Terreno muy codiciado: el Gobierno muda la TV Pública y ya arrancó la carrera por un gran negocio inmobiliario

(iProfesional.com) - Las hectáreas que ocupan las instalaciones de la ex ATC cotizan a no menos de u$s45 millones. Esa superficie en Recoleta y cerca de Barrio Parque es muy codiciada por los desarrolladores. El macrismo planea el traslado de la señal de aire a Tecnópolis, junto con radio Nacional, Encuentro y Paka Paka

Mientras los Juegos Olímpicos y los avatares del tarifazo acaparaban la atención de los medios de comunicación, el Gobierno -perfil bajo- aprovechó para deslizar una noticia de gran importancia.
En concreto, puso en marcha la "Fase 1" de su plan orientado a modificar la estructura de los medios estatales.

La primera decisión ya está tomada: mudar la emblemática TV Pública antes de diciembre, según confirmaron a iProfesional fuentes de Cambiemos.

Así, toda la actividad del canal pasará a ejecutarse en las instalaciones que el oficialismo comenzará a levantar en Tecnópolis, Villa Martelli, sobre la avenida General Paz a la altura de Constituyentes.
En una instancia posterior, prevé la instalación de Radio Nacional en ese mismo lugar.

La hoja de ruta que Hernán Lombardi, titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, le acercó a Mauricio Macri no contempla, al menos por el momento, el traslado de Télam. Eso sí: la agencia oficial de noticias tendrá que funcionar en sintonía con la TV Pública y con Radio Nacional. Sobre todo, en lo que hace a la línea editorial. Desde Télam, una fuente gremial aseguró a iProfesional que el macrismo ya les informó a la plana mayor del medio que la redacción permanecerá en el edificio de Belgrano al 300.

Al mismo tiempo, el Sistema Nacional de Medios Públicos notificó que la mudanza de la ex ATC se llevará a cabo antes de fin de año. "La idea es evitar una mayor conflictividad gremial. Lo que proponen es tener a todos los medios centralizados, para así poder construir un discurso más efectivo", aseguró el representante sindical consultado por iProfesional. "Además de la TV Pública, la mudanza contempla tanto al canal Encuentro como a Paka Paka", expresó.

Conocida la noticia, referentes del sector de las telecomunicaciones no tardaron en hacer una lectura adicional: Macri le puso fin al proyecto del polo audiovisual en la isla Demarchi que impulsara el kirchnerismo. En su momento, había sido anunciado con bombos y platillos por Cristina Kirchner y contemplaba la radicación en esa superficie de los medios estatales. "Va a tener la magnitud del Central Park de Nueva York", decía CFK sobre el proyecto en la isla, al tiempo que daba cuenta de una "torre que iba a ser la más alta de Latinoamérica". Con 335 metros, aseguraba la ex mandataria, "se convertirá en el símbolo de la Ciudad de Buenos Aires"

Para unas de las fuentes consultadas, en este "punto final" por parte de Macri a la isla Demarchi subyace cierto olor a "revancha sobre aquello que fuera una de las ideas más rimbombantes del kirchnerismo".

Por otro lado, la fuente consultada expresó que hay gran expectativa sobre "cómo se llevará a cabo la construcción en Tecnópolis y qué características tendrán los estudios que se levantarán en Villa Martelli".

Arte y ladrillo

La ya definida mudanza de la TV Pública a la Provincia dejará libre una superficie de tres hectáreas nada menos que en Recoleta y muy cerca del codiciado Barrio Parque. Según pudo averiguar iProfesional, entre las alternativas pensadas figura la de darle vida a un espacio cultural. En este sentido, Lombardi apunta a que buena parte del edificio ubicado sobre la Avenida Figueroa Alcorta y Tagle sea utilizado para la ampliación del actual Museo de Bellas Artes.

Como era de prever, también han surgido algunas voces que dan cuenta de que el Gobierno porteño podría destinar parte de esas tierras, tan valoradas por cierto, a la concreción de un proyecto inmobiliario. Desde Reporte Inmobiliario indicaron a iProfesional que la incidencia del metro cuadrado del terreno solamente (es decir sin construir) en esa zona de Capital Federal promedia los 1.500 dólares.

El predio en el que opera la TV Pública:

En base a esa valuación, el lote tiene un valor de mercado del orden de los u$s45 millones.
"Lombardi quiere armar un polo cultural usando para ello el edificio del canal como una extensión de Bellas Artes", aseguró un especialista inmobiliario con llegada a Cambiemos. Además, "busca combinar la propuesta de las dos instalaciones con el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)", añadió.

Desde el Observatorio del Derecho de la Ciudad su referente, Jonatan Baldiviezo, aseguró que la intención del Gobierno es la de desprenderse de una parte del terreno para hacerse de fondos frescos provenientes de los desarrolladores. "Las posibilidades de venta del predio de Canal 7 son siempre enormes. Detrás de movimientos como los de esta mudanza, subyace una decisión previa: negociar parte de esas tierras con algún operador inmobiliario", aseguró a iProfesional. "El Gobierno ya tiene decidido apurar el traspaso y que se efectúe antes de diciembre. Demorarlo al 2017, que es un año electoral, puede implicarle pagar un alto costo político", completó.

Al mismo tiempo, vinculó este plan de mudanza de la TV Pública con la reciente creación de la "inmobiliaria PRO", de la que diera cuenta iProfesional. "La Agencia de Bienes del Estado seguramente le transferirá la potestad del edificio del viejo ATC a la Ciudad para que se haga cargo de lo que se decida vender", expresó.

Para Baldiviezo, la decisión de desarticular el proyecto kirchnerista en la isla Demarchi también se enmarca en la línea de pensamiento de Horacio Rodríguez Larreta: poner a la venta el mayor número posible de terrenos son de propiedad estatal. "La Agencia de Bienes ya comenzó a tener control incluso de lo que pertenece al Estado nacional dentro de la Ciudad", dijo el referente Observatorio del Derecho de la Ciudad. A modo de ejemplo, sostuvo que el predio de la TV Pública correrá la misma suerte de la zona de la Villa Olímpica, que viene de ser un parque público. "En breve conoceremos cuál es el plan inmobiliario pensado para el lugar donde estuvo ATC", completó.

Un espacio emblemático
Las instalaciones donde hoy funciona la TV Pública fueron construidas como parte de las obras pautadas para el Mundial de fútbol de 1978. En ese espacio se generaron imágenes en blanco y negro y en color correspondientes a partidos luego transmitidos a Europa, África, resto de América, Asia y Oceanía. Concluido el Mundial, las estaciones de transmisión y procesamiento de datos quedaron bajo la órbita de Canal 7 que, a partir de entonces, comenzó a operar bajo el nombre de Argentina Televisora Color (ATC).

El canal se ubica sobre un predio vecino a edificios que le suman cotización. Tal es el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el citado MALBA, el Centro Cultural Recoleta y el Buenos Aires Design, además de la ya célebre escultura de la flor.

El terreno limita con las calles Austria y Tagle, la avenida Figueroa Alcorta y las vías del ferrocarril Mitre. "Es un área de un valor millonario para el plan inmobiliario del PRO que, en los últimos años, ha ido liberando superficies costeras para llevar a cabo megaobras", afirmó Baldiviezo.

El polo que no fue
La decisión de mudar la TV Pública, radio Nacional, Encuentro y Paka Paka a Villa Martelli sepultó la idea kirchnerista de concentrar medios y potenciales estudios de filmación en la isla Demarchi.
En 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunció la construcción de una torre y un ambicioso plan. Pero lo cierto es que nada de eso se materializó. De hecho, la constructora Riva -que se alzó con la licitación- no movió una sola bolsa de cemento pese a que, en su momento, se había comprometido a llevar adelante un proyecto por más de $2.500 millones.

Un dato curioso: la sociedad entre el Estado y Riva finalmente nunca se rubricó. Por el contrario, al poco tiempo de anunciada la mega torre, el Gobierno formó e inscribió Nuevos Aires del Sur para que apuntale el proyecto de Demarchi.

Dueña de un capital accionario de $620 millones, la firma duró un corto tiempo aunque llegó a contar con Axel Kicillof como su presidente (al mismo tiempo que desempeñaba funciones de ministro de Economía). Esto, además de incluir a Diego Bossio (ex ANSES) y Alfredo Scoccimarro (ex secretario de Comunicación Pública) entre sus directores. La falta de inversores extranjeros finalmente derivó en la salida de Riva del proyecto, mientras que Nuevos Aires del Sur sólo se mantuvo activa poco más de un año.

La zona mencionada como destino para la inversión hoy no es más que un depósito de chatarra, al tiempo que alberga instalaciones tanto de la Armada como de Prefectura Naval.

En el sector inmobiliario aseguran que el PRO ya dialoga con desarrolladoras para tratar de encontrarle un destino inmobiliario a la isla Demarchi. En la Legislatura porteña no faltan los representantes del oficialismo que ven en el polo que no fue una posibilidad de extender el lujo que ya se le conoce a Puerto Madero.

Fin de una era en Tierra del Fuego: avanza el Gobierno con duro "plan achique" del polo tecnológico

El macrismo está decidido a reconvertir la producción de electrónica en el sur del país, esa misma que Cristina Kirchner había elevado a la altura de símbolo de "soberanía nacional". Se discontinuarán productos, se bajarán aranceles de importación y se relajará el "cerrojo". Lo que viene

Pocas iniciativas en el terreno industrial habían tenido tanta trascendencia política para el kirchernismo como el polo tecnológico de Tierra del Fuego. La gravitación de este régimen de promoción en el sur del país en el "relato" fue tal que incluso llegó a ser más relevante en términos ideológicos que la industria automotriz.

Había una razón básica y fundamental: cuando Néstor Kirchner asumió su primera presidencia, el sector automotor, si bien golpeado, ya existía. La recuperación de la demanda interna y las compras por parte de Brasil hicieron el resto.  En cambio, el sueño de contar con una producción electrónica argentina tenía sabor a “gesta heroica”: significaba una suerte de revancha frente a la fallida experiencia de los años ´80 y ´90 y también permitía mostrar al país como líder en innovación.

De hecho, a fines de 2009, cuando se impulsó la ley de promoción industrial, desde el gobierno de Cristina Kirchner hablaban del “renacimiento tecnológico nacional” y de la "reafirmación de la soberanía”.

El gobierno de ese entonces hasta pretendió "reescribir" los manuales de economía. Es que desde la isla comenzaron a llegar televisores, celulares, equipos de aire acondicionado y hasta microondas con el sello “Fabricado en Tierra del Fuego”, desafiando el poderío de China, responsable de generar el 80% de la producción mundial de productos electrónicos.

Incluso, Cristina utilizó a la isla como una suerte de “barricada” en contra del establishment. Como cuando le negó la entrada al país a los productos Apple, cuyos directivos habían rechazado fabricar los iPhone en la Argentina.

La llegada del macrismo al poder ya está impactando de lleno en el ritmo económico de la isla.
Sucede que, por primera vez desde la sanción de la ley que revivió el régimen industrial, hay un Gobierno Nacional crítico de este régimen.

Una administración que, por cierto, está poniendo el foco en tres de los grandes “tabúes” que, desde su creación, rodearon de polémica al polo industrial fueguino:
• El elevado nivel de “ensamble” presentado como “producción”. 
• El altísimo costo fiscal que debe resignar el Estado para mantener con vida el régimen. 
• Los sobreprecios que deben pagar los consumidores, en un contexto en el que el macrismo está enfocado en combatir la inflación. 

"Plan achique", en marcha
Las aguas se están agitando muy fuerte en territorio fueguino. Según confiaron a iProfesional fuentes cercanas a los productores de electrónica, el plan que están instrumentando desde el macrismo y que tiene en vilo a las empresas, apunta a los siguientes objetivos:
• Evitar que el polo tecnológico se siga agrandando. Esto implica ponerle un freno a la radicación de nuevas plantas (ya hay cerca de 13 establecimientos y no se entregarían más habilitaciones).
• Avanzar con un paulatino proceso de reducción de incentivos fiscales e impositivos para la producción de determinados bienes, comenzando por notebooks, netbooks y tablets.
• Bajar los aranceles de importación del 35% al 16% para estos dispositivos.
• Paralelamente, el plan oficial contempla la eliminación de líneas de montaje de otros artículos, tales como cámaras fotográficas, decodificadores, microondas, equipos de audio para autos y hasta monitores.
• Así, la producción fueguina quedará acotada a sólo tres líneas de productos: celulares, televisores y equipos de aire acondicionado.

Pero no todo se limita a esos puntos. Hay un dato más, que terminará de delinear el “plan achique” que desde el macrismo pensaron para Tierra del Fuego: se abrirá paulatinamente la importación no sólo de portátiles sino también de celulares y televisores. 

De hecho, se espera que antes de fin de año finalmente hagan su demorado desembarco los teléfonos de Apple, en tanto que el Gobierno ya dio luz verde a algunos supermercados para que importen sus propios televisores y no deban quedar atados a los proveedores fueguinos.

“La estrategia que comunicaron es que Tierra del Fuego ya no tendrá el 100% del mercado doméstico de consumo, como sucede con los smartphones y los LED, donde la participación de los equipos de producción nacional todos los años supera el 90%”, afirmó bajo estricto off the record una fuente que se involucró de lleno en las conversaciones con funcionarios macristas.

“El objetivo no es desmantelar el polo, pero sí reconvertirlo. Informalmente nos comentaron que la meta es que la participación de los dispositivos fueguinos baje al 70%, mientras que el 30% restante pasará a ser abastecido por productos importados”, agregó con cierta resignación. Así las cosas, “el objetivo final es que la industria electrónica pierda peso relativo en el PBI de la isla. También nos adelantaron que lo que persiguen con esto es que se pongan más recursos y esfuerzos en potenciar actividades en las que la provincia es más competitiva, como la pesca, el turismo y la industria maderera”, afirmó. 

Un dato importante es que los cerca de 12 millones de celulares que se ensamblan según el año representan el 50% de la facturación de las empresas del sur. Por eso, con la finalidad de abaratar el acceso a la tecnología, el macrismo les estará quitando una fuente importante de ingresos.
Según pudo saber iProfesional, el plan es abrir completamente el mercado para los dispositivos de alta gama (donde el único jugador de peso hoy es Apple) y habilitar pero de manera parcial la entrada de equipos baratos desde China. Esto último, para mantener a raya los valores de los dispositivos “low cost” nacionales con tecnología 4G que acaban de lanzar las empresas por pedido de Macri. 

“El Gobierno quiere que las firmas se concentren en los modelos de gama media, lo que bajaría en cerca de 30 puntos la participación de Tierra del Fuego en el parque de teléfonos”, afirmó la fuente.
Paralelamente, en el caso de las notebooks, netbooks y tablets, las empresas fueguinas están a un paso de perder un negocio sumamente jugoso: en 2015 habían comercializado casi 400.000 portátiles, por un valor superior a los u$s200 millones.

Pero no será el único rubro que el Gobierno quiere que deje de producirse en la isla. Como se mencionaba, también se apuntaría a dejar de apoyar con beneficios fiscales el ensamblado de:
• Monitores, de los cuales se habían producido 525.000 unidades el año pasado.
• Sistemas de audio para autos, con casi 200.000 equipos en 2015.
• Sistemas de audio para el hogar (75.000 unidades).
• Cámaras digitales (72.000 dispositivos el año pasado).

Si se considera una potencial baja del 30% en la producción de celulares y se suman las portátiles que dejarán de producirse y todas las líneas de productos anteriormente mencionados, esto significará que de las plantas fueguinas saldrán casi 5 millones de dispositivos menos por año.

Esto, aún sin conocer el impacto real que generará el regreso del sistema de importaciones "puerta a puerta" que, según Mariano Kestelboim, quien asesora a empresas de electrónica, podría disparar compras al mundo de particulares por más de u$s3.000 millones al año.

En la isla crece la preocupación y el temor. En particular porque anticipan que habrá un sobredimensionamiento del plantel laboral. La fuente consultada por este medio estimó que "al menos unos 2.000 empleos directos se perderán irremediablemente".  Frente a esta posibilidad, en el macrismo confían en que la reconversión productiva que encare la isla más que compensará esa baja con la creación de nuevos puestos. Aunque esto no se verá de un día para el otro.

Dos modelos en puja 
Entre las razones esgrimidas por el Gobierno para avanzar con este plan, una de las que más pesa es el elevado costo fiscal que genera la isla. A fines de septiembre del año pasado, el kirchnerismo aprobó el Presupuesto para 2016 en el que se estableció que el Estado dejaría de recaudar la friolera de $30.000 millones por este régimen de promoción.

Esa estimación, que había sido realizada por el entonces ministro Axel Kicillof, responde a que las empresas inscriptas en dicho régimen están exentas de tributar derechos de importación, IVA y Ganancias, al tiempo que se benefician con una tasa reducida de los impuestos internos que pesan sobre los artículos electrónicos.

La fuente consultada por este medio aseguró que el costo fiscal este año será más chico, pero tampoco demasiado más bajo: los empresarios del polo tecnológico manejan una pauta de entre $25.000 y $27.000 millones. Pesos más, pesos menos, esta cifra se acerca al 40% del costo anual que representa el pago de los juicios a jubilados, en el marco del programa bautizado como “Reparación Histórica”.

Según una investigación del consultor Federico Muñoz:
• Cada uno de los 11.500 trabajadores del sector implica un subsidio estatal de $180.000 mensuales.
• El déficit comercial en la isla (el costo neto en dólares por importar los insumos) es de unos u$s3.300 millones al año.

Además, en el Gobierno entienden que ese elevado costo para el Estado nunca se tradujo en una tecnología accesible para los consumidores, que siguen adquiriendo sus productos tecnológicos en sus viajes al exterior. 

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fue uno de los primeros en echar nafta a la hoguera cuando acusó a las empresas fueguinas por el atraso tecnológico y por los elevados valores de la electrónica en la Argentina. “Es un problema. Necesitamos tener la última tecnología al precio más barato posible porque hoy, con todas las prerrogativas que tiene Tierra del Fuego, un teléfono sale casi un 100% más caro que en los Estado Unidos", disparó. 

Por lo pronto, la situación no es tan simple de dirimir, ya que buena parte de la sociedad mantiene una actitud contradictoria y ambivalente.Por un lado, apoya a los políticos que hablan a favor de la industria nacional. Pero, por otro, cada vez que pueden compran masivamente productos importados más baratos fuera del país.

Aguad no es el único que se muestra crítico al régimen. Enrique Szewach, actual vicepresidente del Banco Nación, utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un dato que cayó como un baldazo de agua fría entre empresarios y hasta funcionarios fueguinos. “Con el costo fiscal de Tierra del Fuego se podrían pagar $50.000 por mes a todos los trabajadores de las empresas y ahorrar $15.000 millones año”, fue su comentario “picante”, que le valió críticas hasta desde el propio seno de Cambiemos.

El futuro del polo tecnológico ha venido generando roces dentro del equipo de Gobierno.

Actualmente, hay dos “bandos” enfrentados:
• Por un lado están los que apuestan por el “siga siga”. Son los funcionarios encolumnados bajo el ala de Rogelio Frigerio. El ministro sabe que el régimen tiene muchos defectos que deben ser revisados, pero considera que no es el momento, más en un contexto en el que preocupan los datos de desempleo. Además, quiere consolidar la buena relación con la gobernadora peronista Rosana Bertone y sabe que necesita tener de su lado a los dos senadores que aporta esa provincia.

• Por otro, está el ala más “liberal”, liderada por el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, que sin tirarse abiertamente en contra del polo sí predica sobre la conveniencia de abrir más el "grifo" de las importaciones.

En medio de esta pulseada, la fuente que viene de participar activamente en las reuniones entre empesarios y funcionarios afirmó que el Gobierno está optando por avanzar en una línea intermedia.
“La visión es que Tierra del Fuego se expandió más de lo necesario, que creció artificialmente sólo porque se le entregó el consumo interno. Por eso ahora la orden es que el polo no se agrande más, que no sume más empresas ni líneas de productos y que, paulatinamente, se vaya acomodando a un mercado en el que tendrá más competencia y que le exigirá revisar al detalle la productividad”, explicó.

Claro que los empresarios de la isla aseguran que no será fácil, debido a los altos costos domésticos, empezando por la logística. De cualquier manera, la decisión está tomada. Los directivos de las principales empresas no quieren confrontar con el macrismo y se resignan a esta nueva "hoja de ruta".

La "ruta de la manzana": así se conforma el precio, desde los productores a la góndola

Por Juan Diego Wasilevsky -iProfesional.com
Los dueños de fincas alertan que no logran cubrir los costos, mientras que la fruta que producen se vende en comercios a un valor diez veces más alto


Los precios de los alimentos están en el centro de la escena. Más específicamente, los de la fruta.
En julio, si bien el INDEC informó una desaceleración del índice inflacionario, al caer la cifra al 2% mensual, las frutas se movieron por encima de ese nivel, orillando el 4 por ciento.

En este contexto, causa sorpresa escuchar que los productores de manzanas del Valle de Río Negro están recibiendo cerca de $3 por kilo -cifra que no les alcanza para cubrir los costos-, cuando los consumidores deben pagar entre $28 y $50, según la variedad.

El índice que elabora  la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y que mide la diferencia promedio entre el precio de góndola y origen para una canasta de 20 alimentos agrícolas, muestra que el mes pasado la brecha en el caso de las manzanas fue de casi 10 veces, mientras que para las peras el gap fue de 11 veces.

"El problema es el precio. Al productor, un kilo de manzana le cuesta $4,50 y lo que percibe, en promedio, es $3 por kilo", afirmó Jorge Figueroa, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén. "Lo ideal sería que la rentabilidad fuese del 20%. Entonces al costo de producción de $4,50 se le sumaría una renta de $1,50, lo que daría un precio de $6. Lo que nosotros queremos es por lo menos recuperar el costo", indicó. 

En un tono similar se expresó Sebastián Hernández, titular de la Cámara de Fruticultores de Allen (Río Negro), quien afirmó que "nosotros cobramos miserias en comparación con lo que paga el consumidor".

Así, todas las miradas de los cosechadores hoy están puestas en los demás eslabones de la cadena, que está conformada por los empacadores (que limpian y seleccionan la fruta, la ponen en cámaras frigoríficas y la distribuyen), los mayoristas y los comercios que venden al por menor, como supermercados y verdulerías.

La "ruta de la manzana"
En medio de este debate, los empresarios del transporte de cargas nucleados en Fadeeac buscaron salir del foco de la escena, al afirmar que no son formadores de precios y que padecen el contexto actual tanto como los chacareros.

“El desacople entre el productor y el consumidor final no es el transporte de cargas, son los intermediarios inescrupulosos que fuerzan situaciones para ganar más dinero sin importarles ni el productor ni el consumidor”, afirmó Juan Aguilar, secretario de Fadeeac.
"Nos duele que los productores del sur de nuestro país deban regalar el alimento que producen. Entendemos que se trata de una situación muy crítica. Sin embargo, muchas veces se culpa al transporte que, justamente, no es formador de precios", indicó el directivo.

Desde Fadeeac pusieron como ejemplo el caso de las manzanas: "Según los valores del mercado central, el kilo, en promedio, cuesta $20 (precio mayorista). Si calculamos el viaje desde Cipoletti hasta Buenos Aires, de 1.100 kilómetros, la incidencia del flete es de $0,80 por kilo en promedio, lo que representa un 4%".

"Pero en las góndolas de los supermercados encontramos que la cifra de venta al consumidor final en las manzanas ronda los $40. En este caso, la incidencia del flete es de un 2%", agregaron.

"En este simple ejemplo vemos cómo el valor del flete no forma el precio de venta al consumidor y, sin embargo, muchas veces es señalado como el responsable", afirmó Aguilar.

En este contexto, desde la consultora Gabinete MAG, con sede en la Patagonia, echaron luz respecto de cómo se constituye el precio de la manzana de calidad media a buena, desde que sale de la finca hasta que llega al consumidor:
• En origen, cada kilo tiene un precio promedio de $3.
• Los empacadores, que son los responsables de poner la fruta en condiciones y, en los casos necesarios, conservarlas en cámaras de frío, le aplican $13,70 por kilo (acumulado: $16,70).
• Si se consideran los datos de Fadeeac, entonces el flete termina sumando unos $0,80 para transportar esa fruta desde el sur hasta el Mercado Central.
• Estas tres fases arrojan un valor cumulado de $17,50 por kilo de manzana.
• Productores del Valle consultados por iProfesional aseguraron que, sobre ese precio, los mayoristas o distribuidores -un negocio peleado y competitivo- tienen una incidencia cercana al 20%, lo que equivale a unos $6,50 por kilo (acumulado: $24).
• Finalmente, la participación del comercio minorista en la composición del precio es del 31%.
• Así, desde los $24 que cuesta el kilo de manzana en el canal mayorista, el valor final puede llegar a los $35 para frutas de calidad intermedia o buena (no premium).

El siguiente cuadro resume la incidencia de cada etapa en la conformación del precio de la fruta desde la fase de producción hasta que llega a la góndola:

Cabe aclarar que estas cifras no representan una ganancia bruta para los diferentes actores de la cadena: según indicaron desde la consultora Gabinete MAG, por cada $35 que paga un consumidor, entre 38% y 40% son impuestos que abonan productores, empacadores, transportistas y comerciantes.  Además, cada eslabón tiene que considerar gastos de alquiler, mano de obra, servicios (especialmente los establecimientos que tienen que tener cámaras de frío) y los respectivos márgenes.

En este contexto, desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) afirmaron que este sector no tiene la gravitación suficiente para imponer los valores al público.  "Todas las cadenas manejamos apenas el 15% del mercado de la fruta en la Argentina, es decir que nuestro aporte es marginal”, indicaron.

"Pasa lo mismo que con el negocio de la carne: más del 75% se vende en carnicerías de barrio, nosotros manejamos tan sólo el 25% restante", señalaron.

Frente a esta compleja cadena de comercialización, los productores afectados por la falta de rentabilidad entregaron al Gobierno un petitorio en el que piden -entre otras cosas-, crear un organismo que actúe de manera similar al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Es decir, que al inicio de cada campaña se fijen precios mínimos para la fruta y así se eviten los desafasajes que se observan en la actualidad.

Avanza un proyecto para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito

Por Carlos Galván - Clarin - El kirchnerismo y el massismo lo impusieron en la comisión de Industria y Comercio. El macrismo dice que no hubo dictamen.


Una inesperada polémica estalló en el Senado con un proyecto de ley que propone rebajar del 3 al 1,5% las comisiones que cobran las tarjetas de crédito y que elimina por completo las que se aplican a las tarjetas de débito, hoy fijadas en 1,5%. Según la oposición, la iniciativa impulsada por el senador Alfredo Luenzo (UNA-Chubut) y que contó con el respaldo de CAME, obtuvo dictamen en la comisión de Industria y Comercio y quedó a un paso de ser votada en el recinto. Es más: el chubutense y el titular de CAME, Osvaldo Cornide, estuvieron reunidos ayer con el jefe del FpV, Miguel Pichetto, quien se habría comprometido a que la inciaitiva sea aprobada en la primera sesión de septiembre.

El proyecto fracturó al oficialismo. El radical Julio Cobos acompañó con su firma el dictamen. Y en la reunión de la comisión el titular del interbloque, el radical Ángel Rozas, se pronunció a favor. El chaqueño propuso, incluso, que las comisiones sean aún menores -del 1%- en algunas provincias.

El presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, se manifestó en contra del proyecto y argumentó que el Banco Central está trabajando en una regulación diferente para pagos electrónicos. También la macrista Laura Rodríguez Machado se opuso. Pidió dar dictamen la semana próxima después de escuchar a las tarjetas no bancarizadas que pertenecen a Pymes del interior.

En el PRO insistían con que el despacho no era válido debido a que al momento del dictamen no había quórum en la comisión y a que fue firmado por varios senadores en sus despachos y no en la comisión. Aunque no es reglamentaria, se trata de una práctica bastante común en el Senado. Hoy seguirá la discusión por la validez del dictamen.

"Hay 6.000 Pymes que han cerrado mientras la rentabilidad de los bancos por comisiones de operaciones con tarjetas fue de $ 70.000 millones en los últimos 12 meses", fundamentó  Luenzo.

Tanques rusos recibirán blindaje de rejas contra lanzacohetes

Sputnik - En el futuro, todos los vehículos blindados de combate rusos estarán equipados con blindaje de rejas, diseñado para protegerlos contra ataques de granadas antitanque propulsadas por cohetes y otras armas con carga en tándem, informa Izvestia.

Los vehículos estarán protegidos con escudos rígidos, que asemejan una reja, de allí su nombre. Los escudos son instalados alrededor del acorazado. El uso de esta clase de construcciones permite aumentar el nivel de defensa de los blindados contra las granadas antitanque. "La decisión de desarrollar y utilizar el blindaje de rejas ya ha sido tomada", informó una fuente del Ministerio de Defensa a Izvestia, quien añadió que se está estudiando el tipo, los modelos y la configuración de los escudos que serán usados.

"La efectividad y universalidad de los escudos es menor que la de los blindajes reactivos, pero mucho más sencilla, económica y permite aumentar la protección del armamento militar contra los explosivos antitanque. Esto es especialmente actual en condiciones de combate en la ciudad, donde los vehículos blindados pueden ser atacados desde distintos flancos", informó Evgueni Chistiakov, representante de Nii Stali, un instituto especializado en el diseño de corazas de tanques, a Izvestia.

El blindaje de rejas permite resguardar sobre todo las zonas que son difíciles de proteger con otros medios, como el motor y la transmisión. El escudo interfiere con la carga de la cabeza explosiva, o bien aplastándola, evitando una detonación óptima, o bien dañando el sistema detonador, evitando del todo la explosión de la granada. La efectividad del blindaje de rejas es de aproximadamente 50%, por eso es necesario aplicar soluciones multifuncionales para defender a los tanques en combate.

Entre los vehículos que recibirán esta clase de protección, se encuentra el tanque Armata T-14, el vehículo de combate de infantería Kurganets-25, el vehículo de transporte blindado de personal Bumerang, el sistema robótico multipropósito Plataforma-M, el vehículo de combate de infantería Dragún, los vehículos de combate sobre ruedas Taifún y Ural-VV, y el lanzacohetes múltiple Tornado.

Vuelven a sembrar en tierras militares (II)

(La Nación) - Dos de los principales grupos agrícolas están interesados en plantar soja


Las dos primeras licitaciones para sembrar en campos de las Fuerzas Armadas despertaron el interés de dos de los principales grupos de siembra del país. Ambos presentaron las mejores ofertas para producir en más del 90% de las tierras que se licitaron para soja (más de 4000 hectáreas) en un campo del Ejército en Córdoba, según pudo saber LA NACION de fuentes del mercado.

Esos dos grupos son Cresud y MSU. La primera empresa, ligada a IRSA, de la familia Elsztain, sembró en la campaña pasada en la Argentina 211.776 hectáreas. Mientras tanto, la segunda firma, de la familia Uribelarrea, trabaja más de 150.000 hectáreas.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación que controla los bienes del Estado, el Gobierno abrió dos licitaciones para sembrar 9806 hectáreas propiedad del Ejército en el establecimiento General Paz, en Ordóñez, Córdoba, entre soja y maíz de la nueva campaña, con opción para una campaña más.

De todo lo licitado, hubo ofertas para ese campo del Ejército por 7096 hectáreas, el 72% del total, entre soja y maíz. En plata, el monto licitado representa más de 48 millones de pesos, dinero que recibirá el Estado por este proceso.

El gobierno de Mauricio Macri rompió el modelo que había impuesto el kirchnerismo para las tierras de las Fuerzas Armadas. En rigor, tras un proceso donde antes las tierras se daban también en alquiler, en 2013 el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) firmaron un acuerdo para que las tierras de las Fuerzas Armadas sean producidas por el mismo Estado. Así, por ejemplo, en la campaña 2013/2014 el anterior gobierno llevó adelante la siembra de 18.639 hectáreas en campos de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Para la campaña 2014/2015 pasó a un plan de 24.060 hectáreas, con apoyo en la gestión y la administración de una empresa vinculada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El actual gobierno decidió dar de baja ese convenio de 2013 y encarar un proceso de licitación de 30.000 hectáreas entre todas las fuerzas. Las dos primeras licitaciones, de carácter público, ya se hicieron y fueron en ese campo en Córdoba, donde participaron Cresud y MSU.

En ese establecimiento del Ejército, se licitaron 4354 hectáreas para soja. Y se puso un precio de alquiler fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que lo estableció en 13,49 quintales por hectárea de soja.

Todas esas hectáreas encontraron interesados para sembrar y, de acuerdo a fuentes del sector privado, Cresud y MSU ofrecieron por más del 90% de esa superficie precios superiores a sus competidores, pero en línea con los valores de mercado de la región. En este sentido, tienen chances de quedarse como inquilinos de esas hectáreas en ese campo.

Ofertas en análisis

Sin embargo, resta un paso para que eso se concrete, ya que una comisión evaluadora debe analizar la documentación presentada por esas empresas y analizar que todos sus papeles estén en orden. Al proceso de licitación también se presentaron productores y empresas de esa región del sur de Córdoba.

Mientras tanto, para sembrar maíz se pusieron a licitación en ese establecimiento del Ejército 5452 hectáreas. Allí también hicieron ofertas Cresud y MSU, pero por menos del 30% del total.

Para sorpresa de los especialistas, el 50% de las tierras ofrecidas en maíz quedaron sin interesados, lo cual podría deberse al costo de hacer maíz en campos alquilados -casi el doble que en soja- o a una cuestión de calidad de los lotes ofrecidos puntualmente. Vale aclarar que ese campo del Ejército está en una zona de buenas tierras, aunque no todo el establecimiento presenta la misma condición. Las tierras vacantes en maíz se volverán a licitar más adelante.

En este sentido, habrá más licitaciones que completarán las 30.000 hectáreas que el Gobierno tiene previsto licitar entre todas las Fuerzas Armadas tanto en Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. En esta última provincia, vienen de ofrecerse hace unos días 875 hectáreas entre los establecimientos Haras General Lavalle y Mariano Necochea, de Tandil.

A diferencia de las dos primeras licitaciones en Córdoba, de carácter público, en Tandil fueron licitaciones privadas y contrataciones directas. Además, el Gobierno puso en licitación 661 hectáreas de las Fuerzas Armadas en Arroyo Clé, provincia de Entre Ríos.

Los contratos para producir se hacen para una campaña, prorrogables por otro ciclo agrícola más. Según expertos del sector, para que pueda hacerse una producción sustentable los contratos deberían ser a mayor plazo.

Los números de la licitación

30.000 - Son las hectáreas de las Fuerzas Armadas que el Gobierno decidió poner en producción vía licitaciones. En los últimos años del kirchnerismo las hizo producir el mismo Gobierno

48.612.032 - Millones de pesos es el monto licitado en las hectáreas del campo del Ejército en la provincia de Córdoba

El arreglo del Irizar ya costó más que un nuevo rompehielos

Por Mariano De Vedia - LA NACION
Por la restauración del barco militar se gastaron US$ 284 millones; un buque similar cuesta unos US$ 250 millones

El Irizar quedó inutilizado en 2007 por un incendio. Foto: Archivo

Con la restauración del rompehielos Irizar -inutilizado por un incendio en abril de 2007- y los alquileres sucesivos de buques para sustituirlo en las campañas antárticas, hubiera sido más barato y más rápido construir uno nuevo. Se llevan gastados US$ 284 millones, cuando construir un rompehielos "cero kilómetro" habría costado US$ 250 millones y estado listo en tres años, según estiman fuentes navales.

Así lo confirmaron a la nacion altas fuentes del Ministerio de Defensa, que confían en que el emblemático rompehielos ingresó ya en la última etapa del proceso de recuperación. Sólo esperan que se den las condiciones para someterlo a las pruebas de agua y, más tarde, a las pruebas de hielo.

Los US$ 284 millones invertidos hasta ahora se discriminan así: US$ 147 millones en la restauración específica del buque -US$ 143 millones durante el gobierno kirchnerista y otros US$ 4 millones en la actual gestión macrista- y US$ 137 millones por el alquiler de los buques polares Vasily Golovnin (ruso) y Timca (holandés), que reemplazaron al Irizar en las sucesivas campañas anuales de abastecimiento de las bases antárticas. A ello habrá que sumar a fin de año otros US$ 17 millones para alquilar barcos apropiados para la campaña 2016/2017.

Ese nuevo arrendamiento llevará el importe final de gastos a US$ 301 millones, pero la suma de inconvenientes no se detiene. El mes pasado, el rompehielos Irizar debía ser sometido a las pruebas de agua, pero no fue posible. Se advirtió que el barco no podía ser sacado de los astilleros del complejo Tandanor porque es imperioso realizar obras de dragado para que pueda desplazarse sin correr riesgos. Esa obra es responsabilidad de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que depende del Ministerio de Transporte, y requerirá una inversión adicional de $ 20 millones.

La recuperación

En el interior del Irizar, los trabajos de modernización están casi terminados. El jefe de la Armada, vicealmirante Marcelo Hipólito Srur, estimó en un 90% el avance de las obras. En el Ministerio de Defensa informaron que se hicieron el recambio y la repotenciación de los motores de impulsión; fueron actualizados los sistemas de navegación; se renovaron los circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos; hay 60 nuevos camarotes para transportar principalmente a científicos, y se construyeron 40 laboratorios para permitir el trabajo de investigadores en alta mar. "Sobre el casco se fabricó prácticamente un nuevo rompehielos", resumió el ingeniero Walter Ceballos, secretario de Logística, Cooperación en Emergencias y Gestión Cultural del Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo el proyecto Irizar.

Ceballos confirmó a la nacion que para la próxima campaña antártica el país deberá recurrir a otros barcos. "Todavía no resolvimos si vamos a alquilar o a comprar un buque polar. Pero en cualquiera de los dos casos el presupuesto no superará los US$ 17 millones", afirmó el funcionario. Los buques polares son barcos con el casco reforzado, lo que les permite navegar en zonas de hielo. Pero no pueden cumplir la función específica de un rompehielos, que es lograr abrir el paso entre los témpanos, en medio de temperaturas bajas y en condiciones rigurosas.

La expectativa del Gobierno es que el Irizar pueda acompañar a los barcos que realicen la próxima campaña antártica exclusivamente para realizar las pruebas de hielo, que debe superar antes de lograr su habilitación. Fuentes navales indicaron a la nacion que antes de iniciar las obras de reparación del rompehielos Irizar el gobierno kirchnerista pidió condiciones a los astilleros Wärtsilä, de Helsinki, que pasó un presupuesto de US$ 132 millones, para un trabajo de 30 meses.

Según pudo saber la nacion, ese monto era entonces casi cinco veces mayor que el costo aproximado de un barco usado.

Así lo reveló el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, cuando era diputado nacional, en un pedido de informes presentado hace dos años a la gestión del kirchnerista Agustín Rossi. "Un rompehielos usado de un tipo similar al Irizar, como el Admiral Makarov, de 1975, se ofrece en el mercado en US$ 19 millones", advertía el legislador radical.

Sudáfrica, en tanto, hizo lo que la Argentina no pudo. En noviembre de 2009, encargó a un astillero finlandés la construcción del rompehielos Agulhas II. Costó US$ 146 millones y en abril de 2012 ya estaba listo para navegar.

Dietrich quiere dolarizar los peajes y ampliar las rutas aranceladas

Por Antonio Rossi - LPO
Prevé extender los peajes de 8.000 a 14.320 km. de rutas y subas tarifarias del 200%.


Cuando todavía sigue rebotando el fallo de la Corte que puso un freno al tarifazo del gas, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lanzó al ruedo un plan para reprivatizar las concesiones viales y extender de 8.000 a 14.320 kilómetros los tramos de las rutas nacionales donde habrá que pagar peajes atados a la cotización del dólar.

El nuevo esquema para el negocio de los peajes que entrará en vigencia a partir del próximo año es impulsado por Dietrich y el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ya fue anticipado a constructoras locales y del exterior.

La reconfiguración de las concesiones viales promete desatar fuertes críticas de los usuarios y de los productores de las economías regionales porque lejos de reducir los costos logísticos y de transporte va camino a incrementarlos por la mayor cantidad de rutas que estarán alcanzadas por los peajes y por las nuevas tarifas dolarizadas que implicarán subas del 150% al 200% con respecto a los valores que rigen actualmente.

El plan de Transporte es instalar peajes cada 100 kilómetros y cobrar una tarifa final a los automóviles que, según el tipo de ruta, oscilaría entre los 3 y 4,80 dólares.
El plan de las autoridades de Transporte es instalar estaciones de peaje cada 100 kilómetros y cobrar una tarifa final a los automóviles que, según el tipo de ruta, oscilaría entre los 3 y 4,80 dólares.

Para el pago de los peajes, Dietrich prevé la creación de una nueva tarjeta de telepeaje similar a la SUBE. Se denominará “Tarjeta viaL” y tendrá como objetivo eliminar el cobro manual en las estaciones de peaje. A partir del tercer año de las nuevas concesiones, a los usuarios que no tengan la “viaL” se les duplicará el valor del peaje cuando abonen en forma manual.

Las actuales concesiones viales—que fueron prorrogadas hasta abril de 2017—abarcan casi 8.000 kilómetros de las rutas nacionales más transitadas del país. La intención de la administración macrista es llamar a licitación a principios del próximo año y adjudicar los nuevos corredores viales en el segundo semestre.

Entre otros aspectos destacados, las nuevas concesiones viales contemplan las siguientes modificaciones:

- Se amplían de 8 a 12 la cantidad de corredores viales regionales que cubrirán todas las provincias, con excepción de La Rioja y Tierra del Fuego. Se sumarán al sistema de peaje las redes de accesos a las ciudades de Tucumán, Mendoza y Neuquén.

- La distancia entre las estaciones de peaje oscilará entre los 80 y 120 kilómetros y habrá cabinas de bloqueo para evitar los “by pass” en caminos secundarios.

- Los concesionarios tendrán que llevar adelante tres clases de obras: a) iniciales: comprende la repavimentación y construcción de banquinas pavimentadas; b) obligatorias: según el estado de cada corredor y c) ampliatorias: se disparan por una clausula gatilla en función de los niveles de tránsito.

- Durante el primer año seguirán funcionando las actuales estaciones de peaje. Las nuevas se habilitarán a partir del segundo año tras la concreción de las obras iniciales.

- El plazo de las concesiones será de 30 años.

- Las tarifas de los camiones se definirá por las siguientes variables: cantidad de ejes, peso por eje y cumplimiento de la relación peso-potencia. Se aplicarán multas crecientes por exceso de cargas y violación de la relación peso-potencia.

- En todos los corredores se instalarán dos tipos de balanzas. Las “dinámicas” que se usarán para cobrar el peaje según el peso por eje de los vehículos. Y las “fijas” que serán operadas por la Administración Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para el control de las cargas.

- También se prevé colocar cámaras OCR de reconocimiento automático de las chapas patentes. Además de identificar los vehículos que tengan pedidos de captura, esas cámaras servirán para controlar los excesos de velocidad que se registren entre las distintas estaciones.

- Para los concesionarios regirá un régimen de premios y castigos al momento de evaluar el estado de las rutas. Si el índice de calidad se ubica por encima de lo previsto, podrá subir la tarifa un 3%. Si la ruta presenta un estado solo aceptable, deberá reducir el peaje un 3%. Y si el estado de la ruta se encuentra por debajo de los aceptable, además de la reducción tarifaria deberá afrontar una escala de multas.

Por último, las nuevas concesiones incluyen una arista más que beneficiosa para los operadores privados que no estará exenta de cuestionamientos. Se trata del “ingreso mínimo garantizado” que el Gobierno le asegurará a cada concesionario para mejorar las condiciones de financiamiento de las obras.

Dicho “ingreso garantizado” lo definirá Vialidad para cada concesionario y cubrirá el 70% de la recaudación estimada por peajes. Quedará expresado en dólares para que no se vea afectado por las modificaciones en el tipo de cambio y por eventuales alteraciones que se registren en la actualización de las tarifas de peaje.

Vidal acelera la división de La Matanza y podría haber despacho de comisión en Diputados

LPO (La Plata)
Aunque el curso del proyecto será largo, será el primer paso para desarmar un bastión del peronismo.


Esta semana, la Legislatura bonaerense podría dar el primer paso a la división de La Matanza en cuatro distritos. La comisión de Asuntos Municipales está lista para dar despacho al proyecto presentado por el diputado margarito, Marcelo Díaz.

LPO había adelantado que María Eugenia Vidal estaba decidida a avanzar con esa polémica iniciativa que desarma una de las estructuras territoriales más poderosas del peronismo.

Tanto desde Cambiemos, como desde el GEN sostiene que esta semana saldrá un despacho en la comisión de Asuntos Municipales, aunque desde el Frente Renovador prefieren mantener cautela.

El oficialismo tiene cinco, de los 11 diputados que conforman esa comisión. Por eso será clave el acompañamiento del massismo -que tiene tres- tanto en las comisiones como en el recinto.

De firmarse el despacho sería el primer avance concreto que tiene el proyecto en la Legislatura. Aunque le espera un largo recorrido donde los impulsores de la iniciativa deberán librar una dura batalla con el peronismo, que resistirá la división de uno de los principales bastiones electorales del PJ. Además de Asuntos Municipales, el proyecto deberá pasar por Reforma Política, Asuntos del Conurbano, Presupuesto, y Legislación General.

"No aspiramos a un trámite express, el despacho de la comisión de Asuntos Municipales es sobre el fondo del asunto. La idea es que el proyecto empiece a rodar y podamos comenzar a trabajar en los informes necesarios", dijo Díaz a LPO.

La Matanza es actualmente el distrito de mayor superficie territorial del Conurbano, tiene una superficie de más de 320 kilómetros cuadrados. Pero también es el distrito más densamente poblado, con más de 2.087.000 según las proyecciones del Indec.

El proyecto contempla la creación de cuatro distritos en el territorio que hoy ocupa La Matanza. De acuerdo al texto, se crearía Los Tapiales, conformado por las localidades de Lomas del Mirador, La Tablada, Ciudad Evita, Aldo Bonzi y Villa Madero; Gregorio de Laferrere, compuesto por las localidades de Isidro Casanova, Rafael Castillo y Laferrere; Juan Manuel de Rosas, integrado por González Catán, Virrey del Pino y 20 de Junio; y La Matanza, con las localidades de San Justo, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga.

El tema se discutió en altas esferas del macrismo y se decidió darle curso en la Legislatura. El proyecto tiene un largo derrotero, pero sirve en términos políticos para condicionar al peronismo y tener a tiro un proyecto que permite desarmar una estructura de poder del peronismo.

Es que el gran problema del PRO en términos electorales la Tercera Sección (con más electores que cualquier provincia) donde Macri perdió por casi 20 puntos en el ballotage.

Aunque desde el año pasado, el macrismo logró controlar enclaves importantes del peronismo en el Conurbano, La Matanza (con más de un millón de votantes) es clave en términos electorales.

Grupo danés instala una planta para elaborar lácteos en la sede de la UADE

Por MARÍA GABRIELA ENSINCK mensinck@cronista.com
 Es un establecimiento piloto que desarrollará nuevos productos en los laboratorios de la universidad. Además, los estudiantes realizarán allí prácticas e investigaciones


Esta semana comenzará a funcionar en las instalaciones de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), una planta piloto de elaboración de lácteos, a partir de una asociación estratégica entre la casa de estudios y la firma Hansen Chr. Se trata de un acuerdo "win-win", en el que el grupo danés aporta equipamiento, personal y conocimiento en Tecnología de Alimentos. 

Por su parte, la UADE brinda el espacio físico, donde alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial, en Alimentos y licenciatura en Biotecnología podrán hacer prácticas e investigaciones, supervisados por el cuerpo docente. Será en la calle Lima, entre Independencia y Chile, del barrio porteño de Constitución. "Este tipo de acuerdos entre universidades y empresas son tendencia en Europa, y por esto la compañía Hansen, con casa matriz en Dinamarca, nos buscó para instalar aquí su Centro de Desarrollo Regional", comentó Martín Piña, director del departamento de Biotecnología y Tecnología Alimentaria de la UADE.

Hansen Chr fue fundada hace más de 140 años, y tiene cinco plantas en el mundo, incluida una en Argentina. Desde 1920 está presente en el país como proveedora de industrias lácteas, e instaló su primera planta en 1963, Sen la localidad de Quilmes. 

La decisión de trasladarse a un espacio de 150 m2 en el edificio Uade Labs, apunta a "generar una mayor sinergia entre la Academia y el proceso productivo", destacaron fuentes de la empresa.
"Acá se pueden ver a escala y en vivo un montón de procesos industriales. Se ven cuestiones de alimentos, normas de calidad, biotecnología, y hasta análisis de costos en un plano real, en lugar de estudiarlo de un libro o mirarlo en un video", sostuvo Piña. "Esto antes sólo podías verlo una vez que estabas terminando la carrera y empezabas a trabajar", añadió.

A su vez, la compañía logra un posicionamiento en el mercado y puede detectar talentos para incorporar a sus filas.

En la planta piloto se brindarán servicios de investigación y desarrollo (I+D), así como pruebas de calidad, para compañías lácteas de toda la región, de México hacia abajo. "La función de las plantas piloto es desarrollar pruebas de los productos a una escala mayor que la de un laboratorio pero menor que la industrial", explicó Piña. Allí se puede simular un proceso productivo en todas sus fases, pero utilizando muy poca cantidad de insumos, con lo que se evita el desperdicio durante los ensayos.

La planta que funciona en UADE cuenta con equipamiento a escala para la elaboración de quesos y yogures: pasteurizadores, tanques de fermentación, envasadoras, y un laboratorio de análisis para las pruebas de calidad.

Más de 130 alumnos que cursan las carreras relacionadas con ingeniería, biotecnología y otras disciplinas empresariales como Administración, podrán hacer tesis, trabajos prácticos y pasantías en este espacio que une al mundo académico con el mercado laboral.

Irán se enojó con Rusia y ya no prestará sus bases para los bombardeos contra el Estado Islámico

(Infobae.com) - A Teherán no le gustó el alarde que hizo Moscú sobre el acuerdo y hubo críticas públicas de altos militares persas: “Buscan demostrar que son una superpotencia”. Estados Unidos había expresado su “preocupación” por una posible violación de las resoluciones de la ONU

Aviones rusos en la base de Hamadán, en Irán (AP)

Rusia dejará de utilizar por el momento bases aéreas en suelo iraní para lanzar ataques aéreos en Siria, dijo este lunes un vocero del Ministerio de Exteriores de Irán. Los bombardeos de Moscú sobre radicales sirios fueron "temporales, basados en una solicitud de Rusia", dijo Bahram Ghasemi en declaraciones a la prensa en Teherán.

Las operaciones se llevaron a cabo con un "entendimiento mutuo y el permiso de Irán" y la misión de Rusia "ha terminado, por el momento", agregó el vocero. Ghasemi reiteró que Moscú "no tiene base en Irán".

Sus declaraciones reflejan el descontento de las autoridades de la República Islámica con la difusión del uso que Rusia hizo de sus instalaciones en ataques perpetrados la semana pasada. Más temprano este lunes, el ministro de Defensa iraní reprendió a las autoridades rusas alegando que el anuncio era "una especie de alarde poco caballeroso".

El sitio web de la televisora estatal iraní citó al general Hossein Dehghan diciendo: "Los rusos buscan demostrar que son una superpotencia". Las declaraciones de Dehghan fueron la primera señal de retroceso de Teherán.

Rusia bombardeó posiciones del Estado Islámico en Siria, desde Irán (Reuters)

Bombarderos rusos partieron de la República Islámica para atacar lo que Moscú considera objetivos del grupo extremista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y de otros rebeldes en el país asolado por seis años de guerra civil.  Irán confirmó los vuelos y el uso de sus bases, lo que representó un acercamiento histórico con Moscú, un día después de que Rusia realizara el anuncio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, expresó el pasado 16 de agosto a su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, su "preocupación" por el uso del Ejército ruso de una base aérea iraní para atacar posiciones en Siria, y alertó que podría suponer una violación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Es algo desafortunado y solo complica más aún una situación ya compleja", dijo el vocero adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en una conferencia de prensa, en la que informó sobre la llamada telefónica entre Kerry y Lavrov. "Podría suponer una violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe el suministro, venta y transferencia de aviones de combate a Irán a no ser que lo haya aprobado con antelación el Consejo de Seguridad", indicó Toner.

(Con información de AP y EFE)

Francia bombardeó instalaciones militares del Estado Islámico en Raqqa

(Infobae.com) Modificado - La Fuerza Aérea gala informó que los misiles lograron destruir un centro de almacenaje y mantenimiento de armamento pesado del grupo terrorista


Cazas franceses bombardearon este domingo instalaciones militares del grupo terrorista Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa, anunció anoche el Ministerio francés de Defensa, que indicó que un centro de almacenaje y mantenimiento de armamento pesado fue destruido por sus misiles.

En un comunicado, el Ministerio precisó que en esos ataques participaron cuatro cazas Rafale, otros cuatro Mirage 2000, así como un avión de patrulla Atlantique 2 que se utiliza para la detección de objetivos.

Los aviones de combate lanzaron "una decena de misiles de crucero SCALP" que alcanzaron el complejo militar "situado en el centro del territorio controlado por el grupo terrorista", añadió.

Fuerzas  yihadistas durante una demostración en Raqqa (AP)

Esta acción se realizó "después de una intensa semana de ataques de las aeronaves francesas, en el marco de la coalición internacional, en apoyo de las operaciones terrestres de las fuerzas iraquíes y kurdas cerca de Mosul, en Irak", precisó el texto.

Durante esa semana, los bombardeos destruyeron -según el departamento francés de Defensa- numerosos puestos de combate, escondites de armas, plantas de fabricación de artefactos explosivos y de armamento pesado" y así contribuyeron "al trabajo de preparación de las batallas para la toma de Mosul en Irak y de Raqa en Siria".

Los cazas franceses han efectuado cerca de 800 bombardeos en Siria e Irak en el marco de sus misiones contra el Estado Islámico dentro de la coalición internacional que lidera Estados Unidos.

Se trata de una de las prioridades del presidente Hollande dentro de la lucha antiterrorista, en particular tras los grandes atentados que se han perpetrado en Francia en los últimos meses.

Con información de EFE

La suspensión de Gómez Centurión, una polémica forma de curarse de salud

Por Daniel Santoro - Clarin.com
 Una medida del Gobierno a favor de la "transparencia"

Dentro del macrismo había un debate solapado sobre si fue el mejor proceder ante una "denuncia anónima".


 Foto: El juez federal Ariel Lijo.

Como primer paso de toda investigación, el fiscal Marijuán tiene previso formular hoy un requerimiento de instrucción para todos los denunciados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre ellos el suspendido titular de la Aduana, el mayor (RE) Juan José Gómez Centurión, comentaron a Clarín fuentes judiciales. Así el militar condecorado por su actuación en la guerra de Malvinas quedará formalmente imputado por una investigación que seguramente durará varias semanas. Pero se trata de una denuncia que, hasta ahora, adolece de sustento jurídico. Y se hizo mientras Gómez Centurión venía denunciando a poderosos sectores del contrabando vinculados a la SIDE.

Sin embargo, el juez Lijo encarará la causa con la intención de “separar la paja del trigo” en esta denuncia que hizo Bullrich por orden del presidente Macri para curarse de salud. Es decir si Gómez Centurión está comprometido por los audios editados o lo está el ex dueño de Lojack Oldemar Laborda y sus socios como el cuñado de De Vido, el “Mono” Minichelli.

La idea de deslindar resposabilidades de esta denuncia anónima -no hay ningún testigo protegido en la Justicia- es bien vista incluso por la propia Bullrich. “Siempre lo consideré a Gómez Centurión una persona íntegra y no cambiaré mi mirada hacia el. A menos que se compruebe algo”, comentó Bullrich en su entorno. En tribunales no pasó desaparecido que el abogado de Gómez Centurión sea Alejandro Pérez Chada, el mismo letrado que defiende en otras causas a Macri. Pérez Chada aceptó defenderlo porque lo conoce hace años. Había implementado un programa de transparencia dentro de la Agencia de Control porteña cuando Gómez Centurión estaba al frente.

Así la forma en que se presentó la denuncia con "la intención de abortar la difusión de los audios en los medios", parece poco elaborada. Dentro del Gobierno se está subrayando que el titular de la AFIP, Alberto Abad, difundió la noticia de la suspensión porque “Bullrich lo dejó acorralado”. Es cierto que Abad y Gómez Centurión tuvieron varios cortocircuitos pero, luego de una larga charla, se habían reconciliado.

La personalidad del militar es complicada y es un hombre de pocas pulgas. También cometió varios errores como dejar a un hombre del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la cúpula de la Aduana, un histórico agujero negro del estado argentino. Además, el Gobierno también dejó correr varias imprecisiones sobre su pasado. Gómez Centurión como veterano y comando -toda esa generación de comandos fue entrenada por el fallecido coronel Mohamed Seineldín- tuvo simpatías carapintadas. Pero el que participó fue su hermano mayor, que era coronel, recordó el ex ministro de Defensa radical Horacio Juanarena, quien enfrentó las rebeliones de Semana Santa y Monte Caseros . Entre un sector radical se cree que hay que investigarlo pero contestan con una frase elocuente: “Si me dicen que Gómez Centurión tiró a un empleado por la venta lo creo porque es impulsivo. Pero si me dicen que robó, lo dudo”.

Entonces, la forma en que el Gobierno se curó de salud con Gómez Centurión fue improvisada, aunque Macri haya prometido en la campaña separar a cualquier funcionario sospechado. Este tema siempre fue un debate político de fondo. Menem había prometido echar a aquellos que fueran procesados, mientras Cristina Kirchner mantuvo a funcionarios procesados y Boudou no renunció pese a tener dos procesamientos en los dos últimos años como vicepresidente.

En definitiva, toda denuncia anónima debería tener un filtro interno en el gobierno para ver si está fundada o es una operación antes de llevarla a la Justicia. De lo contrario se se aplica el mismo proceder para otros casos, Macri va a tener que suspender a todos sus ministros.