Odebrecht se va del Sarmiento: le vendió su parte a una empresa italiana

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Cederá su 33% a Ghella, la socia italiana en el proyecto; el Gobierno debe aprobar la operación.

Odebrecht se va del Sarmiento: le vendió su parte a una empresa italiana. Foto: Archivo 

Odebrecht, la empresa más cuestionada de América latina luego de haber admitido el pago de coimas millonarias en varios países, incluidos US$ 35 millones en la Argentina, tiene todo acordado para desprenderse de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento, el proyecto de infraestructura en marcha más grande del país, con un presupuesto de US$ 3000 millones.

De esa manera, espera deshacerse de las críticas que despertó en distintos sectores su permanencia en la iniciativa pese al escándalo que surgió en torno del Lava Jato, la megainvestigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil, con ramificaciones en varios países.

Según las últimas modificaciones accionarias del proyecto, que informó ayer LA NACION, Odebrecht tiene hoy el 33% del consorcio que ganó la construcción del soterramiento del Sarmiento. Esa parte pasará a la constructora italiana Ghella, que ya tiene el 37,4 por ciento. De manera que la firma europea se quedará con el 70% del consorcio. El resto será para Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, que se quedó con los activos que pertenecían a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Ghella y Odebrecht presentaron ayer la documentación con los cambios accionarios en la UTE al Ministerio de Transporte, que maneja Guillermo Dietrich. Esa cartera tiene aproximadamente 25 días para dar su opinión con respecto a las modificaciones, dado que es la entidad a cargo de supervisar la obra.

La firma del acuerdo entre las compañías privadas, en tanto, se hizo la semana pasada. Ante la consulta de LA NACION, voceros de Ghella prefirieron no hacer comentarios.

Odebrecht no es la única firma que emprendió el éxodo del mayor proyecto local de infraestructura. A principios de año, la española Comsa pidió reducir su participación a un 1 por ciento. Además, pidió dejar de ser representante del consorcio y quedó sin cargos ejecutivos en el consorcio.

La salida de Odebrecht fue también celebrada por el Gobierno. Si bien se trató de una negociación entre privados, la administración de Mauricio Macri comenzó a gestar los argumentos para defenderse de las críticas de quienes cuestionaban la presencia de la empresa brasileña en la obra.

Aunque su sombra golpea la gestión actual, la mayor parte de esa historia se escribió durante el kirchnerismo. La apertura de ofertas para soterrar el Sarmiento se hizo el 24 de mayo de 2006. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner le adjudicó el proyecto al consorcio integrado por Odebrecht.

Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que la futura salida de Odebrecht no exime a la empresa de responsabilidades civiles o penales si se demuestra que pagó coimas para quedarse con la obra.

Si bien Odebrecht reconoció el pago de coimas por US$ 35 millones, no especificó quién recibió esos fondos, algo que exigieron varios funcionarios del Gobierno.

Anteayer, la Corte Suprema autorizó a los jueces Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi a viajar a Estados Unidos para buscar información relacionada con las causas por presunta corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht con funcionarios argentinos.

Pese a la incomodidad por las denuncias de corrupción, el Gobierno sostiene que el consorcio a cargo del soterramiento trabaja a un ritmo acorde con los plazos de ejecución, algo que no ocurrió en el kirchnerismo, según sostiene. LA NACION informó días atrás que en la administración anterior no se hizo ni un solo metro de túnel en ocho años, pero las empresas recibieron $ 865 millones. Y recibió otros $ 1086 millones desde octubre del año pasado, cuando Macri definió un nuevo presupuesto para la obra.

En el marco del Lava Jato, un ex ejecutivo de Odebrecht reveló que la empresa había pagado sobornos a funcionarios en el marco de la ampliación del sistema argentino de gasoductos, el sector del cual surgió el denominado caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo.

También se sospecha del pago de coimas para quedarse con la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, y la construcción de la Plante Depuradora del Bicentenario, en Berazategui, que realizó AySA.

En ambos casos, se coló el nombre del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que fue mencionado en el marco de la mega investigación brasileña.

Un proyecto polémico

Lejos y hace tiempo - En 2006 se recibieron las ofertas para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En enero de 2008, la ex presidenta Cristina Kirchner le adjudicó el proyecto a un consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht

Mucha plata, poco avance - El kirchnerismo le giró al consorcio $ 865 millones, pero en ocho años el túnel por donde debería pasar el ferrocarril no avanzó ni un solo metro. Macri redefinió el presupuesto de la obra, que en los últimos meses avanzó 800 metros

Lava Jato - Odebrecht reconoció el pago de coimas en el país por US$ 35 millones. El escándalo creció y aumentó la presión sobre el Gobierno, que tenía contratista a una empresa de ese tipo. Odebrecht acordó la semana pasada la venta de su parte en el proyecto a su socia, la empresa italiana Ghella. Debe esperar la aprobación de Transporte

Campos, aviones y vehículos de una banda narco internacional pasaron al Estado

(El Litoral) - Las estancias Santa Ursula y Santa María del Aguapey, estarán a disposición del Inta y de la Subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico. Los aviones y vehículos serán entregados al Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

Todos los bienes de una banda narco internacional que fue condenada hace dos meses, fueron entregados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y al Ministerio de Seguridad de la Nación por la Justicia Federal de Corrientes.

Se trata de más de 7.000 hectáreas de campos con pistas de aterrizaje en los establecimientos Santa Ursula y Santa María del Aguapey, en la localidad correntina de Santo Tomé, cuatro aviones, una camioneta 4x4, dos motos, un cuatriciclo y equipamiento de transporte.

Los campos fueron entregados al Inta y las aeronaves y vehículos a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, precisaron los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni en su resolución a la que Télam tuvo acceso.

Asimismo, ordenaron depositar a plazo fijo 15.862 dólares y 96.014 pesos decomisados a la banda, conforme lo establecido en la Ley 20.785. 

La decisión del tribunal surgió de un pedido formulado por el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaeffer, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y de la titular de la Dirección de Recuperación de Activos del ministerio público, María del Carmen Chena.

Se trata de bienes que pertenecieron a la banda desarticulada en el denominado operativo “Ciervo Blanco”, que el 11 de abril recibió condenas de hasta 20 años de prisión por asociación ilícita y contrabando de cocaína.

En el procedimiento que desbarató las maniobras de la banda integrada por ciudadanos argentinos, paraguayos, brasileños y peruanos, se secuestraron 329 kilos de cocaína en aviones que llegaban y partían desde Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, que luego era distribuida también en aeronaves.

Descubren a un ex funcionario de la AFIP que vendía favores fiscales

(La Nación) - La Justicia ordenó 200 allanamientos en todo el país.

La Justicia y la AFIP pusieron al descubierto una organización que se dedicaba a vender favores fiscales a unas 5000 empresas y gremios a cambio de un porcentaje del dinero que supuestamente se ahorraba el contribuyente.

Entre los investigados se cuentan un ex funcionario de la AFIP que aparece en el video de La Rosadita donde uno de los hijos de Lázaro Báez está contando millones de dólares en la financiera que usaban para lavar dinero. Este ex funcionario era el jefe de la organización y se encuentra prófugo. Además, la Justicia allanó a los clientes que supuestamente usaron los servicios de esta banda, entre los que se hallan el gremio de los camioneros, que dirige Hugo Moyano.

La causa fue motorizada por la AFIP a partir de una investigación que comenzó en 2014 en Salta, donde un ex rugbier le ofreció a un empresario disminuir sus deudas fiscales. Tras un período en que el caso quedó paralizado con la anterior gestión, con el cambio de gobierno se reactivó y llegó al juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Con los datos de la AFIP más los que reunió el juzgado se realizaron ayer 200 operativos con auxilio de la Gendarmería Nacional.

Fuentes de la AFIP dijeron a LA NACION que se hicieron intervenciones telefónicas que probaron que la banda ofertaba diversos servicios a los contribuyentes.

Ofrecían tres líneas de negocios:

• Les proponían hacer desaparecer deudas fiscales previsionales o impositivas, lo que en la práctica es imposible. "Una deuda no se puede borrar del sistema", dijeron en la AFIP.
• Ofrecían facturas electrónicas apócrifas para simular gastos.
• Ofrecían DJAI, declaraciones juradas anticipadas de importación, un mecanismo que se usó durante el kirchnerismo para permitir que las empresas importaran. Era la secretaría de Guillermo Moreno la que autorizaba legalmente las declaraciones. Y se sospecha de la connivencia de ex funcionarios para entregarlas ilegalmente.

La banda cobraba por ejemplo un 30 por ciento del monto de la deuda que supuestamente hacía desaparecer o un 6 por ciento del valor de los contenedores que pretendían ingresar. En todos los casos los montos eran millonarios.

Entre los usuarios de estas facturas hay algunos sindicatos, pero los clientes de la banda son más de 5000, dijeron fuentes de la AFIP a LA NACION. El operativo en la sede de Camioneros incluyó decenas de gendarmes y personal del organismo impositivo, y estaba vinculado con la investigación por asociación ilícita y evasión fiscal.

Entregan el yate de Jaime para patrullar los ríos

(La Nación) - El juez federal Sebastián Casanello entregó en custodia al Ministerio de Seguridad el yate que la Justicia le secuestró al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, procesado por enriquecimiento ilícito. La intención es que la embarcación sea utilizada para la lucha contra el crimen organizado. 

Casanello invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para disponer la medida y asignarle "una finalidad pública, social y reparadora". La investigación contra Jaime se encuentra a la espera del juicio oral, pero los tribunales se pelean por quién hará el proceso. La idea del Gobierno es plotear el barco de lujo de un millón de dólares y usarlo para patrullar los ríos, en prevención de delitos.

Cotización - US$ 1 millón - Es la valuación del Yate Altamar 64, que adquirió el ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime

Otra medida incoherente. Debería ser vendido y así adquirir equipamiento propio para su función.

Odebrecht le exige al Gobierno que la compense con US$ 203 millones

Por Florencia Donovan - LA NACION

Es casi seis veces lo que se ofreció a pagar por haber sobornado para obtener contratos de obra pública; se formará una comisión tripartita para revisar el resto de sus obras.

De un día para el otro, tras haber confesado haber pagado coimas en el país por US$ 35 millones, Odebrecht se transformó en el peor alumno en el mundo de la obra pública. Ante la evidencia incuestionable de su propia confesión, la empresa ofreció al Gobierno argentino reparar el daño causado pagándole el equivalente de lo que había desembolsado en sobornos. Sin embargo, paradójicamente, en paralelo, también comenzó a reclamarle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos. Sólo por las obras de ampliación de los gasoductos del norte y sur, según confirmó LA NACION, Odebrecht está exigiéndole ahora al Estado un resarcimiento de US$ 202,6 millones, casi seis veces más de lo que pretende pagar en daños por corrupción.

De los tres grandes contratos de los que Odebrecht participa y que el Estado tiene bajo la lupa, el de la ampliación de los gasoductos es el único que por ahora se dio de baja. Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) habían advertido en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías en las obras de ampliación de los gasoductos troncales. Pero fue recién en febrero de este año, que el Ministerio de Energía le dio la orden a Nación Fideicomisos, comitente delegado, que terminara con el contrato. Nación Fideicomisos incluso radicó una denuncia penal por presuntos sobreprecios de hasta el 400 por ciento.

Pero la ley tiene sus vericuetos, y no siempre corre del lado de la ética. La cuestionada Odebrecht ahora pide una compensación por las obras que no pudo terminar. La compañía está exigiéndole al Estado un resarcimiento de $ 939 millones y US$ 123 millones por la rescisión de la obra que estaba bajo la órbita de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA); y $ 148 millones y US$ 13 millones más, por la que había ganado Albanesi. Las cifras surgen del cálculo que presentó la empresa por los bienes y servicios contratados -como maquinaria-, el lucro cesante por no haber podido llevar adelante la planta compresora de gas de Pichanal, en Salta, además de costos estimados por la rescisión y "otros" items, que surgirían de la redeterminación de precios.

En Nación Fideicomisos, no obstante, sólo le reconocerían a la constructora los costos de los bienes y servicios, además del lucro cesante por la paralización de las obras. Pero previamente le demandaron que un tercero certifique que en ambos casos no existieron sobreprecios. Odebrecht contrató para ello a la consultora KPMG, quien aún debe entregar su informe.

Consultadas al respecto, fuentes cercanas a la constructora, desestimaron que hubiera irregularidades."No hubo sobreprecios y se puede observar que los precios promedio de las obras realizadas están alineados con los precios internacionales y son inferiores a valores de otros contratos de alcances similares realizados en Argentina", afirmaron. Y además, defendieron el reclamo pecuniario. "Teniendo en cuenta que, a raíz de la terminación de los contratos en cuestión, Odebrecht ha procurado seguir los pasos contractuales a los fines de su terminación y que el comitente delegado, Nación Fideicomisos, no ha cumplido hasta la fecha con acción alguna para que esto se lleve a cabo, es que por decisión de Odebrecht y a los fines de facilitar un cierre claro y transparente de los mismos, procedió a su propio costo la contratación de una consultoría independiente y de renombre mundial a los fines de ir evaluando parcialmente los temas contractuales pendientes para el cierre mencionado y llegar a un justo balance de los mismos", agregaron. En Nación Fideicomisos, en tanto, optaron por no hacer declaraciones.

Pero los representantes legales de la constructora brasileña no sólo le plantearon a Nación Fideicomisos un pedido de resarcimiento, también le hicieron llegar al Gobierno posibles cifras en caso de que el Estado argentino decidiera avanzar en la suspensión de los otros dos grandes contratos que tiene la empresa: las obras de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y el soterramiento del tren Sarmiento. Se habla de $ 1100 millones y US$ 7,5 millones, respectivamente.

Aunque existe la intención de revisar todas las operaciones de obra pública de la constructora, en el Gobierno saben que no pueden declarar la nulidad de los otros contratos de Odebrecht de forma intempestiva, sin sufrir luego posibles reclamos adicionales. En el caso de las obras de ampliación de los gasoductos existían después de todo informes de la AGN y de la Sigen que respaldaron el accionar oficial.

Por eso es que, en los próximos días, según pudo saber LA NACION, el Gobierno anunciará la creación de una comisión tripartita, encabezada por el Ministerio de Transporte, y secundada por la Sigen y al Procuración del Tesoro para revisar cada uno de los contratos de Odebrecht.

"Aun en el caso de que se concrete la venta de la participación de Odebrecht a la italiana Ghella en el soterramiento del Sarmiento, no se extingue la responsabilidad civil y penal de la compañía", explicaron fuentes del Gobierno al tanto de tema.

En el Gobierno quieren evitar que, con Odebrecht, suceda lo mismo que sucedió con la alemana Siemens, quien también confesó ante la SEC (Comisión de Valores de los EE.UU.) haber pagado coimas para obtener el contrato de los DNI, y proveyó poca información finalmente a la justicia y al Estado Argentino, a quién además había demandado previamente ante el CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial) por daños y perjuicios por más de US$ 500 millones por la rescisión del contrato en 2001. Casualmente, el estudio jurídico Bomchil liderado por Guido Tawil - que defendía los intereses de Siemens ante el CIADI- es el mismo que hoy está negociando ante el Gobierno argentino en nombre de Odebrecht. También la auditora KPMG, ahora contratada ahora por Odebrecht, fue quien había avalado los balances de Siemens Argentina donde se habían escondido los pagos de los sobornos.

La Inspección General de Justicia ya ha intimado a Odebrecht para que presente sus balances 2015 y 2016. Seguramente le corresponda a la justicia revisar balances previos para ver si efectivamente se utilizó a alguna de las sociedades de Odebrecht en Argentina para canalizar sobornos.

Abandonan un pesquero chino

(Boletin Oficial R.A.) - La Prefectura Naval Argentina notifica a la Empresa ZHOUSHAN GANGTAI OCEAN FISHERIES CO. LTD, propietaria del Buque Pesquero “HU SHUN YU 809” (SEÑAL DISTINTIVA BZ1VT) de bandera de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, amarrado a flote en el sector E sur del muelle Comandante Luis Piedrabuena del Puerto de la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del CHUBUT; a sus responsables, representante legales y a toda persona humana o jurídica con interés legítimo sobre el buque referido; que acorde Disposición DJPM, DV1 N° 05/2017 conforme a lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley N° 20.094 (modificada por Ley N° 26.354), se declaró el ABANDONO a favor del ESTADO NACIONAL - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - del citado buque. Firmado: EDUARDO RENÉ SCARZELLO - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

Cesar Esteban Bevacqua, Subprefecto, Jefe División Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/06/2017 N° 41255/17 v. 19/06/2017

Fecha de publicación 19/06/2017

Un juzgado que controla a los presos se creó en 2006 pero comenzó a funcionar hace seis días

Por Martín Angulo - Infobae.com

Hace 11 años una ley previó dos juzgados. Uno se inauguró el jueves pasado, el otro todavía no tiene lugar. Son los que jueces que deciden la libertad de los condenados.

Pasaron 11 años y 142 días hasta que llegó el día. El jueves pasado comenzó a funcionar el juzgado de Ejecución Penal 5 que fue creado el 17 de 2006 por una ley de Congreso. Se trata de un tribunal clave para un tema de alto impacto social vinculado a la inseguridad: se encarga del control de las personas detenidas y con libertades concedidas.

La puesta en marcha del juzgado es el vaso medio lleno. El medio vacío es que otro juzgado de Ejecución Penal –el 4 y creado en la misma ley– todavía no fue puesto en marcha porque no tiene un lugar físico donde funcionar.

La vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, la presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Adriana Donato, y el viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, entre otros, inauguraron el jueves pasado el Juzgado de Ejecución Penal 5, a cargo de la jueza Jimena Monsalve.

La justicia de Ejecución Penal se encarga del control y la ejecución de la pena de los presos desde que son condenados. Los jueces de ese fuero son los que resuelven los pedidos de libertades condicionales o de salidas transitorias.

(CIJ)

Uno de sus integrantes –el magistrado Axel López – pasó en 2015 por un juicio político por mal desempeño por otorgarle la libertad condicional a un hombre condenado a 24 años de prisión por violación y que en libertad abusó y mató en Chaco de Tatiana Kolodziey, de 33 años. La acusación fue rechazada.

Las últimas estadísticas de esos juzgados alarman: cada uno de los tres jueces tiene entre 900 y mil pesos a su disposición, tres mil probation para resolver, 300 personas liberadas para controlar y 1.500 condenas en suspenso. Y los detenidos están repartidos en las 35 cárceles federales que hay en todo el país.

Hasta el 2006 había tres juzgados de Ejecución Penal. El 17 de enero de ese año se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.070 que dos meses antes había aprobado el Congreso y por la cual se crearon dos nuevos juzgados de Ejecución Penal.

Pero pasaron 11 años hasta que solo uno comenzó a funcionar. El problema siempre fue la falta de un lugar para su puesta en marcha.

El Consejo de la Magistratura de la Nación –el órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial – acordó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que el organismo le cedía parte del edificio de la calle Alsina 1418. Allí funcionan los tres juzgados de Ejecución Penal pero también dependencias de la Administración de Parques Nacionales cuyas autoridades prometieron abandonar el lugar para que se instalen los restantes tribunales.

Ese acuerdo recién se hizo en octubre de 2015. Parques Nacionales debía entregar los pisos 4, 5 y 6 del edificio pero lo hará una vez que consiga nuevas instalaciones para mudar sus oficinas.

El lugar que ya se desalojó alcanzó para instalar el juzgado de Monsalve en la planta baja del edificio pero todavía no hay espacio para el restante, a cargo de Vilma Bisceglia.

El lugar todavía no tiene un aspecto central para el trabajo con detenidos: una alcaldía donde los detenidos queden alojados cuando son llevados desde las unidades penitenciarias hasta que son atendidos. Hoy, los detenidos esperan en la calle dentro del camión de traslado, sin comida, ni sanitarios.

Las juezas Monsalve y Bisceglia fueron designadas en sus cargos en noviembre de 2014 después de ganar el concurso público. Formalmente juraron como magistradas en octubre de 2015.

Los cinco jueces del fuero –López, Monsalve, Bisceglia, José Carlos Pérez Arias y Marcelo Peluzzi– tuvieron en agosto del año pasado una reunión en el Consejo donde expusieron la situación que atravesaban y pidieron una urgente resolución del problema edilicio para la puesta en marcha de los nuevos juzgados.

Tan complejo era el problema que Visceglia ofreció un PH que tiene para instalar allí su juzgado. El planteo fue rechazado pero su juzgado todavía no existe.

Mails secretos: las pruebas de cómo usó Cristóbal López la plata de la AFIP para financiarse

Por Lucía Salinas - Clarin

Las comunicaciones internas que revelan los fondos que mandaba Oil Combustibles SA a otras empresas, con parte de los $ 8.000 millones que le debe al fisco. Reclamos y deudas.

Cómo fue la maniobra con la que Cristóbal López le debía a la AFIP y financiaba sus empresa.

Cada 48 horas, llegaban los mails al CEO de Oil Combustibles, Diego De Sousa. El asunto era siempre el mismo: "Transferencias". Y de esta manera las demás empresas del Grupo Indalo que comanda el empresario K Cristóbal López le pedían fondos a la empresa petrolera que es la misma que generó una deuda con el fisco por 8.000 millones de pesos que hoy está bajo investigación judicial. Oil era "la caja" del resto del holding y según admitieron varios gerentes, había firmas "que no generaban ingresos" y por eso no le devolvía a Oil los fondos enviados.

Oil Combustibles es investigada por la AFIP por la deuda de $ 8.000 millones. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Oil Combustibles SA (OCSA) es la principal empresa de Cristóbal López. Sus activos ascienden a más de US$ 250 millones, sin incluir el stock de crudo que representa unos US$ 100 millones más. Fue la firma que financió al resto del grupo con transferencias millonarias mientras aumentaba su deuda con la AFIP. Clarín accedió a comunicaciones internas de la empresa donde queda asentado cómo varias de las compañías del Grupo Indalo le pedían plata a Oil para afrontar todo tipo de pagos.

El mecanismo arrancaba con un mail que se enviaba antes del cierre del horario bancario al CEO de Oil. Allí le pasaban el monto, sin explicaciones, de cuánto se debía depositar. El descontrol administrativo era tan grande que había mails de reclamos de las autoridades de la petrolera: "Por tercer día consecutivo recibimos un nuevo pedido de asistencia financiera, me pregunto qué pasaría si nosotros no tenemos los fondos", escribió en un mail un ex director de la empresa. Y reconoce allí que por este tipo de maniobra se dejaron de pagar "obligaciones fiscales", casi un reconocimiento de la posible evasión a la AFIP.

A comienzos de 2015 los pedidos eran prácticamente cada tres días y para varias empresas. En julio se requirió transferir $ 8 millones a Servicios y un mensaje llamativo "por favor mirá el monto", reclamó un directivo de Oil. Nada impidió que el envío de fondos continúe. En junio de ese año sólo en un día, se mandaron $ 4,5 millones para Finansur, Inversora, La Salamandra, e Ideas Del Sur. El dinero en su mayoría, se destinaba a sueldos.

Pese a los reclamos, OCSA seguía siendo la caja para financiar al grupo de empresas de López. El 3 de julio del mismo año, se solicitaron $ 6 millones para Inversora M&S. A los cuatro días, un nuevo mail exigió más fondos: $ 5,7 millones para Servicios y $ 1,6 millones para Inversora. A la semana el pedido fue de $ 5 millones extra. La mitad para el área de medios (donde aparecen el canal C5N y Radio 10, entre otros) y lo restante para producción.

Para septiembre el flujo de fondos transferidos era superior al devuelto. Otro reclamo llegó desde la petrolera: "tenemos que hacer un pago importante a ENARSA necesitamos que los fondos sean devueltos". Uno de los ex directores que era el encargado de enviar los fondos exigía unos $ 220 millones que habían sido transferidos durante meses a firmas de Indalo. Ese mes fue el pedido de más dinero a OCSA. Le pidieron un crédito intercompany por $ 27,5 millones "para servicios petroleros".

Después de este millonario crédito, un nuevo mensaje llegó con el mismo tono: una transferencia de $ 1,5 millones para producción, y $ 1,3 millones para Inversora. Para octubre de ese año, los pedidos también incluían cancelación anticipada de pauta publicitaria: Oil sería nombrada diez veces en ShowMatch, de Ideas del Sur, y se reclamaban $ 1,8 millones.

Cristóbal López junto a Osvaldo Sanfelice saliendo del Mausoleo de Néstor Kirchner. Foto Opi Santa Cruz.

Cuando se pidió la devolución de los fondos, desde Indalo respondieron: "Es difícil especificar porque los fondos se usaron para empresas que no generan fondos y las que sí generan, usaron el dinero para financiar diferentes proyectos del grupo".

El 28 de noviembre de 2015, se pidió que OCSA transfiera $ 1,7 millones a Finansur, el banco propiedad del Grupo Indalo. Meses antes, la transferencia fue de $ 5,8 millones "para sueldos" de la empresa Inversora. Parte de ese dinero fue a parar a CPC SA, la constructora del grupo. Al mes siguiente, los directivos de Oil le plantearon a los del Grupo Indalo que la petrolera estaba cerrando negocios "por altos costos "y que no podía seguir financiando al resto de las empresas. Así y todo, OCSA tuvo que transferir $ 3 millones para medios.

Esta dinámica no se detuvo. En 2016, cuando Oil ya era investigada por la deuda de $ 8.000 millones con la AFIP, la firma envió $ 124.540.000 a diversas sociedades. Pese a las irregularidades, Oil obtuvo una moratoria fiscal por una deuda de $ 500.000 con el proyecto de incorporar más adelante -y siempre que la AFIP lo autorice- la deuda de $ 8.000 millones.

Stolbizer denunció que Cristina es dueña de otro hotel

(La Nación) - Se trata del Waldorf, en Capital; lo compró Sanfelice y Báez alquiló cuartos. 

La diputada nacional Margarita Stolbizer denunció que Cristina Kirchner es dueña de otro hotel. Foto: DyN / Pablo Aharonian

Margarita Stolbizer amplió nuevamente su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Hotesur. El viernes, la diputada nacional y líder de GEN se presentó ante el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, y aseguró que la ex mandataria es la "dueña oculta" -a través de su supuesto testaferro Osvaldo Sanfelice- del hotel Waldorf y que lo utilizó para lavar dinero proveniente de la obra pública.

La denuncia fue expuesta anoche en La cornisa, programa que conduce Luis Majul. El Waldorf, situado en la calle Paraguay 450, fue adquirido por Sanfelice, cercano a los Kirchner y socio de Máximo, en 2009. Desde entonces, y hasta 2013, varias habitaciones fueron alquiladas por la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, y la firma CPC, de Cristóbal López, ocupó cuartos hasta 2015.

"Para el fiscal Pollicita está probado que Sanfelice se presentaba en diferentes contratos y compras como un testaferro. Sanfelice tenía la finalidad de ocultar a la familia Kirchner", explicó Silvina Martínez, abogada de Stolbizer.

De acuerdo con documentos que aportaron Martínez y Stolbizer, hay varias facturas que prueban el vínculo entre Valle Mitre y el hotel Waldorf. Sin embargo, ninguna que lo relacione directamente con la familia Kirchner. De todos modos, el supuesto modus operandi en este caso sería el mismo que con los hoteles Alto Calafate y Los Sauces.

"Valle Mitre era una empresa que se dedicaba a recibir el dinero ilícito proveniente del Grupo Báez y lo aplicaría a una actividad lícita: la hotelera", se lee en los primeros párrafos de la ampliación de la denuncia de la diputada.

"Nosotros creemos que éste puede ser un nuevo hotel de propiedad de la familia Kirchner que se mantuvo oculto detrás de la figura de Sanfelice y por el que se consiguió canalizar dinero de la obra pública", agregó Martínez.

En tanto, otro dato clave es que el supuesto testaferro no contaba con el dinero necesario para poder comprar el inmueble. En 2008, Sanfelice declaró bienes por un valor de $ 3.250.000 y al año siguiente adquirió la mayoría de las acciones del Waldorf por $ 6.335.000. Sin embargo, en 2010 no presentó ninguna deuda que justificara el desembolso de ese dinero, superior a sus capacidades económicas.

Además, los montos que facturó el Waldorf desde que fue adquirido por Sanfelice también son sospechosos para las denunciantes: en 2009, el hotel tuvo un ejercicio negativo, pero a partir de entonces su facturación creció significativamente año tras año. "Podemos afirmar que Sanfelice compró el hotel Waldorf ocultando a la familia Kirchner en la operación. En forma posterior, Lázaro Báez, a través de su empresa Valle Mitre, inyectó mensualmente sumas de dinero bajo el concepto de alquiler de las habitaciones (las cuales sospechamos nunca fueron utilizadas)", sostuvo Stolbizer en el escrito que presentó ante Pollicita.

Osvaldo Sanfelice - Socio de Máximo Kirchner

Sanfelice adquirió el Waldorf en 2009 por una cantidad muy superior a sus bienes declarados entonces; varias habitaciones fueron alquiladas a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López

Odebrecht admitió en EE.UU. que pagó más de US$ 100 millones en coimas en la Argentina

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com

Es información nueva que consiguieron funcionarios argentinos en sus contactos con la justicia estadounidense. La cifra triplica lo que la constructora había admitido en Brasil. Odebrecht admitió en EE.UU. que pagó más de US$ 100 millones en coimas en la Argentina.

Una de las sedes de la firma constructora Odebrecht, que admitió haber pagado coimas en varios países de América, entre ellos la Argentina.

El holding Odebrecht pagó más de cien millones de dólares de coimas en la Argentina para hacer negocios de obras públicas. Esa información consta en documentos no oficiales del caso “Lava Jato” que la Justicia de los Estados Unidos le entregó a autoridades del actual Gobierno, según reconstruyó Clarín gracias fuentes que viajaron a ese país y a Brasil, varias veces, en busca de esa información.

Tal como había adelantado este diario el viernes en un artículo de Marcelo Bonelli, la Casa Rosada ya tiene en su poder un listado de influyentes ex miembros del Gabinete K, operadores de esos ex funcionarios, algunos muy conocidos en el mundo del poder; otros absolutamente anónimos; también empresarios del rubro; y hasta banqueros. Siempre según la versión de los “arrepentidos” de Odebrecht, fueron estas personas con cargo o llegada al poder del Estado, y al económico, los que cobraron sobornos en Buenos Aires para beneficiar a la empresa brasileña.

El documento que llegó desde el norte no es oficial, pero es una copia impactante, con sello y membrete de la Justicia de los Estados Unidos, en el que se pueden leer parte de las declaraciones judiciales que realizaron en ese país gerentes y accionistas de la constructora brasileña: confesaron cómo fue que su compañía se expandió en Latinoamérica gracias a pagos irregulares millonarios que les garantizaron el éxito financiero, hoy su desgracia. Hasta ahora, había trascendido que Odebrecht habría admitido que los sobornos que había pagado en la Argentina alcanzaban los treinta y cinco millones de dólares. Pero el cálculo real, según el paper que tienen en su poder dirigentes de Cambiemos, triplica esa cifra que alimentó la corrupción en la Argentina de los años K.

Clarín consultó sobre esta cuestión a voceros gubernamentales involucrados en la investigación de esta trama de megacorrupción. Los funcionarios nacionales no hicieron declaraciones oficiales sobre el tema, pero tampoco negaron que dirigentes del partido de Gobierno tengan en su poder los “Documentos Odebrecht”.

Marcelo Odebrecht, nieto del fundador del holding brasileño del cemento, fue condenado a diecinueve años de prisión después de relevar el método delictual con el que su empresa logró expandirse en Latinoamérica y en naciones de África.

En el mismo sentido declararon otros setenta y siete “delatores premiados” que trabajaron para esa empresa. Se trata de una figura judicial que se puede aplicar en Brasil a quienes colaboran en investigaciones de este estilo. En la Argentina no existe aún una ley que permita a la Justicia aplicar penas y multas a empresas jurídicas que participen de negociaciones corruptas con integrantes del Estado, incluso con la posibilidad de que si confiesan sus acciones también puedan beneficiarse penal o económicamente.

La empresa Odebrecht deberá pagar 2600 millones de dólares de indemnización a los Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber cometido delitos para ganar negocios gracias al pago de sobornos. Sin embargo, según la declaración de Hidelberto Mascarenhas, ex encargado de las oficinas de la constructora dedicadas únicamente al sistema del pago de coimas a funcionarios, legisladores y otras personalidades de América Latina y de países de África, en rigor, su compañía pagó sobornos por 3370 millones de dólares solo durante los años 2006 y 2014.

El “listado” de los posibles coimeados en la Argentina, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dejó trascender a autoridades políticas argentinas, incluiría datos de todo tipo sobre “La Ruta de las Coimas del Cemento de Brasil”.

El “modelo” de lectura de cada una de las “delaciones premiadas” a las que habría accedido la Casa Rosada explicita información rotunda y muy específica sobre cada uno de los involucrados en ese caso, describieron a Clarín las fuentes que leyeron esos documentos, obtenidos tras diferentes viajes de funcionarios a Estados Unidos y Brasil.

Los “Documentos Odebrecht”, palabras más, palabras menos, están compuestos con este esquema: después de mencionar “al delator premiado”, se dice que “declara”, que “entregó” sobornos o pagos ilegales” a determinado funcionario (algunos de los nombres ya trascendieron), y de inmediato se detalla que eso se vehiculizó a través de una "transacción”, identificada con “número”, también “banco”, “sucursal” y “día” en que se realizó esa operación. También se identifica al sobornado en los casos en que el pago se haya hecho con una empresa "pantalla".

Hay varias partes de esos papeles que fueron “tachadas” por jefes judiciales norteamericanos para proteger a sus informantes.

El interés de la Justicia de los Estados Unidos en estas maniobras está centrado en que los millones de sobornos de Odebrecht pagados en la Argentina pasaron por entidades bancarias de ese país.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, acaba de volver de Washington y Nueva York, adonde viajó junto a funcionarios del Ministerio de Seguridad, como el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman; y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Según Garavano, la promesa del Departamento de Justicia para develar el “caso Odebrecht” en la Argentina se resume en dos palabras “apoyo total”. 

Los documentos del “caso Odebrecht” que conoció el Gobierno sorprendieron porque la cifra de sobornos pagadas en nuestro país suma más de cien millones de dólares. Y no treinta y cinco, como se pensaba. Algunos de los nombres involucrados en los papeles informales, pero membretados por autoridades de ese país, también sorprenderán cuando se conozcan.

Odebrecht deberá pagarle al Estado argentino más de $ 4500 millones

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El Gobierno le reclamará ese monto por los beneficios que recibió a partir del pago de sobornos; podrían quitarle la obra del soterramiento del Sarmiento.

La cuenta final que Odebrecht deberá pagarle a la Argentina por sus sobornos será multimillonaria. Y podría superar con creces los $ 4500 millones. No sólo eso. También corre riesgos de que le quiten el jugosísimo contrato para soterrar el tren Sarmiento y que la excluyan de futuras licitaciones. En ese diagnóstico coincidieron altos funcionarios nacionales, expertos anticorrupción y abogados administrativistas consultados por LA NACION.

La cifra de $ 4500 millones se basa en los montos que la propia Odebrecht reconoció al admitir su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos. Allí detalló que pagó US$ 35 millones en coimas a funcionarios argentinos, pero también indicó que gracias a esos sobornos obtuvo beneficios por unos US$ 278 millones, que al tipo de cambio vigente equivalen a unos $ 4500 millones: casi ocho veces más que el monto que la empresa brasileña ofreció abonar a las autoridades argentinas y que desde la Procuración del Tesoro consideran el "piso mínimo" de resarcimiento.

Las leyes y decretos nacionales vigentes representan un cerrojo a las pretensiones de Odebrecht, que en Brasil y en Estados Unidos contó con una herramienta legal que aquí aún no existe: la posibilidad de negociar con las autoridades judiciales o administrativas

Por ese motivo, Odebrecht chocó en Buenos Aires con una pared. Planteó que quiere abonar una multa por US$ 35 millones -unos $ 560 millones al tipo de cambio vigente- y retrucó con que si le reclaman más, puede optar por cerrar sus puertas en la Argentina.

"No tenemos activos en el país para afrontar esa cifra", desafiaron desde la compañía. Más aún, también adelantaron que pretenden continuar con el soterramiento del Sarmiento, y competir por nuevas licitaciones.

Sin embargo, la respuesta que Odebrecht cosechó fue magra o nula. Así fue tanto desde la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción, como desde el Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales Federico Delgado y Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, son sus principales interlocutores.

Techo Argentina

¿Por qué? Porque la legislación argentina reduce al mínimo los márgenes de negociación. Y según todos los expertos consultados por LA NACION, cualquier reforma legal que apruebe el Congreso o decreto que firme el presidente Mauricio Macri no podrá beneficiar a Odebrecht de manera particular ni tampoco de forma retroactiva -salvo en materia penal- o correrá el riesgo inmediato de ser declarada inconstitucional.

Ese cerrojo legal complicó, a su vez, el acceso de los fiscales y jueces argentinos a los datos que aún controla Odebrecht o la Justicia brasileña sobre quiénes embolsaron esas coimas por US$ 35 millones, por lo que expertos dentro y fuera del Gobierno analizan opciones que permitan sortear los obstáculos normativos. Desde firmar algún tipo de "carta de intención" hasta la aprobación de una ley de derecho administrativo que incluya alguna "cláusula transitoria" hasta intentar una convalidación judicial especial.

¿Cómo se conforma ese cerrojo? Por la ley 19.549 de procedimientos administrativos y los decretos 1023/01 y 1030/16 que determinan que un acto administrativo -como el otorgamiento de un contrato de obra pública- debe ser revocado cuando el beneficiario lo obtuvo mediante un proceso viciado de nulidad -como el pago de sobornos- y ese beneficiario quedará, además, inhabilitado para disputar nuevas licitaciones públicas.

Odebrecht, optimistas

Pese a ese complejo contexto legal, sin embargo, los representantes y abogados de Odebrecht en la Argentina afirman que son optimistas.

Consideran que las autoridades se encuentran ante una oportunidad única para revertir el sistema de corrupción e impunidad imperantes. Y para lograrlo, desafían, el Gobierno y la clase política en general necesitan demostrar "decisión" e "inventiva". Hasta ahora, Odebrecht sólo recibió una propuesta oficial algo más componedora.

La planteó el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Mientras que su antecesor, Carlos Balbín, abogó por la revocación del contrato del soterramiento del Sarmiento y, sin más vueltas, reclamarle los US$ 278 millones, Saravia Frías delineó algunas condiciones previas: que depositen esos US$ 35 millones como primer pago -aunque la cuenta final podría superar los $ 4500 millones-, y que abran sus libros contables y colaboren con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), abocada a estimar los sobreprecios de cada proyecto que la compañía obtuvo con sobornos.

Sólo así, completaron en la Procuración del Tesoro, acaso Odebrecht continúe con el soterramiento del Sarmiento junto con las constructoras Iecsa -por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri- y la italiana Ghella.

Eso evitaría, añaden, la pérdida de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y sumar un nuevo retraso en una obra que lleva ya años de demora.

Varias opciones; un riesgo

¿Qué otras opciones barajan desde el Poder Ejecutivo? Impulsar una ley que permita a las empresas corruptas negociar acuerdos con la Justicia como en Estados Unidos y Brasil, donde esa opción legal resultó decisiva para el avance de la investigación Lava Jato. También, incluir en esa nueva ley una "cláusula transitoria" que de algún modo le permita acogerse a Odebrecht por lo ocurrido en el pasado.

Esa cláusula, sin embargo, resultaría por demás polémica, según los abogados consultados por LA NACION, quienes alertaron que podría ser considerada inconstitucional si no se redacta con precisión y cuidado.

Pero dos de los letrados consultados por LA NACION plantearon otra opción, basados en el pedido de los fiscales brasileños que plantearon que si sus pares argentinos quieren acceder a la información deberán garantizar que respetarán la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, entre otros compromisos internacionales.

"¿Sería posible recurrir al fuero contencioso administrativo federal y pedir una «declaración de certeza» por esa vía, que le abra una senda a Odebrecht?", planteó uno de los abogados, mientras que otro experto sumó al combo posible la convención de la OCDE para combatir el cohecho que la Argentina adoptó en 2001.

Esa opción es, cuanto menos, discutible. Y tanto en el Poder Ejecutivo como los fiscales se muestran por demás cautos. Saben que si estampan una firma en un documento mal delineado, terminarán ellos con una causa penal.

Garavano valoró la ayuda de EE.UU.

Foto: Cambiemos

El ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó que la "cooperación de Estados Unidos es completa" para entregar información vinculada al pago de coimas en el caso Odebrecht.

Garavano expresó que hay un "compromiso de luchar contra la corrupción" y entregar toda la información. Destacó la reunión que mantuvo esta semana, en su viaje a Washington, con el fiscal de Estado norteamericano, Jeff Sessions.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de Justicia indicó que habrá "reuniones de trabajo" entre jueces y fiscales argentinos con fiscales estadounidenses. "Da la impresión que la información es mucha y muy precisa", señaló Garavano.

Denuncian un sabotaje en el puerto de Buenos Aires

Por Fernando Morales - Infobae.com

Los daños intencionales afectaron a 17 boyas de señalización del canal de acceso. El material afectado tiene un valor de hasta 126 mil dólares

El puerto de Buenos Aires denunció ante la Prefectura Naval Argentina que al menos 17 boyas fueron saboteadas, ya que presentan daños que no pueden atribuirse a contingencias de la navegación o a cuestiones meteorológicas. En las fotos puede verse la diferencia entre una boya normal con su panel superior intacto, comparada con otra, vandalizada, donde se nota la ausencia de la fuente de energía.

Las boyas son importantes en el funcionamiento del puerto, ya que son fundamentales para que el ingreso y egreso de los buques se lleve a cabo con la correcta señalización de los canales.

El sistema AIS (Automatic Identification System), incorporado en 2016 por el Ministerio de Transporte, no solo permite a los capitanes de buque saber exactamente dónde se encuentran dentro de un canal, sino que además hace posible que las autoridades portuarias conozcan la posición exacta de cada una de las naves que ingresan o egresan del puerto. La información es compartida con la Prefectura Naval Argentina.

En diálogo con Infobae, el interventor en la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, confirmó el hecho: "Se constató la rotura de las linternas del sistema AIS. Las consecuencias de este hecho atentan gravemente contra la seguridad de la navegación en el principal puerto del país por el que circula el 60% del comercio exterior". 

En cuanto a la valorización del daño, fuentes de AGP lo estimaron superior a los 126.000 dólares.

Los expertos consultados por este medio señalaron que resulta llamativo el hecho porque no hay otra forma de acceder a estos elementos si no es por intermedio de una embarcación apta para la navegación en la zona.

Las autoridades portuarias radicaron la denuncia ante la Prefectura Naval Argentina y las actuaciones judiciales quedaron a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10 de Julián Ercolini.

La Argentina se jugará US$ 3000 millones en seis minutos

Por Florencia Donovan - LA NACION

Será el próximo jueves en la audiencia convocada en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el juicio iniciado por dos sociedades que pertenecían al Grupo Petersen contra el Estado argentino e YPF.

La Argentina tendrá sólo seis minutos para defenderse en la audiencia convocada para el jueves 15 en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el juicio iniciado por dos sociedades que pertenecían al Grupo Petersen contra el Estado argentino e YPF. En ese poco tiempo, los abogados del Estudio Skadden, los nuevos defensores de la Argentina en la causa, esperan convencer a la jueza Loretta Preska de que, con el cambio de gobierno, la situación jurídica en el país es otra y que hay nuevamente condiciones para poder litigar este caso en cortes argentinas.

Las cartas a su favor son los acuerdos con los holdouts y las nuevas relaciones internacionales iniciadas por la administración actual. Después de todo, el juez Thomas Griesa, quien tuvo en sus manos las demandas de los holdouts, fue el primero en tener en su poder la causa de Petersen y quien se la derivó a Preska.

Se trata de un giro en la estrategia del Gobierno en el juicio más grande que ahora enfrenta el país, luego de haber logrado cerrar el 98% de las causas que se habían iniciado por el default. Son entre US$ 3000 millones y US$ 4000 millones que están en juego, lo que equivale a la mitad de lo que la administración de Mauricio Macri logró recaudar con el histórico blanqueo de capitales.

La demanda, confiaron fuentes a la nacion, generó una serie de reproches internos en el gabinete económico. En el ojo de la tormenta habría quedado el subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios del Ministerio de Finanzas, Eugenio Bruno, quien tenía la responsabilidad de monitorear el juicio hasta el viernes pasado.

Quien tomó la posta es el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. El abogado del Estado espera poder repatriar el reclamo que, tras la quiebra de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Inversora -que el grupo empresario argentino usó para entrar como accionista en la petrolera estatal-, terminó en manos del fondo norteamericano Burford Capital. A fines de 2016, el país ya tuvo una sentencia adversa en primera instancia. En ese momento, explicaron a la nacion fuentes del Gobierno, se discutieron las "excepciones previas", esto es, si el juicio se debe llevar adelante en EE.UU. o en la Argentina.

El fondo Burford reclama que, cuando el Estado argentino estatizó el 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol, debería haber también pagado por las acciones de Petersen, que quedaron fuera del arreglo. Burford compró en 2015 el derecho al juicio por 15 millones de euros en el proceso de quiebra de las sociedades de la familia Eskenazi, iniciado en España. El administrador concursal español recibirá el 30% de lo que se recupere en la Corte de Nueva York, dinero que luego se usaría para saldar las deudas pendientes con los acreedores de Petersen, Repsol y los bancos. Otro fondo, Eton Park, en su momento accionista de YPF, inició una demanda similar.

La defensa argentina cree que podrá contar el tiempo para probar que el ingreso de Petersen en la petrolera estatal fue cuanto menos irregular. Gana fuerza la hipótesis tras conocerse el caso del financista Aldo Ducler, que falleció la semana pasada, días después de presentar una denuncia anónima en la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que se comprometía a ofrecer documentos que podían hacer caer el juicio.

Pero, además, hay en la justicia argentina desde hace tiempo dos demandas contra el Grupo Petersen, bajo la misma línea argumental. Una es de Elisa Carrió, que instruye el juez federal Ariel Lijo, y la otra es del ex diputado Mario Cafiero. Si bien Ducler había ofrecido colaborar con la UIF a cambio de un resarcimiento, Lijo podría citar a su hijo para que declare y aporte las pruebas a la Justicia.

EE.UU. promete colaborar por Odebrecht y refuerza la cooperación en seguridad

Por Rafael Mathus Ruiz - LA NACION

Garavano se reunió con el fiscal general de ese país; se comprometió a agilizar los pedidos de datos de coimas; vendrá un funcionario para apoyar la lucha contra las drogas y el terrorismo.

Milman, Burzaco y Garavano, ayer, en Washington, con el diplomático Luis Arreaga, del Departamento de Estado. Foto: Twitter

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos se comprometió con la Argentina a intentar agilizar los pedidos de información para la investigación por actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht durante el kirchnerismo. Además, amplió la cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra el crimen organizado.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , se reunió ayer con el fiscal general, Jeff Sessions, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Donald Trump, y con funcionarios del Departamento de Justicia. Garavano transmitió uno de los pedidos que trajo a Washington: movilizar los datos en manos de los fiscales estadounidenses sobre los pagos de US$ 35 millones en sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios argentinos.

"Nuestra tarea es ver cómo logramos colaborar para que la información de la justicia norteamericana pueda ser compartida con la justicia argentina", dijo Garavano a la prensa argentina. "Ellos se comprometieron a tratar de agilizar estos trámites", señaló.

Garavano anticipó además que el gobierno de Trump colocará en la embajada de Estados Unidos en la Argentina a un funcionario del Departamento de Justicia para facilitar la cooperación en seguridad y en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. La figura, que refuerza y amplía la cooperación bilateral, ya existe en otros puntos calientes de la región, como Colombia y México.

La gira de Garavano por Nueva York y Washington volvió a colocar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el centro de la agenda bilateral. La cooperación en esas áreas ya había recibido un empujón con la creación de una mesa de diálogo entre ambos gobiernos para avanzar, sobre todo, en delitos financieros, corrupción y lavado de dinero.

El ministro, quien llegó acompañado por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, dijo que Sessions se mostró muy comprometido a reforzar la cooperación entre la Argentina y Estados Unidos, y también con buena disposición para profundizar el cruce de información entre las agencias de seguridad.

Pero al hablar del pedido concreto sobre la investigación de Odebrecht, Garavano dejó en claro que Sessions sólo puede pasar el pedido a sus fiscales, quienes tienen en última instancia la decisión final sobre los pedidos de información.

El proceso, dijo, "es difícil". El funcionario dejó en claro que, para el Gobierno, la responsabilidad de la demora en la investigación está en la justicia argentina. Su gestión en Estados Unidos, señaló, apuntaba a "destrabar algo que debería conseguir" la Justicia, algo que no ha sucedido.

"La Argentina es uno de los países que más demorados están en estas investigaciones, que sí han avanzado en otros países", señaló el ministro. "Lamentablemente, tenemos los dos ejemplos previos de Siemens y de Skanska, que no dan un marco de entusiasmo, optimista, porque en ambos casos las empresas colaboraron y los casos en la Argentina siguen demorados. Estas cosas pueden facilitar el camino. La justicia brasileña logró avanzar sobre este tema, la justicia norteamericana logró avanzar en este tema y la justicia argentina hasta hoy no lo ha hecho", completó.

El gobierno nacional también hizo una gestión por tres exhortos pendientes en la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, que ahora está en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal federal Eduardo Taiano.

Además, la comitiva mantuvo un encuentro en el Departamento de Estado con Francisco Palmieri, el diplomático de mayor rango para la región. Allí el tema central fue la cooperación en ciberseguridad.

Un tema que los funcionarios estadounidenses pusieron sobre la mesa en cada reunión: la situación en la Triple Frontera. "Fue un tema recurrente. Hay preocupación por el terrorismo y el financiamiento del crimen organizado. Esta vez fue un planteo contundente de ellos en cada reunión", indicó Burzaco. "Quieren que hagamos liderazgo regional", agregó.

La gira de Garavano ratificó la sintonía y, por ende, la profundización en la cooperación entre el gobierno de Mauricio Macri y el de Trump. Hoy, Garavano será recibido en la Casa Blanca por Juan Cruz, un veterano de la CIA, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Además de esas reuniones, la comitiva argentina tendrá reuniones con el Servicio Secreto y con el Departamento de Seguridad Interior.

Uno de los temas en la agenda serán los preparativos de seguridad para las dos cumbres que recibirá la Argentina este año y el próximo: el encuentro de ministros de la Organización Mundial del Comercio, en diciembre, y la reunión del G-20.

Antes de viajar a Washington, Garavano pasó por Nueva York, donde se reunió con fiscales federales. La investigación de Odebrecht no formó parte de esas reuniones, aunque sí el combate de delitos "complejos". La fiscalía de Nueva York suele hacer frente a casos de terrorismo, narcotráfico, y tiene mucho expertise en investigaciones que involucran trazar "el rastro del dinero", indicó el ministro.

Un mensaje anticorrupción

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró en Washington que el Gobierno tiene "el mandato de hacer frente a la corrupción" y dijo que espera que la Justicia "avance" en este tipo de delitos. Fue para de su exposición en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. Expresó allí su deseo de que "el sistema judicial avance" como poder independiente. Y, redoblando su presión sobre la justicia federal, les advirtió a los jueces: "Si la Justicia no reacciona, cada vez se va a expresar más la sociedad civil". Puso como ejemplo el caso del camarista Eduardo Freiler, que no puede justificar sus bienes.

Del editor: ¿qué significa? Ante la demora del envío de datos del Lava Jato por parte de la justicia brasileña, el Gobierno explora ahora otra vía

Buscan recuperar diez veces lo pagado en coimas

(Perfil) - El Gobierno presentará una demanda por daños y perjuicios contra la constructora Odebrecht por los presuntos sobreprecios en las obras públicas. La compañía había ofrecido un resarcimiento de uS$ 35 millones al Estado.

El Gobierno armó un equipo especial de técnicos para estudiar los tres contratos que tiene la empresa Odebrecht en Argentina, con el objetivo de determinar el monto de los presuntos sobreprecios que introdujo la compañía en las obras públicas. La estrategia: presentar en el futuro una acción por los daños y perjuicios sufridos por el Estado, que sería al menos diez veces más alta que los 35 millones de dólares ofrecidos por la constructora como parte del pago de sobornos para obtener los contratos.

“No tenemos aún un número final sobre cuánto se pagó de más en sobreprecios pero seguro es mucho más que lo que ofreció Odebrecht”, explicó a PERFIL uno de los letrados del Gobierno. En este contexto, abogados y contadores de la Procuración del Tesoro (los letrados que defienden al Estado) y la Sindicatura General de la Nación comenzaron a trabajar en la revisión integral de las obras. En especial, los papeles están centrados en tres áreas: Energía (transporte de gas), Interior (provisión de agua potable) y Transporte (soterramiento del FF.CC. Sarmiento).

Las dos primeras, la ampliación del Gasoducto del Sur y las obras de saneamiento del Paraná de las Palmas, están en un nivel de ejecución superior al 90%. Los asesores letrados del Gobierno tomaron como buena señal las palabras del presidente, Mauricio Macri, quien el jueves reclamó que se ponga “toda la verdad sobre la mesa” en el escándalo de sobornos y descartó gestiones para evitar la publicación de involucrados por temor a que aparezca el nombre de su primo, Angelo Calcaterra, socio de Odebrecht en el soterramiento. La libertad de acción abrió el juego en la reunión del martes pasado, cuando se reunieron en la ex ESMA el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, con los representantes de la empresa.

En un tramo de un agitado encuentro, que Saravia Frías estuvo cerca de abandonar en un par de oportunidades, el abogado Guido Tawil planteó: “Queremos perfeccionar los contratos”. ¿Mejorar contratos que están en su etapa final? ¿Admitía irregularidades en los mismos? La oferta desató el malestar. El delegado brasileño de Odebrecht, Edgard Abreu Rocha Silva, y Garavano intentaron apaciguar la discusión que se armó entre el abogado de Odebrecht y el procurador del Tesoro. En definitiva, el sábado pasado ya habían tenido que abortar la primera reunión en el mismo lugar cuando el ofrecimiento de Odebrecht se limitó a los 35 millones de dólares (la cifra de los sobornos) pagados en cómodas cuotas a cambio de inmunidad a sus directivos, la continuidad de las obras y la posibilidad de seguir participando en licitaciones. Ese encuentro no duró ni cinco minutos.

En este marco, en el Gobierno aseguran que la constructora alienta una confusión instalada: la inmunidad en la causa penal no puede otorgarla el Poder Ejecutivo sino la propia Justicia. En la empresa aseguran que sus directivos no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa en dos países. En todo caso, lo que atañe al Gobierno tiene que ver con el resarcimiento que debería desembolsar Odebrecht dependiendo de cómo avance el equipo especial que analiza los contratos.

La Procuración del Tesoro maneja como antecedente emblemático las coimas de la empresa Siemens en la década del 90. En ese caso no hubo cooperación y todo terminó con un juicio de parte de la empresa contra el Estado argentino ante los tribunales internacionales. El mismo Tawil de Odebrecht fue quien llevó la estrategia técnica para Siemens. Saravia Frías había estudiado el caso.

“Todos dicen que éste es un gobierno de CEOs, pero les pateamos las puertas a las empresas”, suele repetir, con sorna, el procurador del Tesoro a su equipo. Lo cierto es que en febrero de este año Carlos Balbín, el antecesor en ese cargo, había recibido una oferta similar de parte de un abogado vinculado a la empresa. En ese entonces, Balbín balbuceó, dudó y hasta pensó en explorar un posible acuerdo hasta que terminó siendo dinamitado por el equipo de abogados de la Casa Rosada a último momento. Ahora el camino elegido es apuntar hacia los sobreprecios.

Pidieron la detención del ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner

Por Rosario Agostini - LA NACION

También de otros ex funcionarios de su gestión; es en una causa en la que se investigan los fondos que recibió Milagro Sala.

Solicitaron la detención del ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner en una causa en la que se investigan los fondos que recibió Milagro Sala.

El Fiscal de Investigación Penal 1 Diego Cussell solicitó la detención del ex gobernador Eduardo Fellner, el ex titular del Ministerio de Tierra y Viviendas, Luis Cosentini, del ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú. Todos involucrados en la Megacausa que investiga el destino de 1200 millones de pesos que debieron ser destinados a la construcción de viviendas por parte de la Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala y que, según la fiscalía, estaría probado que no fueron construidas.

En la causa está imputada Milagro Sala como presunta jefa de una asociación ilícita y tanto Fellner como Cosentini estaban imputados por supuesto abuso de autoridad y falsedad ideológica por la firma de un decreto de creación de una Unidad Ejecutora Provincial que se habría realizado para eludir el control de los recursos y las obras. Pero el fiscal ahora solicitó al juez de la causa, Isidoro Cruz, que amplíe la imputación de ambos como presuntos organizadores de asociación ilícita, coautores de fraude a la administración pública por administración infiel. Respecto de Abregú, el fiscal pidió la imputación como presunto integrante asociación ilícita.

Los antecedentes

Entre 2004 y 2015, titulares la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, de la Unidad Ejecutora Provincial de Jujuy y diversos municipios de la provincia suscribieron una serie de convenios específicos para la construcción de viviendas a ejecutarse en diferentes etapas, por medio de Cooperativas de Trabajo pertenecientes a la Organización Tupac Amaru, todo a cargo del Ministerio de Planificación.

Según los expedientes, además de las transferencias nacionales otorgadas a distintos municipios, se otorgaron adicionales de pagos en circunstancias irregulares. Estas habrían sido concedidas meses después de que las tres etapas consideradas hayan sido informadas como terminadas o, en su defecto, certificados al 100%. Pero no constan las tareas de verificación, auditorías técnicas y financieras para verificar el cumplimiento del plan de trabajo y cronograma de desembolsos.

Una red rusa de lavado de dinero, en la mira de la Justicia

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Estaría liderado por el magnate Katunin; Servini ordenó medidas.

Una red rusa de lavado de dinero, en la mira de la Justicia. Foto: Archivo 

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría ordenó una serie de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y el extremo austral de la Patagonia, tras detectar indicios de una supuesta red rusa de lavado de activos por decenas de millones de dólares, confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.

Servini citó además a indagatoria a tres rusos y ocho argentinos involucrados en la operatoria, que estaría liderada por el oligarca ruso Alexander Katunin, quien hasta hace unos años mantenía una notable sintonía con el presidente de su país, Vladimir Putin, pero con quien ahora se mantendría distanciado.

Katunin no se encuentra en la Argentina, pero sí invirtió en el país durante la última década. Compró maquinaria pesada y un campo de 9800 hectáreas, cerca de las localidades de Trevelin y Esquel, en Chubut, sobre el que Servini ordenó trabar un embargo.

La investigación local se inició como parte de una ofensiva del banco público más grande de Rusia, el VTB Bank, que busca congelar activos de Katunin alrededor del mundo para recobrarse US$ 30 millones. Así fue como también avanzó contra el magnate en Finlandia y las Islas Vírgenes Británicas.

En la Argentina, la ofensiva del VTB Bank provocó la intervención, el año pasado, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la fiscalía que estaba a cargo de Patricio Evers, fallecido a fines de abril último.

La investigación local arrojó ciertos hallazgos. Entre otros, la detección de una red de sociedades con domicilios falsos, su capitalización con dinero de origen desconocido, la posterior compra de bienes muebles e inmuebles por montos multimillonarios y la existencia de una estructura financiera que también generó suspicacias.

En esa línea, el domicilio declarado en Buenos Aires por Katunin -uno de los mayores magnates de Rusia- correspondía en realidad a una humilde vivienda, en la que vivían dos personas discapacitadas.

En la Patagonia, en tanto, la inspección del campo de 9800 hectáreas en el extremo oeste de Chubut derivó en el inventario de cerca de 300 cabezas de ganado vacuno, unas 2000 ovejas, tractores y otras maquinarias diversas.

Según indicaron desde Tribunales, la Unidad de Información Financiera (UIF) también sumó datos a la pesquisa local, al informar sobre la existencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por las autoridades antilavado de Suiza y Finlandia.

En las Islas Vírgenes Británicas, en tanto, abogados del VTB Bank se presentaron ante una corte en 2015, en otro intento por ejecutar una sentencia a su favor de la justicia rusa por US$ 30 millones. Buscaron avanzar contra los activos que Katunin y uno de sus socios, el también magnate Sergey Taruta -ex gobernador y ahora parlamentario en Ucrania-, moverían a través de varias sociedades offshore en ese paraíso fiscal.

La constructora Odebrecht cobró US$ 60 millones por materiales paralizados en la Aduana

Por Cledis Candelaresi - La Nación

Odebrecht ejecutó una garantía estatal de respaldo; el caso está bajo la lupa de la Justicia

A pesar de la decisión oficial de rescindir el contrato de ampliación de gasoductos troncales, la contratista Odebrecht consiguió cobrar unos US$ 60 millones por la importación de caños y chapas -paralizados desde hace un año en depósitos aduaneros- desde Confab, subsidiaria brasileña de Tenaris. La constructora brasileña ejecutó una garantía estatal que respaldaba la contratación más ambiciosa de las celebradas con esa firma en el país, plan que ahora está bajo la lupa de la Justicia por irregularidades.

Desenredar la maraña contractual construida en los últimos años con Odebrecht no parece cuestión sencilla ni evita al erario seguir afrontando costos extraordinarios, a pesar de que esos acuerdos están objetados por organismos de control y otras dependencias públicas.

Marcelo Odebrecht, CEO de la firma brasileña

En octubre pasado, el Ministerio de Energía dispuso la rescisión del megacontrato que tenía a Odebrecht como beneficiaria para la ampliación de gasoductos troncales denominada open season 2006-2008. El emprendimiento, que hasta el momento demandó más de US$ 2300 millones, ya había sido suspendido antes de esa fecha por otra resolución, a la luz de groseras faltas administrativas y contables.

La determinación oficial se basó en una denuncia que formuló Nación Fideicomiso SA ante la justicia penal para que se investigara la responsabilidad de funcionarios públicos en los contratos que, entre otras consecuencias negativas, obligaron a la caja pública a pagar obras que debían cubrirse con fondo privados.

Con el argumento de que el ministerio no tenía potestad legal para tomar esa decisión, Odebrecht decidió continuar con la importación de los caños y chapas desde Confab resuelta en noviembre de 2014 bajo el rótulo de compra de "materiales críticos". Sin embargo, el cargamento que empezó a llegar a aguas argentinas el 21 de junio pasado a quedó en depósitos aduaneros. Según aseguraron fuentes del Ministerio de Energía a LA NACION, ese material sería destinado a otras obras gasíferas que se licitarán en la modalidad de obra pública tradicional. Pero eso aún no ocurrió. Y de acuerdo con fuentes privadas ligadas al tema, esa estadía en el puerto de Campana generaría un costo diario de "entre 10 y 15.000 dólares", que deberá afrontar el Estado.

Lejos de esos dilemas públicos, Odebrecht ejecutó la garantía y cerró este capítulo haciendo caso omiso de las notas en las que Nafisa -administradora de los recursos para obra que se gastaban con la venia del Enargas- le recriminaba tener "pretensiones injustificadas sobre la base de precios desproporcionados y ajenos a los de mercado". La empresa eludía esas objeciones con el argumento de que esos contratos no están encuadrados bajo el derecho administrativo. "No hay controversia con el Estado. Los contratos fueron firmados con Albanesi y Cammesa y ambos cedidos a los fideicomisos administrados por la Nación", reafirmó ante este diario un vocero de la constructora brasileña.

Una trampa esencial de este sistema intrincado de contratación para ampliar la capacidad de transporte troncal es que la operatoria no se encuadraría bajo la legislación de obra pública, lo que acota la posibilidad de aplicar controles y definir responsabilidades de los funcionarios que intervinieron, cuyo proceder está cuestionado por la AGN y la Sigen.

Las dudas también desgarran a la cartera energética, que para evitar un paso en falso hace meses decidió contratar al consultor Hugo Carranza a fin de que haga un listado de las obras que resultan necesarias.

Otro de los lastres de este open season o Skanska II es la conclusión de la planta compresora de Pichanal, obra pendiente más importante de los contratos para ampliar la capacidad de transporte del país bajo el sistema de fideicomisos ahora en revisión judicial. Con un grado de avance importante, se ejecuta bajo la órbita de Transportadora de Gas del Norte (Techint), que, al igual que TGS (Pampa), fue gerenciadora de los contratos en su jurisdicción, sin competencia formal en la fijación de los precios. Actores privados clave en esa oscura arquitectura jurídica y legal diseñada a mediados de la década pasada, que dificultosamente intenta desmontarse.

La construcción de Pichanal fue adjudicada a Odebrecht y tiene como subcontratista a BTU, firma sindicada como próxima al ex ministro de Planificación Julio De Vido y aventajada por las contrataciones públicas de los últimos años.

En los considerandos de la resolución 224 del 13 de octubre, que dispone rescindir el contrato marco, Juan José Aranguren señaló que concluirla en los términos en que se ejecutó "implicaría la validación de valores contractuales que han sido motivo de cuestionamientos y que forman parte de la denuncia penal" de Nafisa.

Fuentes privadas aseguraron a LA NACION que los valores convalidados para la planta hasta ahora triplican los de mercado. De ahí el afán oficial de terminar el emprendimiento, al margen de las opiniones sobre verdadera utilidad de una obra cuestionada por expertos: si prospera, se encontrará con que el gas de Vaca Muerta o Bolivia no tiene suficiente carburante para exportar al país y así esa planta puede erigirse en un monumento a la dilapidación de fondos públicos. Y se paralizaría definitivamente, también.