Según los fiscales, en los allanamientos que realizaron el 2 de marzo encontraron documentación para probar que la toma fue organizada por tres grupos (que responderían a Chancalay, Ríos y Jiménez), que luego se iban a dividir el terreno para lotearlo y vender las parcelas a entre $ 8.000 y $ 20.000. Ahora deberá decidir la jueza Gabriela López Iñíguez.
En tanto, mañana volverá a reunirse la mesa de diálogo que se conformó en la Legislatura para buscar una salida negociada al conflicto. Habrá delegados de la toma, representantes del macrismo y la oposición.
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