El costo de la corrupción: pagaron US$ 1.500 millones y $ 13.000 millones por dos gasoductos que no se terminarán

Por Lucía Salinas - Clarin.com - Es lo que le pagó el Gobierno K a Odebrecht. La gestión Macri asegura que no tiene sentido seguir la obra. De Vido está procesado por este caso.

Odebrecht y un presupuesto millonario para una obra que no terminó.

Julio De Vido quedó procesado días atrás por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a la empresa Odebrecht en la ampliación de dos gasoductos obras licitadas entre 2006 y 2008. La licitación oficial se realizó por 2.300 millones de dólares y, según el juez Daniel Rafecas, fue un "proceso direccionado" para otorgar los contratos a la firma brasileña. Hasta 2015, se pagaron por dicha obra 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos, según pudo saber Clarín. Pero la obra que impulsó el ex ministro de Planificación no será terminada. Según el Gobierno, no tiene sentido retomarla. Plata quemada.

Durante la instrucción de la causa, el juez Rafecas determinó desde su rol de Ministro de Planificación Federal, De Vido realizó "una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht" para obtener los contratos para la construcción de la obra denominada "Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–".

Odebrecht es la firma brasileña que reconoció haber pagado -al menos- 35 millones de dólares en la Argentina. También lo hizo en otros países de la región, con consecuencias muchísimo más graves y dimisiones de presidentes incluidas, como en Perú.

En nuestro país, las obras del gasoducto debían ser negociadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), pero "fueron acordadas bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial", remarcó la Justicia, y así terminaron en manos de Odebrecht.

El primer número oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a Odebrecht, fue de 1.427 millones de dólares. Le siguieron 72 instancias administrativas, incluidas las adjudicaciones e intervención de la firma brasileña investigada por haber pagado sobornos en Argentina para obtener obras. La obra ya en ejecución, tuvo un último número de 2.300 millones de dólares: 873 millones de dólares más.

Los pagos a Odebrecht desde el Gobierno kirchnerista, desde 2007 a 2015 fueron en pesos y en dólares. Según pudo constatar Clarín, en el caso del gasoducto, en el expediente judicial se corroboró que se hicieron pagó por 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a De Vido la semana pasada por favorecer a Odebrecht.

La obra, sin embargo, no se concluyó y aunque tuvo un avance considerable, "el mismo no se condice con la cifra desembolsada", explicaron a este medio fuentes judiciales.

Después de la denuncia presentada por Nación Fideicomiso, que participaba de la ingeniería financiera, el expediente avanzó buscando determinar los sobrecostos en la obra. "Se violó el monto original a través de la firma de adendas privadas que iban modificando los costos sin controles", señaló una fuente judicial.

Las cifras millonarias que pagó el Gobierno anterior a Odebrecht no fueron únicamente por la obra central que era la ampliación de los gasoductos, sino también por diferentes trabajos complementarios que para la Justicia podrían haber sido el medio "utilizado para modificar los costos originales de obra".

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió en 2016 la obra por diversas irregularidades "y sobreprecios en actuaciones puntuales", como las ofertas de Odebrecht para construir colectores para la planta compresora Beazley y para la Planta Pichanal.

La empresa brasileña admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en Argentina para obtener obras. Sólo en febrero de 2006 el costo de obra de la primera etapa pasó de 827.960.000 dólares a 1.182.270.000 dólares. "No se encontró documentación que justificara las diferencias de estimación de costos entre etapas", señaló el informe pericial. Sólo como muestra "de la falta de controles", indicaron fuentes judiciales.

Según indicaron a Clarín, la obra planteada por el extinto Ministerio de Planificación está suplida con otros proyectos que garantizan la provisión de gas a diferentes sectores del país. Estimando los costos de la obra que tuvo Odebrecht durante la gestión anterior, se planteó que "se podría haber hecho por mucho menos" y al considerar que la obra no era "imprescindible", el Gobierno decidió no volver a relicitarla. Consuelo: al menos se usarán unos caños que quedaron en la Aduana.

Declaran el pedido de captura internacional de cinco buques chinos

(Clarin.com) - Es por pesca ilegal e intento de colisionar al guardacosta.

Fue una orden de la Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme

La Justicia declaró el pedido de captura internacional a cinco buques chinos, según difundió esta tarde Prefectura Naval Argentina. La Jueza Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, dispuso la captura internacional del buque chino Jing Yuan 626, detectado por el guardacostas GC-24 Mantilla de Prefectura, cuando "pescaba ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva".

El buque Jing Yuan 626 había sido detectado, el 21 de febrero, pescando ilegalmente, a la altura del Golfo San Jorge. "También se determinó la misma orden para los cuatro barcos, de la misma bandera, que, en una peligrosa maniobra, intentaron cercar y colisionar al guardacostas, poniendo en riesgo la vida de la tripulación", expresa el comunicado oficial.

Y agrega que la Magistrada notificó de esta situación al jefe de la Prefectura Naval Argentina, Eduardo Scarzello, a cargo del procedimiento de persecución del buque.

Chubut: detienen a dos secretarios del gobernador por asociación ilícita

Por  DAVID CAYÓN - Cronista.com

El operativo policial en el que se detuvo a los dos secretarios privados.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no logró atravesar ni 24 horas de tranquilidad. Luego de varios intentos fallidos, el funcionario obtuvo el apoyo de la Legislatura provincial, que aprobó el consenso fiscal y la autorización para emitir deuda con la que pagará a proveedores. Pero casi sin tiempo de festejar, diez horas después, la administración patagónica vuelve a enfrentar una crisis de magnitud.

Dos importantes funcionarios de la provincia fueron llevados esposados de la Casa de Gobierno de Chubut, acusados de conformar una asociación ilícita y defraudar al estado.

Se trata de Diego Correo y Diego Luters, ambos secretarios privados de la Gobernación de Chubut que, según declaró el fiscal de la causa Omar Rodríguez al portal Cholila online, conformarían "un grupo destinado a cometer delitos por eso lo encuadramos en asociación ilícita: básicamente contrataciones directas y otras maniobras que representan montos grandes de defraudación al estado".

En el mismo operativo se detuvo a la esposa de Correa, Natalia McLeod, y a un empresario del rubro de la construcción.

Fuente provinciales explicaron a El Cronista que la lista del pedido de detenciones que maneja el fiscal Rodríguez incluye a "otros funcionarios" provinciales. La causa es consecuencia de un desvio de fondos que se giraron por la emergencia, consecuencia de la inundación que sufrió Comodoro Rivadavia en abril del año pasado. Hay facturas truchas, compras que no llegaron, por ejemplo, hay una compra de 1000 botellas de agua mineral en un kiosco inexistente", agregó otra fuente provincial.

Unas horas antes de las detenciones, sucedió la primera sesión del año de la legislatura provincial y Arcioni conseguía, luego de dos intentos fallidos, los catorce votos necesarios para aprobarlos.

Por la tarde había pasado por la provincia el ministro de Interior, Vivienda y Obra Pública, Rogelio Frigerio, para "apuntalar" las discusiones políticas y dejar un claro mensaje respecto del apoyo de la administración de Mauricio Macri al gobernador patagónico. Además, desde la administración central también querían preservar la "inversión" que hicieron días atrás cuando le giraron $ 708 millones a la provincia.

Sin la aprobación del Pacto Fiscal, con un fuerte conflicto político y con pocos fondos en la caja, el pasado 20 de febrero, la Nación decidió apagar el incendio fiscal que puso a Chubut al borde del default.

Así lo había reconocido el propio Arcioni quien, con otros palabras, había declarado unos días atrás que no podrá afrontar este año el pago de los vencimientos de deuda y pedirá a la Legislatura provincial autorización para emitir un nuevo bono de endeudamiento para "poder avanzar en la reestructuración de la deuda"

Frente a esto, se firmó un acuerdo entre la Nación y la provincia patagónica por el cual el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) prestará $ 708 millones para que la provincia pueda llevar a cabo un refinanciamiento de deuda que posee en el mercado financiero con Letras del Tesoro. Con el pacto aprobado, la provincia será alcanzada por los fondos por compensación por coparticipación que en enero repartió la Nación en las provincias por $ 776,9 millones.

Estiman que son ilegales el 21% de las motocicletas secuestradas

Por Daniel Gallo - La Nación

Las autoridades porteñas implementaron un sistema contra los motochorros al instalar cada día más de 50 operativos de verificación en las calles.

Las autoridades porteñas implementaron un sistema contra los motochorros al instalar cada día más de 50 operativos de verificación en las calles Crédito: Ministerio de Seguridad porteño

     

Primero, los operarios vacían el tanque de nafta. Después, el "pulpo" de metal agarra con sus brazos la moto, la reduce y, por último, la coloca en el acoplado de un camión. En los últimos seis meses, los pasos se repitieron 146 veces. Los vehículos, secuestrados en operativos de control en la ciudad de Buenos Aires, terminaron compactados y vendidos como chatarra. La recaudación fue donada a la Fundación Garrahan. Desde septiembre pasado hasta el 2 de este mes, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño secuestró 5322 motos, de las cuales fueron devueltas a sus propietarios 4181 y 1141 permanecen en el playa Hornos, en Villa Soldati. Si después de 60 días de la notificación, los dueños no se presentan a retirarlas terminarán también compactadas y vendidas como chatarra.

Se estima que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay en circulación entre 350.000 y 400.000 motos. En la ciudad de Buenos Aires se realizan cada día, por lo menos, 56 operativos de control en distintos barrios.

Uno de los objetivos principales de la verificación de motos es combatir la actividad de los motochorros. En el primer semestre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires hubo 4986 asaltos donde los delincuentes se movilizaban en moto.

"Hemos reforzado muchos los controles en la calle. A muchas de las motos que se secuestran no las vienen a buscar. Lo que nos hace sospechar que tienen algún tipo de irregularidad. Cada moto que se compacta es una herramienta menos para el delito", sostuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una compactación de motos que no fueron retiradas por sus supuestos propietarios. El 21% de esos vehículos secuestrados no fue reclamado.

Según fuentes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, los controles de motos se determinan en función del mapa del delito.

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, explicó a LA NACION que uno de los delitos que más cometen los motochorros es el arrebato de teléfonos celulares. "Antes se dedicaban más a la modalidad salideras bancarias, pero con las restricciones que se impusieron se logró controlar y reducir esas acciones protagonizadas por delincuentes que se movilizan en moto", sostuvo el funcionario.

Según información oficial, desde septiembre pasado hasta el 2 del actual, fueron controladas 129.671 motos. Y de las 5322 motos decomisadas, 642 fueron incautadas debido a que el conductor no tenía la licencia de conducir o tenía un registro que lo habilitaba a conducir un vehículo de menor cilindrada; 1158 se decomisaron por la falta del chaleco refractario; en 1067 casos el motociclista circulaba con el seguro vencido o sin seguro; 993 unidades terminaron en el depósito de la ciudad porque el conductor no tenía la cédula verde o si la tenía estaba vencida; en 870 ocasiones se determinó que la chapa patente estaba adulterada o era ilegible; 423 infractores circulaban sin espejos; 138 motos fueron incautadas al no tener casco los ocupantes del vehículo; 31 conductores fueron interceptados al intentar evadir los controles, y una moto fue secuestrada porque tenía la numeración adulterada.

Una modalidad que preocupa

Las motos abandonadas son compactadas y vendidas como chatarra Crédito: Ministerio de Seguridad porteño

Las fuentes consultadas explicaron que hubo dos casos especiales en la persecución de infractores que intentaron evadir un puesto de control; en uno el conductor resultó tener pedido de captura, y en el otro incidente fue detenido el ocupante por violación de la ley de estupefacientes. "Utilizaban el vehículo para hacer delivery de drogas", explicaron.

Rodríguez Larreta sostuvo: "Nos preocupan todos los delitos y la modalidad de motochorros es una preocupación especial que tiene la ciudad".

En diciembre pasado, Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, presentaron el Mapa del Delito de la ciudad de Buenos Aires. Al comparar los hechos protagonizados por motochorros en el primer semestre de 2017 con el mismo período de 2016, esta modalidad delictiva tuvo un crecimiento de un 5,95%: 4986 contra 4706 casos.

Los 4986 hechos protagonizados por motochorros ocurridos el primer semestre de 2017 representaron el 15% de los robos en general. Entre enero y junio pasado se sucedieron 33.457 casos, un 5,27% menos que en el primer semestre del año pasado. Las zonas calientes de los robos protagonizados por motochorros fueron Palermo y Caballito, con 79 y 78 casos, respectivamente. Un mes antes en Palermo, los robos con esa modalidad habían sido 89 y en Caballito, 62.

El kilo de chatarra obtenida de la compactación de motos y autos puede alcanzar un valor de hasta $250. Hay veces que se pueden recaudar $200.000, en esos procedimientos que tienen como destino el apoyo económico a la Fundación Garrahan. "El dinero nos permite sostener y financiar la externación de pacientes que necesitan. Además nos ayuda a mantener a la Casa Garrahan", explicó Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan.

Donde los gangsters brasileños obtienen sus armas

WIB - Traducción Desarrollo y Defensa

Las escuchas apuntan a Venezuela, desde donde los gangsters brasileños obtienen sus armas

El grupo criminal más grande de Brasil supuestamente ha intentado contrabandear armas de fuego de gran potencia desde  Venezuela  para expandir sus actividades ilegales, aprovechando la crisis económica del país vecino, la falta de supervisión por parte del gobierno y la nueva dinámica en la frontera generada por una ola de inmigrantes venezolanos.

Una escucha telefónica recientemente filtrada recogió una conversación entre dos miembros del Comando de Primera Capital (PCC) sobre la compra de fusiles AK-47 y AR-15 de Venezuela. Los miembros de la pandilla están encarcelados en las instalaciones de la ciudad de São Paulo, en el PCC, y en el estado norteño de Roraima, en la frontera con Venezuela.

La policía estatal de Roraima interceptó la conversación del 4 de septiembre de 2017 como parte de una investigación que mostraba "por primera vez que la frontera se ha convertido en una ruta comercial para armas pesadas relacionadas con el tráfico de drogas", informó O Globo de Brasil  , que obtuvo acceso exclusivo a la transcripción de escuchas telefónicas.

En una parte de la conversación, los miembros del PCC discuten sobre las armas de alto calibre y sus precios. "Jaçanã", encarcelado en el sistema penitenciario del estado de São Paulo, está hablando con un hombre identificado como "Toni Caolho", un prisionero en la Penitenciaría Agrícola Monte Cristo en Boa Vista, Roraima, sobre el calibre de los tamaños.

- "Ejem. ¿Y qué hay de ... los más gruesos?

- "Los más gruesos, voy a llegar, hermano. ¡Estoy llegando con los AK-47! El tipo dijo que me enviaba algunas fotos esta semana. Un AR-15, ¿sabes? Estamos investigando los precios aquí, hermano ".

El informe de O Globo también hace referencia al arresto de dos venezolanos hace unos meses, cuando fueron sorprendidos traficando drogas a Roraima. Guardados en uno de sus teléfonos celulares había mensajes de presos en Brasil pidiéndoles que entregasen armas de alto calibre.

Arriba - soldados venezolanos con AK-47. Fotos del ejército venezolano

Estos hallazgos revelan la posibilidad de que la pandilla más poderosa de Brasil esté contrabandeando drogas y armas desde Venezuela en busca de nuevas rutas y socios para continuar  expandiendo sus actividades criminales  en  Sudamérica .

Por otro lado, esta conexión o intercambio entre grupos criminales de los dos países no es sorprendente para las autoridades brasileñas. En agosto de 2017, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, había advertido sobre el aumento de la delincuencia en el estado debido a la afluencia de inmigrantes venezolanos, y solicitó al presidente Michel Temer fortalece la seguridad a lo largo de la frontera. "Tenemos 2,000 kilómetros de frontera terrestre con muchas rutas de acceso ocultas que se han transformado en rutas de tráfico de drogas, personas y armas pesadas por organizaciones delictivas",  dijo Campos  en un comunicado de prensa.

El aumento de la actividad en los pasos fronterizos causada por la migración de venezolanos que buscan refugio en Brasil podría ser el principal estímulo para una serie de economías delictivas en las regiones fronterizas entre las dos naciones. El gobernador se refirió específicamente a la ruta entre el estado venezolano de Amazonas y Roraima de Brasil como "usada como corredor para que las drogas y las armas ingresen a través de la frontera".

Si bien no hay certeza sobre el origen de las armas que los miembros del PCC discutían en la llamada grabada, no sería sorprendente que los miembros de las fuerzas armadas venezolanas que están frecuentemente involucrados en actos de  corrupción  y  tráfico de drogas  ahora estén impulsados ​​por la crisis económica. en su país para recurrir al tráfico de armas con la pandilla brasileña.

Los AK-47  son armas oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela. La institución ha sido acusada en el pasado de  vender o entregar  armas a los grupos rebeldes colombianos y los líderes de las pandillas, o "pranes", que controlan las cárceles y la región minera de Venezuela.

Los AR-15, mientras tanto, supuestamente no son importados por el gobierno venezolano. Pero algunas unidades de élite de la policía recibieron una dotación de tales armas en 2017. Hace una semana, el 16 de febrero, un oficial de la policía judicial fue sorprendido  tratando de vender  un AR-15 a una organización criminal. 

El valor de ambos fusiles en el mercado negro venezolano es de entre $ 5000 y $ 8000. Pero en el mercado brasileño, los grupos criminales pagan hasta $ 22000 por estas poderosas armas de fuego.

Por lo tanto, la crisis económica de Venezuela y la falta de control de su gobierno sobre el uso y la entrega de sus armas oficiales están facilitando las actividades de los grupos delictivos que buscan expandir sus negocios ilícitos en la región.

Este artículo apareció originalmente en InSight Crime .

Multan con hasta medio millón de dólares al buque español capturado por pesca ilegal

(La Nación) - El domingo 4 de febrero, los ministerios de Seguridad y de Agroindustria interceptaron un buque español que navegaba en las aguas pertenecientes a la zona exclusiva de Argentina con más de 320 toneladas de pescado fresco, situación que desató la alerta entre las autoridades nacionales.

La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario

Tras ser capturado en Comodoro Rivadavia , se conoció que el pesquero, el Playa Pesmar Uno, de 63 metros de eslora (largo) y 12,50 metros de manga (ancho), llevaba 34 tripulantes y había zarpado el 11 de enero desde Montevideo .

Ahora, desde Seguridad comunicaron que dado que la suma de pescado que llevaba consigo está valuada en una suma millonaria y se presupone fue cazada en aguas argentinas, algo prohibido, los responsables de la embarcación deberán pagar una multa que puede alcanzar los 10 millones de pesos, cerca de 500 mil dólares.

Según el informe, "la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario para el pago de una multa que podría oscilar entre 5 y 10 millones de pesos. El buque quedará retenido hasta que se pague lo establecido".

El operativo

Cuando las autoridades vieron el barco en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), pusieron en práctica los protocolos de actuación. Entonces, partió el guardacostas GC 27 Fique para interceptar a la embarcación española y el personal de Prefectura Naval entabló comunicaciones por radio con el capitán del pesquero, con el objeto de que detuviera su navegación y no levantara la red de pesca que tenía desplegada en el mar.

A continuación, los prefectos abordaron el buque junto a miembros de la Agrupación Albatros y un inspector de la Subsecretaría de Pesca.

"Este operativo se desarrolló en marco del plan de trabajo que venimos llevando adelante enfocado en un mayor control, con una política de trabajo en conjunto para actuar de manera inmediata con inspectores y policía auxiliar en el lugar, y aplicar la Ley a quienes estén capturando en aguas argentinas", indicó el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere .

La Dirección Nacional de Coordinación Pesquera se encargará de iniciar un sumario Crédito: Prensa Ministerio de Seguridad

La respuesta de España

Si bien el gobierno nacional asegura que el navío estaba en zona argentina, desde la Cooperativa de Armadores de Vigo confirmaron que el capitán del pesquero negó la acusación y afirmó que nunca abandonaron aguas internacionales. Las autoridades españolas esperan que la caja azul, el sistema satélital que monitoriza en cada momento la posición del barco, resuelva el entredicho.

El Gobierno refuerza los controles en la frontera y endurece la política migratoria

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Habrá un sistema de alerta temprana de pasajeros sospechosos y un cruce de datos con Interpol; también se busca que la justicia aplique el decreto de expulsión de extranjeros que delinquen.

(Lihueel Althabe)

Evitar el ingreso de eventuales grupos terroristas, aumentar los controles en un año sensible para la seguridad nacional por la cumbre del G20 y agilizar la puesta en marcha del decreto que fijó un mayor seguimiento a los extranjeros que cometan delitos. Bajo estas premisas, el Gobierno decidió reforzar en los últimos días su política migratoria y se dispone a mantener mayor firmeza en los mecanismos de vigilancia en los ingresos a la Argentina.

Tanto el Ministerio de Seguridad, como los de Interior y Justicia; la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Cancillería decidieron poner en marcha toda una batería de medidas tendientes a darle mayor relevancia al sistema de migraciones nacional.

Según pudo saber Infobae desde la Dirección de Migraciones junto con la AFI y el Ministerio de Seguridad acordaron con empresas aéreas extranjeras la instrumentación de un sistema de control anticipado de pasajeros mucho más rígido que el que funciona actualmente y que estará focalizado en países de Medio Oriente y de América Latina. Este sistema que convino el gobierno con las compañías de aviación de países latinoamericanos y de Medio Oriente permitirá hacer un rastreo de los pasajeros que viajen a la Argentina no solo con 24 horas de antelación sino también de todas las escalas y hojas de ruta que hicieron.

"En un año clave como será este donde la Argentina tendrá más de 30 reuniones del G20 con una cumbre de presidentes hay que reforzar todos los controles al máximo", explicó un funcionario de la Casa Rosada abocado al tema. En la práctica, este mecanismo que se acordó con más de 20 países prevé contar con un mapeo de los pasajeros provenientes de ciudades desde donde podrían venir grupos terroristas o sectores relacionados con el narcotráfico. Estos temas se dialogaron ayer en el Palacio San Martín durante la visita que hizo al canciller Jorge Faurie y a buena parte del gabinete nacional el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. "Hay una conexión directa entre el narcotráfico en América latina y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial", coincidieron los funcionarios de Donald Trump y de Mauricio Macri en la reunión.

Rex Tillerson y Jorge Faurie (Adrián Escandar)

En esta misma línea, desde el Ministerio del Interior y el de Seguridad ya se puso en marcha este mecanismo que contempla un sistema de alertas tempranas ante eventuales pasajeros sospechosos. Hasta ahora solo se podía conocer la identidad de quienes venían a la Argentina con 24 horas de antelación. Ahora se sabrá la ruta que muchos de esos pasajeros hicieron antes de embarcar para Buenos Aires y los lugares por los que pasaron. Esta información se cruzará con Interpol, la AFI y Migraciones para sacar un perfil de los pasajeros sospechosos.

Por otra parte, desde la Dirección de Migraciones que lidera Horacio García se decidió reforzar en la práctica el decreto que fija mayores controles a los extranjeros residentes en el país y que tienen causas penales. El año pasado Macri emitió un decreto por el cual se podrá expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país. A la vez, la norma estableció que si un extranjero tiene condena o está cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tiene antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o más no podrá ingresar al país.

Desde que se estableció esa norma en enero del año pasado hasta ahora hubo unas 470 expulsiones de extranjeros. Pero en la Casa Rosada creen que esta cifra podría incrementarse si hubiera una conciencia más firme de parte del sector judicial y una colaboración conjunta más estrecha en la materia.

La intención del Gobierno es ejecutar y cumplir al pie de la letra este decreto que fue cuestionado por algunos sectores de grupos de derechos humanos. Para ello, desde el Ministerio de Seguridad, Interior y Justicia hubo reuniones la semana pasada con los procuradores generales de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires para exigir a los fiscales que eleven la lista de los extranjeros con condenas a Migraciones a fin de implementar la norma. La semana que viene habrá otra reunión similar con los procuradores de todo el país. "La idea es que los fiscales tomen conciencia de la gravedad que significa dejar que un extranjero siga con condenas y no se lo expulse del país", explicó a Infobae un funcionario que lleva adelante este trabajo con los fiscales.

La necesidad de reforzar estas medidas migratorias tiene que ver con que "el Estado Nacional, ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación", dijeron fuentes oficiales. A su vez, en el decreto que firmó Macri el año pasado se indicó que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total" y, particularmente por delitos de narcotráfico, hay "un 33% de las personas" en las prisiones argentinas.

Desde el Gobierno expresaron a Infobae que hasta ahora hay 9 provincias interesadas en darle mayor énfasis a esta medida. Estas son: la CABA, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Estos distritos están dispuestos a intercambiar información y a capacitar a su fiscales para ajustar los mecanismos del decreto migratorio. Desde la Nación se quiere establecer una suerte de base nacional de datos de reincidentes extranjeros para tener un sistema de alerta y ejecutar las medidas de expulsión automática.

Por otra parte, desde el Ministerio del Interior remarcaron que la política migratoria del gobierno "no solo es expulsiva sino también inclusiva". De hecho, en el Gobierno resaltan que la gestión de Macri generó más radicaciones de extranjeros que en los 12 años del kirchnerismo. Así se supo que, desde 2016 hasta hoy, hubo 428.000 radicaciones de extranjeros en la Argentina. En 2017 se establecieron 213.000 y en el 2016 unos 215.000 extranjeros. Para el gobierno esta es una muestra clara de que hay una decisión firme de incluir en la Argentina a los extranjeros que trabajan y que no cometen delitos. Con los que no se sometan a la ley no habrá reparo alguno en las expulsiones y la aplicación de la ley.

Varios allanamientos y detenciones por una investigación en conjunto de AFI y AFIP: secuestraron más de seis millones de dólares

(Infobae.com) - Los procedimientos fueron ordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que investiga a una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales

Una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales, realizado en 2016, derivó en una causa judicial, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.

Este viernes, el magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 6, ordenó a la Gendarmería más de 50 allanamientos y dispuso la detención de al menos diez personas, entre los cuales hay funcionarios de AFIP y empresarios de Reporte Online, la firma usada para vender la información robada.

Entre los domicilios allanados, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, hay empresas, casas particulares de los empleados de AFIP involucrados en el accionar delictivo y oficinas de la agencia que preside Alberto Abad.

En uno de los procedimientos, en un departamento de la calle Salta al 1300, se detectó que funcionaba una "cueva", perteneciente a Daniel Courmanián, el encargado de manejar las finanzas de la banda. Allí fueron secuestrados 5.123.000 dólares, guardados en bolsos y dentro de un armario.

Varias de las detenciones de los funcionarios de AFIP fueron ordenadas dentro del propio organismo en una reunión simulada a la que iban a ser convocados, informaron a Infobae fuentes de la investigación. En ese falso encuentro fueron apresados Sebastián Karamanián, gerente del área de Sistemas y apuntado como quién vendía la información sensible desde adentro del organismo, y Leandro Cano, que tenía escondidos 20 mil dólares en un paquete de yerba.

Los otros miembros de AFIP involucrados son los hermanos Martín y Néstor del Cuadro, un empleado de apellido Arce, y otros dos, llamados Waldo Gil Roldán y Alejandro Aducci.

La investigación judicial incluyó la desencriptación de computadoras, escuchas telefónicas y entrecruzamiento de datos, que permitió descubrir a los integrantes de la organización delictiva que se dedicaba a la acumulación y venta de información secreta de AFIP.

La PFA en la sede central de AFIP (Nicolás Stulberg)

Los empleados del organismo recaudador involucrados eran en su mayoría del área de Informática y Sistemas y habían logrado ingresar a la base de datos del organismo fiscal de manera remota.

La caja fuerte de Reportes Online tenía más de un millón de dólares

Esa información sensible era ofrecida a los potenciales clientes por Reportes Online, empresa dedicada a los reportes crediticios. El dueño de la compañía, Leandro Rodríguez y dos de sus empleados, Pablo Degano y Marcelo Vecchio, formaban parte de la banda investigada por Canicoba Corral. En una caja fuerte encontrada en las oficinas de Reportes Online, en Avenida Rivadavia al 5.000, los efectivos de Gendarmería hallaron 1.200.000 dólares.

La casa de Rodríguez, en el barrio SETIA de Ezeiza, fue uno de los lugares allanados, pero no el empresario aún no fue ubicado y continúa prófugo. Fuentes de la causa aseguraron que habría viajado esta semana a Miami, junto a sus hijos.

Fuentes de la investigación revelaron que los detenidos serán indagados mañana mismo en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia fue presentada el 29 de agosto del año pasado por "violación del secreto fiscal". La mayoría de los detenidos son empleados de la AFIP (Nicolás Stulberg)

Pobre patria mía. Habria que modificar el código penal: "Reclusión por tiempo indeterminado con trabajo forzado", pienso...algo aplicable también a dos "buenos muchachos" llamados Cristóbal y Lázaro.

Mapa del delito: más robos de automotores y menos homicidios

Por Mauro Federico - Ámbito Financiero
RODRÍGUEZ LARRETA PRESENTÓ UN INFORME DE ESTADÍSTICA CRIMINAL

A partir de hoy la población podrá acceder a los datos relevados entre más de 200.000 sumarios policiales.

En una de las semanas más críticas para la seguridad urbana en la ciudad de Buenos Aires, tras los violentos incidentes durante el debate por la ley previsional, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su ministro Martín Ocampo, presentaron una novedosa herramienta de acceso a la información a la que los ciudadanos podrán acceder desde hoy a través de la web: se trata del primer Mapa del Delito, con estadísticas actualizadas que permitirán relevar la dinámica criminal en los diferentes barrios y su evolución mensual. 

En diálogo con Ámbito Financiero, uno de los especialistas que trabajó en la elaboración del mapa explicó que su propósito "es avanzar en un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen en los hechos delictivos registrados en las distintas Comunas, contribuir a la elaboración de estrategias de prevención del delito, promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios de seguridad, y favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de seguridad".

El Mapa del Delito integra los datos del Sistema Nacional de Estadística Criminal, que reúne la información sobre los delitos contra la propiedad y homicidios dolosos; junto con los sumarios de la Policía Federal y Metropolitana en todos los delitos. Para confeccionarlo, se analizaron más de 200.000 actuaciones policiales

"Veníamos de un apagón estadístico desde el gobierno anterior a nivel nacional, que no nos dejó herramientas para tomar decisiones. Por eso creemos que publicar este tipo de información provee más transparencia al Sistema Integral De Seguridad Pública", sostuvo Ocampo."En esta primera versión están disponibles los datos de Homicidios Intencionales (Dolosos), Homicidios y Lesiones por Siniestros Viales, y todos los Robos y Hurtos, que representan más del 65% de los delitos registrados", agregó el funcionario.

Por su parte, el secretario del área -a cargo de la Policía de la Ciudad- Marcelo D´Alessandro aseguró que "el mapa nos va a mostrar los puntos fuertes pero también los puntos donde tenemos que reforzar el trabajo, en todos los casos nos vamos a estar basando en datos confiables y para esto es fundamental que los vecinos hagan las denuncias, lo que nos permitirá ser más eficientes en la asignación de recursos".

Los datos más destacados

• Homicidios dolosos: disminuyeron 10,53%, pasando de 76 muertes en el primer semestre de 2016 a 68 muertes para el mismo período del corriente año.

• Homicidios por siniestro vial: aumentaron 17,50%, pasando de 40 muertes en el primer semestre de 2016 a 47 muertes para el mismo período de 2017.

• Robos y hurtos: disminuyeron 5,27%, pasando de 57.394 hechos en el primer semestre de 2016, a 54.368 hechos para el mismo período del corriente año.

• Robos con uso de Arma (incluye arma de fuego y arma blanca): disminuyeron 9,65%, pasando de 9.815 hechos en el primer semestre de 2016, a 8.868 hechos para el mismo período del corriente año.

• Robos con uso de moto: subieron 5,95%, pasando de 4.706 hechos en el primer semestre de 2016, a 4.986 hechos para el mismo período del corriente año.

• Robo automotor: subió 10,89%, pasando de 1.773 hechos en el primer semestre de 2016, a 1.966 hechos para el mismo período del corriente año.

Echan a 20 policías por una millonaria estafa con las horas adicionales

Por Jesús Cornejo - La Nación

Se investiga si cobraron hasta $ 60 millones por servicios de vigilancia en hospitales provinciales que no realizaron

LA PLATA.- Fue desarticulada una red de corrupción policial dedicada a estafar al Estado bonaerense con el cobro de horas adicionales de vigilancia en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires que finalmente nunca se realizaban. En el hecho habrían tomado parte el jefe y subjefe del Departamento de Seguridad Hospitalaria que fueron desafectados junto a otros 18 coordinadores y agentes policiales.

Los investigadores de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad estimaron que se habrían direccionado más de 60 millones de pesos por año en pagos de servicios de seguridad que nunca se habrían realizado en centros de salud muy importantes como los hospitales San Martín, Sor María Ludovica, San Juan de Dios, Rossi, San Roque (de Gonnet) y Cestino (Ensenada), entre otros.

Entre los desafectados se encuentra el jefe del Departamento de Coordinación de Seguridad Hospitalaria, comisario inspector Sergio Javier Ermili Formigo, y el de la división de Coordinación de Seguridad Hospitalaria, subcomisario Gastón Jesús Obregón.

"Creemos firmemente que se trata de una red armada para quedarse con el dinero destinado al pago de las horas Polad. Todos los policías fueron desafectados y ahora vamos a realizar las presentaciones ante la Justicia para que se investigue si hubo connivencia con las autoridades de los hospitales. Si así fuera estaríamos en presencia de una asociación ilícita", dijo a LA NACION el jefe de Asuntos Internos, Guillermo Berra.

La investigación sobre el destino de los fondos destinados a brindar seguridad en los hospitales públicos comenzó hace un año, a instancias de un carta anónima que recibió el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. "En la misiva se informaba que muchos efectivos no iban a realizar las horas adicionales de vigilancia", dijo a LA NACION un estrecho colaborador del ministro Ritondo.

El ministro derivó el caso a Asuntos Internos. Declararon 30 personas que explicaron cómo era el mecanismo para quedarse con el dinero. Dos testigos de identidad reservada dieron detalles y nombres de los policías que manejaban las cajas de recaudación.

"Pusimos bajo la lupa la región hospitalaria de La Plata y Ensenada, donde teníamos el grueso de las denuncias. Ahí se hizo un análisis sobre cada uno de los policías que prestaban servicio. Hubo operativos sorpresa en hospitales para ver si el personal estaba. Descubrimos que muchos no iban. Otros, que habían solicitado trabajar en la seguridad de los hospitales, se arrepentían y devolvían el dinero de las horas Polad cobradas, pero en realidad el pago nunca era reintegrado ya que el coordinador se quedaba con un 70% y el policía que no quería trabajar, con el 30", explicó Berra.

Con el resultado de los operativos, los testimonios y el análisis de las planillas, Asuntos Internos llegó a la conclusión de que 20 uniformados estaban estafando al Estado al cobrar un servicio que debían prestar y no prestaban.

La semana pasada se abrieron sumarios administrativos y fueron desplazados los dos jefes y los coordinadores: el oficial principal Franco Daniel Panne Soria (coordinador del hospital Larraín y antes, del policlínico San Martín), el oficial principal Miguel Pablo Lamaison (coordinador del San Martín), el oficial subinspector Emiliano Martín Ruiz (coordinador del hospital Rossi) y el capitán Luis Alejandro Cuello (firmaba planillas como responsable en el hospital San Roque, de Gonnet).

También fueron desplazados el mayor Jorge Marcelo Heredia (coordinador del hospital de Niños Sor María Ludovica), la sargento Yesica Carolina Alves (coordinadora del hospital Cestino), el subcomisario Ariel Alberto Wilchen (coordinador del San Lucas), la capitana Roxana Paola Granados (coordinadora del hospital Noel Sbarra), el oficial principal Gustavo Mac Lean (coordinador del Ramos Mejía), la capitana Elina Vanesa Costa (coordinadora del hospital Elina de la Serna Montes de Oca), el teniente 1° Miguel Ángel Díaz (coordinador del hospital Reencuentro), el oficial principal Gastón Maximiliano Fernández (coordinador del hospital Gutiérrez), el comisario Silvio Darío Andreis (coordinador del San Juan de Dios) y el oficial inspector Diego Raúl Barreto (coordinador del Instituto de Hemoterapia).

Por el hospital Rossi fueron responsabilizados el oficial principal Ernesto José Luis Rigo, la subteniente Elizabeth Aletta Calful, la teniente 1» Nancy Lilian Rodríguez y la oficial subinspectora Gisella Vanesa Bracco.

"Toda esta información será llevada a la Justicia. Nosotros ya sancionamos y corrimos a los policías involucrados", concluyó Berra.

Las mafias de remedios copian los métodos de las bandas del narcotráfico

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Fue desarticulada una red que traficaba medicamentos desde Chile y pagaba esos cargamentos con la entrega de automóviles de alta gama

La PSA decomisó medicamentos de origen irregular y los vehículos utilizados como forma de pago. Foto: Ministerio de seguridad.

El narcotráfico impuso métodos para el movimiento de sus productos, la vigilancia de sus embarques y el lavado de las ganancias. Y, ahora, otras mafias siguen esos pasos, tal como quedó expuesto al ser desbaratada una banda que traficaba medicamentos y pagaba los cargamentos con autos de lujo.

La investigación empezó el 8 de julio pasado, en el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, cuando inspectores de la Dirección General de Aduanas descubrieron el intento de dos supuestos turistas chilenos de ingresar en forma ilegal un cargamento de tiras reactivas para medir el nivel de glucosa por un valor de $ 900.000. Pero no sólo se trataba de un hecho de contrabando. Detrás de los dos sospechosos había una organización criminal dedicada a la falsificación de la fecha de vencimiento de medicamentos y la adulteración de recetas con la intención de estafar al PAMI y otras obras sociales.

En el sector farmacéutico se estima que el 11% de los remedios comercializados en la Argentina son ilegales.

Por escuchas telefónicas incorporadas en el expediente, se comprobó que el hecho en el que fueron detenidos los dos falsos turistas chilenos "tenía relación directa con las personas involucradas en la presente causa", informaron fuentes del caso. Hace diez días, después de cuatro meses de investigación, fueron detenidos siete sospechosos en allanamientos realizados en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza que estuvo a cargo de la investigación desde el 4 de agosto pasado por solicitud del fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari. El representante del Ministerio Público tiene delegado el expediente.

Según informaron las fuentes consultadas, la organización se dedicaba al contrabando de medicamentos (tanto en la importación desde Chile como en la exportación a Bolivia); defraudaciones mediante el uso de recetas falsas (de PAMI y otras obras sociales); venta, suministro, distribución y almacenamiento de remedios peligrosos para la salud.

El comercio ilegal de medicamentos representa en la Argentina un mercado anual de $ 200.000.000, según explicaron referentes del sector farmacéutico.

"Esta organización introducía de manera ilegal medicamentos, principalmente desde Chile, modificando las fechas de vencimiento de los medicamentos y los troqueles, con la intención de obtener grandes ganancias a través de la afectación de la salud pública y la evasión fiscal", explicaron fuentes de la PSA.

Como hacen muchas organizaciones narcocriminales, esta banda pagaba los medicamentos que eran comprados a proveedores de Chile con vehículos del alta gama. "Cambiaban remedios por autos. No les importaban de dónde venían la insulina y las tiras reactivas. Tampoco les preocupaba si se cortaba la cadena de frío. «Los muertos no reclaman», decían los sospechosos", remarcó a LA NACION una fuente con acceso a la causa.

Los investigadores determinaron que los sospechosos habían armado una importante estructura para la logística del traslado de la materia prima y para la ubicación de los medicamentos.

"Pero no sólo se dedicaban al contrabando de medicamentos y a cambiar las fechas de vencimiento, sino que también encontramos recetas, troqueles y sellos, lo que indicaría una estafa millonaria contra el PAMI y otras obras sociales", sostuvo un investigador del caso.

En la causa también colabora la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocida como UFI PAMI, que está a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo.

En los próximos días, el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro deberá definir la situación procesal de los siete imputados detenidos.

"Luego de meses de investigación desarticulamos una banda que ingresaba ilegalmente medicamentos en el país, adulteraba la fecha de vencimiento y falsificaba los troqueles, evadía al fisco y lo peor: jugaba con la salud de la gente", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a este caso en su perfil de la red social Facebook.

Los allanamientos, ordenados por el juez Bustos Fierros, se hicieron en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. En los procedimientos se incautaron cajas para armar medicamentos, planchas de troqueles presuntamente apócrifos, troqueles sueltos, ampollas sin rótulo con etiquetas sueltas con la leyenda "heroína 0,001", lapiceras de insulina con etiquetas presuntamente falsas, insulina sin troquel, una heladera con medicación, sellos de médicos, tickets de envío de encomiendas y recetas de PAMI.

Los detectives de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo 2 del Centro de la PSA también decomisaron $ 2.521.472 y US$ 4077; 22 armas, y 27 vehículos, cuatriciclos, motos, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Entre los siete detenidos, según fuentes vinculadas con la investigación, están el organizador de la banda, su socio, los proveedores y el encargado de la logística.

La PSA encabezó una investigación de cuatro meses

La investigación contra la red que traficaba medicamentos comenzó el 8 de julio pasado, cuando dos supuestos turistas chilenos intentaron cruzar el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, en Neuquén, con un cargamento de productos médicos valuado en $ 900.000. La pesquisa fue desarrollada por la PSA

Las escuchas telefónicas permitieron determinar que esa organización utilizaba métodos similares a los usados por los grupos vinculados con el narcotráfico, ya que entregaba automóviles de alta gama como pago por los embarques de medicamentos

Además de comercializar medicamentos en forma ilegal, esa red defraudaba al PAMI y a otras obras sociales mediante el uso de recetas falsas. También exportaba a Bolivia embarques clandestinos de remedios

Cobró coimas para liberar vehículos de pasajeros que no podían circular

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Un inspector de la CNRT fue filmado y detenido con $ 292.000 en su despacho.

El acusado tenía el dinero en su oficina. Foto: LA NACION 

El 17 de octubre pasado, en operativos de fiscalización en el interior del país, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) secuestró cuatro vehículos de traslado de pasajeros de empresas dedicadas al turismo. La normativa establecía que sólo podían ser entregados a sus propietarios después de diez días y previo pago de un costo de liberación de 10.000 pesos. Setenta y dos horas después, autoridades del organismo, advirtieron que tres de las camionetas habían sido liberadas a pesar de que no se había pagado la multa. Y la sorpresa fue mayor cuando se verificó las imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas de atención al público.

Fue el miércoles pasado cuando se hizo el análisis de las filmaciones. Las grabaciones mostraron que el 18 y el 19 de octubre últimos, un agente administrativo identificado como Pablo C., que prestaba funciones en el sector de Liberaciones, atendió a dos transportistas de vehículos de turismo no registrados.

Un día después, en una reunión de representantes de diferentes gerencias de la CNRT con Pablo C., el empleado, después de negar que conocía a los transportistas, reconoció el encuentro y explicó que tuvo "compasión" de los empresarios y que por esa razón decidió "liberar" los tres vehículos a pesar de que no habían pagado la multa ni se había cumplido el plazo de retención.

Pablo C. dijo que había tomado la decisión a cambio de poco dinero, sólo para "cubrir el almuerzo". Después reconoció le dieron $ 5000.

A las 19 de del jueves pasado, funcionarios de la CNRT, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, le comunicaron a Pablo C. que habían decidido desvincularlo del organismo y que iban a hacer las denuncias correspondientes. Le dieron instrucciones al personal de seguridad para acompañar al empleado a retirar sus pertenencias, pero con la indicación de que no se llevara documentación y que tampoco pudiera ingresar al sistema informático.

Pero hubo más sorpresas. Los encargados de seguridad llamaron a los gerentes que habían intervenido en el asunto. Pablo C. pretendía llevarse una bolsa de nylon negra y dos sobres de papel madera al sostener que eran de su propiedad.

El empleado despedido no quería dejar ni la bolsa negra y ni los dos sobres de papel madera. El motivo era claro: adentro había poco más de $ 292.000. Pablo C. terminó esposado y en la comisaría 1a. de la Policía de la Ciudad. Se inició una causa por "estafas y otras defraudaciones" que quedó a cargo de la jueza de Instrucción María Dolores Fontbona de Pombo.

"Esta gestión tiene como objetivo combatir la corrupción y erradicar las mafias que atentan contra las vidas de los ciudadanos, incrementando controles y fiscalizaciones, con un estado presente, ágil y eficaz frente a las prácticas turbias con las que ciertos sectores creen que pueden seguir operando", explicó a LA NACION el subdirector de la CNRT, Pablo Castano.

Crecieron las denuncias

Fuentes gubernamentales afirmaron que en los organismos de control y fiscalización, como la CNRT, los "valores de la ética y la transparencia no se negocian".

Y agregaron: "Sin esos valores estaríamos incumpliendo nuestro deber como funcionarios públicos de construir un país mejor, en el cual las normas se cumplen, las faltas se sanciona y los controles se hacen en forma profesional para reducir la probabilidad de accidentes y salvar vidas".

Fuentes de la CNRT y del Ministerio de Transporte, sostuvieron que desde 2015, cuando asumió la nueva gestión, se renovó la subgerencia de Fiscalización Automotor y la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Los sumarios administrativos aumentaron un 17 por ciento en los períodos 2016/2017 en comparación con trienio 2013-2014-2015.

"Lo más importante es que las denuncias penales crecieron un 133 por ciento, acelerando al máximo las investigaciones, lo que trajo como consecuencia el despido de 18 agentes sospechosos de corrupción y la suspensión de otros 20 en todo el país", aseguraron fuentes oficiales.

Desbaratan un desarmadero "mayorista" con negocios millonarios en tres países

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Un operativo entre la provincia y la Nación permitió el secuestro de 500.000 autopartes robadas en todo el país; hay tres detenidos y el hermano de un concejal fue demorado.

Una Toyota Hilux con el motor de un vehículo que había sido robado a mano armada en la Capital. Foto: Ministerio de Seguridad.

La maquinaria investigativa comenzó a moverse a partir de los datos que aportaron informantes de la policía de Misiones. Y después de varios meses de pesquisa la fuerza de seguridad provincial secuestró la friolera de medio millón de autopartes, producto del desguace de vehículos obtenidos ilegalmente, listas para su comercialización en la Argentina y en Brasil.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación y del gobierno de Misiones confirmaron que en las últimas horas hubo una serie de allanamientos, en los que además del secuestro del lote de autopartes valuado en 200 millones de pesos fueron detenidos tres sospechosos y otro quedó demorado.

Los operativos fueron ordenados por el juez de instrucción de la ciudad misionera de San Vicente Gerardo Casco. Los policías misioneros trabajaron con la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) del Ministerio de Seguridad nacional. Según dijeron a LA NACION fuentes del caso, las autopartes correspondían a 150 autos y 50 camiones.

Uno de los talleres mecánicos allanados pertenece a la familia del presidente del Concejo Deliberante de San Vicente, Ernesto Muchewicz (Frente Renovador de la Concordia). "En Misiones no hay contemplación para nadie", sostuvo una fuente del gobierno provincial.

Se trata de un taller mecánico de chapa y pintura situado en Dorrego y la avenida Tejada, en San Vicente, cuyo titular es Hernán Muchewicz , hermano del edil. En el lugar, el personal policial secuestró una camioneta Toyota Hilux verde que tenía un motor con pedido de secuestro de la comisaría 47» de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "A raíz de ello el juez Casco ordenó la inmediata detención del propietario del local y el secuestro del celular del apresado, para peritarlo", explicaron voceros de la investigación.

En una entrevista con Radioactiva 100.7, el concejal había negado que alguien de su familia estuviese detenido y sostuvo: "Conocemos el rubro. Mi familia tiene talleres en San Vicente desde hace 33 años; sabemos del tema. Se puso todo a disposición de la Justicia. Hicieron la requisa del comercio y de los depósitos. No nos dedicamos al desguace, hacemos chapa y pintura. En todo taller queda alguna puerta chocada, algún paragolpes chocado. Hay una reglamentación vigente que se respeta. El juez verá qué hace". Anoche tuvo que reconocer que su hermano había sido demorado por la policía y puesto a disposición del magistrado.

En la parte posterior de otro taller mecánico de San Vicente se descubrieron gran cantidad de piezas de motores, cajas de velocidad, extremos de dirección, diferenciales, puertas, capots y ópticas usadas. Entre la mercadería decomisada había tapas de baúl, amortiguadores, butacas, paragolpes, faros, cortes de autos y tapas de cilindros sin obleas de certificación de origen.

Origen múltiple

Ahora los investigadores intentan determinar de dónde eran los vehículos desguazados; se sospecha que se trataba del "botín" de robos cometidos en distintos puntos del país. Uno de los autos desmantelados tenía pedido de captura de la provincia de Buenos Aires y el motor encontrado en la camioneta Toyota Hilux hallada en el taller de Muchewicz era de un vehículo robado a mano armada en la Capital.

"Encontramos cajas repletas de autopartes listas para su envío a diferentes puntos de la Argentina, Brasil y Paraguay. Luchamos contra estas organizaciones de las cuales se nutren cientos de locales comerciales que venden las piezas. Sabemos que detrás de este negocio ilegal muchas veces hay hechos de sangre fruto del robo de vehículos", sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich .

Fuentes de la investigación explicaron a LA NACION que parte de la mercadería ilegal era vendida en un depósito y otra parte era comercializada vía Internet. El comercio de las autopartes ilegales destinadas a Brasil dependía mucho del tipo de cambio, agregaron los informantes.

"Estamos analizando documentos y equipos informáticos secuestrados para intentar determinar la ruta de las autopartes ilegales. Desde hace un tiempo estamos en un combate fuerte contra el narcotráfico y el crimen organizado", dijo a LA NACION el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez.

Como se dijo, si bien los allanamientos fueron ejecutados por personal de la policía de Misiones, la fuerza provincial contó con la colaboración de peritos de la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes nacional.

"El delito complejo desafía al Estado y lo lleva a aplicar investigaciones inteligentes y colaborativas entre los distintos organismos y estados [municipales, provinciales y nacionales] con el fin de desalentar la criminalidad organizada", explicó Rodrigo Bonini, director nacional de Investigaciones federal.

Lava Jato: las obras de las empresas brasileras tenían sobreprecios de 300 millones de dólares

Por Matias Di Santi y Federico Poore - Perfil.com.

Cinco constructoras que protagonizan el escándalo de corrupción obtuvieron obras del gobierno kirchnerista y de administraciones provinciales por un total de US$ 9.600 millones. Es más del 40% de la red vial de la Argentina.

De Vido. Durante su gestión, las constructoras de Brasil ganaron contratos por gasoductos y el soterramiento del Sarmiento. Foto:Cedoc Perfil 

Llegaron, prometieron, ganaron. Casi siempre cobraron. No siempre cumplieron. Durante los últimos 12 años, las empresas brasileras involucradas en la Operación Lava Jato -la enorme investigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil y que persigue el pago de coimas y sobornos para ganar licitaciones en obra pública en distintos países del mundo, incluyendo la Argentina-, obtuvieron obras en el país por al menos US$ 9.600 millones, el equivalente a más de 17 mil kilómetros de ruta repavimentados, es decir, el 43% de la red vial total de la Argentina. Así surge de una investigación del sitio Chequeado. PERFIL publica un estracto del trabajo periodístico.

Impulsadas en muchos casos por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), las constructoras de origen brasilero se alzaron con algunos de los contratos locales de obra pública más importantes de los últimos tiempos en medio de sospechas de cartelización, sobreprecios y coimas.

Entre 2005 y 2017, estas empresas ganaron 11 obras en la Argentina, siete de las cuales ofrecieron financiamiento del BNDES. En ellas hubo un sobreprecio promedio de US$ 322 millones, de acuerdo con el relevamiento y el cálculo realizado por Chequeado para esta investigación. Además, varias de ellas (cinco) no han sido terminadas.

Odebrecht fue la gran beneficiaria entre las empresas brasileras: obtuvo contratos que le proporcionaron al menos US$ 7.075 mil millones, un 74% del total. Le siguieron la constructora OAS Limitada, con más de US$ 1.806 millones. Detrás quedan Queiroz Galvao SA (US$ 557 millones) y Camargo Correa SA (US$ 167 millones). En total, estas empresas ganaron 11 obras. El sobreprecio promedio de las obras analizadas fue de US$ 322 millones

“Esto es algo que atraviesa a toda la última década de la política argentina: una gran obra pública, por un gran monto, con un gran plazo, que luego de firmarse da inicio a las famosas adendas. Es decir que lo que valía 10 termina valiendo 30 y la foto final nunca es la del inicio”, dimensionó ante este medio el fiscal federal Federico Delgado.

“Lo que se observa, por ejemplo, en las obras de Odebrecht es un sistema para conseguir contratos” utilizando al BNDES como financista, explicó Delgado.

Resulta difícil combatir estas prácticas con la legislación vigente. Natalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción y máster en Derecho de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos, recordó que la Argentina tiene uno de los regímenes de compras y contrataciones “más antiguos de América Latina y el Caribe”. La Ley de Obra Pública, por ejemplo, data del año 1947.

“Las posibilidades que da el régimen de compras para inflar los costos son enormes. Así, una empresa que en un momento apareció como la mejor oferente puede dejar de serlo sin que reciba sanción alguna”, destacó la especialista en corrupción, quien agregó que tampoco existen consecuencias claras para aquellas empresas que se demoran o no cumplen con los trabajos.

“Lo que se ve es un modus operandi, que no es propio únicamente de las obras de Brasil sino el modo en el que funcionan las contrataciones de obra pública en la Argentina”, explicó Volosin. Y agregó: “El sistema no está pensado para la eficiencia ni para la transparencia de los procesos. Lo que hacen los funcionarios generalmente es aprovechar los agujeros en cada una de las etapas, desde la determinación de la necesidad de la obra hasta la ejecución de los trabajos”.

Para esta investigación, Chequeado analizó las obras a cargo de las constructoras Andrade Gutierrez SA, Camargo Correa SA, Norberto Odebrecht SA, OAS Limitada y Queiroz Galvao SA, incluyendo las firmas subsidiarias y las uniones transitorias de empresas (UTE) que conformaron junto con otras compañías. Todas estas empresas brasileras poseen directivos involucrados en la Operación Lava Jato.

Si bien no todas estas obras están sospechadas por jueces y fiscales, varias comparten un patrón común. Primero, una constructora brasilera se asocia con una o más empresas argentinas y se presenta a la licitación ofreciendo el precio más bajo y financiamiento del BNDES. Luego, la obra sufre “redeterminaciones de precios” y se firman adendas que van aumentando su valor. En algunos casos, mientras los trabajos se demoran, el banco brasilero se retira y el Estado argentino se ve obligado a buscar fuentes alternativas de financiación. Sea como fuere, la obra casi nunca se termina en tiempo y forma y sale más caro de lo previsto inicialmente.

Este análisis de Chequeado resultó de extraer datos de las licitaciones de los boletines oficiales de Nación y de la Ciudad, del portal de la empresa AySA y de la página especializada El Constructor. El cálculo de los sobreprecios es conservador: surge de los montos de licitaciones, obras adicionales que se agregaron mediante adendas y actas acuerdo, y de las auditorías, formen parte o no de causas judiciales en curso.

Ver historia completa en: http://www.chequeado.com/investigacion/lava-jato-en-la-argentina-las-constructoras-sospechadas-ganaron-contratos-con-sobreprecios-de-us-300-millones/

Escándalo en el puente Posadas-Encarnación: qué dicen las escuchas por las que metieron presos a los aduaneros

(MisionesOnline) - Aduaneros presos en Posadas: la historia completa de una investigación que apunta a desnudar los negocios turbios en el puente internacional.

Las escuchas telefónicas que sustentan la acusación contra los cinco aduaneros imputados por “asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho” son un manual del folklore fronterizo, pinceladas de lo que todo posadeño sabe que sucede en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz entre los funcionarios encargados del control, los paseros paraguayos que intentan traer de todo desde la vecina orilla y los pedigüeños locales que necesitan la luz verde de corruptos de Aduanas para evitar pagar los cánones vigentes para distintos productos.

Lo que sigue son fragmentos de desgrabaciones que hicieron expertos de la Policía Federal Argentina, a pedido de la jueza Federal María Verónica Skanata, en base a horas de escuchas de los teléfonos de los acusados, cuatro de los cuales aún permanecen detenidos:

– De un aduanero implicado a otro: “Fijate que sea la notebook nada más. Miralo bien, si tiene algo más, que pague”.

– De un aduanero a un pasero: “No bajen en el puesto, porque lo van a ver de todos lados”.

– De un sospechoso a otro: “Va ir un muchachito para verlo a hablar con vos, ya que quiere traer un equipo de aire”.

– De una conocida a unos de los aduaneros: “Recién me llamó M. y me dijo que te diga que le están por secuestrar unas sábanas y manteles y que le van a cobrar 5.000 pesos. Y, no sé, me dijo que te diga si podías hablar”.

– De uno de los aduaneros a un conocido que había ido a Encarnación a comprar cubiertas: “Si tenés algún problema pegá la vuelta y esperame del otro lado de la casilla”. A los pocos minutos, ese amigo le dice que lo había parado otro aduanero. Entonces el implicado llama a su colega y le pide: “Dejalo pasar, que es compinche mío”.

– De un pasero a un aduanero: “Todo legal?, mañana está ‘blindada’ la frontera?”

– De un aduanero a un pasero: “Hoy no, porque está A. Otro día, de 1 a 7, con los jugadores preparados”.

– De un aduanero a un pasero: “Hoy no, porque estoy en la salida. Está el gordo de jefe ahora, cambiaron”.

– De un desconocido a un aduanero sospechado: “Lo único que tengan cuidado con los de la Federal, están muy metidos”.

En el expediente también está el trabajo pericial hecho sobre los teléfonos de contrabandistas paraguayos arrestados por otra causa, pero que fueron anexadas porque aparecen los mismos funcionarios que están bajo la lupa. Allí hay comunicaciones de ciudadanos paraguayos que arrojan datos sobre cómo es el movimiento en el puente. “Se paga 500 y te adelantás”, dice una mujer en relación a la fila para ingresar a Posadas, a lo que otra le responde que pudo hacer eso luego de pagar “apenas 100”. De los dichos también se desprende que los traficantes conocían a todos los aduaneros (los amigos y los que no lo eran), en qué horarios trabajaban y a quién se podía “manguear”.

Millonario contrabando en Formosa

(La Nación) - Más de 63.150 cartones de cigarrillos de procedencia paraguaya, un cargamento valuado en más de 30 millones de pesos, fueron secuestrados en Formosa por personal de la Gendarmería, que detuvo a un hombre por el hecho. 

Foto: LA NACION 

Los efectivos interceptaron un camión con semirremolque; el conductor exhibió documentación que decía que llevaba bolsas de almidón. Pero en la inspección se advirtieron soldaduras y pintura reciente en la compuerta del acoplado. Personal de Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) comprobó que los papeles eran apócrifos y se encontró la verdadera carga.

Aduana: complican a tres funcionarios por operaciones ilegales

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

Piden citar a directivos de Echegaray en la AFIP, vinculados con la mafia de los contenedores.

Complican a tres directivos vinculados con la mafia de los contenedores. Foto: Archivo.

La fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron ayer las indagatorias de tres altos funcionarios de la Aduana y un puñado de empresarios, sospechados de integrar "un grupo criminal" abocado a contrabandear mercadería con protección aduanera entre 2014 y 2015, por montos multimillonarios.

Los investigadores solicitaron, además, al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que ordene una batería de embargos, inhibiciones, secuestros de la mercadería y decomisos sobre todas las empresas y personas sospechadas de integrar la llamada "mafia de los contenedores", a las que requirió que se les prohíba salir del país.

Los fiscales concentraron su acusación en tres miembros de la familia Paolantonio -Alejandro César, Miguel Fernando y Diego Raúl-, como así también a los representantes de un puñado de sociedades que participaron en la supuesta operatoria delictual: Transportes DTM SRL, Corport SA, Different Imports SA, New Unique Imports SA, Sicem BA SRL, Las Cortaderas SRL, Oslona SRL, Origini RM SRL y Lion Trade SRL.

Los pedidos de indagatoria también alcanzaron a tres de los máximos jefes aduaneros durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Alfredo Bernardi -el ex titular de la Aduana de Buenos Aires al que le encontraron US$ 500.000 sin declarar al allanarle su casa-, aunque los fiscales adelantaron que citarán a tribunales "a toda otra persona que hubiese ejercido funciones de control sobre la operatoria" cuestionada, entre enero de 2014 y diciembre de 2015.

Por último, los investigadores también requirieron indagar a la agente de transporte aduanero, Liliana Leguiza, los despachantes Juan Manuel Benavides, Edgardo Mingrone, José Mocciola y Silvina Otturi, y los máximos responsables de dos depósitos fiscales: Terminal Carga Tigre SA y Carestiba SA, de Jorge Lambiris, el empresario que vacacionó con Echegaray en Río de Janeiro.

La causa penal comenzó a partir de una denuncia de la Procelac, que a su vez se apoyó en un trabajo preliminar que inició con datos aportados por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y la investigación que, desde el diario Clarín, desarrolló el periodista Matías Longoni, que lo publicó a lo largo de 2016.

Durante su investigación, Longoni detectó cómo los Paolantonio, en connivencia con la Aduana en tiempos de Echegaray, gestionaron el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida, hasta convertirse en, acaso, la banda más importante de contrabandistas que operó en el área metropolitana de Buenos Aires durante los últimos años.

"Grupo criminal"

Apoyados esos aportes y el trabajo conjunto posterior, la fiscal Ruiz Morales y la Procelac, liderada por Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, reconstruyeron un presunto entramado de operaciones ilícitas y encubrimientos, que abarcaría, al menos, tres tipos de maniobras: importaciones con documentación apócrifa para "ingresar al país una cantidad, calidad, especie o peso distinto" a la declarada; contenedores trasladados a depósitos fiscales, también con "diferencias de peso, cantidad y calidad respecto a lo efectivamente declarado", y contenedores inspeccionados por aduaneros al descargarlos de los buques Value y Valiant.

Para los fiscales, el dictamen de casi 200 páginas que entregaron al juez Aguinsky resultó, además, un avance en sí mismo: "Es un logro producto de un muy intenso trabajo coordinado entre la fiscalía, el juzgado y la Procelac, una buena muestra de cómo se puede avanzar en una investigación compleja cuando se trabaja en forma articulada", indicaron.

Articuladas alrededor de los Paolantonio, las sociedades sospechadas comparten rasgos comunes: todas se constituyeron durante los últimos años, las personas que aparecen en los papeles viven en zonas humildes del conurbano bonaerense y la mayoría de esas sociedades ni siquiera tienen empleados. Son sólo empresas "de fachada" para operar.

Los fiscales también apuntaron contra los aduaneros Paolucci, Bernardi y Santanna, quienes habrían brindado, según el dictamen, "un marco de cobertura genérica ilegal a sus dependientes, quienes debían realizar sus tareas de fiscalización de manera sólo aparente, para que no entorpecieran la estructura delictual que se estaba llevando adelante".

Los investigadores urgieron, además, al juez Aguinsky a tomar todas las medidas necesarias para proteger documentos, mercaderías y otros activos del supuesto "grupo criminal" dada, según remarcaron, "la amplia capacidad de la organización para ocultar su origen delictual y aparentar varias fuentes legales".

"Es razonable conjeturar la posibilidad de que la asociación (criminal) continúe utilizando sus potencialidades y herramientas para sustraer los bienes producidos del dominio" de la Justicia, afirmaron los fiscales Ruiz Morales, Pérez Barberá y Roteta, para así "frustrar el éxito de la presente causa como la eventual responsabilidad patrimonial que podría caberles".