El Ejecutivo identificó al menos unos 17.000 puestos "superfluos"

Por  SEBASTIÁN IÑURRIETA - Cronista.com

Además de la reducción del 20% de la planta política, alrededor de 600 empleados, cada ministerio recibió una "radiografía" con la cantidad de empleados que deben "adecuarse".

Cada uno de los ministros, junto a los jefes de Recursos Humanos de cada cartera, están revisando la "radiografía" que les envió el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en base al trabajo del titular de Modernización, Andrés Ibarra. Por estos días, luego de que la Casa Rosada confirmara su pretensión de eliminar un 20% los cargos "políticos" que el propio macrismo nombró, unos 600 puestos de trabajo, circulan diferentes listados con los números de empleados estatales que cada dependencia debería reducir.

Si bien varían dependiendo las fuentes consultadas, desde el Gobierno confirmaron que están en la lupa unos 17.000 puestos, a los que califican de "superfluos"; es decir, que no tendrían tareas asignadas o, al contrario, una superposición de funciones.

¿Esto significa que Cambiemos echará a casi 20.000 personas durante el verano? ¿Y poco después de desatarse el escándalo por el nombramiento de la hermana del ministro de Trabajo Jorge Triaca en el Banco Nación? En principio, no. Primero porque la "decisión política", tal como la calificaron, de los despidos dependerá de cada ministerio. En segundo lugar, tal es la promesa oficial, no todos serían cesanteados en la "adecuación", tal como se lo llama: se abrirá un proceso de jubilaciones a los que cuenten con la edad necesaria pero que no lo hayan hecho aún y, además, se ofrecerán "programas de movilidad", para que puedan continuar trabajando en otras áreas. Afuera de toda oportunidad quedarían los que no puedan justificar sus "inasistencias reiteradas", luego de que Modernización instalara en siete ministerios controles biométricos para medir el presentismo.

Según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP), en 2015 había 742.113 empleados públicos dependientes de Nación. En 2016, 740.677.

El sitio El Destape publicó ayer un listado con 4.536 trabajadores que quedarían afuera de la llamada "adecuación". Uno similar también había revelado Infocielo. Al ser consultados por este diario por otro supuesto documento adjudicado a Modernización, con cifras parecidas pero incluyendo a organismos descentralizados, fuentes gubernamentales evitaron confirmarlo pero tampoco lo desmintieron.

Según ese "paper", por citar algunos, en el ministerio de Desarrollo Social proyectan eliminar 912 puestos; en Salud 880; en Cultura, 566; en Energía, 471; en Ambiente 124; en Seguridad, 109; en Hacienda, 502; en Defensa (91); en Turismo Turismo (80); y en el propio Modernización (131). También en el Senasa (364); el Indec (204); en el Enacom (707); en Fabricaciones Militares (538); en la Oficina Anticorrupción (9); en el Instituto Geográfico Nacional (28); el Incaa (168), la Comisión Nacional de Energía Atómica (42); y el Enargas (33). En total: 19.119.

El Gobierno dará de baja a 552 gremios que no cumplieron con la ley

Por Gerardo González - ggonzalez@infobae.com

Es por pedido estricto del presidente Mauricio Macri. La disposición, publicada esta mañana en el Boletín Oficial, lleva la firma de Karina Palacios, Directora Nacional de Asociaciones Sindicales.

El ministro de Trabajo Jorge Triaca junto al presidente Mauricio Macri

El Ministerio de Trabajo de la Nación, que encabeza Jorge Triaca, decidió dar de baja a 552 gremios que no cumplieron con los requisitos previstos en la ley de asociaciones gremiales (23.551).

La disposición, a la que tuvo acceso en exclusiva Infobae, establece en su artículo 1°: "Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551".

La medida, ordenada estrictamente por el presidente Mauricio Macri, busca depurar la larga lista de casi 3.000 gremios inscriptos ante el Ministerio de Trabajo.

El objetivo primario del ministro Triaca es normalizar el universo sindical después de un aluvión de gremios inscriptos durante la gestión del gobierno anterior.

Están dentro del listado aquellos los gremios "que un plazo perentorio de tres (3) años contado a partir del comienzo de su inactividad o inoperatividad" no hayan demostrado "su efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales".

Según pudo saber este medio, algunas de las asociaciones que serán excluidas son los Trabajadores del Trote; Sindicato de Trabajadores Jaboneros Santa Fe; Sindicato de Energía Atómica; Sindicato de Músicos y Artistas de Chaco; Asociación obreros y empleados de malteria Hudson; Sindicato de Turf Córdoba; Profesionales del Instituto de Microbiologia; Municipales de Brinkman; Docentes del Pelegrini; Municipales de Tupungato; Guardavidas de Buenos Aires y Músicos de Paraná.

De acuerdo con la información anticipada por este medio –la medida se publicó hoy en el Boletín oficial– no afecta a gremios tradicionales como gastronómicos de Luis Barrionuevo, o camioneros de Pablo Moyano, entre otros.

En los considerandos se menciona que "la asociación sindical que no mantenga los requisitos que le permitieron acceder al registro o que no cumpliera con los deberes impuestos en los arts.19 y 24 por un período prolongado de tiempo, pierde, por propia conducta, el derecho de integrar ese registro y por lo tanto, debe ser excluida de dicho instrumento de control y publicidad".

Asimismo, en el artículo 3° se otorga un plazo de gracia de 60 días extra para "acreditar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento exigidos por la ley 23.551".

Según un experto, es "necesario y urgente" recuperar los bienes robados por la corrupción

(Clarin.com) - El abogado Alejandro Drucaroff, asesor del programa Justicia 2020, advierte que ya existen leyes y mecanismos para que el Estado pueda concretar esos reclamos.

Según un experto, es "necesario y urgente" recuperar los bienes robados por la corrupción

Uno de los aviones de Lázaro Báez, que por orden judicial fue entregado hace dos meses a la Policía Federal. Foto: DyN.

Mientras las causas por corrupción durante el kirchnerismo avanzan bajo pruebas escandalosas y embargos multimillonarios a los acusados, el otro reclamo social que acompaña al de justicia -que los corruptos devuelvan lo robado- permanece casi sin respuesta: la ley de extinción de dominio está dormida en el Senado desde hace más de un año, y excepto algunas decisiones puntuales de jueces que dispusieron de aviones, autos y maquinarias de Lázaro Báez para uso del Estado, no se hizo nada más. A pedido de Clarín, el abogado Alejandro Drucaroff -especialista en combate a la corrupción e integrante del consejo asesor del plan Justicia 2020- explica que aún con aquellas demoras hoy ya existen las maneras de recuperar el patrimonio robado, como hizo Brasil en el proceso Lava Jato. Drucaroff sugiere también que los servicios jurídicos de cada dependencia estatal deberían calcular las pérdidas por fraude e iniciar las acciones para recuperarlas. "Eso podría hacerse ahora mismo", advierte el abogado. A continuación, sus sugerencias:

"El reclamo social está planteado. Se demanda poner fin a una corrupción sistémica, que los responsables sean juzgados y, con especial énfasis, que “devuelvan el dinero”. Dicho en términos jurídicos, que el Estado recupere las enormes sumas que se apropiaron los autores de actos corruptos.

Las causas penales parecen comenzar a avanzar pero esa marcha ha sido –y aún es- de una lentitud exasperante. Es tan poco original como cierto decir que la justicia lenta no es justicia. La estadística indica que las causas por corrupción duran 14 años promedio (cuando no concluyen por prescripción, es decir, por falta de impulso adecuado) lo que exime de mayores comentarios.

Avances recientes como la aplicación de la figura del arrepentido –que tanto costó introducir en la legislación y aún es insuficiente- o la aceleración de los procesos –más allá de los fundados cuestionamientos al manejo de los tiempos por la Justicia Federal- pueden ser positivos si se sostienen y concluyen en las sentencias respectivas.

Sin embargo no hay logros concretos en lo que hace a recuperar los fondos públicos, robados o reclamar la indemnización por los daños causados. Salvo excepciones puntuales no se conocen medidas serias dirigidas a garantizar ese resultado económico que ni siquiera constituye un objetivo claro al que apunten las causas penales.

El contraste con la experiencia cercana de Brasil es nítido. En el Lava Jato, la gran investigación por corrupción brasileña, no sólo hay en pocos años más de un centenar de condenas a funcionarios y empresarios del más alto nivel. Al mismo tiempo se llevan recuperados alrededor de 4.000 millones de dólares.

El Senado sigue sin sancionar la ley de extinción de dominio que hace más de un año tuviera media sanción de Diputados. Esa norma sería muy útil para abreviar el reintegro de parte de los frutos de la corrupción pero no es, en absoluto, la única forma de hacerlo.

En rigor las normas vigentes permiten –e imponen- que los organismos del Estado, a través de sus servicios jurídicos y de la Sindicatura General de la Nación controlen todo acto que genere o pueda generar perjuicios al Estado, determinen su cuantía y reclamen su resarcimiento. Nos referimos a los daños causados por actos de corrupción pero también a los generados por dolo (vale decir, de manera intencional) o inclusive por culpa grave de los funcionarios, obligados a responder por ella (Ley 26944 de Responsabilidad del Estado, art. 9 y Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, art. 130, entre otras normas).

En cada caso, determinado el monto, pueden –y deben- promoverse las acciones civiles para que el Estado recupere el dinero y los daños sean indemnizados. Eso no depende de una condena penal previa contra los causantes de los daños. Si algún debate podía plantearse, con la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1774 y 1775) está concluido. El reclamo civil puede tramitar en paralelo y si la causa penal se prolongase, eso no puede impedir su trámite autónomo.

Naturalmente hay que hacer desde el Estado una determinación cuidadosa y fundamentada de las sumas mal apropiadas y de los perjuicios así como organizar su reclamo de forma sistemática y eficaz.

Recuperar lo perdido a causa de la corrupción tiene un evidente y doble efecto positivo. Por un lado proveer al Estado de recursos muy necesarios para cumplir sus obligaciones fundamentales.

Por el otro, consolidar la idea de que los corruptos no podrán disfrutar de lo robado y que quienes causan daños al patrimonio público deben responder por ello de su bolsillo, sería un paso decisivo para que el ejercicio de la función pública y las contrataciones del Estado se alejen del esquema de corrupción que tanto las ha penetrado.

Los que recibieron sobornos, los que los pagaron, los que se hicieron de enormes sumas a través de sobreprecios injustificables o incluso cobrando por obras no realizadas total o parcialmente, los que usaron fondos de todos para sus intereses personales, deben devolver lo mal habido, deben reparar a la sociedad los perjuicios causados. Es posible, urgente y necesario lograrlo."

El recorte llegará a los directorios de Aerolíneas, YPF y otras empresas estatales

Por Silvia Mercado - smercado@infobae.com - Infobae.com

Una de las reformas que impulsa el Gobierno para bajar el gasto público involucra también a 86 organismos descentralizados y una cifra similar de sociedades del Estado. En la mayoría de los casos son cargos políticos, rentados, con viáticos y asistentes pagos.

El Gobierno se dispone a realizar un duro recorte de los directorios en los organismos descentralizados, los organismos desconcentrados y las empresas estatales, designaciones políticas que realiza el Poder Ejecutivo y que suelen cambiar con los cambios de administraciones. Son 86 organismos y una cifra similar de empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, otras en las que tiene participación accionaria minoritaria y otras que directamente están en liquidación.

No se trata de algo sencillo, ya que los organismos descentralizados son, justamente, entidades con patrimonio y personería jurídica propias, así que -formalmente- el Ministerio de Modernización no puede ocuparse del recorte. Los organismos desconcentrados, en cambio, no poseen personería jurídica, pero sí autonomía funcional. Quien está a cargo de esa ingrata tarea es Jefatura de Gabinete de Ministros, aunque el análisis lo hizo Modernización.

Todos los ministerios tienen organismos a cargo, algunos muy conocidos. Entre los que tienen mayor cantidad está, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que tiene el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En cada uno de ellos tiene entre 3 y 6 directores, muchas veces distribuidos entre las organizaciones del campo y la agroindustria, en la mayoría de los casos rentados. En general, suelen tener personal a cargo, incluidos choferes y, por supuesto, viáticos al interior y exterior pagos.

También en el Ministerio de Cultura hay gran cantidad de organismos, como es el caso del Ballet Nacional, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional Juan D. Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, el Teatro Nacional Cervantes, y varios más.

Otro caso es el del Ministerio de Energía y Minería, que tiene el Servicio Geológico Minero Argentino, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del GAS (ENARGAS), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá. O el del Ministerio de Transporte, que tiene la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), entre otros.

Son todos casos distintos y, en muchos casos, solo hay un director, que conduce el organismo. Pero en Modernización hicieron un detallado análisis de cada uno, saben cuántos directores hay, qué remuneración reciben y cuáles son sus funciones específicas.

Entre las empresas y sociedades del Estado están Aerolíneas Argentinas, Administración General de Puertos, Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Belgrano Cargas y Logística, Correo Oficial de la República Argentina, Edu.ar, Lotería Nacional, Radio y Televisión Argentina, Télam, YPF.  Como en el caso de los organismos, las empresas estatales tienen directorios políticos que cambian con los gobiernos, en general sueldos muy altos, asistentes y choferes, y viáticos para los viajes al interior y al exterior.

En algunos organismos y empresas esta información ya empezó a circular. Una fuente que habló con Infobae aseguró: "El Presidente ya tomó la decisión, están viendo cómo hacer un decreto que no tenga cuestionamientos jurídicos".

Preguntan a Alemania si dos empresas supervisaron el replacado de las baterías del San Juan

Por Daniel Santoro - Clarin.com

La diputada del PRO Cornelia Schmidt Liermann consultó al gobierno alemán sobre el rol que tuvieron las empresas Ferrostaal y Hawker.

Colocación de las baterías en el ARA San Juan durante las reparaciones de media vida que comenzaron en diciembre de 2008 en el CINAR (Complejo Industrial y Naval Argentino).

La presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, pidió ayer el gobierno alemán que confirme si el complejo replacado de las baterías del San Juan fue supervisado por técnicos germanos tal como afirmaron ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

En una carta, dirigida al Ministro Federal del Interior (BMI) de la República Federal de Alemania, Karl Ernst Thomas de Maizière, la diputada del PRO dijo que “como posiblemente sabrá, habría dos empresas alemanas que han participado en la reparación del submarino perdido”. “Dichas compañías son Ferrostaal Gmbh y Hawker Gmbh, por lo que se agradecería si a través suyo, o de la persona que Ud. indique, se pudiera remitir información relacionada con la contratación y servicios prestados por éstas en la reparación del submarino ARA SAN JUAN, y en especial, si las mismas, supervisaron el replacado de las baterías de dicha nave, que fuera realizado en astilleros argentinos”, agregó Schmidt Liermann.

“Descuento que lograremos coordinar esfuerzos para que no sólo se sepa la verdad y encontremos responsables, sino para hacer entender a nuestros ciudadanos, y en especial a los empresarios, que la desidia y la corrupción mata”, agregó la diputada en su carta.

Luego, recordó que “debemos generar relaciones comerciales que se basen la confianza y la ética incentivando a nuestras empresas a reforzar sus controles internos de acuerdo al Manual de Empresas de Ética Anticorrupción y Elementos de Cumplimiento desarrollado con asistencia de la OCDE, la UNODC, y el Banco Mundial para lograr mayor transparencia en las transacciones”.

La carta se conoce luego de que la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, prepara una denuncia en base a varios expedientes administrativos y causas judiciales archivadas de apuro en torno en la reparación de media vida del submarino San Juan y en particular el suministro de baterías.

El equipo de Alonso pidió el martes ver la causa judicial que archivó en el 2010 el entonces juez federal Norberto Oyarbide en torno a irregularidades en el astillero Domecq García en base a la denuncia del suboficial José Oscar Gómez que Clarín adelantó el domingo en exclusiva. Paralelamente, la OA también pidió al ministro de Defensa, Oscar Aguad, todos los antecedentes de esa reparación y en particular un contrato con la empresa alemana Ferrostaal para la renovación de las baterías del San Juan. El comandante del submarino reportó, el miércoles pasado, un “cortocircuito” antes de perder todo contacto con su base. Se presume que pudo haber tenido un problema con las baterías que pesan 960 kilos.

El contrato de carácter confidencial entre el ministerio de Defensa y la alemana Ferrostaal AG está titulado “Provisión de Elementos de baterías para submarinos y accesorios” y fue firmado el 30 de noviembre del 2001 entre Defensa, la Armada y Ferrostaal en Bonn, revelaron a Clarín fuentes judiciales. El precio fue de 3.550.317 euros e incluía celdas Varta, tapones de servicio y todo tipo de juegos de mangueras, entre otros artículos consignados en sus más de 300 páginas. Está firmado por el presidente y apoderado de Ferrostaal Argentina, Miguel Bernando Von Oppen, y el director general de Material Naval, contraalmirante Gustavo Leprón.

Más adelante, está anexado en el mismo expediente un contrato por los “trabajos de replacado de 964 celdas de batería de propulsión para el submarino ARA San Juan” entre la Armadas y la empresa alemana Hawker Gmbh. El precio de este contrato es por 5.100.000 euros y fue firmado por el gerente de Hawker y el jefe de la comisión naval argentina en Europa, capitán de navío Néstor Costa.

Llamativamente, Ferrostaal admitió en el 2010 ante la Justicia alemana haber pagado más de 200 mil euros en coimas por la frustrada compra de un patrullero multipropósito en forma conjunta con Chile. El juez federal Ariel Lijo procesó y embargó a empresarios alemanas y funcionarios argentinos. Lijo hasta citó mails en el que se hablaba del pago de sobornos. Pero meses más tarde, la sala I de la Cámara Federal porteña, cuando la integraba el destituido juez Eduardo Freiler, revocó el procesamiento de una serie de oficiales y funcionarios de la Armada y de empresarios alemanes.

Lijo investigó una denuncia formulada por el Ministerio de Defensa luego de la revelación de la prestigiosa revista alemana Der Spiegel que reveló la declaración brindada en Munich por un ex directivo de Ferrostaal que habló del pago de coimas para la adjudicación de contratos en diversos países, entre ellos la Argentina. El presidente de Ferrostaal, Matthias Mitscherlich, tuvo que renunciar por el escándalo. A la denuncia de Defensa —que primero dijo que las compras fueron “correctas”— se le sumó una posterior y similar realizada por la Oficina Anticorrupción (OA). El fiscal Eduardo Taiano imputó a los denunciados.

Por orden de Lijo se allanaron los domicilios del vicealmirante Gustavo Lepron, el contralmirante Alejandro Uberti (ambos retirados), el abogado de la Armada Osvaldo Parrinella y dos directivos de Ferrostaal, Gustavo Frers y Roberto Smiraglia.

Los procedimientos también alcanzaron al estudio del abogado Helmut Cristian Graf y a la sede de una empresa constructora llamada Hedir que, según fuentes judiciales, estaría vinculada a Uberti. En el allanamiento en Ferrostaal se secuestró documentación que ahora está en proceso de traducción. Los otros allanamientos se hicieron el último martes. Además, también figuran como denunciados el alemán Peter Fischer-Hollweg y el contralmirante Juan Carlos Palma. Por este tema, Lepron perdió su cargo en el astillero estatal Tandanor.

El juez también ordenó el libramiento de un exhorto a Alemania para pedir una copia de la declaración del ex hombre de Ferrostaal que habló de coimas que habrían superado los 200 mil euros, ya que él habló de entre “un 6% y un 6,5% del monto total del negocio: 3,5 millones de euros”.

Defensa había informado que la Argentina pagó 2,7 millones de euros por la compra de la “ingeniería básica” de los POM, además de otros 500 mil euros por la licencia de construcción. En total, 3,2 millones de euros, 300 mil menos de los que se habló ante la Justicia alemana.

Argentina y la Presidencia del G20: una oportunidad única frente al mundo

Por Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación - Cronista.com

Desde el inicio de su mandato, el Gobierno del Presidente Mauricio Macri tiene un objetivo claro en política exterior: situar nuevamente a la Argentina en el mapa global, restableciendo lazos de confianza con el mundo y desarrollando una política de inserción inteligente, o sea, centrada en nuestros intereses, sin prejuicios ideológicos pero basada en valores como democracia, derechos humanos y multilateralismo.

Hoy, 1º de diciembre, Argentina asume la Presidencia del G20, hasta ahora ejercida por Alemania, y materializa de este modo una importante demostración de la inserción inteligente.

Este Grupo es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. En él participan los máximos líderes mundiales. Es un espacio clave de discusión y toma de decisiones para coordinar políticas frente a los principales desafíos internacionales.

A lo largo de todo el 2018 nuestro país organizará más de 50 reuniones de funcionarios del más alto nivel, que culminarán con la Cumbre de Líderes. Visitarán la Argentina más de 20 mil personas, de más de 30 países, entre funcionarios públicos, personalidades de la sociedad civil, empresarios e integrantes de organismos internacionales.

En lo que será la primera Cumbre del G20 en América del Sur, nuestro país presentará el profundo compromiso de los argentinos con la transformación que estamos experimentando, al tiempo que al participar en la elaboración de políticas orientadoras de alcance global, se consolida el creciente rol de liderazgo regional e internacional que está adquiriendo nuestro país.

El país que ejerce la Presidencia tiene un rol fundamental, ya que al no ser el G20 una organización internacional o un foro que tenga una estructura fija, el anfitrión tiene la responsabilidad de encauzar temáticas y articular coincidencias.

La Argentina quiere ser un puente para forjar consensos. Tenemos la oportunidad de instalar en la agenda global temas relevantes para nuestro país y la región, llevando al G20 la visión de América Latina con sus intereses y preocupaciones, remarcando el gran potencial de nuestros pueblos y naciones.

Las propuestas argentinas reflejarán su identidad como país multicultural, cuya visión de futuro radica en una mayor integración e intercambio con el mundo.

La Presidencia argentina nos permitirá también mostrar al país como un destino atractivo para las inversiones, por su capacidad productiva, su abundancia de recursos naturales y la calidad de su capital humano.

Al compartir experiencias sobre los progresos de la Argentina en su ambicioso programa de reforma permanente, se podrán resaltar las oportunidades en sectores clave.

La exposición mediática internacional ante eventos de estas características proporciona una oportunidad única para la promoción del país y su diversidad regional. También para exhibir la belleza natural de nuestras provincias, promover la industria del turismo, y dar luz al talento argentino de nuestros productores, emprendedores y artistas de todo el país.

Tendremos tres prioridades en la agenda. En primer lugar, debatir sobre el futuro del trabajo, para explorar iniciativas globales que aseguren que todos tienen la oportunidad de desarrollar sus potencialidades en el contexto de la revolución tecnológica en curso.

La segunda, profundizará los debates en torno a la infraestructura para el desarrollo, elemento clave para canalizar el ahorro hacia una inversión que permita el acceso real a las oportunidades del futuro.

Y en tercer lugar, impulsaremos en la agenda la vocación de lograr un futuro alimentario sostenible, conscientes del gran aporte que nuestro país puede hacer al sistema alimentario global como productor agropecuario eficiente.

Por experiencia propia, la Argentina sabe que nada de lo antes mencionado puede lograrse en soledad. El aislamiento sólo se traduce en sociedades empobrecidas, atrasadas y sin perspectivas de desarrollo.

La Declaración de los Líderes del G20 en Hamburgo dio un mensaje categórico en ese sentido: "Juntos, podemos lograr más que actuando solos".

El formidable y singular desafío de asumir la Presidencia del G20, cuya magnitud nos sitúa en el centro de la escena internacional, nos encontrará a los argentinos con los brazos abiertos y con toda nuestra capacidad al servicio del diálogo y el consenso, para que nadie quede atrás en la construcción de un mundo más justo.

Lombardi abrió retiros voluntarios y quiere terminar con los canales del kirchnerismo

LPO - El titular del Sistema de Medios Públicos Hernán Lombardi comenzó a hacer el ajuste en el sistema público de medios y abrió los retiros voluntarios en los canales de televisión del Estado que creó el kirchnerismo, como Paka Paka, Encuentro y Deportv.

Como anticipó LPO, el titular del sistema público de medios tiene en carpeta una reducción imponente de la planta de personal de Télam, la TV Pública, Tecnópolis y el Centro Cultural Kirchner.

Se trata de cuatro organismos en los que el macrismo puso el ojo apenas llegado al poder, pero que Lombardi nunca pudo penetrar debido a la dura resistencia gremial, en especial de los trabajadores de la TV Pública y de Télam.

Lombardi no quería pagar el costo de echar cientos de empleados, ni tampoco lo querían hacer sus alfiles en Canal 7, Horacio Levin, y en Télam, Rodolfo Pousá. Es por eso que la Rosada le habilitó la "herramienta" de los retiros voluntarios, mediante la que no se obliga a los empleados de planta a renunciar pero se los "convence" con una alta suma de dinero pagada en mano y no en cuotas.

Quienes no corren esa suerte son los empleados precarios, cuyos contratos vencen a fin de año y ya les avisaron que no serán renovados. 

Los telegramas comenzaron a llegar en las últimas horas a Paka Paka, Encuentro y Deportv, que según fuentes del Gobierno serán "vaciados". A cargo de estos quedarán los directores actuales, pero sin las plantillas que tenían hasta el momento y sin presupuesto en 2018 para producir contenidos.

En el Gobierno aseguran que esta metodología de los retiros voluntarios será utilizada no sólo en la TV Pública y Télam, que dependen de Lombardi, sino en el resto de los ministerios, aunque el ex ministro de Cultura porteño fue el primero en gozar de la "herramienta".

El Presidente, decidido a poner toda la carne en el asador

Por Luis Majul- LA NACION - @majulluis

Macri está convencido de que los agentes del grupo Albatros no mienten. Que tiraron en defensa propia respondiendo a disparos con armas de fuego, y que entre 15 y 20 individuos violentos, armados con lanzas, cuchillos, piedras y boleadoras, intentaron matarlos. "Esto va a terminar igual que lo de Santiago Maldonado. Tarde o temprano, se va a saber que los Albatros actuaron en legítima defensa. Y que Rafael Nahuel formaba parte de ese grupo violento. Al final todo este desbarajuste va a generar un profundo cambio cultural", me dijo una alta fuente del Ministerio de Seguridad.

Macri no termina de entender al juez federal Gustavo Villanueva. Está convencido de que fue Villanueva quien pidió al Estado la presencia de las fuerzas de seguridad para evitar que quienes se dicen pertenecientes a la comunidad mapuche ocuparan tierras pertenecientes a Parques Nacionales. Y que el propio juez lo pidió "antes de fin de año porque quería demostrar autoridad" y conceder la extradición de Jones Huala, para que lo juzgue un magistrado de Chile. No se explica Macri por qué, según él, Villanueva volvió sobre sus pasos.

El Presidente ya le ordenó a la ministra Bullrich que no abra un sumario interno hasta tanto la Justicia no determine qué fue lo que sucedió. Macri, desde que Cambiemos ganó las últimas elecciones, está decidido a poner toda la carne en el asador. Quiere que "la Argentina vuelva a la cordura" a propósito de la cuestión mapuche, pero también cuando habla de las reformas económicas, laborales y jubilatorias que empezaron a aprobarse esta semana. Y no sólo con eso. "Está dispuesto a ir contra el propio Hugo Moyano, si acaso fuera necesario", me aseguró un miembro de la llamada mesa chica que ve al Presidente casi todos los días.

¿Pueden interpretarse los allanamientos que incluyeron la detención del vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, y del ex guardaespaldas del propio Moyano, Roberto "Polaco" Petrov, como un tiro por elevación al líder camionero? Sostienen fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la provincia que, en este caso, Moyano prestó "colaboración logística" a la investigación. Que "hasta ahora" no intentó proteger ni al barrabrava y presunto jefe de la Asociación Ilícita Pablo "Bebote" Álvarez ni a Nakis ni a Petrov. "Al contrario: habilitó todas las cámaras de seguridad del club y se puso a disposición de la Justicia", confirmaron.

La investigación que culminó con los allanamientos de las últimas horas se inició hace seis meses. ¿Acaso Moyano no sabía lo que sucedería? "Eso es información confidencial. No puedo responder", se excusó un alto funcionario que participó de la movida. Pero aclaró: "Hace tiempo que "el Polaco" abandonó a Hugo y se dedicó a hacer negocios por su cuenta". La pregunta del millón es si el actual presidente de Independiente está en la famosa lista de argentinos que, según el Presidente, si se los enviara en una nave espacial a la Luna, la Argentina sería otro país.

En el verano de 2016, Macri sostenía que Moyano parecía "más moderno" que sus hijos Pablo y Facundo. Fue después de una discusión que mantuvieron sobre el proceso de digitalización y la necesidad de que los bancos y las empresas que distribuyen las facturas de los servicios públicos dejaran de hacerlo a través de cartas físicas cargadas en camiones. El Presidente le planteó que en pleno siglo XXI nadie con dos dedos de frente podía oponerse al abandono del uso del papel. "Por razones ecológicas y económicas también" intentó convencerlo. Para sorpresa de Macri, Moyano no le dijo que se oponía. Solo le pidió un plazo para "readecuarse".

Con el paso de los meses y después de varios encuentros, el Presidente empezó a sospechar que Moyano padre intentaba "patear la pelota para adelante". Y todavía más: que pretendía "tomarle el tiempo". Alguien que interpreta al Presidente como pocos me explicó: "Mauricio al principio le creyó cuando Hugo le decía que su hijo Pablo es muy difícil de contener y controlar. Pero día tras día empezó a notar que lo usaba para hacer un doble juego". ¿Macri está decidido a hacer algo que no pudo o no quiso hacer Néstor Kirchner, algo que intentó hacer Cristina Fernández pagando un alto costo político?

El Presidente, para ser más concretos, ¿soportaría un enfrentamiento directo con el sindicalista más poderoso de la Argentina? Responde un ministro del gabinete nacional: "Si la investigación sobre el vínculo entre la barra brava de Independiente con el sindicato de camioneros avanza, es muy probable que algún arrepentido involucre a Pablo Moyano, a Hugo Moyano o que aparezca algún papel o alguna escucha que lo mencione".

Quienes brindan información sensible al jefe del Estado sostienen que Moyano tendrá que explicar la relación que mantiene con Patricio Farcuh, accionista mayoritario de OCA. En especial, la ayuda económica del sindicato a una empresa que estaría "virtualmente quebrada". OCA tiene un problema perecido al de Cristóbal López con la AFIP. Debe al Estado más de 3000 millones de pesos. No por el impuesto a la transferencia a los combustibles que embolsó, como López, sino por las contribuciones patronales y cargas previsionales que no pagó. Farcuh y Moyano han tratado de llegar a lo más alto del poder para encontrar una salida.

Pero, hasta ahora, se han encontrado con dos barreras infranqueables. Una, la del propio jefe del Estado, quien repitió, cada vez que le preguntaron, que no iba a hacer nada fuera de la ley. La otra, con al máximo responsable de la AFIP, Alberto Abad, quien, se sostiene, no va a facilitar ninguna moratoria que pueda ser interpretada como un favor político. "Ni para Cristóbal ni para Moyano ni para nadie", explicaron fuentes de la AFIP. En el medio de semejante juego de poder, pasó casi desapercibido el pedido de embargo del fiscal Franco Piccardi contra el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, por más de 54 millones de pesos.

La solicitud se extendió a José López, el hombre de los bolsos con 9 millones de dólares y ametralladoras; Ricardo Jaime, el ex valijero de Néstor; Manuel Vázquez, testaferro de Jaime; Jorge "Corcho" Rodríguez; Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Calcaterra, y varios altos directivos de Odebrecht. Sospechado por haber sido simpatizante de Justicia Legítima, Piccardi no hizo más que investigar una denuncia de Graciela Ocaña. Las evidencias sobre el direccionamiento de la concesión del soterramiento del Sarmiento y la existencia de una consultora trucha y cuentas en paraísos fiscales a través de las cuales se pagaron coimas son incontrastables.

Piccardi, junto con el juez Marcelo Martínez de Giorgi, amenaza con transformar este expediente en la punta del iceberg para investigar gran parte de la cartelización de la obra pública nacional. Decenas de grandes empresarios tiemblan. Y el Presidente preferiría que su primo no la pasara mal. Pero ya le comunicó que no va a mover un dedo si es procesado y condenado.

La Oficina Anticorrupción apunta a los sobreprecios en la reparación

Por Martin Bravo - Clarin.com

Quiere investigar si hubo irregularidades en las licitaciones y contratos para arreglar el submarino.

La Oficina Anticorrupción abrió una actuación administrativa para definir si iniciará una investigación sobre presuntas irregularidades en las tareas de reparación de media vida del submarino ARA San Juan. El organismo a cargo de Laura Alonso comenzó a evaluar una auditoría de la SIGEN con cuestionamientos al proceso de compra de las baterías de la nave y el archivo de una causa en la que se denunciaban “manejos espurios” en el mantenimiento y reactivación del submarino.

De regreso de un viaje oficial a Londres, donde mantuvo reuniones con agencias gubernamentales del Reino Unido, Alonso resolverá esta semana si la OA llevará adelante una investigación. Antes, adelantaron fuentes del organismo, requerirá más información de la que ya tiene en análisis. Aun así tanto desde ese ámbito como desde el Poder Ejecutivo coincidieron en aclarar que, en caso de probarse hechos de corrupción vinculados al mantenimiento del submarino, no implicarán una causa de su desaparición dado que el análisis no comprenderá los aspectos técnicos vinculados a la nave.

Entre los datos en estudio de la OA aparece una auditoría de la SIGEN de mayo de 2016, con cuestionamientos a los procedimientos para la reparación de media vida y el recambio de baterías del submarino, por presuntos desvíos y demoras en los planes trazados, de acuerdo con lo que publicó La Nación, lo que provocó la pérdida de la garantía.

También la causa archivada por Norberto Oyarbide en 2010, como contó Clarín, en la que se investigaban otras supuestas irregularidades en las reparaciones. Fue a partir de una denuncia del suboficial José Oscar Gómez contra el almirante Jorge Godoy -ex jefe de la Armada- y otros integrantes de la fuerza, a los que acusó de supuestos “manejos espurios”, sobreprecios y evasión de controles de aduana, entre otros hechos. A su vez información del ministerio de Defensa, que no llegó a la OA y será uno de los pedidos que hará, también daría cuenta de un incumplimiento de los procedimientos administrativos para la reactivación de la nave y el direccionamiento de las compras para favorecer a determinados proveedores.

El organismo ya se presentó como querellante en dos causas contra funcionarios del ministerio de Defensa, por denuncias vinculadas a las campañas antárticas, una durante la gestión del peronista Arturo Puricelli y otra en la del radical Julio Martínez. A su vez tanto Martínez como Aguad habrían advertido sobre presuntas irregularidades en las obras sociales de las Fuerzas Armadas, aunque hasta el momento no hubo avances en la investigación.

Fuerzas de Estados Unidos y Rusia están en Comodoro y despliegan su tecnología para la búsqueda

Fuentes de la OA aseguraron que en caso de abrirse el expediente sobre el mantenimiento del ARA San Juan no estará vinculado a la causa de su desaparición, en tanto que de comprobarse irregularidades en los procesos de licitación y compra no permitiría deducir una influencia en el accidente y la eventual explosión registrada en la jornada del último contacto de la nave. 

Altas fuentes del Gobierno coincidieron con esa mirada y Enrique Balbi, vocero de la Armada, desestimó un problema con el recambio de las baterías. “Todo lo que es el estado operativo, informe de reparaciones de media vida, hace dos años, está debidamente documentado”, dijo ayer, e indicó que habrá una presentación ante la jueza federal Marta Yañez: “Con el tema de las baterías, lo que se recicla son las carcasas, lo demás es nuevo: los insumos, bordes, cableado, plomo, electrolitos. Los insumos son provistos por una empresa desde Alemania y cada vez que se activaron hubo un procedimiento con ingenieros alemanes. Todo el proceso de activación y carga de las baterías está debidamente documentado".

Una denuncia de 2010 que el kirchnerismo prefirió archivar (II)

Por Laura Serra - LA NACION

Siete años atrás, un diputado radical había advertido sobre denuncias de coimas en la Marina.

El kirchnerismo quedó nuevamente en la picota por presuntas irregularidades y cobro de sobornos en la compra de unidades y reparación de la flota de la Armada. En 2010, el radical Miguel Giubergia, por entonces diputado nacional, pidió explicaciones al gobierno de Cristina Kirchner sobre el supuesto cobro de sobornos por 3,5 millones de euros, pagados por las empresas alemanas Hawker y Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006, supuestamente dirigidos a acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Sugestivamente, estas dos firmas fueron las encargadas de reparar el ARA San Juan y en particular las baterías de la nave. Tal como publicó ayer la nación, Ferrostaal y Hawker aparecen mencionadas en una investigación que realizó el Ministerio de Defensa que alertó sobre "irregularidades detectadas" en la órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente".

En su pedido de informes de 2010, Giubergia ya advertía sobre las irregularidades en las contrataciones que se habían realizado para reparar las baterías de la flota de submarinos. Sin embargo, el bloque del FPV rechazó la iniciativa.

En ella, el legislador solicitaba la siguiente información:

- Detalles sobre la modalidad de contratación entre la Armada y la empresa Hawker GMBH por la reparación de baterías del submarino ARA San Juan. La operación costó al Estado argentino 5,1 millones de euros.

- Modalidad de contratación entre Tandanor y la empresa Marlog Gmbh&co para asistencia técnica en la reparación del San Juan, por 270.000 euros.

- "¿Por qué el Ministerio de Defensa (a cargo entonces de Nilda Garré), ante la consulta de cuál es el proyecto de incorporación de embarcaciones y submarinos vigente desde el año 2005 hasta la fecha, enumera 17 unidades, si ninguna de las cuales, cinco años después, fue incorporada, está en proceso de construcción ni adquirida hasta la fecha?", preguntó Giubergia.

El entonces legislador basó su pedido de informes en una investigación judicial realizada en Alemania y girada a la justicia argentina. Allí consta el testimonio de un testigo encubierto, un ex directivo de Ferrostaal. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras en la Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa.

En su testimonio, el testigo encubierto indicó que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al abogado de la Armada Osvaldo Parrinella, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del ministerio, especialmente en el área de compras". "El señor Parrinella -añadió el testigo- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en la Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma".

Submarino ARA San Juan: el Gobierno abrió un sumario con el aporte de almirantes retirados

Por Daniel Santoro - Clarin.com

El ministro de Defensa convocó al director de Asuntos Legales de su cartera y a almirantes retirados "de prestigio" para la pesquisa.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, junto al presidente Mauricio Macri. (AFP PHOTO / JUAN MABROMATA)

El Gobierno abrió un sumario para investigar las causas del accidente del submarino ARA San Juan, mientras colabora con la causa que abrió la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, aunque ahora la prioridad sigue siendo encontrar al submarino.

La decisión de crear la comisión va en sintonía con el anuncio que hizo este viernes el presidente Mauricio Macri en el sentido de que "esto va a requerir de una investigación seria que arroje certezas. Tenemos que entender cómo un submarino, que se había llevado a reparación y estaba en condiciones, sufrió aparentemente esta explosión".

Como primera medida, Aguad ordenó guardar toda la documentación y las comunicaciones radiales referidas a los últimos contactos del comandante del San Juan, Pedro Martín Fernández, revelaron a Clarín altas fuentes del gobierno.

Pero la investigación administrativa de Defensa “va a ir para atrás de la tragedia, es decir el mantenimiento y las reparaciones a las que fue sometido”. El más grande fue el mantenimiento de media vida que se le hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En Defensa están convencidos de que en los contratos “hubo corrupción” y que ésta podría ser una de las causas de la tragedia. En esta investigación colaborará el director de Asuntos Legales de Defensa y "almirantes prestigiosos". Otra cuestión política que deberá resolver el Gobierno es si acepta los pedidos de la oposición, como el bloque de diputados del Movimiento Evita, de interpelar a Aguad.

Por lo pronto, la decisión de Macri de mostrarse ayer junto a Aguad fue un respaldo para el ministro.

El problema para investigar las causas de la tragedia va a ser si no se puede reflotar el submarino. Si estás a más de mil metros de profundidad va a ser difícil que lleguen minisubmarinos y menos que lo levanten inyectándole aire. Los submarinos no tienen una caja negra como los aviones. Los indicios sobre el origen de la tragedia van a estar en los mismos restos de la nave que deberán ser estudiados por peritos.

Por su parte, la jueza Yáñez sostiene que es "apresurado aventurar cualquier hipótesis" de lo que le ocurrió, al no contar con los "elementos necesarios" que den pie para iniciar la investigación. "Como me explicaba el jefe de la Armada estas naves no poseen caja negra, de manera tal que la caja negra que tiene un submarino es el submarino mismo", añadió la magistrada, que se desempeña en el juzgado federal de Caleta Olivia. "Se está tratando de recabar es qué pudo haber quedado en el lugar, si se encuentran restos del submarino", añadió Yáñez.

La jueza expresó que el objetivo es investigar si las maniobras desplegadas fueron "acordes" con lo que indicaba el protocolo de actuación y poder establecer "las causas que motivaron la explosión".

"Se trata de circunstancias muy particulares, de una causa inédita en la Armada Naval Argentina", subrayó. "Hoy es apresurado aventurar cualquier hipótesis dado que no contamos con los elementos necesarios que nos den pie para iniciar la investigación formal porque no sabemos con lo que contamos", remarcó.

El viernes pasado, el juzgado de Caleta Olivia recibió una comunicación por parte de la Armada en la que se explicaba que habían perdido el contacto con el submarino el 15 de diciembre a las 7.30 hora local, y mediante partes diarios, el cuerpo castrense informa a la sede judicial de las operaciones que desarrollan en la búsqueda y la colaboración con la que cuentan.

Sin embargo, ya el miércoles Yáñez destacó que por el momento no hay "delito para investigar" sino que las fuerzas debían centrarse en buscar a las 44 personas. Además, Yáñez argumentó ayer que "hay información muy sensible que obedece al secreto de Estado", al tratarse de una embarcación de guerra. Uno de los problemas del Gobierno y la Justicia argentina es que EE.UU y Rusia buscan al San Juan con tecnologías de punta que tiene también fines militares y uno no quiere compartir con el otro.

El ARA San Juan emitió sus últimas señales en la mañana del miércoles de la semana pasada, cuando se encontraba de vuelta de Ushuaia, en la parte más austral de Argentina, hacia la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

El rescate se convirtió en la nueva obsesión del Presidente

Por Jaime Rosemberg - LA NACION

Macri regresa hoy de Chapadmalal; en la Casa Rosada mantienen el optimismo.

El rescate se convirtió en la nueva obsesión del Presidente. Foto: AFP / Drew Angerer.

Ya recuperado del "susto" que vivió el viernes, cuando debió aterrizar de emergencia camino a Chapadmalal, el presidente Mauricio Macri tiene por estas horas una obsesión: conocer en detalle y a cada momento las novedades sobre la búsqueda, hasta ahora infructuosa, del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, de los que nada se sabe desde la mañana del miércoles.

"El Presidente y Marcos [Peña] están en contacto permanente y piden que les demos toda la información posible", afirmaron a LA NACION cerca del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que pasó la jornada de ayer entre el edificio de la Armada y el ministerio, mientras recibía datos desde Puerto Belgrano, donde se concentra la llegada de información sobre la búsqueda, de la que ya participan un avión norteamericano y, desde ayer, un buque británico.

Cerca del jefe de Gabinete reconocieron que se sigue minuto a minuto la evolución de la investigación, aunque afirmaron: "Es un tema delicado, hay que ir de a poquito porque la información llega a cuentagotas y ya se hizo casi todo lo que se podía hacer", afirmó un funcionario. Macri sigue las alternativas del intenso rastrillaje por aire y mar desde la residencia presidencial de Chapadmalal, desde donde volverá en la noche de hoy a Buenos Aires.

El ambiente en el Gobierno es de "preocupación" y también se trasluce algo de desánimo. "Está todo muy complicado, el clima no ayuda por la altura de las olas y la esperanza que teníamos ayer [por anteayer] se fue diluyendo", reconoció un funcionario con conocimiento de los "esfuerzos" que se están haciendo para encontrar sanos y salvos a los marinos.

Cómo es la cámara de rescate

Contrapunto

El viernes, Defensa informó sobre siete señales que llegaron a bases de la Armada desde la zona que se está rastrillando y arriesgó que "podrían" provenir del submarino desaparecido. Pero ayer esas ilusiones sufrieron un fuerte golpe: los expertos no pudieron determinar de dónde habían salido los llamados. "Eran tan débiles que se cortaron, las olas son muy altas en esa zona", describió otro funcionario.

Desde la Casa Rosada y también desde el Ministerio de Defensa niegan chispazos con los voceros de la Armada, que ayer negó la existencia de "contactos" con el submarino. "Estamos diciendo lo mismo, sólo que ayer [por anteayer] éramos un poco más optimistas que hoy [por ayer]", afirmaron cerca de Aguad.

En la Casa Rosada siguen sosteniendo dos hipótesis. La primera, que el buque se quedó sin energía por alguna razón que se desconoce, y la segunda, que pudo haberse producido una inundación que los dejó sin posibilidad de comunicarse. "Ninguna de las dos prenuncia nada grave, la Armada está convencida de que los van a encontrar sanos y salvos", afirman desde el Gobierno.

Los tiempos, coinciden en el Gobierno y la Armada, apremian. El cálculo es que el plazo máximo para salir a la superficie sin problemas de oxígeno para los tripulantes vencería mañana, al igual que las provisiones que contiene el submarino para todos sus tripulantes. "Somos optimistas, y todos siguen trabajando", afirman en el Ministerio de Defensa.

Al margen de su preocupación por la suerte del ARA San Juan, Macri no tiene ninguna actividad prevista para hoy, informaron sus voceros. Mañana, en la Casa Rosada, el Presidente tomará juramento como nuevos ministros a Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria), que asumirán en reemplazo de Jorge Lemus y Ricardo Buryaile, respectivamente.

Los legisladores gastaron $ 8,2 millones en viáticos para viajes internacionales

Por María Belén Álvarez Echazú - La Nación

Abarca a diputados y senadores que salieron del país por motivos parlamentarios entre 2016 y octubre pasado

Más de 160 legisladores nacionales viajaron al exterior gracias a la agenda diplomática del Congreso y recorrieron un total de 43 países con un presupuesto que llegó a los 8,2 millones de pesos en viáticos, entre 2016 y octubre de 2017.

Los destinos más frecuentados fueron Estados Unidos y Panamá. Los motivos esgrimidos fueron desde participaciones en encuentros internacionales hasta festivales de cine.

Con casi 500 viajes realizados a todo el mundo, Estados Unidos fue el país más elegido a la hora de viajar al exterior. Los legisladores pisaron suelo estadounidense en 74 oportunidades, en su mayoría por agenda de la ONU.

Pero la actividad más concurrida fue la elección presidencial que tuvo como ganador a Donald Trump en noviembre de 2016. Para la ocasión viajaron en calidad de "observadores" un total de 16 legisladores: 2 senadores y 14 diputados.

A Estados Unidos lo siguen Panamá (64 viajes), Chile (47 viajes) y Alemania (28 viajes). A pesar de ser famosa por sus playas, la ciudad de Panamá es frecuentada por los legisladores por ser la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), un parlamento integrado por todos los parlamentos elegidos democráticamente en los países de América latina.

Con una gran cantidad de millas recorridas, los senadores gastaron un total de 3,1 millones de pesos. Lidera la lista de los que más gastaron la senadora Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) con 269.970 pesos, y la siguen Federico Pinedo (Cambiemos) 224.218 pesos, Rodolfo Urtubey (PJ) 200.484 pesos, Ángel Rozas (Cambiemos) 184.689 pesos y Silvia Giacoppo (Cambiemos) 173.722 pesos. El ranking de gastos guarda relación con la nómina de los senadores que más viajaron durante el período evaluado.

Ahora bien, en el caso de los diputados, que gastaron un total de 5,1 millones de pesos, no sucede lo mismo. Los representantes de la Cámara baja que más viajaron no son necesariamente los que más gastaron.

Si bien la diputada Margarita Stolbizer (GEN) es la que más días sumó a su agenda internacional entre 2016 y 2017, la diputada Ana Gaillard (FPV) es la que más gastó. Con un total de 28 días fuera del país, erogó la suma de 154.698 pesos, pasando por Chile, Panamá, El Salvador, Japón y Uruguay.

La diputada del FPV en diálogo con LA NACION aclaró que sus viajes sólo tuvieron motivos laborales. Lo que la llevó a presentar ante el Parlatino un proyecto de declaración sobre el uso del cannabis medicinal y un proyecto de ley marco para la producción pública de medicamentos.

Siguen a Gaillard en materia de gastos Patricia Giménez (Cambiemos) 143.162 pesos, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (Cambiemos) 139.002 pesos, Stolbizer (GEN) 135.492 pesos y Juan Carlos Villalonga (Cambiemos) 132.465 pesos.

Entre la agenda de organismos internacionales se mezclan viajes con motivo de elecciones presidenciales, grupos de amistad de parlamentarios, audiencias con el Papa y hasta reuniones propias. El promedio de días de cada actividad es bajo: hay viajes de un día y hasta de una semana, pero hay salidas de más días. Asimismo, en varias oportunidades viajan comitivas de cinco o más legisladores de distintos bloques a una misma actividad.

De esta forma, por ejemplo, se encuentra registrado un viaje de la senadora Marta Agostini De Varela a Suiza por 12 días, con 19.788 pesos de viáticos. El motivo del viaje fue una cita del comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Según pudo reconstruir este diario, sólo dos días tuvieron como eje la Argentina.

Desde el equipo de la senadora explicaron que viajó a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos y que tuvo cuatro días de actividad. "El Senado le pagó el pasaje y estadía por los cuatro días a la senadora. El resto los dedicó a temas personales y los gastos corrieron por cuenta de la senadora", explicó el vocero.

Por su parte, la diputada Liliana Mazure del Frente para la Victoria viajó en tres oportunidades por festivales de cine.

La legisladora es productora y directora de cine y fue presidenta del Incaa. En mayo de 2016 participó del Festival de Cannes (Francia), del "Docmontevideo" (Uruguay) en su calidad de productora, documentalista y diputada y al festival internacional de cine de Buzios (Brasil).

Lo que representaron 13 días de viaje y casi 50.000 pesos en viáticos. Ante la consulta por los motivos de viaje, no hubo respuestas.

Coordinado por LA NACION Data

Pobre patria mía, con políticos así no hay salida...

7 sectores quedarán exentos del impuesto a los Ingresos Brutos en 4 años

Por Daniel Sticco - Infobae.com - dsticco@infobae.com
Lo acordó el Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores. Bajará intensamente en los servicios de electricidad, gas y agua y transporte, y para la industria papelera

El Presidente logró el consenso de 23 de los 24 gobernadores para desarmar una maraña de impuestos distorsivos de los costos de las empresas y de las familias.

El gradualismo es el camino que ha elegido el Gobierno de Cambiemos para comenzar a transitar el camino hacia la "normalidad" del sistema tributario, donde se eliminen los cargos en cascada que terminan desalentando tanto a productores de bienes y servicios, como al conjunto de las familias, para financiar exageradas estructuras en la hacienda pública nacional, provincial y municipal.

La tarea de alcanzar un consenso previo con la casi total de los gobernadores que asegure un rápido tratamiento legislativo no fue sencilla, porque el cobro de Ingresos Brutos representa el principal recurso propio de las provincias; y prescindir de él implicará caer en un abultado déficit fiscal, si no se encara un equivalente "ajuste" del gasto total.

De ahí el esquema elegido por el Ministerio de Hacienda, en acuerdo con el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, de una rebaja gradual, para que el efecto positivo esperado de la medida sobre el crecimiento de la economía ayude a lograr el objetivo final.

 Sobre 16 grandes ramas de actividad gravadas, en cinco años tributarán una decena. Los mayores recortes recaerán sobre los servicios públicos de electricidad, gas, y agua; y el transporte público de pasajeros

CÓMO ES EL CRONOGRAMA DE REBAJAS

* Agricultura y ganadería; Pesca; y Explotación de Minas y Canteras: Parten de una alícuota de 1,5% en 2018; se reduce a 0,75% en 2019% y quedarán exentas desde 2020;

* Industria manufacturera, excluida la papelera: Pasará de 2% en 2018; a 1,5% en 2019, y recortará otro 0,5 puntos porcentuiales en 2020 y 2021, hasta quedar exento en 2022;

* Industria papelera: Tendrá un ritmo de poda de un punto porcentual por año, desde 7% inicial, hasta estabilizarse en 3% en 2022;

* Electricidad, gas y agua: Quedará eximido del gravamen en un quinquenio. Partirá de una baja en 2019 de 1,25 puntos porcentuales, desde 5% actual, que se repetirá en los dos años siguientes. Para los consumos residenciales el cargo actual es de 4 por ciento;

* Construcción: Mantendrá una alícuota de 3% en 2018, y disminuirá por única vez medio punto porcentual en 2019, para luego quedar estable en 2% desde 2020;

* Comercio y reparaciones: Hoy no tiene tope, y tendrá un máximo de 5% desde 2019;

* Hoteles y restaurantes: Recortará del 5% inicial en 2018 a 4,5% en 2019; y quedará fija en 4% a partir de 2020;

* Transporte: Parte de 3% en 2018, y disminuirá a 2% en 2019; 1% en 2020, y exento en adelante;

* Comunicaciones, excluida telefonía celular: Desde un 5% inicial en 2018, recortará un punto en 2019 y otro en 2020, para quedar fijo en 3% desde 2021;

* Telefonía celular: Parte de 7% actual, y disminuirá a ritmo de 0,5 puntos porcentuales por año hasta 2022, donde se estabilizará en 5 pp;

* Servicios financieros: Actualmente no tiene tope; se fija en un máximo de 7% en 2019, y recortará un punto en 2020 y 2021, para quedar desde ese año en 5 pp;

* Créditos hipotecarios: Seguirán exentos;

* Inmobiliarias y servicios empresariales y alquiler: Tendrá un tope de 6% en 2018; y recortará 1 pp en 2019 y 2020, momento a partir del que quedará fija en 4 pp;

* Servicios Sociales y de Salud: Arrancará de 5% en 2018, y se reducirá a ritmo de 0,22 pp por año, hasta quedar estable en 4% en 2022.

Además, los gobernadores acordaron "eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente, o del lugar de producción del bien, conocido como "aduanas interiores".

 “Los gobernadores acordaron “eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente, o del lugar de producción del bien”

También se comprometieron a "desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con sectores mineros o hidrocarburíferos y sus servicios complementarios"; así como "los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior del país".

Aclara el pacto fiscal que "no están alcanzados por topes del impuesto a los Ingresos Brutos las actividad relacionados con el juego, el tabaco y las bebidas alcohólicas, ni la venta. No podrán incrementarse las alícuotas vigentes al 30 de ocubre de 2017 para las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, incluidas las de refinería con expendio al público, las cuales quedarán exceptuadas del cumplimiento del cronograma de alícuotas máximas".

Un inédito espectáculo de negociación política

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

El peronismo no lo dirá nunca, pero llegó a dos conclusiones. La primera es que necesitará de un largo tiempo para construir un liderazgo, del que carece, y un programa nuevo si no quiere atarse a los perdidosos paradigmas de Cristina Kirchner . La otra conclusión es una asignatura pendiente: demostrar que puede convivir con un gobierno no peronista sin complicarlo a este ni condenarlo a un final prematuro. 

Al revés de lo que muchos temían (que los recientes resultados electorales lo convirtieran en insufriblemente soberbio), el Gobierno aceptó que las victorias parlamentarias son una cosa y otra la aritmética parlamentaria. Si Mauricio Macri quiere hacer reformas en la política argentina (económicas, sociales e institucionales), debe admitir que necesita la complicidad del peronismo y de los sindicatos. Casi todas las reformas que propuso requieren la aprobación del Congreso, donde el oficialismo sólo conquistó una minoría más robusta.

Esas necesidades mutuas han creado un clima de meganegociaciones en el universo político, en el que oficialismo y oposición están conversando permanentemente. Hablan no sólo los políticos, sino también los técnicos. Del gobierno nacional, de cada una de las gobernaciones provinciales y de los distintos bloques parlamentarios. El objetivo es llegar a la firma de un acuerdo durante la jornada de mañana. Según referentes opositores y oficialistas, es probable que se firme un acuerdo global entre el gobierno federal y las provincias argentinas, aunque algunos temas podrían ser apartados para seguir con las conversaciones. No será un Pacto de la Moncloa (que respondió a otro contexto histórico y a otra realidad nacional), pero no es menos significativo que la política argentina esté hablando y sus protagonistas acepten las reglas de cualquier negociación: todos deben ceder algo.

Desde 1983, el diálogo entre los principales dirigentes políticos argentinos fue sólo una excepción y no la regla de la convivencia. Una excepción fue la especial relación que tejieron, entre 1987 y fines de 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín y el jefe del peronismo renovador, Antonio Cafiero. Otra vez Alfonsín, ya como líder opositor, volvió a protagonizar un período de acuerdo con el entonces presidente Carlos Menem por la reforma de la Constitución de 1994. El resto de un tiempo que abarca casi 34 años fue de duros enfrentamientos entre los distintos gobiernos y sus opositores. El período más aislacionista fue, sin duda, el de los Kirchner, que usaron el argumento de que todos los opositores representaban la "vieja política" para no hablar con nadie y gobernar a su antojo. No es una novedad menor, entonces, el actual espectáculo de una vasta negociación.

El aspecto más fácil de las conversaciones actuales es el que se refiere a temas institucionales. La reforma de la ley del Ministerio Público fue el primer acuerdo entre el oficialismo y gran parte de los senadores peronistas. La percepción de que esa ley saldría con el acuerdo del peronismo es lo que empujó la renuncia de Alejandra Gils Carbó, una funcionaria sólo defendida por el núcleo duro del kirchnerismo. Falta ahora que el Gobierno proponga a su sucesor (o sucesora). 

El peronismo recibiría como un gesto de reconocimiento a su aptitud negociadora si el postulado fuera el constitucionalista Alberto García Lema, un jurista de extracción peronista, pero respetado por casi todos los partidos que importan. García Lema se ha propuesto, si llegara al cargo de jefe de los fiscales, dedicar su gestión a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Hay otros candidatos, como el juez Ricardo Recondo y varios fiscales de carrera. La aprobación del nuevo procurador necesitará, de todos modos, de la mayoría absoluta (37 votos) del Senado, si la reforma de la ley del Ministerio Público resulta aprobada por el Congreso. El Gobierno requerirá entre 12 y 15 votos más que los que tendrá en la Cámara alta. Necesitará, en fin, de algunos senadores peronistas.

La parte más complicada de la negociación es, como siempre, la que tiene que ver con el dinero. Sin embargo, todas las provincias (incluidas, sobre todo, las peronistas) destacaron la importancia de bajar el monumental déficit fiscal y frenar la inflación. Las conversaciones se complican cuando se llega a algunos impuestos que podrían afectar economías regionales. Es el caso de Tucumán con el impuesto a las bebidas azucaradas, que afectaría a su principal industria, la del azúcar, y a la producción de limones, también utilizados por las fábricas de gaseosas. Ese impuesto también es rechazado por provincias patagónicas productoras de manzanas y peras, que son materia prima de bebidas azucaradas. Cada impuesto nuevo o viejo que se toca tiene sus afectados. La mayoría de las provincias peronistas están reclamando una solución política al Fondo del Conurbano. Es decir, no quieren una solución judicial, que necesariamente resolverá hacia un lado u otro. 

El Gobierno encontró una fórmula para ir devolviéndole a Buenos Aires gradualmente un monto de 65.000 millones de pesos, que se alcanzaría en 2019. Es un monto enorme de dinero extra que el gobierno de María Eugenia Vidal utilizaría en obras de infraestructura, sobre todo en cloacas y agua corriente. La fórmula es neutra para el resto de las provincias, pero el peronismo no ignora la carga política potencial que tendría esa cantidad de dinero si fuera bien administrada. En rigor, Macri no le está haciendo ahora un favor a Vidal, sino a sí mismo. Si consiguiera mejor calidad de vida para el conurbano bonaerense, donde el 40 por ciento de sus habitantes son pobres, no sólo estaría haciendo una obra justa. También estaría sembrando la semilla de sus votos para la reelección en 2019. Al peronismo no lo desvela esa posibilidad; sabe que le será muy difícil encontrar un líder ganador y un proyecto nuevo para competir en las próximas presidenciales.

La línea roja del peronismo son los sindicatos. La buena relación con los gremios es lo único que gobernadores y legisladores peronistas no están dispuestos a perder. Los sindicatos están negociando con el Gobierno, aunque tienen reparos a algunas reformas fundamentales en las relaciones laborales. Nadie se explica por qué el Gobierno decidió enviar una ley de reforma laboral al Congreso y no se conformó con una negociación sector por sector con el sindicalismo. De todos modos, ninguna ley de reforma laboral pasará por el Congreso sin la aprobación previa de los gremios. Los sindicatos hacen duras declaraciones públicas, pero están negociando con más vocación que la que aparece. Esa es la novedad importante dentro de un clima de sucesivas y paralelas negociaciones.

Una parte del peronismo, al menos, estaría dispuesta a refrendar la nueva forma de liquidar los aumentos a los jubilados. Esa fórmula nueva tendría en cuenta la inflación y los aumentos se aplicarían cada tres meses, no cada seis, como ahora. Esa franja del peronismo entendió que la moratoria de Cristina Kirchner para los que no hicieron aportes (que duplicó el número de jubilados) no es sustentable en el tiempo sin una forma distinta de liquidar los aumentos. Aquella decisión de Cristina fue populista e injusta, porque terminó perjudicando a los que sí hicieron aportes. La última novedad es, entonces, que las negociaciones tienen la dosis de realismo de la que suele carecer la política argentina.

Salen a remate inmuebles decomisados a narcos y tratantes de personas

Por  FLORENCIA LENDOIRO - Cronista.com

El Gobierno autorizó ayer a la AABE a subastar un hotel alojamiento, una whiskería y una estancia enajenados en juicios por actividades ilícitas

El hotel alojamiento Momentos, la Whiskería Roxi y la estancia "El Haragán", son algunas de las propiedades que ayer el gobierno autorizó a ser rematadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), todas provientes de una organización criminal vinculada con el narcotráfico, contrabando y trata de personas, que operaba en la frontera con Brasil y Paraguay, y con base en Paso de Los Libres. Los inmuebles integran un grupo de una docena de terrenos y construcciones que se dispusieron y enajenaron para subastarlos o derivarlos a otras dependencias que lo requieran.

La medida está incluida en el decreto 928 publicado ayer en el Boletín Oficial, y autoriza a la AABE a subastar inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, Santa Fe y Salta.

Según la Agencia, la venta de estos predios persigue como objetivo la puesta en valor de inmuebles y terrenos que se encuentran subutilizados, en estado de abandono o mal concesionados, para mejorar los entornos en los que están ubicados y dinamizar la economía, detalló el organismo oficial en un comunicado. "Desde la AABE trabajamos con el compromiso de administrar de la forma más óptima y eficiente el patrimonio de todos los argentinos. Estamos convencidos de que los inmuebles del Estado son una herramienta que permite generar valor en las comunidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", agregó el titular de la entidad, Ramón Lanús.

Los inmuebles se subastarán a través del Banco Ciudad en un proceso público y abierto, y para el cual habrá una convocatoria acorde con lo que establece la ley. Dentro de los organismos oficiales y jurisdicciones que solicitaron inmuebles o terrenos se encuentran el Banco Central, la Ciudad de Buenos Aires para relocalizar vecinos del Barrio 31, la Municipalidad de San Miguel y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para el complejo judicial de Mercedes, entre otros.

La particularidad de este lote que se puso a disposición ayer, es los tres inmuebles ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres fueron decomisados por la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de terrenos que fueron utilizados por una organización criminal vinculada con el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, que operaba en la triple frontera desde la Argentina.

Los inmuebles decomisados son la Estancia "El Haragán", ubicado en el km. 461,7 de la Ruta Nacional 14 (un predio de 14 hectáreas); el motel alojamiento "Momentos", ubicado en el km 7,5 de la Ruta Nacional 117 (con una superficie de 1050,00 m2) y la Whiskería Roxi, en la Ruta Nacional 117 km. 8 (de superficie de 1085,80 m2).

La Justicia Federal de Corrientes aseguró que la compra de estos tres inmuebles fue realizada con fondos ilícitos. La causa comenzó en 2011 y obtuvo sentencia firme en 2013 pero desde ese momento no se definió un destino concreto para las propiedades y comenzaron a deteriorarse.

En este caso, se indicó además que el 100% de los fondos que se consigan en las subastas será destinado a la UIF para mejorar la infraestructura del organismo y la calidad de trabajo de sus empleados.

Analizan mudar el Banco Central a un terreno en Retiro

(Ambito.com) -  Se trata de terrenos ubicados en CABA, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta.

A través del decreto 928/2017 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señaló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha manifestado la "necesidad de contar con un inmueble a efectos de construir una sede única para el Organismo" para centralizar las distintas dependencias que posee en la Ciudad de Buenos Aires, "con el fin de dar solución a los problemas que dicha dispersión acarrea".

El considerando tiene lugar en el marco de la autorización de subasta de 12 inmuebles decomisados en casos de narcotráfico y lavado de activos, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Se trata de terrenos ubicados en CABA, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta.

"Resulta conveniente poner a disposición de terceros, a través de procesos de venta, los inmuebles considerados inadecuados para las necesidades de gestión del Estado Nacional, a fin de incentivar la puesta en valor de los mismos con foco en proyectos de desarrollo local y regional, la incorporación del valor social y maximización de su potencial urbanístico, promoviendo la cooperación con el sector privado a través de la construcción y la generación de empleo genuino", señala uno de los considerandos.

En la Ciudad de Buenos Aires se destaca un terreno en la Villa 31: su enajenación entra en el plan de reactivación de la zona, que incluye la construcción del Paseo del Bajo y la reurbanización e integración del Barrio 31. En la provincia de Buenos Aires se subastará una propiedad ubicada en el Partido de San Miguel que fue solicitada por esa Municipalidad para la creación de una Ciudad Judicial que preste servicios a ese distrito y a Malvinas Argentinas y José C. Paz.

En tanto, en Mercedes se dispondrá de un terreno para construir un Complejo Judicial anexo al Palacio de Justicia, con el fin de reemplazar la gran cantidad de inmuebles alquilados que están dispersos en esa localidad.

El derrumbe de un sistema de medios basado en la evasión

Por Jorge Lanata - Clarin.com
El kirchnerismo creyó que las audiencias se forman por una ley del Estado.

Un comienzo posible de esta historia son los años de Menem. Los medios siempre tuvieron influencia más o menos directa de la política, pero fue durante la época de Carlos Saúl cuando muchos quedaron atrapados por una lógica coyuntural: el CEI tenia como objetivo garantizar la re-reelección: Telefé, Radio Continental, la revista Gente, Canal 9, telefonía fija y móvil, internet, fibra óptica,cable y fútbol, el Citigroup y Moneta,algo que - parecía- iba a durar toda la vida y se cayó como un castillo de naipes.

Los medios dejaron entonces de ser un fin en sí mismos para convertirse en un medio para llegar o mantener el poder. La famosa “pauta” –los avisos del Estado o sus organismos - se incrementó hasta niveles asombrosos. Ningún gobierno, desde la vuelta de la democracia, se animó a legislarla. Todos lucraron con ella, cada uno respondiendo a su estilo: en la época de Alfonsín, por ejemplo, Télam –encargada de distribuir parte de la pauta oficial- tenía una mesa de dinero; en años de inflación las facturas pendientes generaban intereses que terminaban en los gerentes.Este proceso abrió las puertas de la industria de medios a personajes pintorescos que nunca pensaron en hacer periodismo: los medios se convirtieron en distribuidores de publicidad y en bocas de expendio de operaciones puntuales. Nada importaba de lo que salía alrededor.

La mejor metáfora de aquellos años pudo verse en Telefé: para no tener problemas con el gobierno el canal levantó el noticiero; no hay posibilidad de error alguno cuando las noticias no se dan. Parte de los medios comenzó a mostrarse como aparatos de propaganda. El kirchnerismo repitió el esquema de Menem pero con mayor voracidad: excedió los medios para promover y controlar productoras de contenidos y desarrolló una industria de cine nacional sin público manejada por el Ministerio de Planificación y triangulada por las universidades, con presupuesto autónomo y fuera de control. Comparada con otros negocios, la cultura fue barata de comprar.

Argentina tiene más canales de noticias que Estados Unidos; la cantidad de medios excede al público que los consume y esa fue una de las características del kirchnerismo, creer que las audiencias se crean por una ley del Estado. Los medios K fueron muchos, pero nunca fueron exitosos.En el mejor de los casos lo fueron para sus dueños para quienes una página en blanco significaba un aviso más. Hoy asistimos a su progresivo derrumbe: “Esto se remonta al año 2013 –dijo hace unos días Santiago del Moro, explicándole a su audiencia la crisis de Ideas del Sur- Marcelo Tinelli, buscando una salvación financiera para su empresa se va de la mano de funcionarios relacionados al ex gobierno a sentarse con gente de Telefe y finalmente vuelve a la televisión de la mano de Cristobal López. Marcelo sabía con quien estaba hablando”. Santiago explicaba así lo inexplicable de la reacción de Tinelli ahora, cuando se queja por lo que se le adeuda. ¿Marcelo no leía los diarios?

“Se crearon medios fantasmas para lavar pauta –sigue del Moro- y emergieron desde radios, páginas de internet y canales de televisión. Ellos tomaban nuestro laburo sólo como una pantalla. Quienes llegaron a esto lo hicieron conociendo con quienes se asociaban y que había detrás”. El cinismo K frente al asunto es asombroso: “Durante mi gestión nosotros no teníamos conocimiento del problema, que vino después. Durante nuestra gestión los trabajadores cobraban los salarios,estaban en orden”, le dijo Cristina Kirchner a Elizabeth Vernacci y Alejandro Bercovich, durante un amable reportaje de campaña.

“¿Pero quien elige ese tipo de gente?”, preguntó Vernacci, despedida de Rock and Pop en 2013 cuando fue comprada por Szpolski y Garfunkel. “Como se eligen todos los concesionarios de todas las radios y televisoras, era todo a través de procesos públicos, controlados inclusive por la oposición”.

Szpolski y Garfunkel dejaron a más de 800 empleados en la calle cuando vaciaron y cerraron el diario Tiempo Argentino y Radio America. El mismo grupo –que tampoco pagaba las cargas sociales de sus empleados- estuvo a cargo de CN23, el diario El Argentino, Infonews, Miradas al Sur, Veintitrés, Autobild, Forbes, Newsweek y Lonely Planet.

Cristobal Lopez y Fabián de Sousa,por su lado, construyeron el mayor de los multimedios K con plata de la evasión impositiva: Ambito Financiero, Buenos Aires Herald,El Ciudadano (de Santa Fe), las productoras La Corte y PPT (Pensado para Televisión), la mitad de FM Vorterix, C5N, Radio 10 y cuatro fm porteñas. Ninguno de sus números cierran sin evadir o sin recibir prebendas. Quienes aseguran que Lopez podría ser detenido en breve sostienen también que los medios irían a la quiebra.El aparato de propaganda solo puede sostenerse con plata ajena.Con plata nuestra,en realidad.