Investigan a un financista de los K que depositó $ 3.500 millones

Por Daniel Santoro - Clarin.com
Se llama Hernán Arcioni, que dirigió Money Market y está investigado en Skanska y Fútbol Para Todos.


Un financista vinculado al kirchnerismo, investigado en el caso Skanska, en Fútbol para Todos (FPT) y por evasión impositiva, cambió cheques e hizo depósitos bancarios dudosos por más de 3.500 millones de pesos solo entre el 2008 y el 2010. Se trata de Hernán Arcioni, quien fue presidente de la financiera Money Market y estuvo vinculado a la agropecuaria fantasma Junín Cereales, entre otras firmas.

Money Market está siendo investigada en una causa caratulada “Futuros y Tendencias S.A.” en el juzgado penal económico de Javier López Biscayart, quien delegó la investigación en el fiscal Germán Bincaz por evasiones multimillonarias del impuesto al cheque, entre otras maniobras. Esta causa “está en plena actividad pero va lenta porque hay miles de cheques y es muy compleja”, comentó una fuente judicial a Clarín.

En un reporte de operación sospechosa de la Unidad de Información Financiera (UIF), según fuentes judiciales consultadas por este diario, se investigó a la agropecuaria Junín Cereales SA que dirigía Rufino Magín Díaz, un socio de Arcioni en Money Market y otras financieras. El ROS revela que Junín Cereales, a pesar de no estar inscripta en el registro de exportadores agropecuarios y no haber podido ser localizada en su domicilio fiscal, contabilizó depósitos bancarios por 3.554.448.441 pesos entre el 2008 y 2010. Junín gozaba de una reducción del impuesto al cheque y, en realidad, se dedicaba al descuento de cheques y valores negociables. Luego se sumaron ROS de los bancos Paribas, Nación, Francés y HSBC. Para la UIF esta operatoria tenía como objetivo, una vez cambiados los cheques por efectivo cerrar una maniobra de “lavado de dinero”. La AFIP considera que, por lo menos, se habrían evadido 29 millones de pesos en el impuesto al cheque.

Durante un allanamiento a oficinas del Ente Regulador del Gas (Enargas) en el 2007 “se secuestró una agenda electrónica con el número de teléfono de Arcioni”. El presidente del Enargas en ese momento era Fulvio Madaro, quien dependía del ex ministro de Planificación y actual diputado por el Frente para la Victoria, Julio De Vido. Ahora es uno de los imputados en la causa Skanska. También se encontraron dos cheques de una metalúrgica y una cooperativa con pocos antecedentes por $ 71.757 y $265.676 que había sido cambiados por efectivo y con endosos irregulares que podría ser parte de la ruta del dinero de Skanska.

La semana pasada el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Madaro, de De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros, al juez federal Sebastián Casanello en la causa Skanska. Otra fuente judicial dijo que “no se descarta” volver a imputar a Arcioni en este caso.

El kirchnerismo había logrado archivar la causa Skanska, pero una decisión de la Corte del año pasado la reabrió. Stornelli consideró que tiene valor probatorio un audio que cuenta cómo se repartió al menos una parte de ese posible soborno: 3 por ciento para Madaro, y un 2 por ciento para Nación Fideicomisos, cuyo gerente era Néstor Ulloa.

Paralelamente, Junín Cereales está siendo investigada por la jueza federal María Servini en la causa del Fútbol para Todos (FPT). Junín Cereales cambió, a través de su cuenta en el Banco Nación, cientos de cheques que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a los clubes de fútbol como, por ejemplo, Arsenal, Quilmes, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe por millones de pesos. Servini investiga si del plan FpT se desviaron fondos públicos a funcionarios o dirigentes del fútbol.

En la causa llamó la atención el rol del Banco Nación en el cambio de los cheques. Una fuente del mercado explicó que hay tantos cheques que pasaron por ese banco del Estado porque las cooperativas amigas de los K tenían como respaldo créditos del Bicentenario a una tasa anual del 9 por ciento, mientras que le cobraban el 70 por ciento a los clubes. Otras empresas bajo la lupa de Servini son “Influo S.A., Corretajes del Sur, Karam Propiedades, Cooperativa Cuenca del Salado, Mutual del Agro, Jorge Giri, Préstamos S.A., Mutual de la Asociación de Abogados de 9 de Julio, Unicred Cooperativa, Invercoorp Cooperativa de crédito para consumo y vivienda y Orión cooperativa de crédito y vivienda limitada”.

Cuando en diciembre Carlos Melconian asumió la presidencia del Nación aumentó los controles sobre lavado y Junín Cereales, entre otras agropecuarias y cooperativa truchas, cerraron sus cuentas.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), que dirige Marcelo Collomb, inició 52 sumarios o inspecciones sobre cooperativas o mutuales para retirarle la personería si se comprueba que se usaron para evadir impuestos en vez de servir a objetivos sociales, revelaron fuentes judiciales.

Descubren 22 obras más adjudicadas a Lázaro Báez

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Todas fueron cobradas, pero se terminó el 40%.


El gobierno de Cristina Kirchner favoreció por fuera de las obras viales, con 22 obras provinciales a Lázaro Báez por una suma de $ 750 millones. Las licitaciones, una vez más, quedaron exclusivamente en manos del empresario K a través de sus empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla. Se trata de trabajos urbanos, y se desarrollaron en las provincias de Chubut y Santa Cruz, según consta en un informe de la Casa Rosada.

Aunque todas fueron cobradas, sólo nueve de ellas se concluyeron. El dinero ingresó a las empresas de Báez y con creces: fueron $758.381.793,07. El método de pago fue a través de “transferencias como asistencias financieras a provincias y municipios”, según el informe del actual gobierno. Con este mecanismo de pago, el gobierno de Cristina Kirchner favoreció a Báez, que de Vialidad Nacional recibió $21.600 millones por obras que sólo concluyó en un 50%, según la auditoría de Vialidad Nacional que motivó una denuncia penal.

Los trabajos urbanos que financió la gestión kirchnerista incluyen siete contratos en el “lugar en el mundo” de la ex Presidenta. Uno de ellos fueron 400 cuadras de pavimento que se licitaron por $79 millones y se terminaron pagando, aunque la obra no se finalizó, $82 millones. Sobre este contrato en 2009 se firmó y aprobó una redeterminación de obra de $21,7 millones. En 2014 se firmó otra modificación sobre el contrato original por $32 millones. La obra se encuentra paralizada y estuvo a cargo de Austral Construcciones.

En El Calafate se usó el mismo mecanismo de redeterminación de obras, es decir modificar el valor inicial incorporando obras adicionales que no se contemplaron en el plan original sobre el paseo costero bautizado “Presidente Néstor Kirchner”. El valor inicial de esta obra fue de $192.700.00 y se licitó antes que Néstor Kirchner deje la Presidencia y continuó bajo la gestión de Cristina con una modificación del contrato original donde se incorporaron obras adicionales por $ 24.534.074. En 2013 hubo una redeterminación del contrato por $93.615.903 y en 2014 otra por $ 1.227.213. La obra no se concluyó.

En Trelew, en Chubut, se destinaron sumas millonarias para la pavimentación de 400 cuadras. El proceso se inició en 2006 por $93.450.327 y en cuestión de meses se pagaron $107.947.594. Esta licitación en manos de Austral sólo finalizó su primera etapa. Entre 2009 y 2011 se aplicaron redeterminaciones de precio por más de $40 millones y la obra quedó inconclusa.

El listado de la obra incluye un club deportivo en Río Turbio por $3 millones sin concluir. Entre las que se finalizaron está: el paseo costero de Puerto San Julián por $ 11 millones, 400 cuadras de pavimento en Río Gallegos por $46 millones, un gimnasio escolar por $ 3 millones y la pavimentación de 350 cuadras en Comodoro Rivadavia (Chubut) por cien millones de pesos.

El informe oficial indica que el plazo estipulado por contrato es de 27 meses promedio, pero el tiempo que efectivamente tardó el Grupo Austral en la ejecución fue de 67 meses: un 250% más, cobrando sobreprecios del 50%.

Indagan a De Vido por la aerolínea que no voló

(La Nación) - También citaron a Jaime y a 25 ex funcionarios y empresarios; denuncia de fraude en Lafsa

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Foto: Archivo / Soledad Aznarez.

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y Nicolás Scioli, hermano de Daniel Scioli, fueron citados a prestar declaración indagatoria como sospechosos de un fraude de casi 37 millones de pesos en la creación y administración de la línea aérea estatal Lafsa, que nunca voló .

La decisión fue del juez federal Sergio Torres, quien acusó al actual diputado De Vido, a todos los que participaron de la dirección y administración de Lafsa y a empresarios contratistas que se beneficiaron con un "sinnúmero de maniobras defraudatorias" mediante "actos espurios" desplegados desde la creación de la línea aérea el 21 de mayo de 2003, según el juez.

Lafsa "sólo implicó erogaciones para la firma estatal", ya que "nunca alcanzó a operar ningún vuelo, ni a explotar ninguna ruta aérea ni a ejecutar ninguna otra actividad comercial de aerotransporte propia", advirtió Torres en su fallo al ordenar 25 declaraciones indagatorias.

En la investigación se estableció que el fraude contra el Estado fue de 21.314.147 pesos para pagar, entre otros ítems, salarios de "personal gerencial que careció de funciones reales y concretas" durante "más de seis años en los cuales Lafsa nunca poseyó un avión, ni operó un vuelo, ni cubrió una ruta ni vendió un solo pasaje", hasta que se disolvió, el 4 de noviembre de 2009.

Para el juez, la excusa de crear la línea aérea con fondos estatales para paliar la crisis ocupacional del sector, tras el cierre de LAPA y evitar la concentración, fue aprovechada "por todos quienes conformaron u ocuparon el directorio y las gerencias en connivencia con quienes dirigían y/o se desempeñaban en los organismos públicos designados como autoridad de aplicación".

"Desplegaron un sinnúmero de maniobras defraudatorias a través de la administración infiel con el afán de beneficiarse ellos mismos y o a terceros", dijo. También apuntó a la ya cerrada línea aérea Southern Winds, que se asoció con Lafsa.

"Existen sobrados elementos que dan cuenta de numerosos incumplimientos" de Southern Winds, cuyos ex directivos también fueron citados a indagatoria. "Encararon un negocio intencionalmente con el único fin de justificar parte de la actividad rentada de los directivos, gerentes y de algunos prestadores independientes contratados", dijo.

De Vido deberá presentarse el 26 de septiembre y será el último en el listado que abrirá el 2 de agosto, tras la feria judicial de invierno. El ex subsecretario de Transporte Aerocomercial Ricardo Cirielli fue citado para el 1° de septiembre; Nicolás Scioli, para el 12 de ese mes, y Jaime, preso, para el 22

Los indagados serán, además, José Alberto Bidart, Eduardo Baravalle, Hugo Luis Herrera, Guillermo Ballesteros, Pablo Castellano, Horacio Knobel, Néstor Délfor Monti, Alejandro Aldasoro, Liliana Bernacchi, Carlos Wehrendt, Jorge Traversa, David Salama, Oscar Aste, Ricardo Spera, Carlos Alberto Martínez, Hugo Cifala, José Luis Bacarezza, Laura Curra; y de Southern Winds, Juan José Maggio, Atilio Montero y Christian Maggio.

Revelan cómo era el fraude en Vialidad

Por Diego Cabot - LA NACION
Presentan una denuncia por asociación ilícita; funcionó desde 2006


Otros tiempos: José López, Julio de Vido y Néstor Kirchner. Foto: Archivo.

Funcionó una asociación ilícita cuyo eje era la obra pública. Los proyectos de construcción eran excusas para defraudar al Estado con procesos licitatorios espurios, sobreprecios escandalosos y circuitos de pagos de excepción. José López, ahora preso, fue uno de los ejecutores del plan, que estuvo vigente al menos desde 2006, y sus colaboradores fueron prolijamente colocados en el tablero por Néstor Kirchner y Julio De Vido, incluso con decretos de dudosa legitimidad. Cobraron sobreprecios de hasta 64% y en muchos casos ni siquiera completaron la obra.

Ésa es la conclusión a la que llegó la actual administración de Vialidad Nacional después de investigar cómo fueron los procesos para dotar de fondos al grupo Austral Construcciones. Se trata de una acusación concreta que ya está en el juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que investiga las irregularidades viales en Santa Cruz.

El esquema montado desde el vértice del poder ya no era sólo un plan para recibir comisiones por una obra, sino que se había convertido en un sistema que utilizaba el procedimiento de la obra pública para sacar dinero del Estado y derivarlo a empresas, en este caso, a Austral Construcciones.

La denuncia tiene nombres y apellidos. Según Javier Iguacel, actual administrador de Vialidad, aquella asociación ilícita la conformaban José López; el gerente y el subgerente de Obras, Jorge Gregorutti y Sandro Férgola, y el gerente de Administración, Sergio Passacantando, un ex empleado de la financiera de Néstor Kirchner, Invernes, que fue nombrado por decreto en 2006. Estos se suman a otros ex funcionarios ya denunciados, como el ex director de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El organismo se convirtió desde el inicio de la anterior administración en un lugar sagrado para hombres de confianza de Néstor Kirchner. Colocó allí varios de sus alfiles, de los llamados pingüinos. En 2006 se dio uno de los casos que más sospechas levantaron. Mediante el decreto 1301/2007, fechado el 5 de octubre de 2007 y firmado por el entonces presidente, además de Alberto Fernández y De Vido, se nombró a Sergio Passacantando como Gerente de Administración.

Hasta ahí no hay demasiado nuevo. Sin embargo, el decreto que disponía un cargo en forma retroactiva desde el 12 de octubre de 2006, tenía una particularidad. Pese a que las vacantes para el ingreso en planta permanente en el sector público estaban prohibidas, Passacantando fue designado como personal de planta, al punto que estaba en su cargo hasta después de iniciada la nueva administración.

El gerente de Administración, personaje clave en la trama de la obra pública vial, era un viejo conocido: habría sido empleado hasta asumir en la firma Invernes SA.

Esta sociedad, que funcionaba en un domicilio en el mismo edificio que la sede porteña de Austral Construcciones, habría sido creada por Ernesto Clarens, un empresario dueño de hoteles en Buenos Aires, Bariloche, Corrientes y, además, inquilino del hotel de la familia Kirchner, Los Sauces. La sociedad, que dicen que debe su nombre a "inversiones Néstor", es una de las líneas de investigación que tiene el juez Sebastián Casanello en una de las causas por presunto lavado de dinero de Lázaro Báez. Desde esa empresa, y por decreto de Kirchner, Passacantando pasó a Vialidad en planta permanente.

La operatoria se explica en uno de los casos emblemáticos: el de la ruta provincial 9, en Santa Cruz. Todo empezó el 1° de diciembre de 2006, cuando Vialidad Provincial aprobó el pliego de licitación. Sin embargo, pese a ser ruta provincial, se firmó un acuerdo (el 27 de enero de 2007) para que sea el organismo nacional el que financie. Ambas administraciones acordaron, en el artículo 100 de aquel documento, "el estudio, proyecto y construcción de obras básicas y enripiado, ruta provincial 9 (...) con un presupuesto estimado de 238.248.064,24 pesos".

Dos días más tarde de firmado el convenio entre las dos Vialidad se abren las ofertas. Kant y Costilla ofreció $ 245.361.623,83 y Petersen, Thiele y Cruz, $ 242.754.420,92. Vale la pena quedarse en la oferta de Austral Construcciones: 238.248.064,42 pesos. El número encierra una de las pistas más importantes de la connivencia entre funcionarios y Báez. Es exáctamente igual, hasta con los mismos centavos, que el que habían colocado dos organismos públicos, uno provincial y otro nacional, como presupuesto para el proyecto licitado.

El proceso siguió. Ocho días después de firmado el acuerdo se adjudicó la obra a Austral. A los 52 días de adjudicado, ya se habían anticipado 90,16 millones de pesos (37,85%), cuando según el plan de trabajo presentado por Austral Construcciones se debió haber pagado 3,24 millones de pesos (1,36%). El plazo era de 36 meses y la obra aún está sin terminar.

Un ejemplo similar se da en la ruta nacional 3, con un sobreprecio de 64%, y la lista sigue. Es sólo una muestra de cómo la obra pública fue la materia prima de una supuesta asociación ilícita.

Un esquema para desviar millones

Kirchner y De Vido colocaron gente de confianza en Vialidad Nacional, donde funcionó un procedimiento que habría tenido como finalidad desviar dinero.

Aquí uno de los ejemplos: la ruta provincial 9, en Santa Cruz

• 01/12/2006: se aprueba el pliego por parte de la Administración de Vialidad de Santa Cruz
• 18/12/2006: llamado a licitación.
• 23/01/2007: se firma convenio entre el organismo de Santa Cruz con Vialidad Nacional para que el Estado financie la construcción de la ruta.
• Art. 10: Las obras del presente convenio son: Estudio, proyecto y construcción de obras básicas y Enripiado, Ruta Provincial 9 (...) con un presupuesto estimado de 238.248.064,24 pesos
• 29/01/2007: Apertura de ofertas.
• Kant y Costilla : $ 245.361.623,83 / 22,68% por encima del precio de referencia
• Petersen, Thiele y Cruz : $ 242.754.420,92 / 21,38% por encima.
• Austral Construcciones : $ 238.248.064,42 / 19,31% por encima
• 29/01/2007 : se descalifican las ofertas de Petersen y Kant y Costilla por estar 20% encima del presupuesto.
• 05/03/2007: adjudicación (ocho días después de la firma del financiamiento).
• 25/04/2007: DNV convalida el acuerdo.
• A los 52 días, se habían anticipado $ 90,16 millones (37,85%), cuando según el plan de trabajo de Austral Construcciones se debieron haber pagado 3,24 millones (1,36 por ciento).
• Plazo de finalización de la obra, 36 meses, es decir el 06 de marzo de 2010.
• La obra aún no ha sido terminada

La OA denunció sobreprecios en la compra de camionetas de parte de Agricultura en 2012

(Perfil.com) - La denuncia la iniciaron Manuel Garrido y Graciela Ocaña. Corresponde al período de Norberto Yauhar y apunta contra su subsecretario.


La Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, hizo una denuncia por administración fraudulenta por un presunto direccionamiento y sobreprecio en una compra de camionetas para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante 2012, cuando era dirigido por Norberto Yauhar

En el segundo llamado a licitación del el 7 de febrero de 2012 se adjudicó "la compra de las camionetas a la firma Guido Guidi  S.A., quien cotizó por cada una de las pick up Amarok la cifra de $179.532". El total de todas las camionetas ascendía a $10.771.920. La denuncia se origina a partir de la investigación de si existió “el direccionamiento de una contratación, al introducirse en el pliego de condiciones requisitos que únicamente podían ser cumplidos por uno de los fabricantes”.

Para ese segundo llamado, el Subsecretario de Agricultura Familiar solicitó la inclusión de una serie de especificaciones, según surge de su nota de fecha 22 de diciembre de 2011. En la licitación se presentaron tres empresas: Guido Guidi S.A., Igarreta S.A. y Automóviles San Jorge S.A.. La primera de ellas fue quien ofertó el precio más alto, pero el Subsecretario de Agricultura Familiar mediante nota del 3 de mayo de 2012 remitida a la Directora de Compras y Contrataciones, aseguró que lo que cotizó Guido Guidi "se ajustaba a lo requerido en el pliego de especificaciones técnicas", especificando aunque el valor era superior al informado por la SIGEN ($156.804,63 por unidad, y $9.408.277,80 el valor total por las 60 camionetas) "no incluyó el traslado de las unidades, los sensores de estacionamiento y el ploteo de las puertas delanteras".

La empresa Igarreta al ser notificada de la decisión expresó que Guido Guidi no había aportado "información técnica o aclaración del modelo cotizado". El Subsecretario de Agricultura Familiar expresó que el plazo de entrega ofrecido por Igarreta S.A. excedía lo que había sido requerido. Teniendo en cuenta la cifra especificada por la SIGEN se pagó un monto mayor de 22.727,47 pesos por cada camioneta.

La SIGEN también alertó que “en el pliego de bases y condiciones particulares se indican especificaciones técnicas que conducen a una marca determinada, si bien en el mercado existen opciones de bienes similares o sustitutos convenientes que cumplirían con el objetivo final que sustenta la necesidad de compra”. Es decir, se advierte sobre un posible direccionamiento en el pliego de bases y condiciones.

Para la OA “existen indicios suficientes para sospechar que existió un perjuicio para el Estado nacional producto de haberse pagado de más cuanto menos $1.363.642.20 por la adquisición de 60 camionetas Amarok con destino a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, superando en el monto antes citado el precio testigo fijado por la SIGEN”.

Sebastián Casanello busca darle un fin social a las propiedades que le incautaron a Lázaro Báez

(La Nación) - El juez federal quiere darle un lugar a las "comunidades más olvidadas del país"

Foto: Archivo / LA NACION / Horacio Córdoba

El juez Sebastián Casanello le giró hoy un escrito a dos reparticiones oficiales para que le busquen un fin social a las varias de las propiedades incautadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Así se desprende del escrito firmado por el juez, quien sostuvo que el Estado "debe pensar en herramientas para sanear el daño causado" y darle un "posible destino social" a las millonarias estancias que se encuentran individualizadas, tasadas y embargadas, ante la sospecha de que fueron fruto de dinero ilícito.

Fuentes judiciales señalaron que puso en conocimiento a la Secretaria de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior para garantizar el acceso a la vivienda y darle un lugar a las "comunidades más olvidadas del país". También al Programa Pro Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social, que está destinado a familias vulnerables para que puedan acceder a una alimentación saludable.

Una de las casas de Lázaro Báez en Santa Cruz. Foto: LA NACION / Horacio Córdoba

A criterio del juzgado, existe la posibilidad de "aprovechar de modo inmediato" los bienes incautados para este fin social. Por ello les recomendó a los funcionarios de las dependencias estatales mencionadas que se comuniquen con el fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene el listado de precios de los bienes relevados y en 15 días eleven al juzgado "una propuesta que especifique los destinos y programas que puedan implementarse sin demora sobre los bienes inmuebles que se encuentran ociosos", precisaron las fuentes consultadas.

Agencia DyN

José López anticipó pagos millonarios por obras que casi no tuvieron avances

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Los adelantos se detectaron en más de 30 contratos de la Dirección Nacional de Vialidad, que dependía del ex funcionario; los montos llegan a $ 1500 millones.

José Francisco López. Foto: Archivo / Fabián Marelli

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), uno de los organismos que dependían del ex secretario de Obras Públicas José López y también una de las mayores cajas del Estado, realizó en 2014 pagos a más de 30 proyectos viales muy por encima del avance físico que mostraron sus obras.

Los casos en que los pagos fueron mucho mayores que el adelanto de los proyectos recorren varias provincias. Hay ejemplos en Córdoba, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, Tierra del Fuego y Santa Cruz. En total, los 30 proyectos analizados que no registran un avance físico acorde con los fondos desembolsados por el Estado suman transferencias por 1479 millones de pesos.

Así surge de un análisis que hizo LA NACION data sobre la base de decenas de planillas que le envió el año pasado el gobierno de Cristina Kirchner al Congreso, compendiadas bajo la denominada Cuenta de Inversión. En los números revisados se descartaron las obras cuya construcción era superior al 80%, para quitar los casos en los que pudo haber habido un pago mayor del Estado para cancelar deudas atrasadas.

El desembolso anticipado de obras con escaso avance o que directamente no se hicieron es una de las principales irregularidades que detectó el gobierno de Mauricio Macri sobre la gestión anterior.

Por caso, una ruta hecha en la provincia de San Luis en los límites con Córdoba y Mendoza no muestra ningún tipo de avance, pero se le destinaron $ 74,54 millones en 2013 y otros $ 134,5 millones en 2014, hasta donde llegan los últimos datos disponibles.

En Córdoba, el denominado refuerzo de infraestructura en el corredor vial VIII no registró avances entre 2011 y 2014. Sin embargo, la contabilidad del Estado muestra que se transfirieron a esa tarea $ 23,9 millones en 2013 y poco más de $ 49 millones al año siguiente.

En La Pampa no se hizo ningún trabajo en el empalme de la ruta 10, pero se pagaron más de $ 5 millones, el 18% del costo total del proyecto. Otro tanto ocurrió en Formosa, donde se pusieron $ 2,14 millones para una mejora que no tuvo hasta 2014 avances.

En Santa Cruz, la provincia donde están puestas todas las miradas de la Justicia y de los auditores del Gobierno, un empalme de la ruta 40 con un presupuesto de $ 899 millones tuvo un avance de obra del 12%, pero las transferencias de fondos alcanzaron el 24% de los fondos previstos para esa tarea.

Hace dos semanas, el nuevo presidente de la DNV, Javier Iguacel, amplió en un escrito dirigido al juez Julián Ercolini la denuncia que había hecho contra López y otros funcionarios de esa cartera en abril pasado. Se comprometió a aportar pruebas y testigos que acreditan sobreprecios, adjudicaciones discrecionales y la emisión de "certificados y pagos de obra no ejecutada".

Allí se apuntan casos específicos que van en la misma dirección que sugieren los números analizados por LA NACION.

En la ruta 3, a la altura de Santa Cruz, se encontraron irregularidades y diferencias entre los montos por los que la obra fue contratada años atrás a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, hoy detenido, con las ofertas que recibió la DNV el mes pasado de otras empresas.

También en Santa Cruz, la licitación para la ampliación de la ruta 9 tuvo ofertas de Austral Construcciones, Kank y Costilla y Petersen. Las dos primeras pertenecen a Báez y la tercera, a la familia Eskenazi, los ex dueños de YPF que fueron desplazados de la compañía petrolera luego de la estatización de la empresa.

Una comisión de estudio y evaluación de la gestión kirchnerista descartó dos ofertas el mismo día de su creación y le dejó la obra servida en bandeja a Austral.

Dos semanas después de firmar el contrato, la compañía ganadora le pidió a la DNV un adelanto del 30% del valor total del contrato, algo que fue aprobado el mismo día de la solicitud. Cuarenta y ocho horas después, la empresa de Báez tenía la plata en su poder, algo muy inusual para una cartera que se caracterizaba por demorar los pagos a la mayor parte de las constructoras.

Foto: LA NACION

A la Justicia

En el mismo proyecto se certificaron, aprobaron y pagaron avances de obra que según los análisis técnicos de Vialidad no se hicieron. El Gobierno asegura que tiene un testigo que corroborará ante la Justicia esa irregularidad.

En Chaco, en tanto, la constructora Sucesión de Adelmo Biancalani, también de Báez, ganó un contrato del que luego cedió un 70 por ciento de la facturación a la firma Cemento a cambio de que ésta realizara la totalidad de la obra. Sobre la base de esa operación, la Dirección Nacional de Vialidad sostiene que el 30% del presupuesto, cifra que no figura en la ampliación de la demanda, puede ser considerado como el sobreprecio que pagó el Estado.

La DNV también tenía un circuito de pago privilegiado para ciertas empresas. Todos los meses le enviaba al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas. Quien daba la orden era José López, preso en la cárcel de Ezeiza desde hace tres semanas, luego de que la policía bonaerense lo detuvo en la noche en que, según un testigo, arrojó bolsos con unos 9 millones de dólares al interior de un monasterio en General Rodríguez.

Según fuentes oficiales, la firma Austral Construcciones solía estar en ese grupo privilegiado. LA NACION vio la lista de enero de 2015, en la que la firma de Báez ocupa el sexto lugar. La primera es Rovella Carranza, una compañía de origen puntano que está siendo analizada por la Justicia, seguida por JCR. En el octavo lugar aparece Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Del editor: qué significa. Las evidencias de manejos oscuros con los fondos públicos siguen saliendo a la luz; el efecto político impacta en un kirchnerismo en retirada.

Casanello reabrió la causa Skanska

(La Nación) - Tuvo en cuenta una grabación que registró el pago de coimas


El juez federal Sebastián Casanello aceptó reabrir el caso Skanska, el primer caso de corrupción del kirchnerismo: le pidió a la Sala I de la Cámara Federal, que hace dos años había sobreseído a los funcionarios imputados, que analice nuevamente una grabación en la que se admite el pago de coimas para que resuelva, ahora, si cambia de decisión y avanza con los procesamientos.

El pedido había sido hecho por el fiscal Carlos Stornelli, quien planteó que hubo cosa juzgada írrita y reclamó que Casanello directamente anule la sentencia de la Cámara Federal.

El juez de primera instancia entendió que no puede dejar sin efecto el fallo del tribunal superior, pero sí reabrió el caso y le dijo a la cámara de apelaciones que vuelva a estudiarlo a la luz de las nuevas pruebas. La grabación en cuestión tuvo lugar entre el auditor Claudio Corizzo y Javier Azcárate, uno de los gerentes de Skanska. En ese audio, Azcárate admitió que hubo un 5% de "comisiones indebidas" para la construcción de dos gasoductos.

Por el caso Skanska habían sido procesados el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro; el ex titular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa; y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron.

Fue la Sala I de la Cámara Federal, cercana al kirchnerismo, la que en 2011 dictó los sobreseimientos. Pero en abril último, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dio el puntapie inicial para reabrir la causa, porque consideró que aquella grabación, en la que el gerente confesaba al auditor el pago de sobornos, había sido válida. Ahora es el turno de la Cámara para decidir.

Procesan y embargan por $ 12.000 millones a ejecutivos por la "cueva" del BNP

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La Justicia determinó que la entidad facilitó la salida de 1000 millones de dólares; uno de sus clientes fue un ex funcionario de la AFIP


El banco BNP Paribas suma problemas en la Argentina. El juez Osvaldo Rappa procesó ayer a 20 ejecutivos de la entidad por operar una "cueva" financiera en el barrio porteño de Catalinas dedicada a la fuga de capitales y ordenó embargarlos por una cifra récord: más de $ 12.000 millones.

Rappa consideró que la "cueva" del BNP Paribas ayudó a cientos de clientes a canalizar al menos US$ 1000 millones hacia diversos paraísos fiscales entre marzo de 2006 y fines de 2008, por lo que procesó a sus ejecutivos por presunta asociación ilícita, evasión y lavado de activos. "No sólo se quebrantaron deliberadamente las obligaciones relativas a la identificación del cliente inmediato, los deberes de diligencia frente a transacciones inusuales o carentes de sentido económico aparente, el reporte voluntario de tales operaciones y la conservación de la información sobre las transacciones -remarcó el juez-, sino que se diseñó una compleja arquitectura financiera, que tenía por objeto borrar el rastro de la ruta del dinero no declarado."

El magistrado destacó el "aporte estratégico" de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) durante la gestión del fiscal Carlos Gonella para impulsar la investigación, que rastreó las operaciones de empresarios, sindicalistas, un juez y hasta un por un entonces alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Andrés Vázquez.

Los procesamientos y embargos alcanzan a la por entonces plana mayor de BNP en la Argentina, como así también a varios de sus ejecutivos. Entre ellos, Armand Augustin Abeillon, María Inés Armando, Michel Michael Basciano, Héctor Ignacio Borthaburu, Fernando Gabriel Celaya, Luis Pablo Cremona, Christian Marie Francois Giraudon y Elba Guibernau.

El juez en lo Criminal de Instrucción N° 35 también procesó a Philippe Yves Henri Joannier, Irma Haydee Ibrajimovich, Marina Judith Ini, Carlos Long Sansberro y Pedro Antonio Maffeo, como así también a Daniel Omar Monaco, Alexis Quirot de Poligny, Osvaldo Daniel Rodríguez, Mariana Schuld, Santiago Tedin Uriburu, Adriana Terreni y Silvia Zyla.

Según reconstruyó la Procelac, el BNP Paribas había montado una oficina de Banca Privada Internacional que operaba de manera clandestina en el piso 25 de la torre de la avenida Leandro N. Alem 855, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí aconsejaba a sus clientes sobre cómo sacar millones de dólares del país con destino a cuentas en Curazao, Luxemburgo o Suiza.

La Procelac recordó que el BNP incluso desarrolló un manual "instructivo" de uso interno para sus empleados llamado "Productos Off-shore". Describía al "cliente off shore" como la persona física o jurídica que no desea declarar sus bienes.

Uno de esos clientes fue Vázquez, quien durante la gestión de Ricardo Echegaray se desempeñó como jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP. Desde allí ordenó el megaoperativo de 200 inspectores contra el Grupo Clarín en septiembre de 2009, al mismo tiempo que acumuló indicios de proteger al casino flotante de Cristóbal López y a varias empresas de Lázaro Báez. Para entonces, según reveló LA NACION en octubre de 2010, Vázquez ya había acumulado casi medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa, fondos que mantuvo por fuera de los controles formales y que no declaró ante la AFIP, es decir, ante el organismo para el cual trabaja.

"Tanto el personal directivo, como los empleados que prestaban servicios en esa oficina -explicó Rappa-, conformaban una asociación ilícita y sostuvieron la firme decisión de fugar divisas del país, propiciar y llevar adelante operaciones de cambio ilegales, operaciones financieras no autorizadas y lavado de dinero ilícito, brindando tanto el espacio físico para que dichas operaciones se desarrollasen, disponiendo de todos los recursos materiales, servicios y demás prestaciones necesarias para su funcionamiento."

Justificó Boudou la compra de 19 autos

(La Nación) - Presentó un escrito ante el juez y defendió el pago de $ 2,1 millones


El ex vicepresidente Amado Boudou volvió ayer a los tribunales de Comodoro Py a declarar en una nueva indagatoria; esta vez, acusado de la compra de autos "innecesarios" y con supuestos sobreprecios mientras era ministro de Economía.

Boudou se negó a declarar y se limitó a presentar un escrito. En ese documento dijo que "todos los vehículos que se adquirieron resultaban necesarios", que fue una compra "conveniente" y que se habían cumplido todos los requisitos de la ley. "La totalidad de los vehículos se encuentran aún hoy funcionando en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional", afirmó.

El juez que lo indagó, Sergio Torres, lo había citado porque sospecha que el Estado pagó por los autos más de lo que correspondía y que se trató de una subasta direccionada en favor de la empresa Guido Guidi. La audiencia fue muy breve. Boudou llegó cerca de las 9 y a las 10 ya se había retirado.


El expediente de la compra por la que fue indagado se inició con la resolución 347 del Ministerio de Economía, del 22 de diciembre de 2009, firmada por el entonces secretario legal y técnico de esa cartera, Benigno Vélez, quien autorizó el inicio de "gestiones tendientes a lograr la adquisición de una partida vehicular".

Los autos fueron 19. Todos Volkswagen, modelos Passat, Vento y Bora. La adquisición se hizo -de acuerdo con Torres- "mediante subasta privada direccionada a favor de la empresa Guido Guidi SA por la suma total de $ 2.301.227,25, la que finalmente se concretó por $ 2.131.400 sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso".

Ayer, Boudou sostuvo que la decisión fue el resultado de un estudio de las "áreas operativas intervinientes", que consideraron que esta compra era la mejor de las alternativas que habían evaluado. Tomó distancia, así, de la decisión.

El juez había dicho, en cambio, que sólo pudo haber sido él quien resolvió avanzar con esta operación. "La impronta otorgada al trámite de ese expediente, en cuanto a la urgencia y al tenor de las deficiencias detectadas, como los actores del mismo, pone claramente la decisión en cabeza de la máxima autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas", sostuvo Torres cuando lo citó a esta indagatoria. Ahora, el juez debe decidir si suma un nuevo procesamiento contra el ex vicepresidente Boudou.

Una triangulación que involucra a De Vido y al ex titular de Enarsa

Por Nicolás Balinotti - LA NACION
Suárez fue denunciado por desviar fondos que debían ser destinados a capacitar trabajadores


Tras meses de letargo, la causa judicial que involucra al gremialista Omar Enrique Suárez se reactivó y da la sensación de que podría avanzar a ritmo de machete.

Procesado por haber entorpecido vías navegables y extorsionar a empresarios, ahora lo investigan por fraude y encabezar una asociación ilícita. Detrás de esta nueva acusación, se distingue una maniobra para desviar fondos que incluye a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y Exequiel Espinosa (ex titular de Enarsa).

Por un convenio entre el ministerio que encabezaba De Vido, Enarsa e YPF, a partir de 2008 la Argentina comenzó a importar gas licuado. Sirvió de excusa perfecta para que Suárez, líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), les reclame a las agencias marítimas un aporte por cada trabajador en concepto de "capacitación", con el argumento de que los tripulantes de los buques regasificadores debían manejar el idioma inglés.

Según la intervención judicial que desplazó en febrero a Suárez del SOMU, esas capacitaciones nunca se realizaron y las contribuciones patronales terminaron en las cuentas de la Fundación Azul, dependiente del sindicato, y la empresa San Jorge Marítima SA, en cuyo directorio está Suárez.

La triangulación habría sido así: el pago en vez de ir directamente al SOMU y de allí a la escuela de capacitación marítima Omar Rupp, ingresaba en un primer momento a la Fundación Azul y luego a la empresa San Jorge, de cuyo paquete accionario el gremio posee el 20%.

En 2011, el SOMU y Enarsa, representada por la firma Marítima Meridian, firmaron convenios en los que se aplicó este mecanismo de distribución.

El empresario Jorge Samarín, de Marítima Meridian SA, también sería citado a declarar. Los investigadores sospechan que actuó en tándem con Espinosa, el hombre de De Vido en Enarsa.

Gladys González, interventora del SOMU, rastrea por estos días la ruta del dinero en cuentas del Banco Nación y en los registros contables de la Fundación Azul y San Jorge Marítima.

En el informe de 12 páginas que González le entregó en mano al juez Rodolfo Canicoba Corral, se sugiere investigar a De Vido, a Espinosa y a la subsecretaría de Vías Navegables.

"La defraudación no sólo se configuraría respecto de los afiliados y del sindicato, sino también respecto del Estado, que, en definitiva, terminaba pagando abultadas sumas de dinero por el sobreprecio que significaba esta contribución injustificada, dado que las empresas naturalmente trasladaban el costo al importador", considera la interventora.

¿Cuánto dinero se desvió? González no puede precisar hoy un monto. Sin embargo, según los registros contables de San Jorge Marítima, serían millones de dólares.

A modo de ejemplo: entre junio de 2010 y julio de 2012, en el marco de los acuerdos entre V. Ship Agency y Oceanway con el SOMU, ingresaron en concepto de "capacitación" unos US$ 5.000.000. Son apenas dos tratos con agencias privadas. Se firmaron muchísimos acuerdos más de este tipo.

"La llegada de los buques regasificadores se dio con el aval del «Caballo»", reconoce a LA NAION un ex funcionario de la Administración General de Puertos durante la gestión kirchnerista.

Entre otras irregularidades, la intervención detectó que dichas capacitaciones no eran necesarias o que ya eran abonadas, a precios mucho más bajos, por el propio gremio. Así consta en los balances contables del SOMU, en los que se detallan los fondos destinados a la escuela de capacitación Omar Rupp.

Además del desvío de fondos derivados de los presuntas capacitaciones, se encontraron "exorbitantes" sobreprecios en compras directas; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos; multiplicidad y superposición de tareas y cargos, y la "ausencia total" de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios. Suárez no respondió anoche a las llamadas de LA NACION.

La intervención del SOMU se originó a partir de una serie de denuncias que activaron ocho opositores al "Caballo" que fueron expulsados del gremio. Ninguno de ellos fue aún reincorporado a la organización sindical.

Alejandro Giorgi, uno de los desplazados, denunció el año pasado en la Justicia el desvío de los fondos de las supuestas capacitaciones y también apuntó contra Enarsa.

Por entonces, Canicoba Corral no estaba decidido a darle impulso el expediente de Suárez, un aliado del kirchnerismo. Con el cambio de gobierno, el juez cambió ahora de actitud.

Aduana: ex funcionarios, en la mira por un contrabando millonario

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Unos 4500 contenedores quedaron retenidos y nadie los reclama; 400 están ya en proceso de remate, con mercaderías estimadas en $ 57 millones; en el Gobierno señalan a Echegaray, Michel y Santana


Echegaray y Michel, en 2014; en el Gobierno los señalan como sospechosos. Foto: Archivo

Como parte del combate de la corrupción y de la herencia recibida, el gobierno de Mauricio Macri quiere demostrar rápidos resultados en la lucha contra el contrabando. Desde diciembre pasado, el director general de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, frenó 4500 contenedores sospechosos de falsedad en la declaración del peso y de las mercaderías, hay 400 de ellos en proceso de remate y ya se subastó mercadería de todo tipo, estimada en 57 millones de pesos.

Los remates se hacen a través del Banco Ciudad y comprendieron productos textiles, computadoras, pendrives, antenas, televisores, teclados, equipos de música, máquinas de coser, vestimenta y hasta un velero.

Según pudo saber LA NACION, Gómez Centurión, un mayor retirado del Ejército y ex combatiente de Malvinas, puso en la mira de posibles maniobras de contrabando a los ex titulares de la AFIP Ricardo Echegaray, de la Aduana Guillermo Michel y al ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas Daniel Santana.

Como titular de la AFIP, Echegaray tenía bajo su órbita de control la Aduana. Ahora, el gobierno de Macri sospecha que con su connivencia se dejaban ingresar miles de contenedores por año con pesos mal declarados y mercaderías prohibidas que iban por el "canal verde", sin ser revisadas. Gómez Centurión las comenzó a enviar por el canal rojo, que implica una "verificación completa".

Así las cosas, los contenedores comenzaron a ser demorados sin que nadie los reclamara. Se acumularon unos 4500 al día de hoy.

Tal como informó LA NACION el 3 de marzo, Gómez Centurión clausuró entonces seis depósitos fiscales, dos de los cuales funcionaban en el Mercado Central, donde mandaba el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

El 31 de marzo, la Aduana presentó una denuncia ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que disparó una investigación a una organización liderada por los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio, sospechosa de haber llevado adelante una operación de contrabando a gran escala.

Hasta el 10 del actual, se subastaron mercaderías por 12 millones de pesos, pero la Aduana estima que en las próximas semanas se rematarán otros 23 millones y existe un remanente de 22 millones demorado en la megacausa del juez Aguinsky. En total, 57 millones.

En la mecánica aduanera, los importadores deben declarar el peso y el tipo de mercadería de los contenedores. Si se verifica una falsedad en ellos, los contenedores son demorados. Los dueños pueden rectificar el peso y pagar el gravamen. Pero si en 90 días no los reclaman ni los regresan al puerto de origen, ingresan en la categoría de "rezago" y en proceso de remate, siempre que sea mercadería permitida en el país.

Unos 400 contenedores entraron en esa instancia y están en pleno traslado a la Terminal 6 del Puerto de Buenos Aires.

Según cálculos de Gómez Centurión, el 82% de los contenedores ingresaban con sólo el 25% del peso disponible, lo que hizo pensar a la Aduana que los importadores mentían en el peso y la tipificación de mercadería, un sistema de aprobación del ingreso. Comenzó a enviarlos a "canal rojo".

Se los suele declarar con menos peso para bajar el gravamen y mentir en el contenido cuando es mercadería prohibida: se consignan, por ejemplo, flores de plástico o piedra pómez.

Siete años sin causas

Llamó la atención de la Aduana que desde hace siete años no existen sentencias por contrabando en el fuero penal económico: las denuncias flotaban en el nivel contravencional y nunca llegaban a causas judiciales. La denuncia de la Aduana ante el juez Aguinsky quebró esa inercia y desarticuló una importante red de contrabando. Se dispusieron más de 100 allanamientos.

En el caso de que sea mercadería prohibida, se la utiliza para un proceso de donaciones a entidades de bien público que hace Presidencia de la Nación.

Las mercaderías rematadas son textiles y, sobre todo, artículos electrónicos: reproductores MP3, cámaras de fotos, cámaras web, autoestéreos, filmadoras, tarjetas de memoria, juegos de parlantes, consolas de juegos, teclados para computadoras, anteojos de sol, mochilas, portafolios, teléfonos celulares y memorias de almacenamiento. También hubo antenas parabólicas, calculadoras, compresores, micrófonos, relojes, notebooks, repuestos de máquinas de coser, repuestos de autos, juguetes, rollos de tela, cubiertas, bicicletas, triciclos, radiadores, bobinas de papel, piedras semipreciosas, piedras duras, herramientas y hasta un velero Oceanis.

Sospechas de irregularidades en el comercio exterior, en números

4500 Contenedores - Son los que, desde diciembre, fueron frenados en la Aduana por sospechas de falsedad en el peso y en el tipo de mercadería que contenían

400 Depósitos - Son los que se remataron o se rematarán en las próximas semanas por ser contenidos con irregularidades. Son textiles, electrónicos, autopartes y juguetes, entre otros

57 Millones de pesos - Es el valor estimado de la mercadería que se envió a remate. Hasta el 10 de junio se recaudaron $ 12 millones

100 Allanamientos - Fueron los realizados en la causa que instruye el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y que también investiga a los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio por contrabando

Del editor: qué significa. Siguen saliendo a la luz datos que refuerzan las sospechas de corrupción en el kirchnerismo; el Gobierno no lo desaprovecha políticamente.

Imputan a Fellner por viviendas de la Tupac

Por Rosario Agostini - LA NACION
En la causa se investiga el pago de $ 1200 millones a la agrupación de Sala


SAN SALVADOR DE JUJUY.- El fiscal de Investigaciones N° 6, Gustavo Araya, imputó ayer al ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner por el delito de abuso de autoridad, falsedad ideológica y fraude a la administración pública en una causa en la que se investiga el pago de 1200 millones de pesos a la agrupación Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales. En la causa también está imputado el ex titular del Ministerio de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini.

La imputación se da en el marco de la investigación de la denominada "megacausa de los 1200 millones" por el pago de addendas y obras de viviendas sociales pagadas y certificadas pero que según la auditoría realizada por las actuales autoridades no habrían sido concluidas, en algunos casos, y en otros no estaría realizadas.

La investigación apunta a vincular a Fellner como máximo responsable de las acciones que desarrolló la Unidad Ejecutora Provincial, organismo que administraba los recursos que enviaba el Ministerio de Infraestructura de la Nación.

El fiscal también imputó a Milagro Sala por fraude a la administración pública, y al ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de Jujuy Héctor Gustavo Carrizo.

Con esta imputación Fellner queda involucrado en la mayor causa por defraudación a la administración pública que investiga la justicia de Jujuy, ya que el monto de esa defraudación, según la denuncia presentada por el fiscal de Estado, Mariano Miranda, y el fiscal anticorrupción, Joaquín Millón, ascendería a los 700 millones de pesos.

También Fellner, en esta instancia, es por primera vez vinculado judicialmente a la figura de Milagro Sala, actualmente detenida por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.

Los antecedentes

Entre los años 2004 y 2015, titulares la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, de la Unidad Ejecutora Provincial de de Jujuy y diversos municipios de la provincia suscribieron una serie de convenios específicos para la construcción de viviendas a ejecutarse en diferentes etapas, por medio de Cooperativas de Trabajo pertenecientes a la Organización Tupac Amaru, todo a cargo del Ministerio de Planificación.

Según los expedientes, además de las transferencias nacionales otorgadas a diversos municipios se otorgaron adicionales de pagos en circunstancias irregulares. Estas habrían sido concedidas meses después de que las tres etapas consideradas hayan sido informadas como terminadas o, en su defecto, certificados al 100%; pero no consta las tareas de verificación, auditorías técnicas y financieras para verificar el cumplimiento del plan de trabajo y cronograma de desembolsos.

Fútbol para Todos: procesaron a los jefes de Gabinete del kirchnerismo y al presidente de la AFA

(Infobae.com) - La resolución de la jueza Servini de Cubría alcanza a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Luis Segura, Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo


La jueza federal María Servini de Cubría procesó hoy a los últimos tres jefes de Gabinete del gobierno kirchnerista, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en el programa "Fútbol para Todos".

La medida se hizo extensiva también al presidente de la AFA, Luis Segura, y a los dirigentes de esa entidad Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo. La jueza dictó además el sobreseimiento del actual coordinador ejecutivo en la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Fernando de Andreis- y Secretario Ejecutivo de FPT durante 2012, Mariano Delorenzi.

Relacionan con drogas el crimen del soldado

(La Nación) - El hermano de la víctima apuntó al consumo en el cuartel


Un hermano del soldado asesinado de un balazo en la nuca el domingo último en el Regimiento de Caballería de Chajarí, Entre Ríos, dijo que no cree que el crimen haya sido cometido con fines de robo y denunció que puede estar relacionado con el consumo de drogas dentro de la unidad militar y con deudas de dinero.

"Si vio algo, se lo llevó a la tumba. Hay varios ahí adentro que están ocultando cosas. También hay mucho consumo de drogas dentro del regimiento", aseguró Alexander Bermani, hermano del asesinado soldado Fabricio Bermani, en declaraciones a la prensa local.

En tanto, fuentes de la pesquisa revelaron que en rastrillajes realizados por orden judicial la policía entrerriana encontró dos de los cargadores de municiones robados a Bermani, junto con un FAL y un chaleco táctico -aún no hallados-, que probablemente se le cayeron al agresor en la huida.

Además, en un operativo realizado en una casa del barrio 31 Viviendas, de la localidad correntina de Mocoretá, los efectivos secuestraron municiones de escopeta y un celular, mientras que en otro llevado a cabo en Chajarí se incautó de un celular.

Voceros de la pesquisa dijeron que en ambas viviendas residen soldados voluntarios que habrían tenido algunas diferencias con Bermani y que, según testigos, uno de ellos le debía 1000 pesos a la víctima.

Al respecto, el hermano del soldado aseguró que "muchos del regimiento le debían dinero a Fabricio" y señaló puntualmente que "uno mantenía una deuda desde hacía cuatro meses". "También hay mucho consumo de drogas dentro del regimiento y hay muchos compañeros de mi hermano que se drogan. Nosotros creemos que los militares están tapando a alguien de dentro del cuartel", agregó Alexander en declaraciones consignadas por la agencia Télam.

En tanto, durante esta jornada, cerca de un centenar de efectivos continuaban rastrillando el predio del Regimiento de Caballería de Tanques 7 Chajarí y zonas aledañas, en busca de pistas que conduzcan a esclarecer el asesinato.

La búsqueda se orienta principalmente a localizar el FAL que le robaron a la víctima al ser ejecutada de un tiro en la nuca mientras realizaba la guardia en un sector apartado de esa unidad militar.

El jefe de la Policía Departamental de Federación, Nelson Vega, explicó a la prensa que el campo que están rastrillando en busca de pruebas tiene unas 800 hectáreas y que hay que limpiarlo de malezas.

El jefe policial reconoció que hasta ahora, pese a las entrevistas, los testimonios y los peritajes, no se logró determinar cómo ocurrió el hecho, y destacó que todas las inspecciones se están dando sin ningún tipo de objeción por parte del regimiento, ya que las autoridades les abrieron las puertas y les permitieron trabajar desde el primer día.

Por su parte, el jefe del Regimiento de Chajarí, teniente coronel Oscar Marcelo Álvarez, aseguró que la unidad militar fue "abierta" a la investigación y dijo que "no hay ninguna manzana podrida" entre su personal.

"Nos sentimos abatidos por el hecho y tenemos la esperanza de que se solucione pronto para que aparezca el culpable y la ciudadanía sepa que el regimiento abrió sus puertas para la investigación", manifestó el teniente coronel Álvarez.

El jefe militar dijo que en la unidad tiene más de 250 personas a cargo y que no tiene casos de deslealtad entre sus subordinados: "No tengo ninguna manzana podrida dentro de mi cajón", recalcó.

El Ministerio de Defensa inició una investigación interna sobre la seguridad en ese regimiento y se presentó ante la Justicia para ser tomado como parte querellante dado el robo de armamento.

El soldado Bermani, según la autopsia, fue obligado a arrodillarse antes de recibir el disparo mortal en la nuca o fue sorprendido sentado, ya que la trayectoria del proyectil que le dispararon era descendente.

El Gobierno quiere avanzar con el proyecto de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción

(La Nación) - El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que es una "herramienta valiosa" para recuperar los activos y consideró que "no es inconstitucional"; no impulsarán una ampliación de la Corte Suprema


El ministro de Justicia, Germán Garavano. Foto: Télam / F. Sturla

Tras la detención del ex secretario de Obras Públicas José López , el Gobierno buscará avanzar con el tratamiento parlamentario del proyecto de extinción de dominio para recuperar los bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción y del lavado de dinero. Así lo sugirió el ministro de Justicia, Germán Garavano , quien sostuvo que la iniciativa es una "herramienta valiosa" para recuperar los activos -puso como ejemplo su aplicación en países como Colombia- y que "no es inconstitucional".

"El Código Procesal prevé embargos preventivos y varios mecanismos, pero la extinción de dominio como ha funcionado en Colombia es otra herramienta valiosa en términos de recuperar los activos", afirmó el funcionario en diálogo con radio Vorterix. "Es un tema para discutir jurídicamente. No creo que sea inconstitucional sino que depende como se establezca el proceso", apuntó.

Ayer, Mauricio Macri tocó ese tema durante el encuentro que mantuvo con su par colombiano, Juan Manuel Santos."Hablábamos justamente (con Santos) de la ley de extinción de dominio, que tiene que ver con esto, y con todos estos activos que son capturados para pasar a ser parte del erario público, para que vuelvan a la gente", afirmó.

Al ser consultado sobre si la Casa Rosada descongelará el tratamiento del proyecto que incluye la figura del arrepentido, una iniciativa resistida por el PJ, Garavano respondió sin ser categórico: "El Gobierno siempre tiene en carpeta dos proyectos. Uno ya presentado en el Congreso que tiene que ver con técnicas de investigación y la figura del arrepentido. Y otro que tiene que ver con figuras vinculadas a la corrupción que se está trabajando en la OA. El proyecto del arrepentido es importante", indicó.

El titular de la cartera de Justicia insistió en que para casos de lavado de dinero contemplan esa figura. "Hay herramientas para avanzar, a lo mejor no son las mejores ni las más eficientes", indicó. Y agregó: "Hoy existen varias figuras que pueden ser utilizadas, y que se implementan tanto en temas como el narcotráfico y lavado de dinero. También tenemos la probation, y la figura del juicio abreviado que perfectamente tienen puntos en común para este tipo de casos".

En ese marco, el funcionario concluyó que "lo importante es que logremos que el sistema de justicia funcione".

Un fiscal imputó por gastos exorbitantes a la pareja de La Cámpora que manejaba Fabricaciones Militares.

Clarin.com - Se tratan de Santiago Juan Rodríguez y su pareja, la entonces vocera del organismo Bárbara María Grane. Viajes a Cannes y armado de un centro de propaganda proselitista del kirchnerismo.

Foto: Santiago Rodríguez, ex titular de Fabricaciones Militares.

Viajes a Cannes, contratación masiva de personal, pago por canciones de Sandro y alquiler de un perro para un spot son parte de los lujos.

Las recorridas por el mundo entre 2011 y 2015 insumieron 876.603,56 dólares, entre ellos para el festival de Cannes para asesoramiento en la realización de una película que nunca se hizo; el pago de seis mil pesos para el alquiler de un perro en un spot nunca hecho, la compra de cámaras y material audiovisual y la masiva contratación de personal.

Todo esto forma parte del descalabro que la gestión de La Cámpora hizo con Fabricaciones Militares y por lo que una pareja de dirigentes K terminó imputada por un fiscal federal.

Según publica hoy el portal TN.COM.AR,  el fiscal Eduardo Taiano imputó al entonces interventor Santiago Rodríguez, de “La Cámpora”, y a su pareja, la vocera Bárbara María Grané. La denuncia la hizo en base a una investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuan.

A esto, se le debe sumar el montaje de un centro de propaganda proselitista del kirchnerismo que funcionó en la Dirección General de Fabricaciones Militares.

La acusación comprende la contratación de personal en la DGFM. Antes de la llegada había unos 603 empleados contratados. Entre 2013 y 2015 la nómina aumentó a 1151. En la Gerencia de comunicación, había cuatro personas, con la gestión Grané, 40.

Otra de las irregularidades son las contrataciones por la Gerencia de Comunicación por un total de 1.073.658 de tres cámaras tipo DSLR, distintas lentes y trípodes, un slider para cámara, y hasta la compra de un drone a la empresa “MDP Sistemas Digitales SRL” por 88.550 pesos.

El centro de propaganda incluyó el pago de seis mil pesos para el alquiler de un perro raza dogo que iba a ser utilizado para un spot publicitario. Pero nunca se hizo. La idea era hacer un spot sobre el funcionamiento de unos radares en la base aérea de Morón.

Los insólitos gastos incluyeron el pago de derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por el uso de dos canciones, una de ellas el tema “Porque yo te amo” de Roberto Sánchez, Sandro. Se pagó unos 88.100 pesos por ese tema, más otros 22.900 por la canción “Radar” de Drago Alem y Schaff Heber. Los dos eran para ser utilizados en dos spots publicitarios durante 2015.

Los viajes entre 2011 y 2015 también están en la mira. Se gastaron unos 876.603,56 de dólares. Uno de ellos fue al festival de cine Cannes, en Francia, que hizo Grané con otros cinco empleados para adquirir conocimientos cinematográficos. Tenían la intención de realizar una producción audiovisual en homenaje al General de División, Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, un militar argentino que ocupó la DGFM en la década del ´40.

Otro de los hechos que el fiscal Taiano pidió investigar es la creación de una “cueva de twitteros K”, un área informal con empleados que cobraban hasta 35 mil pesos mensuales sólo para “operar” en las redes sociales a favor del kirchnerismo, según cuenta TN.

Diez escándalos de la herencia K que encontró Macri

(Clarin.com) - Varios involucran a la familia Kirchner y aparecen en el Estado del Estado, el informe que publicó ayer la Casa Rosada.

 Mauricio Macri cuando asume como presidente el 10 de diciembre de 2015. (Marcelo Carroll)

1 Argentina Sonríe 
​Una a de las sorpresas que dice haber encontrado el oficialismo el 10 de diciembre son los $ 80 millones que pagó el Ministerio de Salud para comprar y acondicionar 50 ómnibus que viajaban por todo el país para el plan odontológico Argentina Sonríe. “En el año que estuvo en funcionamiento sólo se hicieron 11 viajes, seis de ellos a Santa Cruz y el resto a Buenos Aires y Entre Ríos, todas gobernadas por el FPV. Los equipos técnicos se descalibraron con el andar de los ómnibus. La Coordinadora General del programa era Elena Morán, odontóloga y madre del secretario General de La Cámpora Andrés Larroque. “Una de sus cabeza más visibles -se destaca- era Rocío García, odontóloga y esposa de Máximo Kirchner”. La directora nacional bucodental era además María César Gallardo, nuera del ministro de Planificación Julio De Vido. Cristina Kirchner lo había anunciado en diciembre de 2014.

2. El tren turístico de Río Turbio 
​Entre los descalabros financieros -que denuncia el actual Gobierno- sobresale el tren inaugurado en octubre de 2015 por Alicia Kirchner en el yacimiento carbonífero de su provincia. Para su construcción se le asignó un presupuesto de $ 700 millones -de los cuales ya se ejecutaron solo $ 300. “Sin embargo, en diciembre de 2015 el tren no funcionaba, no tenía permisos del titular de la tierra por donde pasaban las vías, las estaciones estaban en desuso y las estaciones estaban en desuso y no se había obtenido el permiso de la Dirección Nacional de Vialidad para cruzar la Ruta 3. La traza se encontraba interrumpida justo en ese punto: era un tren que iba de ningún lado y a ninguna parte", señala el documento.

3. El Correo Argentino
Las contrataciones en el correo argentino es otro de los casos más emblemáticos de posibles focos de corrupción. Sus autoridades contrataron a a la empresa Tecnología Urbana, para que hiciera una auditoría externa para controlar las operaciones. La empresa contratada facturó 57 millones de pesos a lo largo de cuatro años. (El contrato fue cancelado en enero de 2016.) Una auditoría determinó que Tecnología Urbana no tenía siquiera empleados y que sus informes los confeccionaban empleados del Correo.

El año pasado contrataron a Dinatech, una empresa que había ganado el contrato del Ministerio de Educación para hacer el mantenimiento de las notebooks del programa Conectar Igualdad, para digitalizar documentos como órdenes de compra. Esa tarea la hacía antes otra empresa llamada Su Papel, a un precio de 1,19 pesos por unidad digitalizada. Dinatech fue contratada para hacer la misma tarea pero un 300% más caro,a 3,19 por unidad. Lo increíbles es que subcontrató otra vez a Su Papel por los habituales 1,19 pesos.

Una consultora de opinión pública el año pasándole facturó al Correo 400.000 pesos por mes, presumiblemente por la confección de encuestas y estudios de opinión pública. Sin embargo, no se encontró en el Correo ningún fruto de ese trabajo.

4. El "perro actor" de Fabricaciones militares
En el Gobierno creen que la fábrica de armamento estatal era en realidad una de las principales empresas de colocación de empleo para la militancia kirchnerista. "En su presupuesto para 2016, confeccionado el año pasado, la empresa explicitaba que su objetivo principal es la creación de empleo", señala el documento oficial. En su sede central había 600 empleados y solo en el área de Prensa y Comunicación había 50 personas. Las nuevas autoridades encontraron en la sede central de Fabricaciones Militares un estudio de televisión con tecnología de última generación, un estudio de radio y equipamiento para cine. Entre otras cosas contaba con un drone para filmaciones aéreas. Una factura mostraba que para una producción institucional se había pagado 11.000 pesos por hora por la contratación de un perro actor.

5. Capital Semilla​
En la Subsecretaría de Emprendedores, dependiente de la Secretaría de Pymes, el programa Capital Semilla, que funcionaba como un préstamo de honor en el que los emprendedores devolvían la plata si podían, era manejado por las agrupaciones políticas La Cámpora y Kolina. Y aunque el programa era una herramienta valiosa, los préstamos fueron entregados a través de universidades y sociedades de fomento sin ningún tipo de control ni monitoreo. "De los años en los que La Cámpora gestionó el programa, no hay ningún registro contable, incluyendo si los beneficiarios devolvieron (o no) el dinero. Se encontraron casos en que se le asignó un crédito a un emprendedor, pero se le dio a otro distinto", señala el documento.

​6. Efedrina para todos
El diagnóstico del Gobierno señala que en épocas normales, Argentina importaba 200 kilos de efedrina para uso medicinal por año, pero que cuando se prohibió su importación en México, la cifra se multiplicó cien veces a 20 toneladas por año.

7 La caja de Enarsa: deudas con Bolivia y con YPF
La empresa fundada en 2004, dedica a la comercialización de Energía,le debía a YPFB -la petrolera estatal de Bolivia-377 millones de dolares. Además, contrataba a YPF Argentina por valores por encima del mercado, gastaba 67 millones de pesos año. Las irregularidades y los posibles sobreprecios por las contrataciones multimillonarias sin estudios de viabilidad se repitieron para la construcción de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, que costaron 2 mil millones de dólares, y para la exploración de Gas y petróleo en varias provincias, con nulos resultados.

8. Plata para provincias y municipios amigos
La secretaría de Asuntos municipales del ministerio del Interior entregó 464 subsidios por más de 91 millones de pesos, siempre a a municipios oficialistas. Solo el 6% rindió sus gastos. Se realizaron de esta secretaría 74 estudios de viabilidad de inversión, y -otra vez- siempre para municipios oficialistas.

Además, un día antes de las elecciones del 22 de noviembre la secretaría de Provincias del mismo ministerio transfirió el remanente de Anticipos del tesoro Nacional -$ 99 millones- a Santa Cruz, donde estaba por asumir Alicia Kirchner.

9. Los pagos y los cobros de Aníbal Fernández
El ex jefe de Gabinete transfirió fondos a municipios, en todo 2015 por 2.100 millones de pesos, $ 800 millones fueron para Santa Cruz y Quilmes -su terruño- recibió 93, 5 millones sólo entre octubre y diciembre. San Nicolás, cuna del ex secretario de coordinación presupuestaria recibió además 132,5 millones.

El hecho más escandaloso ya había aparecido en los medios.Un día antes de que Jorge Capitanich dejara la jefatura de Gabinete firmó un convenio de ayuda financiera con la Conferación Argentina de Hockey, cuyo presidente era Aníbal Fernández. Cuando renunció el ahora intendente de Resistencia, Fernández lo reemplazó y quedó de los dos lados del escritorio ejecutando el pago como funcionario y cobrando como dirigente deportivo.

10 El Estado como agente de colocación de militancia K
Según el informe oficial presentado ayer, durante los 12 años de gestión kirchnerista, el empleo público creció un 64% (de 2, 2 millones a 3,6 millones) sobre todo para financiar a los militantes kirchneristas. Algunos de los casos con los que intentan probar esa tesis son los empleados que cobraban sueldo y no asistían a su lugar de trabajo, una situación que se repetía en el Indec, Yacyretá, el CCK, el Instituto Malbrán, el Ministerio de Justicia y el Hospital Posadas. Existían 36 sistemas distintos de liquidación de sueldos. Los casos más burdos son los del ministerio de Planifiación -denuncian- había oficinas con 1 solo teléfono y 10 telefonistas; en Cultura 30 personas estaban destinadas para hacer sólamente un clipping de noticias.

Un caso de fraude en derechos humanos

Editorial del diario La Nación
La Justicia debe fallar sobre un amañado reclamo de unos US$ 140 millones por un empresario a partir de un indemostrable delito de lesa humanidad


En 2008, cuando el entonces ministro de Economía Carlos Fernández firmó una resolución de rechazo del pago de 140 millones de dólares a la financiera Inversai, de Eduardo Saiegh, tenía fresco el escándalo que había involucrado a su predecesora Felisa Miceli, dos años antes, por haber aprobado un pago similar al llamado Grupo Greco, de lo que debió luego retractarse cuando los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales la denunciaron en el Congreso.

En ambos casos, quienes reclamaban los pagos habían sido dueños de bancos liquidados en 1981 por insolvencia debida a "autopréstamos" (el Banco de los Andes, en el caso de los Greco, y el Banco Latinoamericano, en el caso de Saiegh).

Los ex propietarios de ambas entidades demandaron al Estado nacional por daños y perjuicios y encontraron tierra fértil para amañar acuerdos transaccionales en la Procuración del Tesoro. Quien fue titular de ese organismo, Osvaldo Guglielmino, aceptó negociar y acordó compensaciones, que debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía. Las dos propuestas fueron rechazadas, como se ha visto.

Saiegh, al advertir que su exitosa gestión con Guglielmino era frustrada por Fernández, diseñó una nueva estrategia para forzar "políticamente" el pago de los casi logrados 140 millones de dólares. El juicio contra el Estado nacional se arrastra desde 1984 en el Juzgado Comercial N° 3 de esta capital y, por sus méritos, no tendría posibilidad de ganar. Con el asesoramiento del abogado Rafael Resnick Brenner, procesado por negociaciones incompatibles en la causa Ciccone, convirtió la liquidación de su banco ocurrida en 1981 en una fuente retroactiva de crímenes de lesa humanidad ignorados hasta 2009.

El abogado y el banquero se montaron con impudicia en las dolorosas historias de Benjamín Neuman y Osvaldo Sivak, quienes fueron secuestrados y asesinados por la misma banda policial en 1982 y 1985, respectivamente.

Contrariando las investigaciones de esos casos, el abogado y el banquero informan ahora que aquella banda no comenzó su secuencia de crímenes en 1982, sino dos años antes, en 1980, con el propio Saiegh. Y que él mismo escuchó que sus captores habían marcado a Sivak como próxima víctima, aunque optó por no advertirles a éste y su familia acerca del riesgo que corrían. Cuando los asesinos de Sivak cayeron, en 1987, y confesaron sus delitos, ninguno mencionó a Eduardo Saiegh.

Saiegh atribuye su amnesia treintañal a un insólito "pacto de silencio" con los policías que, con instrucciones de las más altas esferas del Banco Central y la complicidad del ex juez Emilio García Méndez, lo habrían detenido y torturado en 1980 para que entregase su banco. Pero compró su libertad gracias a un acuerdo de pagos con un jefe policial encapuchado, pagos efectuados en diez amables encuentros a la hora del té en la confitería Jockey Club de Sarmiento y Cerrito.

Según su particular relato, para preservar a su familia, nunca denunció esos hechos ni intentó proteger a la familia Sivak. Sostiene que solamente contó su secreto a Ernesto Sabato, ex presidente de la Conadep. En forma inexplicable, el escritor también lo habría silenciado hasta su muerte. No quedaron registros en la Conadep, ni médicos que recordasen los tormentos, ni secuelas de las torturas, ni historias clínicas, ni registros hospitalarios, ni fotos de sus lesiones, ni declaraciones notariales, ni ninguna carta post mórtem del escritor. Ni siquiera los tickets de la confitería Jockey Club. Ningún rastro de nada: sólo la inverosímil narración de Saiegh y el testimonio elusivo de parientes y amigos. Más la invalorable connivencia de la Secretaría de Derechos Humanos.

La denuncia del abogado y el banquero fue ignorada por el fiscal Carlos Rívolo, quien se negó a impulsar la acción penal ante el juez federal Daniel Rafecas por considerar que el relato carecía de seriedad. Pero la "justicia legítima" actuó de inmediato en favor de Saiegh, y ambos, Rafecas y Rívolo, fueron apartados.

Todos los organismos del Estado recibieron la orden de apoyar el reclamo del aspirante a los 140 millones de dólares. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante y también se alinearon tras Saiegh el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procelac, ahora procesado por prevaricato; el entonces titular de la UIF, José Sbatella, ahora procesado por violación de secreto; el entonces presidente de la Comisión de Valores, Alejandro Vanoli, ahora procesado por abuso de autoridad, y el entonces director del Banco Central Pedro Biscay, hoy procesado en la causa por el dólar futuro. También pusieron sus medios de prensa al servicio de Saiegh beneficiarios de la pauta oficial, como el grupo Szpolski y Página 12, además de 6,7,8 en el canal oficial.

Tanta simpatía logró Saiegh en "justicia legítima" que tiene custodia domiciliaria de la Prefectura Naval desde 2009 en su departamento de Recoleta, durante las 24 horas, a pesar de que no hay fuerzas de seguridad disponibles para proteger escuelas u hospitales. Sin embargo, el ex banquero nunca logró convencer a las organizaciones civiles de derechos humanos, que, con toda perspicacia, prefirieron no mancharse con la proximidad del personaje: ya bastaba con la experiencia de Sergio Schoklender para compartir sueños y soñar pesadillas.

El nuevo fiscal, Eduardo Taiano, impulsó la causa ante el nuevo juez, Norberto Oyarbide. Ante la desilusión de Saiegh, hasta el maleable ex juez consideró que el relato era falso y rechazó la denuncia, imponiéndole las costas. Nuevamente, la "justicia legítima" actuó en favor de Saiegh y Oyarbide fue recusado y apartado. La Cámara Federal no se atrevió a revocar ese fallo contundente, pero, ante la presión política, ordenó una investigación más profunda, que conduce la jueza María Romilda Servini.

Entretanto, el juicio ordinario contra el Estado nacional se encuentra listo para sentencia, pero la decisión está en suspenso hasta que se conozca el resultado de la causa de lesa humanidad. El tribunal se encuentra dubitativo, ante la señal de apoyo al financista por parte del mismo Estado nacional, aun durante la gestión de Cambiemos.

Tan confiado se encuentra Saiegh con la perspectiva de un resultado favorable que -tomando como modelo a Julio De Vido ya ha constituido un Fideicomiso Latinoamericano de Inversión y Desarrollo (Flides) al que destinará 100 millones de dólares del total que cobre del Tesoro público.

Según el prospecto en Internet (que quizá desaparezca luego de esta nota), el apoyo obtenido de la Secretaría de Derechos Humanos equivaldría a un reconocimiento oficial de su reclamo, por más que el Banco Central haya probado que el Banco Latinoamericano fue vaciado con "autopréstamos" a más de 40 empresas insolventes del grupo Inversai.

Advirtiendo que debe aprovechar cuanto antes el valiosísimo respaldo oficial, Saiegh ha acelerado el trámite para concretar el cobro. Y así pretende interrumpir la investigación que conduce la magistrada Servini, para impedir las pruebas que demuestran su fraude y evitar un nuevo rechazo a su pretensión.

Y con el incansable padrinazgo de aquella secretaría y la simpatía de los pilares de "justicia legítima" en Comodoro Py (Eduardo Freiler, Javier de Luca y Alejandro Slokar), ha logrado apartar a integrantes de la Cámara Federal (como el digno Eduardo Farah) y que se desconozcan sus fallos, en su embestida final por una sentencia ideológica para hacerse de los 140 millones de dólares a costa del fisco. Colocando cien en el fideicomiso y el resto en su bolsillo.

La lucha por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina no puede ser malversada para vaciar las arcas públicas a favor de financistas que confunden en su provecho la dignidad humana con la tasa de interés. Es responsabilidad de las autoridades del Estado separar la paja del trigo y poner en evidencia a quienes usan los pañuelos blancos para intentar "blanquear" intereses espurios.

La Procuración dispuso reactivar la unidad judicial antisecuestros

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Colaborará con fiscales en el cruce de datos y el chequeo de información


Municiones incautadas a una banda de secuestradores. Foto: LA NACION

Para intentar sumar una herramienta más para combatir un delito que genera mucho temor en la sociedad y preocupación en el Gobierno, la Procuración General de la Nación decidió reactivar la unidad judicial antisecuestros que había funcionado a principios de la década pasada, en pleno auge de este tipo de hechos que tuvo su momento cúlmine con el rapto y homicidio del estudiante Axel Blumberg, en marzo de 2003.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Secuestros Extorsivos estará a cargo de Santiago Marquevich, que hasta ahora se desempeñaba como fiscal federal en la ciudad de Rosario.

Según informaron fuentes oficiales, uno de los motivos que llevaron a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a crear la fiscalía especializada fue la sospecha de que detrás de algunos secuestros extorsivos, sobre todo en el conurbano, hay integrantes de fuerzas de seguridad.

"La tarea de la nueva unidad especializada será la de colaborar con los fiscales que tienen causas de secuestros extorsivos. Posibilitará cruzar información y chequear datos", afirmó a LA NACION una calificada fuente del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según informaron a LA NACION fuentes del MPF, la decisión fue bien recibida por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, que le ofrecieron vehículos e incluso oficinas. No obstante, la nueva unidad de investigaciones funcionará en un edificio de la Procuración General de la Nación.

Marquevich tiene experiencia en la investigación de este tipo de delitos. Fue secretario penal de aquella Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos (Ufase), creada en 2001 y dirigida entonces por los fiscales Alberto Gentili y Marcelo Colombo.

Después de su trabajo en la Ufase, Marquevich fue secretario penal del fiscal federal de Morón Sebastián Basso e investigó numerosos secuestros extorsivos ocurridos en el oeste del conurbano, una zona caliente en cuanto a esta modalidad delictiva.

"Estamos preocupados y ocupados [por los secuestros extorsivos]. Estamos detrás de cada hecho", sostuvo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa en la que se dio a conocer una investigación que terminó con la desarticulación de una banda de secuestradores que operaba en el Gran Buenos Aires y en Mendoza.

Bullrich estuvo acompañada por los secretarios de Seguridad Eugenio Burzaco y Gerardo Milman; el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia; el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, y el fiscal federal de Mendoza Fernando Alcaraz.

Según se informó, en esa investigación fueron detenidos nueve sospechosos que habrían protagonizado al menos tres secuestros extorsivos: dos en Monte Grande, en Esteban Echeverría, y otro en Mendoza.

Según informó el fiscal Alcaraz, entre los detenidos, ya procesados con prisión preventiva, hay tres integrantes de la policía de Mendoza. Por los hechos ocurridos en Monte Grande la banda habría cobrado $ 400.000; en la pesquisa que permitió desbaratar al grupo delictivo actuaron detectives de la División Antisecuestros de la Federal y de la fuerza de seguridad mendocina.