Documentos secretos muestran cómo Kirchner usó los fondos de Santa Cruz

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com
Son giros desde cuentas de la provincia en el exterior. En general por 1 a 2 millones de dólares. Muchos van a empresas privadas de dueños desconocidos. El kirchnerismo bloqueó la información sobre ese dinero.


 Aquellos días. Néstor Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz, recorre una obra con Julio De Vido. Era 1995 y el dinero ya se estaba moviendo.

Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz cuando el 13 de octubre de 1993 anunció que a partir de ese día su provincia sería más rica. El discurso fue difundido por la televisión local. Con una satisfacción inocultable, avisó que “ya están a disposición de la Provincia los bonos por US$ 600 millones por los que hace tiempo venimos luchando. No son ya un espejismo. O aquella cosa inalcanzable de la que hablábamos. Ya están en casa”.

En ese momento Kirchner prometió que administraría los fondos públicos con “prudencia” y “tino”. Veintitres años después, los santacruceños todavía ignoran el monto original de los fondos y cómo se gastaron. Clarín inicia hoy una serie de notas que -con documentos hasta ahora no conocidos- esclarecen cómo los Kirchner fueron transfirieron esos dineros a bancos extranjeros: Citibank, Morgan Stanley, Credit Suisse y UBS. Los movimientos son en general de entre 1 y dos millones de dólares. Muchos de ellos a empresas privadas de dueños desconocidos.

Una de las financieras, de la Argentina, operó parte de esos fondos con una cuenta a nombre de la Provincia de Santa Cruz y del propio Néstor Kirchner.

Vueltas de la vida: muchos de los manejos de esos fondos fueron ordenados por Lázaro Báez, entonces Gerente Departamental Adscripto Interventor del Banco de la Provincia de Santa Cruz.  el mismo que luego se asoció en negocios comerciales con los Kirchner y se hizo millonario.

En las presidenciales de 2003, Néstor Kirchner hizo campaña exaltando su decisión de enviar al exterior los “fondos” de las regalías petrolíferas. "Salvé a la Provincia del corralito", repetía.  Lo cierto es que jamás dio precisiones oficiales sobre su supuesta gesta económica. Al contrario: se ocupó de bloquear en el acceso a la información pública.

Los documentos de Santa Cruz muestran cómo, por ejemplo, el 21 de marzo 1995 Lázaro Báez, firmando por el Banco de Santa Cruz, introdujo en la trama de los fondos a la empresa Kega Holding Internacional Inc, de propietarios desconocidos.

Ese 21 de marzo. Báez y el Gerente Departamental del Banco de Santa Cruz, Jorge Dominichetti, le informaron a esa compañía que podía disponer de inmediato, “irrevocablemente” e “incondicionalmente” , y también “con completa responsabilidad bancaria”, de “una suma de 17.200.000 millones de dólares” que saldrían de una cuenta de la provincia.

A partir de la recepción de ese papel firmado por Báez, los titulares de esa firma extranjera podían solicitar retirarlos, mediante el envío de un télex encriptado, de la cuenta del Banco de Santa Cruz que esta entidad provincial tenía en el Citibank de Nueva York.

Es posible que el documento fuera parte de una operación financiera de aún mayores dimensiones, que fijaba esos millones de los fondos como garantía de esa maniobra de la cual el Estado de Santa Cruz jamás informó.

Otra de las decenas y decenas de páginas de diferentes bancos del exterior con el detalle del estado y los giros de los fondos que obtuvo Clarín sirve de muestra para describir a qué ritmo se movía esa plata. Se trata de un resumen de una cuenta de la provincia en el Citibank de Nueva York, a julio de 1995.  En dos páginas, la entidad informa que desde el primer día de ese mes al último, se habían realizado 23 operaciones financieras. Son “débitos” de cifras variables.

El 17 de ese mes se debitaron US$ 70.000. Un día después, se hicieron dos débitos distintos: uno por 71.229 dólares y otro por 18.284.19 dólares. El 18 de julio se acreditaron 1.500.000 dólares. La cuenta se estabilizó. Pero al otro día, el 19 de ese mismo mes, se debitó la misma cantidad de dinero: 1.500.000 dólares. Seis días después, se debitan de la misma cuenta 1.486.765, 58 centavos. Son los montos habituales en todos los giros, de todos los bancos.

Las cuentas a las que se transfieren esos fondos solo están identificadas con número y no con nombres de sus titulares.

 Los Kirchner demostraron que no tenían interés en que estos giros se informen. Así ocurrió, a pesar de la moción que en la jornada legislativa del 14 de junio de 2001 impulsaron diputados opositores en el Congreso de Santa Cruz. Omar Mario Muñiz, Diego Alejandro Bordón, Alberto Eugenio Bianchi y Roberto Eduardo Giubetich pedían al Gobierno de la Provincia que respondiera sobre “el viso de legalidad de la garantía n° 00195 otorgada por el Banco de la Provincia de Santa Cruz a Kega Holdings International Inc. el 21 de marzo de 1995 y certificadas sus firmas el 22 de marzo del mismo año”. La moción fue denegada en la Legislatura por el bloque K, mayoritario.

El video del anuncio de Kirchner sobre la recuperación de los 600 millones de dólares de las regalías puede verse en la web. Después de leer su discurso, el Gobernador creyó que la cámara había dejado de grabarlo. No. Su imagen había salido del aire pero lo seguían filmando. El Gobernador juntó entonces los papeles había leído, y habló a la cámara, pensando que nadie conocería su comentario quizás sincero. Dijo, en primera persona del singular: “Tengo 600 millones de pesos”. Se rió (sic).

Incompetencia y corrupción en el caso del Irízar

Editorial del diario La Nación
Nueve años no alcanzaron para terminar de reparar el rompehielos y, en ese lapso, las campañas antárticas cobijaron negociados que investiga la Justicia
En abril de 2007, el rompehielos Irízar sufrió un incendio que lo alejó del servicio debido a las importantes reparaciones que debían efectuársele. Lo extraño del caso es que ya han transcurrido casi nueve años y medio y esas reparaciones en el astillero Tandanor no llegan nunca a su término.

Además, si se suma su costo hasta el presente, de 147 millones de dólares, al alquiler por 137 millones de la misma moneda de los buques ruso y holandés que lo reemplazaron en las campañas de abastecimiento de nuestras bases antárticas, se llega a la cifra de 284 millones de dólares que, como informó LA NACION, supera el costo de un nuevo rompehielos, valuado en 250 millones de esa moneda. Hay que agregar los 20 millones de pesos que demandará el dragado para que el Irízar pueda abandonar Tandanor.

¿Cómo pudo llegarse a este costosísimo disparate? ¿Se trató de mera incapacidad de las autoridades del Ministerio de Defensa del anterior gobierno, o el abultado gasto a cargo de las arcas estatales escondía el cobro de coimas? ¿Se alquilaba a un costo altísimo -y tal vez con pagos y cobros ilegales- la logística para mantener nuestras bases? ¿Cuál ha sido la genuina política antártica en los últimos años?

Con el nuevo arrendamiento de una nave para la próxima campaña antártica, los costos totales habrán ascendido a 301 millones de dólares. Mientras tanto, aún resta realizar el 10 por ciento de los arreglos del buque, que incluyen 60 nuevos camarotes y 40 laboratorios.

Las incomprensibles demoras para la finalización de las tareas no pasaron inadvertidas. Desde 2011, esta columna editorial se ha ocupado del tema, y en 2014, el entonces diputado radical Julio Martínez, hoy ministro de Defensa, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Ese año planteamos en esta columna que la excesiva tardanza era motivo de preocupación, porque los fondos empleados en el alquiler de buques "podrían haber dado origen a posibles negociados durante la gestión de Arturo Puricelli al frente de Defensa". En aquel entonces, hubo denuncias por la presunta manipulación de la licitación para contratar al buque holandés Timca.

El tiempo siguió su curso y los costos continuaron escalando. Hoy, el ministro Martínez explica que un rompehielos usado, similar al Irízar, puede comprarse por sólo 19 millones de dólares. Sudáfrica encargó la construcción de uno a un astillero finlandés, que ya está por botarlo. Ante la contundencia de las cifras, vuelve el planteo de fondo: las reparaciones que nunca terminaban, ¿no habrán sido un pretexto para contratar los buques ruso y holandés y cobrar comisiones o coimas?

Por el contrario, pensar que el dislate obedeció simplemente a la inoperancia sería abusar de la credulidad. Abona las sospechas el hecho de que, como publicó LA NACION, se habrían registrado sobreprecios en la compra de provisiones para las bases durante la última campaña antártica del orden de los 84 millones de pesos. Agustín Rossi era el ministro de Defensa -hoy es diputado del Parlasur-, y los sobreprecios que se habrían pagado para el aprovisionamiento variaron entre 174 y 241 por ciento, según el tipo de víveres.

Ayer se conoció que, por esos hechos, el fiscal federal Ramiro González imputó a Rossi y a un ex presidente de la Corporación Mercado Central.

Hace dos años, pedíamos en esta columna racionalidad y la mayor de las transparencias. Se lo pedíamos a un gobierno que se caracterizó por convertir todo cuanto pudo en un negocio personal de sus funcionarios. Los resultados están a la vista. Corresponde a las nuevas autoridades otorgarle la mayor de las claridades a este tema y enmarcarlo en una genuina política antártica que vea y proyecte mucho más allá del legítimo y necesario apoyo logístico a nuestras bases.

Desarman una enorme red de narcolavado

Por Darío Palavecino - LA NACION
La Justicia requisó 241 vehículos comprados por traficantes de droga

La playa de estacionamiento del balneario 12, de Punta Mogotes, era ayer una verdadera concesionaria de vehículos al aire libre. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Había autos flamantes y brillosos. Otros cubiertos por una gruesa capa de polvo por haber dormido en galpones durante meses. Todos estaban sin patentar. Había también vehículos lujosos con algunos kilómetros recorridos, como una imponente cupé descapotable alemana; camiones, motos, cuatriciclos y una lancha. Una gran concesionaria a cielo abierto parecía ser la flota de 241 vehículos que la Policía Federal secuestró ayer en esta ciudad. Son el producto de una de las mayores maniobras de lavado de dinero narco y la operación más significativa para ocultar fondos de origen ilegal en el mercado automotor.

Los 30 allanamientos ordenados por el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti permitieron la captura de ocho personas consideradas piezas fundamentales de esta organización delictiva; se secuestró además una docena de armas.

Fuentes de la investigación confiaron a LA NACION que hay tres sujetos que permanecen prófugos, entre ellas "Coco" Esteban, que es considerado el verdadero cerebro detrás de estas operaciones que sólo en los bienes secuestrados ayer -según estimaciones iniciales- representan entre cuatro y cinco millones de dólares.

La pesquisa lleva más de dos años y medio de trámite y tuvo su origen en un procedimiento realizado en la ruta 2, donde una comisión policial interceptó a Juan Manuel Mariscal al volante de una combi en la que transportaba 150 kilogramos de cocaína. Desde entonces se ataron cabos hasta determinar que el dinero de la venta de esos estupefacientes se volcaba a compras de autos, camionetas y camiones que en su mayoría comercializaban miembros de la comunidad gitana. Esteban es una de las figuras con mayor renombre en esa comunidad y, en particular, en la compra-venta de vehículos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pasó ayer por Mar del Plata para recorrer la playa de estacionamiento del balneario 12 de Punta Mogotes, donde fueron mostradas las 209 unidades secuestradas, además de algunas armas, 540.000 pesos en efectivo, algunos alhajas y relojes de oro y unos 60 gramos de cocaína. "Este operativo es un golpe muy fuerte al bolsillo del narcotráfico, pudimos sacarles la plata de la gente", afirmó sobre estos bienes que ahora el Estado deberá rematar o, si prospera una idea que analizan especialistas, pueden servir -en particular las camionetas- para nutrir las flotas operativas de las fuerzas de seguridad federales.

Con la participación de más de 300 efectivos de las superintendencias de Drogas Peligrosas, Interior y Orden Público, la Policía Federal Argentina completó durante la víspera los allanamientos requeridos por el fiscal Nicolás Czizik y el juez federal Inchausti. La mayoría fueron aquí, pero también hubo otros operativos que se realizaron en forma simultánea en Chascomús, Caleta Olivia, Neuquén y Corrientes, puntos con los que la organización triangulaba para la adquisición de unidades, patentamiento y comercialización.

La causa bautizada como "lavado total" señalaba domicilios que se reparten sobre las avenidas Jara y su continuación hacia el Sur, Polonia, uno de los corredores donde se radica la mayoría de la muy nutrida comunidad zíngara que tiene la ciudad de Mar del Plata. Salvo excepciones, esas familias viven de la compra y venta de vehículos, en casi todos los casos desde la informalidad, sin local y con sus vehículos repartidos sobre veredas y en la calle.

"Cuidámelo como si fuera tuyo"

"Cuidámelo como si fuera tuyo", reclamaba una de las mujeres gitanas a los oficiales que se llevaban un BMW flamante, casi tan llamativo como el Mercedes-Benz Kompressor secuestrado junto a más de unos 150 autos, medio centenar de camionetas -Toyota, Ranger y Amarok- nuevas o con poco rodaje, 27 camiones, 6 motos, 3 cuatriciclos , una pequeña lancha con su trailer y hasta una casilla rodante que, como ocurrió con otros vehículos de mayor tamaño, no pudieron movilizarlos. "El origen de estos bienes es lavado puro con origen en el narcotráfico", confirmó el fiscal General federal de Mar del Plata, Daniel Adler.

Vinculó estos millonarios fondos ilegales en principio a aquella causa originada en la captura de Mariscal -detenido y con condena a siete años y medio de prisión- y, más cerca en el tiempo, al caso conocido como "Marea Verde", operativo que permitió el año pasado el secuestro en Misiones de un camión con más de 4000 kilos de marihuana con destino a esta ciudad.

La ingeniería del lavado requería inyectar dinero del narcotráfico en adquisición de vehículos. Para cumplir el objetivo se recurría a personas que oficiaban como titulares de esas unidades a los que anotaban como propietarios en registros de automotores del interior. Se señaló en particular uno de la provincia de Corrientes. "No cumplían con la obligación de comunicar las operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF )", confió una fuente de la investigación. Dos de los ocho detenidos estarían vinculados con estos trámites.

Un caso muy importante

El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, confirmó que se pudieron concretar todos los allanamientos, efectivizar la mayoría de las detenciones requeridas y que todavía en horas de la tarde, mientras se presentaban resultados del operativo, se estaban completando trámites de secuestro de más vehículos.

El volumen de capital recuperado a partir de esta pesquisa es millonario en dólares y uno de los más importantes en casos de lavado de dinero en el país. Aún no hay una cifra sobre el estimado que movió esta organización en estos últimos años, pero se cree que solo sería superado por apenas un par de casos, entre ellos los conocidos como "Carbón Blanco" y "Luis XV".

Investigadores judiciales explicaron a LA NACION que en los últimos tiempos hay un particular esfuerzo en estas causas para que el Estado pueda recuperar bienes, sean vehículos, propiedades o empresas en los que los delincuentes -en este caso narcotraficantes- buscaron lavar el producto de sus delitos.

Bullrich aportó en este aspecto la expectativa del Gobierno en resultados posibles de la ley de extinción de dominio, que ya tiene media sanción en el Congreso y permitiría recuperar el dinero del crimen para que el Estado los vuelque en favor del conjunto de la comunidad y sostuvo: "Esperemos que estos autos y camionetas recuperados sirvan para tener más justicia y seguridad en el país".

Gómez Centurión: "A mí nunca me avisaron de esa pseudoefedrina"

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
El ex funcionario siembra dudas sobre el proceder de la PSA y la Aduana de Ezeiza

Entre la sorpresa y la suspicacia. Esas son las sensaciones con las que el desplazado titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión, reaccionó ayer ante las duras respuestas que cosechó desde el mismo Gobierno que él siente que aún integra, que incluyeron críticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Gómez Centurión consideró que su decisión de informarle a la Justicia sobre la posible existencia de barriles de efedrina en la Aduana de Ezeiza era no sólo la "lógica", sino la esperable" de su parte, dados sus esfuerzos por depurar la DGA. "No sé por qué Patricia [Bullrich] reaccionó así. Me llama la atención porque yo sólo me limité a informarle al juzgado con el que veníamos colaborando. No llamé a una conferencia de prensa, ni nada", indicó el desplazado funcionario ante la consulta de LA NACION.

"De hecho, ¿no llama la atención que una semana antes de que enviaran el anónimo por el que me desplazaron, yo me había reunido con ese juzgado para investigar juntos sobre el narcotráfico en la Aduana, y una semana después de ese anónimo -y tras cinco años de no hacer nada, oh casualidad- sale escondido ese material en el Boletín Oficial para destruirlo? Es significativo, ¿no?", completó.

Gómez Centurión planteó además sus sospechas sobre la forma y el momento en que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la DGA y la AFIP avanzaron para destruir esa mercadería. "A mí como director de la DGA nunca me avisaron de la existencia de esa pseudoefedrina. Nunca me indicaron que la categorizarían como rezago. ¿Y cómo lo hicieron? Publicándolo en el Boletín Oficial, cuando yo ya no estaba allí, escondida entre otras 500 mercaderías más. ¿Cómo se esconde un elefante? ¡Entre otros 100 elefantes! ¡Mejor aún si son 500 elefantes!", sostuvo.

Convencido de que pronto logrará cerrar la investigación judicial en su contra y de que el Presidente lo repondrá en su puesto al frente de la Aduana, Gómez Centurión se excusó sin embargo de avanzar más sobre Bullrich y el titular de la AFIP, Alberto Abad, con quien mantuvo una relación tirante.

Colaboradores del funcionario desplazado, en cambio, sí aportaron detalles sobre cuál es su visión, convencidos de que algunos "actores que permanecen en la sombra" intentaron retirar de Ezeiza la pseudoefedrina para destruir cuando Gómez Centurión ya no estaba allí. "Las versiones sobre la efedrina guardada en Ezeiza circulan desde que llegamos a la Aduana", plantearon junto a Gómez Centurión. "Pero sólo sabíamos que estaba en algún depósito, sin más precisiones. Y por lo visto nadie quería indagar demasiado al respecto", deslizaron.

A la luz de los datos que recolectaron durante las últimas 36 horas, el equipo de Gómez Centurión traza un posible escenario: que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) haya informado a los responsables de la Aduana en Ezeiza que allí había depositada efedrina y que a partir de ese momento se inició el proceso para calificarla como "rezago". El siguiente paso fue publicarla en el Boletín Oficial, pero como si fuera una mercadería más.

"¿Se da cuenta que la publicaron como si fuera cualquier otra cosa? ¡Lo consignaron del mismo modo que si fueran osos de peluche! ¡Pero es pseudoefedrina! ¡Nunca le informaron sobre eso a ningún juez!", planteó un colaborador.

Junto al desplazado titular de la DGA consideraron "evidente", además, que la persona que le envió el anónimo se enteró de algún modo que estaban por destruir un cargamento de efedrina y le envió ese alerta, con la ubicación marcada en un mapa con una flecha y con un texto mecanografiado, dado que iban a categorizarlo como para "disposición final".

"En la práctica, lo que iban a hacer desaparecer es la trazabilidad de esa pseudoefedrina", razonaron junto a Gómez Centurión. "No descarte que cuando eso ocurre junto con la mercadería también se destruya documentación vinculada. Es decir, los datos sobre quién la envió, quién la pidió, que antecedentes tenía, para qué destino era y más", plantearon.

Según sus colaboradores, a Gómez Centurión le llama la atención que después de cinco años con barriles de pseudoefredrina en un depósito, la PSA nunca informó a la Justicia sobre esa situación. "¿Nadie nunca se preguntó qué hacía allí esa mercadería durante todo este tiempo?", dicen que el desplazado funcionario reclamó repetidas veces. En especial, "cuando la efedrina cruza la política argentina durante toda la última década".

Michetti respaldó la investigación

CÓRDOBA.- La vicepresidenta Gabriela Michetti avaló la investigación contra el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, a partir de la denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y consideró se maneja dentro de los carriles razonables. "El Presidente dijo «yo confío en este funcionario, pero prefiero que se investigue» y que, si luego vuelve, vuelva con la energía, el poder y el empoderamiento que tiene que tener".

Michetti añadió que el funcionario que estaba a cargo de la Aduana "se está defendiendo y está poniendo las cosas sobre la mesa" y recordó que Gómez Centurión trabajó con Mauricio Macri en la Ciudad. "Es importante que se investigue y que los argentinos puedan estar tranquilos", resumió.

"Rezago" - El ex funcionario cree que buscaron desplazarlo y aprovechar ese momento para destruir el cargamento de pseudoefedrina de la Aduana en Ezeiza, junto a la documentación relacionada, como si fuera mercadería común

Según Mariano Obarrio en su articula del diario LA NACION informa sobre la fuerte puja interna en el Gobierno por la detección del cargamento de drogas:

Patricia Bullrich y Gómez Centurión cruzaron acusaciones sobre la presunta responsabilidad de cada uno; también interviene la AFIP; Macri pidió bajar el tono

En el gobierno de Mauricio Macri terminó de estallar ayer una pelea interna que era silenciosa hasta ayer: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus funcionarios, acusaron al suspendido director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, de haber ocultado al Poder Judicial la existencia de diez barriles de efedrina en los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza, que fueron encontrados anteayer, y que se conocían desde mayo último. El hallazgo del precursor químico se produjo anteayer como consecuencia de una declaración que ese día Gómez Centurión brindó en el juzgado de María Servini de Cubría. El funcionario suspendido había declarado que le había llegado una denuncia anónima.

"No tengo ninguna interna con Gómez Centurión, pero él ya sabía que estaba la efedrina ahí", dijo Bullrich por la mañana, lo cual desató sorpresa y preocupación en la Casa Rosada desde temprano.
Luego completó la embestida el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, que agregó que en mayo último se notificó a Centurión "por escrito", pero que éste no hizo la denuncia judicial por lo cual lo acusaron de ocultar la información. Y agregó: "Todo esto está en el Boletín Oficial, más público que eso no sé qué es. Desconozco por qué Gómez Centurión dijo que se enteró por un anónimo".


Los barriles de efedrina que fueron encontrados en Ezeiza. Foto: Prensa Policía Metropolitana

La desmentida de Bullrich y Milman, en tono muy severo, se sostuvo en que Gómez Centurión conocía desde mayo último la existencia de la efedrina y en que la captura de la efedrina anteayer obedeció que el Boletín Oficial publicó el miércoles último que en 30 días esa mercadería pasaría a rezago y sería destruida si nadie la reclamaba y no a la declaración de Gómez Centurión ante Servini de Cubría.

A eso se sumó también la AFIP, conducida por Alberto Abad, que también tiene diferencias con Gómez Centurión. Cuando se descubrió el cargamento, desde ese organismo dejaron trascender que el rol de Gómez Centurión en el operativo estaba sobredimensionado, y resaltaron que durante seis meses "no se hizo nada" con la pseudoefedrina.

Según pudo saber LA NACION, la pelea entre Bullrich y Gómez Centurion es de vieja data y se originó en el hecho de que el suspendido director de la Aduana nunca dejó que las fuerzas federales de seguridad intervinieran en su organismo para investigar delitos y narcotráfico. "La PSA ya había avisado a la Aduana. Gómez Centurión y su equipo ya sabían que estaba la efedrina ahí. Si la Aduana no lo denuncio ante la Justicia y decidió hacer un proceso administrativo, es otra cosa", dijo Bullrich a Radio La Red.

En diálogo con LA NACION, Gómez Centurión se mostró sorprendio por el tono de la funcionaria. "A mí como director de la DGA (Dirección General de Aduanas) nunca me avisaron de la existencia de esa pseudoefedrina. Nunca me indicaron que la categorizarían como rezago", se quejó.
En la Casa Rosada, allegados directos de Macri aseguraron a LA NACION que el Presidente estaba "sorprendido" por el ataque de Bullrich al director suspendido y que "sigue respaldando a Centurión".
"Patricia quiere sacar un rédito político. Centurión tenía la información, la dio en la Justicia y le cortamos 250 kg de efedrina al narcotráfico. Punto. ¿Y sí Patricia lo sabía por qué no fue y allanó ella con un juez?", dijeron.

La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, junto al presidente Mauricio Macri.

Un dato que pareció confirmar el disgusto es que por la tarde, cuando Bullrich fue a Mar del Plata por un operativo, se negó a hablar del tema. "Centurion quizás no quiso denunciarlo antes en la Justicia y está bien", señalaron en la Casa Rosada. "Centurión quedó bien parado y el rédito es de todo el Gobierno", mascullaron contra Bullrich. "Estamos convencidos de que es inocente de la denuncia anónima de sobornos y que regresaría a la Aduana apenas el juez federal Ariel Lijo emita una resolución que indique que las pruebas no son suficientes para imputar al funcionario", dijo un alto funcionario a LA NACION.

El magistrado dejó trascender que ordenó entrecruzamientos de llamados y de comunicaciones y otras pruebas que requieren una respuesta de organismos oficiales que aún no se produjo. Luego de ello, resolverá la situación del suspendido funcionario.

Desde el entorno de Bullrich explicaron que la ministra no tiene una pelea personal con Centurión. Su objetivo es, según dijeron, clarificar la verdad sobre cómo fue el secuestro de la efedrina.

Dicen que tanto la Aduana, la cartera de Seguridad, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) conocían el cargamento y critican a Centurión porque en lugar de hacer una denuncia judicial, por lo relevante del caso efedrina, se guardó la información y abrió un expediente administrativo.

Aprobaron la ley para juzgar rápido los delitos "in fraganti"

(Clarin.com) - Herramienta clave para agilizar la Justicia.

El Senado convirtió en ley la norma que acelera los plazos de los procesos contra delincuentes detenidos con las manos en la masa.

Por 63 votos a favor y 3 en contra, el Senado aprobó hoy la ley de flagrancia, que establece un proceso penal más veloz para las personas que sean pescadas in fraganti cometiendo un delito. Se la considera una herramienta clave para agilizar procesos y aliviar a la Justicia.

La ley de flagrancia tuvo media sanción en Diputados a principios de junio, pero recién la semana pasada obtuvo dictamen favorable en el Senado. La norma, que introduce cambios en el Código Procesal Penal, establece un juzgamiento rápido de los delitos en los que sus autores fueron detenidos cuando los concretaban.

Según el mecanismo fijado por la ley enviada por el Poder Ejecutivo, el detenido debe ser llevado ante el juez para participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde que fue detenido. La nueva norma se podrá utilizar en aquellos ilícitos que se condenen con penas menores a los 15 años.

La sesión arrancó a las 14 y el listado de proyectos a tratar incluyó también las leyes de Acceso a la Información y del Arrepentido.

Según el sitio El Parlamentario, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FpV-PJ), explicó que el objetivo consiste en “dotar a los jueces de una herramienta sencilla y eficaz” para juzgar al delincuente que es sorprendido “in fraganti”.

Guastavino explicó que “el desarrollo de la etapa probatoria no puede superar los 40 días”. “La celeridad del proceso es notoria y en todo momento se respeta el derecho a defensa del detenido”.

Durante el debate, desde la oposición se alzaron voces que indicaban que el procedimiento de flagrancia implica "darle demasiado poder a la Policía" ya que la Justicia debe basarse en las pruebas que presentan las fuerzas de seguridad en un período muy breve de tiempo, que impediría profundizar las investigaciones.

Acusan a inspectores de la Aduana por el robo de 7500 celulares

Por Justo L. Urbieta - LA NACION
Los equipos eran parte de un lote que había sido secuestrado por equivocación


FORMOSA.- Cuatro inspectores de la Aduana de Clorinda, entre los que figuran la ex jefa de esa dependencia, fueron procesados por la Justicia federal por su presunta responsabilidad en la desaparición de un cargamento de 7500 celulares, valuado en un millón de dólares, que estaba bajo la custodia de esos funcionarios en el depósito oficial.

Fuentes judiciales informaron que los cuatro inspectores fueron acusados de estafa, defraudación a la administración pública, peculado (una forma de malversación de fondos) y violación de los deberes del funcionario público.

Según surge de la investigación encarada por la Justicia, los inspectores se habrían apoderado de esos celulares en un robo tipo hormiga. Los aparatos formaban parte de un cargamento que fue secuestrado por error hace más de cuatro años. El cargamento estaba formado por más 10.000 teléfonos que estaban en tránsito fluvial hacia Paraguay desde el puerto de Montevideo. El cargamento fue secuestrado por la Aduana de Clorinda ante la sospecha de que los propietarios de los equipos electrónicos habían violado las leyes de marcas.

Luego de casi un año de investigación, la Justicia federal determinó que no había existido delito alguno y que, por lo tanto, no correspondía el secuestro de la mercadería.

A partir de esa resolución, la Aduana de Concordia, por donde había ingresado el cargamento en el país, dispuso la entrega de los celulares a sus propietarios.

El fallo fue notificado a la Aduana de Clorinda en diciembre de 2012 para que se encargara de concretar la restitución de los aparatos de telefonía que habían sido retenidos y estaban en custodia en ese puesto.

Pero, en enero de 2013, antes de que los responsables de la Aduana de Clorinda recibieran la notificación con la resolución que ordenaba la devolución de los celulares, los cuatro inspectores ahora acusados denunciaron que hubo un robo en el depósito del organismo en Clorinda. En la presentación ante la Justicia provincial, los funcionarios expresaron que entre los elementos robados en el depósito figuraban 7500 de los 10.000 celulares del cargamento que tenían bajo custodia.

Pero al revisar la escena del supuesto asalto los policías hallaron una serie de contradicciones entre la descripción de la secuencia del robo expuesta en la denuncia y lo que se podía observar en el depósito.

A principios de febrero de 2013, los dueños del cargamento reclamaron la devolución de los celulares. Las cajas fueron retiradas del depósito aduanero sin abrir para ser pasadas a un camión en la zona de resguardo jurisdiccional del puente internacional San Ignacio de Loyola, para ser enviadas a Paraguay.

Según las fuentes judiciales, esas cajas que debían contener los celulares fueron abiertas en el Área de Control Integrado argentino-paraguayo ante numerosos testigos.

Pero los propietarios de la carga determinaron un faltante de 7500 celulares. Observaron que, para ocultar la maniobra, los acusados habían dejado los envoltorios ordenados dentro de las cajas para dar una apariencia de normalidad, además de embalarlas con cintas azules idénticas a las del procedimiento inicial, con el evidente propósito de ocultar el robo en el depósito aduanero.

Ante esa situación, los dueños del cargamento formularon la denuncia ante la fiscalía federal, que en febrero de 2013 dispuso el allanamiento de la Aduana de Clorinda y el secuestro de las cámaras de seguridad con sus archivos de grabación.

Como resultado de la investigación, el juez federal de Formosa Juan Carlos Vallejos imputó penalmente a la ex administradora de la Aduana de Clorinda y a tres inspectores.

Luego de las respectivas indagatorias, los cuatro funcionarios fueron procesados por el robo de los 7500 celulares, aunque no quedaron detenidos.

Tarifas de luz: la Corte le permite al Gobierno ahorrar U$S 4000 millones

Por Adrián Ventura - LA NACION
Rechazó dos presentaciones y autorizó a las eléctricas a cobrar las subas dispuestas por la Casa Rosada; si bien el fallo afecta a usuarios bonaerenses, el Ejecutivo se asegura pagar menos subsidios a nivel nacional


La Corte Suprema autorizó ayer a las empresas eléctricas a cobrar el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires. Así lo decidió el alto tribunal cuando, por unanimidad, revocó la medida cautelar que había dictado el juez federal platense Luis Arias y devolvió otro expediente a la jueza Mariana Forns, de San Martín.

El fallo constituye una buena noticia para el gobierno nacional, cuyo trabajo en la Justicia estuvo supervisado por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y por el ministro de Justicia, Germán Garavano. Y también es una buena noticia para las electricas Edenor y Edesur, que ayer analizaban cómo proceder con las nuevas facturas.

En la práctica, la Corte les dejó libres las manos para enviar nuevas facturas en toda la provincia, aunque todavía están en pie algunos amparos que benefician, particularmente, a los habitantes de ciertos municipios, como Pilar y La Matanza. Por eso, según fuentes de las eléctricas, estaban evaluando cómo proceder. El fallo también tiene duros cuestionamiento a la labor del juez Arias y de la jueza Forns, que tramitaron las causas, según la Corte, al margen de todas las normas procesales. Y hay un dato que el Gobierno interpretó como un "castigo a los oportunistas", en alusión al Partido Justicialista bonaerense y a los cuatro diputados provinciales que habían interpuesto la demanda: la Corte los condenó a pagar todas las costas.

Si bien podrían surgir nuevos amparos que puedan dar lugar a nuevas medidas cautelares, el fallo acota la posibilidad de nuevas presentaciones en otros distritos y facilita la readecuación tarifaria que encaró el presidente Mauricio Macri para el sector eléctrico. Según fuentes del Gobierno, se aseguran un ahorro global en subsidios de 4000 millones de dólares.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, a través de varias resoluciones dictadas el 25 y 27 de enero pasados, había dispuesto un fuerte incremento de la tarifa de energía eléctrica a partir del 1° de febrero. De acuerdo con los demandantes, incluían aumentos de más de 500%.Ahora, esas normas seguirán siendo válidas.

Sin audiencias
A diferencia de lo que había ocurrido dos semanas atrás, cuando anuló las subas de las tarifas de gas y le ordenó al Gobierno convocar a audiencias públicas, en este nuevo pronunciamiento, tal como lo había anticipado LA NACION, la Corte recurrió a cuestiones procesales para dejar sin efecto la medida cautelar dictada por el juez Arias, y en ningún momento le ordena al Gobierno convocar a audiencias públicas.

Después del fallo por las tarifas del gas, el Gobierno comenzó a corregir el rumbo, habilitó una ronda de consultas con distintos sectores políticos y convocó a la audiencia que se hará la semana próxima.

Todo esto, sin duda, pesó sobre el ánimo de los jueces a la hora de analizar este segundo expediente. Y con el mismo argumento procesal que usó en aquel caso para separar a clientes residenciales y comerciales (la legitimación del primer sector para demandar, y la falta de facultad del segundo) y con el que afectó al Gobierno, también resolvió este caso, pero para beneficiarlo.

Para la Corte, tomar esta decisión fue sencillo porque el trámite del expediente de La Plata y el de San Martín estuvieron plagados de incongruencias y desprolijidades. En su decisión, la Corte también desoyó el dictamen que ayer había presentado la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que había propuesto mantener en pie la suspensión del cobro de los incrementos de la luz.

El amparo había sido presentado por los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria Walter Abarca y Evangelina Ramírez; por la Defensoría del Pueblo provincial, el Partido Justicialista y el Club Social y Deportvo "12 de octubre". Y, antes de llegar a la Corte Suprema, la cautelar había sido confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

La Corte, en un fallo categórico, explicó que los denunciantes, como legisladores, "carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica" en el ámbito de la provincia. Tampoco tiene esa facultad el Partido Justicialista bonaerense ni, mucho menos, el secretario de la Defensoría del Pueblo provincial, un funcionario que no era el titular del organismo y que reemplazaba al titular, cuyo mandato había vencido.

Más de veinte millones de dólares de los narcos pasan a manos del Estado

Por Virginia Messi - Clarin.com
Es el decomiso más grande de la historia. Lo definió un tardío fallo por lavado de dinero contra el Cartel de Juárez (México) en la Argentina. Fue el primer narcoescándalo que hubo en el país, hace 17 años.

En agosto de 1999 un grupo de policías de la comisaría 17° fue enviado al coqueto edificio de la Avenida Alvear 1845, en el barrio de Recoleta, para intervenir en un episodio peculiar: en el dúplex del segundo piso (de unos 180 metros cuadrados, para más detalles) se había atrincherado un ciudadano italiano a quien dos hombres de origen mexicano estaban tratando de desalojar a las patadas.

El italiano, Elio Stecca, era un testaferro de los narcos mexicanos del Cartel de Juárez y cobraba un sueldo mensual por comprar propiedades para ellos. La muerte del líder de la organización, Amado Carrillo Fuentes (alias “El Señor de los Cielos”), ocurrida dos años antes durante una cirugía estética para cambiar su aspecto, le había dado esperanzas a Stecca de quedarse con el lujoso piso. Se equivocó. Tuvo que mudarse y nunca reclamó la propiedad cuando fue secuestrada por la Justicia.

La cosa no pasó a mayores, y habría sido recordada sólo por el portero del edificio, sino se tratara de una de las tantas historias que dejó tras de sí el primer gran narcoescándalo registrado en la Argentina: el lavado de unos 18 millones de dólares provenientes del narcotráfico internacional. El dinero fue girado entre mayo de 1997 y diciembre de 1999 a la banca nacional desde cuentas de bancos de Estados Unidos. A través de sociedad truchas y testaferros, con esa plata se compraron desde estancias y campos hasta departamentos, un hotel completo en Mar del Plata y una flota de autos de lujo.

El escándalo –denunciado por las autoridades mexicanas– derivó en una causa en el fuero federal que se inició a fines de 1999 y recién se cerró el lunes pasado, luego de 17 años. El 29 de agosto, según confirmó Clarín en exclusiva, los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino –del Tribunal Oral Federal N° 6– convalidaron un juicio abreviado, firmado a principios de año entre el fiscal Diego Velasco y las defensas.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Clarín, las condenas son lo de menos. Los siete acusados que siguen vivos (los dos más importantes murieron, otro fue sobreseído y un cuarto desapareció de la faz de la tierra) lograron una pena baja: sólo tres años y medio en suspenso por el delito de “asociación ilícita y lavado de dinero proveniente del narcotráfico”.

Ninguno ira a la cárcel, a menos que incumplan con las tareas comunitarias que se les fijarán, a razón de 8 horas mensuales. Las multas que se les impuso son el máximo establecido por la ley, pero parecen ridículas: no llegan ni a los 15 mil dólares, en total.

El fuerte del fallo es otro. Entre propiedades, autos y objetos varios, la sentencia del TOF 6 implica el decomiso de entre 20 y 25 millones de dólares provenientes del narcotráfico que pasarán definitivamente a manos del Estado. Los bienes estarán a cargo de la Comisión Mixta de Registro Administración y Disposición –integrada por la Corte Suprema de Justicia y la Sedronar–, un ente que pocos saben cómo funciona y que no lleva ningún registro de acceso público, por lo que ya recibió duras críticas.

La cifra del decomiso al Cartel de Juárez es récord, al punto que desde la aparición de la figura penal de “lavado” (en el año 1989) solo se habían podido decomisar activos por unos 20 millones de pesos. Parte de los millones de dólares son propiedades, como la Estancia El Arbolito, unas 2.000 hectáreas ubicadas en Mar Chiquita, valuadas en aproximadamente 15 millones de dólares. También hay objetos; entre los más curiosos: un león embalsamado, media docena de monturas labradas y un Cristo de tamaño natural que envidiaría cualquier iglesia. Gran parte de estas cosas pertenecieron al “Señor de los Cielos”, que vivió unos meses entre 1996 y 1997 en nuestro país.

Si estaba en Capital, Carrillo Fuentes usaba el departamento de la Avenida Alvear (cuya decoración costó 75.000 dólares, que pagó cash). Pero también le gustaba la Costa Atlántica. Llegó a tener una casa en el exclusivo barrio marplatense de Los Troncos y adquirió campos en localidades cercanas, todos con las mismas características: una sola vía de acceso para controlar la llegada de extraños y una vía de escape para esfumarse.

Con testaferros y sociedades fantasma adquirió la Estancia Rincón Grande, que le compró a José Bordeu por casi dos millones y medio de dólares. El lugar, de unas mil hectáreas, contaba con un casco principal, casa para el jardinero, casa para el capataz, casa de huéspedes, una gran pileta y hasta una capilla. (ver fotos).

El decomiso récord de la sentencia del TOF 6 también incluirá dinero en efectivo, ya que al menos 10.000.000 de pesos están invertidos en plazos fijos. Se trata del producido de los diferentes arrendamientos de los campos y el alquiler de dos departamentos, uno el de la Avenida Alvear y otro ubicado en el centro de la ciudad de Bahía Blanca.

A lo largo de la causa, la administración de estos bienes generó, además de muchísimo papeleo, algunas polémicas. Una de ellas le costó el apartamiento de la causa al juez original del caso, Rodolfo Canicoba Corral, luego de que se denunciara que en uno de los campos embargados –y administrados por la Justicia– en lugar de papas, como aparecía en los registros, se había sembrado soja, un cultivo mucho mas rentable.

La denuncia contra Canicoba –que luego fue sobreseído– había sido presentada por los hijos de uno de lo principales imputados de la causa, el empresario Angel Salvia. Cerebro del armado societario usado para el narcolavado, Salvia fue denunciado por los propios mexicanos por intentar quedarse con los bienes adquiridos con su dinero. No terminó bien: en 2007 fue asesinado a balazos por un sargento de la Bonaerense a cuya esposa frecuentaba. Eso, al menos, es lo que cuenta la historia oficial.

Aduana: ordenan más de 100 allanamientos por graves irregularidades

Por Hernán Cappiello - LA NACION
Basada en las denuncias de Gómez Centurión, la Justicia abrió tres causas; impidió salir del país a 70 personas e investiga fraudes por U$S 800 millones

La suspensión del ex titular de Aduana Juan José Gómez Centurión en su cargo no impidió que sus denuncias de corrupción contra las mafias que operan en esa dependencia avanzaran en la Justicia.

Basada en la presentación del funcionario, la Justicia detectó graves irregularidades y dispuso más de 100 allanamientos, impidió salir del país a 70 personas y secuestró 500.000 dólares en la casa de uno de los ex jefes del organismo. Es parte de una serie de causas en las que se investiga organizaciones encargadas de sacar mercadería sin abonar impuestos, operaciones fraudulentas, firmas fantasma y pagos de sobornos.

Las principales maniobras denunciadas por Gómez Centurión dieron origen a tres causas judiciales, que pusieron el foco en dos prácticas con perjuicios millonarios: la simulación de operaciones de comercio exterior para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo y el contrabando puerta a puerta de contenedores, dentro de los cuales ingresaba efedrina.

La primera de las maniobras es investigada por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. El perjuicio económico estimado provocado por las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) es de unos 395 millones de dólares, aunque la denuncia habla de más de 14.000 millones de esa misma moneda. Otro juez investiga un caso similar por más de 400 millones de dólares.

La maniobra fue denunciada luego de que Gómez Centurión cruzó las bases de datos de las personas que presentaron pedidos de importaciones para conseguir dólares a 9 pesos para importar, con la base de datos de los productos efectivamente ingresados. Allí descubrió que 55 CUIT de empresas y personas recibieron autorización y dólares para ingresar mercadería que finalmente no entró al país, con lo que el dinero fue cambiado en el mercado blue a 15 pesos, o girado al extranjero.

Otra modalidad fue armar empresas fantasma, de existencia en los papeles pero sin giro comercial. Estas firmas pedían DJAI, no importaban nada y giraban las divisas. La Aduana advirtió la presencia de un importante número de empresas que se aprovecharon del régimen normativo y simulaban importaciones que en algunos casos nunca se realizaron. En otros casos, se pagaron por dichas importaciones en apariencia, varias veces la suma declarada como valor de importación.

La diputada Elisa Carrió dijo que una de las empresas investigadas es EDETEX, cuyos socios son Lorenzo Mario Almirón y Julio César Tizado. Almirón aparece como aportante del Frente para la Victoria en la campaña de las elecciones de 2009, dijo la líder de Coalición Cívica. La legisladora mencionó que hay empresas del grupo Indalo de Cristóbal López investigadas por operaciones de este estilo, y otras vinculadas con el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La segunda de las maniobras investigadas oculta una organización de proporciones. El agujero para el fisco en este caso es un misterio, pero ya se habla de 500 contenedores por un valor de US$ 432 millones. Esta maniobra es investigada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

El magistrado le prohibió la salida del país a unas 70 personas y allanó más de 100 domicilios. Esta causa vincula a los contenedores recibidos en el puerto y que luego permanecen en los depósitos fiscales, donde son reclamados por los importadores. En el medio una organización se encarga de sacar la mercadería sin pagar impuestos.

Esta organización detectada por el juez involucra a la empresa Transportes DTM SRL de los hermanos Paolantonio. Son Miguel Paolantonio, de 44 años, Alejandro Paolantonio, y Raúl Paolantonio.

Los tres son investigados por contrabando, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Los transportistas están acusados de sacar la mercadería tras pagar sobornos a distintas instancias intermedias aduaneras mientras los contenedores estaban en los depósitos fiscales.
Las maniobras mas habituales eran:
- declarar un peso de la mercadería menor al real.
- declarar una posición arancelaria diferente para pagar menos impuestos
- declarar un producto e ingresar otro.

El precio por lograr que la mercadería deje el deposito fiscal y llegue a la puerta del cliente variaba entre $ 35.000 y $ 80.000 el contenedor, dependiendo del valor de lo que llegaba al país. En esta causa se dio un curioso caso: que se decomisó un supuesto diario con anotaciones sobre cada operación. Ese documento identificaba a uno de los destinatarios de los sobornos con un número de teléfono celular y el nombre "Pekerman", singular apodo que aludía al nombre del argentino que es actualmente director técnico del seleccionado de Colombia.La Justicia investigó el celular y determinó que pertenecía a Eduardo Bernardi, ex jefe de sede Buenos Aires de la Aduana durante la gestión de Echegaray.

El juez Aguinsky allanó a pedido de la fiscal Gabriela Ruiz Morales el semipiso de Bernardi y encontró en una bolsa naranja de la heladería Pérsico unos US$ 500.000. En esta causa hay 65 personas que tienen todos sus bienes inhibidos.

La tercer maniobra que investiga la justicia vincula al narcotráfico. Es que cuando Ibar Pérez Corradi, acusado por el Triple crimen de Genreal Rodriguez, declaró ante la jueza María Servini mencionó que la efedrina -móvil del homicidio múltiple- ingresaba en contenedores. Marcó a algunos de ellos, pero las investigaciones para ubicarlos fueron infructuosas.

Elisa Carrió mencionó en su denuncia que Pérez Corradi dijo que la administración de Ricardo Echegaray en la AFIP "cobraba coimas a efectos de ingresar cargamentos de efedrina, indicando que los pagos se hacían por dólar cash y eran entregados en mano en el Mercado Central donde funcionaban los depósitos fiscales de Aduana también manejados por la AFIP".

Las maniobras investigadas
- Declaraciones juradas: Ingresos de mercadería que no se efectuaron
- Contenedores: Salida de productos sin pagar impuestos
- Narcotráfico: Ingreso de efedrina en el país en contenedores

Granero le apuntó a Aníbal
El ex titular de la Sedronar, Ramón Granero, apuntó contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al que acusó de "oponerse" a leyes y proyectos para combatir el tráfico de efedrina y sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner "estaban al tanto" de lo que sucedía en el organismo. "Cada vez que quisimos actuar en función de cubrir el vacío legal en la legislación para controlar los precursores químicos siempre nos encontramos con la oposición enfrente del ministro del Interior o Jefatura de Gabinete cuando la ejercía Aníbal Fernández", dijo Granero a Radio Mitre.

Granero, que está procesado en una causa que investiga el ingreso de efedrina al país, agregó que si llegaba a triunfar en las elecciones bonaerenses Aníbal Fernández "era como suicidarse". La respuesta del ex candidato a gobernador llegó por las redes sociales: "Jamás me opuse a cualquier control pero si ello hubiera sucedido, no tenía ningún valor".

Foto: LA NACION

La AFIP avaló la denuncia de Gómez Centurión contra la mafia de la Aduana

Por Ismael Bermúdez - Clarin.com - Las maniobras con las declaraciones falsas de importación
Alberto Abad dijo que sus abogados confirmaron la acusación penal que hizo el suspendido titular de la Aduana.


Alberto Abad, titular de la AFIP.

La AFIP ratificó la denuncia penal sobre operaciones de importaciones simuladas durante 2012 y 2015, durante la vigencia del cepo cambiario, para girar dólares al exterior al tipo de cambio oficial, que había formulado el suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

Son 55 casos por U$S 300 millones en los que no hay constancia de que haya ingresado la supuesta mercadería importada de un paquete total de operaciones irregulares o inconsistentes por u$S 14.173 millones que involucra 17.495 personas físicas y jurídicas con CUIT. Comprende a poco más del 20% de los operadores registrados para operar en comercio exterior y fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. "El martes 30 de agosto se ratificó la denuncia que se realizó el 16 de agosto, el Juzgado Penal y Económico 8 - Fiscalía 10 ya se encuentra trabajando en ella", dijo Abad en conferencia de prensa

Por este procedimiento esos operadores obtenían dólares al tipo de cambio, cuando por el cepo no hubieran podido adquirirlos, con una enorme ventaja porque el dólar blue o paralelo llegó a cotizar en esos años con una brecha de más del 50%.

El mecanismo era el siguiente: una empresa lograba la autorización o una DJAI (Declarada Jurada Anticipada de Importación ) para importar cierta mercadería y pedía al Banco Central las divisas para pagarla. Luego la operación no se realizaba o dicha DJAI se reutilizaba varias veces. El importador así sacaba al exterior los dólares que había comprado al valor oficial. Las DJAI las manejaba el ex secretario de Comercio K, Guillermo Moreno.

La denuncia, que comprende delitos cambiarios y aduaneras, fue hecha a mediados de agosto por el titular de la AFIP, Alberto Abad en una conferencia de prensa junto al entonces director de la Aduana, Juan José Centurión, y el subgerente de Operaciones de Control Aduanero, Pablo Allievi.

Ayer, en rueda de prensa al dar a conocer las cifras de recaudación de agosto, Abad dijo que la denuncia sobre los 55 casos había ingresado en el Juzgado Penal y Economico 8- Fiscalía 10. En relación al resto de los casos, Abad señaló que del total de U$S 14.173 millones :
- hay 499 casos por US$ 8.133 millones que tendrán inspecciones directas en los domicilios de las personas o empresas.
- los otros 16.941 casos tendrán requerimientos electrónicos para que justifiquen un total de operaciones por U$S 6.040 millones.

Abad explicó que las inconsistencias detectada son por los giros al exterior de dólares que no coinciden con las declaraciones juradas que autorizaban las importaciones y el ingreso de las mercaderías.

En otros casos hubo operaciones en que la importación se efectivizó pero el giro de dólares se hizo por montos superiores a los aprobados en las Declaraciones Juradas o con una misma DJAI se hicieron varias transferencias al exterior.

Las irregularidades comprenden al 8% de las importaciones de esos años y alcanzan a más del 20% de los operadores habilitados en el registro de comercio exterior, que son alrededor de 80.000 y a casi la mitad de los operadores activos ( unos 35.000).

Abad explicó que los operadores que van a ser inspeccionados deberán justificar los giros al exterior y que si se comprueban que las inconsistencias fueron maniobras serán denunciados por los delitos cambiarios e impositivos.

De todos modos, el titular de la AFIP también aclaró que esos operadores podrán ingresar al blanqueo que exime a los que blanqueen de los delitos vinculados a esas maniobras.

La posibilidad de que esos fraudes puedan quedar blanqueados motivó muchas preguntas de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa. Abad dijo que la ley de blanqueo engloba esos casos. Distinto  es, aclaró, si se comprueban delitos vinculados al lavado de activos.

La ley de blanqueo dice que quienes blanqueen ”quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado”.

Especialistas del sector dicen que también la UIF (Unidad de Información Financiera) debería haber alertado por estas operaciones sospechosas, lo mismo que muchos bancos privados que actuaron de intermediarios.

Fuerte denuncia de Carrió por la Aduana

(La Nación) - Defendió a Gomez Centurión y acusó a los servicios.
Juan José Gomez Centurión tiene quien lo defienda. La diputada Elisa Carrió, alida del Gobierno, presentó -a traves de una abogada- un escrito en los tribunales, en el que señala que las denuncias contra el suspendidio titular de la Aduana son una venganza por sus denuncias en las que había involucrado a ex agentes de inteligencia, como Antonio Stiuso, y mencionó de soslayo al presidente de Boca, Daniel Angelici, y a Hugo Moyano.

Carrió hizo blanco en sus enemigos de siempre, esta vez para sostener que no hay evidencias contra Gomez Centurión, de quien dijo que es víctima de una "operación de inteligencia" de "mafias enquistadas" en ese organismo y relacionadas con "contrabando, tráfico de efedrina, financiación ilegal de la política y negociados vinculados con el mundo del fútbol".


Fuerte denuncia de Carrió por la Aduana. Foto: Archivo

El escrito firmado por Carrió fue presentado en los tribunales por la legisladora Paula Olivetto, ante los fiscales Guillermo Marijuan, quien investiga a Gómez Centurión por una denuncia de Patricia Bullrich, y Franco Piccardi, quien impulsó una denuncia también contra Gómez Centurión, presentada el mismo día que la otra, por el abogado Maxiliano Rusconi, que defiende a aduaneros investigados por delitos.

La legisladora de Cambiemos dijo que la terminal de cargas donde tiene intereses un ex jugador de Boca es investigada por contrabando y que este jugados apoya la línea de Angelici en el club.

Un ex empleado de Ricardo Echegaray, ligado a un depósito fiscal, es socio de un empresario que, a su vez, es socio de Moyano, dice Carrió. Destacó que Ibar Pérez Corradi declaró ante la Justicia que en depósitos fiscales se ocultan contenedores usados para traficar efedrina. Nada de eso se encontró.

Establecer roles

Carrió pidió al fiscal Marijuan establecer "el rol en la Aduana del grupo liderado por Carlos Odemar Barreiro Laborda y sus relaciones por dentro y por fuera" del organismo. Para Gómez Centurión, este empresario era un informante que le daba datos sobre el submundo aduanero, que el ex militar carapintada desconocía.

"Es Gómez Centurión el que debe explicar su relación con Barreiro Laborda. No obstante, estamos en presencia de una burda operación de inteligencia, que excede la responsabilidad administrativa de un funcionario con la única finalidad de volver a instalar en la Aduana esa matriz mafiosa, en la que participaban en connivencia empresarios, funcionarios, contrabandistas, miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia", agregó. Dijo que el ex funcionario buscaba "denunciar a estas mafias".

La AFIP ratificó una presentación
El titular de la AFIP Alberto Abad, informó que se ratificó la denuncia por irregularidades en importaciones que había realizado Juan José Gómez Centurión. La investigación, que incluye inconsistencias en importaciones por valor de 14.000 millones de dólares, fue realizada 48 horas antes del desplazamiento de Gómez Centurión. Hay 55 casos denunciados.

Vialidad Nacional pidió quedarse con toda la maquinaria de Austral

Por Lucía Salinas - Clarin.com
El organismo presentó la solicitud al juez Casanello

 Austral Construcciones fue favorecida por créditos millonarios del Banco Nación. Foto Emmanuel Fernández.

La disputa por los bienes millonarios de Lázaro Báez sumó un nuevo interesado: Vialidad Nacional. El organismo que denunció al empresario y a su grupo de constructoras penalmente por la obra pública que el gobierno kichnerista le otorgó los últimos doce años, rodeada de múltiples irregularidades, considera que la dinámica utilizada para favorcer al empresario K, "resintió los medios para la realización de obras y tareas de mantenimiento", y por eso piden que el juez Sebastián Casanello no dé lugar al pedido que hicieron tres municipios y que la maquinaria pesada de Austral Construcciones quede bajo la guarda de Vialidad.

 En la entrada a Río Gallegos y al costado de la Ruta N° 3 un gran mástil con la bandera argentina y una cartel con dos flechas en direcciones opuestas formando una "A", indican el acceso principal a la emblemática empresa de Lázaro Báez: Austral Construcciones SA (ACSA). Cerrada, con el movimiento únicamente del personal de seguridad y algunos administrativos, dejó atrás los "años dorados" cuando de la mano del gobierno kirchnerista recibió $ 21.600 millones en contratos viales.


Austral Construcciones sin operar hace más de tres meses. Foto Emmanuel Fernández.

La empresa conserva en ese inmenso predio una flota de 239 máquinas pesadas y 114 camionetas. Este parque automotor tasado por la Justicia arroja un valor de $ 81.551.000 según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.  De todos estos vehículos tres municipios (General Pico de La Pampa, Isla Verde de Córdoba y Río Gallegos de Santa Cruz) pidieron la "guarda judicial" para poder utilizaros. Esto fue solicitado ante el juzgado de Sebastián Casanello que investiga a Báez por lavado de dinero.

El jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart presentó la semana pasada un escrito ante la Justicia, manifestando que el organismo se "opone expresamente" a las solicitudes "efectuadas por los intendentes" sobre la guarda y uso de la maquinaria de ACSA. Entre sus argumentos centrales, sostienen que el empresario K es investigado por presunto lavado de activos "con motivo de los contratos de obra pública que fueran celebrados" a través de Vialidad "es decir con activos del Tesoro Nacional".


Austral Construcciones, abandonada y al borde del cierre definitivo. Foto Emmanuel Fernández.

Es así que consideran que la estructura de Vialidad se "resintió notablemente" por la dinámica utilizada por el anterior Gobierno para "favorecer" a Lázaro Báez, ya que el presupuesto se ejecutaba desde la Dirección vial.

Con estos argumentos pidió que se designe al Distrito 23 con asiento en Santa Cruz, como "depositario con concesión de uso de estos bienes (la maquinaria de Austral)". También remarcan que resulta más complejo para la Dirección Nacional con sede en Capital Federal, trasladar maquinaria a Santa Cruz, considerando los más de 2.400 kilómetros de distancia y la cantidad de obras inconclusas que dejó Lázaro Báez.

Vialidad Nacional que los últimos doce años benefició con contratos millonarios a Báez y a sus empresas, bajo la actual gestión piden ser depositarios de la maquinaria, para "finalizar las obras" de los contratos rescindidos con Austral Construcciones y a su vez, poder "garantizar la transitabilidad de los usuarios de las rutas en la Provincia".


El predio de Austral Construcciones en el ingreso a Río Gallegos. Foto Emmanuel Fernández.

Para esto según el escrito al que accedió Clarín, sostienen que necesitan los equipos viales y las movilidades que forman parte del patrimonio de la constructora: Esto incluye retroexcavadoras, bateas, motoniveladoras. Pese a que Santa Cruz cuenta con tres rutas nacionales (288, 3 y 40) Vialidad financió muchas obras sobre caminos provinciales que quedaron inconclusos y en mal estado. Ahora la misma maquinaria de la empresa que no terminó los trabajos que sí cobró, podría utilizarle para arreglar diversos caminos santacruceños.

El juez Julián Ercolini investiga la entrega "irregular de múltiple y millonaria obra pública vial" en Santa Cruz a favor del Grupo Austral y en tal sentido el representado letrado de Vialidad sostiene que a raíz de los pagos efectuados "por certificados de obras no ejecutadas" entre otras maniobras, se generó "un perjuicio al erario público nacional".

Gendarmería utilizaría tres estancias de Báez para convertirlas en cuarteles

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Son parte de sus propiedades más emblemáticas. Están en Santa Cruz y se ceden en comodato para funcionar como cuarteles. Pedidos para el uso de su avión y sus cabañas.

La emblemática estancia Cruz Aike quedaría en manos de Gendarmería. Foto Maxi Failla.

El millonario imperio de Lázaro Báez se derrumba mientras él continúa preso por lavado de dinero. Varias de sus 147 propiedades adquiridas en la inmensidad del suelo santacruceño durante el kirchnerismo, fueron embargadas preventivamente. Sus estancias fueron siempre su predilección y entre las más de 600.000 hectáreas que compró hay tres campos emblemáticos: Cruz Aike, La Julia y Río Bote donde la Justicia encontró los espacios que según declaró el “valijero” Leonardo Fariña, se usaron como “bóvedas”.

Estas tres propiedades cambiarán su destino: el ministerio de Seguridad las pidió en comodato y el plan inicial es convertirlas en cuarteles.

Además, solicitó uno de los aviones privados del empresario K y vehículos cuatro por cuatro. Paralelamente, un conjunto de cabañas en la localidad de 28 de Noviembre serían otorgadas bajo la misma figura, a la Municipalidad.


El fiscal Marijuan en la estancia Cruz Aike. Foto Maxi Failla.

Báez fue el empresario más poderoso de Santa Cruz y supo amasar una fortuna de US$ 140 millones sólo en propiedades, mientras ganaba contratos por $ 21.600 millones del Gobierno nacional para obras viales. Sus propiedades -más de 300- se extendieron por todo el país: Río Negro, Chaco, Salta, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Chubut, Córdoba. Preso por lavado de dinero hace cuatro meses y con un embargo de $ 900 millones, Lázaro Báez observa desde el Penal de Ezeiza cómo la Justicia avanza sobre sus bienes.

Conectadas entre sí por caminos de servidumbre, las estancias Cruz Aike y La Julia tienen según los planos, una estructura similar que incluye entrepisos, paredes dobles y espacios que según denunció Leonardo Fariña, se usaban como bóvedas. Junto a Río Bote fueron parte de la primera compra compulsiva de campos que hizo el empresario K por US$ 23.700.000.


Estancia La Julia conectada a Cruz Aike. Foto Maxi Failla.

El destino de los múltiples bienes de Báez es algo que analiza el juez Sebastián Casanello que pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que realicen una propuesta al respecto. En el marco de este estudio, que emprendió junto al fiscal Guillermo Marijuan, se habló recientemente con el ministerio de Seguridad por estos tres campos ubicados a unos 50 kilómetros de El Calafate y sobre la ruta nacional 40, que serán otorgados -aún sin fecha específica- en comodato. “Tienen un lugar estratégico y será útil para Gendarmería”, indicaron a Clarín fuentes allegadas a la investigación.

La información fue confirmada desde la cartera que dirige Patricia Bullrich donde señalaron que se evalúa si los campos “son adaptables o si habrá que hacerle refacciones”, y que en principio, el objetivo es convertirlas en “cuarteles” para la fuerza federal. Por la “Ruta del Dinero K” estas tres propiedades fueron allanadas por el fiscal Marijuan para su tasación. Además, solicitaron que la Justicia le dé al Ministerio un avión privado del socio de los Kirchner y vehículos 4 x 4.

Parte de las propiedades Báez en 28 de Noviembre. Foto Opi Santa Cruz.

La entrega en comodato de los bienes secuestrados está previsto en la Ley 20.785, ya que el empresario K aún no fue a juicio oral en la causa por lavado de dinero. Como antecedente, Báez ya perdió 312 libros de su abultada colección que fueron cedidos por el Juez Casanello a la Biblioteca Nacional y que en breve realizará una exposición bajo un sugestivo título: “El lado oscuro del coleccionismo”.

Los embargos preventivos aplicados hasta el momento por el juez Casanello, fueron sobre nueve inmuebles ubicados en Río Gallegos que suman $ 111 millones. En la localidad de 28 de Noviembre el conjunto de cabañas allanadas por el fiscal Marijuan terminarían en manos de la Municipalidad “para que un fin social”, indicaron.

Se espera además, una resolución del Magistrado sobre el pedido que tres municipios, el de General Pico (La Pampa), Isla Verde (Córdoba) y Río Gallegos (Santa Cruz), que buscan quedarse con parte de la maquinaria de Austral Construcciones también embargada. Un pedido similar hizo el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez.

La reutilización de los bienes del socio comercial de los Kirchner, es un camino extenso que recién comienza a transitarse.Desde el entorno de Báez eligieron el silencio cuando Clarín les consultó cómo afrontaban el desguase del millonario imperio.

Descubren más de cien nuevas propiedades de Lázaro Báez y sus empresas

Por Nicolas Pizzi - Clarin.com
La Justicia avanzó y encontró propiedades nuevas desparramadas en 10 provincias y en la Capital Federal

Frente del edificio donde Lazaro Baez tiene propiedades Roosevelt 1539 - Foto: Mario Quinteros

El patrimonio de Lázaro Báez parece interminable. El primer listado oficial que confeccionó la Justicia había arrojado un total de 147 propiedades, valuadas en US$ 140 millones. La cifra apenas reflejaba los bienes en Santa Cruz. La Justicia avanzó y encontró más de 100 propiedades nuevas desparramadas en 10 provincias y en la Capital Federal, pudo saber Clarín de fuentes judiciales. Pertenecen a la familia Báez, sus empresas y allegados. El listado no es definitivo y ahora debe someterse a las tasaciones oficiales, pero en Tribunales ya se estima que la cifra global podría superar los US$ 200 millones.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los bienes se concentran en un solo edificio, ubicado en Ugarte 3842, en el barrio de Coghlan. Son 24 unidades funcionales a nombre de Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez que manejó $ 21.600 millones de la obra pública kirchnerista. Esa firma también es dueña de 9 departamentos en Roosevelt 1780, 3 en Roosevelt 1541 y uno más en Roosevelt 1815.

También se detectaron bienes del contador Daniel Pérez Gadin, uno de los detenidos en la cárcel de Ezeiza; de su hijo Sebastian, procesado por el video de "La Rosadita"; y del abogado Jorge Chueco, quien pidió ingresar un contador al penal, al igual que Báez. A los dos, el juez Sebastián Casanello le pidió que declaren los documentos que pretendían ingresar. Nunca insistieron.

En la Capital, se contabilizaron 49 propiedades nuevas, según los informes que envió el Registro de la Propiedad a la fiscalía de Guillermo Marijuán. Se suman a las que ya había allanado el juez en O’Higgins al 1700 (a nombre de Lázaro), y en Roosevelt al 1900, donde su hijo Martín tiene dos unidades.

El distrito que más propiedades concentra es la provincia de Buenos Aires. En el nuevo listado, al que accedió Clarín, hay inmuebles a nombre de Lázaro, Martín, Walter Zanzot (aparece en el video de La Rosadita), Badial SA, ACSA (Austral Construcciones), La Estación SA (una de las firmas que alquilaba habitaciones fantasma en Alto Calafate) y M&P SA.

En el listado se incluyen 79 departamentos de un barrio cerrado, con amenities, ubicado en Tortuguitas, sobre la calle Patricias Argentinas. Las unidades figuran a nombre del "Fiduciaria Edificio Northville SA”. “Las sumamos porque Martín Baez tiene acciones de esa firma”, explicó una fuente judicial. Pero en rigor, esas propiedades no son nuevas. En uno de los tantos escritos que presentó ante la Justicia, Lázaro ya había mencionado ese emprendimiento. Lo hizo para intentar justificar su patrimonio. En ese momento, dijo que la obra había comenzado en 2008 y que las unidades se vendieron antes de 2013. Supuestamente, ganó U$S6.677.129. "La forma de pago en la mayoría de los casos era al contado al momento de firmar el boleto y, en otros casos, por anticipo y con financiamiento de la parte restante”, declaró Báez.

El empresario patagónico lleva casi cinco meses detenido en la cárcel de Ezeiza. Y suma dos procesamientos por la maniobra de los bonos y las imágenes de "La Rosadita". Además tiene un embargo de 800 millones de pesos. Su presente judicial se sigue complicando. La estrategia para intentar apartar a Casanello fracasó: entre sus abogados y sus operadores judiciales no lograron probar ninguno de sus dichos. La Sala II puso fin a ese capítulo, aunque abrió una causa judicial. En el medio, el juez hizo varias denuncias judiciales.

También naufragaron los intentos para que se arrepientan Báez y su hijos, que ahora esperan una decisión del juez por las transferencias a Suiza. Es clave la respuesta de un nuevo exhorto a ese país.

En el ranking nacional de las propiedades de Báez, Chubut y Córdoba se disputan el tercer lugar. En la primera aparecieron 21 propiedades nuevas: una a nombre de Lázaro y ocho a nombre de Martín. El resto se reparten entre Austral, Kank y Costilla, la petrolera Epsur y otras empresas. En Córdoba, totalizan 22 propiedades. El 90% pertenece a la sociedad Don Francisco, que también alquilaba habitaciones en el hotel Alto Calafate.

"El hallazgo de propiedades parece inagotable. Pronto les daremos un destino social. Es probable que ONGs, municipalidades e incluso fuerzas de seguridad hagan uso provisorio de ellas", dijo anoche Marijuán.

El "mapa" de las propiedades de Báez también abarca a Mendoza (5), Río Negro (7), Salta (4), Santa Cruz (14), Santa Fe (1), Chaco (1) y Tierra del Fuego (6). Representa casi medio país. Y todavía se sigue investigando. 

Hallan documentos de firmas de Báez en una financiera ilegal de Corrientes

Por Maia Jastreblansky - LA NACION
El hallazgo lo hizo la justicia federal de esa provincia, que lo remitió al juez Casanello.


Foto: Los resultados de uno de los allanamientos a la financiera de Corrientes. Foto: fiscales.gov.ar

Con Santa Cruz como centro de operaciones, los negocios de Lázaro Báez se ramificaron por distintos puntos del país. Documentos de sus contratos, incluso, fueron atesorados en los lugares más insospechados. La justicia de Corrientes encontró papeles de obras del empresario patagónico en una caja fuerte de una presunta financiera clandestina. La fiscalía federal de esa provincia ya les remitió su hallazgo al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan para que investiguen esa pista en la llamada "ruta del dinero K".

La pesquisa se inició a partir de una denuncia de un funcionario de la regional Resistencia de la AFIP, que pidió investigar la actividad de la Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis Limitada, con oficinas en el centro de la ciudad de Corrientes. Eso derivó en una causa por "intermediación financiera no autorizada", porque se sospechaba que realizaba operaciones ilegales, a modo de "banco clandestino", a espaldas de los controles del Estado.

En el marco de esa causa fueron ordenados varios allanamientos a las oficinas de Pyramis. En los procedimientos se secuestraron millonarias sumas de dinero en distintas monedas, cientos de cheques y pagarés, documentos y varias máquinas de contar billetes. Guardada bajo llave también se encontró, por azar, una subcontratación que hizo la constructora Sucesión Anselmo Biancalani -sindicada como parte del emporio de Báez- para una obra de Vialidad en Formosa.

Según los documentos hallados en Pyramis, a los que accedió la nacion, Sucesión Adelmo Biancalani subcontrató a la firma Ingyserv SA para hacer un tramo de la ruta nacional 86, en la provincia de Formosa, obra otorgada por Vialidad Nacional. En el acuerdo, le encargaba algunos ítems de la licitación, como la construcción de alambrados, bacheos, señalización y la confección de una dársena para ascenso y descenso de pasajeros.

El pago de los trabajos se realizaría "mediante la entrega de cheques de pago diferido con fecha a los 45 días desde la certificación de las obras", en tanto que se otorgaba un anticipo financiero de $ 300.000. En los allanamientos también fue hallada una actuación notarial del colegio de abogados de Chaco que validaba el contrato con Ingyserv SA, una constructora pequeña creada en 2007 en Corrientes, de acuerdo a los registros oficiales.

Para la Justicia está probado que la empresa Sucesión Adelmo Biancalani, radicada en Resistencia, es de Báez. Cuando Leonardo Fariña declaró como "arrepentido" afirmó que se llevó "mucho dinero físicamente por tierra en camiones de Austral Construcciones a la provincia del Chaco, donde tienen la empresa denominada Adelmo Biancalani e Hijos". También dijo que era posible "encontrar facturas apócrifas y sobrefacturación" de esa empresa.

Un peritaje ordenado por Casanello determinó que el empresario patagónico adquirió el 50% de la firma chaqueña en 2006, mientras que en abril de este año ordenó un allanamiento a sus instalaciones.

Allanamiento

Los documentos de Sucesión Adelmo Biancalani estaban bajo una estricta custodia en Corrientes. Pyramis ofrecía a sus clientes el servicio de "cajas de archivo". Cuando la Justicia allanó el lugar se encontró con verdaderas cajas de seguridad encubiertas donde se guardaban dinero y documentación. De acuerdo con la pesquisa, los cofres estaban tras una puerta blindada y todo estaba vigilado por un circuito de cámaras de seguridad.

El juez federal de Corrientes Juan Carlos Vallejos dictó el procesamiento de siete responsables de Pyramis. "La cantidad de dinero en efectivo en diferentes monedas, cheques, documentación relacionada con préstamos, pagarés y millonarias operaciones bursátiles indican que la estructura jurídica de la cooperativa fue un montaje para ocultar que eran un banco clandestino", agregó el magistrado.

Los titulares de Pyramis, que aseguran ser una cooperativa de recursos financieros legal, apelaron los procesamientos y aún está pendiente la resolución de la Cámara.

Más allá del devenir del juicio en Corrientes, a los investigadores les resultó llamativo que los documentos de esa obra vial estuvieran custodiados en esa cooperativa financiera. Por eso pusieron esos papeles en conocimiento de sus pares de Comodoro Py que están tras la ruta del lavado de dinero.

El hotel fantasma: Revelan nuevos lazos con Cristina Kirchner

(La Nación) - Otro hotel construido por Báez en El Calafate vincula al empresario con la ex presidenta.

El supuesto "hotel fantasma" de Cristina Kirchner.

El programa La cornisa reveló anoche supuestos nuevos vínculos comerciales entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

La información, que la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) aportará a la Justicia en la causa Hotesur, revela la existencia de un hotel "fantasma" construido por Austral Construcciones, que nunca se llegó a inaugurar y que habría estado pensado para funcionar bajo la misma modalidad que Alto Calafate y Las Dunas, hoteles que posee la ex mandataria y que administra la gerenciadora turística Valle Mitre, propiedad de Báez.

Según se informó en el programa conducido por el periodista Luis Majul, los datos surgen de unos 15 CD que se encontraron en un departamento de Báez de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. En ellos figura que la construcción del hotel Bahía Calafate fue terminada en 2009, levantado por Austral Construcciones en un terreno que también es propiedad de Báez.

El material encontrado también posee los balances de Valle Mitre y de Hotesur SA desde 2008 hasta 2013 y un documento que confirmaría que las instalaciones iban a ser administradas en forma conjunta con Alto Calafate y Las Dunas. Además, los archivos confirmaban que Bahía Calafate iba a poder ser utilizado por la tripulación de Aerolíneas Argentinas, como ocurría con el Alto Calafate.

En tanto, según el informe periodístico, los CD contienen pruebas de que Hotesur y Valle Mitre, dos sociedades supuestamente independientes de Cristina Kirchner y Báez, funcionaban bajo una misma administración: la nómina de empleados revela que decenas de trabajadores pasaron de una firma a la otra sin que hubiera una transferencia al fondo de comercio.

Asimismo, otro de los documentos hallados brinda un dato sospechoso: las auditorías internas de Alto Calafate y Las Dunas figuraban registradas con el nombre "contabilidad real", lo que sugiere que pudo existir una contabilidad falsa para presentar ante la AFIP.

Surgen nuevas evidencias de contratos irregulares de obra pública para favorecer a Báez

Por Hernán Cappiello - LA NACION
Un informe de Vialidad Nacional detalla al menos siete licitaciones otorgadas en el kirchnerismo a Austral pese a que la firma no podía cumplir con los trabajos


Lázaro Báez, detenido en Ezeiza en el marco de la causa por lavado. Foto: LA NACION

El grupo empresario de Lázaro Báez no estaba en condiciones patrimoniales de hacer frente a las obras que le fueron adjudicadas durante el kirchnerismo y por eso en buena parte las dejó inconclusas. El ministerio de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner , Julio De Vido , "no pudo haber sido ajeno" a esta "arbitrariedad e ilegalidad" de los procedimientos. Por esas obras, el grupo Austral Construcciones cobró entre 2007 y 2015, 2196 millones de dólares.

Así lo aseguró el Gobierno ante la Justicia en la causa en que el fiscal Gerardo Pollicita y su colega Ignacio Mahiques pidieron la declaración indagatoria de la ex presidenta por direccionar la obra pública al empresario santacruceño, preso por presunto lavado de dinero.

En un escrito presentado por Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección de Vialidad, a los fiscales, el viernes pasado, se describen "graves irregularidades" e "inadmisibles falencias" de los procesos licitatorios por los que el actual gobierno nacional responsabilizó a la gestión de Vialidad Nacional y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El informe oficial señala que antes de la adjudicación de una licitación la empresa debe presentar un "certificado de capacidad para adjudicación", que acredita la capacidad de contratación asignada anualmente, menos el monto total de las obras comprometidas. Ese certificado se gestiona a partir de la presentación del denominado anexo para gestionar el certificado de adjudicación, donde se identifica a qué licitación está referida, el monto en pesos del presupuesto oficial, el monto de la oferta y en cuántos meses se va a completar la obra.

Al monto asignado al certificado de adjudicación se le descuenta el monto del anexo, y de esa resta surge la capacidad real de la empresa para hacer la obra.

La Dirección Nacional de Vialidad aseguró que Austral Construcciones, propiedad de Báez, no cumplió con la presentación adecuada de estos certificados en por los menos siete de las 16 obras licitadas en Santa Cruz entre octubre de 2006 y abril de 2007.

Esto fue posible porque, según la presentación oficial, Vialidad provincial "nunca requirió" los certificados de capacidad para la adjudicación y no los verificó Vialidad Nacional como órgano que financiaba las obras luego de adjudicadas a la empresa beneficiada.

Austral Construcciones presentó ante cada licitación idénticos certificados de capacidad de contratación anual en cada oferta realizada entre octubre de 2006 y abril de 2007. Todo esto sin advertir que la capacidad de contratación anual certificada a Austral Construcciones se consumió cuando se le adjudicó la primera obra.

Es decir que en esos seis meses contemplados en el informe presentado ante la Justicia se acordaron obras por 2143 millones de pesos, que actualizados equivalen a unos 15.000 millones de pesos.

Situación "grotesca"

El Gobierno dijo en su presentación ante los fiscales que Vialidad Nacional y santacruceña en el kirchnerismo debieron advertir "tan grotesca situación e inadmisible falencia, toda vez que resulta evidente que la empresa contratada luego de adjudicada la primera obra carecía de capacidad para ejecutar las obras sucesivas".

El jefe de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional recordó que nunca le debieron haber dado las obras a Lázaro Báez, pues la falta del correspondiente certificado de capacidad de adjudicación se sanciona con la baja de la oferta y la obra se le asigna al siguiente oferente en orden de mérito o se vuelve a licitar.

Por eso indicó que estos hallazgos, sumados a las denuncias anteriores de Vialidad Nacional sobre adjudicaciones irregulares de obra pública a la firma de Báez, determinaron "una voluntad tendiente a torcer la legalidad de los procesos licitatorios" realizados en Santa Cruz para "favorecer arbitrariamente al grupo Austral adjudicando obra pública por montos millonarios en violación de la ley".

Dijo el Gobierno en su escrito que para que esto se hiciera "era indispensable" la participación de funcionarios de Vialidad Nacional, de Vialidad de la provincia patagónica, de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación -que estaba en aquellos años a cargo de José López, hoy preso por los bolsos con nueve millones de dólares que intentó esconder en un monasterio de General Rodríguez-, del ministro De Vido y de la Jefatura de Gabinete.

El escrito de Vialidad Nacional se suma a las pruebas que el juez Julián Ercolini pidió la semana pasada al fiscal Pollicita que le aportara para evaluar la pertinencia de su pedido de indagar a la ex presidenta Cristina Kirchner por sospechas de corrupción.

Entrevista con Juan José Centurión

Por Nicolas Pizzi - Clarin
"Esto fue un operación delictiva y mafiosa"


No asimiló todavía el impacto de la noticia. Juan José Gómez Centurión es el primer funcionario de peso apartado por una denuncia de corrupción durante la era macrista. El militar había sido elegido por Mauricio Macri para avanzar con reformas profundas en la Aduana, uno de los organismos más permeables a la corrupción.

Durante su corta gestión, desplazó a decenas de funcionarios y atacó varios frentes de conflicto históricos como el aeropuerto de Ezeiza y el negocio de los depósitos fiscales. Su salida, por ahora preventiva, fue una decisión del Presidente. “Me duele porque soy inocente, pero entiendo la decisión”, le dijo ayer a Clarín.

El encargado de llamarlo fue el titular de la AFIP, Alberto Abad. Goméz Centurión estaba en la ruta, a la altura de Don Torcuato, luego de varias jornadas de trabajo en la provincia de Corrientes. Apenas diez minutos después, la noticia ya se había filtrado en los medios. A última hora del viernes pudo hablar con Macri. “Me explicó que era mejor para que yo me defienda y se conozca la verdad”, fue el resumen de la conversación telefónica. Pese al golpe, ayer ya comenzó a trabajar junto a sus abogados. Y mañana se presentará en Comodoro Py. Está convencido que fue víctima de una operación “mafiosa” donde están involucrados “ex servicios de inteligencia”. La denuncia, acompañada de algunos audios editados, aterrizó en el Ministerio de Seguridad, que terminó haciendo la presentación judicial.

-¿Qué evaluación hizo de las denuncias en su contra?
-No tienen sustento, ninguna de las dos. Están hechas con grabaciones editadas, en la primer pericia que hicimos ya nos surgió que tienen un alto grado de edición, con voces insertadas. La Justicia rápidamente va a establecer el disparate de las pruebas presentadas.

-¿Usted habla de una operación en su contra, de dónde proviene?
-Es el viejo modelo Side, una denuncia absolutamente inconsistente pero que es un fusilamiento mediático. Lo que buscan es inhabilitar a un funcionario y un equipo que avanzan sobre temas que molestan a mucha gente poderosa. Ya venía escuchando hace tiempo que había un grupo de pseudo empresarios, dedicados a las actividades delictivas en comercio exterior, que estaban buscando un equipo de los servicios de inteligencia para armar una operación. Nunca le di crédito a la versión hasta el viernes. Hay cuatro núcleos complejos sobre los que avanzamos en estos meses.

-¿Cuáles son?
El primero son sectores de los depósitos fiscales a los que le revocamos las habitaciones en los primeros tres meses de gestión. Algunos finalizaron con los procesos de regularización. Otros fueron a la Justicia. No descartamos que puedan tener contenedores con droga.

También hicimos un avance en el aeropuerto de Ezeiza. Era un Aduana donde reinaba el contrabando, vinculada a ex servicios de inteligencia. En los últimos meses, cada vez que movía aduaneros que estababan vinculados al servicio de courier empezaban las operaciones mediáticas.

El tercer núcleo es la gente perjudicada por la causa de los hermanos Paolantonio (N.E.: una investigación de Clarín que llegó a la Justicia y generó decenas de allanamientos). Hay mucha gente afectada por esa causa.

El último frente de conflicto fue la denuncia que hicimos esta semana por los fraudes con la DJAI. Era un negocio de 14.500 millones de dólares. Lo que mas sospecha me da es que uno de los denunciados es el licenciado Aliere, que fue investigador en esa causa.

-¿Por cuál de los cuatros frente se inclina?
Están todos vinculados entre sí. Yo sabia que ir por las mafias iba a traer consecuencias. Me imaginaba una respuesta. Lo que nunca esperé es una respuesta tan mediáticamente organizada. Yo voy a contestar en la Justicia. Después voy a volver a la Aduana para terminar con todas la mafias.

-¿Reconoce su voz en los audios que están en poder de la Justicia?
-No escuché todo. Lo que me dicen es que las voces están insertadas. Estoy trabajando con un perito y voy a convocar a otros expertos (N.R.: la voz de Gómez Centurión solo aparece en algunos de los audios, parecen audios de voz enviados por Whatsapp).

-¿Confía en que la Justicia actué rápido y aclare la situación?
-Tengo plena confianza. Esto fue un operación delictiva y mafiosa, con participación de gente que perteneció a los servicios de inteligencia. Voy a demostrar quiénes son esos mafiosos.

-¿Qué le dijo el Presidente?
-Hablé por teléfono el viernes. Me explicó que se vio en la obligación de darle curso a la denuncia a través de la justicia y separarme del cargo para facilitar la investigación y el legitimo derecho de defensa. Me duele y me afecta la medida, porque soy inocente, pero entiendo la decisión del presidente. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo.

-¿También entiende la actuación del Ministerio de Seguridad?
-(Hace un silencio) El Ministerio recibió la denuncia y lo fue a ver al Presidente. Estoy dolido, pero entiendo el mecanismo. Yo creo que hubiera hecho lo mismo.

Agregado: (Clarín) - El expediente que ya tiene Lijo con audios confusos y varias voces
El Director General de la Aduana suspendido aparece hablando de a momentos y en medio de otras conversaciones.

La salida de Gómez Centurión de la Aduana comenzó a gestarse por una denuncia anónima acompañada de varios audios que aterrizaron en el Ministerio de Seguridad. Tras una consulta con el Presidente, Patricia Bullrich ordenó una denuncia por averiguación de delito. La presentación, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, también menciona a Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias "Cuqui", un empresario paraguayo ex dueño de la empresa Lo Jack; Edgardo Paolucci, director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires; la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita María Ailán; Gustavo Mariscurrena, jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza; Julio César Tizado, empleado de Barreiro Laborda; Federico Tiscornia, hermanastro del ex juez Guillermo Tiscornia y empleado de "Cuqui"; y Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Los audios que acompañan la denuncia, publicados ayer en el sitio Infobae, son confusos. Se escuchan varias voces. En una conversación, una persona que no está identificada dice estar "haciendo caja" hace dos meses. "Genero un palo por día", confiesa. La voz de Gómez Centurión aparece sólo por momentos. Y parece estar insertada en el medio de otras conversaciones.

Según la acusación, Barreiro Laborda, conseguía importadores que no tienen las ex declaraciones juradas anticipadas de importación y las tramita en el juzgado de Ailán, que las aprueba de forma inmediata. La denuncia asegura que los involucrados hablan de contrabandear 2000 contenedores a 1,3 millón de dólares cada uno. En otro de los audios, uno de los involucrados explica que un container (lo denomina "lata") les representa una ganancia de 30 mil dólares.

El denunciante, que supuestamente se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, asegura que Barreiro Laborda logró que Gómez Centurión designe personal en cargos importantes. El militar dice que ese empresario no es su asistente. Mañana se presentará en los tribunales de Comodoro Py junto a sus abogados. Además de la denuncia que investiga el juez Lijo hay una presentación del abogado Maximiliano Rusconi en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

Ayer, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que en la denuncia "se habla de un segundo de Gómez Centurión que estaría pidiendo coimas y haciendo maniobras". Pero luego se llamó a silencio. El ministro del Interior Rogelio Frigerio destacó la decisión del presidente: “Todos los funcionarios de este gobierno están a disposición de la justicia”. Consultado por Clarín, el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo: “Si se comprueba que no tiene nada que ver volverá a su cargo y si es responsable tendrá que seguir los caminos de la Justicia”.