Jefe de la Federal fue elegido como vicepresidente en Interpol

Ambito.com) - Néstor Roncaglia, Comisario General de la Policía Federal y ahora flamante vicepresidente del Comité Ejecutivo por la Región Américas de Interpol.

El Comisario General de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, fue elegido en Interpol como vicepresidente del Comité Ejecutivo por la Región "Américas". De esta manera, el jefe del máximo cuerpo policial de Argentina ocupará una silla en el organismo internacional desde el año próximo hasta 2022. "Entiendo a Interpol como una organización muy seria y la ideal para combatir al crimen organizado en el mundo; ofrezco mi experiencia para representar a los países de América ante la misma", señaló Roncaglia en un comunicado de la PFA.

Asimismo, el jefe de la PFA remarcó que "el crimen organizado junto con el terrorismo y la ciberdelincuencia desafían el desarrollo de los países, la gobernabilidad de los estados, el respeto de las normas, la convivencia, la economía y consecuentemente la seguridad global".

Roncaglia es abogado y tras su graduación en la Escuela de Oficiales se especializó en la lucha contra el Narcotráfico y Delitos Complejos. Entre sus investigaciones más resonantes se encuentra la "Operación Estadio 99", nada menos que uno de los mayores secuestros de droga de la Argentina en el año 2008.

Por lo pronto, quien fue ungido como nuevo titular de Interpol hasta 2020 fue el surcoreano Kim Jong Yang, quien ya ocupaba el puesto de forma interina, tras la repentina "dimisión" de su anterior responsable, el chino Meng Hongwei, acusado de corrupción en China y cuya desaparición a principios de octubre durante un viaje a su país todavía no ha sido dilucidada.

El asiático fue elegido frente a la candidatura del general ruso Alexander Prokopchuk, que había levantado fuertes críticas en Estados Unidos e incluso amenazas de Ucrania y Lituania de abandonar la organización.

Washington y otros estados miembros habían advertido que la designación de un funcionario ruso podía permitir al gobierno del presidente Vladiimir Putin abusar del sistema de alertas rojas de Interpol para detener a opositores en todo el mundo.

Interpol es la mayor organización policial internacional del mundo y cuenta con 194 miembros plenos. Creada en 1923, en la actualidad el organismo policial constituye el canal principal de colaboración entre fuerzas policiales del mundo.

Lanzan un programa para convertir a la Policía Federal en el “FBI” de la Argentina

(Clarin.com) - Convocan a oficiales a inscribirse en el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Les darán entrenamiento y salario extra para convertirlos en detectives.

Un allanamiento por drogas de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, en junio.

Es la piedra angular para la creación del “FBI argentino”. Arrancará como un “Programa de Alta Dedicación Operativa” -las siglas “PADO” lo identificarán- dentro de la Policía Federal. Pero el objetivo final es convertir a esta Fuerza en una organización dedicada exclusivamente a la investigación de la criminalidad compleja y el narcotráfico.

De esta manera la Federal encara finalmente su proceso de transformación, casi obligado, luego del traspaso de 19 mil de sus agentes a la Policía de la Ciudad en 2016. Hoy, con 32 mil hombres y ya sin la responsabilidad de brindar seguridad en la ciudad de Buenos Aires, la idea del Gobierno es convertir a esta Fuerza en una organización dedicada a la criminalidad compleja. El narcotráfico, la trata de personas y los secuestros son los principales delitos a los que deberá abocarse la Policía. También están en la mira el cibercrimen, el terrorismo y el lavado de activos.

“Nosotros queremos que progresivamente nuestros policías se conviertan en detectives”, señalan en el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich, que 17 de julio firmó la resolución 589/18 que crea el programa.

Así como su nombre lo define, el PADO funcionará como un incentivo a la “alta dedicación” de los agentes que se sumen al programa. Por eso no podrán hacer horas extras como adicionales o como custodias de bancos, por ejemplo. A cambio recibirán un importante adicional en el sueldo. Por ejemplo, un agente que hoy gana un básico de 18.000 pesos recibirá un suplemento de 22.000. Así su salario pasará a 40.000. “Este incremento lo que hace es exigirles que la única actividad que realicen 24 por 7 es la de investigación”, dijo a Clarín un vocero que trabajó en la implementación del programa.

Los aspirantes a integrar este cuerpo especializado deberán someterse a un plan de reacondicionamiento físico y capacitación que tendrá una duración de 15 días. El curso consiste en nueve clases presenciales en el Instituto Universitario de la Policía Federal, nueve clases virtuales y tres clases de “entrenamiento operativo policial”. También recibirán perfeccionamiento en tiro con distintos tipos de armas.

Un allanamiento por drogas de la Policía Federal Argentina (PFA) en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, en junio pasado.

Entre las 17 asignaturas que deberán cursar los oficiales se destacan: Investigación del Narcotráfico; Secuestro Extorsivo; Trata; Investigación de los Delitos Tecnológicos; Terrorismo; Inteligencia Criminal; Sala de Entrenamiento de Polígono Virtual; y Legítima Defensa.

Gran parte de los contenidos serán novedosos para los agentes, ya que los temas a abordar tienen que ver con las problemáticas actuales que plantea el delito. Por ejemplo, en la asignatura “Investigación del Narcotráfico”, a los mecanismos clásicos de lavado de dinero se sumará cómo funciona la venta de drogas por Internet. En cuanto a las herramientas, no solo se capacitará sobre escuchas telefónicas, sino también en la utilización del Sistema I2, un avanzado software de inteligencia que combina datos y los relaciona en gráficos.

La “entrega vigilada” de drogas, uno de los métodos preferidos por los investigadores en la actualidad, será otra de las técnicas en las que se capacitarán los policías. Como también los roles de “agente encubierto”, “agente revelador” y las figuras de arrepentido e informante.

Las capacitaciones del “PADO” arrancarán en septiembre próximo, por lo que en octubre ya habrá agentes con “alta dedicación operativa”. En la primera etapa, el objetivo es sumar 2.000 policías que serán destinados a departamentos de investigación específicos en todo el país. La medida va en simultáneo con el traslado progresivo de más agentes federales hacia el interior de la Argentina.

De los 32 mil hombres y mujeres que forman parte de la Policía Federal, actualmente alrededor del 60% se dedica a tareas operativas. El resto cumple funciones administrativas. La idea del Gobierno es que en tres o cuatro años el 80% del personal se dedique a tareas de prevención e investigación de delitos complejos. Y que dentro de ese mundo operativo haya otro especialmente dedicado. “Una división muy especializada en la Policía Federal en camino a que se convierta en una organización dedicada exclusivamente a la criminalidad compleja”, afirman.

Llegaron al país los vehículos donados por China por el G-20

(El Intransigente) - Lo habían anunciado en enero. Además, otras 6 naciones colaboran en el operativo de control y logística para el resguardo de los presidentes.

Luego de casi 10 meses de que fuera anunciado, finalmente llegaron los vehículos donados por China por el G-20, según conoció en exclusiva El Intransigente. En ese momento, desde esa embajada, había destacado que, además, se sumarían escáneres de equipajes y contenedores, siendo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich recibió al viceministro primero de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong para realizar un intercambio de información sobre nuevas metodologías y técnicas con el objetivo de proteger a los mandatarios que asistirán al evento.

En enero de este año, el Gobierno comenzó a diagramar lo que será el operativo de seguridad para resguardar a los presidentes que estarán presentes en el país entre el 30 de noviembre y 1º de diciembre. Es por eso que habían comenzado a negociar donaciones de equipos de seguridad, como escáneres de equipajes y contenedores, además de vehículos. Los cuales ya arribaron a la Argentina.

 

"Actualmente los dos gobiernos están hablando de una posible donación de equipos por parte de China para las fuerzas de seguridad de la Argentina. Son equipos de seguridad como escáneres de equipajes y contenedores para dar servicio a los efectos del G-20", había dicho a principios de año el consejero económico y comercial de la embajada de la República Popular China en la Argentina, Zhai Chengyu.

En ese sentido, ante la prensa, resaltó: "Es una posibilidad. Todavía no han terminado las negociaciones, pero los vamos a donar. Está en proceso de trámite, a pedido del Ministerio de Seguridad argentino porque le falta dinero para comprar más equipos", al tiempo que resaltó: "Queremos ofrecer nuestra experiencia y ayuda para que la Argentina pueda organizar bien los eventos del G-20, especialmente la cumbre del G-20. Queremos contribuir como socio estratégico".

Siendo que, hace unos dos años, organizaron la cumbre en Hangzhou. Siendo que en ese momento, los chinos lograron vaciar esa localidad, que contiene unos 10 millones de habitantes, y pudieron encapsular a los primeros mandatarios dentro de un fuerte anillo de seguridad extremo. Es por este motivo que el mes pasado, el viceministro primero de Seguridad Pública de China mantuvo un encuentro con Bullrich y hablaron sobre la profundización de la cooperación bilateral en lo que se refiere a la persecución y desarticulación de bandas criminales.

Incluso, comenzaron a profundizar el trabajo en conjunto donde se estableció un intercambio de información de nuevas metodologías y técnicas delictivas para lograr la protección de los presidentes. De todas maneras, además de China, otras 6 naciones colaborarán en el operativo de control y en la logística.

El guardacostas "Thompson" será reparado y actualizado

(El Intransigente) - La Prefectura Naval celebró un convenio con Talleres Navales Dársena Norte Tandanor para realizar las modificaciones previstas en el lugar.

El Gobierno Nacional aprobó el Convenio Interadministrativo celebrado entre la Prefectura Naval Argentina y Talleres Navales Dársena Norte Tandanor S.A.C.I. y N. para ejecutar los trabajos de reparación, modernización y actualización tecnológica del Guardacostas “Thompson”.

De esta manera, según la Decisión Administrativa 1768/2018, el gasto que demande el cumplimiento de esta medida, el que asciende a la suma de $95.897.008, será imputado a las partidas específicas de la Jurisdicción 41 – Ministerio de Seguridad, Subjurisdicción 41.06 – Prefectura Naval Argentina, para el Ejercicio 2018.

En tanto, la firma Talleres Navales Dársena Norte Tandanor S.A.C.I. y N., presupuestó los trabajos a contratar para la reparación, modernización y actualización tecnológica del Guardacostas PNA GC 26 - “Thompson”, en la suma de $95.897.008 y la Prefectura Naval  informó que se cuenta con los créditos presupuestarios para atender el gasto que demande la presente medida.

De esta manera, los titulares de ambas partes consensuaron y suscribieron el Convenio Interadministrativo para ejecutar los trabajos de reparación, modernización y actualización tecnológica del Guardacostas PNA GC – 26 “THOMPSON”, “ad referéndum” de su aprobación por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, cuenta con las firmas que la avalan del jefe de Gabinete, Marcos Peña y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno compró inhibidores de drones para el operativo de seguridad del G20

Por Silvia Mercado - smercado@infobae.com
También habrá un paraguas aéreo con tres anillos. Y 20.000 efectivos de las distintas fuerzas para la protección de las delegaciones extranjeras y toda la población

Ya están operativos en la Argentina los inhibidores de drones que generarán un anillo de protección en la Cumbre del G20 que se realizará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, reforzando la seguridad de los líderes y delegaciones que participarán del encuentro y las bilaterales de alto niveles que se realizarán antes y después de esa fecha.

La necesidad de contar con esta tecnología fue consensuada en el Comité Unificado de Seguridad que conduce el Ministerio de Seguridad que se reúne semanalmente y tiene a Patricia Bullrich como titular. La compra estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, tomando en cuenta las exigencias planteadas en otras cumbres.

La agregaduría aeronáutica en Washington fue la encargada de ejecutar la contratación directa de un sistema ELI-4030 Drone Guard por USD 1.342.500 dólares. El sistema puede ser operado en su totalidad en forma manual y automática, local y remota, puede armarse y desarmarse en 20 minutos, interfiere señales, es ágil y garantiza un rango de detección radial de 3.000 metros, además de ofrecer cobertura de 360º. El proveedor elegido fue IAI-ELTA, una empresa israelí de productos de defensa, ya que también aseguran un servicio de post-venta y capacitación.

Además de la existencia de esta nueva tecnología de inhibidores de drones, que consolida los altos estándares de seguridad alcanzados por Argentina para la realización de la Cumbre, la Unidad Técnica del G20 informó que se planificó un "paraguas aéreo" de tres anillos, integrado por los aviones de la Fuerza Aérea y cinco radares en tierra desarrollados o modernizados por el INVAP.

Dos de estos radares ya estaban en funcionamiento, y hay tres nuevos, un RPA (Radar Primario Argentino), desarrollado por la empresa barilochense, que permite detectar movimientos a 400 kilómetros a la redonda, y dos TPS 43, que son tácticos móviles, de altísima utilidad porque su tamaño permite un traslado sencillo.

Además, está previsto contar con otros radares instalados en naves extranjeras, que operarán en aguas internacionales, coordinadas bajo un mismo sistema para garantizar los tres anillos previstos por un Protocolo de Protección Aeroespacial.

Aeroparque dejará de funcionar comercialmente el jueves 29 a las 15 y volverá a estar operativo el sábado 1º de diciembre a partir de las 22. Tampoco funcionarán esos días los aeropuertos de Palomar, San Fernando y Morón, porque habrá un radio de 25 kilómetros protegido. En cambio, sí estará operativo para el público el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según se informó, habrá 20.000 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura y PSA, más la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en Ezeiza) dispuestos en los tres anillos de seguridad que van a rodear Costa Salguero, donde se realizará la Cumbre, y distribuidos en CABA, para garantizar también la seguridad de los habitantes.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para declarar feriado nacional en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 30 de noviembre, que espera aprobarse en las próximas semanas. De esta manera, los dos días de la Cumbre serán feriados, lo que acotará los problemas de tránsito.

Se espera la llegada de 10.000 personas de las 20 delegaciones extranjeras a la Cumbre, incluyendo 2.500 periodistas. Cada delegación tendrá una cápsula de seguridad para los traslados entre el hotel y la sede de la reunión. Los periodistas tendrán una sala exclusiva en Parque Norte y podrán trasladarse en combis al lugar del evento cuando lo amerite. Allí habrá una zona donde se realizarán las conferencias de prensa y entrevistas.

Con una fuerte suba de las deportaciones, el Gobierno ajusta el control de extranjeros

Por Jaime Rosemberg - La Nación

En el contexto del triunfo electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro , y mientras más voces -opositoras y también oficialistas-se alzan pidiendo "mano dura" con los extranjeros que delinquen, el Gobierno avanza en una serie de medidas como tener objetivos claros: establecer circuitos de control migratorio y acortar los tiempos para la expulsión de aquellos inmigrantes que cometan delitos.

Este año la cifra de los que serán expulsados por delinquir llegará a unos 200, cuando en 2015 era de 4; en la Casa Rosada hablan de la necesidad de acortar los plazos del trámite y reforzar el monitoreo

El debate recrudeció luego de que el Gobierno vinculara a dos venezolanos, un paraguayo y un turco con los desmanes ocurridos frente al Congreso durante el reciente debate del presupuesto 2019.

En lo que hace a las deportaciones, desde el Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio , muestran datos que diferencian su política de la del kirchnerismo. Las expulsiones de extranjeros que delinquen pasó de 4 en 2015 (último año de Cristina Kirchner) a 33 en 2016, 75 en 2017 y 150 en lo que va del año. "Probablemente lleguemos a los 200", dicen cerca del ministro del Interior. 

También subió de manera evidente la cantidad de extranjeros que delinquieron aquí y fueron enviados a sus países natales para que terminen allí de cumplir con sus condenas: de 235 en 2015 pasó a 240 al año siguiente, 414 el año pasado y alrededor de 370 este año. 

La Justicia anuló en marzo un decreto del presidente Mauricio Macri que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la radicación de extranjeros. 

Con relación a los cuatro detenidos por los incidentes, en el Gobierno coinciden en que "se está viendo qué hacer con ellos", ya que la causa judicial no avanzó. Allí surgió la idea de reformar la ley migratoria para acelerar los procesos de expulsión y utilizar el vehículo de un "foro migratorio específico" para tramitar casos graves. Pichetto y el Gobierno también coinciden en la necesidad de contar con una policía migratoria, más allá de que hoy este rol es cumplido por distintas fuerzas de seguridad.

El presidente Mauricio Macri, que ayer en Córdoba se manifestó contra los inmigrantes "que no vienen a trabajar, sino a delinquir, y nos complican la vida", avala las negociaciones con Pichetto y otros dirigentes en torno a una reforma de la ley migratoria. Tiene aún un escollo: la Corte Suprema todavía no se expidió sobre la inconstitucionalidad del decreto presidencial que aceleró los tiempos, aunque para el Gobierno sigue vigente. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay, cuyos ciudadanos

componen la amplia mayoría de los extranjeros que llegan al país, se quejaron de este decreto. La otra pata de la estrategia oficial pasa por "legalizar" a los inmigrantes y así "separar la paja del trigo": los que "vienen a trabajar" de quienes "vienen a cometer delitos".

Esta semana, Migraciones puso en marcha el Radex, sistema remoto que permite comenzar el trámite de radicación vía online y obtener una residencia temporaria en pocos días. "La pelea es contra la irregularidad migratoria", afirman desde el edificio de Migraciones, pegado al histórico Hotel de Inmigrantes de Retiro. A través del Radex, el Gobierno obtendrá además los datos laborales de cada

inmigrante, con lo cual podrá "reubicarlos" en las provincias que los requieran para trabajar. Neuquén, Río Negro y Chubut son las provincias que ya comenzaron a moverse de manera concreta para absorber inmigrantes - sobre todo venezolanos, que han llegado huyendo de la crisis económica que se vive en su país por la gestión de Nicolás Maduro-, y San Juan y Jujuy se sumarán en breve.

El flujo venezolano es particularmente numeroso, y muchos profesionales provenientes de ese país son requeridos en el interior. "Si les damos todo esto y no se regularizan, es porque vinieron con otros fines", se atajan fuentes oficiales.

El Gobierno buscará, en la próxima reunión de ministros del Mercosur, la adhesión de Uruguay, Paraguay y Brasil al intercambio de información sobre antecedentes penales, un dato que el Gobierno considera fundamental para impedir ingresos indeseables. En la Casa Rosada afirman que esta batería de medidas servirá para apaciguar los ánimos de quienes piden más acción contra los extranjeros involucrados en delitos. Se reforzarán, de todos modos, y en coordinación con el Ministerio de Seguridad, los controles en los pasos fronterizos por la cumbre del G-20 de fines de este mes y también de cara a una temporada estival que prevé un enorme flujo de turistas producto de la

devaluación del peso.

Inauguraron una nueva cárcel del Servicio Penitenciario Federal

(Clarin.com) - Está en Luján de Cuyo y tendrá capacidad para 1.072 presos. Es la primera unidad federal que se habilita en siete años.

En medio de cifras récords de detenidos en prisiones de todo el país, con el Servicio Penitenciario Federal llegando a su tope histórico en cantidad de presos, este miércoles se inauguró una nueva cárcel en Cuyo.

Es la unidad más flamante del Servicio Penitenciario Federal y fue inaugurada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El nombre oficial es Complejo Penitenciario Federal VI y está ubicado en el distrito mendocino de Luján de Cuyo.

La nueva unidad carcelaria contará con 1.072 plazas, de las cuales este miércoles se inauguraron 250. Está destinado a procesados y condenados por la Justicia Federal local que actualmente están alojados en cárceles de la provincia. También albergará a internos provinciales considerados de alto riesgo.

En los 34.000 metros cuadrados de superficie del predio también se levantan el Instituto Penitenciario Federal de Cuyo para varones, el Instituto Correccional de Cuyo para mujeres y el Instituto Abierto. Hay sectores destinados a la educación y al trabajo, con zonas diferenciadas para procesados y condenados.

Esta obra se da en el marco del traslado del centro urbano de la Unidad 9 de Neuquén y del próximo traspaso de la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz. El último penal federal que se había inaugurado había sido el de Güemes (Salta), en 2011. Hace siete años.

“Teníamos el deber y la obligación de poner en marcha este Complejo. Se ha logrado en tiempo récord con altísimos niveles de calidad. Estamos llevando adelante una política penitenciaria que no solo contempla las cuestiones edilicias, sino también busca la rehabilitación de las personas alojadas y trabaja para que los internos salgan definitivamente del camino delictivo”, señaló Garavano.

"Se trata de una cárcel de última generación con 1072 plazas para el Servicio Penitenciario Federal y para internos provinciales de alto riesgo, con mejores condiciones de seguridad y oportunidades para el desarrollo de la reinserción social de los internos, para que no vuelvan a regresar al camino delictivo", agregó Santiago Otamendi, secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Gendarmería Nacional inauguró un Laboratorio de Genética Forense

(Clarin.com) - Permitirá realizar análisis de ADN en todo tipo de expedientes penales. Lo bautizaron “Osvaldo Raffo”, en honor al famoso forense.

El nuevo laboratorio de genética de Gendarmería

Convocada de forma habitual por jueces y fiscales como fuerza de apoyo en investigaciones complejas, Gendarmería decidió inaugurar un Laboratorio de Genética Forense para ampliar el menú de especialidades en los que puede intervenir. El nuevo centro lleva el nombre de Osvaldo Raffo, quizá el médico forense más famoso y reconocido de la historia argentina.

"Es el portal de ingreso al futuro de esta Institución, el futuro de la Ciencia, del personal altamente calificado, de los recursos para las investigaciones", señaló Gerardo Otero, el director general de Gendarmería, durante el acto de inauguración. Entre los asistentes estuvo el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco -quien habló del "enorme salto cualitativo que implica este laboratorio"-, además de jueces, fiscales, secretarios, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, peritos genetistas, autoridades nacionales e internacionales.

El acto tuvo lugar en la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería, ubicada en la calle Antártida Argentina 1480, en el barrio porteño de Retiro. Esta dirección  actúa como apoyo permanente a las actividades operativas policiales y por pedidos judiciales. Tiene  recursos humanos altamente capacitados, que usan equipamiento de avanzada tecnología.

El flamante Laboratorio de Genética Forense tiene capacidad para analizar toda muestra biológica de origen humano con el objetivo de lograr identificaciones y determinar relaciones de parentesco.

La mafia de los inmigrantes chinos: visas falsas y controles frágiles

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com - El Gobierno quiere erradicar las redes de tráfico de personas. La Cancillería descubrió casos de venta de visas y busca mayor cooperación en la información

Una verdadera mafia china sustentada, en parte, por funcionarios de la Cancillería argentina y por una red de traficantes. Controles laxos que se dieron hasta ahora. Y una legislación bastante frágil en términos de política migratoria. Todo esto forma parte de la denominada "lista negra" de más de 50.000 ciudadanos de China que ingresaron por año ilegalmente a la Argentina en los últimos tiempos, según revelaron fuentes del Gobierno.

Durante una investigación que realizó Infobae en diferentes dependencias del Estado, se pudo saber que la red de tráfico ilegal de chinos a la Argentina viene de arrastre, aunque ahora hay una decisión del Gobierno de desterrar esta mafia.

El tema preocupa al presidente Mauricio Macri al punto que la semana pasada viajó a Beijing el director de Migraciones Horacio García para abordar esta temática y en estos días irá a China el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para abordar este y otros temas de la relación bilateral. A la vez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se inició una profunda investigación donde ya hay funcionarios sumariados por la venta de más de 400 "visas truchas" argentinas a ciudadanos de diferentes regiones de China.

La Cancillería explicó a Infobae que se inició una "auditoría consular" para determinar la cantidad de visas truchas que se entregaron en los últimos años a ciudadanos chinos. Y ya hay un sumario en marcha a Sol Durini, la cónsul argentina en Antofagasta, Chile, y a un administrativo de esas oficinas, quienes habrían entregado unas 300 visas a ciudadanos chinos, entre junio de 2017 y julio de 2018.

La mayor parte de esas visas fueron otorgadas a chinos que provienen de la provincia de Fujian, que tienen facilidades de entrar a la Argentina por los acuerdos migratorios firmados con Beijing en el acercamiento bilateral iniciado en 2004.

El régimen actual de migración entre la Argentina y China es bien claro. Los chinos pueden ingresar al país por 90 días pagando como turistas una tasa migratoria de 50 dólares. Pero muchos se quedan de manera ilegal al vencerse los 90 días de estadía o consiguen visas falsas para extender el plazo de su permanencia en el país.

Según señalaron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería, el caso cobró relevancia y ahora se investiga también el nivel de responsabilidades del Director General de Asuntos Consulares, Luis María Sobron, por otros eventuales casos similares en consulados argentinos en Asia. "Hay que investigar toda la cadena de responsabilidades", dijo un embajador que conoce el tema. Infobae intentó dialogar con Sobron pero no recibió respuesta.

El caso de la entrega de visas a chinos desde el consulado argentino en Antofagasta saltó por una investigación paralela que se hizo para monitorear la seguridad de la cumbre de presidentes del G20 que se realizará en Argentina a fines de noviembre.

Pero el tema del ingreso ilegal de chinos en Argentina no es nuevo. Desde 1998 que la justicia investiga el tema en diversas causas. El ex juez Juan José Galeano ya había realizado una amplia investigación en la que descubrió un negocio de más de 300 millones de dólares para el ingreso ilegal de más de 25.000 chinos y en su momento el entonces embajador argentino en Tailandia Felipe Fridman denunció la existencia de una red de tráfico ilegal de ciudadanos chinos a la Argentina donde se triangulaban visas desde el consulado de Tailandia.

Sin embargo, el Gobierno decidió ahora poner un freno a este tema y está buscando firmar con las autoridades de Beijing un convenio para realizar un intercambio de información migratoria. Esto permitirá conocer la cantidad de chinos que salen para la Argentina y apuntar así a un programa de radicación masivo.

Por otra parte, Infobae pudo saber que el Director de Migraciones busca acordar con la administración de Xi Jinping una suerte de "amnistía general" por la situación de aquellos chinos que se encuentran en la denominada "lista negra" de inmigrantes ilegales con la intención de avanzar en su radicación y desterrar de una vez las mafias que están detrás de este oscuro entramado.

En la Casa Rosada dijeron que el gobierno chino calcula que más de 100.000 chinos salieron para la Argentina en los últimos dos años pero no todos ellos ingresaron de manera legal. Oficialmente se sabe que hay sólo 50.000 radicados actualmente aunque esta es una cifra que en el Gobierno consideran "irrisoria" si se tiene en cuenta la cantidad de chinos que trabajan en la Argentina.

"La situación era muy laxa y con muchas irregularidades hasta ahora. Así no podemos seguir", explicó un funcionario de la Casa Rosada que sigue de cerca el tema de la mafia china en la Argentina por el ingreso de ciudadanos ilegales.

A la vez, un funcionario del Gobierno destacó que "es necesario avanzar en un acuerdo binacional para radicar legalmente a los ciudadanos chinos que quieran vivir en la Argentina. Un horizonte legal que permita luchar contra el tráfico de personas. Si tenemos un marco legal para el futuro podemos solucionar el pasado. Sin una mirada legal al futuro solucionar el pasado beneficiaría a los traficantes de personas que tendrían el reaseguro para su actividad ilegal".

En los últimos meses la Dirección de Migraciones sextuplicó los controles para determinar en supermercados, hoteles y comercios dónde se encuentran ciudadanos chinos de manera ilegal. Este trabajo se realizó en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

Desde la cartera que dirige la ministra Patricia Bullrich dijeron a Infobae que ven que existe cooperación de la policía de China para erradicar las mafias de traficantes de ilegales. De hecho, la Gendarmería estuvo haciendo cursos de capacitación en seguridad en Beijing y la policía China viajó varias veces a Buenos Aires para brindar cooperación.

Pero el problema radica en el mismo punto: hay un sistema generalizado de mafias que permiten el ingreso ilegal, una red que se beneficia económicamente con todo ello y acuerdos de cooperación migratoria que son muy frágiles.

Operación Pasos Clandestinos: Secuestramos embarcaciones utilizadas para contrabandear mercadería en Formosa

(PNA) - La Prefectura Naval Argentina, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, custodia la frontera fluvial del país para combatir los delitos complejos. Como resultado, se incautaron embarcaciones valuadas en más de 1 millón de pesos utilizadas para contrabandear mercadería en la ciudad de Formosa.

La fuerza que conduce Eduardo Scarzello montó la "Operación Pasos Clandestinos" para patrullar el río Paraná a la altura de la mencionada ciudad. Para cumplir con el objetivo, se destacaron embarcaciones tripuladas por efectivos especializados, en la zona conocida como "el Mangal".

En ese contexto, efectivos de la Prefectura detectaron que, a la altura del kilómetro 216, tres lanchas provenientes del Paraguay ingresaban a aguas argentinas por el riacho "el Sucio". Ante esto, las embarcaciones de la fuerza se dirigieron al lugar mientras que el guardacostas "Mataco" y una lancha "yaguareté" bloqueaban el paso entre el puerto local y el mencionado riacho, para evitar que entren o salgan otras lanchas.

Al arribar, se observó que un grupo de personas descargaba mercadería de tres embarcaciones embicadas en la costa. Al detectar la presencia policial, los involucrados comenzaron a arrojar objetos contundentes hacia el personal policial, que causaron lesiones en dos uniformados.

Tras efectuar disparos disuasivos con bombas de estruendo y munición antidisturbios, el personal de la institución se acercó a la costa y logró secuestrar tres embarcaciones, cargadas con mercadería de origen ilegal, cuya valuación total asciende el millón de pesos.

Interviene en el caso la Fiscalía Federal de Formosa, a cargo de Marisa Vázquez.

Los Lobos: así es y trabaja el grupo de élite que cuida a los testigos protegidos

Infobae.com - Gente

José López, Oscar Centeno y Leonardo Fariña son algunas de las 500 personas que la Justicia puso en el programa de Protección a Testigos. Juan José Benítez (40), subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, explica cómo resguardan a quienes ponen en riesgo su vida para denunciar la corrupción, el narcotráfico, los delitos de lesa humanidad y la trata de personas

Los efectivos de la agrupación son elegidos entre los miembros del Grupo Especial de Intervención (GEI), la elite del Servicio Penitenciario Federal.

En una manada de lobos, quienes van al frente son los más experimentados. La vanguardia y la retaguardia son ocupadas por los más fuertes. El que cierra la marcha es el macho alfa. En el medio de todos ellos caminan los más débiles. Aquí y ahora, mientras la investigación por corrupción más sonada de la historia argentina transita los tribunales de Comodoro Py, y se acumulan valientes denuncias en otros juzgados federales por narcotráfico, trata de personas o causas de lesa humanidad, los más frágiles son quienes toman la decisión de desnudar el delito, aun a riesgo de sus vidas.

El Estado decidió, a fines de 2016, proteger a esos testigos con un grupo de élite: son 40 efectivos –hombres y mujeres– seleccionados por el Ministerio de Justicia en el ámbito del Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal. La crema de esa institución. Y su nombre, Los Lobos.

El Programa de Protección a Testigos e Imputados no es nuevo. Nació en 2003. Según Juan José Benítez (40), subsecretario de Política Criminal –que lo tiene bajo su órbita–, "esta es una herramienta muy potente para auxiliar al sistema de Justicia, aunque hasta fines de 2015 había una gran desprolijidad administrativa".

Bajo su manto están hoy 500 personas, si se incluye a los familiares directos (esposa e hijos), distribuidas en 19 provincias y el extranjero. Los más conocidos –y por eso mismo más difíciles de proteger– son José López (el funcionario K que revoleó bolsos con nueve millones de dólares), Oscar Centeno (el remisero de los cuadernos de las coimas), Leonardo Fariña (integrante y denunciante de la "ruta del dinero K"), Ibar Pérez Corradi (detenido por narcotráfico e implicado en el triple crimen de General Rodríguez), Alejandro Vandenbroele (acusado de ser testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou) o Mariano Martínez Rojas (procesado por contrabando y asociación ilícita).

Benítez señala: “Es una herramienta muy potente para auxiliar al sistema de Justicia”.

En un 33 por ciento de los casos, quienes se acogieron al Programa declararon en crímenes de lesa humanidad, un 29 por ciento en causas de narcotráfico, un 25 por ciento en temas de corrupción y crimen organizado y un 13 por ciento en delitos de trata.

El nuevo impulso al Programa se lo dio la formación que sus integrantes recibieron del modelo canadiense. Benítez explica: "Conseguimos el apoyo del gobierno de Canadá, donde depende de la Policía Montada, su institución de mayor credibilidad. Por primera vez abrieron sus puertas para capacitar a un Estado extranjero. Enviamos a dos personas durante 15 días, que a su regreso fueron formadores de nuestro grupo. Aquí organizamos un equipo interdisciplinario. Hay evaluadores de riesgo, encargados de seguridad, personal administrativo, informático, jurídico, una base telefónica las 24 horas para emergencias, con personal capacitado en contención psicológica, y desarrollamos un software para que la información no sea vulnerable".

El grupo, que tiene 40 integrantes entre hombres y mujeres, fue preparado bajo la asistencia de Canadá y entrenado en la Argentina.

UNA NUEVA VIDA. La tarea de Los Lobos está lejos de ser sedentaria. Su mayor aliado es la confidencialidad. Por eso, señala Benítez, "es muy poco lo que se puede contar. Yo mismo no tengo idea dónde está ningún testigo. De hecho, en el Programa no hay nadie que sepa la localización de todos. Se trabaja por células y se rota. Hemos tenido ingresos hospitalarios insólitos, asistencias médicas increíbles, rescatamos testigos con lanchas y helicópteros en lugares como el Delta del Paraná… Había que sacar a alguien porque lo iban a matar. Se hizo el operativo con equipos tácticos, de noche, y se llevó a la persona a un lugar seguro".

Para el funcionario, los delitos más riesgosos son "el narcotráfico y la corrupción. En el caso puntual de los cuadernos, el poder de las personas involucradas es alto. Nosotros evaluamos, para el análisis de riesgo, qué poder de acción tienen los acusados sobre el testigo protegido, sus conexiones a lo largo del país, y cuál es el potencial de agresión. Además, el riesgo puede cambiar a lo largo de la investigación penal. También debemos tener en cuenta que es imposible esconder a ciertos personajes. Por ejemplo, a Fariña. En la Argentina, todo el mundo lo conoce. Y no se lo puede llevar al exterior, porque está sujeto a una causa penal".

Leonardo Fariña Conocido por su matrimonio con Karina Jelinek, estuvo preso por la evasión de más de 12 millones de dólares. Denunció la “ruta del dinero K”.

–¿Cómo se hace en esos casos?

–Hay que generar un anillo de seguridad que garantice su integridad. Fariña tuvo dos episodios de enfrentamiento armado entre su equipo de protección y supuestos ladrones de su auto. Además, nos planteó un desafío adicional: cuando ingresó al Programa estaba preso. Fue el primero en esa situación (Nota: José López e Ibar Pérez Corradi están así hoy). Gracias a Canadá ingresamos a Europol, integrado por los países con protección de testigos. Había cinco Estados con un caso similar y nos asesoraron. Disponer un dispositivo de seguridad dentro de una cárcel es muy difícil. Porque no podía compartir espacios comunes. Fue un éxito.

–¿Cómo accede un testigo protegido al Programa?

–El ingreso es voluntario. A quien se postula se le hacen saber sus obligaciones y le presentamos un plan de vida. La persona dice si acepta o no. En muchos casos implica cambiar totalmente de ciudad, de trabajo, dejar a su familia y sus amigos, no ir al club, no usar redes sociales y restringir el uso de sistemas informáticos. Hay abogados o empresarios que deben empezar a vender pizza. O pizzeros que comienzan a vender flores. Nosotros ponemos reglas. Si no las cumplen, aunque existe flexibilidad, los echamos del Programa.

–Entonces, la misión del Programa no es sólo la custodia del testigo.

–No. También es darle una nueva vida. La anterior, en la que fue testigo o imputado por un hecho delictivo, no la puede llevar más.

José López Ex secretario de Obras Públicas de Julio De Vido. Quien tiró bolsos en el falso convento de General Rodríguez fue el último en ingresar al Programa.

–¿Cuál es la principal dificultad que tienen para adaptarse a esa realidad?

–Lo más complicado es la sustitución de identidad. Sobre todo en los hijos. No sólo por la documentación. Es muy difícil que un chico de ocho años se acostumbre a un nuevo nombre. Hay casos donde hubo que volver para atrás. Por eso es el último recurso.

–¿El cambio de fisonomía también se contempla?

–Nunca se hizo, pero es una posibilidad.

–¿Desde el punto de vista psicológico, qué les sucede?

–Lo más común es que sufran depresión y ansiedad por no ver a sus amigos o no volver a su barrio. Al principio también hay temor. Se trabaja a diario con operadores que manejan los casos y tienen contacto directo.

Ya realizaron rescates de alto riesgo de testigos que, se enteraron, iban a ser asesinados por denuncias contra el narcotráfico.

–¿Quién paga el sustento de los testigos?

–El Estado se hace cargo de la protección. Pero en cuanto a lo personal, hay un límite que, por ley, son seis meses. Tenemos que generar que se sustenten económicamente lo antes posible. Dentro de los recursos disponibles, facilitamos programas y subsidios sin costo para que desarrollen nuevas actividades.

–Entonces no se les garantiza el mismo nivel de vida que tenían previamente…

–La gran mayoría de quienes ingresan son personas de bajos recursos. Pero hay otros casos. Por ejemplo, a Fariña no le podíamos mantener un departamento de dos millones de dólares como el que tenía. Le podemos dar un nivel de vida acorde a un salario mínimo, vital y móvil. Si alguien de la familia o de sus amigos lo quiere ayudar, bienvenido.

Por Hugo Martin. Fotos: Alejandro Carra,

Enrique García Medina, Julio César Ruiz, AFP y Ministerio de Justicia.

EE.UU.: El reconocimiento facial capturó al primer impostor en un aeropuerto

(Clarin.com) - El hombre, de 26 años, había llegado el miércoles en un vuelo desde Sao Paulo, Brasil. La nueva tecnología de reconocimiento facial ya se está probando en 14 aeropuertos de los Estados Unidos.

La controvertida tecnología de reconocimiento facial atrapó a un impostor que intentaba ingresar de forma irregular a los Estados Unidos con un pasaporte falso, tras haber superado los controles habituales realizados por humanos, aseguraron funcionarios federales el jueves a la cadena NBC.

Y el arresto innovador se produjo justamente durante el tercer día en que comenzó a implementarse la tecnología biométrica en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

El hombre de 26 años llegó el miércoles en un vuelo desde Sao Paulo, Brasil, y presentó un pasaporte francés al funcionario de aduanas, según la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. A través del nuevo sistema biométrico de comparación facial, el oficial determinó que el viajero no coincidía con el pasaporte que presentó. Luego de ser enviado para un examen secundario, los efectivos de Dulles encontraron un documento de la República del Congo oculta en la parte inferior del zapato del impostor.

La foto de la tarjeta había sido alterada para ocultar la identidad del hombre por parte de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. "Así que estaba tratando de ingresar ilegalmente al país, lo arrestamos, lo procesamos y lo devolvimos a Brasil", dijo el director del puerto del área de CBP, Daniel Mattina, a NBC News en el aeropuerto.

El reconocimiento facial utiliza algoritmos para unir las características físicas con las fotos y videos de las caras de las personas que están archivados a partir de visas, pasaportes y otras fuentes. Los funcionarios de aduanas dicen que las cámaras tienen una tasa de precisión del 99 por ciento.

La tecnología de reconocimiento facial utiliza algoritmos para unir las características físicas con las fotos y videos de las caras. (Gilles Sabrié for The New York Times)

"Puede identificar mucho más exactamente quién es un individuo. Incluso puede acelerarlos mucho más rápidamente a través de los procesos ", dijo David Nyeman, ex subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional durante la administración Obama, a NBC News.

Pero los críticos se preocupan por las implicaciones para las invasiones de privacidad que se producen con el uso generalizado de la tecnología y la posibilidad de coincidencias erróneas.

En cambio, los defensores del reconocimiento facial en los aeropuertos creen que la tecnología biométrica podría utilizarse tanto como una mejora de la seguridad como para acelerar el procesamiento a partir del check-in. Asimismo, la Administración de Seguridad del Transporte dijo que eventualmente podría incluso reemplazar la tarjeta de embarque.

Gendarmería y Prefectura se suman a la caja previsional de la Policía Federal Argentina

Por Cecilia Di Lodovico (Perfil.com) - La medida se formalizó con el decreto 760/18, publicado en el boletín oficial y dado a conocer por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al presidente Mauricio Macri en el acto por el 80° aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional. FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS 

Mediante un decreto, Gendarmería Nacional y Prefectural Naval pasarán a integrar la caja previsional de la Policía Federal Argentina, un paso que unifica los aportes, liquidaciones y pago de retiros, jubilaciones y pensiones de las fuerzas de seguridad federales. El decreto 760/18 fue publicado en el boletín oficial y dado a conocer por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco y los tres jefes de las fuerzas involucradas: Néstor Roncaglia (PFA), Gerardo Otero (Gendarmería) y Eduardo Scarzello (Prefectura). 

 A través de esta medida se incorporan a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA 29 mil beneficiarios y 60 mil afiliados. Es decir, pasarán de 56 mil y 70 mil a 85 mil y 130 mil, respectivamente. Todo el personal implicado aporta el 11 por ciento de los salarios, incluso, luego de dejar la actividad. El Ministerio a cargo de Bullrich estimó que un incremento de la tasa de dependencia aportante–beneficiario a 1,54% (antes era del 1,24%). Asimismo, se duplican los recursos del organismo de 8.631 millones a 15.685 millones de pesos.  A través de esta medida se incorporan a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA 29 mil beneficiarios y 60 mil afiliados. 

 La medida se inscribe en uno de los ejes de la gestión de Bullrich al frente del Ministerio: la reinvindicación de las fuerzas de seguridad federales. “Para nosotros es una prioridad la construcción de derechos”, manifestó la funcionaria quien resaltó la “generosidad” de la PFA al abrir el sistema previsional. “La policía tuvo la inteligencia de entender que se fortalece”, dijo. “La iniciativa es importante. La discutimos con la plana mayor y creemos que es favorable y entusiasta”, celebró Scarzello, jefe de una fuerza que fue relegada en este aspecto en el pasado, al igual que Gendarmería. “Hay un antes y un depués con este cambio. A través de los años, vivimos con incertidumbre en relación a nuestros aportes, obra social y salario. Ahora, tenemos certidumbre, por sobre todas las cosas, ahora podemos planear nuestro fututo con tranquilidad”, señaló en ese sentido Otero quien destacó la importancia de la seguridad social para el personal de las fuerzas de seguridad. “Se trata de cuidar a los que nos cuidan”, aportó Burzaco. 

El Ministerio lleva adelante un proceso para “blanquear” los salarios de los efectivos, trabaja en un sistema para resolver elevados endeudamientos y la posibilidad de acceder a créditos hipótecarios a tasas convenientes. “Es un salto de calidad y tranquilidad para el que trabaja y para el que conduce”, agregó el jefe de Gendarmería. Roncaglia, a su vez, destacó que la unificación “va a fortalcer la Caja y será beneficioso para todos” y manifestó que la “certidumbre” que ahora tendrá el personal de Gendarmería y Prefectura, será un factor que hará que esté más “enfocado en el trabajo”. “Está bien que el Estado se ocupe”, consideró el conductor de la PFA. 

La Caja de la PFA fue creada hace 72 años, por lo que la experiencia en el manejo y administración de los recursos pesó en la decisión. Inclusive, en cuanto al carácter de confidencialidad que deben guardar acerca de ciertos agentes abocados a tareas de inteligencia. Al sistema ya están adheridas la Dirección General de Inteligencia del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección General de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa; la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de Ex Terriotorio Nacionales. 

En la reunión también estuvieron presentes el titular de la Unidad de Coordinación General, Gerardo Millman; el secretario de Coordinación Formación y Carrera; Alberto Föhrig; el Subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial de la Nación Darío Oroquieta; el Subsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa; Jorge Haddad Director de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. (Fuente www.perfil.com). 

Macri lanza un plan para reforzar el control de los inmigrantes

Por Mariano Obarrio - La Nación

A través de una aplicación se simplificará el proceso de identificación y radicación de los extranjeros

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El gobierno de Mauricio Macri implementará a partir del mes que viene un plan de medidas de control de inmigrantes , que se basará en una aplicación para teléfonos celulares de agentes públicos que detectará a extranjeros sin la documentación requerida. La novedad será acompañada por un sistema para regularizar su situación a través de la radicación. El objetivo será blanquearlos o expulsarlos del país si no lo hacen o si tienen antecedentes penales.

Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno radicó a 530.000 extranjeros, expulsó a 1200 por delitos y otras causas y hay 600 procesos en marcha. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , le presentó el programa a Macri, quien ordenó extenderlo a todas las fuerzas de seguridad. El director nacional de Migraciones, Horacio García, busca que los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado. "Peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los inmigrantes irregulares. Es necesario blanquearlos como condición para que accedan a los servicios y derechos que otorga el país", explicó Totó García a LA NACION.

En caso de que no accedan a regularizarse dentro de los 30 días de ser detectados como ilegales, o en caso de registrar antecedentes penales en su país o en la Argentina, comenzará el proceso de expulsión, que se redujo de cuatro años a cuatro meses, tras el decreto 70/2017.

Según las cifras de Migraciones, en lo que va de 2018 los venezolanos lideraron las radicaciones, incluso por encima de los bolivianos y paraguayos, que encabezan el índice del flujo migratorio históricamente. Desde enero se radicaron 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otros países (14,71%). Total: 100.604 radicaciones.

El primer paso del plan de control de inmigrantes ilegales consistirá en lanzar en septiembre una aplicación para teléfonos celulares de agentes de salud, seguridad, policías, gendarmes y policías provinciales, entre otros. El dispositivo permitirá conocer la situación migratoria de cualquier extranjero: si tiene residencia permanente, temporaria, visa de turista o si no está regular. También detectará si no tiene registro de ingreso en la frontera por algún paso fronterizo.

En una demostración que hizo García en los últimos días, puso el nombre del asesor presidencial ecuatoriano Jaime Duran Barba y la aplicación arrojó como resultado: "residencia temporaria".

Según los funcionarios migratorios, si se identifica a un extranjero con ingreso ilegal circulando cerca de un paso fronterizo, en flagrancia, se lo podría expulsar del país hasta que haga su ingreso legal. En caso de ser residentes ilegales se les dará un plazo de 30 días para radicarse. Suelen encontrarse casos en hospitales, donde se atienden: los médicos los podrían detectar con la aplicación de su celular.

En la aplicación se ingresará el nombre, la nacionalidad y fecha de nacimiento del extranjero, y se accederá a su situación migratoria, últimos tres ingresos y salidas del país, y los antecedentes. "Si usan un hospital público o servicios, deben tributar al Estado", señaló García.

Para radicarse, Migraciones lanzará en septiembre otro sistema de regularización a distancia, por internet, que reemplazará el trámite de largas colas y burocracia estatal. En el sitio web de Migraciones, el interesado iniciará el trámite en el link de Radex (Radicación a Distancia de Extranjeros). Deberá ingresar datos biográficos, fotos de sus certificados de residencia y antecedentes penales del país de origen y pagar la tasa: $3000 para ciudadanos del Mercosur y $6000 para los extra- Mercosur .

El proceso terminará en la sede de Migraciones correspondiente a su domicilio para las huellas dactilares y la foto, tras lo cual se le enviará el DNI a su casa. El trámite completo debería tardar, si es normal, una semana. "En los últimos 15 años ingresaron muchos extranjeros que recibieron asistencia del Estado, en salud o educación, sin pagar impuestos. Todos deben ser regulares, con derechos y con obligaciones", dijo una fuente oficial.

"No puede ser que no se tribute. Hoy no se siente como una necesidad la regularización. Los derechos y los beneficios del Estado deben tener el mismo estatus para argentinos y para extranjeros", agregó el funcionario a LA NACION.

En la regularización, Migraciones preguntará la actividad profesional de origen para vincularla con la demanda de trabajo en la Argentina. En Río Negro, el organismo descubrió una demanda de 43 médicos. "Entonces, van a ir médicos venezolanos. Pero también los argentinos se enteraron y también irán", dijo un funcionario oficial.

En los próximos días, el Centro Argentino de Ingenieros hará un relevamiento para 6700 ingenieros venezolanos recién ingresados, que podrán insertarse en el mercado local. El 93% de ellos no tiene problemas en ir al interior. El 80% de los 530.000 inmigrantes radicados desde 2015 viven en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano.

Venezolanos, a la cabeza del flujo migratorio

En 2018 - Ingresaron al país 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otras naciones (14,71%)

Tasa migratoria - Pagarán $3000 los ciudadanos del Mercosur y 6000 los "extra-Mercosur". Los venezolanos son considerados del Mercosur, pese a la sanción al país.

En lo que va del año a más de 60 policías bonaerenses les robaron sus pistolas reglamentarias

Por Andrés Klipphan - Infobae.com

En su mayoría terminan en manos de criminales. También existen casos de uniformados que alquilan sus 9 mm a delincuentes. Los números del mercado negro

En lo que va del año, 63 armas reglamentarias ya le fueron sustraídas a policías de la provincia de Buenos Aires. En el mercado negro una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, provista a buena parte de las fuerzas de seguridad, como la policía Federal, Bonaerense y de la Ciudad, puede llegar a valer entre 20.000 y 40.000 pesos; mientras que si se la adquiere de forma legal, el valor difícilmente supere los 13.000 pesos.

Esto es así porque en el shopping de la marginalidad se las consigue sin los documentos correspondientes, como la portación de legítimo usuario. Inclusive el importe puede llegar a subir si antes se le removió la numeración.

En el ministerio de Seguridad Bonaerense, se labraron sumarios que acreditan casos de robos de armas de manera escandalosa. Por ejemplo, la pérdida de la Bersa Thunder Pro calibre 9mm por dejarla en el guardarropas de un boliche bailable junto al abrigo.

Hay otros casos que indignan y que elevan al policía protagonista del acto de corrupción a la categoría de "delincuente". Un efectivo, Nahuel Garzo, que acaba de ser sancionado, le "alquiló" su arma reglamentaria y el chaleco antibalas a un conocido malviviente de La Plata para que salga a robar. Para justificar su pérdida, simuló haber sido atacado a balazos por delincuentes.

El caso del oficial Nahuel Garzo es la antítesis de Lourdes Espíndola, la heroica mujer policía de 25 años que trabaja en el Comando de Patrullas de Moreno y que fue asesinada en la parada del colectivo por forajidos que solo querían quitarle su 9 mm. Otro robo de armas que conmocionó a la opinión pública, fue el de María Belén González, la policía de 23 años que fue arrollada tres veces por bandoleros que le robaron el arma reglamentaria. La oficial, que por fortuna salvó su vida -aunque quedó con serias lesiones- prestaba servicios en el Comando de Prevención Comunitaria de Avellaneda.

Pistolas, chalecos y uniformes

De las 63 armas reglamentarias denunciadas como robadas o extraviadas por los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires en los siete meses y medio de 2018, en 56 casos, los agentes se encontraban en franco de servicio, cinco en servicio y los dos restantes cumpliendo horas POLAD.

La cifra es muy alta, aunque este número queda opacado si se compara con estadísticas anteriores.

En el año 2015, por ejemplo, las armas reglamentarias sustraídas a policía bonaerenses fueron 261. De esos efectivos, 226 estaban de franco de servicio, 26 en servicio 26 y 9 en POLAD –extras-.

En diálogo con Infobae, el ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, entendió que "la baja sustancial del robo de armas a personal policial se debe al Reentrenamiento implementado desde el año pasado, que mejoró el cuidado y reparo del arma reglamentaria".

Los sumarios escandalosos

A pesar de los esfuerzos ministeriales para que las armas oficiales no terminen en manos de los delincuentes, hay hechos que exceden cualquier tipo de control. Tiene que ver más con la condición humana, o con "el zorro en el gallinero", y que le hace mucho daño a la fuerza.

El delito, porque de eso se trata, ocurrió en las últimas horas y las autoridades del ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Cristian Ritondo, ya actuaron en consecuencia: abrieron un sumario en la Dirección General de Asuntos Internos (AGAI); desafectaron del servicio –según lo dispuesto por Guillermo Berra, el titular de la (AGAI)- al policía que denunció falsamente el robo de su arma, y lo denunciaron ante la fiscalía de turno que decidió detenerlo.

El personaje central de esta historia de poli-ladrón se llama Nahuel Garzo. Es el mismo oficial ya había denunciado el robo de su arma 9mm el año pasado. Esa vez, el sumario interno no reveló nada irregular. Un par de motochorros lo emboscaron y le robaron la mochila. Dentro estaba su Bersa 9mm. Punto. A los pocos días, Garzo volvió a la calle portando un arma flamante.

Pero ahora ese "robo motochorro" fue puesto en duda. Sucede que días atrás su flamante pistola, junto a su chaleco antibalas, terminó de manera voluntaria en manos de un ladrón de casas y comercios de La Plata conocido por el hombre de ley. El "alquiler" de esos dos elementos comenzó a quedar al descubierto cuando el rufián le devolvió el chaleco con dos impactos de bala a la altura del pecho. Sucedió que en la gira delictiva, el malviviente mantuvo un enfrentamiento en el cual recibió varios balazos. Pero el chaleco le salvó la vida. Por esa razón, se lo devolvió con las inconfundibles muescas que antes no estaban.

Para remedar el hecho, el policía declaró –y fue reproducido por los medios- que en las cercanías de la terminal de ómnibus de La Plata, dos hombres – a la altura de las calles 4 y 43-, desde un Chevrolet Corsa sin patente y con vidrios polarizados, le gritaron "¡¡¡HEY…tex!!!" y que cuando se dio vuelta uno de ellos desenfundó un revolver le disparó cuatro balazos.

Por fortuna -siguió contado- el chaleco paró dos veces a la muerte. Eso sí, se excusó, su arma reglamentaria le fue arrebatada por los malvivientes. Todo marchaba sobre ruedas hasta que los pesquisas chequearon, por orden de la fiscalía, las cámaras de seguridad y entrevistaron a comerciantes de la zona. Nadie vio nada. No escucharon detonaciones, y el famoso "corsita" tampoco aparecía en las imágenes. Tampoco el efectivo baleado.

El joven agente de 26 años no tardó en confesar la mentira y el "alquiler" de arma y chaleco a un "amigo" ante las primeras preguntas del interrogatorio al que lo sometió su subcomisario.

En menos de tres días, Nahuel Garzo, que prestaba servicio en la Comisaría Tercera Sur de Dorrego, en el partido de La Matanza, pasó de ser casi un policía héroe que había salvado su vida de milagro, a ser detenido. Su confesión, ya en sede judicial, llevó a la instrucción policial a recuperar el arma reglamentaria que aún estaba en manos del delincuente y también su encarcelamiento.

La juventud e inexperiencia de algunos policías que integran las patrullas comunales colaboran para que, en estos casos de manera involuntaria, las armas pasen a manos de los criminales. Fue durante un "rondín" que estaban realizando cuatro agentes de la policía local de La Plata cuando, según denunciaron, fueron víctimas de un engaño que aún se está investigando. El hecho, sostuvieron, tuvo lugar en la intersección de las calles 12 y 64, en pleno centro comercial de la ciudad capital de la provincia.

Mientras caminaban y controlaban que todo estuviese en orden, los agentes fueron abordados por un hombre de civil, que al bajarse de un auto de alta gama, credencial en mano, se presentó como "comisario". El oficial superior les informó que sus armas, correajes y cargadores, debían ser entregadas provisoriamente ya que así había sido dispuesto desde la conducción de la Comisaria Primera de La Plata. Los numerarios no dudaron sobre la veracidad de la orden, le entregaron mansamente el pequeño arsenal al presunto "comisario" quien subió al auto y se marchó. Al llegar a la repartición, comprendieron que habían sido víctimas del cuento del tío más increíble que sufrió un policía para ser despojado de su armamento.

Los sumarios de Asuntos Internos están poblados de denuncias por supuestas "perdidas" de armas reglamentarias. Un relevamiento realizado en ese organismo de control revela que "en casi el 40% de los casos, las sustracciones o pérdidas se produjeron entre el domicilio de los policías y el vehículo particular, situaciones que remiten a la portación de armas fuera del horario y lugar de trabajo en el marco del estado policial".

Además del caso extremo de la venta o alquiler de la pistola por parte de policías a los criminales, hay situaciones en la que también se visualiza la despreocupación del uniformado por el arma entregada al momento de graduación.

El caso del sargento Javier Marcos Torres, del Cuerpo de Caballería de San Isidro, es un ejemplo.

Según consta en el Sumario Interno, el 5 de octubre de 2017, el efectivo fue a la casa de su amigo, ubicada en la localidad de Quílmes, y "después de haber pasado la noche allí junto a otros compañeros de trabajo y amistades, al día siguiente, al despertarse constató el hurto de su arma reglamentaria Bersa Thunder pro calibre 9mm número 13E44967, la cual había dejado encima de un televisor".

La denuncia, verdadera o falsa, realizada por el sargento derivó en una sanción disciplinaria y en la pérdida del arma ya que amigos, colegas y novias con quienes compartió la velada y el sueño, han asegurado desconocer el destino de la valiosa 9mm.

Un enorme mercado ilegal

Las armas en poder de las bandas mafiosas o delincuentes comunes son un verdadero problema que hasta ahora la política no consiguió resolver. En muchos casos los bandidos están mejor pertrechados que las propias fuerzas del orden, o lo hacen con uniformes, chalecos y pistolas que le roban a sus integrantes.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo en la destrucción de armas

El mercado ilegal de armas de fuego es enorme y la cantidad de estas supera largamente a las declaradas.

Según los últimos datos difundidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) –ex RENAR- en la Argentina hay 1.562.332 armas registradas. Las no declaradas, una buena porción de ellas en manos del delito, no están contabilizadas de manera oficial. Esto es obvio, sin embargo existen estimaciones y trabajos que son una aproximación.

Según estimaciones privadas, el mercado negro de armas de fuego pequeñas rondaría las 3.600.000. Es decir algo más del doble que las registradas. Consultado sobre el tema el ministro Ritondo recordó que entre los años 2016 y 2017 en la provincia de Buenos Aires se destruyeron a través del programa de desarmes, 35.626 armas y que de ese monto "26.278 armas pertenecían al delito".

Las armas ilegales que circulan en manos de los malvivientes en su gran mayoría provienen de los robos a depósitos judiciales o policiales, a los propios agentes de seguridad o a casas particulares.

Al menos hasta el año 2016 solo en la provincia de Buenos Aires, en depósitos judiciales y de La Bonaerense había aproximadamente 90.000 armas. El aumento de robo de este arsenal paralelo que terminaba en manos enemigas alertó a los funcionarios de las áreas para comenzar la destrucción del armamento. "El desarme es un mecanismo de seguridad. Cada arma que sacamos es vida y por eso vamos a destruir todas las armas que estén en depósitos", promete Ritondo ante Infobae.

Como se ve, el tema es mucho más complejo de lo que se lo suele presentar. Detrás de cada robo de arma, de cada asalto a un depósito de armamentos, está la mano del delito que derrama más sangre y lágrimas entre las víctimas inocentes.

A bordo de las lanchas inteligentes con las que el Gobierno busca combatir a los narcos en la frontera

Por Alejo Santander - Infobae.com - asantander@infobae.com

Cómo operan las naves de combate que la Argentina le compró al ejército de Israel.

La noche está cerrada en Misiones. Un grupo de cinco personas, confiadas en que la oscuridad las protege, cargan en silencio un bote en algún punto del río Paraná. A varios kilómetros de ahí la cámara térmica de una de las nuevas lanchas Shaldag, compradas por el Ministerio de Seguridad de la Nación al ejército israelí a fines del año pasado, muestra siluetas que se mueven en rojos y naranjas.

Hasta hace unos meses la escena hubiera resultado impensada, el guión cinematográfico de una película de acción. Sin embargo las nuevas Shaldag "Guaraní" y "Mataco", nacidas como vehículos de combate en Israel y acondicionadas para las tareas de la Prefectura Naval Argentina en la frontera, dos de las cuatro guardacostas adquiridas por 80 millones de dólares, lograron la detención nocturna hace unas semanas.

Fueron 24 los prefectos que viajaron en febrero pasado hasta Israel a instruirse en el manejo y la lógica de los nuevos equipos, los más modernos con los que cuenta la fuerza. Durante 36 días se capacitaron para operar las lanchas, que mano a mano con Infobae, lejos de los grabadores y los ojos de los superiores, describen como naves espaciales. Ahora otros 24 están capacitándose en el extranjero para manejar las dos que restan ser entregadas, una en proceso de construcción y la otra de pruebas.

 

Y es que las nuevas Shaldag no se parecen a ninguna de las embarcaciones con las que los prefectos trabajaron hasta el momento. Los sillones frente a los radares, las pantallas y las palancas con botones, hacen pensar en escenografías futuristas, más que en vehículos de patrullaje para la Hidrovía Paraná Paraguay.

Esta semana la GC 195 "Guaraní" y la GC 196 "Mataco" demostraron sus aptitudes en Posadas, Misiones, en un simulacro en el que interceptaron a una banda narco que intentaba pasar un cargamento por el río a bordo de dos embarcaciones pequeñas, con motor. De la exposición participaron además dos helicópteros y una lancha clase Toro, aunque fueron las novedades israelíes las que se llevaron las miradas.

Las Shaldag tienen 25,5 metros de eslora (largo), 6 de manga (ancho) y 1 de calado (alto). Su desplazamiento es de 58 toneladas y pueden navegar a una velocidad máxima de 48 nudos (90 kilómetros por hora) y una velocidad crucero económica de entre 12 y 20 nudos.

En su interior al centro de la cabina de mando, en elevación, está el asiento del comandante; el corazón de la Shaldag. Desde ahí no sólo se dan las órdenes, sino que a través de distintos comandos el responsable de la embarcación es quien activa el armamento, destraba los mecanismos de disparo y aprueba los movimientos.

La versión argentina de las Shaldag fue modificada respecto de las originales -pensadas para el combate-, para que la tripulación pueda pasar en ellas varios días sin necesidad de desembarcar. Entre las adaptaciones hay una cocina, una ducha y un comedor en el sector de los camarotes, simples y dobles, ubicados en la parte inferior. A partir de las modificaciones realizadas para la Argentina, el modelo fue encargado a Israel por otros países.

Desde una pasarela la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a otros políticos e integrantes de las distintas fuerzas federales, presenciaron la semana pasada la presentación del Plan de Hidrovías, que puertas adentro es visto como una segunda etapa del combate contra el narcotráfico en la zona de la frontera, el lugar por donde ingresa el 90% de la droga al país.

"Lo que hay es un intento de control territorial del narcotráfico", explicó Bullrich, quien habló de que hoy el objetivo es "ir a buscar a quienes trafican la droga". "La idea es sorprenderlos nosotros a ellos", resumió en un intercambio con Infobae, sobre el plan que lleva a que cada vez se invierta más en tecnología y armamento.

La protección de la frontera en el agua

El sector de la Hidrovía está comprendido entre el km 1.240 del Río Paraná hasta el km 124,7 del Río Paraná Guazú, una zona extensa y de características selváticas, que hacen del lugar un escenario ideal para el narcotráfico y el contrabando. A simple vista la magnitud del paisaje es inabarcable. En contrapartida 5 minutos bastan para que en cualquier punto de los más de 1000 kilómetros, un bote vaya de una orilla a la otra sin ser visto.

En mayo pasado Infobae publicó registros de cómo operaban los "contrabandistas hormiga" en la zona. Un equipo gráfico del medio logró tomar fotos desde la costa y capturar desde el aire mediante un drone, un bote con siete adolescentes, llevando once bultos envueltos en plástico azul, desde Los Cedrales, en Paraguay, hasta Puerto Iguazú, en Argentina.

Al advertir los tripulantes de la embarcación que estaban siendo filmados, comenzaron a disparar con armas cortas y largas contra el drone, en un intento por derribarlo. Cruzar el río no sólo significa atravesar una línea imaginaria: en Argentina los cigarrillos pagan 70% de impuestos y en Paraguay sólo el 15%, de un lado 1 kilo de cocaína vale 40 mil pesos y del otro, al llegar a Buenos Aires, 160 mil.

El contrabando hormiga es el traspaso de mercancía a baja escala, en pequeñas entregas, normalmente a través de "paseros" que por los bajos precios de los productos en Paraguay, encuentran el negocio en pasar varias veces al día y por unos pocos pesos los cruces fronterizos, llevando en bolsas de consorcio mercadería que depositan del lado argentino.

Para los envíos de mayor riesgo se utilizan botes o lanchas. Sin embargo que lo hagan en pocas cantidades, sobre todo en el caso del narcotráfico, no se traduce necesariamente en estructuras de delito menores, es común que esas cargas vayan a parar a centros de acopio y terminen llenando camiones.

Lograr cruzar es hacer que suba el precio. La droga pasa a valer cuatro veces más del otro lado del río y el riesgo son apenas los pocos minutos que lleve llegar  la otra orilla. Las Shaldag se volvieron una apuesta en la frontera. Artilladas, capaces de interceptar y de actuar con rapidez, de camuflarse, de rastrear de noche, habrá que ver si son suficiente para desalentar a las bandas narco que operan en la zona más caliente del país.

Drone y video: Thomas Khazki