Ya se han escrito muchos artículos, con sólidos argumentos jurídicos y constitucionales, que demuestran la ilegalidad del decreto por el que el Gobierno de Cristina Kirchner pretende confiscar el Predio Ferial vendido en 1991 a la Sociedad Rural. Yo no me voy a referir a ese aspecto porque lo han hecho voces mucho más autorizadas que la mía, con argumentos claros y contundentes. Pero sí siento la obligación de referirme a las numerosas mentiras que el Gobierno utiliza como fundamento de su ilegítimo decreto. Lo hago porque forma parte de la estrategia que, de manera alevosa, viene utilizando este Gobierno para tergiversar la historia de nuestra Patria. Y para el el bienestar futuro de los Argentinos es imprescindible que las nuevas generaciones no se dejen engañar por este relato.

La venta a la Sociedad Rural del predio de Palermo en 1991, por 30 millones de dólares, fue no sólo legítimo, sino altamente beneficioso para los intereses generales de nuestro País. La sociedad Rural había ocupado este predio, por decisiones de sucesivos Gobiernos, comenzando por el de Nicolás Avellaneda en 1875 cuando el ex-Presidente Domingo Faustino Sarmiento era director del Parque 3 de febrero, durante más de 100 años. Todas las edificaciones realizadas sobre ese predio habían sido hechas por la Sociedad Rural Argentina que desde 1878 organizó, sin interrupción alguna, la Feria Ganadera que adquirió fama mundial y que fue siempre un símbolo del importante progreso de la ganadería y de la agricultura de nuestro país.

En 1991, pocos meses después de que el Gobierno del Presidente Menem (en el que yo había sido Ministro de Relaciones Exteriores desde julio de a989 y Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos desde enero de 1991) lanzara la política de re-capitalización y modernización del campo argentino, simbolizado en la eliminación completa de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, la Sociedad Rural Argentina ofreció adquirir el predio ferial para posibilitar fuertes inversiones que mejorarían significativamente los servicios que había prestado y seguiría prestando esa institución.

Desde el punto de vista legal, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a vender el predio en forma directa dado que se trataba de una venta a quienes lo venían ocupando. Además, la venta de ese inmueble, que de hecho había tenido el destino de predio Ferial desde 1876, encuadraba perfectamente en la política de venta de los inmuebles innecesarios del Estado que se lanzó en 1989 precisamente para permitir que esos inmuebles sirvieran para emprendimientos privados enderezados al crecimiento y la modernización del país.

Se siguieron todos los pasos exigidos por las normas en vigencia, incluso excediendo las precauciones demandadas por la ley. Por ejemplo, siendo que con una tasación del Banco Hipotecario o del Banco de la Ciudad era suficiente para cumplir con la normativa, se pidieron las dos tasaciones y se solicitó también una tasación adicional a un grupo de prestigiosas empresas inmobiliarias. Todas las tasaciones, que obviamente se hicieron teniendo en cuenta las restricciones al dominio que afectaban a esa propiedad, ascendieron a valores del orden de los 30 millones de dólares en los que se terminó realizando la operación de venta.

La Sociedad Rural no sólo estaba comprometida a pagar ese precio, sino que debía hacer las inversiones necesarias para cumplir con un ambicioso plan de  ampliación y mejora de las instalaciones y el Estado ingresaría además una participación en el precio de las entradas a los eventos que se llevaran a cabo en el predio. Fue precisamente esta operación la que posibilitó que hoy las instalaciones tengan la magnificencia y funcionalidad que han podido admirar millones de visitantes argentinos y del exterior en los últimos 20 años.

En el año 2010, 19 años después de que se hubiera concretado la operación, el Juez Federal Sergio Torres dispuso mi procesamiento, junto con los de algunos funcionarios que me acompañaron en el Ministerio, con los directivos de la Sociedad Rural y con los peritos tasadores de las instituciones oficiales (Banco Hipotecario y Banco de La Ciudad) que hicieron las tasaciones en las que se basó la operación. Nos procesaron por el supuesto delito de “peculado”, es decir de sustracción del predio de Palermo en favor de la Sociedad Rural, con el argumento de que un perito oficial designado por el Juez y sin que hayan participado peritos de las partes involucradas, sostuvo que el precio correcto del predio, en el año 1991, debió ser de 132 millones de dólares.

La tasación presentada 19 años después por el perito oficial se basó en una supuesta evaluación de los ingresos que obtuvieron la Sociedad Rural y sus socios inversores luego de la compra del terreno. Esa evaluación se hizo sin tener presente que además de pagar el precio del terreno, la Sociedad Rural y sus socios invirtieron más de 100 millones de dólares adicionales. Tampoco tuvieron en cuenta el costo del capital, porque el perito no procedió a descontar a la tasa de mercado el flujo de fondos para determinar el valor presente en 1991 y, si todos estos errores fueran pocos, el cálculo se hizo en base a información que obviamente era imposible que estuviera disponible en 1991.

Es tan absurda la valuación, que se desmiente por la misma realidad del negocio que manejaron la Sociedad Rural y sus socios inversores. Lejos de resultar rentable, esas inversiones le generaron pérdidas, a punto tal que algunos de los inversores terminaron quebrando y no pudieron pagar,  o demoraron mucho en hacerlo, los créditos que habían obtenido para financiar las inversiones. Este magro resultado económico no debe sorprender. En todos los países del mundo, predios feriales como el de Palermo se sostienen con aportes y subsidios de los Estados, mientras que en este caso, no sólo esos aportes y subsidios no existieron, sino que los inversores tuvieron que pagar el precio del terreno y una participación en sus ingresos al Estado.

Hay muchos indicios de que éste es un fallo político, como muchos otros que promovió el Gobierno de Cristina a través de su presión y condicionamiento permanente a los miembros del Poder Judicial. Lo primero que sorprende es que me haya procesado a mí, mientras decretó la falta de Mérito del Presidente Carlos Menem. Ambos tuvimos la misma participación en el proceso de decisión, somos los que firmamos el decreto aprobatorio de la venta. ¿Porque a mí me procesaron y a Menem le decretaron la falta de mérito? Pues la respuesta es simple: Menem había comenzado a acompañar con su voto en el Senado algunas leyes claves que el Kirchnerismo quería sancionar y para las que le faltaban votos en el Senado. Yo, por el contrario, he sido y seguiré siendo, un crítico severo de todos los desmanejos y arbitrariedades que ha venido cometiendo el Gobierno de los Kirchner.

Otra manifestación de la intención política de la decisión del Juez Sergio Torres, surge de los fundamentos del decreto que acaba de firmar Cristina Kirchner. Ahí utilizan el argumento de mi procesamiento cuando esa decisión ha sido apelada a la Cámara Federal respectiva y ésta aún no se ha pronunciado. Es decir, el procesamiento no está firme. Pero además, como uno de los procesados argumentó la prescripción del supuesto delito y la Cámara de Casación le dio la razón, esta cuestión, que está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia tampoco está firme, porque de haberlo estado, todos los procesados estaríamos ya beneficiados por la decisión de la Cámara de Casación. Nada de esto menciona el decreto presidencial en sus fundamentos y no cabe duda que persigue constituirse en otra fuente de presión sobre la Corte Suprema de Justicia para impedir que convalide la sensata decisión de la Cámara de Casación Penal.

Por supuesto, el decreto presidencial tiene también por objeto presionar a la Cámara Federal de Apelaciones, para que cuando el expediente vuelva a sus manos, si es que la Corte Suprema revierte la decisión de la Cámara de Casación,  convalide el procesamiento dispuesto por el juez Sergio Torres. Si el decreto no tuviera el propósito de presionar al Poder Judicial, no deberían haberse mencionado en su fundamento decisiones no firmes de un juez de primera instancia, cuando están actuando las instancias de revisión que prevé nuestro sistema republicano de gobierno.

En síntesis, el decreto de la Presidente Cristina Kirchner, con que pretende anular al que aprobó la venta más de 20 años atrás, es una manifestación más del carácter autoritario y corrupto de este Gobierno. Pretende apropiarse de un emprendimiento que ha acompañado con jerarquía el formidable proceso de re-capitalización y modernización de la capacidad productiva agropecuaria que permitieron las políticas productivas de la década del 90 y de la que han sacado fuerte provecho los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para financiar los desmanejos y arbitrariedades de la última década. Y seguramente esa apropiación se lleva a cabo para aumentar las fuentes de ingresos corruptos con los que se han venido enriqueciendo muchos de los miembros de este Gobierno.

En la misma época en que el gobierno del que yo formé parte vendió el predio de Palermo a la Sociedad Rural, se vendieron a precios que estoy seguro no fueron muy diferentes, teniendo en cuenta los usos a los que podían estar destinados, todos los terrenos del emprendimiento de Puerto Madero. Me pregunto si este Gobierno, cuyos funcionarios parecen deleitarse de gozar de la alta jerarquía de ese desarrollo inmobiliario, decidirán en algún momento anular por decreto esas operaciones de venta y apropiarse de todos los inmuebles de Puerto Madero, con el argumento que sus des-arrolladores parecen haber hecho muy buenos negocios.

No me sorprendería que lo hicieran, si es que siguen saltando evidencias de que algunos de esos inmuebles son la prueba del enriquecimiento ilícito de varios funcionarios kirchneristas. Podrían llegar a argumentar que lejos de haber adquirido esos inmuebles con dineros mal habidos, lo hicieron con préstamos de sus amigos para permitir la recuperación por parte del Estado de bienes que nunca deberían haber salido de su patrimonio. Después de todo, no sería un argumento distinto al que en la práctica usaron para expropiar a la empresa Cicone Calcográfica cuando esta había, previamente, pasado a manos de los amigos de Boudou.

Por supuesto, son muchos los que ya le han preguntado a la Presidenta si piensa anular por decreto las operaciones de venta de terrenos hechas por el Municipio de Calafate. Es asombroso que se considere “precio vil” los 30 millones de dólares más los 100 millones de dólares que agregaron los inversores socios de la Socieda Rural y no se considere “precio vil”el que pagaron los Kirchner, a razón de menos de 2 dólares el metro cuadrado, los terrenos que pocos meses después le vendieron a Cencosud por más de 100 dólares el metro cuadrado.