para requerir filmaciones en investigaciones penales.

"Este Centro es el más grande y moderno de Latinoamérica", dice el vicejefe de Gobierno Diego Santilli.

En un año electoral clave, con más de 11 mil detenciones en territorio porteño los últimos cinco meses, un número récord para la historia reciente, el discurso que une tecnología y seguridad se vuelve un núcleo fuerte para Cambiemos. Se traduce en dinero invertido: la inversión total de la nueva central de la vigilancia estatal porteña, según fuentes en el Gobierno, costó 160 millones de pesos.

El edificio del Centro en Chacarita.

El Centro de Monitoreo, que supera a la base original que comenzó durante la gestión de Martín Ocampo en Parque Patricios, cubre todo el ámbito de la Ciudad, con un videowall de 15 metros de alto por tres de ancho compuesto de 48 pantallas de 55 pulgadas cada una como pieza central en su comando. Hay, por otra parte, 4 mil cámaras en colectivos que no están por el momento enlazadas. "Son claves para constatar casos de acoso a mujeres", asegura el secretario de Seguridad Marcelo D'Àlessandro.

Las 7.300 cámaras, aseguran los funcionarios, se aumentarán a 9 mil antes de fin de año. Hubo 414 detenidos en lo que va de 2019 gracias a alertas por observación de las cámaras, con 2837 intervenciones de la Policía gracias a situaciones detectadas.

El nuevo Centro costó más de 160 millones de pesos.

El sistema de reconocimiento facial, asegura Santilli, genera resultados favorables para engrosar las estadísticas. "De más de 690 casos solo hubo cinco falsos positivos, nos llamaron de la policía de New York para preguntarnos", afirma. Infobae recorrió el Centro esta mañana. Una cámara de reconocimiento en la estación de subte captó en la estación Constitución a un hombre de 33 años de la zona de Darregueira, dedicado al negocio de la venta al por menor de indumentaria.

"Rostro reconocido con alarma", decía la pantalla, con una foto tipo carnet en un borde rojo de alerta, con un "nivel de confianza" del 80.55 por ciento. Más de un 80 por ciento amerita una detención, aseguran fuentes en la fuerza.

El Centro, por otra parte, busca incorporar dos nuevas fases de trabajo, con un software preventivo para detectar patrones de situaciones en proceso en las cámaras para así derivar policías a la escena y una fase forense, para el apoyo a investigaciones penales.

Santilli, por su parte, redobla el discurso en favor de la tecnología. Gracias al sistema de cámaras, asegura, "todos los grandes casos de los últimos meses han sido esclarecidos".

Ahora los autores de amenazas de bomba deberán pagarle al Estado

Por WALTER SCHMIDT - Clarin.com
Se resolvió en una cumbre de Seguridad entre Nación , provincia y Ciudad. Enviarán los costos de los operativos anti explosivos a los jueces, y estos los sumarán como obligación en la acción penal contra el o los responsables.

Un móvil de la división explosivos de la Policía Federal en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados por una amenaza de bomba. Foto: AP/Natacha Pisarenko

Lunes 13 de mayo. Una llamada anónima a la Casa Rosada, hábitat natural del presidente Mauricio Macri, alerta sobre una bomba que estallará; casi en simultáneo, otra comunicación advierte lo mismo pero en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados y obliga al desalojo; horas después, el servicio de emergencias 911 recibe amenazas sobre la supuesta presencia de explosivos en la estación de trenes Constitución y en las líneas de trenes Belgrano Norte, San Martín y Roca.

Las imágenes que se sucedían eran las mismas. Móviles equipados de la División de Explosivos de la Policía Federal corriendo de un lugar a otro, bomberos y especialistas relevando todos los rincones del lugar para llevar tranquilidad y determinar, luego de exhaustivos monitoreos que las amenazas eran falsas. Todo en un solo día.

Patricia Bullrich y su jefe de Gabinete Gerardo Milman.

Está situación, que luego se repitió y que a veces involucra a las escuelas, provocó que días atrás hubiera una reunión cumbre de Seguridad. Allí estaban por Nación Patricia Bullrich, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman; Diego Santilli por Ciudad; El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; el Secretario de Seguridad bonaerense, Ventura Barreiro; la presidenta de la Enacom, Silvana Giudici; y representantes de DAJUDECO, el organismo de captación de teléfonos de la Corte Suprema.

Acordaron modificar el protocolo de actuación. En términos prácticos, bajar los tiempos de detención de los autores de las amenazas que actualmente se ubican entre los siete y los diez días de ocurrido el delito. Y mejorar el procedimiento que va desde la recepción de la llamada, la evaluación del operador, la notificación a la Justicia y si corresponde o no un proceso de evacuación.

Allí se terminó de decidir que quienes cometen ese delito deberán pagar los gastos. Es decir, que además de la sanción penal, los responsables de las llamadas intimidatorias paguen los costos de los operativos. ¿Cómo? A través del mismo proceso penal que se le inicia a los delincuentes. El organismo de seguridad correspondiente le envía al juez un detalle con el costo del operativo anti-explosivos en cada caso. Y el magistrado, luego de comprobar el delito y condenar al autor, lo obliga a remunerar.

Así como en los juicios penales, quien lo pierde debe pagar las “costas”, los gastos del abogado contrario y las tasas judiciales, ahora se deberán pagar los gastos que tuvo el Estado por una falsa amenaza de bomba.

El esquema surge del Caso Samid. Al empresario de la carne que huyó a Belice para eludir la Justicia, lo fue a buscar una delegación de la Policía Federal que lo regresó al país. Por ese operativo el Ministerio de Seguridad le reclamó a Alberto Samid, vía juez, unos 367 mil pesos en concepto de pasajes y viáticos. Algo similar ocurrirá con las amenazas de bomba.

“Hay que dejar en claro que este tipo de casos no son, por ejemplo, actos de inseguridad, sino que la fuerza tiene que disponer de un operativo por una falsa alarma. Es decir, el responsable está generando un costo social a gente que pierde el presentismo. Y encima a través del Estado se paga un operativo que nunca tendría que haber hecho, porque las fuerzas de seguridad tendrían que estar combatiendo la delincuencia, no corriendo detrás de falsas alarmas”, dijo a Clarín el jefe de gabinete de Seguridad, Gerardo Milman.

En la mayoría de los hechos ocurridos en los últimos meses, los autores fueron detenidos. Por ejemplo, un menor que fue el responsable de los llamados de amenazas de bomba en la Casa Rosada, el Ministerio de Seguridad, el Anexo de Diputados y el Congreso.

En un escrito al juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, al que tuvo acceso Clarín, la cartera de Seguridad detalla los gastos en una causa en la que se detuvo en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, al presunto autor.

Al detenido se lo acusa de haber efectuado dos llamados de amenazas de bomba en las estaciones del tren Sarmiento, el 5 y 16 de abril pasado, utilizando su teléfono celular sin chip y provocando la paralización del servicio. La investigación y detención posterior comprendió 20 días de trabajo, de 8 horas diarias de dos subcomisarios, un principal, un ayudante, ocho agentes y un cabo. Más tres vehículos, dos resmas de papel, impresiones y 50 minutos de llamados. De comprobarse su responsabilidad, además de la pena que le comprenda según la ley, debería pagar $ 433.578.

Lo mismo ocurre en otras dos causas, esta vez a cargo del juez Julián Ercolini. En la primera se trata de amenazas de bomba en la estación de trenes Constitución, por las que fue detenido un menor de 16 años. En ese caso, a los responsables del menor –padres, parientes o tutores-, la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía federal le reclama el pago de $114.774 y la Superintendencia Federal de Bomberos, $19.023,40.

En una segunda causa por llamados intimidatorios hacia las terminales de los ferrocarriles de Retiro y Once, que derivó en un único detenido por ambos delitos, el área de investigaciones exige el pago de $13.871 y bomberos, de $13.015,20.

Todas las requisitorias de gastos son acompañados por comprobantes originales.

“El que las hace las paga”, suele parafrasear Patricia Bullrich.

"La Supervalla": el elemento sorpresa que utilizó Prefectura para evitar que los manifestantes suban al Puente Pueyrredón

(Infobae.com) -  Extractado - Los efectivos instalaron un vallado mecánico para impedir el avance de los activistas hacia la Ciudad de Buenos Aires

Las fuerzas federales además de formar el tradicional cordón de prevención, en esta oportunidad instalaron una estructura metálica, un vallado hidráulico, que se utilizó en el operativo del G20 en diciembre pasado, para impedir que los manifestantes puedan subir a los carriles de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

Con apoyo de la Policía Federal, la guardia de Infantería de Prefectura Naval Argentina evita así que los activistas apostados sobre la Avenida Mitre crucen a la Capital Federal por ese acceso de zona sur. Los automovilistas que circulan por Avenida Pavón lo pueden hacer sin inconvenientes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó en declaraciones a TN que "la Superavalla" es una contención fuerte al intento de pasar. "Es un camión de porte grande que abre una valla en determinado lugar con el objetivo de frenar a la gente e impide que tengamos que estar con el personal frente a frente respecto a los manifestantes, que en muchos casos se acercan en una actitud de querer pasar a la fuerza", explicó.

El camión que transporta la Supervalla se vio por primera vez durante el operativo de seguridad del G20 (foto de archivo. Franco Fafasuli)

Además, desde el Ministerio de Seguridad dispusieron la instalación de un camión hidrante de manera preventiva.

Habilitaron a las fuerzas de seguridad a utilizar pistolas Taser: en qué casos podrán ser empleadas por los agentes

(Infobae.com) - El reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales fue publicado hoy en el Boletín Oficial

El Gobierno aprobó el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La decisión se comunicó a través de la resolución 395/2019, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial, cinco meses después de que el Ejecutivo anunciara la compra de unas 300 pistolas Taser. 

En los considerandos de la norma, el Ministerio de Seguridad argumentó que la Ley Nacional de Armas y Explosivos "determina que las armas electrónicas que solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, están contempladas taxativamente dentro de la Categoría de 'Armas y Municiones de Uso Civil'".

Y agregó: "La incorporación de armas electrónicas de uso no letal permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad federales una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego". En enero el Gobierno había anunciado la compra de 300 pistolas

Desde la cartera de Seguridad habían adelantado que, en una primera etapa, las pistolas Taser se utilizarían en aeropuertos, estaciones de trenes y espacios cerrados donde hay alta concurrencia de gente. El reglamento que figura en el anexo de la resolución no da precisiones sobre este aspecto, pero indica que solo se podrán usar "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos:

a) Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse.

b) Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.

c) Para impedir la comisión de un delito de acción pública.

La norma entiende que hay tres tipos de situaciones de "peligro inminente": "Cuando existan conductas amenazantes que pongan en peligro la integridad física del agente o de terceras personas; cuando se manifiesten conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque al agente o a terceras personas; o cuando el número de los ofensores o la imprevisibilidad de la agresión esgrimida impida materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas".

Asimismo, el protocolo también aclara que, ante la necesidad de emplear estas armas, los oficiales deberán identificarse como tales a viva voz y advertir su inmediata intervención, "salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso".

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo hizo referencia a los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en universidades como las de California (UCSD) y Winston-Salem de los Estados Unidos, y por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, España, "donde se concluye que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas".

A través del texto, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se instruyó a las autoridades de la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería "a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación específica" para el uso de estas armas.

Por último, el Ministerio de Seguridad enumeró una serie de territorios en los que se utilizan las armas electrónicas: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Argelia, Andorra, Borneo, Bulgaria, Bélgica, Canadá, Croacia, Chipre, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Irak, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Latvia, Lituania, Malasia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Tahití, Taiwán, Ucrania, Vietnam, Yemen, Bahamas, Barbados, Granada, Islas Caimán, Trinidad y Tobago, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia.

La norma se conoce luego de que el presidente Mauricio Macri le pidiera en persona a Bullrich que comuniquen "con más fuerza y mucha más energía todo lo que hace la policía para frenar la delincuencia".

En diciembre pasado, el Ejecutivo había impuesto un nuevo reglamento general a través del cual habilitó a la policía a disparar junto con la necesidad de dar la voz de alto. El protocolo fue rechazado por la oposición pero también dentro de Cambiemos: la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por ejemplo, no se plegó a la norma. Elisa Carrió también había salido a cuestionar la medida, al considerar que "viola los derechos humanos fundamentales". "Nosotros no vamos a ir al fascismo; a la ministro se le va la mano", dijo en ese entonces la líder de la Coalición Cívica.

Retaceo de datos, pujas de poder y acusaciones cruzadas: la interna del Gobierno por el control en las fronteras

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com
Una dura pelea se desató en los últimos meses entre los ministerios de Seguridad, Interior y Defensa por la estrategia para combatir el narcotráfico y el contrabando en la Frontera Norte


Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich en Jujuy (Foto: NA)

Retaceos en la información, acusaciones cruzadas, contrabandistas que se escapan, narcotraficantes en la mira, alertas que no se dan y recelos históricos. Todo un combo de pujas de poder se desarrolla en estos días en el Gobierno en torno al cuidado de las fronteras y con los ministerios de Seguridad, Interior, Defensa y la Aduana como actores centrales.

En forma muy sigilosa aunque fuertemente pronunciada hacia adentro, las peleas internas crecieron en los últimos tiempos ante la estrategia del presidente Mauricio Macri de potenciar la protección de las fronteras, especialmente en lo que hace a los controles de las fuerzas de seguridad, de agentes migratorios, Aduana y el Ejército en la zona del norte argentino.

Cada uno de los actores en juego plantea su defensa y posicionamiento particular. Pero se percibe claramente una puja sin retorno en lo inmediato. Según las consultas que realizó Infobae tanto en la cartera de Patricia Bullrich pasando por los ministerios de Rogelio Frigerio y Oscar Aguad, hubo cuestionamientos cruzados y pases de factura, aunque públicamente lo nieguen.

Desde el Ministerio de Seguridad cuestionan a la Dirección de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, por lo que consideran algunos casos con "graves falencias" en los controles de entrada de extranjeros y salidas de argentinos con causas penales. El caso de los dos iraníes que ingresaron el 12 de marzo pasado al país con pasaportes falsos de Israel y vulneraron los controles migratorios en Ezeiza es un tema de preocupación que le planteó la ministra Bullrich al presidente Macri en su momento.

Sin embargo, este no es el único caso. La fuga del empresario de la carne Albertro Samid a Belice también estuvo en el ojo de la tormenta. Se investiga en estos días si la salida del empresario con pedido de captura judicial por el paso legal de Clorina, en Formosa, se hizo con un sello falso de migraciones o se habilitó la salida por parte de funcionarios de Migraciones. "Se les pasa todo y nosotros tenemos que andar atajando penales", graficó una fuente de Seguridad en abierto desafío a la Dirección de Migraciones y a la cartera que conduce Frigerio.

Bullrich también cuestiona al Ministerio de Defensa porque no da instrucciones más firmes a los 500 soldados del Ejército apostados en la Frontera Norte para que haya reportes más asiduos de contrabando o de movimiento de narcotraficantes. "Desde que empezó el operativo Frontera Norte para sumar apoyo logístico de los militares a las fuerzas de seguridad no hubo casi reportes de los soldados sobre movimientos extraños o contrabando", dijo una fuente allegada a la ministra.

Por el contrario, en el Ministerio de Defensa advierten que los soldados del Ejército vienen haciendo una tarea "impecable" de apoyo logístico en la Frontera Norte y aducen que hay una fuerte presencia de los soldados que hacen "efecto disuasivo" ante el ingreso de narcos o contrabandistas en la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil.

Según pudo saber Infobae, el ministro Aguad expresó hace unos días que las quejas del Ministerio de Seguridad al Ejército son "injustas" y le hizo saber a Bullrich de su malestar por esas acusaciones.

A la vez, en el Ministerio de Defensa aclaran que la ley de seguridad interior establece un claro límite en el accionar militar en la frontera e interior del país. "No mandamos a nuestros soldados para decomisar mercaderías de contrabandistas porque esa no es la función de los militares. Aquí hay una confusión general y muchos no entienden que los militares sólo deben limitarse por ley al poder disuasivo o el apoyo logístico a Gendarmería y Prefectura", comentó un funcionario de Aguad.

En el caso del Ministerio del Interior, las respuestas ante las acusaciones de Bullrich por el lado de la presencia de controles supuestamente "laxos" está bien definida: aducen que hay filtración de datos sensibles desde Seguridad y que no hay suficiente cooperación conjunta entre la Gendarmería con los agentes de migraciones.

A la vez, desde la cartera de Frigerio expresaron a Infobae una respuesta concreta ante esta dura puja de poderes que se vislumbra en el Gobierno. "Migraciones hace bien su trabajo. Incorporó tecnología, capacitó a su personal, suscribió acuerdos internacionales que nos permitieron acceder a las mismas normativas de los países serios y desarrollados. Todo eso en cuatro años de gestión", dijeron allegados al ministro.

Desde el Ministerio del Interior dijeron que en el caso concreto de los iraníes que ingresaron con documentos falsos se decidió apartar a los funcionarios involucrados y sumariarlos. Lo mismo ocurrió con el caso Samid, donde se despidió a un funcionario de Migraciones de Clorinda y se avanza con una investigación interna sobre el eventual uso de un sello apócrifo de Migraciones que habría avalado el ingreso del empresario de la carne a Belice.

Por otra parte, en Interior trataron de bajarle el tono a la disputa y destacaron que "la relación con Bullrich y su equipo de fronteras es muy buena". "Rogelio y Patricia tienen diálogo permanente. De trabajo en conjunto y de respeto. De parte de Migraciones no hay ningún cruce sino todo lo contrario", expresó ayer a Infobae un allegado al ministro del Interior en un intento por desterrar cualquier tipo de internas en el Gobierno. No parece lo mismo en los hechos concretos y el trabajo diario.

Otra muestra de puja de poderes por los controles de frontera se cristalizó hace un mes, cuando Bullrich fue apedreada en Salta por un grupo de bagayeros que se oponen al régimen simplificado de importación para la zona de frontera. Esta resolución, que lleva la firma de Bullrich, del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, estableció que los importadores que crucen mercancías de Bolivia por los pasos internacionales Puerto Chalanas -así se denomina al cruce en la ciudad de Bermejo- y Aguas Blancas podrán realizar una operación diaria con un tope de 500 dólares en mercancía. Además, la medida exige la obligatoriedad de que los bagayeros se inscriban en un registro y que paguen impuestos.

En algunos despachos oficiales creen que esta propuesta no funcionó y que da lugar a que haya más pasos ilegales. También hubo advertencias sobre la necesidad de que los funcionarios de Aduana sean más rígidos en los controles.

Además, el SUPARA, el sindicato que nuclea al personal aduanero de la Argentina, alertó sobre el grave estado de vulnerabilidad en el paso de Aguas Blancas, en el departamento de Orán, en el límite con Bolivia. Y hay plena coincidencia en que los controles de contrabando deben recaer sustancialmente en las fuerzas de seguridad.

El Gobierno lanza otro refuerzo militar en la Frontera Norte y dispondrá de 1.500 soldados antes de diciembre

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Saldrá en los próximos días un nuevo batallón de soldados del Ejército y equipamiento. Ya empezaron las tareas de adiestramiento para uso de radares y drones en el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad

 

En los próximos días el Ministerio de Defensa enviará una nueva partida de uniformados del Ejército para reforzar el operativo de la Frontera Norte y dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

Así, la apuesta mayor del Gobierno será tener antes de fin de año un total de 1.500 soldados apostados a lo largo de los 2.500 kilómetros de frontera.

"Progresivamente se está cumpliendo con el proyecto de refuerzo militar de la Frontera Norte para hacer apoyo a la Gendarmería y la Prefectura y disuadir a los narcos de venir a la Argentina", explicó a Infobae un encumbrado funcionario del Ministerio de Defensa.

De esta manera, se ratificó la idea del presidente Mauricio Macri y del ministro Oscar Aguad de darle forma al operativo de la Frontera Norte con presencia disuasiva de militares. Actualmente hay 500 uniformados del Ejército, antes de fin de mes se enviarían otros 500 y hacia fin de año la intención del Gobierno es tener 1.500 soldados apostados en toda la frontera.

Se trata de establecer el apoyo logístico de los militares con una suerte de "operativo embudo", explicaron en el Ejército. Es decir, que los soldados cubran la zona de fronteras porosas o pasos ilegales a lo largo de todo el límite con Paraguay, Bolivia y Brasil para que los narcotraficantes o los contrabandistas se vean obligados a ir por los pasos legales o directamente opten por no entrar en la Argentina.

Este es uno de los temas que abordó el presidente Mauricio Macri con su par de Bolivia Evo Morales, quien el año pasado había cuestionado la presencia de militares argentinos. Esta vez, el presidente boliviano coincidió con Macri en la necesidad de dar un fuerte combate a la lucha contra el narcotráfico. De hecho, Evo Morales cerró el acuerdo para pagar el excedente de gas exportado a la Argentina con un avión Pampa que se usará para los operativos de control en la frontera por parte de Bolivia. Y también el jefe de Estado boliviano mencionó su intención de ampliar la adquisición de los aviones que produce FADEA en el futuro inmediato.

El refuerzo de militares en la Frontera Norte ayudará también para apuntalar la tarea de los 500 soldados que ya están apostados allí y se ocupan en tareas de atención sanitaria y ayuda en las zonas inundadas del Norte argentino.

Para concretar este nuevo despliegue de soldados la idea no es desactivar las brigadas de la Frontera Norte sino por el contrario reforzarlas con equipamiento y efectivos que se desactivarán de otras unidades.

De esta manera, se mantendrá la brigada del Ejército de Salta (V) que tiene, entre otras cosas, un regimiento de infantería, un batallón de ingenieros, una compañía de inteligencia, un hospital militar, un grupo de artillería y un grupo de comunicaciones; la de Jujuy donde hay un grupo de artillería y un grupo de infantería y la brigada III de Chaco y Formosa y la 12 de Posadas donde existen regimientos de infantería, unidades de caballería y compañías de comunicaciones y compañías de ingenieros. Nada de esto será desactivado.

A la vez, se avanzará en estos días con una nueva entrega del material a las unidades que participan del operativo Frontera Norte, se intensificarán la tareas de instrucción y capacitación a los operadores de los radares y drones que ingresaron a la fuerza y el traslado e instalación de los módulos containers (baños y oficinas) en la zona del operativo donde realizan adiestramiento operacional las tropas desplegadas.

El teniente general Claudio Ernesto Pasqualini  recorre asiduamente la zona de la Frontera Norte donde se encuentran desplegados los efectivos para supervisar cada una de las tareas de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.

El Operativo Integración Norte se encuentra bajo la conducción del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en apoyo a las Fuerzas de Seguridad Federales.

En marzo pasado el Gobierno dispuso un refuerzo de equipamiento, armas, lanzacohetes y radares del Ejército por un valor global de $794 millones.

El presidente Mauricio Macri concretó en un acto la entrega de materiales, equipamiento militar y vehículos al Ejército durante una visita al Batallón de Arsenales 602 de Boulogne. De esta manera, el equipamiento del Ejército corresponde en $438.354.871 a material nuevo o modernizado y otros $356.054.684 que se desprenden del "efecto remanente 2018" de equipamiento de la misma fuerza. Así, se suma una totalidad de $794.409.555 invertidos en equipamiento militar.

A todo ello, se le agregan los dos aviones A4 que hay en los 2.500 kilómetros de Frontera Norte más otros dos Pampa, dos Texan II y una cantidad aun no precisa de helicópteros de la Fuerza Aérea .

En el Ministerio de Defensa dijeron que el operativo de la Frontera Norte "implica tres ejes fundamentales de actuación". El objetivo principal es el adiestramiento operacional que lleva a cabo el Ejército Argentino con sus unidades desplegadas entre la localidad salteña de San Antonio de los Cobres y Puerto Iguazú, Misiones. Otro de los pilares detallados del programa es el apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad, a través de los medios y la capacitación específica de que disponen los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Argentina inaugura un centro de control de amenazas

Según el portal Infodefensa.com el Ministerio de Seguridad inauguró las instalaciones del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname) durante la sexta reunión del Concejo Federal del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

La nueva plataforma articula la tecnología y las instituciones de todo el país para dar una respuesta rápida y organizada ante emergencias. El objetivo principal de estas instalaciones será centralizar la información relevada para optimizar las gestiones de asistencia a las zonas afectadas. Y sus pilares son: la prevención, mitigación, reconstrucción y rehabilitación.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que “la Argentina está a la vanguardia en protección civil”. Luego de un simulacro de emergencia, la ministra comentó con respecto al Siname: “conecta todas las plataformas existentes en el país, lo que permite que en tiempo real podamos observar en la sala de operaciones todos los recursos que hay en un determinado lugar sea para combatir un incendio, una inundación, actividad volcánica o lo que sea”.

Por su parte el secretario de Protección Civil, Emilio Renda, explicó que “el centro comienza a funcionar ahora, pero estará en plenitud a partir de junio de este año, integrando todas las provincias, todos los ministerios y todos los organismos que tienen que ver con el trabajo en gestión de riesgo”.

A la reunión también asistieron el subsecretario de Reducción de Riesgos de Desastres, Marcelo Rozas Garay; el subsecretario de Operaciones, Daniel Russo; el presidente del Organismo Regulador de Presas (Orsep), Rodolfo Dalmati; el secretario de Infraestructura y Política Hídrica, Pablo Berenciartúa, y los representantes de las defensas civiles de todo el país.

Además se unificaron criterios para la capacitación de los Bomberos Voluntarios de todo el país, con el aval del Ministerio de Educación. Se certificarán especialidades como búsqueda acuática, búsqueda con canes, sustancias peligrosas, incendios forestales y brigadas USAR (Urban Search and Rescue). 

El Siname funciona en el marco del Consejo Federal del Sinagir, que fue creado por la Ley 27.287 y esta compuesto por casi 70 entidades nacionales. Este conglomerado gubernamental depende de la jefatura de gabinete y del Ministerio de Seguridad.

El Siname es un centro de monitoreo diseñado por la Secretaría de Protección Civil de la Nación que funciona en la sede de la misma. Allí, a través de diferentes tecnologías de comunicaciones e informática se recibe información de todas las provincias como así de organismos especializados lo que facilita las acciones en las distintas etapas vinculas con la detección, alertas, seguimiento y monitoreo de eventos adversos, como así también, en la respuesta para una mejor toma de decisiones.

Con imágenes satelitales, térmicas y geotérmicas se observa la situación de, por ejemplo un incendio forestal, se determina un polígono de afectación y con el sistema de geolocalización se obtiene la información de medios disponibles para enfrentar la emergencia. Está contemplada también la creación de un sistema de alerta a los celulares de las personas que se encuentren en zonas de riesgo y también a través de redes sociales.

Fuente: https://www.infodefensa.com/latam/2019/04/15/noticia-argentina-inaugura-centro-control-amenazas.html

Una buena noticia: Pensar que hace diez años atrás, la llamábamos riesgo y se hacia con el software Arcview y una notebook vieja de uno de sus primigenios pensadores y todo a pulmón...y bue.

Efectivos de la Federal y de la bonaerense "extravían" cada año más de 300 armas

Por Rosario Marina - La Nación

Pistola, esposas y credencial robadas a una policía Local de Quilmes en 2017 Fuente: Archivo

En los últimos ocho años, la fuerza provincial abrió 1659 sumarios por el robo o la pérdida de pistolas de dotación; la nacional, en tanto, dio por desaparecidas 1195; la mayoría de los casos, en el conurbano

LA PLATA.- La policía bonaerense y la Federal, que hasta 2016 fueron las más numerosas del país, "perdieron" cada año cientos de armas de su arsenal; la mayoría de ellas estaba en manos de efectivos cuando "desaparecieron" o se las robaron. Esas pistolas, escopetas y ametralladoras terminaron, casi siempre, en el mercado ilegal y nutrieron el poder de fuego de la delincuencia.

Entre 2011 y 2018, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició 1659 sumarios por robo, hurto y/o extravío de arma reglamentaria por parte del personal policial. Un promedio de 207 por año, con una tasa media de 22 armas extraviadas cada 10.000 efectivos, o una cada 450 uniformados.

La Policía Federal, en tanto, perdió casi 1195 armas entre 2008 y 2018, un promedio de 108 por año y casi seis veces más de las que, por ejemplo, extraviaron los efectivos de Carabineros, de Chile.

En cifras netas, perdieron casi un 90% menos que sus pares bonaerenses. Pero tomando en cuenta que la fuerza provincial, hasta hace tres años -cuando se produjo el traspaso de parte de la Federal a la Ciudad-, duplicó en número a la nacional (93.000 contra 47.000), los números tienden a parecerse: se extravió un arma cada 435 federales, o 23 cada 10.000 agentes.

El año que más armas extraviaron los policías bonaerenses fue 2016: 326, casi la misma cantidad que perdió la Gendarmería en nueve años.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación explicaron que una parte del problema de la desaparición de armas radica en el régimen de portación que tienen los policías. "La Gendarmería y la Policía Federal tienen un sistema por el cual portan el arma en servicio y fuera de servicio. La Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria [PSA] tienen un régimen distinto: dejan el arma al salir de franco. Los regímenes de portación influyen en qué fuerza pierde o no pierde más armas", dijo a LA NACION Alberto Föhrig, secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad nacional.

De camino a casa

Del total de 1195 armas extraviadas por efectivos de la Federal entre 2008 y 2018, 742 fueron extraviadas, sustraídas, hurtadas o robadas en la provincia de Buenos Aires. Esto representa el 62% del total. Otro 26%, en la Capital. Entre esos dos territorios suman el 88% de los casos. "Muchas situaciones se dan in itinere, cuando el efectivo afectado se va a su casa", advirtió Föhrig.

Siempre que esto sucede, el ministerio inicia un sumario para investigar lo ocurrido y saber en qué circunstancias se produjo la pérdida del arma. En algunos casos, según indicaron las fuentes, los policías son golpeados y cuando están en el piso les quitan la pistola. En esa situación, por ejemplo, no están sujetos a penalidades.

En otros casos hay negligencia de parte del policía que pierde el arma. Entonces, las penas van de días de arresto a tener que pagar un porcentaje del precio de reposición del arma. Hoy, una pistola calibre 9 milímetros, según fuentes del Ministerio, tiene un valor de 10.000 pesos.

"En todos los casos se hace un análisis de cuál fue la situación de pérdida de arma, porque es un tema muy grave", consideró Föhrig.

En 2016, el Ministerio de Seguridad sometió a todos los efectivos al curso de práctica intensiva de arma reglamentaria. Se instruye a los agentes en el cuidado del arma fuera de servicio. Sostuvo Föhrig que eso hizo que los números de pérdidas descendieran.

Ese año, la Policía Federal perdió 115 armas. En 2017 fueron 59, y en 2018 volvió a subir el número a 67. Este descenso coincidió con la disminución de un gran porcentaje de la cantidad de policías por el traspaso de aproximadamente un 40% de la fuerza a la Policía de la Ciudad. El hecho de que ahora sean menos los policías impactó también en la bajada de pérdida de armas.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, las cifras reflejan solo los casos en los que se abrieron sumarios en Asuntos Internos. Incluyen, por ejemplo, el caso de los policías recién recibidos de la Escuela de Formación Policial Juan Vucetich que salieron a bailar con sus armas reglamentarias y en el boliche se les cayeron y las perdieron. También, casos en los que un policía afirma que llevó a lavar el auto, se olvidó el arma en la guantera y "desapareció".

Poco más de la mitad de las armas se extraviaron en el conurbano (827); 809 desaparecieron en el interior de la provincia y en 23 casos no se pudo establecer dónde pasó.

En 2014, la creación de las Policías Locales sumó un problema en este sentido. Al año siguiente habían perdido 10 armas y para 2016 el número se elevó a 68.

Si se toma en cuenta el total de sumarios iniciados a partir de 2015, los de la Policía Local representan el 18%. Esto no significa que ese sea el total: estos números representan solo los que tuvieron sumarios iniciados por Asuntos Internos. En la Auditoría General saben que hay más.

Una falta grave, penada hasta con la exoneración

Para las faltas disciplinarias de los policías bonaerenses se aplica el decreto 1050. En él se precisa que la pérdida del armamento es una falta grave, para la cual se prevé la "suspensión del empleo sin goce de haberes de hasta 45 días, aplicables mediante resolución en actuaciones sumariales administrativas". 

Si se tratara de una falta grave de competencia originaria de Asuntos Internos, daría lugar a una "sanción de exoneración, cesantía o suspensión del empleo sin goce de haberes de hasta 60 días". "Dentro de cada caso particular hay atenuantes y agravantes. No es lo mismo un policía al que le roban el arma que uno que la extravía en una situación confusa", explicó a LA NACION el auditor Guillermo Berra.

El resto de las fuerzas de seguridad federales, muy por debajo

La Gendarmería sumó 358 extravíos; la Prefectura, 299, y la PSA, solo diez

Según datos oficiales de la cartera del Ministerio de Seguridad, conseguidos por la nación a partir de solicitudes de acceso a la información pública, entre todas las fuerzas de seguridad federales perdieron 1862 armas en los últimos 11 años. Las que menos extraviaron fueron la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura.

Entre 2010 y 2018, la Gendarmería extravió 358 armas. En el 62% de los casos, por robos. También hubo hurtos, secuestros y pérdidas. En agosto de 2017, el director nacional de la fuerza, comandante general Gerardo José Otero, firmó una resolución en la que aumentó el valor que debe pagar el gendarme que pierde (o le roban) un arma al 200% de su valor. Lo hizo al advertir que "se han incrementado notoriamente las pérdidas y robos de pistolas, cargadores, municiones, chalecos antibalas y equipos de comunicaciones".

El año pasado esa fuerza firmó una resolución que permitió a los gendarmes usar su arma particular durante el servicio.

Sin embargo, para el secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio, Alberto Föhrig, la de Gendarmería no le parece una tasa alta: "En 8 años se pierden 358, anualizadas son menos de 50 por año. En una fuerza de 36.000 efectivos no es una tasa alta", consideró.

La Prefectura y la PSA, en tanto, son las que menos armas perdieron o les robaron. En los últimos 11 años, la primera extravió 299 y la segunda, solo 10.

Según los datos oficiales, todas los casos de la PSA fueron robos o hurtos. En ningún caso el arma se volvió a comprar: "En cuanto al costo de reposición del material descripto, este Departamento de Logística Policial Aeroportuaria informa que hasta el momento no se ha adquirido armamento para su reposición", se informó.

La PSA tiene unos 4000 agentes, mientras que la Policía Federal, antes del traspaso de una gran parte de los efectivos (los de Seguridad Metropolitana, especialmente) a la nueva Policía de la Ciudad, en 2016, eran unos 47.000, casi 12 veces más.

Sin embargo, si se lo compara con los Carabineros de Chile, que son casi 52.000, la diferencia es alarmante. Según publicó una reciente investigación de Chile Visión, esa fuerza perdió menos de 200 armas en el mismo período en que la Federal extraviaba casi 1200.

Prefectura retuvo seis buques en diferentes puertos

(Nuestro Mar) - La Prefectura Naval Argentina, en su rol de Autoridad Marítima nacional, es el organismo encargado de garantizar una navegación segura en las aguas de su jurisdicción. En este marco, y como resultado de las múltiples inspecciones que se realizan, se retuvo a seis buques en infracción en diferentes puertos del país.

El puerto de San Lorenzo fue el escenario de tres inspecciones extraordinarias que dieron como resultado la prohibición de navegar del "Union Erwin" de bandera de las Islas Marshall, del "Cavalier VII" de bandera paraguaya y del "Don Celestino B" de bandera argentina.

Estas embarcaciones estaban amarradas dentro del complejo portuario santafesino y presentaban distintos desperfectos: fuga de aceite y combustible del motor principal, manguera de lucha contra focos ígneos inhabilitada para emergencias, bombas de achique defectuosas y sentina con restos oleosos.

Por otra parte, Prefectura retuvo al buque de bandera argentina "Doña Lucía", que se encontraba amarrado a la altura del kilómetro 44 del río Luján. La embarcación poseía un motor auxiliar y un generador eléctrico sin declarar, además de otras deficiencias técnicas en sus máquinas.

Otro de los buques retenidos fue el "Callio", de bandera panameña, que perdió su ancla de fondeo durante una maniobra en Ramallo, provincia de Buenos Aires, mientras transportaba 15.000 toneladas de fertilizante.

Por último, cabe destacar, que miembros de la institución inspeccionaron un buque de bandera panameña llamado "Amber L", procedente de África que navegaba con destino al muelle de cereales del puerto Punta Alvear (provincia de Santa Fe).

Durante el registro, nuestros inspectores hallaron un pasajero clandestino, de nacionalidad nigeriana de 30 años. Al mismo tiempo, el Amber L presentaba deficiencias en sus medidas de seguridad lo que motivó al personal a retenerlo en puerto y restringir sus operaciones.

Las seis embarcaciones inspeccionadas por la Prefectura Naval Argentina no cumplían con las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida de la tripulación. Dichas medidas restrictivas pesaran hasta tanto no se elabore un plan de acciones correctivas para poner en condiciones de navegabilidad todos los buques.

Personal especializado de la Prefectura, a bordo de un guardacostas, logró interceptar la embarcación como resultado de las tareas de rutina que se realizan cotidianamente en la zona. De esta manera, el buque remolcador "Cavalier II", de bandera paraguaya, transitaba por la vía navegable con nueve barcazas a bordo y varias deficiencias.

Durante la inspección extraordinaria realizada por la fuerza que encabeza Eduardo Scarzello, se hallaron más de 36 faltas tanto en el remolcador como en varias de las barcazas que trasladaba. Prefectura retuvo al buque en puerto hasta que subsane sus deficiencias para garantizar una navegación segura.

Participaron del operativo personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Barranqueras (Chaco), inspectores técnicos especializados en seguridad de la navegación pertenecientes a la dotación del guardacostas "Lynch" y efectivos de las Prefecturas Goya y Esquina (Corrientes).

Acorde al Artículo 79 de la Ley de la Navegación, se puso en conocimiento del tema al consulado de la República del Paraguay y a las autoridades pertinentes. (COMEX ONLINE)

Se viene el sistema de reconocimiento facial en las calles

Por Nicolás Lucca - Infobae.com

Lo anunció el vicejefe de Gobierno/ministro de Seguridad. Entrará en vigencia el 23 de abril. Por qué es un atentado a la intimidad de las personas (todas)

Ahora que el contador Diego Santilli anunció que se utilizará un sistema de reconocimiento facial para la detección de delincuentes "con pedido de captura" y que el mismo entrará en vigencia en tan sólo unos días –23 de abril–, vale la pena aclarar algunas cosas. Antes que nada, entiendo el jolgorio y la algarabía de quienes celebran cualquier medida que contribuya a la disminución del crimen, pero cualquier medida puede convertirse en una medida peligrosa.

"Es sólo para aquellas personas que están siendo buscadas por la Justicia", aseguró Diego Santilli en su exposición ante el Primer Congreso Internacional sobre Delito Transnacional. Una medida espectacularmente bienvenida en una ciudad que no tiene policías, porque el sistema de identificación facial a través de una cámara callejera requiere que el ciudadano a detener se encuentre, precisamente, en la calle. Y todos sabemos que no hay mejor lugar para que un policía nos haga sentir su presencia que la calle. El problema radica en que, en el afán de identificar a uno, nos identificarán a todos. No hay forma de que así no sea desde el momento que nuestra foto se encuentra en un pasaporte o documento nacional de identidad –creado bajo el amparo de la Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano de la Nación bajo la dictadura de Onganía y que no existe en todos los países del mundo– y desde el momento mismo en que, para poder reconocer un rostro, hay que revisar todos.

Siempre puede ser peor. Hace tan sólo un mes, la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contaba que, si fuera por ella, el registro de ADN debería ser para todos los habitantes de la Argentina y no tan sólo para quienes hayan delinquido. Hubo que explicar que el ADN no es la huella dactilar del siglo XXI, que la tecnología no siempre es buena y, fundamentalmente, que toda medida invasiva que permitimos "porque el gobernante nos cae simpático" es una puerta abierta a su uso de parte de un futuro gobernante despótico, en un país con tan poca memoria que cree que el pasado nunca podría volver a ocurrir.

En Gales, en mayo del año pasado, la Policía quiso probar el sistema de detección facial en un partido de fútbol. El resultado fue desastroso: 92% de falsos positivos. Imaginemos que casi 10 de cada 10 personas podrían ser detenidas. Sin embargo, el efecto provocado por el sistema de reconocimiento facial masivo en China hace que a cualquier autoridad se le haga agua la boca: en el gigante asiático, con 1.339 millones de habitantes, cuenta con 176 millones de cámaras y un registro de identificación facial que monitorea absolutamente todo y, hasta ahora, "sólo fue utilizado para capturar delincuentes". Nadie tiene en cuenta que en China no gobierna precisamente una democracia y que ser opositor al régimen es un delito que se pena con prisión, si se tiene suerte. Una prueba más de que la tecnología deja de ser una buena herramienta en las manos equivocadas.

Lo curioso es que cuando políticas similares son aplicadas por otros signos políticos, la reacción es más fácil, más directa. No debería atemorizarnos las simpatías políticas: una mala idea no tiene color. En 2011 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzaba el SIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Algunos pusimos el grito en el cielo, otros lo justificaron, pero nada pasó. Ni siquiera hubo una reacción cuando el entonces ministro Florencio Randazzo firmó un acuerdo de colaboración para "implementar más tecnología biométrica" en bases de datos con la potencia internacional de los derechos humanos: Cuba.

La tasa de criminalidad de la ciudad de Buenos Aires se encuentra en niveles anteriores a la creación de la Policía Metropolitana allá por 2008. Podría tratarse de un dato meramente estadístico si no fuera por un detalle que no es menor: en 2016 la ciudad de Buenos Aires recibió el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. O sea, todas las comisarías, agentes, oficiales y presupuesto correspondiente. El Jefe de Gobierno porteño presentaría esa suma de oficiales de policía como un logro de su gestión luego de dar un largo listado de bondades en materia de seguridad que hizo que uno se pregunte para qué desplazó al ministro anterior si hizo todo bien. Todo esto fue ante la legislatura porteña presidida por el mismo hombre que ahora oficia de ministro de Seguridad sin dejar de ser vicejefe de Gobierno.

Sí, los porteños somos de darnos todos los gustos y tenemos al frente de una fuerza del Poder Ejecutivo al presidente del Poder Legislativo. Y como somos de empacharnos, no pusimos a cualquiera al frente de la seguridad: elegimos un contador público. Podríamos haber optado por un licenciado en Ciencias de la Seguridad, un abogado, un ex miembro de las fuerzas de seguridad, todo dependiendo de qué esperamos de nuestra policía. Bueno, no sabemos qué espera el jefe de Gobierno, pero puso a un contador.

El problema en materia de seguridad siempre es la prevención, algo que en Buenos Aires nos acostumbramos a que no exista hace años. Miles de cámaras por todos lados y ninguna sirve para otra cosa que para cobrar multas. ¿Quién las monitorea? Cada vez que se comete un hecho delictivo el fiscal pide a las autoridades la remisión de las cámaras y, casualmente, allí está registrado el hecho delictivo. ¿Nadie pudo verlo? ¿Para que tenemos las cámaras si no podemos evitar que un ciudadano que pagó por ellas pase un momento espantoso? ¿Para identificar la cara de un motochorro que usa casco? Bueno, ahora se les dará un nuevo uso.

No faltará quien venga a decir que "quien nada oculta nada teme". Permítanme decir de antemano que el que nada oculta tiene una vida aburridísima pero, más allá de eso, de mi vida muestro lo que quiero y a quien quiero. Del mismo modo que en las redes sociales elijo qué mostrar y qué no, el Estado no tiene por qué saber si me gusta comer, qué hago los sábados a la noche con cinco personas entrando a un bar, con quién me junto ni cada cuánto lo hago. Del mismo modo, no quiero que mañana tenga que presentarme ante la AFIP para explicar cómo es que terminé comiendo en Puerto Madero si mi sueldo no alcanza para pagar un sándwich de bondiola en la Costanera. ¿Emboqué las cuatro cifras a la cabeza de la nocturna nacional? ¿Me regalaron una cena por mi cumpleaños? ¿Soy amigo del dueño? ¿Qué te importa? Y si así y todo creemos que hay peores monstruos que la AFIP, deberíamos tener presente que en este país se ha llegado a hackear a la mismísima ministro de Seguridad. Imaginemos que todos los datos recolectados son sustraídos por cualquier persona con ganas de joder y hacerse de unos pesitos extorsionando.

Antes nos reíamos para no llorar de que quienes vivíamos tras las rejas éramos los ciudadanos "de bien". Ahora podemos modernizarlo: los que no cometemos delitos salimos a la calle con pasamontañas para que no nos jodan. ¿Tan difícil es que un policía detenga a un delincuente en vez de decirle a una víctima "sí, ya sé quien fue, porque lo vi robar varias veces hoy"? Me pasó a mí, no me lo contaron. Tampoco es tan difícil que los policías asignados a las paradas en esquinas estén en esas esquinas y no tomando café dentro del bar. Lo veo todas las noches, no me lo contaron. Mucho menos es difícil encontrar a alguien que tenga idea de cómo funciona una fuerza de seguridad.

Siempre es bueno recordar que lo que ayer fue delito hoy no lo es y mañana puede volver a serlo. ¿Seguimos dejando herramientas para que a la desgracia de un déspota tengamos que sumarle que tiene todo servido para hacer lo que quiera? Nadie tiene la suerte comprada. Tampoco los países.

En qué consiste la nueva fuerza de seguridad de elite que operará en vuelos de alto riesgo

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Se trata de agentes especiales de embarcación que forman parte de la PSA

El Gobierno acaba de poner en marcha una nueva fuerza denominada Agencia Federal de Embarcaciones, que tendrá la función de hacer un seguimiento de situaciones de riesgo arriba de los aviones en vuelos de pasajeros.

Buscarán ser una elite especial dentro de las fuerzas de seguridad federales y, dado que tomaron algunos de los parámetros de acción de una histórica agencia federal norteamericana, en reserva se los empezó a conocer como los "Marshals criollos".

Si bien las tareas de entrenamiento y coordinación empezaron hace más de un año, el jueves pasado en un acto muy reservado que lideró el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich junto con la empresa Aerolíneas Argentinas se puso en funcionamiento esta fuerza que inicialmente será un desprendimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los nuevos agentes de embarcación recibieron capacitaciones en Estados Unidos y serán una suerte de grupo de elite al estilo Marshals Service, que fue la primera agencia federal norteamericana cuyo trabajo en secreto opera sobre situaciones críticas.

"Estos grupos de elite nos ponen en un lugar de avanzada en todo el continente y construyen capacidades para darle seguridad a turistas argentinos y a aquellos que visitan nuestro país", explicó a Infobae el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco.

Si bien el funcionario no quiso dar más detalles del tema, se pudo saber que los agentes trabajarán en aviones de línea adentro y fuera del país. Por ahora estarán sólo en los vuelos de Aerolíneas Argentinas, aunque se prevé ampliar los acuerdos con otras compañías aéreas. También se podrían firmar acuerdos de reciprocidad con otros países para ampliar la capacidad de operaciones.

¿Cuáles son los objetivos y funciones de los "Marshals criollos"?

Este grupo de elite -hasta ahora conformado por no más de 40 agentes- operará en vuelos que se consideren con "matriz de riesgo". Es decir, viajes que se consideren peligrosos por la ruta o aquellos en los que se encuentre un pasajero supuestamente sospechoso. 

Según explicaron a Infobae fuentes del Gobierno, los agentes federales de embarcación se infiltrarán como civiles en vuelos para prevenir eventuales ataques terroristas o ante comportamientos sospechosos. Para esto, los oficiales ya hicieron cursos de capacitación de derecho internacional, tácticas de negociación ante situaciones de riesgo, primeros auxilios, uso de la fuerza sin armas y cursos de tiro.

Ya hubo cursos de adiestramiento para los agentes y en adelante también se complementará la capacitación con pilotos y azafatas. También se supo que en 15 días llegarán agentes Marshals de Estados Unidos para extender los cursos de capacitación en la PSA.

El Marshals Service de Estados Unidos es pionero en este tema. La Argentina lo será en América Latina y, además, se está desarrollando en el país una escuela de agentes de embarcación.

Los objetivos de seguimiento en un vuelo serán personas relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo aunque también psicóticos, barrabravas o pasajeros ebrios que pongan en riesgo un vuelo.

Para definir quiénes integrarán este grupo de elite especial se eligieron por ahora a los mejores oficiales de la PSA, ya que hay una característica casi esencial para esta tarea: el uso del arma debe ser la última instancia para frenar una situación de riesgo en medio de un vuelo.

En Estados Unidos el grupo de élite Marshals funciona desde hace más de 100 años y actualmente existen aproximadamente 3.500 oficiales de policía e investigadores criminales. Pero sus funciones no se limitan a los vuelos de pasajeros sino que incluyen la protección del poder judicial federal, la detención federal, el seguimiento de fugitivos, el manejo y venta de bienes incautados adquiridos por delincuentes a través de actividades ilegales y el transporte de prisioneros federales.

Endurecen las condiciones para otorgar la residencia a extranjeros

(TN.com) - Quienes deseen radicarse en el país deberán presentar un certificado de diez años sin antecedentes penales. La medida será anunciada por Frigerio.

El Gobierno refuerza su plan de combate a la inseguridad, uno de los principales ejes que mostrará en la campaña electoral. El ministro del Interior Rogelio Frigerio anunciará el endurecimiento de las condiciones para otorgar la residencia a los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina. Quienes quieran radicarse en el país deberán presentar un certificado de carencia de antecedentes penales en los últimos diez años.

La medida responde a los hechos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y también a los que el Ejecutivo llama un "descontrol migratorio", como lo definió el canciller Jorge Faurie hace poco más de un mes tras un reunión de Gabinete.

El oficialismo impulsa en paralelo la agilización de la expulsión de los extranjeros que delinquen o que entraron de forma ilegal al país. El plan que forma parte de un proyecto para endurecer la Ley de Migraciones, que incluye la creación de un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros. Todas estas medidas cobraron fuerza a partir de los casos de motochorros extranjeros que tenían prohibición de entrada al país y pedidos de deportación.

Los extranjeros que no presenten el certificado que determine que en la última década no registraron antecedentes penales no podrán avanzar con los trámites para radicarse en el país.

Hasta el momento quienes iniciaban el papeleo para pedir la residencia permanente debían presentar un certificado que estableciera que no tenían condenas anteriores ni procesos penales "emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años". En los tres últimos años la Dirección de Migraciones otorgó 680 000 radicaciones, encabezadas por ciudadanos paraguayos, bolivianos y venezolanos

Horacio García, director de Migraciones, le dijo a La Nación que el objetivo es que "todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país". "La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad", afirmó. Justamente uno de los motivos que impulsaron el pedido de certificado es que en algunos países no se incluyen los registros de delitos después de cumplidas las condenas o transcurrido un determinado plazo.

Vidal inaugurará la nueva cárcel destinada a jóvenes en medio de una sobrepoblación récord en los penales

(Infobae.com) - La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gustavo Ferrari recorrerán esta mañana el nuevo penal (Télam)

No habrá corte de cinta, pero la inauguración de hoy de la gobernadora bonaerense no será una más. "El tema cárceles fue ocultado y olvidado por el anterior gobierno provincial", asegura María Eugenia Vidal en diálogo con Infobae.

En medio de la mayor sobrepoblación de la historia penitenciaria argentina con más de 43 mil detenidos entre comisarías y penales de la provincia de Buenos Aires y un exceso que también aqueja al Servicio Penitenciario Federal, la mandataria recorrerá esta mañana junto al ministro de Justicia Gustavo Ferrari -de cuya cartera dependen las cárceles provinciales- la "unidad modelo para jóvenes" del distrito bonaerense de Campana, con capacidad para más de 600 internos de entre 18 y 21 años, que costó más de $700 millones y que buscará una reinserción social de la que hoy carece el sistema.

"Tenemos que generar una política penitenciaria que genere mayor reinserción", resaltó la gobernadora en compañía del ministro Ferrari.

En rigor, los primeros internos, unos 50 jóvenes provenientes de diversos establecimientos bonaerenses, ingresarán a la nueva cárcel el próximo lunes. El desembarco será gradual, hasta completar las 616 plazas en para de año. "La población joven es la más conflictiva", explicó Ferrari.  De acuerdo a cifras de 2018, un 43% del total tumbero está imputado por robos agravados y hurtos. Se estima que la mitad de los presos todavía no tienen condena firme.

El SPB superó su cupo máximo para alojar detenidos en 2013 cuando aumentó su número de internos en unos 414 más, el comienzo de la escalada. De ahí en más todo fue exponencial. El número aumentó a 2.691 presos más en 2014, otros 4.673 en 2015. Los dos primeros años de macrismo trajeron 16 mil presos más, unos 6.010 en 2016 y otros 9.962 en 2017.

La recorrida de hoy estará custodiada por un grupo de agentes penitenciarios que ya trabajan en el lugar desde hace un mes, y que tuvieron un entrenamiento especial durante el 2018. La imagen de Vidal en la inauguración de la unidad, en vísperas del inicio de la campaña electoral en la que buscará su reelección, será atípica: la última inauguración de una cárcel de grandes dimensiones fue la del penal de General Alvear, de 1.500 plazas, a principios de siglo. Es el establecimiento de la Triple Fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, que ocurrió en los primeros días de la gestión provincial de Cambiemos.

Según los números oficiales, 3.567 de los 43 mil detenidos actuales son jóvenes de ente 18 y 21 años. El 97% son hombres.

"Un 40% de los presos que pasan por las cárceles vuelven a cometer delitos", aseguró la mandataria en sus oficinas de la avenida Libertador, en el barrio porteño de Retiro.

El nuevo penal, cuya construcción se había iniciado en el 2014 con la anterior gestión y que apenas estaba iniciada y abandonada cuando asumió Cambiemos, para el que ya fueron seleccionados más de 400 internos, está destinado a aquellos que cumplan una pena menor a 5 años, en general vinculada a delitos contra la propiedad. Son jóvenes que habrían manipulado armas en los delitos de los que se los acusa y que para ingresar al programa, que ya funciona en otros establecimientos, deben firmar previamente un acta de conformidad que apunta al cumplimiento de pautas de convivencia.

El penal de Campana tiene escuelas, talleres de trabajo, lugar para deportes como fútbol, básquet, rugby o boxeo, planta de tratamiento de residuos y un centro para el tratamiento de adicciones. Según la administración bonaerense, es la primera unidad con esas características en el país.

En los últimos años, sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sistemáticamente sobre la superpoblación carcelaria en territorio bonaerense. El centro ya había advertido que el nuevo establecimiento no contemplaba el crecimiento a futuro de la población en cuestión.

Desde el gobierno provincial son conscientes de la problemática. Dicen que, desde el inicio de la gestión, encararon un proceso de transparencia y de obras en el servicio penitenciario bonaerense. Cuando llegaron, por ejemplo, juran que ni siquiera había candados para las celdas.

Incluso apuntan a que el penal de Campana tenga una circulación permanente de presos. Y dicen que el éxito del programa estará explicado por la reinserción social, en el mediano y largo plazo, y por el nivel de violencia interna, en el corto plazo. Será, de hecho, el primer penal que tendrá en su interior una oficina destinada al Patronato de Liberados.

Abren un centro de monitoreo de seguridad en el Obelisco que copia a Times Square

(LPO) - Coordinará las 400 cámaras instaladas en el microcentro, una de las zonas más afectadas por robos.

El gobierno construirá un Centro de Monitoreo en Diagonal Norte, a pocos metros del Obelisco con el objetivo de disminuir el delito en el microcentro, una de las zonas por donde mayor cantidad de gente circula y también una de las más afectadas por robos.

En centro comenzará a funcionar en mayo o junio y ocupará el lugar que en otros tiempos perteneció a una boletería para espectáculos teatrales. La dependencia policial tendrá la forma de una escalinata, en una copia de la famosa escalinata de Times Square, ubicada sobre el centro de ventas de tickets para los teatros de Broadway. De hecho, hasta hace poco en ese lugar había un centro de venta de entradas de teatros que había instalado la Ciudad, cuando hizo un primer intento por asemejar esta zona símbolo de Buenos Aires al centro neurálgico de Nueva York. 

La parte exterior servirá como mirador hacia el obelisco mientras que el centro estará instalado en el interior y contará con seis puestos de monitoreo y 15 pantallas para hacer especial foco en la zona céntrica de la Ciudad.

Palermo encabeza el barrio con más denuncias de robos y tiene casi 5 mil cada 10 mil habitantes. Le siguen Balvanera, Flores, Recoleta, Caballito y Almagro. En el séptimo lugar aparece San Nicolás con poco más de 2500 hechos delictivos.

El vicejefe de gobierno Diego Santilli, que también tiene a su cargo el Ministerio de Seguridad explicó en la presentación del proyecto que el centro de imágenes utilizará las más de 400 cámaras que la Ciudad tiene en el microcentro contra "las organizaciones que delinquen sobre la avenida 9 de Julio y sobre la avenida Corrientes".

En la avenida 9 de Julio el gobierno apostará 90 efectivos de la Policía y hará lo propio en la avenida Corrientes también tendrá mayor presencia policial que tendrá tres turnos adicionales con 15 efectivos más y dos móviles adicionales de patrullaje.

Rastrearán a prófugos y personas buscadas con un sistema de reconocimiento facial

Por VIRGINIA MESSI - Clarin.com

Como en las series futuristas, se usará un software y cámaras instaladas en sitios públicos. El plan es poner en red todas las terminales de trenes en 2019.

El software de reconocimiento facial que usarán en Argentina ya tiene su experiencia en China. (Gilles Sabrié for The New York Times)

El tema es muy interesante. Y también un poco espeluznante. No apto para paranoicos, digamos. En las calles, estaciones de trenes, de subtes, edificios ya hay cámaras de seguridad que filman y son usadas para resolver crímenes o encontrar gente. Eso no es novedad para los argentinos. Pero lo que viene en 2019 es otra cosa, va más allá.

Se llama "sistema de reconocimiento facial" y permite a quien lo controla detectar casi en tiempo real a una persona que pasa frente a una cámara. Sin que ella se dé cuenta, es filmada y, usando un algoritmo, en segundos, se comparan sus rasgos con los de las personas fichadas en la base de datos. Si la buscan por un homicidio o si su familia la reportó como perdida, el match (como se conoce a la coincidencia) servirá para resolver el caso. El cotejo no es 100% preciso, pero para la última confirmación (aún) están los humanos.

El software de reconocimiento facial en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el 8 de enero de 2019.  (Joe Buglewicz/The New York Times)

Aquí ya se hicieron algunas pruebas piloto. Una de ellas fue en el Ministerio de Seguridad, con la empresa de telefonía china Huawei. El proyecto es que este año el sistema funcione tanto en los subtes que dependen de la Ciudad de Buenos Aires como en las terminales de trenes que son manejadas a nivel federal.

"En el 2019 la idea es usar cámaras fijas de buena resolución que capten el paso de las personas por los molinetes de las estaciones ferroviarias. Se trata de un sistema de cotejo automático mucho más eficiente que tener a un operador mirando imágenes. Una persona entrenada, puesta al límite de sus capacidades, puede mirar 8 cámaras durante 4 horas. Se necesitarían miles de operadores. La solución es un algoritmo", explicó Jorge Teodoro, director nacional de Tecnología del Ministerio que comanda Patricia Bullrich.

Algo similar piensa hacer el Gobierno de la Ciudad a través del sistema de 5.800 cámaras ya instalado en el subte. La prueba piloto comenzaría en marzo con un software trabajando con 200 de las cámaras ya existentes. La prueba se haría en lugares calientes como el Obelisco, donde confluyen las líneas C, B y D. 

En el mundo, el sistema de reconocimiento facial avanza a la velocidad de la luz, con China como líder, donde se utiliza hasta para escrachar a las personas que cruzan mal la calle.

El software de reconocimiento facial que usarán en Argentina ya tiene su experiencia en China. (Gilles Sabrié for The New York Times)

Los casinos emplean esta tecnología para impedir la entrada de adictos al juego. Los hoteles, para identificar a huéspedes que deben ser tratados con especial consideración y viajan de incógnito. Los ganaderos identifican así qué vaca come más que otra.

En Argentina, todos se preparan para el desembarco de esa tecnología en el área de seguridad. La polémica ya se huele en el aire, sobre todo por el miedo a los excesos en la aplicación de los sistemas de reconocimiento. 

El Siface

En 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó a trabajar con el Conicet en la implementación de un algoritmo que permitiera cotejar las imágenes de las cámaras urbanas con diferentes bases de datos. 

Actualmente existe un sistema centralizado de notificaciones policiales llamado Sifcop. Allí se concentran todos los pedidos de captura, los paraderos y los impedimentos de salida del país librados por la Justicia.

Al 15 de enero -cuando Clarín hizo la consulta- en el Sifcop había 19.696 solicitudes de la Justicia para buscar personas extraviadas, 25.339 pedidos de captura y detención, y 23.652 solicitudes de paradero.

El SIface es el sistema con el que ya trabajaba el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Cada una de estas solicitudes se buscó en los registros del Renaper (Registro Nacional de las Personas) para tener una base de datos de rostros, unificada", señaló Teodoro.

A nivel ministerial, el proyecto comenzó a tomar forma en 2017 con la intervención del doctor en informática Pablo Negri, investigador adjunto del Conicet, quien desarrolló el Siface, un sistema de reconocimiento facial que el mismo día que se probó tuvo éxito: en agosto de 2017 se logró identificar a una mujer de 29 años a quien su familia buscaba desde abril y que estaba internada en el Hospital Argerich. Ella no recordaba su identidad y su registro dactilar era deficiente.

El Siface tomó la foto cargada en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) -que había sido enviada por el Argerich- y la comparó con la base de datos del Renaper y las comunicaciones policiales del Sifcop.

La idea es llevar el reconocimiento facial a un uso más masivo. Para empezar, el Ministerio de Seguridad ya firmó convenios para tener acceso a las cámaras instaladas en la Ciudad de Buenos Aires, el sistema Tren Alerta, estadios, Objetivos Federales, Tecnópolis, Cinturón Digital, Autopistas Urbanas, Autopista del Buen Ayre, Autopista a Ezeiza y centros de monitoreo de los partidos de Lanús, Morón y Pilar.

"El uso del reconocimiento facial se está popularizando mucho. Además de las aplicaciones de seguridad (entradas a estadios, listas negras, identificación de delincuentes), se aplica a temas de marketing (reconocer clientes habituales), bancarios (apertura de cuentas), laborales (fichaje) y desbloqueo de celulares. La lista va a ir creciendo con el tiempo", detalló a Clarín Negri, quien se encuentra en España trabajando sobre cámaras neuromórficas (de reconocimiento de gestos) en la Universidad de Sevilla.

A nivel privado, una de las empresas internacionales más fuertes es NEC, que en Argentina tiene un centro de desarrollo regional de software. Entre sus clientes tiene al gobierno de Mendoza, con el que llevó adelante dos proyectos.

"Por un lado, en marzo de 2018 se usó el reconocimiento facial online en el partido que Boca y River jugaron en el Estadio Malvinas Argentinas (por la Supercopa Argentina). Por otro, se instaló el mismo sistema en algunos patrulleros que recorren las calles: tienen cámaras con reconocimiento facial y están sincronizados con el centro de monitoreo. El match que dan tiene muy poco margen de error", aseguró a Clarín Laura K. Hannois, gerente regional para América Latina del Programa Ciudades Seguras de NEC Corporation. 

Colocadas en postes, sobre patrulleros, en mochilas portátiles. A través de fibra óptica o tecnología 4G. Las cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial prometen cambiar para siempre la forma en la que vivimos. Si para bien o para mal, aún está por verse.