¿Peajes o pillajes?

Editorial del diario La Nación

El sistema de peajes es una opción para la penosa red caminera, pero urge tomar nota de los vicios que lo asocian a la matriz corrupta que hay que desterrar.

En 1990 se otorgaron concesiones por peaje de 19 corredores viales que sumaban casi diez mil kilómetros de rutas de la red nacional. Los concesionarios debían hacerse cargo del mantenimiento de rutina así como de ejecutar las obras necesarias para reponer la capacidad estructural de la calzada, o sea las repavimentaciones. Debían además brindar un adecuado servicio y seguridad a los usuarios. Las licitaciones fijaban una tarifa de 1,50 dólares cada 100 kilómetros para automóviles y múltiplos para otros vehículos, y se ajustarían por la cotización del dólar. Las adjudicaciones se hicieron según el mayor canon ofrecido. No había subsidios ni avales oficiales ni tráficos mínimos garantizados. El sistema estaba bien diseñado.

Al poco tiempo de entrar en vigor el sistema y particularmente luego de ponerse en vigencia la convertibilidad, se produjeron protestas de productores y usuarios reclamando una reducción en el precio de los peajes. El Gobierno y particularmente el ministro de Economía Domingo Cavallo intentaban mantener la competitividad como una condición desafiante de la convertibilidad. Eso los llevó a plantear la renegociación de los contratos, reduciendo la tarifa básica a 1 dólar. Contra ello se acordó eliminar el canon y reducir las obligaciones de los concesionarios, por ejemplo las repavimentaciones. El Estado se haría cargo de ellas negociando en cada caso el mantenimiento de la ecuación económica mediante compensaciones adecuadas. Esto desvirtuó los contratos originales, les quitó transparencia y desalineó los intereses borrando los premios y castigos necesarios para optimizar los resultados y minimizar los costos para el Estado y los usuarios. A partir de entonces se sucedieron negociaciones permanentes abriendo un amplio espacio para generar ventajas para los concesionarios y oportunidades de corrupción.

Entre ingresos por peaje y compensaciones, los concesionarios recibieron en los siguientes 13 años el equivalente a 4800 millones de dólares, una suma mayor que la estimada para el mantenimiento de las rutas, que ya no incluía las repavimentaciones. Algunas obras solicitadas y comprometidas por los concesionarios contra la entrega de los fondos no se materializaron. Tal es el caso de la duplicación de calzada de la ruta 5 hasta Mercedes, que recién ahora el gobierno nacional logró volver a poner en marcha.

Ante una presentación del entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz, la Procuración del Tesoro a cargo de Horacio Rosatti, hoy juez de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que el gobierno nacional debía iniciar acciones legales contra los concesionarios ante los reiterados incumplimientos. El Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio de Vido no cumplió con ese dictamen, con lo cual incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otro lado, implementó un nuevo sistema de peaje para los corredores viales por el que los concesionarios se limitan a cobrar el peaje, transfiriendo la recaudación neta a Vialidad Nacional, que decide qué obras se encaran y su contratación. Fue parte de un sistema nada transparente que generó sospechas y no se tradujo en mejoras para el usuario.

A cargo del sistema se puso a Claudio Uberti, el mismo individuo implicado en los negociados con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y que viajara con Guido Antonini Wilson y protagonizara el bochornoso episodio de la valija repleta de dólares que pretendieron ingresar al país desde Caracas. Lo concreto es que las rutas están deterioradas y son escenario de accidentes con sus secuelas de muertes y heridos. Hay una clara postergación en la construcción de autovías y autopistas en los corredores viales más transitados.

José Aljaro, director financiero de la constructora española Albertis, controlante de los accesos Norte y Oeste de la Capital Federal, adelantó en Madrid que la administración de Mauricio Macri se puso en contacto con esa empresa, la que estaría dispuesta a buscar "mecanismos de compensación o un incremento de tarifas o la extensión de los contratos para anular la demanda" que interpuso contra nuestro país ante el Ciadi el pasado diciembre, justo antes del cambio de gobierno.

El peaje es un sistema adecuado para financiar la infraestructura vial en caminos de tránsito medio y alto, más aún en momentos donde las necesidades de infraestructura se multiplican por todo el territorio. Hace posible que quienes usan y aprovechan las mejoras sean los que las pagan. Una concesión de peaje bien diseñada y concursada competitivamente permite trasladar el riesgo al inversor privado y alinear los intereses en forma correcta reduciendo los espacios por donde pueda filtrarse la corrupción. En los casos en que por la insuficiencia de tráfico el peaje no alcanzare para financiar completamente obras de mayor importancia, debieran licitarse por el menor subsidio estatal aplicado de una sola vez a la inversión inicial. Hay experiencia en esta modalidad.

Las necesidades de infraestructura vial son inmensas y debe superarse el deterioro y recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, la situación fiscal es crítica y la capacidad del Estado argentino para invertir es extremadamente limitada, por no decir nula. Donde pueda recurrirse a la inversión privada, debe hacérselo. El peaje es una alternativa para el castigado sistema caminero, pero es imprescindible que se tome nota de los errores y vicios que deformaron su utilización en el pasado y permitieron que forme parte de la matriz corrupta que hoy se intenta dejar atrás.

La Argentina de siempre

Por Graciela Guadalupe - LA NACION

"Los índices de pobreza argentinos son tercermundistas." (De Beatriz Sarlo.)

La ensayista Beatriz Sarlo calificó como "tercermundista" al nivel actual de pobreza de nuestro país (34,5%, según la UCA). No parece exagerada. En primer lugar, porque representa 5,5 puntos más del 29% con que terminó 2015; en segundo término porque, como consecuencia de achacarle a Macri la generación de 1,4 millones de nuevos pobres -que bien endosada está-, el kirchnerismo admite que era falso el 4,7% que daba "su" Indec poniendo a la Argentina por debajo de los niveles de pobreza de Alemania. Y tercero, porque aun con aquel 29% de 2015, estábamos peor que hace 25 años cuando la pobreza rondaba el 26%, sin dejar de considerar las diferencias de contexto entre la convertibilidad y la "década ganada".

Si para el tango "20 años no es nada", para la Argentina, un cuarto de siglo mide menos que una regla sin números. Y no sólo por la pobreza. En 1991, los diarios se llenaban de titulares sobre la necesidad de que los funcionarios judiciales actuasen con independencia del poder político (suenan celulares en fiscalías y juzgados), la aberración de las jubilaciones "especiales" frente al ingreso mínimo (hoy, $ 140.000 mensuales brutos van para Boudou y 332.000 para las dos pensiones de Cristina), la suba de días de clase en el calendario escolar (se preveía llegar a los 200 contra los 190 que ahora queremos tener), y el temor a la inseguridad y a los cortes de electricidad (teléfono para los Bullrich y Aranguren).

Hace 25 años, el Episcopado advertía sobre los "efectos disolventes que produce la corrupción en la sociedad", y preocupaban la violencia en las canchas y los piquetes que hacían chocar el derecho de unos (a peticionar) con el de otros (a circular).

Nos alarmaban la justicia por mano propia, la burlona ley de lemas, el comercio ilegal, el alcohol al volante y la venta de tierras públicas como el Campo de Polo para convertirlas en megaproyectos inmobiliarios (campana para Rodríguez Larreta).

Se le pidió a Santiago Kovadloff una reflexión sobre lo que nos pasa. Y dijo: "La repetición de tantos de nuestros errores es hija de la ineptitud para transformarlos en una fuente de aprendizaje, es decir, en experiencias aleccionadoras. Cuando la política es incapaz de llevar a cabo este proceso de capitalización de sus equívocos reiterados, deja de cumplir con la posibilidad de contribuir a la autocomprensión de la sociedad a la que representa. Esto congela en el inmovilismo y la desorientación, cerrando el ingreso al porvenir y, con él, a una comprensión más fecunda del tiempo".

Amo y señor del feudo santacruceño

Editorial del diario La Nación
Nuevos datos confirman que Néstor Kirchner manejó como propios entre 600 y mil millones de dólares de la provincia patagónica, que desaparecieron.

Suele decirse que el caso Skanska fue el primer escándalo del kirchnerismo, pero hubo otro anterior, tanto o más escandaloso, aunque referido exclusivamente a la provincia de Santa Cruz.

Nos referimos al de los fondos que aquella provincia recibió del gobierno de Carlos Menem por regalías petroleras mal liquidadas. La suma fue de 630 millones de dólares, pero hay cálculos que la elevan a más de mil millones de esa moneda. A la historia pasaron como los "fondos de Santa Cruz", que Néstor Kirchner envió a bancos del exterior y, como nunca hubo una rendición de cuentas real y en forma, y el dinero prácticamente se evaporó, se sospechó que el entonces gobernador Kirchner se apropió del manejo de esa fortuna y, probablemente, también de la fortuna.

Ahora las sospechas se confirmaron a partir de una investigación de Clarín acerca de cómo Kirchner transfirió esos dineros a entidades bancarias extranjeras mediante movimientos de entre uno y dos millones de dólares enviados, por lo general, a sociedades privadas de dueños desconocidos. Según la investigación, una de las financieras de la Argentina manejó parte del dinero "con una cuenta a nombre de la provincia de Santa Cruz y del propio Néstor Kirchner".

Como no podía ser de otra manera, el esquema de corrupción que puede apreciarse en este caso es el que aplicó Kirchner en sus años de gobernador y que luego trasladó al plano nacional al acceder a la presidencia, y que parte de la base de considerar lo estatal como un bien personal.

Por ejemplo, de acuerdo con la investigación, quien ordenaba el manejo de los fondos de Santa Cruz fue Lázaro Báez, que en aquel entonces se desempañaba como gerente departamental del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Posteriormente, Báez se convirtió en dueño de empresas de construcción que ganaban las licitaciones para obras públicas y se lanzó a comprar propiedades en toda Santa Cruz y en otras provincias, además de llevar a cabo negocios con la familia Kirchner, como alquilarles muchas habitaciones en los hoteles que poseía esa familia y que los empleados de Báez nunca ocupaban. Una típica maniobra de lavado de dinero.

En 1995, Báez y otro funcionario del Banco de Santa Cruz informaron a la empresa Kega Holding Internacional Inc., de dueños desconocidos, que podían disponer en forma "incondicional" de 17.200.000 dólares, que saldrían de una cuenta de la provincia en el Banco de Santa Cruz, pero desde la cuenta de este banco en el Citibank de Nueva York.

A la luz de estos nuevos datos cobra sentido -un sentido entre cínico y aberrante, claro- el silencio que mantuvo Kirchner, mechado de mentiras y desinformación, sobre el destino de los famosos fondos luego desaparecidos, pues de aquellos cientos de millones sólo habrían quedado en Santa Cruz 30.000 dólares.

Cuando Sergio Acevedo accedió a la gobernación de la provincia patagónica tras haberse desempeñado como titular de la SIDE, mostró la voluntad de transparentar la suerte que habían corrido aquellos fondos, pero se vio frustrado al no recibir información confiable. Quienes lo sucedieron en el cargo, al que renunció para no convalidar hechos de corrupción en marcha, tampoco pudieron arrojar luz sobre la suerte que corrió la fortuna.

Resulta ilustrativo recordar que una actitud similar mantuvo Cristina Kirchner. Cuando inauguró una planta cementera en Pico Truncado, en 2008, efectuó una enérgica defensa del manejo de los fondos santacruceños. Según ella, parte de esos fondos se emplearon en la construcción de la cementera que inauguró. Y agregó: "Siempre me pareció muy curioso que en un país donde se habían llevado todo, donde nadie podía dar cuenta de lo que faltaba, un hombre que gobernó esta provincia y el país había ahorrado lo que otros no podían explicar". Es probable que hubiera ahorro, pero no para la provincia, que vio desaparecer la mayor parte del dinero.

Aunque Kirchner lo manejara como propio, ese dinero pertenecía a una provincia que ya entonces tenía graves problemas, que se profundizaron durante la gestión presidencial del matrimonio Kirchner; una provincia donde el empleador casi excluyente sigue siendo el Estado; una provincia que no pudo diversificar su modesta economía y que, durante décadas, fue un feudo, y como tal lo manejaron y lo explotaron los Kirchner.

Hace seis años decíamos en esta columna que era una burla a la ciudadanía nacional y a la santacruceña que en pleno siglo XXI se hablara del misterio de lo ocurrido con alrededor de mil millones de dólares estatales. Ese misterio empieza a descorrerse y lo que se ve indigna y espanta.

Una palabra sensible

Por Jorge Liotti - LA NACION

La complejidad diplomática de la disputa por las islas Malvinas ha quedado reflejada a lo largo de los años en una serie de sutilezas semánticas que tienen fuertes implicancias políticas. No es lo mismo hablar de "los intereses" de los kelpers que de sus "deseos", porque el primer término hace referencia a cuestiones económicas, culturales o sociales, mientras que el segundo remite al principio de autodeterminación que defienden los isleños.

En los textos diplomáticos también hay un cuidado especial para referirse a las Malvinas o a las Falklands en el caso de los británicos, así como de llamar "continente" al territorio argentino para que no se pueda entender que el archipiélago es parte de otro país.

En este universo de terminología de guantes blancos que ambos países han conservado por años, la palabra "soberanía" es la más determinante, porque divide las aguas entre el reclamo de la Cancillería y el rechazo del Foreign Office. La Argentina se apoya en la resolución 1065 de la ONU, que reconoció una disputa internacional, y Gran Bretaña considera que el tema quedó resuelto con la guerra de 1982 y jamás aceptó hablar de la cuestión.

Este delicado desentendimiento retórico entre ambos países fue sacudido abruptamente por el presidente Mauricio Macri cuando dijo que la primera ministra británica, Theresa May, había aceptado dialogar sobre soberanía. Una ruptura con 34 años de tradición diplomática en una conversación de dos minutos. Demasiado bueno para ser cierto. Ayer se conoció la esperada desmentida británica.

"Macri le propuso dialogar sobre todos los temas bilaterales, que incluyen Malvinas, pero no específicamente sobre la soberanía", admitió un integrante de la comitiva que acompañó al presidente a Nueva York. Es decir: interpretó que la aceptación de May a hablar "de todos los temas" implicaba hablar de "soberanía", pero esta palabra no fue dicha. En una interrelación de palabras y silencios cuidados, puso una palabra donde hubo un silencio.

Ayer en el Congreso, donde se discutió el tema en ambas cámaras, varios atribuían el traspié al trazo grueso que Macri suele utilizar ante temas que escapan a sus prioridades. Ya le había pasado, por ejemplo, cuando tuvo que hablar sobre los desaparecidos en la dictadura. "Es un ingeniero manipulando jarrones chinos", graficó un legislador del oficialismo. Un exceso de voluntarismo y simplismo verbal.

También hay una interpretación algo más sofisticada. Macri llegó a Nueva York en medio de los cuestionamientos que generó el documento conjunto que firmaron la semana pasada los vicecancilleres Carlos Foradori y Alan Duncan. Allí se habló, entre otros temas, de negociar una mayor frecuencia de vuelos entre las islas y el continente, y de avanzar en la cooperación en materia hidrocarburífera y pesquera, con una referencia al posible levantamiento de las sanciones. Sin embargo, no hubo ningún compromiso que pudiera ser interpretado como un progreso para los objetivos argentinos en relación con Malvinas.

Tanto la oposición como sectores del oficialismo cuestionaron la excesiva generosidad del comunicado, que interpretaron como una extensión ampliada de la carta que May le había mandado a Macri poco tiempo después de asumir. Incluso diplomáticos que conocen de cerca el tema, como el ex embajador en Londres Vicente Berasategui, se sorprendieron por el desbalance.

Con este dato en mente, Macri pareció intentar revertir esa percepción. Apenas pisó Nueva York dijo que el reclamo de soberanía "no es negociable". Después acentuó la idea al hablar ante la Asamblea de la ONU. Y más tarde, con el mismo impulso, sobreejecutó un comentario de compromiso de May.

Gran Bretaña olvidará rápidamente el desliz porque tiene más intereses que antes para mejorar la relación con la Argentina. El Brexit la obliga a reorientar su búsqueda de mercados alternativos y el discurso aperturista de Macri es bienvenido. También los isleños presionan para abrir compuertas porque el sueño de la sustentabilidad económica basada en el petróleo está demorada por la baja del precio del crudo.

El problema de fondo para Macri reside en elaborar una estrategia que no quede recluida en el buen diálogo y los gestos de amabilidad. Una estrategia que permita incorporar en la negociación el concepto de soberanía. Esa palabra que marca la diferencia.

Una nueva estrategia

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION
Si hay algo que el gobierno de Mauricio Macri olvida con facilidad son las pasiones argentinas. Raro en un equipo que surgió en su mayor parte por sus aficiones futboleras. Ese olvido de las emociones es lo que explica, en gran medida, la polémica abierta en Buenos Aires por la firma de una declaración conjunta de la canciller Susana Malcorra y el vicecanciller británico, Alan Duncan, en la que se refirieron a las islas Malvinas, entre otras cosas.


Sólo anteayer, después de varios días, el Presidente nombró la palabra "soberanía" en una declaración pública. Ayer, en su discurso inaugural como orador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, volvió a hacerlo, pero de manera esmeradamente cuidadosa para no alejar la posibilidad de un acercamiento entre Buenos Aires y Londres. Mas tarde, en un encuentro fugaz con la primera ministra británica, Theresa May, el Presidente, según dijo, le habló también de discutir la soberanía. La respuesta de May a Macri es más difícil de desentrañar. La propia Malcorra salió luego a bajar las expectativas.

Por el contrario, si hay algo que el gobierno macrista hace con exquisita precisión es diferenciarse de Cristina Kirchner. Hace un año, en el mismo escenario, la ex presidenta se olvidó de las Malvinas porque la envolvía entonces en la polvareda de otra guerra: la que mantuvo hasta el final de su mandato con los fondos buitre.

Hace un año, Cristina prefirió felicitarse ella misma -cómo no- por haber firmado el tratado con Irán para averiguar la "verdad" sobre el atentado a la AMIA. En el otro extremo, Macri denunció ayer los dos atentados terroristas de la década del 90, los que volaron la AMIA y la embajada de Israel, y pidió apoyo internacional para esclarecer aquellas tragedias. Macri hizo ayer un enfático rechazo de cualquier clase de terrorismo en un mundo estremecido por el terror, mientras Cristina se ocupó más el año pasado de criticar a las naciones occidentales que combaten contra el fanatismo islámico. Cada línea del discurso de Macri de ayer era un trazo diferente de la Cristina de los últimos años, sobre todo.

Conviene detenerse en el caso Malvinas porque es una de las pasiones argentinas relegadas en días recientes por el gobierno de Macri. En primer lugar, la declaración de Malcorra y Duncan abarca varios temas, y todos tienen la clara intención de normalizar una relación que se había convertido en demasiado tensa. No dice nada que no se haya hablado antes entre los dos países. De hecho se reinstalaron las reuniones anuales de alto nivel que se acordaron en 2002 y que dejaron de tener vigencia en los hechos durante el kirchnerismo.

La Argentina podría sacar provecho de ese retorno a la normalidad porque Gran Bretaña es un inversor importante y tiene influencia en sectores económicos y financieros internacionales. Los británicos alimentarían sus propios réditos, porque su política exterior busca nuevos horizontes después del Brexit, que desvinculó a Gran Bretaña de la Unión Europea (aunque todavía no en los hechos). Malcorra y Duncan llegaron a la firma con sus propias necesidades y la declaración satisface, de algún modo, a los dos.

Los párrafos referidos a las Malvinas tienen el evidente propósito de serenar a los habitantes de las islas. Una mayor frecuencia de vuelos entre las islas y el continente argentino es prueba de ellos. También el acuerdo para facilitar una tarea conjunta en la explotación del petróleo y la pesca en las aguas cercanas a Malvinas. ¿Es una concesión? Lo es. Pero la pregunta que debe hacerse es si en el mundo de hoy es posible hacer algo en un territorio determinado contra la voluntad de sus habitantes.

En 1965, cuando se aprobó la resolución 2065 que encomendó a los dos países iniciar una negociación por la soberanía de las islas, la prioridad en el mundo era la descolonización de muchos países que todavía respondían a una metrópolis lejana. En el mundo de hoy, cuando ya las colonias pueden contarse con los dedos de la mano, la prioridad es el derecho de las personas.

Cincuenta años es un tiempo muy largo para un mundo en permanente cambio, aunque nunca dejará de tener valor aquella declaración del 65 que lograron dos destacados diplomáticos argentinos: Miguel Ángel Zavala Ortiz y Lucio García del Solar. En el fondo, los famosos osos de peluche que Guido Di Tella les enviaba como regalos a los isleños eran la aceptación implícita de que nunca la Argentina podría hacer nada en las Malvinas sin la aprobación de los isleños. Macri eligió otro camino, pero con el mismo objetivo.

Vuelos y eventuales acuerdos petroleros y pesqueros significan un mensaje de que la Argentina no es un país agresor, que los isleños pueden imaginar un destino británico o argentino sin sobresaltarse en la noche. La notificación de esa realidad por parte del gobierno argentino es clave para entender la declaración de Malcorra y Duncan.

Por lo demás, la Argentina no tiene muchas alternativas en materia de pesca y petróleo: o intenta hacer las cosas junto con los británicos o los británicos las harán solos. Ellos tienen el dominio del territorio y una fuerza militar incomparable con la Argentina. Un antecedente que no puede olvidarse en la relación con los británicos por las islas Malvinas es que hubo una guerra perdida por la Argentina. Aunque en la Argentina hay generaciones que, después de 34 años, no vivieron la guerra, es inevitable que vivan con sus consecuencias. Nadie olvida, al fin y al cabo, quién ganó y quién perdió una guerra.

Ya fracasó la política de la agresión verbal, de la indiferencia o el desdén. Esa fue la estrategia que prevaleció durante el gobierno de los dos Kirchner y el resultado no pudo ser peor. Era hora de explorar nuevos caminos. Gobiernos con líderes distintos tanto en Buenos Aires como en Londres son oportunos para ayudar a encontrarlos.

Después de todo, la intransigencia de Cristina Kirchner encontró su espejo en Londres con el entonces primer ministro David Cameron. Éste también usó las Malvinas con fines exclusivamente electorales. Acaba de aterrizar en Buenos Aires, además, un nuevo embajador británico, Mark Kent, con fama de ser un incansable constructor de puentes.

El Gobierno se olvidó de las pasiones cuando no puso especial énfasis en señalar que la soberanía argentina sobre las islas es un principio innegociable. Esa soberanía y la obligación de gestionar su recuperación están en la reforma de la Constitución de 1994. Faltó esa declaración, aunque hubiera sido sólo verbal de parte de la canciller.

La administración debió ser más específica en la necesidad de avanzar en la relación con Londres en los asuntos no controversiales, pero sin renunciar a la disidencia de fondo. Tal vez haya sido consecuencia de que el Gobierno daba por hecho lo que nunca está definitivamente hecho. O creyó, equivocado, que la normalización de una relación exterior virtualmente inexistente hasta ahora eclipsaría como novedad la cuestión de Malvinas. No sucedió.

Sea como fuere, lo cierto es que pocas veces la administración de Macri encontró tanta resistencia en la propia coalición gobernante. Tanto el radicalismo como Elisa Carrió salieron en el acto a cuestionar la ausencia de la palabra soberanía en la declaración bilateral o en los discursos de los funcionarios argentinos. Es la prueba de que pocas cosas (sólo Malvinas y la selección argentina de fútbol, tal vez) pueden despertar tantas pasiones entre los argentinos. El Gobierno se notificó tarde, pero se notificó al fin, de que la política también está hecha por las pasiones.

Cooperativas: del sueño al blanqueo del dinero político

 Por Horacio Cardo

Recomendada. Una nota sin desperdicio...

Por Jorge Ossona - Clarin.com

Una de las consecuencias de la reestructuración económica comenzada hace cuarenta años fue la informalización progresiva de la fuerza de trabajo que afecta casi al 40 % de la población laboral. Entre las múltiples estrategias de supervivencia que rigen a ese segmento sobresale el cooperativismo.

El kirchnerismo procuró extenderlo mediante diversos programas como “Argentina Trabaja”. Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y destinado exclusivamente a la construcción de obras públicas, su ejecución quedo a cargo de los municipios. Miles de micro emprendimientos familiares y vecinales hasta entonces semiautónomos se inscribieron entusiastas en el proyecto aspirando a convertirse en prósperas “pymes”. Sin embargo, su implementación reveló su verdadera naturaleza, bien distinta a los elevados objetivos que prometía. El primer escollo procedió de los requerimientos organizativos y burocráticos para ingresar en el programa, solo accesibles a conocidos “expertos” que no eran sino los ubicuos punteros vinculados al municipio y a las denominadas “organizaciones sociales”.

Alexis, ex presidente de una cooperativa vecinal del GBA, nos describió las secuencias de la develación. “Ahí se empezó a ‘podrir todo’ (sic) porque aparecieron los de siempre: los punteros de los funcionarios, o los ‘satélites’ de los piqueteros”. Después, se terminaba recorriendo un camino conocido en las técnicas administrativas de la pobreza: “primero, te estructuraban, después, te fragmentaban; y, por último, te rompían (sic)”. Toda una hoja de ruta cuyo desenlace tornaba perceptible el sentido último de la reforma.

En teoría, las cooperativas eran redes sociales anteriores al programa y, por lo tanto, autónomas. Sus responsables debían tramitar su personería jurídica, matrícula nacional, inscripción en los organismos fiscales, y la eximición del impuesto a las ganancias. Luego, debían elegir una dirección integrada por un presidente, un secretario y un tesorero. La “estructuración” comenzaba precisamente en ese paso crucial: sus autoridades eran solo reconocidas en tanto aceptaran una serie de condiciones informales para, supuestamente, agilizar su puesta en marcha. “La primera imposición consistía en sumar ‘solidariamente’ a tus treinta o cuarenta socios un número equivalente de desconocidos. Ahí comenzaba el deterioro de tu autoridad porque tenías bajo tu ala a un montón de “truchos” que no se te reportaban y realizaban tareas ajenas a la finalidad de los proyectos: gente al servicio personal de los funcionarios y sus familias, militantes que no trabajaban a cambio de pequeñas comisiones por su inscripción; u otros que cumplían parcialmente con sus obligaciones percibiendo solo porcentajes recortados del subsidio. El paquete incluía también a inexistentes ‘cooperativistas de paja’ cuyas rentas terminaban en la caja o en el bolsillo del dirigente”.

La “fragmentación” de la cooperativa se plasmaba en los descuentos diferenciales de los depósitos extraíbles mediante tarjetas magnetizadas previamente acordados entre el Banco Nación y el municipio. Algunas organizaciones directamente retenían las tarjetas procediendo al pago personal y antojadizo de los estipendios a sus socios. La trampa proseguía con la entrega “asistencial” de insumos: “primero, te tiraban materiales de baja calidad y en cantidades insuficientes por el entongue entre el intendente y las empresas; con lo que las obras terminaban incompletas o mal hechas. Después, venían las reformulaciones autoritarias de los contratos reduciendo drásticamente el número de tus trabajadores genuinos en las obras. El resto se agregaba resignadamente a la arbitraria disposición de los funcionarios como choferes, placeros, barrenderos y demás servicios”.

Tenemos aquí la develación del primer sentido implícito del régimen: la reducción de gastos municipales mediante la tercerización de trabajadores mucho más baratos y dóciles por no estar sindicalizados. Indiscernible del segundo: la transformación de la cooperativa en un micro aparato que, sumado a los demás, configuraban un verdadero ejército de miles de militantes. “Si no asistías a los actos partidarios, cortes, marchas o escraches, empezaban los descuentos y la perdida de premios. Y no tenías derecho al pataleo porque el zorro cuidaba a las gallinas: la Federación de Cooperativas o la Central de Trabajadores de la Economía Social, que debían supervisarlas, estaban al mando de los líderes de movimientos sociales oficialistas. Ante el primer cuestionamiento del desvío ‘te rompían’, induciendo al resto a dejar tu organización. Luego, te denunciaban por malversación de fondos para arrancarte la renuncia a la dirección y reemplazarte por satélites que directamente le entregaban los libros al municipio para la confección de fracturas truchas. Por eso, ninguna cooperativa –remata Alexis- resiste hasta el día de hoy una auditoria seria”.

Con ello, se cerraba el círculo de su fagocitación por el Estado: las cooperativas terminaban conformando una gigantesca estructura de blanqueo de fondos ilegales para el financiamiento de la política. Tercerización laboral ajena a sus fines contractuales, politización autoritaria y malversación de fondos presupuestarios: por cierto, un desenlace bien distante de “la nueva conciencia colectiva” que decía auspiciar el programa y al “sueño autogestionario” prometido a sus socios. 

Jorge Ossona es Historiador. Miembro del Club Político Argentino

Carrió advirtió que habrá problemas con la energía a fin de año y pidió ayuda de las FFAA

(Infobae.com) - Extractado.
La diputada dijo que está trabajando en una Ley de Defensa Civil para evitar inconvenientes por eventuales cortes de luz. Dijo que “vamos a menos cero de inflación”


Elisa Carrió quiere una nueva Ley de Defensa Civil antes de fin de año (NA)

Elisa Carrió, diputada nacional y una de las principales aliadas del gobierno de Mauricio Macri, trazó un análisis de la situación del país y aseguró que para ella la principal preocupación no pasa por la economía, sino por la crisis del sistema energético de la Argentina. Según advirtió, para fin de año habrá problemas en ese área. Para evitar inconvenientes, sugirió que será necesaria la ayuda de las Fuerzas Armadas.

"El problema que tenemos es que con las tarifas y la devastación del sistema eléctrico, obviamente vamos a tener problemas a fin de año, pero estamos creando la Ley de Defensa Civil para que esto sea programado y organizado", adelantó Carrió, en diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase, en Vorterix Rock.

La diputada dijo que en el marco de esa ley será necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas logísticas. "La gente tiene que saber que cuando no se pagan tarifas, no se renueva el sistema eléctrico. Hay enormes problemas de infraestructura, se ha abandonado el desarrollo del sistema, hay mayor consumo y en consecuencia estamos tratando de enfrentar conjuntamente con el Gobierno para que haya una defensa civil", agregó. "Pedimos la colaboración de la logística de las Fuerzas Armadas, queremos una buena ley de defensa civil en el caso de terremotos, de eventuales cortes o de inundaciones", explicó.

Carrió contó además que hoy se encuentran "revisando una ley que viene del Senado" para ver si cubre los objetivos que tienen en mente. "Empecemos a trabajar en al defensa efectiva de la sociedad", pidió.  Pedimos la colaboración de la logística de las FFAA, queremos una buena ley de defensa civil.

Argentina no podía ganar más medallas

(Perfil.com) - La relación entre la economía de los países y los triunfos obtenidos. Los estudios previos y los resultados. Riqueza y demografía. Las naciones que desafían la regla.


Paula Pareto con su medalla de oro.

Hemingway decía que la diferencia entre un rico y aquel que no lo es radica en un solo punto: uno tiene mucho más dinero que el otro. ¿Será tan simple como eso? Las preguntas sobre las condiciones y consecuencias de la riqueza y de las diferencias entre los que más y los que menos tienen cruzan todas las teorías políticas. ¿Es el trasfondo económico lo que origina distintas formas y resultados políticos, culturales, religiosos y hasta deportivos?

Marx sostenía que la estructura condiciona la superestructura, que las bases económicas y productivas generan su correspondiente andamiaje jurídico y político. Weber ve una sincronía de razones que atraviesan lo económico y lo religioso. Smith estima indisoluble el vínculo entre el desarrollo económico, la ética y el egoísmo individualista.

De una u otra manera, los clásicos entienden que la economía está detrás de las leyes, los regímenes de propiedad, los cultos religiosos y las relaciones personales.

¿Hasta dónde la economía metió la cola en el resultado de estos Juegos? ¿Existe alguna relación entre la cantidad de medallas que ganó cada país y su desarrollo económico?

Un mes antes de que se iniciaran los Juegos, la consultora Price Waterhouse puso a prueba esa relación. En base al PBI de cada nación y tomando en cuenta el desempeño en las Olimpíadas pasadas, pronosticó quiénes ocuparían los diez primeros lugares del medallero: Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Australia, Francia, Japón, Corea del Sur e Italia. Con pequeñas variantes en las ubicaciones, el pronóstico de la consultora fue correcto.

Goldman Sachs también difundió un estudio con pronósticos y resultados similares: “El éxito económico mejora las opciones de gloria olímpica, porque es más probable que un país produzca atletas de categoría mundial en un ambiente de categoría mundial”.

El PBI de los mejores. Ahora, con los resultados sobre la mesa de los principales países competidores y tomando en cuenta sus PBI, se compuso el gráfico que acompaña esta nota. Allí se muestra:
* El PBI per cápita promedio de los primeros diez países del podio ganador es de 35.550 dólares. 
* De los segundos diez, 22.520 dólares.
* De los terceros diez, 11.870 dólares.
La primera conclusión confirmaría que a mayor poder económico, mayores éxitos deportivos. Esto, en general. En particular, hay algunas aclaraciones.

Entre los primeros diez, hay ocho países cuyos PBI per cápita gira entre los 30 mil y los 56 mil dólares, pero hay dos que están algo por debajo de 10 mil: China y Rusia. Las explicaciones son múltiples, desde la tradición deportiva que les dejó a esos países la competencia en todos los niveles que mantenían con Occidente durante la Guerra Fría, hasta el tamaño de sus territorios y poblaciones. Sobre esto último también hay distintos estudios que demuestran la relación entre demografía y éxito deportivo: “Cuanto mayor es el universo poblacional del que provienen los deportistas, aumenta su probabilidad estadística de ganar más medallas”, explica un estudio de la Universidad de Ingeniería de Colombia.

Entre los segundos diez países (del 11º al 20º), también conviven diferentes realidades económicas. Allí aparecen algunas excepciones dentro de un alto promedio de PBI per cápita. Países que comparten su origen soviético (como Azerbaiján y Kazajstán) junto a otros como Kenia, con uno de los PBI más bajos del planeta. Las razones parecen muy puntuales: de las 13 medallas que ganó Kenia, 12 se relacionan con el atletismo y las distintas modalidades de carreras. Al eventual componente genético de los kenianos (los expertos hablan del gen ACTN3, que compartirían con otros africanos del este y con los jamaiquinos) se le suma el desarrollo de centros de alto rendimiento en las universidades, que se dan tanto en Kenia como en Etiopía. Allí, esos centros se dedican a captar a los jóvenes más talentosos, para quienes ser elegidos suele hacer la distancia entre una vida digna y la miseria absoluta. 

El promedio del PBI per cápita en los siguientes diez países que conquistaron medallas en Río (del 21º al 30º), baja a casi la mitad. Y bajaría más sin la excepción de Suecia, con sus 50 mil dólares per cápita. En los siguientes diez lugares del medallero (del 31º al 40º) sucede algo similar: sin la aparición del súper PBI de Suiza (ganadora de siete medallas), el PBI promedio rondaría los 7.600 dólares. A medida que la cantidad de medallas obtenidas comienza a disminuir, las relaciones estadísticas están más sometidas a las particularidades de cada caso.

El género importa. Otra razón socioeconómica que condiciona el mayor o menor éxito deportivo en las Olimpíadas es la paridad de género. Según Chequeado.com, los estudios indican que mientras menor es la brecha entre mujeres y hombres, mayores chances tiene un país de ganar: “Como hay varias competencias femeninas, es esperable que un mayor acceso de las mujeres a las oportunidades deportivas influya en el número de medallas de la nación en cuestión”. La brecha de oportunidades entre mujeres y hombres está directamente relacionada con las condiciones económicas de cada sociedad.

Claro que, además del imperativo económico, a veces surgen simples casualidades o situaciones irrepetibles (lo mismo pasa con los países). La aparición de deportistas únicos como Usain Bolt, Michael Phelps y Simone Biles, capaces de traccionar una cantidad atípica de medallas; o simples contratiempos que significan milésimas de segundo o una pelota que no entró por un milímetro, y son capaces de dejar afuera del medallero a un competidor.

La Argentina, con sus cuatro medallas, aparece recién en el puesto 45º del ranking. Su ubicación sigue la lógica económica, demográfica e histórica aquí expuesta. Con un PBI per cápita actualizado que ronda los 8 mil dólares, dista de ser una potencia, tampoco cuenta con una cantidad importante de población y no tiene una trayectoria exitosa en los Juegos. La duda en este caso es si el impuesto del 1% sobre el consumo de celulares destinado al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo a partir de 2009 influyó en el hecho de que la Argentina consiguiera el mejor resultado de los últimos 68 años. Difícil saberlo: la diferencia entre las tres medallas de oro de esta vez y las dos de años anteriores parece muy sutil para confirmarlo.

Mal resultado. Medalla más, medalla menos, la Argentina ocupó el lugar que debía ocupar. Pobre, pero no más pobre que su éxito económico.

El problema va mucho más allá de estos Juegos. También en otras áreas (institucionalidad, seguridad, independencia jurídica, educación) el país obtiene malos resultados. No es sorprendente. Lo sorprendente sería que con la riqueza de esta nación estuviéramos entre los diez ganadores olímpicos, fuéramos ejemplo de institucionalidad, tuviéramos una Policía honesta y los jueces dejaran de bailar al calor del poder de turno.

Así como los elevados PBI suelen estar detrás de sociedades exitosas en distintas áreas, el empobrecimiento condiciona esas chances. Habrá que seguir buscando soluciones urgentes en donde las cosas están mal. Pero las soluciones más permanentes vendrán de dar respuesta al problema de fondo: cómo se construye la riqueza de un país y de sus habitantes. Recién después vendrán las medallas. - Gustavo González

Malvinas, el deshielo

Por Ricardo Kirschbaum - Clarin.com
Desde la guerra sangrienta hasta la suavidad tierna de los ositos Winnie the Pooh, enviados con una cálida dedicatoria por el canciller de la Argentina. Entre esos extremos, todos los gradientes posibles en la política para intentar recuperar las islas Malvinas, que continúan en manos británicas desde 1833.


Durante el régimen kirchnerista, la política fue de endurecimiento completo, que se tradujo en leyes concretas que sancionan hasta las vinculaciones comerciales con empresas que estén operando en las islas. El objetivo explícito fue tratar de obstruir la prospección y explotación de hidrocarburos en la zona y el implícito fue buscar forzar a Gran Bretaña a sentarse a negociar con Argentina.

Hoy publicamos el texto de un mensaje que la nueva premier británica, Theresa May, le envío a Mauricio Macri en el que se revela que hay algunos signos de negociación incipientes. May plantea que se puede llegar a discutir nuevos vuelos a las islas a cambio del levantamiento de las restricciones a las empresas que participen en la exploración de yacimientos petrolíferos en el Atlántico Sur.

Hasta ahora, hay un vuelo semanal desde Punta Arenas (Chile) hasta la capital de las islas. Un vuelo de cada cuatro hace una escala en territorio argentino.

La diplomacia argentina empuja para que haya un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas, ya sea desde Buenos Aires o desde otra ciudad del sur. Por el acuerdo de 1971, que desapareció con la guerra de 1982, era LADE la línea que desde Comodoro Rivadavia unía el continente con las Malvinas.

Macri se verá con May en la cumbre del G-20 que se celebrará en China.

Después de la guerra y durante el gobierno de Menem se intentó una política de “seducción” a los isleños, tratando de desmontar las consecuencias de la guerra. Los isleños, por su parte, se convirtieron en ciudadanos británicos plenos, una cuestión central. ¿Por qué? Porque refuerza la idea que la negociación debe ser bilateral con Londres y no tripartita, aunque la opinión (los deseos) de los habitantes en las islas siga teniendo un peso importante.

Malvinas es una rémora del colonialismo británico que tiene una guarnición militar en el Atlántico Sur. Siempre se especuló sobre a quién beneficia los vuelos a las islas, y la conclusión más extendida es que le facilita la vida a los isleños. Desde otro ángulo, volver a negociar cuestiones que acerquen a los isleños al continente, aún cuando no se discuta la soberanía en esta etapa, rompe con la inercia del aislacionismo de las islas y de la rígida posición argentina.

Otro velo que se corre: los negocios con el bloque bolivariano

Por Carlos Pagni - LA NACION

Las evidencias del delito corroen el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero ella intenta una salida: replegarse, acaso junto a Lula, en una cofradía regional de víctimas del imperialismo, bajo la advocación de Hugo Chávez. Ensayó ese movimiento la semana pasada, con el pretexto de que el caudillo caribeño cumpliría años. 

Pero esa fuga la condujo a otra encerrona. Mientras la ex presidenta lloraba a Chávez, aparecían detalles de los negociados de su administración y la de Venezuela. Es otra dimensión del mismo escándalo: la corrupción en las relaciones exteriores, con Julio De Vido como su tenebroso canciller. Ese enlace, que caracteriza el último ciclo de la peripecia latinoamericana, se va develando poco a poco. Por los infortunios del kirchnerismo y por el colapso bolivariano.

De Vido ha demostrado una habilidad prodigiosa para montar negocios a partir de las crisis que él mismo provocaba. La controvertida relación con el chavismo nació al amparo de las dificultades energéticas. Y de una concepción del comercio exterior basada en los intercambios entre Estados. El fideicomiso para canjear combustibles por alimentos o manufacturas nació con esas coordenadas.

Las irregularidades cometidas al amparo de este trueque se conocieron muy temprano. Todavía gobernaba Kirchner y el entonces canciller Rafael Bielsa pidió ser relevado de las relaciones con Caracas. Fue premonitorio: el 4 de agosto de 2007 fue interceptado en el Aeroparque Guido Antonini Wilson con 800.000 dólares en una valija. Un José López de juguete.

Más adelante, el embajador Eduardo Sadous denunció la existencia de una embajada paralela en Venezuela, administrada por Claudio Uberti, el amigo de Antonini, y por el consejero comercial Alberto Álvarez Tufillo. Sadous fue llevado a la Justicia y, como nadie corroboró sus imputaciones, terminó procesado por falso testimonio por el juez Rodolfo Canicoba Corral, a pedido del fiscal Jorge Di Lello. Sobre los hechos señalados por Sadous sigue abierto un expediente en el juzgado de Julián Ercolini. Recuerdos de Carl Honoré: Elogio de la lentitud.

Tufillo fue dichoso. Fue ascendido a embajador y destinado ante el bolivariano Rafael Correa, en Ecuador. Bielsa fue removido. Y Cristina Kirchner expulsó a su sucesor Jorge Taiana. Ajeno a estas fechorías, Taiana fue acusado de filtrar información al periodismo. "Tendrías que aprender de Amado, que es leal", lo ofendió su jefa. Así llegó Héctor Timerman, una de cuyas primeras decisiones fue despedir al subsecretario de Integración Eduardo Sigal por informar sobre aquella embajada paralela. En el altar del tráfico con el chavismo fue sacrificado todo un equipo de política exterior.

Sadous señaló a José María Olasagasti, el secretario privado de De Vido, como uno de los encargados de pedir sobornos. Ahora, como reveló el diario Clarín, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y la fiscal María Luz Rivas Diez investigan a un allegado a Olasagasti, el empresario Juan José Levy, por operaciones irregulares con Venezuela: desde venta de productos de limpieza con fabulosos sobreprecios hasta transferencia de decodificadores de TV adquiridos en Hong Kong, y no fabricados en la Argentina, como exigía el reglamento del fideicomiso bolivariano.

Como sucede con Lázaro Báez y las constructoras, el escándalo de Levy amenaza a todo un sector empresarial. En la Aduana investigan a otros importadores con negocios con el Estado: entre ellos PC Arts Argentina, Informática Fueguina, Newsan y Jukebox. Otro dolor de cabeza para Ricardo Echegaray, el ex mandamás de la AFIP.

El padre de Levy fundó en Palermo el laboratorio Esme, para fabricar pasta dental y gel de baño. Esa actividad no alcanza a explicar la llamativa fortuna acumulada por el hijo. Vive en una gran casa del barrio La Isla, de Nordelta, vecina a la de Sebastián Eskenazi, otro engranaje del kirchnerismo empresarial. Levy comenzó a realizar viajes y fiestas opulentas, a las que a veces llegaba en helicóptero. Su adquisición más reciente fue una Porsche Macan, "igual a la que tiene Tevez", como él dice. Levy se ufana de su amistad con Olasagasti. Y de conocer a Facundo De Vido, el hijo del ex ministro. Los De Vido, ingratos, lo niegan.

Gran parte de la información que se investiga en tribunales proviene de una feroz pelea de Levy con su hermano Alejandro, que estaría vinculado a Daniel Scioli. El ex gobernador ingresó en su infierno astral: Elisa Carrió investiga su enriquecimiento y anoche Luis Majul reveló que casi quiebra el Banco Provincia. Seguro hoy Gustavo Ferrari y Fabián Perechodnik renunciarán al gabinete de María Eugenia Vidal en solidaridad con su antiguo jefe.

De la contienda entre los Levy emanan datos inconvenientes. Sobre todo los innumerables viajes a Venezuela, Qatar y Panamá, además de inversiones en Miami. Como suele suceder en estas trifulcas familiares, los hermanos de Levy levantan el dedo contra su cuñada, María Julieta Ratto. La controversia patrimonial alimentó varios expedientes. Quienes están enfrentados a Juan José salieron derrotados. Acusan de ese desenlace a Olasagasti, por su relación con Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo y gestor judicial de De Vido. Antes de abandonar los cargos públicos, Olasagasti anunció a algunos allegados que sería el nuevo gerente general de Radio El Mundo. En ese entonces Levy negociaba la compra de esa emisora. Soñó repetir la historia de Gerardo Ferreyra, Cristóbal López o Báez: blindar sus negocios con los medios. El genial Manuel Castells explica que las mafias hacen lo mismo.

El derrumbe del kirchnerismo está lleno de curiosidades. La última responsabilidad oficial de Olasagasti fue en la ex SIDE, a las órdenes de Oscar Parrilli. Ahora Parrilli, acusado de negligencia en la persecución del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, debe ser investigado por el juez Lijo. ¿Qué conducta asumirá Olasagasti? ¿Ayudará a su antiguo jefe o colaborará en su destrucción? El kirchnerismo se divide frente a ese interrogante. Sobre todo desde que la esposa de José López comentó a sus íntimos que quien alertó al ex secretario de Obras Públicas de que podrían allanar sus domicilios e incautarle su fortuna fue Olasagasti.

Mientras salían a luz Levy y sus relaciones con Venezuela, De Vido y sus suministros electrónicos provocaron otro escándalo. El juez Juan Carlos Gemignani, presidente de la Cámara de Casación Penal durante la feria judicial, descubrió en un recinto del primer piso de Comodoro Py un conjunto de computadoras, televisores, teclados y monitores sin inventariar. Estaban allí a instancias de la camarista Ana María Figueroa. Militante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, en diciembre pasado Figueroa había informado a sus colegas que De Vido le había ofrecido equipos del programa Argentina Conectada. Le explicaron que, si los aceptaba, incurriría en el delito de percepción de dádivas o, más grave aún, cohecho. Sobre todo porque De Vido, como otros tantos kirchneristas, están involucrados en causas que se tramitan en ese tribunal. Figueroa no entendió y aceptó los materiales.

Esta camarista ha sido la principal gestora de los intereses del kirchnerismo en el máximo tribunal penal. Su acción más llamativa, tal como informó la nacion el 7 de julio pasado, fue solicitar, al trasladarse de la Sala II a la Sala I, seguir interviniendo en las causas relacionadas con el atentado contra la AMIA. En los tribunales atribuyen el pedido a una exigencia de Carlos Zannini. También resultó escandalosa la demora de Figueroa, que preside la Sala I de Casación, en el trámite de 46 causas que no estaban siquiera registradas.

Así como recibió el equipamiento de De Vido, Figueroa ya había aceptado un cheque de $ 530.000 del Consejo de la Magistratura, para realizar refacciones sin licitación. La revelación de estas novedades llevó al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Guillermo Lipera, a pedir al Consejo de la Magistratura una auditoría sobre la Sala I de la Cámara, que conduce Figueroa.

El descubrimiento de Gemignani se inscribe en esta secuencia. Y desató una guerra dentro de la Cámara. El juez denunció a Figueroa ante el Consejo de la Magistratura. Pero quedó envuelto en un conflicto delicado al pretender inventariar el material enviado por De Vido. En un primer intento, el martes pasado, la secretaria de la sala, Carolina Dragonetti, solicitó postergar la diligencia un par de días. De inmediato el camarista Slokar se comunicó para evitar ese registro. ¿Quién le habrá avisado? El jueves, Gemignani encontró otra dificultad: la subsecretaria de la Sala, María Amelia Expucci, que trabaja a las órdenes de Figueroa, se resistió a labrar el acta con el inventario. El juez, entendiendo que estaba ante un encubrimiento y no ante una simple insubordinación, pidió al personal de seguridad que Expucci fuera remitida al juez de turno, Marcelo Martínez de Giorgi.

Expucci quedó detenida durante una hora y media, por lo que denunció a Gemignani por privación de la libertad ante Daniel Rafecas. Este magistrado deberá decidir si remite el expediente a Martínez de Giorgi.

Los integrantes de Justicia Legítima denunciaron a Gemignani por abuso de autoridad. La Asociación de Magistrados también lo censuró. Entre los líderes de esa organización está el consejero de la Magistratura Luis María Cabral, gracias a quien Expucci ingresó a la Cámara. Pero Martínez de Giorgi o Rafecas deberán desentrañar algunas incógnitas. Por ejemplo, si Gemignani ordenó que detuvieran a Expucci. El subcomisario Gabriel Ruiz informó a Gemignani y a sus colegas Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, que Expucci nunca había estado detenida.

La conducta de Expucci fue evaluada por el fiscal de Justicia Legítima Pedro Zoni, quien de inmediato dictaminó la inexistencia de delito. Martínez de Giorgi puede aceptar ese criterio o indagar si, como creyó Gemignani, la secretaria intentó encubrir a su jefa Figueroa y, en todo caso, a De Vido. El ex ministro ayer aportó su interpretación: Gemignani estaría loco.

El conflicto entre Gemignani y Figueroa no se acaba de desatar. Están enfrentados desde hace tiempo. Su mayor desencuentro se debió al pacto entre Cristina Kirchner y Mahmoud Ahmadinejad por la causa AMIA. Gemignani lo consideró inconstitucional. Figueroa lo defendió. Ese acuerdo es enigmático. La explicación más convincente, ofrecida por algunos kirchneristas muy cercanos a la ex presidenta, es que obedeció a una gestión de Hugo Chávez. El fiscal Alberto Nisman fue más allá: denunció que en el medio había negocios energéticos. Es decir, la diplomacia de De Vido.

La escuela de negocios de Santa Cruz

Por Ricardo Roa - Del editor al lector (Diario Clarin)
Ya ni Cristina sostiene su cuento de abogada exitosa. Pasó a identificarse con bastante menos precisión como comerciante. Dice que “alquila inmuebles” después de haberle dicho al juez Bonadío: “vivo de mi pensión de ex presidente y la de mi ex marido”.

Recibe por esas dos rentas públicas privilegiadas más de $210.000 en el bolsillo. Un vuelto. Como locataria ha sido y es claramente más exitosa que como abogada. Tema de estudio para Harvard.

Compró a precio de remate terrenos fiscales, gentileza de intendente al matrimonio presidencial. Y logró alquilar al gran terrateniente y alquilador serial Lázaro Báez habitaciones que nunca se ocuparon en los hoteles que construyó sobre esas tierras.

Ahora se la investiga más que por esos alquileres por ser parte de una maniobra de lavado. Son las causas Hotesur y Los Sauces, que compiten en novedades con la de las trasnochadas delictuales de José López y los sobreprecios en la obra pública y con Pérez Corradi y los aportes del narcotráfico a la campaña electoral.

No menos importante y oscura es la ruta del dinero que manejó Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Kirchner y de quien Miriam Quiroga, la amante del ex presidente, dice dos cosas: que “era la sombra” de Néstor y que lo vió llevando o llevándole “bolsos llenos de dinero”.

Muñoz era el de mayor confianza y el único del entorno que tenía las llaves de la caja fuerte de Kirchner. Fue también el primero al que Cristina llamó luego de la muerte de Kirchner. “Vení y contame todo”, le ordenó. Se entiende: todo era lo que ella no sabía. Dicen que le dio el cuaderno de Néstor con la contabilidad negra.

Muñoz comenzó como un che pibe del estudio jurídico de los Kirchner y trabajó con el matrimonio presidencial desde el 2003 al 2009. En 2003 declaró un Volkswagen Gol como todo patrimonio. Murió hace un mes y medio: sólo en Miami tenía propiedades por más de US$40 millones y se sospecha que era el administrador de las cuentas bancarias de Báez en Nevada, que el fondo buitre NML descubrió.

Bastante de eso conocía Kicilloff. También otro de La Cámpora: el subprocurador del Tesoro. Los dos fueron informados por los abogados que defendían a la Argentina. La documentación fue destruída. La Justicia trata hoy de reconstruirla.

El nombre de Muñoz aparece también en los Panamá Papers detrás de la sociedad Gold Black Limited. Mediante testaferros creó 13 compañías en Miami y en el paraiso fiscal de Delaware. Muñoz actuaba con su esposa Carolina Pochetti, sobrina política del ex gobernador Peralta. Por donde se mire Santa Cruz ha sido una impresionante escuela de negocios.

Cómo detectar a los pícaros que alimentan la grieta

Por Luis Majul - LA NACION

Entre la idea extrema de que Mauricio Macri mata de hambre a los argentinos y la exageración de que todos los que apoyan a Cristina Fernández son tanto o más corruptos que ella, hay un mundo de hechos verificables que relativizan ambos presupuestos.

El problema, ahora mismo, es la dinámica de la discusión. Y eso sí que reconoce responsables con nombre y apellido. Son los pícaros que alimentan la falsa grieta y que, cada vez que se plantea una conversación sobre José López , Lázaro Báez , Aníbal Fernández o Ibar Pérez Corradi , descalifican a su interlocutor poniéndole el cartelito de macrista, gorila, oficialista y terminan la conversación a los gritos. Algo parecido, pero en sentido contrario, hacen los que son incapaces de reconocer las graves consecuencias que sigue ocasionando el tarifazo que decidió Macri e instrumentó Juan José Aranguren . Atención: son los mismos que se niegan a discutir la imputación del ex presidente y ahora también la de Néstor Grindetti en los Panamá Papers que revelaron la existencia de empresas offshore.

A los primeros, cuyo exponente más pintoresco es Guillermo Moreno , se los podría considerar miembros de una secta que cada vez se encierra más. La aparición de Lopecito arrojando bolsos con nueve millones de dólares en "físico", relojes y joyas los apabulló un poco. Sin embargo, siguen alimentando las redes sociales con su resentimiento de marca mayor. Y lo hacen, por supuesto, sin contrastar datos duros ni argumentar con un mínimo de sentido común. Pero cuidado. Porque a los segundos ni siquiera se les pueden mencionar las ambigüedades éticas del Presidente o de algunos de los ministros de su gabinete. Tampoco quieren oír hablar de los puntos cuestionables de la declaración jurada de Macri. Ellos pretenden silenciar al grito de "¿Y por qué no te metés a analizar todas las tropelías que se mandaron estos chorros?". Si se los invita a reflexionar sobre lo inconveniente que resulta que Aranguren, siendo ministro del Estado, tenga acciones de la empresa privada donde trabajaba hasta hace seis meses, atacan así: "¡Qué poco tardaste en darte vuelta, eh!". O te acusan de "choripanero". Son extremistas. De la clase de extremistas que hacen imposible cualquier pensamiento de más de dos pasos.

Y en el toma y daca de ideas sobre el presente de la economía es donde se evidencia más la imposibilidad de desarrollar un razonamiento más o menos complejo. Para cualquier kirchnerista de paladar negro, Macri y su equipo económico asumieron el poder con el único objetivo de quitarles la comida de la boca a los sectores más desprotegidos. Peor todavía: para cercenar los derechos sociales básicos, como el de alimentarse, educarse o cuidar la salud. No hay manera de hacerles entender que el revoleo de subsidios a la generación, distribución y consumo de energía dejó a la Argentina al borde del colapso y que en algún momento había que cambiar el rumbo, porque nos íbamos a estrellar. No hay forma de lograr que contemplen la sencilla idea de que parte de la desmesurada suba de precios durante los primeros seis meses de este gobierno es la consecuencia de una inflación reprimida de más del 700%. No les importa escuchar que un país que vive en emergencia permanente, con millones de planes sociales y que no genera trabajo genuino, tarde o temprano va a estallar por los aires, por más dinero en efectivo que se emita o más parches que se utilicen.

Pero a los energúmenos que hablan de esta administración como si fuera el diablo se les oponen los engreídos de la ortodoxia del ajuste, quienes se resisten a aceptar lo que está pasando ahora. ¿Por qué antes de descerrajar semejante tarifazo de luz, agua y gas no "peinaron" mejor el sistema de datos para diferenciar entre un club de barrio, un taller mecánico, un teatro independiente o la sucursal de un banco, un hotel cinco estrellas o la cancha de River? Lo pregunté con insistencia. Pero nadie del actual gobierno, todavía, me dio una respuesta más o menos lógica. Recibí por toda contestación una serie de "verdades reveladas". Del tipo "era ahora o nunca". E incluso: "Pero ¿vos no estabas contra la demagogia populista que alimenta la fantasía de que todo el mundo tiene derecho a usar el aire acondicionado a 17 grados en verano y a 28 grados en invierno y que el Estado debe garantizar semejante locura?". Sí. Lo estaba y lo estoy. Pero las buenas administraciones combinan los ajustes con las políticas de contención social, para que las distorsiones del timing no las sufran los más vulnerables. Y este gobierno empezó a implementar esta compensación bastante tarde y de manera desordenada.

El primer semestre se está yendo, pero el último mes de este medio año ha sido, sin dudas, el peor. El último índice de inflación fue el más alto desde la crisis de diciembre de 2001. Los economistas de izquierda y de derecha coinciden en que el nivel de actividad es también el más bajo desde la peor crisis de principios de este siglo. ¿Era necesario semejante golpe recaudatorio? Y si coincidiéramos por un momento en que alguien tenía que pagar la fiesta loca y descontrolada, ¿no sería más justo que la pagáramos los que más recursos somos capaces de generar? No soy tributarista, pero algún día la renta financiera debería pagar un impuesto, que hoy es igual a cero. Tampoco soy economista, pero es evidente que apenas asumió el Gobierno le puso el freno de mano a la obra pública con un argumento indiscutible: la actividad era un desbarajuste de sobreprecios, retornos e ineficiencia.

Sin embargo, las consecuencias inmediatas de semejante parate no las sufrieron Lázaro Báez ni José López, sino, en especial, las miles de pymes subcontratadas por las firmas de mayor envergadura. Y, junto con esas pymes, los millones de changarines del conurbano bonaerense y de otras zonas del país. Trabajadores informales que a duras penas llegaban a fin de mes, pero alimentaban a su familia de su propio bolsillo. La multiplicación de la demanda de alimentos en los comedores solidarios lo explica con más rigor que cualquier estadística. Tampoco es un secreto que los salarios están siendo viejos y los precios son cada vez más nuevos. Y que los abusivos aumentos de los formadores de precios en general dejaron a los trabajadores formales e informales de clase media y clase media alta patas para arriba. Por eso es tan difícil ver un restaurante con un cubierto superior a 200 pesos más o menos lleno. Y por la misma razón ya casi no hay ningún argentino que compre un par de medias o elija cargar nafta sin tarjeta de descuento o promo que le haga un poco más liviano el gasto que antes ejecutaba casi sin pensar.

Pero que los otros exponentes de la falsa grieta no se confundan ni sigan confundiendo a los demás. Las inconsistencias éticas que les achacan a muchos funcionarios de este gobierno no tienen punto de comparación con la megacorrupción de Estado que fue inherente al modelo de Néstor y Cristina. Pero los escándalos de corrupción que todos los días generan una noticia más explosiva que otra no van a servir para distraer por demasiado tiempo a los millones de argentinos que no llegan a fin de mes.

Una nueva oportunidad por Malvinas

Por Roberto García Moritán - Clarin.com
La pesca representa casi el 60% del PBI de las islas y depende del acceso a la UE.


El Reino Unido, la segunda economía europea, deja la Unión Europea tras décadas de descontento. En 1975 los euroescépticos no tuvieron un resultado favorable respecto a la permanencia en la Comunidad Económica Europea, precursora de la UE. Sin embargo, esta vez se cumplió la profecía de Winston Churchill que “cada vez que Gran Bretaña tenga que decidir entre Europa y el mar abierto, decidirá siempre por el mar abierto”. El denominado Brexit es una cuestión cuyos efectos eventuales trasciende fronteras.

La agencia de calificación de riesgo crediticio, Standard & Poor’s, viene advirtiendo que Londres podría perder su importancia como principal plaza financiera en beneficio de Frankfurt u otras ciudades europeas. También afectaría las posibilidades de crecimiento de los préstamos a los sectores industriales que dependen de las exportaciones del Reino Unido y señalaba “que la salida británica de la UE es mucho más importante que el riesgo que planteó la continuidad de Grecia en la Eurozona”. Otros bancos como Goldman Sachs o ING se han expresado de forma similar. Esas advertencias no tuvieron efecto. Tampoco la insistencia de Estados Unidos de que un acuerdo comercial con el Reino Unido post-Brexit podría demorarse en el tiempo y sería posterior a las negociaciones con la Unión Europea por el acuerdo de asociación de comercio e inversión Transatlántico (TTIP).

Es evidente que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá una variedad de repercusiones geopolíticas y de política exterior. Irlanda del Norte, por ejemplo, ya anuncia la posibilidad de convocar a un referéndum para decidir sobre su anexión a Irlanda. Gibraltar podría estar en el mismo camino. El ministro Fabián Picardo, en declaraciones públicas, no ha descartado la posibilidad de su adhesión a España.

Un informe parlamentario, elaborado por el Comité de Política Exterior de la Cámara de los Comunes señalaba que el Brexit podría, entre otros, alterar el equilibrio político en territorios como Gibraltar y Malvinas. Respecto a Malvinas, el documento destacaba que la ruptura con la UE tendría “amplias y profundas implicaciones” en el Atlántico Sur. Reconoce, entre otras cuestiones, que “el apoyo de muchos europeos a la posición británica sobre Malvinas sería menos cierta, lo que podría animar a la Argentina a tener una posición diplomática más agresiva” en virtud de que en muchos casos estos países avalan la postura de Londres solo en función del Tratado de Lisboa que rige para la UE y todos “sus territorios de ultramar”.

Desde las Islas Malvinas, Sukey Cameron también había expresado preocupación sobre el impacto que podría tener para la economía de las Islas ya que el 73% de la producción, en particular la pesca que representa casi el 60% del PBI, depende del acceso a la Unión Europea y principalmente a España e Italia. La exportación de grandes volúmenes de pesca de Malvinas a la UE no requería de aranceles o el cumplimiento de cuotas. Es evidente que el proceso abierto por el Brexit plantea un panorama que debería ser analizado con atención. Esta nueva circunstancia, puede resultar en un desafío para impulsar, con aire fresco y una lógica renovada, el restablecimiento del diálogo diplomático entre Buenos Aires y Londres como en una ocasión de estímulo para imaginar con creatividad estratégica un horizonte de nuevas oportunidades con las Islas.

Otro escándalo de Néstor Kirchner y Cristóbal López

Editorial del diario La Nación

Nunca antes en nuestra historia se había hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos y socios del poder

El reciente allanamiento realizado por el juez Claudio Bonadio en las oficinas de Alcalis de la Patagonia o Alpat, productora de carbonato de calcio (soda solvay) donde funciona el holding Indalo, puso el foco de la atención pública sobre esa compañía, cuya turbia historia culminó cuando fue adquirida por el zar del juego Cristóbal López en una maniobra urdida por Néstor Kirchner en 2005.

La historia de Alpat es un símbolo de la malversación de fondos del Estado en proyectos faraónicos, inspirados por el sueño autárquico de los gobiernos militares y aprovechados para hacer negocios en nombre de la soberanía.

En 1972, el gobierno nacional adjudicó a Alpat la instalación de una planta de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, para la fabricación de ese insumo básico a partir de sal y calizas extraídas en la región.

La construcción de la planta tomó más de 30 años, pues no se financiaba con inversiones privadas, sino con toda clase de recursos estatales, a través de aportes de un fondo especial, préstamos del Banco Nacional de Desarrollo garantizados con avales del Tesoro y ventajas impositivas.

Con el Estado siempre como avalista, los préstamos del exterior proveyeron de dinero fácil hasta que los vencimientos impagos cayeron sobre el fisco. Entre 1982 y 1988, todos los avales estaban caídos y, como consecuencia, casi un centenar de pagos fue efectuado por Hacienda.

Según el recordado Julio Rajneri, ex director del diario Río Negro, quien mejor conocía la historia de Alpat, este proyecto costó al país, entre avales, aportes, préstamos y diferimientos, una cifra cercana a los 500 millones de dólares.

Si el gobierno nacional hubiese hecho una auditoría de Alpat para saber adónde fueron esos fondos públicos, habría descubierto que el propósito del proyecto no era fabricar soda solvay, sino construir la obra civil de la planta y del puerto, equiparla con maquinaria importada y contratar consultoras para extender indefinidamente esa máquina de reciclar fondos del Estado.

A través del diferimiento de impuestos (IVA) que debían devolverse en un plazo de diez años, sin ajuste por inflación, las empresas contratistas aportaban a Alpat el IVA que no pagaban al fisco y luego recibían esos mismos fondos al certificar las obras, en una "calesita" que nunca debía detenerse. Del mismo modo, los proveedores de equipos inflaban su precio para sobrefacturarlos en beneficio propio y de algunos otros.

El negocio de Alpat no consistía en ponerla en marcha, sino en aumentar el monto de inversión autorizado por el Gobierno para habilitar así más avales y más diferimientos. La prueba es contundente: se invirtieron 500 millones de dólares y luego fue comprada por Cristóbal López por monedas, desviando fondos públicos como lo hizo con Petrobras.

En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron que firmara un decreto para pesificar las deudas, refinanciar pasivos y obtener nuevos beneficios. El entonces presidente se negó a hacerlo en ese momento, pero las cosas cambiaron cuando falleció el dueño "tras las sombras" de Alpat, el francés Marcel Degraye, que la controlaba a través de Bergo Anstalt, una sociedad de Liechtenstein, también dueña del astillero Alianza, de las pizzas Sibarita y de Blanquiceleste (Racing).

Los herederos de Degraye advirtieron que Alpat, agobiada por sus deudas y por su antigua tecnología, no podría ser competitiva sin renovación de los privilegios acordados por el Estado. El beneficio de facturar sin depositar el IVA, concedido en 1981 para cuando la planta funcionase, había expirado por la demora en la construcción. De ese modo, aceptaron la sugerencia de cederla a Cristóbal López, quien se haría cargo de las deudas y de hacerla competitiva "a su manera".

Luego de pactar los términos de la compra, pero sin cerrarla, el zar del juego obtuvo del presidente Kirchner el dictado del decreto 475/05 "de necesidad y urgencia", semejante al que también logró dos años después para las tragamonedas de Palermo.

Mediante ese escandaloso decreto, Kirchner le otorgó a Alpat, para que López confirmase la compra, los mismos beneficios que le habían pedido los gerentes de Degraye el año anterior. Es probable que ya entonces el presidente, astuto en temas de dinero, hubiera olfateado el negocio para hacer con sus amigos. ¿O para sí mismo?

Por orden presidencial, sus escribas debieron redactar la norma "ilegal", invocando la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, concluyendo cínicamente que se trataba de una "cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto".

Como no es posible cambiar de dueño de una sociedad con beneficios de promoción industrial sin que éstos caduquen y López aún no había comprado Alpat, el decreto citado autorizó, en forma inusual, la transferencia accionaria sin aquella penalidad.

En junio de 2006 se hizo público que South Minerals, una sociedad integrada por Oil M&S, Almería Austral, Hispano Americana de Petróleos, Tecnological SA, Oil Petróleos, Oil M&S Brasil, Combustibles del Rosario y Oil Construcciones compraron el 64,11 por ciento de Alpat.

Disfrazado de "reformulación de los términos del proyecto de promoción industrial", el decreto 475/05 dio nuevamente a Alpat el beneficio de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, algo nunca visto con anterioridad respecto de una empresa ya en marcha con los beneficios promocionales vencidos y con nuevos dueños.

Además, se refinanció la deuda con el Estado nacional por 162,3 millones de pesos (con reducción de tasa y eliminación de punitorios) y se autorizó a Alpat a cancelar parte de esa deuda con un crédito fiscal de IVA (acumulado por las compras durante la construcción) por 26 millones de pesos. Este privilegio fue inédito y paradojal, pues existe un célebre caso de la Corte Suprema de Justicia, de 1986, justamente llamado "caso Alpat", donde se resolvió que los créditos por IVA ("saldos técnicos") no son reintegrables por el fisco y solamente pueden usarse contra futuros débitos fiscales generados con el giro del negocio. Y ésa sigue siendo la situación para el resto de los mortales, salvo para Cristóbal López, a quien Kirchner autorizó a pagar deudas financieras con saldos técnicos.

Para completar el negocio, el Gobierno otorgó a Alpat, proveedor monopólico de soda solvay, la posibilidad de aumentar sus precios, mediante la imposición de un derecho de importación del 10%. Ese arancel se complementó con licencias no automáticas y la inhabilitación para el desembarco del producto por la aduana de Campana, por donde históricamente ingresó el grueso del carbonato. No había ningún justificativo para que el Gobierno concediese esos inusuales beneficios a Cristóbal López. La ley sobre acuerdos preventivos extrajudiciales permitía al Estado nacional, como principal acreedor de Alpat, llevar a cabo un proceso judicial de cramdown para licitar entre varios interesados la venta de la empresa con los beneficios que se otorgaron en la penumbra al referido López.

Nunca antes se ha hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos del poder. Nunca antes se había registrado tal nivel de corrupción en el país y lo que se conoce es apenas la punta del iceberg. Detrás de la pobreza y la delincuencia hay que buscar a quienes se han llevado el dinero votado en el presupuesto para otros fines, a través de la obra pública, el impuesto a los combustibles, los bingos y la apropiación del IVA. Son muchos quienes prefieren ignorar la relación entre ambas cosas, tiñendo así de inmoralidad sus discursos morales.

Un océano de corrupción e ineficiencia

Editorial del diario La Nación
La matriz del saqueo que el kirchnerismo llevó a cabo desde el Estado tuvo una magnitud nunca vista, bajo el disfraz de un relato mentiroso


A raíz de las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña , de los allanamientos a las propiedades de Lázaro Báez y del grotesco episodio protagonizado por el ex secretario de Obras Públicas José López , se instaló la idea de que la corrupción del kirchnerismo se basó principalmente en fuertes negociados con las obras públicas. Sin embargo, esta concepción simplista está muy lejos de dar una idea acabada de lo que en realidad fue la matriz de una corrupción tan extendida que no le hizo asco a ninguna posibilidad de hacer dinero por izquierda y terminó institucionalizando el robo a mansalva pues se utilizaron las estructuras del Estado para robar. Esta matriz corrupta fue posible debido a la corrupción estructural de nuestra clase política, empresarial, sindical y judicial.

Así, hemos asistido a casos que van de las coimas y sobreprecios de los gasoductos a los hoteles de los Kirchner donde Báez alquilaba al por mayor habitaciones que no llegaban a usarse; de los sobreprecios del 450% en la construcción del Centro Cultural Kirchner a la chatarra importada como si fueran trenes; del negocio del dólar futuro, que representó una pérdida para el país de 77.000 millones de pesos, a las estafas al PAMI, que pagaba 500 millones de pesos anuales en remedios para fallecidos y 25 millones a dos clínicas que no existían; de la evasión tributaria de Cristóbal López por 8000 millones de pesos consentida por la AFIP de Ricardo Echegaray, a los 3000 millones de dólares que perdió el país por corrupción e ineficiencia en las compras de gas de Axel Kicillof y Julio de Vido, a quien se sigue protegiendo vergonzosamente en la Cámara de Diputados. Éstos son sólo algunos pocos casos, para no hablar de los protagonizados por Amado Boudou en su calidad de ministro de Economía y luego vicepresidente, como el intento de apropiarse de la ex imprenta Ciccone mediante testaferros.

Para llevar a cabo el saqueo de alto y de bajo vuelo el grupo gobernante, cuyo principal ideólogo y artífice fue Néstor Kirchner, no sólo se adueñó en beneficio propio del Estado, con sus organismos y sus fondos, sino que usó el poder que otorga ese aparato para presionar de forma mafiosa a personas, empresas y grupos económicos privados en un intento por forzarlos a vender a quienes el Gobierno imponía como compradores.

Esas presiones las sufrió, por ejemplo, Repsol-YPF hasta que en 2012 Cristina Kirchner expropió -en los hechos fue una confiscación- el 51% de las acciones de YPF, que estaban en poder de la española Repsol. Pocos años antes, Néstor Kirch-ner había logrado que Repsol-YPF le vendiera al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi -amigos y financistas suyos- el 25% de las acciones, que este consorcio pagaría sin abonar un dólar mediante los dividendos que producían esas acciones.

Otra víctima fue Marsans. El gobierno kirchnerista y los gremios aunaron esfuerzos para expulsar de Aerolíneas Argentinas a este grupo privado español y forzar la reestatización de la línea aérea, altamente deficitaria. Otras empresas, tales como Shell y La Serenísima, también sufrieron fuertes presiones. Uno de los encargados de presionar a empresarios fue el violento secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Al mismo tiempo, y para garantizarse impunidad, el kirchnerismo también presionaba a la Justicia y desactivaba o trababa seriamente el funcionamiento de los órganos de contralor, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la AFIP, que no sólo no controlaban como debían sino que, en el caso de la AFIP, bajo la jefatura de Echegaray constituyó otra herramienta de presión. La Aduana conformó también, junto con la Secretaría de Comercio, otro antro de corrupción en el que todos los ilícitos estaban tarifados.

Nada pasible de ser convertido en delito escapó a la vista y control del kirchnerismo en este esquema que funcionó durante 24 años si computamos las tres gobernaciones de Néstor Kirchner en Santa Cruz y luego su presidencia y las de su esposa. El único cambio entre la gestión provincial y la nacional fue el discurso defensor de los derechos humanos, esencial en el relato del kirchnerismo cuando ocupó la presidencia para así ocultar la realidad y lograr el apoyo de sectores supuestamente progresistas, que prefirieron no reparar en el saqueo llevado a cabo bajo la bandera de los derechos humanos.

La permanencia en el tiempo, sumada a la repetición de los mismos personajes y a la pluralidad, gravedad y diversidad de los delitos cometidos, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos, permite hablar de una asociación ilícita cuya matriz nació en Santa Cruz. La sucesión de hechos de corrupción en todos los campos y la rigurosa impunidad para concretarlos requirió un manejo autocrático en Santa Cruz, luego trasladado al orden nacional. De Río Gallegos provino su más fiel mano de obra: De Vido, José López, Ricardo Jaime y Claudio Uberti. De la etapa de la gobernación data otro de los principales escándalos: el de los fondos de las regalías petroleras, una deuda de la Nación con Santa Cruz que en 1993 ascendía a 630 millones de dólares. Otros cálculos elevan la cifra a cerca de 1000 millones de dólares. Buena parte de los fondos se evaporó.

Como ministro de Planificación, De Vido tuvo bajo su control en esa cartera estratégica buena parte de las áreas donde se ejerció el saqueo: por ejemplo, los transportes con sus concesiones y subsidios, con la tragedia de Once como claro ejemplo del efecto mortal de la corrupción en ese campo, y también las obras públicas y la energía, áreas en las que se destacaron el escándalo Skanska y la futura construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, una obra prescindible, de alto impacto ambiental y sospechada de corrupción por su altísimo costo, sin contar los terrenos adquiridos por Báez en la zona sujetos a expropiación e indemnización. Una de las dos represas de ese monumento a la corrupción llevará un nombre bien apropiado: Néstor Kirchner.

Y, sin embargo, la faena ciclópea del robo institucionalizado jamás podría haberse concretado sin la activa complicidad de los empresarios que accedieron al pago de coimas, y de una buena parte de los jueces y fiscales federales que garantizaron impunidad mientras el kirchnerismo fue gobierno, al no investigar los graves casos de corrupción denunciados. Hicieron falta imágenes explícitas de dinero físico para que la Justicia reaccionara. Los jueces que demoraron las causas son los que tienen que resolverlas. ¿Podrán? ¿Buscarán también a los Báez y López que aún no salieron a la superficie?

Hay que investigar hacia arriba, pero también hacia los costados. La corrupción es una avenida de dos manos. Alguien pagó y alguien recibió el dinero. Hay que saber quiénes son. Se necesitan condenas ejemplares para los responsables de este trágico período de la vida nacional que incluyan la restitución de lo robado.

Algunos casos

- Obras públicas digitadas en favor de empresarios K, como Lázaro Báez

- Enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

- Evasión impositiva de 8000 millones de pesos de Cristóbal López

- Concesiones ferroviarias a empresas que descuidaron el material, con la tragedia de Once como consecuencia

- Hoteles de los Kirchner que recibían millones de pesos de Báez por habitaciones nunca ocupadas

- Desaparición de los fondos de Santa Cruz por regalías petroleras (entre 600 y 1000 millones de dólares)

- Escándalo de la ex imprenta Ciccone, que involucra a Boudou

- Caso Skanska: coimas y sobreprecios en gasoductos

- Negocios paralelos con Venezuela impulsados por Claudio Uberti

- Negociados con la importación de efedrina, parte de cuyos fondos financió la campaña de Cristina
Kirchner

- Contrabando favorecido por la Aduana

- Negociados con fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo

- Gasto de $ 500 millones anuales por parte del PAMI en remedios para fallecidos

- Sobreprecios en la central eléctrica de Río Turbio

- Malversación de $ 26.000 millones para esa mina, que produce lo mismo que en 1953

- La valija con 790.000 dólares secuestrada a Antonini Wilson en el Aeroparque

- El bolso con 100.000 pesos y 31.000 dólares hallado en el baño de Felisa Miceli, que le valió una condena