Por Pablo Fernández Blanco - LA NACIONLa compañía se llama Remasa; cobró esa suma de la firma estatal por servicios que no completó; críticas de la actual administración.
El provecho económico que Cristóbal López le sacó al kirchnerismo estuvo lejos de limitarse a una deuda de $ 8000 millones impaga con la AFIP o a la compra de empresas petroleras, de medios o alimentarias. Remasa, una compañía joven y casi desconocida relacionada con el empresario patagónico, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones por servicios que no completó, en el marco de un contrato que originalmente duraba dos años, pero se extendió por seis. Así lo corroboró LA NACION sobre la base de información de diversos organismos públicos.
La relación comercial entre Remasa y Enarsa comenzó en 2006, cuando estaba al frente de la empresa estatal Exequiel Espinosa, un ejecutivo que había trabajado para el empresario patagónico y se hizo célebre porque un avión que pagó la compañía estatal en su gestión trajo al país al venezolano Guido Antonini Wilson con US$ 800.000.
El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato. La terminó hace algunas semanas y la pasó a la Oficina Anticorrupción, que maneja Laura Alonso. En forma paralela, le pidió a un estudio de abogados que analizara las pruebas en contra de la empresa relacionada con López para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia penal.
La relación con López está dada por el directorio de Remasa. El presidente era Carlos Leone, quien también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario, mientras que el vicepresidente era Raúl Esteban Zamora, quien tenía domicilio en la misma dirección donde funcionaban las oficinas de Oil M&S (el séptimo piso de Córdoba 657, en la ciudad de Buenos Aires), una empresa del Grupo Indalo, el holding de López.
Voceros de López aseguraron a LA NACION que ni el empresario López ni ejecutivos del grupo fueron accionistas en Remasa. Y que el holding del empresario le hizo sólo dos obras chicas. Según el acta de directorio del 30 de noviembre de 2006, Enarsa le adjudicó a la compañía Registros Mineros SA (Remasa) la confección del Proyecto de Base Integral de Datos de Hidrocarburos, que tenía por objetivo reunir en un solo espacio información geológica de todas las provincias. Allí aparecen dos grandes irregularidades: por un lado, la compañía estatal le otorga a una empresa relacionada con un empresario petrolero el manejo de información sensible a la que no tenían acceso sus competidores. Las fechas son también sugestivas. Si bien Remasa ganó la licitación a fines de 2006, recién quedó inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 22 de febrero de 2007, casi tres meses después de haberse quedado con un negocio millonario.
El hecho de haberse presentado "en proceso de creación" no le impidió a Remasa torcerles la muñeca a Halliburton y Schlumberger, posiblemente las dos mayores compañías de servicios petroleros del planeta. Ambas perdieron a manos de la firma autóctona, que hasta ese momento no pudo acreditar experiencia en el manejo de los datos que se le pedía.
La fortaleza de Remasa estuvo en el pliego de la licitación. Según la evaluación que hizo Enarsa, la joven empresa presentaba antecedentes técnicos similares a los de las compañías internacionales, según un documento que vio LA NACION.
La auditoría de Enarsa indica que la matriz utilizada para calificar y ponderar las propuestas fijó el mayor puntaje al enfoque general del proyecto, a la solución técnica y a la metodología de implementación, que se hizo de forma arbitraria.
Además, el pliego de la empresa estatal de energía no contó con cláusulas que restringieran la participación de empresas con posibles conflictos de intereses, algo que les permitió a los directores de empresas de López contar con información a la que otras petroleras no podían acceder. Desde febrero de 2007 hasta junio del año pasado, Enarsa renovó sistemáticamente el contrato con la compañía vinculada a López. Pasaron ocho años, cuando la relación comercial prevista originalmente era de dos años.
En marzo de 2009, con la primera renovación, el directorio de la compañía estatal aprobó un incremento del 5% en los honorarios, pero los costos para la empresa superaron el 53 por ciento. Y se estableció el monto a pagar en dólares (algo que se repitió hasta el final del contrato), cuando la moneda original del convenio eran los pesos.
Las irregularidades continúan y se extienden a otras empresas. Enarsa contrató a la consultora ADQ para evaluar la razonabilidad de contratar a la empresa de López. Primera rareza: la compañía estaba en concurso preventivo de acreedores, una condición desfavorable para sumar cualquier trabajo, algo que no le importó a la compañía que manejaba Espinosa.
El consultor de tecnología de esa consultora también prestaba en ese momento servicios para Conexia, otra consultora a la que Enarsa contrató más tarde para el soporte técnico, control y cumplimiento del contrato con Remasa. Hasta el momento del contrato, la firma no tenía experiencia ni personal con experiencia en esa clase de trabajos. Le pagaron $ 17 millones.
A la medida del empresario K
Una concesión polémica - Remasa, una compañía casi desconocida relacionada con él, recibió de Enarsa, la empresa estatal de energía, pagos por $ 490,48 millones en servicios que no completó
Los vínculos - El presidente de Remasa era Carlos Leone, que también condujo Paraná Metal, la autopartista del empresario. Raúl Esteban Zamora, el vice, tenía domicilio en la las oficinas de la petrolera Oil
La investigación - El convenio está bajo investigación. La nueva gestión de Enarsa, a cargo de Hugo Balboa, ordenó una auditoría sobre el contrato
