Vidal inaugurará la nueva cárcel destinada a jóvenes en medio de una sobrepoblación récord en los penales

(Infobae.com) - La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gustavo Ferrari recorrerán esta mañana el nuevo penal (Télam)

No habrá corte de cinta, pero la inauguración de hoy de la gobernadora bonaerense no será una más. "El tema cárceles fue ocultado y olvidado por el anterior gobierno provincial", asegura María Eugenia Vidal en diálogo con Infobae.

En medio de la mayor sobrepoblación de la historia penitenciaria argentina con más de 43 mil detenidos entre comisarías y penales de la provincia de Buenos Aires y un exceso que también aqueja al Servicio Penitenciario Federal, la mandataria recorrerá esta mañana junto al ministro de Justicia Gustavo Ferrari -de cuya cartera dependen las cárceles provinciales- la "unidad modelo para jóvenes" del distrito bonaerense de Campana, con capacidad para más de 600 internos de entre 18 y 21 años, que costó más de $700 millones y que buscará una reinserción social de la que hoy carece el sistema.

"Tenemos que generar una política penitenciaria que genere mayor reinserción", resaltó la gobernadora en compañía del ministro Ferrari.

En rigor, los primeros internos, unos 50 jóvenes provenientes de diversos establecimientos bonaerenses, ingresarán a la nueva cárcel el próximo lunes. El desembarco será gradual, hasta completar las 616 plazas en para de año. "La población joven es la más conflictiva", explicó Ferrari.  De acuerdo a cifras de 2018, un 43% del total tumbero está imputado por robos agravados y hurtos. Se estima que la mitad de los presos todavía no tienen condena firme.

El SPB superó su cupo máximo para alojar detenidos en 2013 cuando aumentó su número de internos en unos 414 más, el comienzo de la escalada. De ahí en más todo fue exponencial. El número aumentó a 2.691 presos más en 2014, otros 4.673 en 2015. Los dos primeros años de macrismo trajeron 16 mil presos más, unos 6.010 en 2016 y otros 9.962 en 2017.

La recorrida de hoy estará custodiada por un grupo de agentes penitenciarios que ya trabajan en el lugar desde hace un mes, y que tuvieron un entrenamiento especial durante el 2018. La imagen de Vidal en la inauguración de la unidad, en vísperas del inicio de la campaña electoral en la que buscará su reelección, será atípica: la última inauguración de una cárcel de grandes dimensiones fue la del penal de General Alvear, de 1.500 plazas, a principios de siglo. Es el establecimiento de la Triple Fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, que ocurrió en los primeros días de la gestión provincial de Cambiemos.

Según los números oficiales, 3.567 de los 43 mil detenidos actuales son jóvenes de ente 18 y 21 años. El 97% son hombres.

"Un 40% de los presos que pasan por las cárceles vuelven a cometer delitos", aseguró la mandataria en sus oficinas de la avenida Libertador, en el barrio porteño de Retiro.

El nuevo penal, cuya construcción se había iniciado en el 2014 con la anterior gestión y que apenas estaba iniciada y abandonada cuando asumió Cambiemos, para el que ya fueron seleccionados más de 400 internos, está destinado a aquellos que cumplan una pena menor a 5 años, en general vinculada a delitos contra la propiedad. Son jóvenes que habrían manipulado armas en los delitos de los que se los acusa y que para ingresar al programa, que ya funciona en otros establecimientos, deben firmar previamente un acta de conformidad que apunta al cumplimiento de pautas de convivencia.

El penal de Campana tiene escuelas, talleres de trabajo, lugar para deportes como fútbol, básquet, rugby o boxeo, planta de tratamiento de residuos y un centro para el tratamiento de adicciones. Según la administración bonaerense, es la primera unidad con esas características en el país.

En los últimos años, sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sistemáticamente sobre la superpoblación carcelaria en territorio bonaerense. El centro ya había advertido que el nuevo establecimiento no contemplaba el crecimiento a futuro de la población en cuestión.

Desde el gobierno provincial son conscientes de la problemática. Dicen que, desde el inicio de la gestión, encararon un proceso de transparencia y de obras en el servicio penitenciario bonaerense. Cuando llegaron, por ejemplo, juran que ni siquiera había candados para las celdas.

Incluso apuntan a que el penal de Campana tenga una circulación permanente de presos. Y dicen que el éxito del programa estará explicado por la reinserción social, en el mediano y largo plazo, y por el nivel de violencia interna, en el corto plazo. Será, de hecho, el primer penal que tendrá en su interior una oficina destinada al Patronato de Liberados.

Abren un centro de monitoreo de seguridad en el Obelisco que copia a Times Square

(LPO) - Coordinará las 400 cámaras instaladas en el microcentro, una de las zonas más afectadas por robos.

El gobierno construirá un Centro de Monitoreo en Diagonal Norte, a pocos metros del Obelisco con el objetivo de disminuir el delito en el microcentro, una de las zonas por donde mayor cantidad de gente circula y también una de las más afectadas por robos.

En centro comenzará a funcionar en mayo o junio y ocupará el lugar que en otros tiempos perteneció a una boletería para espectáculos teatrales. La dependencia policial tendrá la forma de una escalinata, en una copia de la famosa escalinata de Times Square, ubicada sobre el centro de ventas de tickets para los teatros de Broadway. De hecho, hasta hace poco en ese lugar había un centro de venta de entradas de teatros que había instalado la Ciudad, cuando hizo un primer intento por asemejar esta zona símbolo de Buenos Aires al centro neurálgico de Nueva York. 

La parte exterior servirá como mirador hacia el obelisco mientras que el centro estará instalado en el interior y contará con seis puestos de monitoreo y 15 pantallas para hacer especial foco en la zona céntrica de la Ciudad.

Palermo encabeza el barrio con más denuncias de robos y tiene casi 5 mil cada 10 mil habitantes. Le siguen Balvanera, Flores, Recoleta, Caballito y Almagro. En el séptimo lugar aparece San Nicolás con poco más de 2500 hechos delictivos.

El vicejefe de gobierno Diego Santilli, que también tiene a su cargo el Ministerio de Seguridad explicó en la presentación del proyecto que el centro de imágenes utilizará las más de 400 cámaras que la Ciudad tiene en el microcentro contra "las organizaciones que delinquen sobre la avenida 9 de Julio y sobre la avenida Corrientes".

En la avenida 9 de Julio el gobierno apostará 90 efectivos de la Policía y hará lo propio en la avenida Corrientes también tendrá mayor presencia policial que tendrá tres turnos adicionales con 15 efectivos más y dos móviles adicionales de patrullaje.

Rastrearán a prófugos y personas buscadas con un sistema de reconocimiento facial

Por VIRGINIA MESSI - Clarin.com

Como en las series futuristas, se usará un software y cámaras instaladas en sitios públicos. El plan es poner en red todas las terminales de trenes en 2019.

El software de reconocimiento facial que usarán en Argentina ya tiene su experiencia en China. (Gilles Sabrié for The New York Times)

El tema es muy interesante. Y también un poco espeluznante. No apto para paranoicos, digamos. En las calles, estaciones de trenes, de subtes, edificios ya hay cámaras de seguridad que filman y son usadas para resolver crímenes o encontrar gente. Eso no es novedad para los argentinos. Pero lo que viene en 2019 es otra cosa, va más allá.

Se llama "sistema de reconocimiento facial" y permite a quien lo controla detectar casi en tiempo real a una persona que pasa frente a una cámara. Sin que ella se dé cuenta, es filmada y, usando un algoritmo, en segundos, se comparan sus rasgos con los de las personas fichadas en la base de datos. Si la buscan por un homicidio o si su familia la reportó como perdida, el match (como se conoce a la coincidencia) servirá para resolver el caso. El cotejo no es 100% preciso, pero para la última confirmación (aún) están los humanos.

El software de reconocimiento facial en el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el 8 de enero de 2019.  (Joe Buglewicz/The New York Times)

Aquí ya se hicieron algunas pruebas piloto. Una de ellas fue en el Ministerio de Seguridad, con la empresa de telefonía china Huawei. El proyecto es que este año el sistema funcione tanto en los subtes que dependen de la Ciudad de Buenos Aires como en las terminales de trenes que son manejadas a nivel federal.

"En el 2019 la idea es usar cámaras fijas de buena resolución que capten el paso de las personas por los molinetes de las estaciones ferroviarias. Se trata de un sistema de cotejo automático mucho más eficiente que tener a un operador mirando imágenes. Una persona entrenada, puesta al límite de sus capacidades, puede mirar 8 cámaras durante 4 horas. Se necesitarían miles de operadores. La solución es un algoritmo", explicó Jorge Teodoro, director nacional de Tecnología del Ministerio que comanda Patricia Bullrich.

Algo similar piensa hacer el Gobierno de la Ciudad a través del sistema de 5.800 cámaras ya instalado en el subte. La prueba piloto comenzaría en marzo con un software trabajando con 200 de las cámaras ya existentes. La prueba se haría en lugares calientes como el Obelisco, donde confluyen las líneas C, B y D. 

En el mundo, el sistema de reconocimiento facial avanza a la velocidad de la luz, con China como líder, donde se utiliza hasta para escrachar a las personas que cruzan mal la calle.

El software de reconocimiento facial que usarán en Argentina ya tiene su experiencia en China. (Gilles Sabrié for The New York Times)

Los casinos emplean esta tecnología para impedir la entrada de adictos al juego. Los hoteles, para identificar a huéspedes que deben ser tratados con especial consideración y viajan de incógnito. Los ganaderos identifican así qué vaca come más que otra.

En Argentina, todos se preparan para el desembarco de esa tecnología en el área de seguridad. La polémica ya se huele en el aire, sobre todo por el miedo a los excesos en la aplicación de los sistemas de reconocimiento. 

El Siface

En 2017, el Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó a trabajar con el Conicet en la implementación de un algoritmo que permitiera cotejar las imágenes de las cámaras urbanas con diferentes bases de datos. 

Actualmente existe un sistema centralizado de notificaciones policiales llamado Sifcop. Allí se concentran todos los pedidos de captura, los paraderos y los impedimentos de salida del país librados por la Justicia.

Al 15 de enero -cuando Clarín hizo la consulta- en el Sifcop había 19.696 solicitudes de la Justicia para buscar personas extraviadas, 25.339 pedidos de captura y detención, y 23.652 solicitudes de paradero.

El SIface es el sistema con el que ya trabajaba el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Cada una de estas solicitudes se buscó en los registros del Renaper (Registro Nacional de las Personas) para tener una base de datos de rostros, unificada", señaló Teodoro.

A nivel ministerial, el proyecto comenzó a tomar forma en 2017 con la intervención del doctor en informática Pablo Negri, investigador adjunto del Conicet, quien desarrolló el Siface, un sistema de reconocimiento facial que el mismo día que se probó tuvo éxito: en agosto de 2017 se logró identificar a una mujer de 29 años a quien su familia buscaba desde abril y que estaba internada en el Hospital Argerich. Ella no recordaba su identidad y su registro dactilar era deficiente.

El Siface tomó la foto cargada en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) -que había sido enviada por el Argerich- y la comparó con la base de datos del Renaper y las comunicaciones policiales del Sifcop.

La idea es llevar el reconocimiento facial a un uso más masivo. Para empezar, el Ministerio de Seguridad ya firmó convenios para tener acceso a las cámaras instaladas en la Ciudad de Buenos Aires, el sistema Tren Alerta, estadios, Objetivos Federales, Tecnópolis, Cinturón Digital, Autopistas Urbanas, Autopista del Buen Ayre, Autopista a Ezeiza y centros de monitoreo de los partidos de Lanús, Morón y Pilar.

"El uso del reconocimiento facial se está popularizando mucho. Además de las aplicaciones de seguridad (entradas a estadios, listas negras, identificación de delincuentes), se aplica a temas de marketing (reconocer clientes habituales), bancarios (apertura de cuentas), laborales (fichaje) y desbloqueo de celulares. La lista va a ir creciendo con el tiempo", detalló a Clarín Negri, quien se encuentra en España trabajando sobre cámaras neuromórficas (de reconocimiento de gestos) en la Universidad de Sevilla.

A nivel privado, una de las empresas internacionales más fuertes es NEC, que en Argentina tiene un centro de desarrollo regional de software. Entre sus clientes tiene al gobierno de Mendoza, con el que llevó adelante dos proyectos.

"Por un lado, en marzo de 2018 se usó el reconocimiento facial online en el partido que Boca y River jugaron en el Estadio Malvinas Argentinas (por la Supercopa Argentina). Por otro, se instaló el mismo sistema en algunos patrulleros que recorren las calles: tienen cámaras con reconocimiento facial y están sincronizados con el centro de monitoreo. El match que dan tiene muy poco margen de error", aseguró a Clarín Laura K. Hannois, gerente regional para América Latina del Programa Ciudades Seguras de NEC Corporation. 

Colocadas en postes, sobre patrulleros, en mochilas portátiles. A través de fibra óptica o tecnología 4G. Las cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial prometen cambiar para siempre la forma en la que vivimos. Si para bien o para mal, aún está por verse.

La Provincia también compró pistolas Taser y las usará en toma de rehenes

(Clarin.com) - El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que las armas estarán en poder del Grupo Halcón. 

El Grupo Halcón llevará las armas Taser.

El Gobierno bonaerense también compró pistolas Taser y anunció que serán empleadas por el Grupo Halcón, especialmente en toma de rehenes, aunque no especificó cuándo entrarán en funcionamiento. "El Ministerio hizo todos los trámites para que su uso fuera posible. De hecho, fuimos los primeros en comprarlas para el Grupo Halcón", explicó a la prensa el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

El funcionario provincial remarcó que se adquirió "una pequeña cantidad" y que los efectivos del Grupo Halcón "ya están capacitándose en el uso para, exclusivamente, los casos de tomas de rehenes". "En la Provincia volvimos a sumar la tonfa (el bastón policial), para lo cual hicimos una capacitación todo el año pasado", indicó Ritondo, y remarcó que el objetivo es que la Policía se "re-entrene" en estas prácticas.

El uso de pistolas Taser por parte de las fuerzas federales fue anunciado semanas atrás por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en tanto que el martes el Gobierno de la Ciudad aseguró que a partir de marzo se utilizarán para combatir la ola de delitos en las estaciones de subte.

Argentina retira personal de seguridad de una misión de la ONU en Guatemala

(Perfil.com) - El gobierno guatemalteco anunció a agentes argentinos que “cambió su estatus migratorio”, el cual les permitía cumplir funciones de protección a una comisión antimafias. 

 Guatemala les anunció a los agentes argentinos que “cambió su estatus migratorio”, el cual les permitía cumplir funciones de protección a la Cicig, por lo que el embajador de Argentina en Guatemala, Martín García, retiró al personal “inmediatamente”. 

El gobierno nacional decidió retirar al personal de seguridad que colaboraba con una comisión antimafias de la ONU en Guatemala que el presidente Jimmy Morales intentó cerrar unilateralmente. La decisión se anuncio después de que Guatemala "no accedió a renovar los privilegios e inmunidades al contingente", dijo Matías Ponce, vocero de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU. Ponce explicó que autoridades argentinas notificaron su decisión a Naciones Unidas. "Tras recibir la comunicación de Argentina se procedió a retirar los efectivos atendiendo a las preocupaciones planteadas" en una carta enviada a la ONU, en la que se detalla el retiro de los privilegios e inmunidades para su personal, señaló el funcionario de la Cicig. 

 Según Ponce, Guatemala les anunció a los agentes argentinos que “cambió su estatus migratorio”, el cual les permitía cumplir funciones de protección a la Cicig, por lo que el embajador de Argentina en Guatemala, Martín García, retiró al personal “inmediatamente”.

La Fuerza Aérea interceptó un avión que ingresó ilegalmente al espacio aéreo argentino

(Infobae.com) - El Ministerio de Defensa informó este miércoles en un comunicado que una aeronave que ingresó de manera irregular al espacio aéreo argentino fue obligada a regresar a su lugar de origen.

El procedimiento llevado adelante por las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina, que conforman el sistema de defensa aeroespacial nacional, "se enmarcó en la Operación Frontera, que se desarrolla a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto N°1054/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, en referencia a la protección del aeroespacio soberano".

El comunicado explicó que "cuando los efectivos de la FAA aplicaron el protocolo estipulado ante este tipo de casos, el piloto intentó evadir a los aviones argentinos y, al ver frustrado su accionar, regresó a su lugar de origen mientras era seguido hasta el cruce del límite internacional".

Y agregó que la aeronave interceptada ingresó al país de manera irregular, ya que no contaba con la autorización expedida por el organismo competente y, además, tenía una matrícula no vigente.

El comunicado no indica de dónde procedía la aeronave, ni por dónde volvió a salir del país, ni sus características, lo cual posibilitaría al menos establecer qué tipo de elementos podría transportar. Por último, aclaró que "la información relacionada con este episodio fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes".

Bullrich ordenó construir una nueva torre de vigilancia en la Triple Frontera

(Ambito.com) - A través de una Resolución, la Agencia de Administración de Bienes del Estado asignó terrenos sin uso a la cartera que conduce Patricia Bullrich.

A través de la Resolución 7/2019 publicada en el Boletín Oficial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado asignará terrenos sin uso en la Triple Frontera para la construcción de una torre de control. Los terrenos, hasta ahora bajo la órbita del Ministerio de Interior, pasarán a estar controlados por la cartera de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

El ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, minimizó la posibilidad de que esa zona de la provincia exhiba un escenario similar al de las paraguayas Ciudad del Este y Foz. "Nuestra frontera está celosamente custodiada", aseguró en diálogo con Ámbito Financiero. "Estamos lejos de que en Iguazú se instalen células terroristas", consideró.

Autorizan a las fuerzas seguridad a hacer escuchas por narcotráfico y secuestros

(Perfil.com) - Así lo decidió la Corte Suprema al habilitar locutorios en la sede de la Policía Federal. Quieren lograrlo mismo con Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó locutorios para escuchas telefónicas online en la sede de la Policía Federal  para intervenir solo en casos de narcotráfico y otros delitos graves, con el fin de agilizar las causas. Apuntan además a implementarlo con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA). 

Las escuchas se hacían hasta ahora desde 28 boxes que funcionan en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex OJOTA), ubicada en la Avenida de los Incas 3834, en Capital Federal. Sin embargo, ante el aumento de casos  contra el narcotráfico, secuestros, desapariciones, prófugos y otros delitos, las fuerzas de seguridad pidieron tenerlos en sus propias sedes para poder intervenir en forma más rápida.

En la actualidad, la Dajudeco mantiene unas 5.000 líneas telefónicas intervenidas por orden de jueces federales y provinciales. De ellas, "unas 300 necesitan de un escucha online por la gravedad de los casos", explicaron fuentes judiciales al periodista Daniel Santoro del diario Clarín.

Cuando no existe una urgencia, el equipo de la Dajudeco graba y luego manda los audios al juez, pero la cosa cambia cuando se trata de un delito en que está en juego la vida de una persona u otro elemento de gravedad. Además, como hasta ahora es difícil para los magistrados de las provincias conseguir una intervención telefónica por los pocos recursos disponibles en el interior, la Dirección impulsa estos acuerdos con las fuerzas de seguridad federales. De este modo, con los locutorios de las fuerzas de seguridad “se federalizará esta herramienta para todos los jueces”, completaron. 

La creación de los locutorios se hizo “siguiendo un estricto protocolo y siempre bajo la orden de un juez”, añadieron las fuentes judiciales citadas. Un ejemplo de ello es que la Gendarmería pasó de intervenir en 600 a 1.000 casos de narcotráfico y sus investigadores necesitan “pinchar”, en promedio, 50 teléfonos por día.

La habilitación de un cable de fibra óptica desde la sede de la Avenida de los Incas hasta esos locutorios en el Departamento Central de la Policía Federal "se hizo bajo una serie de normas” y el control de la Dajudeco que supervisa el miembro de la cámara federal porteña, Martín Irurzun, y su secretario letrado y candidato a juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte. Cada semana y de modo presencial, los boxes son auditados por la Dajudeco.

Pese a ello, la intervención de un teléfono debe ser “pedida por un juez, quien debe especificar a qué fuerza delega la tarea y el nombre de los efectivos que tendrán acceso a las escuchas en un estricto marco de confidencialidad”, entre otras medidas de seguridad. Además, para entrar a los boxes hay un control biométrico y registros de aquellos que estén autorizados a escuchar o desgrabar las cintas.

Sobre Dajudeco. Se trata de la dependencia creada por la Corte y que, por decreto del presidente Mauricio Macri, heredó las escuchas judiciales que históricamente se encontraban a cargo de los servicios de inteligencia en la llamada oficina OJOTA. En distintas etapas desde que se restauró la democracia, ésta última fue usada para escuchar ilegalmente a opositores y periodistas críticos.

En 2018, la Dajudeco había sido criticada por abogados kirchneristas por la filtración de las escuchas a la ex-mandataria Cristina Fernández de Kirchner y al ex-titular de la SIDE Oscar Parrilli en la causa por la presunta protección política al traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi. Sin embargo, el Gobierno, la Corte y sectores del peronismo acordaron mantener la oficina en la órbita de la Justicia y darle un marco normativo mediante un proyecto de ley en el que trabajan los senadores justicialistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

En ese momento, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sostuvo que las fuerzas de seguridad nacionales tenían en curso unas siete mil investigaciones "en las cuales se necesitan interceptar comunicaciones, y en todas ellas las fuerzas federales coordinan con la Dirección en el marco de los protocolos y la ley". Por lo que concluyó: ""Las operaciones que llevamos a cabo día a día serían imposibles sin el profesionalismo de todas las partes involucradas en la inteligencia criminal". 

Adjudican a la empresa americana Tecno IEA LLC contrato por USD 11 millones

(El Intransigente) - El procedimiento en cuestión se encuentra excluido del Control de Precios Testigo.

El Gobierno aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Internacional de la Prefectura Naval Argentina, para la adquisición de Sistemas de Comunicaciones para reequipamiento de la Estación Costera Ushuaia, a la firma americana Tecnos IEA LLC, por USD 11.250.000. La medida, fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, por Decisión Administrativa 1956/2018.

Mediante la Resolución N° 889 de fecha 20 de diciembre de 2016 del ministerio de Seguridad,  se autorizó a la Prefectura Naval Argentina a efectuar la convocatoria tendiente a la adquisición de Sistemas de Comunicaciones para reequipamiento de la Estación Costera Ushuaia para la citada Prefectura Naval, bajo el régimen de Licitación Pública de Etapa Única Internacional, sin modalidad.

Según la normativa, dichos equipos permitirán actualizar el utilizado actualmente, que no se renueva desde el año 1982, pudiendo así cumplir con las normas operativas y técnicas del Sistema Global de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM) emanado por la Organización Marítima Internacional (OMI), Organismo Internacional rector en la materia, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Comité Internacional de Electrónica (IEC).

De esta manera, el 19 de abril de 2017 el Gobierno procedió a realizar el Informe Técnico de Evaluación de Ofertas concluyendo que la oferta presentada por la firma Tecnos IEA LLC es conveniente, “se ajusta técnicamente a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y que los precios cotizados comparados con los presupuestos disponibles, son normales en plaza”, explica la normativa.

“La Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 22 de fecha 28 de agosto de 2018 aconsejando la adjudicación a la firma Tecnos IEA LLC por ser la única oferta económica, ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y ser su precio conveniente”, agrega el texto oficial.

Gobierno autorizó a fuerzas de seguridad a dispararle a sospechosos en fuga

(Ambito.com) - Una resolución determinó que se podrán usar en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave.

Foto: NA

El nuevo reglamento general en situaciones en las que los agentes de fuerzas federales de seguridad pueden usar armas letales frente al delito entró en vigencia este lunes mediante su publicación en el Boletín Oficial.

La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispone que en cumplimiento de su debe se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos".

El uso de armas letales es válido en "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".

También "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".

La normativa considera "peligro inminente" cuando "se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas", o en caso de que "el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal".

El mismo principio se aplicará "cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal".

En este último caso "cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas".

También cuando el sospechoso "trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros" o en caso de que "efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma".

La resolución establece además que ante el necesario empleo de armas, los agentes "deberán identificarse como tales, intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita" salvo "en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas".

Tampoco es obligatoria la identificación como agente federal "cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil".

El artículo 4 impone que en "toda situación donde el empleo de las armas ocasione lesiones o muerte, se procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas afectadas".

Además debe "comunicarse los hechos inmediatamente a la autoridad competente y la superioridad" para procurar "la supervisión judicial y la pertinente comunicación de los hechos a los parientes" de los involucrados.

Esta resolución alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad.

Jefe de la Federal fue elegido como vicepresidente en Interpol

Ambito.com) - Néstor Roncaglia, Comisario General de la Policía Federal y ahora flamante vicepresidente del Comité Ejecutivo por la Región Américas de Interpol.

El Comisario General de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, fue elegido en Interpol como vicepresidente del Comité Ejecutivo por la Región "Américas". De esta manera, el jefe del máximo cuerpo policial de Argentina ocupará una silla en el organismo internacional desde el año próximo hasta 2022. "Entiendo a Interpol como una organización muy seria y la ideal para combatir al crimen organizado en el mundo; ofrezco mi experiencia para representar a los países de América ante la misma", señaló Roncaglia en un comunicado de la PFA.

Asimismo, el jefe de la PFA remarcó que "el crimen organizado junto con el terrorismo y la ciberdelincuencia desafían el desarrollo de los países, la gobernabilidad de los estados, el respeto de las normas, la convivencia, la economía y consecuentemente la seguridad global".

Roncaglia es abogado y tras su graduación en la Escuela de Oficiales se especializó en la lucha contra el Narcotráfico y Delitos Complejos. Entre sus investigaciones más resonantes se encuentra la "Operación Estadio 99", nada menos que uno de los mayores secuestros de droga de la Argentina en el año 2008.

Por lo pronto, quien fue ungido como nuevo titular de Interpol hasta 2020 fue el surcoreano Kim Jong Yang, quien ya ocupaba el puesto de forma interina, tras la repentina "dimisión" de su anterior responsable, el chino Meng Hongwei, acusado de corrupción en China y cuya desaparición a principios de octubre durante un viaje a su país todavía no ha sido dilucidada.

El asiático fue elegido frente a la candidatura del general ruso Alexander Prokopchuk, que había levantado fuertes críticas en Estados Unidos e incluso amenazas de Ucrania y Lituania de abandonar la organización.

Washington y otros estados miembros habían advertido que la designación de un funcionario ruso podía permitir al gobierno del presidente Vladiimir Putin abusar del sistema de alertas rojas de Interpol para detener a opositores en todo el mundo.

Interpol es la mayor organización policial internacional del mundo y cuenta con 194 miembros plenos. Creada en 1923, en la actualidad el organismo policial constituye el canal principal de colaboración entre fuerzas policiales del mundo.

Lanzan un programa para convertir a la Policía Federal en el “FBI” de la Argentina

(Clarin.com) - Convocan a oficiales a inscribirse en el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Les darán entrenamiento y salario extra para convertirlos en detectives.

Un allanamiento por drogas de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, en junio.

Es la piedra angular para la creación del “FBI argentino”. Arrancará como un “Programa de Alta Dedicación Operativa” -las siglas “PADO” lo identificarán- dentro de la Policía Federal. Pero el objetivo final es convertir a esta Fuerza en una organización dedicada exclusivamente a la investigación de la criminalidad compleja y el narcotráfico.

De esta manera la Federal encara finalmente su proceso de transformación, casi obligado, luego del traspaso de 19 mil de sus agentes a la Policía de la Ciudad en 2016. Hoy, con 32 mil hombres y ya sin la responsabilidad de brindar seguridad en la ciudad de Buenos Aires, la idea del Gobierno es convertir a esta Fuerza en una organización dedicada a la criminalidad compleja. El narcotráfico, la trata de personas y los secuestros son los principales delitos a los que deberá abocarse la Policía. También están en la mira el cibercrimen, el terrorismo y el lavado de activos.

“Nosotros queremos que progresivamente nuestros policías se conviertan en detectives”, señalan en el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, que 17 de julio firmó la resolución 589/18 que crea el programa.

Así como su nombre lo define, el PADO funcionará como un incentivo a la “alta dedicación” de los agentes que se sumen al programa. Por eso no podrán hacer horas extras como adicionales o como custodias de bancos, por ejemplo. A cambio recibirán un importante adicional en el sueldo. Por ejemplo, un agente que hoy gana un básico de 18.000 pesos recibirá un suplemento de 22.000. Así su salario pasará a 40.000. “Este incremento lo que hace es exigirles que la única actividad que realicen 24 por 7 es la de investigación”, dijo a Clarín un vocero que trabajó en la implementación del programa.

Los aspirantes a integrar este cuerpo especializado deberán someterse a un plan de reacondicionamiento físico y capacitación que tendrá una duración de 15 días. El curso consiste en nueve clases presenciales en el Instituto Universitario de la Policía Federal, nueve clases virtuales y tres clases de “entrenamiento operativo policial”. También recibirán perfeccionamiento en tiro con distintos tipos de armas.

Un allanamiento por drogas de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, en junio pasado.

Entre las 17 asignaturas que deberán cursar los oficiales se destacan: Investigación del Narcotráfico; Secuestro Extorsivo; Trata; Investigación de los Delitos Tecnológicos; Terrorismo; Inteligencia Criminal; Sala de Entrenamiento de Polígono Virtual; y Legítima Defensa.

Gran parte de los contenidos serán novedosos para los agentes, ya que los temas a abordar tienen que ver con las problemáticas actuales que plantea el delito. Por ejemplo, en la asignatura “Investigación del Narcotráfico”, a los mecanismos clásicos de lavado de dinero se sumará cómo funciona la venta de drogas por Internet. En cuanto a las herramientas, no solo se capacitará sobre escuchas telefónicas, sino también en la utilización del Sistema I2, un avanzado software de inteligencia que combina datos y los relaciona en gráficos.

La “entrega vigilada” de drogas, uno de los métodos preferidos por los investigadores en la actualidad, será otra de las técnicas en las que se capacitarán los policías. Como también los roles de “agente encubierto”, “agente revelador” y las figuras de arrepentido e informante.

Las capacitaciones del “PADO” arrancarán en septiembre próximo, por lo que en octubre ya habrá agentes con “alta dedicación operativa”. En la primera etapa, el objetivo es sumar 2.000 policías que serán destinados a departamentos de investigación específicos en todo el país. La medida va en simultáneo con el traslado progresivo de más agentes federales hacia el interior de la Argentina.

De los 32 mil hombres y mujeres que forman parte de la Policía Federal, actualmente alrededor del 60% se dedica a tareas operativas. El resto cumple funciones administrativas. La idea del Gobierno es que en tres o cuatro años el 80% del personal se dedique a tareas de prevención e investigación de delitos complejos. Y que dentro de ese mundo operativo haya otro especialmente dedicado. “Una división muy especializada en la Policía Federal en camino a que se convierta en una organización dedicada exclusivamente a la criminalidad compleja”, afirman.

Llegaron al país los vehículos donados por China por el G-20

(El Intransigente) - Lo habían anunciado en enero. Además, otras 6 naciones colaboran en el operativo de control y logística para el resguardo de los presidentes.

Luego de casi 10 meses de que fuera anunciado, finalmente llegaron los vehículos donados por China por el G-20, según conoció en exclusiva El Intransigente. En ese momento, desde esa embajada, había destacado que, además, se sumarían escáneres de equipajes y contenedores, siendo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich recibió al viceministro primero de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong para realizar un intercambio de información sobre nuevas metodologías y técnicas con el objetivo de proteger a los mandatarios que asistirán al evento.

En enero de este año, el Gobierno comenzó a diagramar lo que será el operativo de seguridad para resguardar a los presidentes que estarán presentes en el país entre el 30 de noviembre y 1º de diciembre. Es por eso que habían comenzado a negociar donaciones de equipos de seguridad, como escáneres de equipajes y contenedores, además de vehículos. Los cuales ya arribaron a la Argentina.

 

"Actualmente los dos gobiernos están hablando de una posible donación de equipos por parte de China para las fuerzas de seguridad de la Argentina. Son equipos de seguridad como escáneres de equipajes y contenedores para dar servicio a los efectos del G-20", había dicho a principios de año el consejero económico y comercial de la embajada de la República Popular China en la Argentina, Zhai Chengyu.

En ese sentido, ante la prensa, resaltó: "Es una posibilidad. Todavía no han terminado las negociaciones, pero los vamos a donar. Está en proceso de trámite, a pedido del Ministerio de Seguridad argentino porque le falta dinero para comprar más equipos", al tiempo que resaltó: "Queremos ofrecer nuestra experiencia y ayuda para que la Argentina pueda organizar bien los eventos del G-20, especialmente la cumbre del G-20. Queremos contribuir como socio estratégico".

Siendo que, hace unos dos años, organizaron la cumbre en Hangzhou. Siendo que en ese momento, los chinos lograron vaciar esa localidad, que contiene unos 10 millones de habitantes, y pudieron encapsular a los primeros mandatarios dentro de un fuerte anillo de seguridad extremo. Es por este motivo que el mes pasado, el viceministro primero de Seguridad Pública de China mantuvo un encuentro con Bullrich y hablaron sobre la profundización de la cooperación bilateral en lo que se refiere a la persecución y desarticulación de bandas criminales.

Incluso, comenzaron a profundizar el trabajo en conjunto donde se estableció un intercambio de información de nuevas metodologías y técnicas delictivas para lograr la protección de los presidentes. De todas maneras, además de China, otras 6 naciones colaborarán en el operativo de control y en la logística.

El guardacostas "Thompson" será reparado y actualizado

(El Intransigente) - La Prefectura Naval celebró un convenio con Talleres Navales Dársena Norte Tandanor para realizar las modificaciones previstas en el lugar.

El Gobierno Nacional aprobó el Convenio Interadministrativo celebrado entre la Prefectura Naval Argentina y Talleres Navales Dársena Norte Tandanor S.A.C.I. y N. para ejecutar los trabajos de reparación, modernización y actualización tecnológica del Guardacostas “Thompson”.

De esta manera, según la Decisión Administrativa 1768/2018, el gasto que demande el cumplimiento de esta medida, el que asciende a la suma de $95.897.008, será imputado a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – Ministerio de Seguridad, Subjurisdicción 41.06 – Prefectura Naval Argentina, para el Ejercicio 2018.

En tanto, la firma Talleres Navales Dársena Norte Tandanor S.A.C.I. y N., presupuestó los trabajos a contratar para la reparación, modernización y actualización tecnológica del Guardacostas PNA GC 26 - “Thompson”, en la suma de $95.897.008 y la Prefectura Naval  informó que se cuenta con los créditos presupuestarios para atender el gasto que demande la presente medida.

De esta manera, los titulares de ambas partes consensuaron y suscribieron el Convenio Interadministrativo para ejecutar los trabajos de reparación, modernización y actualización tecnológica del Guardacostas PNA GC – 26 “THOMPSON”, “ad referéndum” de su aprobación por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, cuenta con las firmas que la avalan del jefe de Gabinete, Marcos Peña y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno compró inhibidores de drones para el operativo de seguridad del G20

Por Silvia Mercado - smercado@infobae.com
También habrá un paraguas aéreo con tres anillos. Y 20.000 efectivos de las distintas fuerzas para la protección de las delegaciones extranjeras y toda la población

Ya están operativos en la Argentina los inhibidores de drones que generarán un anillo de protección en la Cumbre del G20 que se realizará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, reforzando la seguridad de los líderes y delegaciones que participarán del encuentro y las bilaterales de alto niveles que se realizarán antes y después de esa fecha.

La necesidad de contar con esta tecnología fue consensuada en el Comité Unificado de Seguridad que conduce el Ministerio de Seguridad que se reúne semanalmente y tiene a Patricia Bullrich como titular. La compra estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, tomando en cuenta las exigencias planteadas en otras cumbres.

La agregaduría aeronáutica en Washington fue la encargada de ejecutar la contratación directa de un sistema ELI-4030 Drone Guard por USD 1.342.500 dólares. El sistema puede ser operado en su totalidad en forma manual y automática, local y remota, puede armarse y desarmarse en 20 minutos, interfiere señales, es ágil y garantiza un rango de detección radial de 3.000 metros, además de ofrecer cobertura de 360º. El proveedor elegido fue IAI-ELTA, una empresa israelí de productos de defensa, ya que también aseguran un servicio de post-venta y capacitación.

Además de la existencia de esta nueva tecnología de inhibidores de drones, que consolida los altos estándares de seguridad alcanzados por Argentina para la realización de la Cumbre, la Unidad Técnica del G20 informó que se planificó un "paraguas aéreo" de tres anillos, integrado por los aviones de la Fuerza Aérea y cinco radares en tierra desarrollados o modernizados por el INVAP.

Dos de estos radares ya estaban en funcionamiento, y hay tres nuevos, un RPA (Radar Primario Argentino), desarrollado por la empresa barilochense, que permite detectar movimientos a 400 kilómetros a la redonda, y dos TPS 43, que son tácticos móviles, de altísima utilidad porque su tamaño permite un traslado sencillo.

Además, está previsto contar con otros radares instalados en naves extranjeras, que operarán en aguas internacionales, coordinadas bajo un mismo sistema para garantizar los tres anillos previstos por un Protocolo de Protección Aeroespacial.

Aeroparque dejará de funcionar comercialmente el jueves 29 a las 15 y volverá a estar operativo el sábado 1º de diciembre a partir de las 22. Tampoco funcionarán esos días los aeropuertos de Palomar, San Fernando y Morón, porque habrá un radio de 25 kilómetros protegido. En cambio, sí estará operativo para el público el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según se informó, habrá 20.000 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura y PSA, más la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en Ezeiza) dispuestos en los tres anillos de seguridad que van a rodear Costa Salguero, donde se realizará la Cumbre, y distribuidos en CABA, para garantizar también la seguridad de los habitantes.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para declarar feriado nacional en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 30 de noviembre, que espera aprobarse en las próximas semanas. De esta manera, los dos días de la Cumbre serán feriados, lo que acotará los problemas de tránsito.

Se espera la llegada de 10.000 personas de las 20 delegaciones extranjeras a la Cumbre, incluyendo 2.500 periodistas. Cada delegación tendrá una cápsula de seguridad para los traslados entre el hotel y la sede de la reunión. Los periodistas tendrán una sala exclusiva en Parque Norte y podrán trasladarse en combis al lugar del evento cuando lo amerite. Allí habrá una zona donde se realizarán las conferencias de prensa y entrevistas.

Con una fuerte suba de las deportaciones, el Gobierno ajusta el control de extranjeros

Por Jaime Rosemberg - La Nación

En el contexto del triunfo electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro , y mientras más voces -opositoras y también oficialistas-se alzan pidiendo "mano dura" con los extranjeros que delinquen, el Gobierno avanza en una serie de medidas como tener objetivos claros: establecer circuitos de control migratorio y acortar los tiempos para la expulsión de aquellos inmigrantes que cometan delitos.

Este año la cifra de los que serán expulsados por delinquir llegará a unos 200, cuando en 2015 era de 4; en la Casa Rosada hablan de la necesidad de acortar los plazos del trámite y reforzar el monitoreo

El debate recrudeció luego de que el Gobierno vinculara a dos venezolanos, un paraguayo y un turco con los desmanes ocurridos frente al Congreso durante el reciente debate del presupuesto 2019.

En lo que hace a las deportaciones, desde el Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio , muestran datos que diferencian su política de la del kirchnerismo. Las expulsiones de extranjeros que delinquen pasó de 4 en 2015 (último año de Cristina Kirchner) a 33 en 2016, 75 en 2017 y 150 en lo que va del año. "Probablemente lleguemos a los 200", dicen cerca del ministro del Interior. 

También subió de manera evidente la cantidad de extranjeros que delinquieron aquí y fueron enviados a sus países natales para que terminen allí de cumplir con sus condenas: de 235 en 2015 pasó a 240 al año siguiente, 414 el año pasado y alrededor de 370 este año. 

La Justicia anuló en marzo un decreto del presidente Mauricio Macri que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la radicación de extranjeros. 

Con relación a los cuatro detenidos por los incidentes, en el Gobierno coinciden en que "se está viendo qué hacer con ellos", ya que la causa judicial no avanzó. Allí surgió la idea de reformar la ley migratoria para acelerar los procesos de expulsión y utilizar el vehículo de un "foro migratorio específico" para tramitar casos graves. Pichetto y el Gobierno también coinciden en la necesidad de contar con una policía migratoria, más allá de que hoy este rol es cumplido por distintas fuerzas de seguridad.

El presidente Mauricio Macri, que ayer en Córdoba se manifestó contra los inmigrantes "que no vienen a trabajar, sino a delinquir, y nos complican la vida", avala las negociaciones con Pichetto y otros dirigentes en torno a una reforma de la ley migratoria. Tiene aún un escollo: la Corte Suprema todavía no se expidió sobre la inconstitucionalidad del decreto presidencial que aceleró los tiempos, aunque para el Gobierno sigue vigente. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay, cuyos ciudadanos

componen la amplia mayoría de los extranjeros que llegan al país, se quejaron de este decreto. La otra pata de la estrategia oficial pasa por "legalizar" a los inmigrantes y así "separar la paja del trigo": los que "vienen a trabajar" de quienes "vienen a cometer delitos".

Esta semana, Migraciones puso en marcha el Radex, sistema remoto que permite comenzar el trámite de radicación vía online y obtener una residencia temporaria en pocos días. "La pelea es contra la irregularidad migratoria", afirman desde el edificio de Migraciones, pegado al histórico Hotel de Inmigrantes de Retiro. A través del Radex, el Gobierno obtendrá además los datos laborales de cada

inmigrante, con lo cual podrá "reubicarlos" en las provincias que los requieran para trabajar. Neuquén, Río Negro y Chubut son las provincias que ya comenzaron a moverse de manera concreta para absorber inmigrantes - sobre todo venezolanos, que han llegado huyendo de la crisis económica que se vive en su país por la gestión de Nicolás Maduro-, y San Juan y Jujuy se sumarán en breve.

El flujo venezolano es particularmente numeroso, y muchos profesionales provenientes de ese país son requeridos en el interior. "Si les damos todo esto y no se regularizan, es porque vinieron con otros fines", se atajan fuentes oficiales.

El Gobierno buscará, en la próxima reunión de ministros del Mercosur, la adhesión de Uruguay, Paraguay y Brasil al intercambio de información sobre antecedentes penales, un dato que el Gobierno considera fundamental para impedir ingresos indeseables. En la Casa Rosada afirman que esta batería de medidas servirá para apaciguar los ánimos de quienes piden más acción contra los extranjeros involucrados en delitos. Se reforzarán, de todos modos, y en coordinación con el Ministerio de Seguridad, los controles en los pasos fronterizos por la cumbre del G-20 de fines de este mes y también de cara a una temporada estival que prevé un enorme flujo de turistas producto de la

devaluación del peso.

Inauguraron una nueva cárcel del Servicio Penitenciario Federal

(Clarin.com) - Está en Luján de Cuyo y tendrá capacidad para 1.072 presos. Es la primera unidad federal que se habilita en siete años.

En medio de cifras récords de detenidos en prisiones de todo el país, con el Servicio Penitenciario Federal llegando a su tope histórico en cantidad de presos, este miércoles se inauguró una nueva cárcel en Cuyo.

Es la unidad más flamante del Servicio Penitenciario Federal y fue inaugurada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El nombre oficial es Complejo Penitenciario Federal VI y está ubicado en el distrito mendocino de Luján de Cuyo.

La nueva unidad carcelaria contará con 1.072 plazas, de las cuales este miércoles se inauguraron 250. Está destinado a procesados y condenados por la Justicia Federal local que actualmente están alojados en cárceles de la provincia. También albergará a internos provinciales considerados de alto riesgo.

En los 34.000 metros cuadrados de superficie del predio también se levantan el Instituto Penitenciario Federal de Cuyo para varones, el Instituto Correccional de Cuyo para mujeres y el Instituto Abierto. Hay sectores destinados a la educación y al trabajo, con zonas diferenciadas para procesados y condenados.

Esta obra se da en el marco del traslado del centro urbano de la Unidad 9 de Neuquén y del próximo traspaso de la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz. El último penal federal que se había inaugurado había sido el de Güemes (Salta), en 2011. Hace siete años.

“Teníamos el deber y la obligación de poner en marcha este Complejo. Se ha logrado en tiempo récord con altísimos niveles de calidad. Estamos llevando adelante una política penitenciaria que no solo contempla las cuestiones edilicias, sino también busca la rehabilitación de las personas alojadas y trabaja para que los internos salgan definitivamente del camino delictivo”, señaló Garavano.

"Se trata de una cárcel de última generación con 1072 plazas para el Servicio Penitenciario Federal y para internos provinciales de alto riesgo, con mejores condiciones de seguridad y oportunidades para el desarrollo de la reinserción social de los internos, para que no vuelvan a regresar al camino delictivo", agregó Santiago Otamendi, secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Gendarmería Nacional inauguró un Laboratorio de Genética Forense

(Clarin.com) - Permitirá realizar análisis de ADN en todo tipo de expedientes penales. Lo bautizaron “Osvaldo Raffo”, en honor al famoso forense.

El nuevo laboratorio de genética de Gendarmería

Convocada de forma habitual por jueces y fiscales como fuerza de apoyo en investigaciones complejas, Gendarmería decidió inaugurar un Laboratorio de Genética Forense para ampliar el menú de especialidades en los que puede intervenir. El nuevo centro lleva el nombre de Osvaldo Raffo, quizá el médico forense más famoso y reconocido de la historia argentina.

"Es el portal de ingreso al futuro de esta Institución, el futuro de la Ciencia, del personal altamente calificado, de los recursos para las investigaciones", señaló Gerardo Otero, el director general de Gendarmería, durante el acto de inauguración. Entre los asistentes estuvo el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco -quien habló del "enorme salto cualitativo que implica este laboratorio"-, además de jueces, fiscales, secretarios, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, peritos genetistas, autoridades nacionales e internacionales.

El acto tuvo lugar en la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería, ubicada en la calle Antártida Argentina 1480, en el barrio porteño de Retiro. Esta dirección  actúa como apoyo permanente a las actividades operativas policiales y por pedidos judiciales. Tiene  recursos humanos altamente capacitados, que usan equipamiento de avanzada tecnología.

El flamante Laboratorio de Genética Forense tiene capacidad para analizar toda muestra biológica de origen humano con el objetivo de lograr identificaciones y determinar relaciones de parentesco.

La mafia de los inmigrantes chinos: visas falsas y controles frágiles

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com - El Gobierno quiere erradicar las redes de tráfico de personas. La Cancillería descubrió casos de venta de visas y busca mayor cooperación en la información

Una verdadera mafia china sustentada, en parte, por funcionarios de la Cancillería argentina y por una red de traficantes. Controles laxos que se dieron hasta ahora. Y una legislación bastante frágil en términos de política migratoria. Todo esto forma parte de la denominada "lista negra" de más de 50.000 ciudadanos de China que ingresaron por año ilegalmente a la Argentina en los últimos tiempos, según revelaron fuentes del Gobierno.

Durante una investigación que realizó Infobae en diferentes dependencias del Estado, se pudo saber que la red de tráfico ilegal de chinos a la Argentina viene de arrastre, aunque ahora hay una decisión del Gobierno de desterrar esta mafia.

El tema preocupa al presidente Mauricio Macri al punto que la semana pasada viajó a Beijing el director de Migraciones Horacio García para abordar esta temática y en estos días irá a China el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para abordar este y otros temas de la relación bilateral. A la vez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se inició una profunda investigación donde ya hay funcionarios sumariados por la venta de más de 400 "visas truchas" argentinas a ciudadanos de diferentes regiones de China.

La Cancillería explicó a Infobae que se inició una "auditoría consular" para determinar la cantidad de visas truchas que se entregaron en los últimos años a ciudadanos chinos. Y ya hay un sumario en marcha a Sol Durini, la cónsul argentina en Antofagasta, Chile, y a un administrativo de esas oficinas, quienes habrían entregado unas 300 visas a ciudadanos chinos, entre junio de 2017 y julio de 2018.

La mayor parte de esas visas fueron otorgadas a chinos que provienen de la provincia de Fujian, que tienen facilidades de entrar a la Argentina por los acuerdos migratorios firmados con Beijing en el acercamiento bilateral iniciado en 2004.

El régimen actual de migración entre la Argentina y China es bien claro. Los chinos pueden ingresar al país por 90 días pagando como turistas una tasa migratoria de 50 dólares. Pero muchos se quedan de manera ilegal al vencerse los 90 días de estadía o consiguen visas falsas para extender el plazo de su permanencia en el país.

Según señalaron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería, el caso cobró relevancia y ahora se investiga también el nivel de responsabilidades del Director General de Asuntos Consulares, Luis María Sobron, por otros eventuales casos similares en consulados argentinos en Asia. "Hay que investigar toda la cadena de responsabilidades", dijo un embajador que conoce el tema. Infobae intentó dialogar con Sobron pero no recibió respuesta.

El caso de la entrega de visas a chinos desde el consulado argentino en Antofagasta saltó por una investigación paralela que se hizo para monitorear la seguridad de la cumbre de presidentes del G20 que se realizará en Argentina a fines de noviembre.

Pero el tema del ingreso ilegal de chinos en Argentina no es nuevo. Desde 1998 que la justicia investiga el tema en diversas causas. El ex juez Juan José Galeano ya había realizado una amplia investigación en la que descubrió un negocio de más de 300 millones de dólares para el ingreso ilegal de más de 25.000 chinos y en su momento el entonces embajador argentino en Tailandia Felipe Fridman denunció la existencia de una red de tráfico ilegal de ciudadanos chinos a la Argentina donde se triangulaban visas desde el consulado de Tailandia.

Sin embargo, el Gobierno decidió ahora poner un freno a este tema y está buscando firmar con las autoridades de Beijing un convenio para realizar un intercambio de información migratoria. Esto permitirá conocer la cantidad de chinos que salen para la Argentina y apuntar así a un programa de radicación masivo.

Por otra parte, Infobae pudo saber que el Director de Migraciones busca acordar con la administración de Xi Jinping una suerte de "amnistía general" por la situación de aquellos chinos que se encuentran en la denominada "lista negra" de inmigrantes ilegales con la intención de avanzar en su radicación y desterrar de una vez las mafias que están detrás de este oscuro entramado.

En la Casa Rosada dijeron que el gobierno chino calcula que más de 100.000 chinos salieron para la Argentina en los últimos dos años pero no todos ellos ingresaron de manera legal. Oficialmente se sabe que hay sólo 50.000 radicados actualmente aunque esta es una cifra que en el Gobierno consideran "irrisoria" si se tiene en cuenta la cantidad de chinos que trabajan en la Argentina.

"La situación era muy laxa y con muchas irregularidades hasta ahora. Así no podemos seguir", explicó un funcionario de la Casa Rosada que sigue de cerca el tema de la mafia china en la Argentina por el ingreso de ciudadanos ilegales.

A la vez, un funcionario del Gobierno destacó que "es necesario avanzar en un acuerdo binacional para radicar legalmente a los ciudadanos chinos que quieran vivir en la Argentina. Un horizonte legal que permita luchar contra el tráfico de personas. Si tenemos un marco legal para el futuro podemos solucionar el pasado. Sin una mirada legal al futuro solucionar el pasado beneficiaría a los traficantes de personas que tendrían el reaseguro para su actividad ilegal".

En los últimos meses la Dirección de Migraciones sextuplicó los controles para determinar en supermercados, hoteles y comercios dónde se encuentran ciudadanos chinos de manera ilegal. Este trabajo se realizó en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

Desde la cartera que dirige la ministra Patricia Bullrich dijeron a Infobae que ven que existe cooperación de la policía de China para erradicar las mafias de traficantes de ilegales. De hecho, la Gendarmería estuvo haciendo cursos de capacitación en seguridad en Beijing y la policía China viajó varias veces a Buenos Aires para brindar cooperación.

Pero el problema radica en el mismo punto: hay un sistema generalizado de mafias que permiten el ingreso ilegal, una red que se beneficia económicamente con todo ello y acuerdos de cooperación migratoria que son muy frágiles.

Operación Pasos Clandestinos: Secuestramos embarcaciones utilizadas para contrabandear mercadería en Formosa

(PNA) - La Prefectura Naval Argentina, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, custodia la frontera fluvial del país para combatir los delitos complejos. Como resultado, se incautaron embarcaciones valuadas en más de 1 millón de pesos utilizadas para contrabandear mercadería en la ciudad de Formosa.

La fuerza que conduce Eduardo Scarzello montó la "Operación Pasos Clandestinos" para patrullar el río Paraná a la altura de la mencionada ciudad. Para cumplir con el objetivo, se destacaron embarcaciones tripuladas por efectivos especializados, en la zona conocida como "el Mangal".

En ese contexto, efectivos de la Prefectura detectaron que, a la altura del kilómetro 216, tres lanchas provenientes del Paraguay ingresaban a aguas argentinas por el riacho "el Sucio". Ante esto, las embarcaciones de la fuerza se dirigieron al lugar mientras que el guardacostas "Mataco" y una lancha "yaguareté" bloqueaban el paso entre el puerto local y el mencionado riacho, para evitar que entren o salgan otras lanchas.

Al arribar, se observó que un grupo de personas descargaba mercadería de tres embarcaciones embicadas en la costa. Al detectar la presencia policial, los involucrados comenzaron a arrojar objetos contundentes hacia el personal policial, que causaron lesiones en dos uniformados.

Tras efectuar disparos disuasivos con bombas de estruendo y munición antidisturbios, el personal de la institución se acercó a la costa y logró secuestrar tres embarcaciones, cargadas con mercadería de origen ilegal, cuya valuación total asciende el millón de pesos.

Interviene en el caso la Fiscalía Federal de Formosa, a cargo de Marisa Vázquez.