Nombran al Director de Empresas del Ministerio de Defensa

(El Intransigente) - Así lo decidió el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. El cargo es de carácter transitorio.

Designaron, a partir del 14 de marzo de 2018, con carácter transitorio por el término de 180 días hábiles, al licenciado Aureliano Da Ponte como Director de Empresas. Así lo decidió el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Es dependiente de la Subsecretaría de Investigación Científica y Política Industrial para la Defensa, del Ministerio de Defensa y tendrá el Nivel A – Grado 0, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP. 

Es Licenciado en Relaciones Internacionales, Mg. Estrategia y Geopolítica, Mg Defensa Nacional y maestrando en Ciencia Política (UTDT). Profesor Titular de Política Internacional Contemporánea (Ciencias Políticas) y Profesor Adjunto de Historia de las RRII (RRII) (USAL);Profesor e investigador de la Escuela Superior de Guerra; Investigador acreditado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense (INEST/UFF-Brasil).

Se ha desempeñado en diversas áreas del Ministerio de Defensa desde 2006. Fue Director de Política Industrial, Dirección Nacional de Planificación y Política Industrial, Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa. 

Además fue integrante de la delegación Argentina del Grupo de Trabajo de la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE) y coordinador académico del Curso Suramericano de Formación en Defensa, Consejo de Defensa Suramericano (CDS), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Se desempeñó como Docente-Evaluador de los trabajos finales del Primer Curso Suramericano de Formación en Defensa, Consejo de Defensa Suramericano (CDS), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). También fue asesor de la Subsecretaría de Formación y asesor de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. 

Por decreto, el Presidente Macri oficializó el plan de retiros voluntarios en el Estado

(Clarin.com) - Contempla un monto de seis sueldos y hasta 24 más en cuotas para quienes tengan 10 años de antigüedad.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri oficializó hoy el plan de retiros voluntarios para achicar la planta del Estado en el Poder Ejecutivo, ministerios y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social como el PAMI, ANSES, AFIP, Senasa, INTA e INTI, entre otros.

El régimen de retiros voluntarios para el personal de toda la Administración Nacional contempla hasta 6 sueldos al momento del retiro y hasta 24 cuotas mensuales posteriores para quienes tengan más de 10 años de antigüedad, todas equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social.

De cerca de 208.000 agentes públicos, se estima que podrían acogerse al retiro unos 80.000, y podrían sumarse entre 3000 y 5000 empleados públicos.

Las condiciones de los empleados para acogerse al retiro voluntario serán: tener 65 años o más y no contar con años de servicio suficientes para jubilarse; tener entre 60 y 65 años, o hasta 60 años con dos o más años de antigüedad en las jurisdicciones previstas.

Quedan excluidos del plan los efectivos de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad, los miembros de la AFI, docentes, profesionales de la salud o del Servicio Exterior y científicos. También aquellos procesados por delitos en perjuicio de la administración o o quienes estén sometidos a sumario administrativo que pudiera derivar en una cesantía.

El Gobierno remató terrenos del Estado por US$442 millones en dos años

Por Esteban Lafuente  - La Nación

Departamentos que alojaron a los servicios de inteligencia, hectáreas de campo del Ejército, terrenos ferroviarios y baldíos donde funcionaban canchas de fútbol 5 o estacionamientos. Son algunos de los inmuebles estatales que forman parte del listado de bienes subastados por el Gobierno en los últimos dos años, y por los que el fisco recaudó más de US$442 millones.

Los fondos surgen de subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete que se encarga de inventariar y poner a la venta terrenos o inmuebles considerados prescindibles, en un calendario que continuará este año.

Con US$180,7 millones, la venta de terrenos ferroviarios en Catalinas Norte, en Retiro, fue la principal fuente de ingresos. El año pasado, se vendieron cuatro parcelas de este espacio de 91337 metros cuadrados delimitado por las avenidas Madero, Córdoba, Antártida Argentina y San Martín, y sus compradores fueron Consultatio, de Eduardo Costantini -pagó US$ 140,3 millones por tres parcelas- y TGLT, que compró la restante por US$40,7 millones.

Costantini fue protagonista en otra subasta de la AABE. El creador de Nordelta compró por US$20 millones un terreno en Monserrat, frente a Puerto Madero, que pertenecía a Aysa.

Las ventas de la AABE en los últimos dos años se concentraron en terrenos ubicados en su mayoría en Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires, la AABE subastó tres predios en La Matanza, Vicente López y Lobos, por los que recaudó US$639.000.

La única concretada en Córdoba, mientras tanto, resultó la segunda entre las de mayor volumen. Se trata de la venta de campos en la localidad de Unión, que pertenecían al Ejército Argentino, y por la cual se recaudaron US$80 millones. La subasta de las parcelas en las que se subdividió el Establecimiento General Paz, ubicado en el sudeste provincial se concretó en dos instancias -9 de noviembre y 13 de diciembre- en la Sociedad Rural de Bell Ville.

La venta de terrenos estatales es una política impulsada por el Gobierno para financiar gastos. Es resistida por algunos sectores de la oposición y agrupaciones vecinales que ven allí un avance de negocios privados sobre espacios públicos. "Entendemos que es una crítica válida. Existe la discusión y me animo a darla", dijo a LA NACION Ramón Lanús, titular de la AABE. "Desde nuestro punto de vista, no estamos reventando activos. Estamos cambiando y transformando bienes por otros de diferente tipo", añadió el funcionario. Desde su perspectiva, la venta de estos terrenos permite el desarrollo de actividades económicas (construcción, desarrollo inmobiliario) en espacios que en muchos casos estaban abandonados, desocupados o sin edificar.

Según la normativa que creó el organismo -decreto 1382/2012, modificado por la ley 27.341-, el 70% de los fondos recaudados por la subasta de cada inmueble se destina a la jurisdicción bajo cuya órbita estaban los bienes vendidos, mientras que el 30% restante corresponde al Tesoro.

Casos como los terrenos de Catalinas Norte, a su vez, reciben un régimen especial. La venta de este espacio recibió el aval de la Legislatura porteña, y sus fondos son utilizados para financiar en parte el Paseo del Bajo, un corredor vial que conecte las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata.

Las subastas continuarán sin pausa en 2018. El listado de pendientes comienza el 5 de abril, con la parcela 2 de Catalinas Norte, un espacio de 3953 metros cuadrados que se venderá a un piso de US$23 millones, y se completará el 25 de ese mes con el remate de la parcela 3, que tiene 3188 metros cuadrados y por el que la AABE pide al menos US$ 25 millones.

El 19 de abril, además, se liquidará un terreno de 2103 metros cuadrados lindero a las vías del ferrocarril San Martín en Palermo. El espacio, ubicado sobre la avenida Santa Fe a metros de Juan B. Justo, alberga actualmente un estacionamiento, y fue tasado en US$14,5 millones. Ese mismo día, la AABE también buscará recaudar otros US$20 millones por un predio de 3471 metros cuadrados que pertenece al Ejército en Cañitas.

Más adelante, el organismo programará la venta de otros espacios que fueron dispuestos para su enajenación en la decisión administrativa 249/2018, firmada por el jefe de Gabinete Marcos Peña. Ese listado incluye un predio en Neuquén donde funciona el Complejo Penitenciario de Senillosa, tres departamentos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Capital Federal y terrenos del Ejército en Mendoza.

Frigerio nombró cuatro secretarías destinadas a la obra pública

LPO - Macri firmó el decreto que confirmó la nueva estructura del ministerio del Interior. Quiénes son los funcionarios.

El Gobierno oficializó este viernes los cuatro secretarios que nombró Rogelio Frigerio para sostener la obra pública, luego de los cambios que ordenó el ministro en el organigrama de Interior.

De esta manera, quedaron confirmados los secretarios de Infraestructura y Política Hídrica, Vivienda, Infraestructura Urbana y de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública. Como secretario de Coordinación quedó Carlos Padín, un hombre de máxima confianza de Frigerio. En tanto que Domingo Amaya, que estaba a cargo de la ex secretaria de Hábitat y Vivienda, quedó como subsecretario de Interior. De las 14 subsecretarías que había antes del cambio de organigrama quedaron cuatro y se eliminaron las secretarías de Obras Públicas y de Asuntos Municipales.

La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que encabeza Pablo Bereciartúa, se ocupará de la elaboración, propuesta y ejecución de la política hídrica nacional, incluyendo la obra pública de infraestructura hidráulica y de saneamiento, supervisando su cumplimiento y coordinando los planes y programas a nivel internacional, nacional, interjurisdiccional, provincial y municipal, que correspondan a la jurisdicción. A su vez, se encarga de proponer el marco regulatorio relativo al manejo de los recursos hídricos. Entre sus funciones también se destaca supervisar, coordinar y ejercer el contralor del accionar de los siguientes organismos: el Instituto Nacional del Agua (Ina), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (Eras), la Agencia de Planificación (Apla) y El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

También ejerce como facultad de autoridad de aplicación del contrato de concesión de Agua Y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), coordina las actividades inherentes al Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo y entiende en lo atinente al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

La Secretaría de Vivienda, a cargo de Iván Kerr, se encargará del diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y en las políticas de obras de infraestructura habitacional y su financiamiento. También entiende en los asuntos referentes al programa PRO.CRE.AR, en el marco del Plan Nacional de Vivienda, y promueve en políticas públicas de ordenamiento territorial, acceso al suelo, como así también a la regularización dominical, en el marco de su competencia.

Foto: Klemenziewicz, Amaya y Kerr.

La Secretaría se encarga de promover el desarrollo de técnicas y sistemas de construcción de viviendas y obras de infraestructura básica para el desarrollo de los asentamientos habitacionales. A su vez, ejerce como autoridad de aplicación de la normativa que regula el ejercicio y la ejecución de los programas y de las actividades de su competencia, y en particular los que hacen al cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de la Vivienda y de los asuntos referentes al Consejo Nacional de la Vivienda. También desarrolla acciones tendientes a la identificación de inmuebles de dominio del Estado Nacional que puedan ser afectados a las políticas y programas desarrollados por el área. Asimismo, promueve la obtención e inversión de recursos en el campo de la vivienda, a través de los fondos fiduciarios u otras alternativas de financiamiento nacional o internacional.

La Secretaría de Infraestructura Urbana, que encabeza Mariana Klemensewicz, se encargará de promover a nivel nacional el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos compactos, inclusivos, sustentables y resilientes, mediante el diseño y ejecución de políticas y programas nacionales de infraestructura y servicios urbanos. También entre sus competencias se destacan el diseño, la implementación y monitoreo de proyectos integrales que promuevan la integración y la reconsolidación del tejido urbano, mejorando la conectividad, el acceso a los servicios básicos, al espacio público y a la ciudad, participando asimismo en los aspectos relativos a su financiamiento.

También se encarga del diseño, implementación y monitoreo de proyectos de infraestructura y servicios urbanos orientados a abordar el déficit habitacional cualitativo. A su vez, ejerce y coordina la representación de la República Argentina ante los organismos y entidades internacionales, en el área de su competencia. Manejará el presupuesto de obras del "Plan de Hábitat" y absorbió una parte de las obras que dependían de la vieja subsecretaría de Obra Pública que maneja Jorge Sábato.

La Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, de Fernando Álvarez de Celis, tendrá por objetivo asistir al Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda en la formulación de políticas de desarrollo y ordenamiento territorial y entender en el diseño de planes y programas de inversión pública en el ámbito de su competencia. También se encarga de elaborar, junto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los organismos nacionales y provinciales que correspondan, los documentos técnicos necesarios para implementar y difundir las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, obras e impactos de la inversión pública.

Además, entiende en la realización de proyectos de conservación, preservación, mantenimiento, construcción y reciclaje, tanto edilicios, como de infraestructura, y espacio público y entiende en la elaboración y ejecución del Plan de Construcción de Obras Penitenciarias que se encarga de la readecuación de instalaciones y ampliación de los establecimientos carcelarios y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal. A su vez, tiene competencias en el relevamiento de la infraestructura y en el diagnóstico de las necesidades de construcción de los establecimientos carcelarios con la asistencia de las unidades competentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por otro lado, el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Ricardo Delgado, también manejará la ejecución de las obras de pavimento en municipios, y la ejecución de hospitales y escuelas.

Bullrich desactiva su partido para ser parte de Cambiemos

Por Jaime Rosemberg - Clarin.com

Hoy disolverá formalmente Unión por Todos, la fuerza con la que en 2003 disputó la jefatura porteña contra el propio Macri.

No lo lograron ni el peronismo que la impulsó a sus primeros cargos, ni Fernando de la Rúa que la hizo ministra, ni Elisa Carrió que la consideró su mano derecha durante varios años.

Luego de más de cuatro décadas de actividad política, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , decidió atar su suerte política a la de Mauricio Macri, en un desprendimiento tan sorpresivo como inusual: hoy disolverá formalmente el partido Unión por Todos, que fundó hace más de veinte años, para pasar a formar parte de Pro de manera oficial.

"No tiene sentido que ella siga con sello propio, que apunta al mismo electorado", lo explican con simpleza desde el partido del Presidente, que hoy encabezan el senador misionero Humberto Schiavoni y el legislador porteño Francisco Quintana.

El propio mandatario habría sido, según fuentes macristas y cercanas a la ministra, quien le pidió a su funcionaria y dirigente de confianza que diera el paso para "emprolijar" el tablero político en la coalición Cambiemos. "En una etapa de recomposición del sistema político, es importante fusionar esfuerzos y dejar de estar atomizados", dice a LA NACION la ministra con firmeza, pero también con algo de nostalgia anticipada.

El lunes pasado le confirmó la decisión a los miembros de su partido (que desde hace un año cambió su nombre por el de Unión por la Libertad por un reclamo de un partido homónimo de Córdoba). "A algunos les gustará más que a otros, pero la decisión está tomada", afirmó Bullrich.

Hoy junto con el debate de otros temas vinculados con lo electoral, el Consejo Nacional de Pro aprobará formalmente la fusión de ambos padrones, aunque en la práctica esto significará la desaparición del partido con el que Bullrich fue, por ejemplo, candidata a jefa de gobierno de la ciudad en 2003, en aquel momento en alianza con Ricardo López Murphy y en contra del propio Macri.

"Siempre nos dejaba en claro que ella a su partido no lo iba a dejar", comentó a LA NACION un excompañero de ruta de la Coalición Cívica en aquel 2007 donde Bullrich se había convertido en imprescindible para Carrió, a quien poco más tarde abandonaría para acercarse de manera paulatina a Pro.

Desde el partido de Bullrich explicaban que la decisión "resolverá algunos problemas que se planteaban en las provincias, donde las pertenencias partidarias son fuertes y generan rispideces. Acá en Capital y provincia es más sencillo acordar", afirman desde el partido a punto de fenecer.

Reconocido en cinco distritos (Capital, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén y Entre Ríos), UPL mantenía una cantidad de afiliados modesta: según datos del Ministerio del Interior, tiene registrados 7180 afiliados bonaerenses y 4242 porteños, sus dos principales bastiones.

Desde el Gobierno hablan por lo bajo de una "contraprestación" que compense el sacrificio: un asiento con capacidad de decisión en Pro nacional para la ministra, y en Pro porteño para uno de sus lugartenientes, Juan Pablo Arenaza, quien es actualmente funcionario en la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno avanza con una segunda tanda de recortes en el Estado para eliminar 974 cargos (II)

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

La Jefatura de Gabinete emitirá una resolución administrativa para reducir direcciones, subdirecciones y áreas de coordinación; es la continuidad del Decreto 174 que recortó secretarías en los ministerios.

Dos días después del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri para hacer una reducción en la línea jerárquica de todos los ministerios, la Jefatura de Gabinete emitirá en las próximas horas una resolución administrativa interna para avanzar con la segunda ola de recortes de la denominada "reingeniería organizacional" del Estado. En la práctica esto implicará la eliminación de 974 cargos.

Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, la nueva poda de cargos en los ministerios será para directores generales, nacionales, subdirectores, coordinadores y cargos extraescalafonarios. Es decir, aquellos puestos políticos que hoy ocupan funciones de directores o subdirectores y cobran lo mismo que ellos pero que no están nombrados formalmente con ese cargo.

Por ahora, la decisión administrativa contemplará un ajuste en las secretarías y subsecretarías de todos los ministerios. En total, se prevé una eliminación de 974 cargos. En la práctica, algunos de los directores o coordinadores pasarán a ocupar otras áreas o eventualmente serán expulsados del Estado.

"La intención del Presidente es dar una muestra de austeridad de arriba hacia abajo. Por ello se empezó con los cargos de secretarios y subsecretarios con el Decreto 174 y ahora se seguirá este recorte hacia abajo", explicó un funcionario de la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, el Gobierno seguirá con el plan de "dar muestras de austeridad", como repiten varios funcionarios en la Casa Rosada. En el Decreto 174 que salió ayer en el Boletín Oficial y que Infobae anticipó en exclusiva el domingo pasado el Gobierno oficializó el reordenamiento que apunta a cumplir con una de las grandes metas lanzadas por el Presidente.

El componente de recorte de cargos en los ministerios dentro del plan fue diseñado por los coordinadores del gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

La aprobación del nuevo organigrama se da en el marco de las reformas anunciadas en enero cuando Macri dijo que iba a ahorrar $1.500 millones por año al Estado con la poda de unos 1.000 puestos políticos, que representan cerca del 25% del total. En algunos casos los recortes en determinados ministerios llegarán al 28% y el 30%.

En adelante, con el Decreto 174 quedarán 95 secretarías, 127 subsecretarías, 21 unidades de coordinación general en los 21 ministerios, incluyendo la Jefatura de Gabinete.

La denominada “reingeniería organizacional” del Gobierno contempló por ahora a secretarías y subsecretarías. El decreto reglamentario sostiene que no podrá haber más de cinco líneas jerárquicas por ministerio. Hasta hoy el máximo era de seis. Hasta ayer había ministerios en los que el organigrama por debajo de un ministro se extendía hasta llegar a 10 secretarios y subsecretarios respectivamente.

Con la resolución administrativa interna que emitirá la Jefatura de Gabinete en estos días se terminará de reducir la plantilla del Estado y el organigrama del Gobierno evaluado en la famosa “raviolera” quedará sustancialmente reducido.

Fuentes calificadas de la Jefatura de Gabinete dijeron a Infobae que el Presidente y su equipo evaluarán en lo sucesivo un recorte de similares características en los entes autárquicos. Si bien ya hubo reducciones en alguno de ellos, como el Banco Nación, en el Gobierno se encuentran estudiando cada caso para hacer un ajuste de acuerdo a las necesidades de cada ente autárquico.

“No es lo mismo hacer un ajuste en el Banco Nación que en Aerolíneas Argentinas o la AFIP”, dijo una de las fuentes consultadas. Es decir que no habrá un decreto reglamentario o una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete generalizada para los entes autárquicos como sí la hubo para la poda que se instrumentó en todos los ministerios.

La intención de Macri es que este ajuste del Estado se repita en el resto de los estamentos del Estado y en las provincias. La idea es que tanto el Poder Judicial como el Congreso y los gobernadores imiten este esquema de austeridad que quiere bajar la Casa Rosada en medio de un año de achique feroz del déficit fiscal.

El Gobierno rescindió el contrato por la polémica usina de Río Turbio

Por Lucía Salinas - Clarin.com
La gestión Macri decidió ponerle fin al contrato investigado por sobreprecios e irregularidades.

Usina de Río Turbio, la promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto Maxi Failla.

La Usina Térmica de Río Turbio, considerada en la Justicia como un “emblema de la corrupción”, cumplió dos años detenida y el Gobierno de Mauricio Macri decidió ponerle fin al contrato investigado por sobreprecios e irregularidades administrativas.

La Resolución 144/2018 del Ministerio de Energía rescindió la obra a cargo de la firma Isolux Corsán. La misma debía generar 240 megavatios que se inyectarían al interconectado nacional. La construcción nunca finalizó y la empresa española entró en concurso preventivo en su país.

Con la rescisión del contrato del Estado con Isolux Corsán se cierra un ciclo. Isolux fue una constructora que ganó millonarios contratos durante la anterior gestión. Dentro de las obras, una de las más controvertidas fue la usina a carbón de Río Turbio. Las irregularidades que rodean a la misma son parte de la causa en la que Julio De Vido fue procesado por administración fraudulenta y por la que se encuentra detenido.

Antes de retirarse del ministerio de Planificación Federal, De Vido solicitó que se realice un estudio de factibilidad para que la usina funcione de manera dual, incorporando una red de gas para el encendido de las calderas y casos de emergencia. Esto representaba una erogación de $ 3.950 millones final, que incluía la reconversión de las calderas fabricadas para funcionar solo a carbón. Además iba a generar una demanda gasífera elevada, en medio de un momento energético complicado.

El actual gobierno decidió que las dos calderas operen únicamente a carbón, exigiendo que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) produzca 112.320 toneladas mensuales para alimentar la usina. Ahora quedarían pendientes unos $ 1.000 millones para concluir la puesta en marcha de la termoeléctrica. Hoy YCRT está en pleno conflicto por un plan de reducción de gastos y no está produciendo.

La obra emplazada a metros de la mina de carbón estatal Yacimientos Carboniferos ( YCRT ) actualmente sin trabajar. Foto. Maxi Failla

Con la obra detenida desde que el kirchnerismo dejó la Casa Rosada, la Resolución 144/2018 del ministerio que conduce Juan José Aranguren, señala que la usina se encuentra "inconclusa y requiere de no menos de 24 meses para su terminación, con un avance físico del 85 % de la obra principal". Se señaló que aún "sin avance alguno de algunas variantes aprobadas y los trabajos interrumpidos desde marzo de 2017", se tomó la decisión de rescindir el contrato.

El Ministerio de Energía remarcó en la resolución que Isolux "no ha cumplido con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras conforme a los pliegos licitatorios y las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes, por lo que algunos equipos presentan daños y deterioros".

Este proyecto fue una de las grandes promesas energéticas de Cristina Kirchner, que sólo logró inaugurar una caldera en plena campaña, que el 30 de noviembre Isolux decidió apagar por la falta de carbón para generar los 120 MW. El desafío que queda por delante es que YCRT genere por mes más de 100.000, una cantidad a la que durante los últimos años nunca se llegó. Según la denuncia contra De Vido, la producción de carbón durante el kirchnerismo cayó en un 84%. Sus niveles de extracción volvieron a los que tenía en 1953.

El Gobierno esperó durante meses que Isolux Corsán -que entró en concurso de acreedores en España donde tiene su casa matriz- defina la situación en su sede en Argentina, la cual no se normalizó y generó que la obra lleve dos años sin avance. "Como consecuencia del vencimiento de los plazos, la Contratista ha perdido las garantías de los fabricantes de los principales equipos de la obra (calderas, turbinas, generadores, bombas de alta presión de alimentación de agua de calderas, condensadores y transformadores)", indica la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

Con el contrato rescindido, el Gobierno tomará posesión de la obra, así como la "elaboración del inventario, con citación de los representantes legal y técnico del Contratista, bajo apercibimiento de hacerlo sin su presencia". Analiza además "los daños y perjuicios ocasionados al Estado" que podría derivar en una denuncia. 

La usina está bajo investigación por sobreprecio y está siendo peritada. Según el informe oficial, su valor inicial era de 957 millones de dólares, pero las once variaciones de costos con impuestos incluidos “incrementaron el 90,28 % el contrato original”. Según la SIGEN, el monto de la usina de 240 MW a la fecha es de 1.726 millones de dólares, suma que “triplica el costo internacional promedio que se estima en 2,4 millones de dólares por MW”.

No es el único contrato que pierde Isolux. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le quitó la obra del Bajo porteño y Vialidad Nacional dio de baja la adjudicación de una ruta en Chubut.

Trump consideró "grandioso" a Xi Jinping por haber logrado habilitar reelección indefinida

(Ambito.com) - El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró "grandioso" a su homólogo de China, Xi Jinping, por haber logrado habilitar su reelección indefinida, un sistema que "quizá" pruebe Estados Unidos "algún día".

El presidente Donald Trump y el mandatario Chino Xi Xinping.

"Ahora (Xi) es presidente de por vida. Presidente de por vida. No, es grandioso", dijo Trump en declaraciones a puertas cerradas reveladas por la cadena estadounidense CNN. "Él fue capaz de hacer eso. Creo que es genial. Quizá nosotros lo probemos algún día", agregó el jefe de la Casa Blanca.

Trump se refirió así al líder chino durante una conversación en el salón de baile en su propiedad de Mar-a-Lago, en el estado sureño de Florida, durante una reunión para recaudar fondos para su candidatura a la reelección en 2020. Con la recepción denominada "Trump Victory", que servía además para recaudar fondos para el Comité Nacional Republicano, el mandatario pretende afianzar su plataforma de cara a 2020 con un esquema de recaudación del que careció en su anterior campaña a la presidencia.

Según publicó el medio digital Politico, Trump aseguró a varios amigos que quiere conseguir una gran cantidad de dinero en los próximos meses y, para ello, lanza esta campaña con grandes donantes similar a la liderada en el pasado por el ex presidente George W. Bush, que buscaba premiarlos con eventos especiales de acceso exclusivo.

El domingo pasado, China anunció que eliminará la restricción constitucional sobre la duración y la cantidad de los mandatos del presidente y vicepresidente del país, lo que le allana el camino para que Xi Jinping acceda a un tercer mandato y gobierne más allá de 2023.

En un breve comunicado, el Comité Central del Partido Comunista (PCCh) chino propuso eliminar la frase que dice que el presidente y el vice "no sirvan más de dos mandatos consecutivos" de la Constitución, cambiando la actual que los limita a un máximo de dos períodos de cinco años. 

Xi, de 64 años y presidente desde 2013, fue reelecto como secretario general del partido en octubre pasado y se espera que la legislatura le otorgue un segundo mandato durante la sesión plenaria anual que comienza el próximo lunes.

El Gobierno avanza con un recorte de hasta un 30% de cargos y la reestructuración de ministerios

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Mañana se publicará en el Boletín Oficial el decreto reglamentario de la nueva estructura estatal que contempla recortes y nuevos requisitos en la función pública

Mauricio Macri y Marcos Peña durante la conferencia de prensa en el retiro en Chapadmalal (Christian Heit)

Será la puesta en práctica de la denominada "reingeniería organizacional" del Gobierno o la cristalización plena del anuncio que hiciera Mauricio Macri en enero pasado de reducción de estructuras del Estado. A partir de mañana se pondrá en marcha un fuerte recorte de hasta un 30% en todos los ministerios y se alistará un nuevo esquema de organización acotada de la función pública.

Según revelaron a Infobae cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada, el decreto reglamentario del DNU que impuso Macri para avanzar con el plan de recortes se publicará mañana en el Boletín Oficial y a partir de allí cada ministerio estará obligado a avanzar con la poda de cargos y estructuras de subsecretarios para arriba. Hacia abajo, en muchos ministerios ya se empezaron a ejecutar recortes y reacomodamientos de cargos. Pero este decreto viene a imponer el verdadero recorte en las capas jerárquicas.

Tanto el Presidente como la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica le dieron el visto bueno al decreto reglamentario y así se avanzará en una fuerte reestructuración del Estado que contempla aquel "mensaje de austeridad" que quiere dar Macri hacia la sociedad. "En línea con los objetivos de Gobierno, estamos planteando una distribución equitativa de los recursos, en el que estén claras las responsabilidades de cada uno, para usar mejor los recursos que tenemos", dijo a Infobae un ministro que llevó adelante toda esta tarea de "ingeniería organizacional".

Desde diciembre pasado hasta ahora cada ministerio elevó al Ministerio de Modernización y a la Jefatura de Gabinete los acomodamientos y recortes previstos. Con esa información en mano se elaboró el decreto reglamentario que se publicará mañana en el Boletín Oficial.

Entre otras cosas, se contempla una reducción de entre un 25% y un 28% de cargos políticos (secretarios, subsecretarios, directores generales y coordinadores). Esto equivale a, aproximadamente, 1000 cargos y un ahorro previsto por un total de 1.500 millones de pesos.

En el relevamiento que hizo Infobae, varios ministerios consultados alertaron que el ajuste de cargos podría llegar hasta un 30%. A la vez, en el nuevo organigrama o "raviolera de cargos" -como se conoce al organigrama del Estado, donde cada dependencia oficial es un "raviol"-, el decreto reglamentario sostiene que no podrá haber más de 5 líneas jerárquicas por ministerio. Hasta hoy el máximo era de 6. No obstante, había ministerios en los que el organigrama por debajo de un ministro se extendía hasta llegar a 10 secretarios y subsecretarios respectivamente.

A partir de ahora, cada línea jerárquica deberá tener como mínimo dos cargos bajo su órbita. A la vez, se eliminarán los cargos extraescalafonarios. "Lo que se busca con este nuevo organigrama de un Estado moderno es que haya mayores controles y agilización de trámites o decisiones dentro del Gobierno", explicó uno de los funcionarios abocados a la redacción del decreto reglamentario.

En este recorte de cargos también se prevé en paralelo un recorte también de entre un 25 y un 30% de la masa salarial. 

Según dijeron en Jefatura de Gabinete, se crearán además las "Unidades de Proyectos Especiales". Se trata de estructuras transitorias para gestionar proyectos o programa temporales como, por ejemplo, la realización de la cumbre del G20 en Argentina. Estos proyectos tienen fecha de inicio y finalización. Será de dos años como máximo, prorrogables por autorización de Ley de Presupuesto.

Para poner en marcha todo este mecanismo de "reingeniería organizacional", el Gobierno armó un equipo de coordinación monitoreado por los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. También intervino el ministro de Modernización Andrés Ibarra y el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la puntada final con el visto bueno de Macri.

En el Gobierno lanzarán en los próximos días un mensaje para ratificar este "modelo de austeridad" e invitarán a los otros poderes del Estado y a las administraciones provinciales y municipales a acompañar este camino. "Debemos diseñar reformas que avancen en esta misma dirección, con el objetivo de seguir mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia en la política", dijo un funcionario allegado a Macri.

Por el momento, el decreto reglamentario de la reforma administrativa que anunció Macri en enero pasado no contempla un recorte o redefinición organizacional en los entes autárquicos. No obstante, desde la Casa Rosada dijeron que ese será el próximo paso y que ya se está armando una "gran planilla Excel" para echar mano sobre esos entes autárquicos. Es que en el Gobierno creen que allí también hay una sobreabundancia de cargos, superposición de tareas y presupuestos abultados que deberán ajustarse a la nueva ola amarilla de austeridad.

Campo de Mayo: además del parque nacional, crearán un polo logístico (II)

Por Daniel Santoro - Clarin.com
El Gobierno afirmó que se mantendrán los edificios de la guarnición militar y se preservarán los espacios por la memoria de la represión ilegal.

Foto de Campo de Mayo. Tiene unos 3.800 hectáreas.

El Gobierno, además de crear un parque nacional o una reserva natural en Campo de Mayo, construirá un “polo logístico” para facilitar la desconsolidación de la carga que miles de camiones y trenes traen a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires. Aunque recién la semana que viene se constituirá una mesa de trabajo con representantes del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de los municipios de Tigre, San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham, desde el gobierno se aclaró que estos dos proyectos "no tocarán los edificios de las guarniciones militares existentes, ni las áreas de memoria donde funcionaban campos de concentración durante la dictadura".

Apenas se conoció el anuncio del presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativa el jueves, organismos de derechos humanos y sectores de militares retirados habían manifestado su preocupación por los alcances del que será uno de los parques nacionales urbanos más grandes del mundo. El Central Park de Nueva York, por ejemplo, tiene 370 hectáreas y Campo de Mayo dispone de 3.800 hectáreas. El parque para preservar la fauna y la flora pampeana “tendrá entre la mitad y las tres cuartas partes de esos 3.800 hectáreas”. Además, de los edificios militares se “dejará un sector para entrenamiento de los militares”, comentaron las altas fuentes de Defensa.

Macri dijo que el parque nacional será “importante” pero no dijo cuántas hectáreas tendrá. Se sabe que el “polo logístico” necesitará entre 200 y 300. Ayer desde sectores oficiales se habló de 8 mil hectáreas. Pero el Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABE), Ramón Lanús, dijo que “por escrituras y planos son 3.800 hectáreas”. El error quizás se debió a que alguien sumó las superficies del CEASME. En el megadecreto de Macri de enero paso Campo de Mayo había pasado a jurisdicción del ABE. Cada hectárea cuesta aproximadamente unos dos millones de dólares.

Consultado por Clarín, Lanús precisó que la mesa de trabajo que definirá las características finales del proyecto estará integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Transporte y Medio Ambiente. Consultado Lanús sobre si había recibido “presiones inmobiliarias” para rematar Campo de Mayo y construir countries, tal como afirmó la diputada Elisa Carrió, Lanús contestó que “el único proyecto que analizamos es el del polo logístico”. Precisó que aún no se sabe si será del estado, privado o mixto. Carrió afirmó que esas “presiones inmobiliarias” fueron unos de los motivos del pase a retiro del ex jefe del Ejército, general Diego Suñer. Voceros de Defensa afirmaron que “lo único que se viene analizando desde hace tres meses es el polo logístico, pero nada de un proyecto urbanístico”.

La guarnición militar de Campo de Mayo tiene una superficie total de 3.800 hectáreas y está situado a 30 kilómetros de la Capital en los límites de los partidos de Tigre, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero y Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.

Actualmente funcionan allí el Comando de Institutos Militares y las Escuelas de las armas de Caballería; de Infantería; de Comunicaciones; de Artillería, entre otros organismos castrenses. El área fue creada en 1901 por el entonces presidente Julio A. Roca. También funciona la prisión militar donde cumplen condena los militares juzgados por violaciones a los derechos humanos. En los años ochenta la escuela de infantería fue el centro del levantamiento carapintada que lideró Aldo Rico.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, aclaró que “las áreas que tengan que ver con la memoria, la verdad y la justicia no serán tocadas y su preservación quedará asegurada", en declaraciones a FM Delta. Organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, había rechazado ayer el proyecto.

"Es un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir, cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente", señalaron en un comunicado conjunto esas organizaciones de derechos humanos. Los organismos también expresaron que la iniciativa se contrapone con lo establecido por la ley de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado que tiene como objeto la preservación de estos espacios".

Bergman anticipó además que de las “8.000 hectáreas que posee el área de Campo de Mayo, se prevé que “entre 3.000 y 4.000 sean destinadas al establecimiento del Parque Nacional". “Trabajamos con una nueva concepción, la de duplicar el área de zonas naturales protegidas. Estamos avanzando en la provincia de Buenos Aires con la reserva Otamendi (Campana) y el Parque Pereyra Iraola (La Plata). Queremos que la población de las grandes ciudades tenga acceso a zonas limpias, donde también se ofrezcan actividades recreativas y educativas", apuntó el funcionario.

"Uno de nuestros compromisos con la provincia de Buenos Aires es que el proyecto llegue al Congreso este año, y quizás se termine de definir en 2019", adelantó Bergman, al tiempo que aclaró que la superficie final "se trata de una discusión que recién se abre".

Sobre este punto, voceros de la Administración de Parques Nacionales (APN) celebran la decisión pero llamaron a "ser cautos" sobre las características que tendría la nueva área reservada de Campo de Mayo. "Estamos trabajando en la construcción de consensos en mesas de diálogo para definir los detalles. Aún no sabemos si se tratará de una reserva natural o un parque nacional".

Según confirmó la cartera de Ambiente a esta agencia, se está trabajando para crear este año cinco nuevas áreas protegidas terrestres y otras dos áreas marinas. En total serían 343.000 hectáreas las nuevas áreas terrestres protegidas y 100.000 kilómetros la superficie de los ecosistemas marinos que, aunque son cifras estimativas ya que resta definir la dimensiones, significaría aumenta poco más del 2 por ciento las áreas preservadas del país. Actualmente, Argentina cuenta con 46 áreas protegidas -34 parques nacionales, tres parques interjurisdiccionales y nueve reservas y monumentos naturales- que suman 4.441.808 hectáreas y representan el 1,7 por ciento del territorio nacional.

Cuáles son las cuatro provincias en manos del peronismo que Mauricio Macri busca domesticar

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

El Presidente está empeñado en lograr adhesiones en San Juan, San Luis, La Pampa y Formosa. Aumentó las transferencias de fondos nacionales en más de un 70%.

Foto: Mauricio Macri y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac

Desde octubre del año pasado se convirtieron en la obsesión electoral de Mauricio Macri. Los cuatro distritos están manejados por el PJ, la ola amarilla de Cambiemos no los pudo alcanzar y con la mirada puesta en el 2019 el Presidente está convencido de que sólo con “una atención personalizada” y un seguimiento constante desde la Nación podrá perforar en el electorado de las provincias de La Pampa, San Luis, San Juan y Formosa.

Para Macri y buena parte de su gabinete, lograr hacer pie en estas cuatro provincias “rebeldes del PJ” constituye hoy parte de la estrategia reeleccionista. Un ejemplo de ello es que en el diagrama de financiamiento de fondos nacionales, las recorridas presidenciales y las visitas de los ministros clave aparecen siempre estos cuatro distritos del PJ.

El Presidente iba a viajar el miércoles pasado a Formosa donde lo esperaban militantes del PRO. No pudo llegar por las condiciones climáticas desfavorables. Pero la intención de esa recorrida era eludir al eterno gobernador y caudillo Gildo Insfrán para abrazar al electorado independiente y mostrar obras pública.

Algo similar ocurrió ayer con la comitiva presidencial que viajó a San Luis para mostrar obra pública nacional y fortalecer la alianza que selló con Claudio Poggi, que en las primarias del año pasado logró una victoria contra los Rodríguez Saá y que luego en las generales no pudo mantener por escaso margen.

En San Juan y La Pampa el esquema de Macri será el mismo que impuso para las otras dos provincias: mantener un fluido flujo de fondos, desplegar una permanente presencia del gobierno nacional y mostrar obra pública financiada por la Casa Rosada.

“Hay que mostrar al ciudadano común que le podemos cambiar la vida con obra pública, sin clientelismo y derrotando a un PJ que no es eterno“, se entusiasmó ante Infobae un funcionario.

La intención de Macri es que haya un desfile permanente de ministros por estas provincias. Así, se prevén visitas del jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley a cada una de estas provincias.

En muchos casos, la rebeldía de estas cuatro provincias del PJ respecto de la Nación no sólo se manifestó en las urnas. También los gobernadores de cada uno de esos distritos optaron por eludir el llamado de la Casa Rosada para la firma de algún pacto nacional o la adhesión a una ley nacional. De esta manera, en la práctica, el esquema de seguimiento permanente y “atención personalizada” a estos cuatro distritos rebeldes del PJ se mantendrá al pie de la letra por parte de la Nación.

En los hechos cada uno de estos distritos tiene una llegada de fondos y obra pública de la Nación que resulta significativa aunque no diferencial respecto a otros distritos del país.

Según un paper reservado que obtuvo Infobae en la Casa Rosada se puede observar el siguiente detalle de seguimiento que hace Macri en cada uno de las cuatro provincias rebeldes del PJ:

1- La Pampa. La transferencia de fondos de la Nación a esta provincia manejada por Carlos Verna desde el último año de mandato de Cristina Kirchner hasta hoy es llamativa. Mientras que en el 2015 la Nación le giró 8.264 millones de pesos, en el 2016 fueron 12.409 millones de pesos y en el 2017 15.106 millones de pesos. Esto es una variación del 83%. La Pampa no adhirió a la ley de pymes pese a que 54.6% de las pymes de esa provincia están registradas. Tampoco adhirió a la laye de emprendedores ni a la ley de participación publico privada.

Desde la Jefatura de Gabinete expresaron a Infobae que en La Pampa hay desde 2016 un total 40 obras en ejecución por más de 1.000 millones de pesos. Hay una gran obra hídrica de más de 40 millones de pesos y un mega plan de emergencia para el sistema de agua potable.

También hay allí en marcha un plan de construcción de 1.700 viviendas sociales e intervenciones de hábitat por más de 72 millones de pesos. Desde el año pasado se finalizaron 56 obras por 220 millones de pesos y 53 obras de vivienda, entre otras.

En La Pampa, el PJ perdió en las primarias pero en las elecciones generales ganó por apenas 1.300 votos. El frente Cambiemos se quedó con un sabor amargo de victoria contenida.

2-Formosa. En esta provincia eternamente manejada por Insfrán el gobierno logró colar un incremento de transferencia de fondos para obra pública de más del 60% respecto del 2015.

Mientras que en el último año de mandato de Cristina Kirchner se giraron 18.971 millones de pesos, en el 2017 la Nación envió 30.311 millones de pesos a Formosa.

Esta provincia del PJ aun no adhirió a la ley de Emprendedores, a la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo y tampoco a la ley de Contratos de Participación Público-Privada.

Hasta ahora hay un total de 88 obras en ejecución en Formosa por más de 4.000 millones de pesos. Hay obras grandes de agua y saneamiento por más de 1.300 millones de pesos y la construcción de una planta de agua Potable y Red de Distribución en Clorinda y Ampliación de la cobertura y extensión de redes de agua potable en la ciudad de Formosa. También hay en marcha un plan de vivienda por 1.400 millones de pesos y la finalización de 400 viviendas, entre otras obras.

En Formosa, el frente Cambiemos sólo pudo ganar la capital y en las generales legislativas el PJ se impuso por el 62% contra un 36% de Cambiemos.

3-San Juan. Si bien en el gobierno tienen buena relación con el gobernador peronista Sergio Uñac, en la Casa Rosada creen que detrás de este se mueve el eterno caudillo kirchnerista José Luis Gioja. De allí la necesidad de Macri de seguir de cerca a esta provincia.

En cuanto a transferencias de fondos nacionales, Uñac no se puede quejar. Mientras que en el 2015 recibió 16.103 millones de pesos, en el 2017 obtuvo de la Nación 27.945 millones de pesos, es decir un 74% más de partidas.

San Juan no adhirió a las leyes de riesgo de Trabajo ni a la de emprendedores. Desde la  Jefatura de Gabinete dijeron a Infobae que a enero del 2018 hubo un total de 68 obras en ejecución en San Juan por más de 4.500 millones de pesos.

Hasta ahora el gobierno finalizó allí 48 obras por 1.500 millones de pesos y se destacan obras de agua y saneamiento por más de 250 millones de pesos y una gran obra del nuevo sistema cloacal en el departamento de Valle Fértil y Desagües Cloacales para la Localidad de Villa Santa Rosa.

También en el Ministerio del Interior están abocados a la obra hídrica del Acueducto San Juan por 414 millones de pesos. Y hay un gran desarrollo del plan ProCreAr para más de 683 viviendas.

En San Juan el PJ se impuso con el 53% de los votos en las legislativas mientras que Cambiemos obtuvo el 31%.

4-San Luis. En la provincia de los Rodríguez Saá al gobierno de Macri no le resulta fácil entrar. El aceitado plan de obra pública que allí desplegó el gobierno provincial compite con la Nación. De todas formas, la Nación está empeñada en entregar las primeras 52 viviendas del plan ProCreAr en San Luis y las transferencias de fondos nacionales crecieron allí en un 82%.

Mientras que en el 2015 la Casa Rosada le giró a los Rodríguez Saá 10.315 millones de pesos, en el 2017​ fueron 18.799 millones.

Esta provincia es una de las más rebeldes en materia de adhesión a leyes nacionales. Los Rodríguez Saá no adhirieron a la ley de las pymes provinciales, ni a la de riesgo de trabajo, la de emprendedores ni al pacto fiscal o el acuerdo fiscal.

Claudio Poggi, el candidato de Cambiemos en San Luis para enfrentar a los Rodríguez Saá.

A enero de este año el gobierno de Macri ejecutó en San Luis ​13 obras por 237 millones de pesos entre las que hay planes de construcción de 200 viviendas, obra pública por 112 millones de pesos, pavimento​ por en La Punta por 21 millones de pesos y una urbanización integral de 1500 Viviendas en La Punta.

El Procrear tuvo  una línea de compra de 3.000 inscriptos, 976 seleccionados y 113 escriturados. Hasta ahora se finalizaron 13 obras por 400 millones de pesos y una gran obra hídrica de desagües pluviales por 40 millones de pesos también hubo una construcción de más de 1000 viviendas.

En San Luis, con la ayuda de Poggi, el frente Cambiemos logró ganar las primarias pero en las generales el PJ logró el 55% de los votos y Cambiemos el 43%.

Macri sueña con una ola amarilla en estas provincias.  Pero como buen ingeniero cree que las elecciones se ganan con obra pública y hacia este objetivo apunta su gestión nacional en estos distritos de aquí al 2019.

Histórico acuerdo entre China y la Argentina para resguardar la propiedad intelectual y evitar la piratería industrial

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

En un histórico gesto de China hacia la Argentina, ambos gobiernos suscribieron una declaración conjunta sobre propiedad intelectual que en la práctica significará establecer un mecanismo de cooperación en el campo de la tramitación de patentes. La iniciativa constituye el supuesto final para la piratería de productos por parte de empresas chinas, una queja redundante del empresariado no solo argentino sino mundial.

El embajador argentino en China, Diego Guelar, firmó ayer en Beijing este acuerdo que marcará un antes y un después en las relaciones comerciales entre las dos naciones. El texto fue acordado y refrendado por el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina (INPI), Dámaso Pardo, y por el Comisionado de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China (SIPO, por su nombre en inglés), Shen Changhyu.

"Este acuerdo generará un círculo virtuoso de inversiones chinas en Argentina con transferencia de productos sofisticados que se produzcan en nuestro país", dijo a Infobae el embajador Guelar. El entendimiento tiene una doble función: el resguardo de la propiedad intelectual y la garantía de calidad de los productos.

La declaración conjunta plantea "la necesidad de protección de patentes como un elemento clave para fomentar la innovación tecnológica y acelerar el desarrollo económico". A la vez, establece un programa piloto para acelerar los procedimientos de obtención de patentes entre ambos países.

Para tener una idea de la envergadura de este acuerdo, en el 2017, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China recibió 1.300.000 solicitudes de patentes, cifra que supera las solicitudes recibidas por las agencias de patentes de Estados Unidos y Europa.

En rigor, este reclamo de resguardo de la propiedad intelectual de patentes era un tema que la Argentina, como otros países, venía reclamando a China hace tiempo. Sin ir más lejos, hubo empresas industriales que demandaron a China por la copia de sus productos. Ahora, al menos en la teoría y en base a este acuerdo, los derechos de autoría serán resguardados y se evitarán este tipo de litigios.

"Este acuerdo de protección de patentes para nuestras incubadoras de nuevos productos servirá para que los dueños de nuestra tecnología puedan ingresar con gran proyección en el mercado más grande del mundo como es el de China", explicó Guelar.

A su vez, Pardo destacó "la velocidad de la implementación del sistema de propiedad intelectual logrado por China en un término de 20 años". Y agregó: "Es notable la utilización del sistema de propiedad intelectual por parte de China para lograr un alto nivel de innovación que ha dado por resultado un importante desarrollo económico".

La instrumentación de este acuerdo de patentes es un nuevo capítulo en el proceso de construcción de confianza entre organismos técnicos de ambos países y facilitan el avance de la agenda estratégica que existe entre ambos países.

La firma del documento tuvo lugar en el marco de la visita a China de la delegación del INPI, encabezada por Pardo, que incluyó un encuentro de trabajo en el Centro de Cooperación para la Examinación de Patentes de Zhengzhou. La delegación, integrada también por Matías Schweizer, participó de un seminario en las oficinas de SIPO –la contraparte china del INPI-, que desarrolló temáticas como la protección de la propiedad industrial y el intercambio de datos acerca de los documentos de patentes.

Una base logística en Ushuaia permitirá competir para ofrecer servicios por US$ 60 millones anuales

Por Gastón Roma - Telam

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó esta semana que el Gobierno está trabajando en un proyecto para construir una base logística en Ushuaia a fines de apoyar las actividades marítima comercial y en las bases antárticas, una iniciativa surgida en 2016 de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con este proyecto se pone la mira en un mercado de servicios para 28 países que alcanza a los US$ 60 millones anuales. La inversión de US$ 500 millones en una primera etapa no contempla la construcción de viviendas e infraestructura necesaria para desarrollar las viviendas de los militares que allí se establecerían. De ser así, esta cifra rondaría los US$ 800 millones.

Ushuaia está capacitada y en óptimas condiciones de convertirse, debido a su proximidad geográfica, en la puerta de acceso natural a la región antártica, adquiriendo de esta manera un rol de liderazgo internacional en la materia.

A través de la infraestructura adecuada, esta base logística podrá posibilitar el despliegue de los medios necesarios para el control de los espacios marítimos adyacentes (insulares y antárticos) contribuyendo decisivamente en el desarrollo y el crecimiento de la Patagonia austral, sumado a la creación de nuevas actividades productivas y de servicios complementarios a la misma, los que facilitarían la reconversión y la diversificación de la economía fueguina.

Además de las virtudes antes mencionadas se deben sumar la generación de empleo genuino, cuya contraparte se expresa en un fuerte efecto geopolítico al arraigar población estable y permitiendo a las nuevas generaciones proyectar un futuro certero, en base a una economía provincial sustentable y sostenible en el tiempo.

Esta iniciativa permitirá contribuir activamente en el desarrollo de las potencialidades portuarias y logísticas, que tienen como principal objetivo satisfacer las necesidades de logística antártica propia y de terceros países que operen en el continente blanco.

La creación de una Base Naval Integrada y un Polo Logístico Antártico Internacional en la provincia

de Tierra del Fuego, se materializaría utilizando los terrenos próximos al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, que opera en la ciudad de Ushuaia. Se estará en capacidad de asistir a las naciones que realizan actividades de investigación científica, logísticas y turísticas en la región antártica, brindando los servicios necesarios para sus respectivos objetivos.

En la Argentina, como en la mayor parte de los países con intereses en la Antártida, las Fuerzas Armadas realizan funciones logísticas, como el abastecimiento y el traslado del personal. El Ministerio de Defensa, a través del Comando Operacional Conjunto de las Fuerzas Armadas, dependiente del Estado Mayor Conjunto, pone a disposición los medios y los recursos humanos necesarios antes de llevar a cabo el sostén logístico de las actividades científicas para que éstas puedan realizarse bajo las condiciones climáticas que imperan en la región.

No sólo se beneficiará la ciudad de Ushuaia, sino que la provincia de Tierra del Fuego se consolidará como plataforma operativa, logística, académica, científica, educativa para la comunidad antártica y contribuirá de manera efectiva a la facilitación de los objetivos provinciales, nacionales y al Sistema Antártico Internacional, cumpliendo al mismo tiempo con las responsabilidades asumidas por el Estado ante organismos internacionales en relación al SAR (Sistema de Búsqueda y Rescate).

Además, permitirá constituir un polo de desarrollo económico-productivo que logrará mayores beneficios socio-económicos brindando bienes y servicios altamente especializados con la participación activa de los habitantes de la región. 

Con la infraestructura apropiada, Argentina puede ofrecer servicios para el desarrollo de las campañas nacionales antárticas y de terceros países que tienen operaciones regulares en la región, de los cual derivan una serie de beneficios conexos tales como incremento turístico, actividades económicas de pesca y mayor intercambio comercial debido a las ventajas competitivas generadas.

La Base Naval y el Polo Logístico Antártico se convertirían así en un verdadero centro de desarrollo. La ubicación estratégica de esta obra permitirá la constante interacción entre el aeropuerto y el puerto, pudiendo complementarse así recursos y servicios logísticos para buques, aviones, y helicópteros entre otros.

La cercanía hacia el territorio antártico podrá convertir a Ushuaia en base estratégica. Se podrá dar soporte al aprovisionamiento de insumos, víveres, combustibles y lubricantes, no sólo para los 28 países que integran la comunidad antártica, sino también para embarcaciones vinculadas a la pesca y al transporte marítimo internacional.

De concretarse este proyecto estaríamos explotando las potencialidades que presenta la ciudad de Ushuaia tanto en materia de recursos humanos como de posición geopolítica. La vecina ciudad de Punta Arenas (Chile) cuenta con un desarrollo donde operan 19 programas antárticos nacionales (entre ellos, los más importantes del mundo) en tanto que en Ushuaia los hacen solamente un par de programas y en forma parcial lo que relega a nuestro país a una participación irrelevante en materia de posicionamiento como plataforma operativa y logística. 

Ushuaia presenta mayor competitividad respecto a Punta Arenas por su ubicación más próxima al territorio antártico. La diferencia sustancial radica en que Chile tiene previsto invertir más de US$ 65 millones hasta el año 2020 mientras que en nuestro país aún no le hemos otorgado la relevancia suficiente que esta materia amerita.

*Gastón Roma es Diputado Nacional por Tierra del Fuego