Narcotráfico, terrorismo y militares

Por Nicolas Dapena Fernandez* - Perfil.com

Recientes propuestas gubernamentales en Argentina reabren el sensible debate sobre la participación –y su grado– de los militares en tareas de seguridad interior, puntualmente en soporte a operaciones de narcotráfico y antiterrorismo.

Más allá de lo compleja que es la cuestión relativa a qué entiende la ley argentina por terrorismo u organización terrorista, cuestión que no está nada clara en el Código Penal y puede dar lugar a errores graves, es interesante detenerse a analizar cómo están determinadas las responsabilidades en esta materia bajo la ley argentina, y cuán similares son con la ley estadounidense, para tomar un parámetro razonable.

No escapa al criterio lógico que la fuerza estatal es una sola, y que esta se escinde operativamente en diferentes áreas,  a efectos de conseguir legalidad y eficiencia en el accionar. El propio preámbulo de la CN separa la función “consolidar la paz interior” de “proveer a la defensa común”. 

Los delitos en Argentina se rigen por el Código Penal, y las modalidades de su enjuiciamiento se rigen por los distintos códigos procesales penales nacional y provinciales.

Cuando se trata de delitos complejos, como el narcotráfico –en todas sus etapas salvo en algunas provincias la comercialización–, lavado de activos o terrorismo, la jurisdicción es federal; así, se ocupan de ella los jueces y fiscales federales. Y para atender esos casos están las fuerzas de seguridad federales.

En materia de defensa, bajo la ley argentina existen las denominadas hipótesis de defensa, a saber: hipótesis de conflicto e hipótesis de guerra.

Para atender esos casos fueron establecidas las fuerzas armadas; clasificándose su accionar en:

1. operaciones convencionales en defensa de los intereses vitales de la Nación, 

2. operaciones en el marco de las Naciones Unidas, 

3. operaciones en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos, y 

4. operaciones en apoyo de la seguridad interior.

Estas dos leyes, de Defensa y de Seguridad Interior, determinan cuál es el quicio adecuado de actuación de cada fuerza, y le atribuyen una cierta jurisdicción y competencias para atender un determinado fenómeno.

 Las fuerzas armadas no pueden actuar en hipótesis de seguridad interior, salvo brindar apoyo logístico mediante “servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” o intervenir con “elementos de combate” para “el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional … previa declaración del estado de sitio”.

A su vez, tampoco pueden realizar tareas de inteligencia internas, aunque la ley solo prohíbe aquello relativo a “las cuestiones relativas a la política interna del país”, por lo cual debería analizarse si encuadra en esa prohibición el soporte a tareas de recolección de información criminal.

Lo interesante es que en los EE.UU. rige la misma prohibición desde 1878 a través de la Posse Comitatus Act: las fuerzas armadas de EE.UU. no pueden intervenir en cuestiones criminales o policiales internas, salvo “to provide equipment and supplies –equipamiento y suministros–, technical assistance –asistencia técnica–, information –información–, and training to law enforcement agencies –entrenamiento a las agencias de aplicación de la ley–”. Ese criterio fue aplicado y sostenido por la Corte Suprema de EE.UU. en United States vs. Jaramillo y United States vs. Mc Arthur.

En síntesis, es interesante sumar a este debate, siempre referenciado en nuestro país en los excesos de los años 70, ejemplos de países donde una nítida separación de funciones y fijación de interacciones cooperativas entre las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas ha sido exitosa, y se mantuvo incólume en el tiempo desde hace 140 años. En otras palabras: analicemos y repliquemos lo que otros países hacen y les funciona, y no tanto lo que nos sugieren hacer pero ellos no hacen –involucrar militares en la lucha interna contra el terrorismo y el narcotráfico–.

*Abogado. Experto en armas y terrorismo.

Los anteojos con los que la inteligencia de Estados Unidos ve el mundo

Por Fabián Calle - Infobae.com

La respuesta más difundida por los medios fue la convicción de un papel activo de Rusia para influenciar en las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos.

El pasado 13 de febrero la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos dio a conocer el "Worldwide Threat Assessment", documento que combina aquella información y prospectiva que puede ser dada a conocer por las 14 agencias de inteligencia con que cuenta la superpotencia. 

Algunas inmortalizadas por libros y películas, y otras menos conocidas, como la NSA y la DIA. La primera, por lejos la mejor financiada y centrada en todo lo referido a comunicaciones y mundo digital. La segunda, la inteligencia militar dependiente del Pentágono. El mismo día que se daba a conocer este documento, los jefes de estas agencias respondían preguntas de los senadores referidas a los principales riesgos que enfrentaba el país. La respuesta más difundida por los medios fue la convicción de un papel activo de Rusia para influenciar en las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos.

Según la inteligencia americana, tal como sucedió en el 2016, el objetivo no sería favorecer a republicanos o a la oposición demócrata, sino agudizar las tensiones internas, así como desprestigiar en el exterior la política y las prácticas de su histórico rival. En otras palabras, debilitar en todo lo posible el softpower o la capacidad de influencia y cooperación americana.

Como corresponde, el documento focaliza en la ascendente tendencia a la competencia y aun conflictos entre las grandes potencias, o sea, Estados Unidos, China y Rusia. En el corto plazo, el foco está puesto en la posibilidad cierta de escalada bélica en Corea del Norte y en el Golfo Arábigo o Pérsico. Todo ello sin desconocer el ascendente papel de actores no estatales como el terrorismo de Al Qaeda e ISIS, así como hackers y sus ataques informáticos. Algunas veces guiados por Estados rivales y, en otros casos, no. En este sentido, convoca a dar prioridad a la capacidad de detectar, evitar y llegado el caso atenuar los impactos de estas acciones que están llamadas a tener una relevancia central en todos los campos.

Un país que hace y hará intenso uso de este tipo de disrupciones será Rusia, afirma el texto, en especial contra Ucrania, pero también contra los países de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Para poner a prueba su seguridad y potenciar tensiones políticas, sociales, raciales y económicas dentro de los países occidentales. También China es protagonista en este campo, si bien con fuerte énfasis en el espionaje sobre secretos industriales, nuevas tecnologías, finanzas, etcétera. En menor medida, está el caso de Irán, que por el momento concentra sus esfuerzos en inteligencia electrónica y sabotaje sobre Israel y Arabia Saudita.

Finalmente, pero no por ello menos importante, figura el caso de Corea del Norte. Hasta el momento el énfasis de sus ciberataques ha sido para la obtención ilegal de dinero y recursos financieros, y sobre los despliegues y los planes militares de Corea del Sur y Estados Unidos. Pero pocas dudas hay de que también está en condiciones de llevar a cabo intrusiones para sabotear infraestructura crítica de sus rivales.

En materia de terrorismo, se puntualiza que el foco está sobre dos organizaciones extremistas sunitas como son Al Qaeda e ISIS. Estas están operativas a pesar de los golpes recibidos y siguen intentando llevar a cabo ataques en territorio de los Estados Unidos, si bien su mayor actividad se da en zonas de conflicto como Siria, Irak, así como áreas de África y Asia.

La otra rama del terrorismo sería la compuesta por Irán y sus aliados de Hezbollah con base en El Líbano. De hecho, en los últimos años, tanto en la guerra civil siria como en Irak y Yemen estos bandos sunitas y chiitas enfrentados han chocado de manera intensa y han provocado numerosas bajas.

Asimismo, el narcotráfico ocupa un espacio no menor. Entre otros motivos, no solamente por su descomunal disponibilidad de recursos económicos, nexos más o menos fluidos con grupos terroristas, y su capacidad de influir y corromper, sino también por un marcado aumento del número de ciudadanos estadounidenses fallecidos en los últimos dos años por consumo de drogas ilícitas. En este sentido, advierte que, en el 2016, el incremento fue del 21 por ciento. Al tiempo que la producción de cocaína, heroína y metanfetaminas se ubica en niveles récord. La sustancia que está provocando mayor mortalidad es un nuevo y sintético producto derivado del opio. Este escenario explica el poder y la influencia del narcotráfico en México, así como el papel de China como fuente de provisión de sustancias químicas que se usan en los laboratorios clandestinos. La misma difusión de internet y las redes sociales es cada vez de más utilidad para los narcotraficantes, para llegar a proveedores y consumidores.

En materia de la situación de la economía global, los porcentajes de crecimiento en Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera son aceptables, por lo cual no parece haber un escenario de crisis sistémica aguda en el corto y mediano plazo; es un factor moderador de mayores conflictos. Sí cabe esperar un cierto reflujo o reducción de los fondos internacionales que han ido en los últimos años hacia mercados emergentes. Los cambios que se vienen produciendo en la economía estadounidense, tal como un dólar más fuerte, reformas impositivas y suba de la tasa de interés, son algunos de los factores explicativos de ello.

En materia de petróleo y gas, nada indica que se vaya a revertir radicalmente la baja de los precios, lo cual es un factor de impacto negativo sobre Rusia, Irán, Arabia Saudita, Venezuela. En parte explicado también por el boom de la extracción de shale gas y shale petróleo en territorio estadounidense.

Por último, en lo que hace al panorama en América Latina, todo indica que una mezcla de bajo crecimiento económico en la mayoría de sus países, fuertes denuncias de corrupción y violencia e inseguridad ciudadana, tenderá a reforzar la visión crítica a lo establecido y conocido por parte sustancial de sus ciudadanos y votantes. Factor relevante dado los procesos electorales que se darán en México y Colombia. Si bien la economía mexicana muestra fundamentos relativamente buenos y ello ha venido reduciendo el flujo de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos, no se puede descartar que vuelva a aumentar. El Gobierno mexicano enfrenta el desafío de una fuerte actividad del narcotráfico, así como un vecindario signado por países con serios problemas socioeconómicos y de inseguridad.

Sin duda un caso de extremo es Venezuela con su colapso económico y social. La aguda caída en su producción de petróleo y una creciente e intrincada cadena de cesación de pagos a acreedores internacionales no harán más que agudizar las tensiones internas. También se les presta atención a los interrogantes y los riesgos que presenta la situación en Colombia, con su récord de producción de cocaína y la existencia de flujos de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que están buscando sumarse o crear organizaciones delictivas para actuar en el tráfico de drogas y otros ilícitos.

Mientras tanto, en nuestra ciclotímica Argentina, en donde pasamos de las profecías de final anticipado del Gobierno de Cambiemos a mediados del 2017, helicópteros de plástico de por medio como souvenirs, al contundente triunfo del oficialismo en octubre, a un febrero de 2018 donde desde algunos sectores sindicales y políticos se vuelve a diagnosticar o, mejor dicho, desear el final anticipado, habrá que tomar en cuenta la ausencia de referencias apocalípticas sobre nuestro país en el informe de inteligencia norteamericano.

Desde ya, los deseosos de la inestabilidad institucional recurrirán a un menú de explicaciones ad hoc: los norteamericanos no saben hacer inteligencia, buscan esconder los problemas terminales que presenta el Gobierno argentino. O que, pese a los esfuerzos de la Casa Rosada, la Casa Blanca no mira ni le interesa la Argentina. Por esas vueltas de la psiquis humana, la herencia traumática del 2001 y los intereses políticos e ideológicos, son los mismos que tienden a ver a Venezuela sin mayores problemas y no registran la reciente derrota de Rafael Correa en Ecuador, por el 68% de los votos. Como decía Albert Einstein, hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y sobre la primera de ellas tenía ciertas dudas.

El biodiésel pyme, un aliado para la Argentina sustentable

Por Alejandro Abad - Infobae.com

La utilización de biodiésel en vehículos a motor como autos, camiones, colectivos, genera un impacto muy positivo en el medio ambiente, ya que reduce la emisión de gases de efecto invernadero, principales responsables del calentamiento global.

En nuestro país, todos los autos gasoleros circulan con mezcla de biodiésel en sus tanques. Este reemplazo del 10% de gasoil por biodiésel generó un ahorro de emisiones de gases por 800 mil toneladas anuales, equivalente a la emisión de 274 mil vehículos en un año. Para absorber esas toneladas y evitar el efecto invernadero se hubiese necesitado plantar una superficie mayor a la Capital Federal de bosques de eucalipto. El impacto positivo está claro.

El biodiésel argentino se produce a partir del aceite de soja, es energía sustentable y es producido por alrededor de 30 pymes de capitales argentinos que generan 9.300 puestos de trabajo. Estas pymes nacieron bajo la ley 26093, creada para fomentar las economías regionales y la industrialización del campo bajo una matriz de energía sustentable.

Esta industria nace para ser regulada principalmente porque buscó regionalizar la industria llevándola a lugares a los que sin incentivo no se hubiesen instalados industrias (por ejemplo, Catriló, Nogoyá, Daireaux), con verdadero impacto en esas economías. 

También esta ley establece límites de producción, por lo que son plantas con capacidad de hasta 50 toneladas. Como referencia, las grandes productoras de biodiésel para el mercado exportador producen el doble y están ubicadas cerca de los puertos.

Por estas razones es que la industria pyme que abastece el mercado local no puede operar sin estar regulada, ya que no está pensada para el libre mercado y las inversiones que realizaron empresarios locales fueron bajo reglas de juego que brindan previsibilidad. El mercado no siempre es la manera más eficiente de administrar recursos, cuando el objetivo es el de mejorar las economías del interior del país. Existen algunas críticas a este sistema regulado que argumenta que una hipotética liberación del mercado tendría consecuencias positivas en la baja del precio del gasoil en surtidor. Pero sabemos que esto no es así, por un lado, porque la incidencia del biodiésel en el precio final es muy baja y, por otro, porque la variación del precio del biodiésel (cuando este ha estado muy por debajo del precio del gasoil) no ha incidido en una mejora del precio para el bolsillo del consumidor.

El mundo está yendo hacia el fomento de las energías renovables, el uso del biodiésel es aplicado en todo el mundo, para la Argentina es estratégico porque tiene materia prima para hacerlo posible. La soja representa la posibilidad de convertir materia prima en un producto industrializado que sustituye la importación del gasoil: el biodiésel.

Por estos motivos, las pymes productoras de biodiésel son un aliado para acompañar en el camino hacia una Argentina energéticamente autosustentable, fomentar las economías regionales y la industrialización del agro, y preservar el medio ambiente para las futuras generaciones.

El autor es presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles.

Sin fronteras entre la defensa y la seguridad

Editorial del diario La Nación

La reglamentación de la ley de defensa nacional vigente impide a las Fuerzas Armadas participar en una guerra híbrida como son las del siglo XXI

La próxima Cumbre del G-20, que se realizará en nuestro país, es un desafío que también permite constatar que la frontera entre defensa y seguridad hoy no es clara pues las amenazas se desarrollan en ambos campos. El protocolo de seguridad del G-20, exigido para el país sede, exige que se utilicen todos los medios: fuerzas policiales, de seguridad y armadas. Ahora bien, ¿la amenaza que plantea la seguridad del G-20 es interna o externa?

Se trata por lo general de una amenaza externa que se desarrollaría en el país en el que tiene lugar la cumbre. La participación militar que prevé el protocolo alcanza a aviones de combate y vigilancia, buques, baterías antiaéreas, radares y despliegue terrestre para reforzar a las fuerzas policiales y de seguridad.

De acuerdo con la legislación vigente en la Argentina, dicha participación militar es ilegal. La arbitraria reglamentación de la ley de defensa nacional fue establecida por decreto en la gestión ministerial de Nilda Garré, avanzando sobre la ley de defensa de 1988, de acuerdo con la cual la amenaza externa es misión de las Fuerzas Armadas y la interna corresponde a las de seguridad y policiales, pero sufrió una alteración en esta reglamentación, dado que el instrumento militar solo puede ser empleado ante una amenaza externa si esta proviene de una fuerza armada regular de otro Estado.

La amenaza de seguridad sobre la Cumbre del G-20 difícilmente provendría de una fuerza regular de un Estado, sino de organizaciones no estatales, como ocurre con distintas variantes del terrorismo internacional. Además, la doctrina militar moderna en las Fuerzas Armadas occidentales plantea que el conflicto del siglo XXI es la llamada "guerra híbrida", en la cual un Estado no actúa como tal, sino a través de fuerzas irregulares y acciones de ciberguerra para alcanzar un objetivo militar en función de los intereses de un Estado, pero sin que este participe. Las academias militares de los países occidentales ponen como ejemplos la secesión de Ucrania y las guerras de Irak, Siria y Afganistán, entre otras. A ello se suman los conflictos que derivan de los proyectos de secesión.

De acuerdo con la reglamentación de la ley de defensa nacional vigente, las Fuerzas Armadas argentinas no podrían participar en una guerra híbrida, como es la del siglo XXI. Hoy, las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales tienen miles de sus integrantes procesados y centenares detenidos por haber cumplido "órdenes ilegales" durante los años 70. Concretamente, en 2017, en 25 sentencias fueron condenadas 205 personas por esta causa, siendo el récord cuantitativo desde 2013.

Sin una modificación del decreto reglamentario, que claramente viola el texto de la ley de defensa nacional, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad de la Cumbre del G-20, así como de sus equipos y materiales, es ilegal y quienes la ordenen y la lleven a cabo estarán impartiendo o cumpliendo órdenes que no son legales.

Faltan diez meses para esta cumbre, que será el hecho central en la política exterior de la Argentina, y urge que se resuelva este tema, que se soluciona mediante un nuevo decreto reglamentario de la ley de defensa nacional que elimine la arbitraria e ideologizada limitación puesta durante el gobierno de Cristina Kirchner, por el cual las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente a una amenaza externa proveniente de una fuerza armada regular.

Hacerlo no es solo poder concretar bajo el orden legal la participación militar en la Cumbre del G-20, sino también adecuar la norma al conflicto moderno que es la guerra híbrida y permitir al Estado un uso integral de los medios limitados con que cuentan las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

Es curioso que, a más de dos años de la asunción de Mauricio Macri, no se haya producido esta modificación a la reglamentación de la ley de defensa nacional, que fue pieza clave en la política militar del kirchnerismo, sobre todo cuando se aproximan las urgencias y los desafíos que, en materia de seguridad, implica la Cumbre del G-20, que tendrá lugar a fin de año.

La "task force" de Bullrich en el NEA tiene olor a humo

Por FERNANDO OZ - Ambito.com

La DEA y HOMELAND instalaran una base operativa en Posadas.

Foto: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al titular de la DEA, Robert Patterson.

Alguien le vendió humo a la ministra Patricia Bullrich y la DEA aprovechó la ocasión. La idea de instalar una "task force" contra el crimen internacional y el narcotráfico en la provincia de Misiones es vieja, alucinada y ni siquiera resolvería el contrabando de productos baratos como las zapatilla truchas que aún se venden en La Salada. Y la imagen de un analista del FBI monitoreando a los militantes del Hizbulá que viven en la localidad paraguaya de Ciudad del Este y en la brasileña Foz do Iguaçu desde algún búnker en Posadas sólo puede ocurrírsele a alguien con exceso de series norteamericanas por Netflix.

Viví cuatro años en la Triple Frontera, otros cuatro en la ciudad de Posadas, y llevo 20 recorriendo cada centímetro de la extensa frontera de Misiones. El día que se desmoronaron las Torres Gemelas en Nueva York me encontraba en Ciudad del Este, comprando repuestos de computadoras a unos comerciantes libaneses. Allí conocí contrabandistas de todos los colores, espías de diferentes nacionalidades, buenos y malos integrantes de todas las fuerzas de Seguridad, militares de inteligencia que apostaban fortunas en casinos, aduaneros millonarios, políticos de nariz empolvada y ojos desorbitados, vendedores de trotyl, falsificadores de pasaportes, chinos que traficaban chinos, colombianos buscando nuevos talentos, las celdas que sabía tener la casa que ocupó la Sección Triple Frontera de la División Unidad Antiterrorismo (DUIA) de la Policía Federal en Puerto Iguazú tiempo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y en el pie izquierdo tengo tatuados los pasos ilegales de la frontera jujeña y salteña con Bolivia.

Hasta el día de hoy nadie pudo desmantelar ninguna célula terrorista en Ciudad del Este ni en Foz. Para la mayoría de los ciudadanos que profesan alguna de las dos principales variantes del islam -en especial para los chiitas- en la región, el Hizbulá no es más que un partido político con un brazo armado; incluso algunos libaneses con importantes intereses económicos en Brasil y Paraguay lo comparan con los Montoneros y otros grupos armados del peronismo de los 70. Pero hay otro dato, que las agencias de inteligencia saben muy bien, la gran mayoría de musulmanes que viven en la Triple Frontera son sunitas y no tienen nada que ver con el Hizbulá.

En términos geopolíticos, Misiones tiene todas las característica de un Estado tapón. Se la podría comparar con Jordania, entre Israel, Irak y Arabia Saudita, o como lo que fue Afganistán en épocas de la India británica y el imperio Ruso. Para los espías, de varios países, Misiones es una suerte de dormitorio, como lo fue Casablanca bajo el control del Gobierno de Vichy. Misiones parece caerse del mapa argentino. Tiene 1.391 kilómetros de frontera, de los cuales sólo 124 lindan con el territorio nacional; 900 con Brasil y otros 367 con Paraguay. Hay 34 pasos fronterizos, en algunos casos son los puentes que cruzan sobre el cauce de los ríos quienes nos indican dónde es allá y dónde aquí, en otros casos no es más que una simple línea pintada sobre unas pocas cuadras que finalizan con montes hacia ambos lados.

Los asesores de Bullrich deberían saber que Misiones no es Colombia y menos México, que la mayoría de las drogas que ingresan al país lo hacen a través del Puerto de Buenos Aires o en vuelos privados que aterrizan en aeropuertos legales, y que jamás van a frenar el contrabando en un Estado Tapón que surgió del contrabando. También deberían saber que logísticamente y operativamente es más fácil custodiar los 124 km que tiene Misiones con Corrientes y no los 1.267 km de frontera con Brasil y Paraguay. Focalizar la seguridad en el aquel cuello de botella no significaría ceder soberanía ni desproteger a los ciudadanos. Los asesores deberían decirle a la ministra que pongan el ojo la isla Yacyretá, o en la isla Apipé Grande. Una "task force" en Posadas no es más que un buen negocio, como los operativos falsos que se hacen para mejorar las estadísticas.

Una mano negra en el conflicto de los transportistas

Editorial del diario La Nación

Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad lo desquician hoy extorsionando a las autoridades públicas

La violencia ejercida por transportistas de granos autoconvocados en los últimos diez días excede los límites de una protesta legal; es parte de la misma anarquía social que impide bajo cualquier pretexto el desplazamiento de personas y vehículos en los centros urbanos y condena el uso legítimo de la fuerza por agentes policiales o de seguridad contra delincuentes captados in fraganti.

El que no quiere ver ni oír, y desdeña los postulados sobre libertad de trabajo, de comercio y de tránsito consagradas por la Constitución nacional, o desatiende las evidencias de la opinión mundial de que es difícil invertir en un país con desorden epidémico y costos internos irrazonables, se constituye en cómplice de la Argentina encapuchada. Y condena a sus hijos a vivir en un país que se ha ido desplazando hacia la mediocridad en los últimos 70 años.

Los transportistas que han actuado como mafia atacando vehículos detenidos y en movimiento, volcándoles los granos producto del trabajo y de la inversión de otros están libres para seguir imponiendo la fuerza. Ellos mismos son propietarios de camiones que pararon las actividades en reclamo de una tarifa única para el transporte de la mercadería por el país. Ni son trabajadores en relación de dependencia ni integran alguna de las dos entidades gremiales del sector.

La discordia de la semilla violenta está sembrada por doquier. Cuenta con teóricos que la apañan, como quedó comprobado en medio de las manifestaciones de ira descontrolada de fines de año contra el regular funcionamiento del Congreso de la Nación. Quienes deberían cuidar el valor del capital en una sociedad progresista de verdad lo desquician hoy a fin de presionar a las autoridades para que se les pague por el transporte lo que ellos entienden justo.

Olvidan el valor de la libre contratación, que suele ser violentado en las actividades rurales de forma tan inaudita que los camioneros entran en campos para exigir que el traslado de un lugar a otro de los granos o hacienda se realice según sus intereses.

El material rodante para la carga de granos no es precisamente de última generación como promedio. Peor aún, hay desinterés generalizado de sus propietarios en agregar a las unidades un eje más, con lo cual no solo podrían aumentar el peso de la carga y disminuir así hasta un 18% el costo de los fletes, sino también contar con más superficie de apoyo de los camiones para que haya menor daño del que desaprensivamente causan en las rutas. El valor por el traslado de maíz desde Salta hasta alguno de los puertos del área rosarina representa el 45% del valor bruto del cereal; desde Río Cuarto, el 31%. Un estudio de FADA, de 2016, documentó que el campo gasta anualmente 48.500 millones de pesos en fletes, o sea, el 14,5% como promedio de sus costos.

El conflicto debe resolverse en el ámbito del Ministerio de Transporte. Su titular, Guillermo Dietrich, ha amenazado con iniciar acciones penales contra quienes están delinquiendo, al perturbar el trabajo y el comercio y, en ciertos casos, produciendo daños inequívocos, como al volcar granos en caminos. Las bolsas de cereales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos han exigido en igual sentido garantías de circulación. Lo llamativo es que ninguna autoridad judicial haya dispuesto actuar de oficio.

¿Quién va a pagar por el tiempo ocioso de buques que esperan la carga para salir a alta mar? ¿Quién se hará cargo de los perjuicios que se causan a la industria de la alimentación o en la crianza de animales? ¿Quién compensará al Estado por las pérdidas consiguientes en los ingresos que provienen del comercio exterior?

Es de práctica anual que en febrero y noviembre los productores, acopiadores y transportistas agrupados en organizaciones debidamente reconocidas acuerden, frente a la autoridad gubernamental, las tarifas orientativas para el ciclo. En eso se está. Deseamos que primen el sentido de la responsabilidad y el diálogo y la conciencia de que los costos internos son de por sí abrumadores para el campo.

Si hay un acuerdo oficial a la brevedad y la violencia de estos días persiste, no hay dudas de que una mano negra, bien negra, estuvo conspirando contra la estabilidad institucional, ya jaqueada por otros lados.

Cómo es la agenda "estratégica" de Rex Tillerson

Por Rosendo Fraga - Infobae.com

En la visión de Washington, la deriva antidemocrática del régimen de Maduro y la seguridad del G20 son cuestiones relevantes en la relación con Argentina. El secretario de Estado también visitará la empresa estatal INVAP, que construirá un reactor nuclear para Holanda.

La que se inició el jueves en México es la primera gira del secretario de Estado de los Estados Unidos por América Latina, que incluirá también a Argentina, Colombia, Perú y Jamaica. Pero de hecho se trata de la segunda gira de un integrante de la administración Trump de primer nivel, dado que en agosto del año pasado visitó la región el vicepresidente Mike Pence, quien estuvo en Colombia, Chile, Argentina y Panamá.

Analizadas en conjunto, ha sido visitado México, un país de América Central, otro del Caribe y cuatro de América del Sur. Pero solo dos países han estado en las dos giras: Colombia y Argentina. El primero, un aliado histórico de los Estados Unidos en América Latina; el segundo, un aliado reciente pero firme.

Esta circunstancia hace que, pese a los grandes cambios en la política estadounidense, el tránsito de Obama a Trump no altere el lugar especial que ocupa Argentina en la relación de Washington y la región. Pero cabe recordar que ya en el primer encuentro del presidente estadounidense con Mauricio Macri, Trump planteó la divergencia de prioridades al decir: "Él me hablará de limones y yo de Corea del Norte". Mientras seguramente Rex Tillerson recibirá los reiterados reclamos de Argentina sobre la apertura del mercado de los Estados Unidos para el biodiesel y los limones, la visión del secretario de Estado es ante todo estratégica. Lo pone en evidencia con su decisión de comenzar su visita al país viajando directamente a Bariloche, para conocer el INVAP, la empresa estatal rionegrina que acaba de ganar una licitación en Holanda para vender un reactor nuclear de investigación.

Si el funcionario estadounidense estará en Argentina dos días y uno en Colombia, Perú y Jamaica en cada caso, es por esta visita a esta empresa que pone a la Argentina en el primer lugar de América Latina en materia de tecnología nuclear y satelital. El éxito en Holanda no es un hecho aislado. Ya hace una década, INVAP vendió un reactor nuclear de investigación a Australia —al igual que Holanda, no tiene restricciones políticas en materia de acceso a la tecnología— y a Perú, Egipto y Argelia. Tiene en marcha cuatro más, uno de ellos para Brasil y otro para Arabia Saudita.

Ya el año pasado, cuando visitó la Argentina, el Presidente de Italia dedicó uno de los dos días en Argentina para visitar el INVAP en Bariloche. La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos subraya así la importancia de un emprendimiento argentino que quizás no tiene en el país la atención que merece.

El tema Venezuela es central en la gira regional de Tillerson, dada la crítica evolución de la situación en este país. No puede descartarse en el futuro que sea necesaria la intervención de una fuerza multinacional de paz, si es que la crisis deriva al campo de la violencia. Este es un punto que comienza a discutirse, porque los acontecimientos pueden precipitarse.

La otra cuestión es que la crisis puede requerir una intervención en materia de asistencia alimentaria, si hay un cambio en las condiciones políticas, dado que la hambruna se va extendiendo en el país.

En ambos casos el problema es que Venezuela es un país que supera los 30 millones de habitantes, lo que no hace fácil ni el empleo de una fuerza de paz ni una asistencia alimentaria masiva como será necesaria para contener la crítica situación social. Pero es en este campo donde Argentina puede tener un papel central, dado que es el segundo exportador de alimentos de América después de Brasil y el mayor exportador per cápita del mundo.

La otra cuestión estratégica que está en la agenda bilateral es la Cumbre del G20, que tendrá lugar el 30 de noviembre y el 1º de diciembre y a la que asistirá el presidente Donald Trump, quien el 12 de abril también estará en Lima para asistir a la Cumbre de las Américas. Pero en el caso del G20 la gran cuestión organizativa es la seguridad, dado que estarán en la capital argentina los jefes de gobierno de los países más importantes del mundo.

Está claro que Argentina, con su sistema de defensa obsoleto y en crisis, requiere la cooperación extranjera y que Estados Unidos es el país del mundo con más capacidad para hacerlo. También lo es que, dada la pugna global, China y Rusia han ofrecido su cooperación en esta materia. El vínculo entre Washington y Buenos Aires será clave para la resolución del problema.

Pero la Argentina viene atrasada en sus tareas en este campo. La modificación del decreto 727 que reglamenta la ley de defensa, que el Presidente había dispuesto que se realizara inmediatamente después de la elección, para permitir que medios y efectivos de las Fuerzas Armadas cooperaran, se sigue demorando y ello complica la organización de la seguridad del G20.

En conclusión, la visita de Tillerson confirma que la relación entre Estados Unidos y Argentina pasa por el mejor momento en 17 años y que, en la visión de Washington, la crisis de Venezuela, la seguridad del G20 y la proyección del INVAP son cuestiones estratégicas relevantes en la relación con Argentina.

El autor es analista político e historiador. Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

El ajuste "salvaje" anunciado es de 0,47% de la masa salarial del sector público

Por Roberto Cachanosky - Infobae.com

Sin duda los anuncios de reducción de gasto público que realizó el presidente Mauricio Macri, apuntan en la dirección correcta.

Si bien da para el debate el hecho de que parientes de funcionarios públicos no puedan ocupar puestos en el estado, lo cierto es que con el kirchnerismo el nepotismo era un escándalo y Cambiemos estaba copiando parte de esa mala costumbre. Digamos que la medida es una discriminación, ya que si yo fuera funcionario y un sobrino mío consiguiera un puesto por su capacidad y sin mi influencia, quedaría marginado solo por ser pariente.

La medida se entiende solo como señal de frenar el nepotismo de los últimos años, pero no sé si debiera ser algo permanente. Hoy es una señal de comportamiento ético del gobierno de turno con esta medida. Se compromete a que no haya nepotismo, al menos a nivel nacional.

Respecto a los números veamos el impacto en cuanto al nivel de baja del gasto público. Si la reducción del gasto en salarios de funcionarios políticos es de $1.500 millones, como lo indicó el Presidente, esto significa una reducción del 0,47% de la masa salarial de la Administración Pública Nacional que, según el Presupuesto 2018, tiene previsto pagar sueldos entre la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de la Seguridad Social, por $319.128 millones. El ahorro sobre el gasto público total de la Administración Pública Nacional, que es de $2,9 billones, es del 0,052% del gasto total.

 La masa salarial de la Administración Pública Nacional es de $319.128 millones.

¿En cuánto contribuye a bajar el déficit fiscal las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri? El déficit fiscal, incluyendo los intereses de la deuda, como corresponde medirlo, fue del 5,9% de PBI en 2016 y del 6,1% del PBI en 2017. Los$1.500 millones de ahorro en sueldos de funcionarios políticos son equivalentes al 0,012% del PBI proyectado por el Gobierno para 2018 y del 0,015% del PBI de 2017, tomando los datos del Presupuesto para el corriente año.

Es decir, lejos se está de una reducción mínimamente significativa del déficit fiscal salvo que esto que se anunció hoy continúe en el tiempo. Es decir, que estas reducciones de gasto público, no solo en salarios, se vayan extendiendo en otros rubros del gasto público a lo largo de los años.

 Lo anunciado por el Presidente es como volver al 10 de diciembre de 2015 cuando asumió

En efecto, como puede verse en el cuadro precedente, la estructura de la Administración Central aumentó 18,2% entre 2015 y 2016. Si bien ahora hay un par de Ministerios menos, reducir un 25% los cargos, si va acompañado con una reducción de la estructura del Estado en el mismo porcentaje es casi como volver al punto de partida. Es decir, al nivel de estructura burocrática que dejó el kirchnerismo, que a su vez, ya había crecido enormemente respecto a 2003, momento en que ya el gasto público era alto.

Por ejemplo, en 2003 había 12 Ministerios, con el kirchnerismo treparon a 18 y con Cambiemos llegaron a 23 para luego bajar a 21. Siempre de acuerdo a datos del  Centro de implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento (Cippec), en 2003 había 67 organismos descentralizados, en 2015 se amplió a 88 organismos y en 2016 se redujo a 87. En 2003 había 44 empresas públicas, en 2015 habían trepado a 55 y en 2016 a 56. Es decir, el Estado fue creciendo sistemáticamente incluso desde la primera Constitución Nacional de 1853/60 que establecía 5 ministerios.

 El Estado fue creciendo sistemáticamente incluso desde la primera Constitución Nacional de 1853/60 que establecía 5 Ministerios

Con el general Julio Roca se hace una reforma Constitucional y los eleva a 8 Ministerios y hoy día la Constitución no marca cuántos ministerios puede haber. Quedó a gusto del gobierno de turno, lo cual hace que la estructura estatal no tenga diques de contención institucionales.

El kirchnerismo dejó un descalabro fiscal fenomenal con un déficit fiscal récord. Cambiemos profundizó ese problema en sus primeros 2 años de mandato incrementando el empleo público y la estructura estatal.

Ahora vuelve hacia el punto de partida pero, aunque no luzca simpático decirlo, es fenomenal el nivel de esfuerzo fiscal que hay que hacer para tener una reducción del déficit a niveles manejables. Aclaremos que, además, el problema de fondo no es el déficit fiscal sino el nivel de gasto público. No es solo cuestión de cerrar las cuentas fiscales, sino de no ahogar al sector privado con mayor carga tributaria.

De los 4 mecanismos que tiene el Estado para financiar el gasto público: 1) impuestos, 2) deuda interna, 3) deuda externa y 4) emisión monetaria, el Gobierno está utilizando los 4 y aun así no pueden terminar de controlar el déficit fiscal. En definitiva, sin desmerecer la buena señal que ha dado el presidente Mauricio Macri al controlar el gasto en los cargos políticos, de la modesta baja del gasto público que proponen, pero baja al fin, mi único punto es que esto es claramente insuficiente para dominar el fenomenal lío dejado por el kirchnerismo.

El desmadre es muy grande y requiere de una audacia fenomenal para controlarla. Ahora, si esta baja del gasto se continúa en el tiempo, es decir, en varios años más, junto con otras medidas adicionales, vamos a estar en el camino adecuado, por más que el kirchnerismo y los progres hablen de ajuste salvaje por una baja del 0,47% de la masa salarial estatal. Entonces, los inversores empezarán a prestarle atención a la Argentina y podemos llegar a empezar a torcer 70 años de lacerante decadencia económica.