jueves, 2 de junio de 2016

Los metrodelegados amenazan con parar el subte por la modernización de la línea H

Por Mauricio Giambartolomei - LA NACION
Temen que, al sumarse coches con puertas automáticas, no se necesiten guardas


La renovación de la flota del subte puede toparse con una amenaza sindical que pondría en riesgo el servicio en toda la red. Es que la llegada de coches 0 kilómetro para la línea H equipados son sistemas más modernos, entre ellos la apertura automática de puertas, pone en discusión las responsabilidades que tendrán los guardas de cada formación y la continuidad laboral de por lo menos 40 personas.

A pesar de que las autoridades de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) aseguraron que el recambio de la flota no implicará una reducción de las fuentes de trabajo, los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) avisaron que si los nuevos coches Alstom entran en servicio paralizarán las seis líneas de subte y el Premetro por considerar que atenta contra la estabilidad laboral. "En ese punto no hay discusión", sostuvo el secretario general de Agtsyp, Roberto Pianelli.

El principio de conflicto surge a raíz de la inminente incorporación a la línea H de seis formaciones 0 kilómetro que entrarían en servicio durante junio, si se cumplen los plazos previstos por Sbase. Antes de fines de año se incorporarán otros 14 trenes.

Se trata de 120 coches Alstom con aire acondicionado; cámaras de seguridad; sistema de aviso sonoro de estaciones; suspensión neumática que se ajusta en función de la carga; equipados con caja negra y dispositivo antiempotramiento, que evita que un coche se superponga a otro en caso de accidente. Además, poseen sistema CBTC (Communication Based Train Control), que le permite al tren operar casi en forma automática.

"Nadie perderá su trabajo", aseguró a LA NACION el presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo. "Se está haciendo una enorme inversión en nuevos coches, por lo que se necesitan más conductores. Lo que hará es jerarquizar a los trabajadores, capacitarlos", agregó. En la actualidad, el subte cuenta con 4700 empleados, entre maquinistas, guardas, boleteros y auxiliares de estación.

"Quienes se desempeñan como guardas en la línea H -dice una circular que Metrovías, la concesionaria del servicio, envió a todos los trabajadores- continuarán trabajando en la misma línea y cumpliendo sus funciones sobre las formaciones, en un rol de asistencia operativa de la misma jerarquía, nivel y salario que el actual puesto de guarda."

En la actualidad, los guardas tienen la responsabilidad de abrir y cerrar las puertas y controlar que todos los pasajeros hayan subido a la formación. Los metrodelegados temen que el cierre automático de puertas en los coches Alstom pueda marcar algo más que la renovación de la flota.

Según explicaron desde la Agtsyp, los tableros de los trenes nuevos ya incorporados en la red poseen un dispositivo para que los guardas puedan operar si detectan alguna anomalía o posible accidente, a pesar del cierre automático de las puertas. Pero en los que estarán en la línea H esa opción fue anulada.

"Todos deben estar tranquilos, porque no está previsto eliminar los puestos de trabajo", reiteró Piccardo. "Tendrán que hacer capacitaciones para brindar mejores atenciones a los pasajeros, y cuando la flota se complete podrán convertirse en conductores. Los guardas son como los ascensoristas de hace 50 años", comparó.

Un caso de fraude en derechos humanos

Editorial del diario La Nación
La Justicia debe fallar sobre un amañado reclamo de unos US$ 140 millones por un empresario a partir de un indemostrable delito de lesa humanidad


En 2008, cuando el entonces ministro de Economía Carlos Fernández firmó una resolución de rechazo del pago de 140 millones de dólares a la financiera Inversai, de Eduardo Saiegh, tenía fresco el escándalo que había involucrado a su predecesora Felisa Miceli, dos años antes, por haber aprobado un pago similar al llamado Grupo Greco, de lo que debió luego retractarse cuando los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales la denunciaron en el Congreso.

En ambos casos, quienes reclamaban los pagos habían sido dueños de bancos liquidados en 1981 por insolvencia debida a "autopréstamos" (el Banco de los Andes, en el caso de los Greco, y el Banco Latinoamericano, en el caso de Saiegh).

Los ex propietarios de ambas entidades demandaron al Estado nacional por daños y perjuicios y encontraron tierra fértil para amañar acuerdos transaccionales en la Procuración del Tesoro. Quien fue titular de ese organismo, Osvaldo Guglielmino, aceptó negociar y acordó compensaciones, que debían ser aprobadas por el Ministerio de Economía. Las dos propuestas fueron rechazadas, como se ha visto.

Saiegh, al advertir que su exitosa gestión con Guglielmino era frustrada por Fernández, diseñó una nueva estrategia para forzar "políticamente" el pago de los casi logrados 140 millones de dólares. El juicio contra el Estado nacional se arrastra desde 1984 en el Juzgado Comercial N° 3 de esta capital y, por sus méritos, no tendría posibilidad de ganar. Con el asesoramiento del abogado Rafael Resnick Brenner, procesado por negociaciones incompatibles en la causa Ciccone, convirtió la liquidación de su banco ocurrida en 1981 en una fuente retroactiva de crímenes de lesa humanidad ignorados hasta 2009.

El abogado y el banquero se montaron con impudicia en las dolorosas historias de Benjamín Neuman y Osvaldo Sivak, quienes fueron secuestrados y asesinados por la misma banda policial en 1982 y 1985, respectivamente.

Contrariando las investigaciones de esos casos, el abogado y el banquero informan ahora que aquella banda no comenzó su secuencia de crímenes en 1982, sino dos años antes, en 1980, con el propio Saiegh. Y que él mismo escuchó que sus captores habían marcado a Sivak como próxima víctima, aunque optó por no advertirles a éste y su familia acerca del riesgo que corrían. Cuando los asesinos de Sivak cayeron, en 1987, y confesaron sus delitos, ninguno mencionó a Eduardo Saiegh.

Saiegh atribuye su amnesia treintañal a un insólito "pacto de silencio" con los policías que, con instrucciones de las más altas esferas del Banco Central y la complicidad del ex juez Emilio García Méndez, lo habrían detenido y torturado en 1980 para que entregase su banco. Pero compró su libertad gracias a un acuerdo de pagos con un jefe policial encapuchado, pagos efectuados en diez amables encuentros a la hora del té en la confitería Jockey Club de Sarmiento y Cerrito.

Según su particular relato, para preservar a su familia, nunca denunció esos hechos ni intentó proteger a la familia Sivak. Sostiene que solamente contó su secreto a Ernesto Sabato, ex presidente de la Conadep. En forma inexplicable, el escritor también lo habría silenciado hasta su muerte. No quedaron registros en la Conadep, ni médicos que recordasen los tormentos, ni secuelas de las torturas, ni historias clínicas, ni registros hospitalarios, ni fotos de sus lesiones, ni declaraciones notariales, ni ninguna carta post mórtem del escritor. Ni siquiera los tickets de la confitería Jockey Club. Ningún rastro de nada: sólo la inverosímil narración de Saiegh y el testimonio elusivo de parientes y amigos. Más la invalorable connivencia de la Secretaría de Derechos Humanos.

La denuncia del abogado y el banquero fue ignorada por el fiscal Carlos Rívolo, quien se negó a impulsar la acción penal ante el juez federal Daniel Rafecas por considerar que el relato carecía de seriedad. Pero la "justicia legítima" actuó de inmediato en favor de Saiegh, y ambos, Rafecas y Rívolo, fueron apartados.

Todos los organismos del Estado recibieron la orden de apoyar el reclamo del aspirante a los 140 millones de dólares. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante y también se alinearon tras Saiegh el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procelac, ahora procesado por prevaricato; el entonces titular de la UIF, José Sbatella, ahora procesado por violación de secreto; el entonces presidente de la Comisión de Valores, Alejandro Vanoli, ahora procesado por abuso de autoridad, y el entonces director del Banco Central Pedro Biscay, hoy procesado en la causa por el dólar futuro. También pusieron sus medios de prensa al servicio de Saiegh beneficiarios de la pauta oficial, como el grupo Szpolski y Página 12, además de 6,7,8 en el canal oficial.

Tanta simpatía logró Saiegh en "justicia legítima" que tiene custodia domiciliaria de la Prefectura Naval desde 2009 en su departamento de Recoleta, durante las 24 horas, a pesar de que no hay fuerzas de seguridad disponibles para proteger escuelas u hospitales. Sin embargo, el ex banquero nunca logró convencer a las organizaciones civiles de derechos humanos, que, con toda perspicacia, prefirieron no mancharse con la proximidad del personaje: ya bastaba con la experiencia de Sergio Schoklender para compartir sueños y soñar pesadillas.

El nuevo fiscal, Eduardo Taiano, impulsó la causa ante el nuevo juez, Norberto Oyarbide. Ante la desilusión de Saiegh, hasta el maleable ex juez consideró que el relato era falso y rechazó la denuncia, imponiéndole las costas. Nuevamente, la "justicia legítima" actuó en favor de Saiegh y Oyarbide fue recusado y apartado. La Cámara Federal no se atrevió a revocar ese fallo contundente, pero, ante la presión política, ordenó una investigación más profunda, que conduce la jueza María Romilda Servini.

Entretanto, el juicio ordinario contra el Estado nacional se encuentra listo para sentencia, pero la decisión está en suspenso hasta que se conozca el resultado de la causa de lesa humanidad. El tribunal se encuentra dubitativo, ante la señal de apoyo al financista por parte del mismo Estado nacional, aun durante la gestión de Cambiemos.

Tan confiado se encuentra Saiegh con la perspectiva de un resultado favorable que -tomando como modelo a Julio De Vido ya ha constituido un Fideicomiso Latinoamericano de Inversión y Desarrollo (Flides) al que destinará 100 millones de dólares del total que cobre del Tesoro público.

Según el prospecto en Internet (que quizá desaparezca luego de esta nota), el apoyo obtenido de la Secretaría de Derechos Humanos equivaldría a un reconocimiento oficial de su reclamo, por más que el Banco Central haya probado que el Banco Latinoamericano fue vaciado con "autopréstamos" a más de 40 empresas insolventes del grupo Inversai.

Advirtiendo que debe aprovechar cuanto antes el valiosísimo respaldo oficial, Saiegh ha acelerado el trámite para concretar el cobro. Y así pretende interrumpir la investigación que conduce la magistrada Servini, para impedir las pruebas que demuestran su fraude y evitar un nuevo rechazo a su pretensión.

Y con el incansable padrinazgo de aquella secretaría y la simpatía de los pilares de "justicia legítima" en Comodoro Py (Eduardo Freiler, Javier de Luca y Alejandro Slokar), ha logrado apartar a integrantes de la Cámara Federal (como el digno Eduardo Farah) y que se desconozcan sus fallos, en su embestida final por una sentencia ideológica para hacerse de los 140 millones de dólares a costa del fisco. Colocando cien en el fideicomiso y el resto en su bolsillo.

La lucha por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina no puede ser malversada para vaciar las arcas públicas a favor de financistas que confunden en su provecho la dignidad humana con la tasa de interés. Es responsabilidad de las autoridades del Estado separar la paja del trigo y poner en evidencia a quienes usan los pañuelos blancos para intentar "blanquear" intereses espurios.

La Procuración dispuso reactivar la unidad judicial antisecuestros

Municiones incautadas a una banda de secuestradoresPor Gabriel Di Nicola - LA NACION
Colaborará con fiscales en el cruce de datos y el chequeo de información


Municiones incautadas a una banda de secuestradores. Foto: LA NACION

Para intentar sumar una herramienta más para combatir un delito que genera mucho temor en la sociedad y preocupación en el Gobierno, la Procuración General de la Nación decidió reactivar la unidad judicial antisecuestros que había funcionado a principios de la década pasada, en pleno auge de este tipo de hechos que tuvo su momento cúlmine con el rapto y homicidio del estudiante Axel Blumberg, en marzo de 2003.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Secuestros Extorsivos estará a cargo de Santiago Marquevich, que hasta ahora se desempeñaba como fiscal federal en la ciudad de Rosario.

Según informaron fuentes oficiales, uno de los motivos que llevaron a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a crear la fiscalía especializada fue la sospecha de que detrás de algunos secuestros extorsivos, sobre todo en el conurbano, hay integrantes de fuerzas de seguridad.

"La tarea de la nueva unidad especializada será la de colaborar con los fiscales que tienen causas de secuestros extorsivos. Posibilitará cruzar información y chequear datos", afirmó a LA NACION una calificada fuente del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según informaron a LA NACION fuentes del MPF, la decisión fue bien recibida por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, que le ofrecieron vehículos e incluso oficinas. No obstante, la nueva unidad de investigaciones funcionará en un edificio de la Procuración General de la Nación.

Marquevich tiene experiencia en la investigación de este tipo de delitos. Fue secretario penal de aquella Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos (Ufase), creada en 2001 y dirigida entonces por los fiscales Alberto Gentili y Marcelo Colombo.

Después de su trabajo en la Ufase, Marquevich fue secretario penal del fiscal federal de Morón Sebastián Basso e investigó numerosos secuestros extorsivos ocurridos en el oeste del conurbano, una zona caliente en cuanto a esta modalidad delictiva.

"Estamos preocupados y ocupados [por los secuestros extorsivos]. Estamos detrás de cada hecho", sostuvo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa en la que se dio a conocer una investigación que terminó con la desarticulación de una banda de secuestradores que operaba en el Gran Buenos Aires y en Mendoza.

Bullrich estuvo acompañada por los secretarios de Seguridad Eugenio Burzaco y Gerardo Milman; el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia; el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, y el fiscal federal de Mendoza Fernando Alcaraz.

Según se informó, en esa investigación fueron detenidos nueve sospechosos que habrían protagonizado al menos tres secuestros extorsivos: dos en Monte Grande, en Esteban Echeverría, y otro en Mendoza.

Según informó el fiscal Alcaraz, entre los detenidos, ya procesados con prisión preventiva, hay tres integrantes de la policía de Mendoza. Por los hechos ocurridos en Monte Grande la banda habría cobrado $ 400.000; en la pesquisa que permitió desbaratar al grupo delictivo actuaron detectives de la División Antisecuestros de la Federal y de la fuerza de seguridad mendocina.

Un decreto modifica las facultades de las FF.AA.

Por Mariano De Vedia - LA NACION
La oposición cuestiona que se elimine el régimen fijado por Alfonsín.

Una fuerte repercusión generó en el ámbito político el decreto 721/2016, firmado por Mauricio Macri , que fija nuevas atribuciones en el ministro de Defensa y en los jefes de las Fuerzas Armadas, dejando sin efecto la regulación que había dictado en enero de 1984, tras el retorno de la democracia, el entonces presidente Raúl Alfonsín .

Fuentes cercanas al ministro de Defensa, Julio Martínez, negaron que se transfieran funciones de responsabilidad política y aclararon a LA NACION que el decreto se limita a fijar "un reordenamiento administrativo y una división del trabajo".

No opina así el ex ministro Agustín Rossi , quien condujo el área de Defensa durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Se toca el decreto fundacional de Alfonsín, que establecía la conducción civil de la Defensa", dijo ayer Rossi a LA NACION, al señalar que "no eran conquistas de un espacio político, sino logros de la democracia".

Advirtió que el decreto cede a los jefes de las fuerzas atribuciones que tenía el ministro de Defensa, como disponer los cambios de destino del personal militar. "Antes el ministro disponía todas las designaciones a partir del grado de coronel. Ahora se limita esa tarea a los destinos de la «conducción superior», sin definir desde qué grado", objetó Rossi. La norma habilita a los jefes militares a designar agentes civiles y autorizar sus cambios de destino

El nuevo decreto conserva en el ministro cinco facultades: designar al personal militar en la conducción superior de las FF. AA., nombrar al auditor general, disponer los retiros y bajas obligatorias de los oficiales, así como las altas y ceses de oficiales y suboficiales para prestar servicios en situación de retiro, y resolver los recursos presentados por los oficiales superiores contra resoluciones de los jefes de las fuerzas.

Antes se contemplaban facultades disciplinarias y atribuciones que fijaba el Reglamento de los Tribunales de Honor de las FF.AA., pero quedaron sin efecto cuando esos tribunales fueron derogados. "La mayoría de las funciones ya estaban en el decreto 436/84. No hace falta acumular en el ministro todo el trabajo del área y es conveniente simplificar los circuitos administrativos", explicó un colaborador de Martínez. El nuevo decreto permite a los jefes de cada fuerza designar al personal militar retirado para funciones docentes. "Antes de un nombramiento para un instituto universitario o secundario, nosotros cruzábamos los datos con el área de derechos humanos, para ver los antecedentes, cosa que ahora no ocurrirá", observó Rossi.

El legislador bonaerense Fernando "Chino" Navarro declaró que "estas facultades estaban bajo la órbita del poder político en el Ministerio de Defensa y ahora son transferidas nuevamente al control militar".

Agregado:
MINISTERIO DE DEFENSA - Decreto 721/2016

Decreto N° 101/1985. Modificación.

Bs. As., 30/05/2016

VISTO los Decretos N° 436 del 31 de enero de 1984, modificado por el Decreto N° 1229 del 22 de julio de 1994, N° 101 del 16 de enero de 1985, lo propuesto por el Señor Ministro de Defensa, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas, en el marco de la conducción civil de la Defensa Nacional.

Que resulta oportuno ordenar y actualizar el régimen de delegación de facultades en el Ministro de Defensa y en los Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, adaptándolo a las modificaciones en la organización institucional del Gobierno Nacional.

Que resulta conveniente adecuar, asimismo, las disposiciones en materia de designación del personal militar y civil para prestar servicios en la órbita del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Que es primordial simplificar los circuitos administrativos, para dar respuesta a las necesidades del servicio de las Fuerzas Armadas, asegurando las correspondientes instancias de evaluación política en aquellos casos que se consideren necesarios.

Que la delegación de la facultad de designar al personal militar que ejercerá los cargos de la conducción superior de las Fuerzas Armadas con independencia del grado de dicho personal, así como la determinación de cuáles cargos sean los comprendidos en la mencionada categoría de “conducción superior”, constituye un mecanismo de centralización y dirección civil del desempeño de aquellas funciones que se consideran de especial relevancia.

Que la determinación mencionada precedentemente no representará, por sí, impacto presupuestario adicional alguno.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99 inciso 1° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 13 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Sustitúyense los apartados 3), 5), 6) y 7) del inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

“3) Otorgamiento de los grados de Subteniente, Guardiamarina o Alférez a los egresados de escuelas o institutos de reclutamiento de oficiales de las Fuerzas Armadas”.

“5) Otorgamiento del alta efectiva de los oficiales “en comisión” de las Fuerzas Armadas”.

“6) Reincorporación de los oficiales de las Fuerzas Armadas”.

“7) Otorgamiento de los grados que correspondan a los egresados de los Liceos Militares y de los cursos de aspirantes a oficiales de la reserva”.

Art. 2° — Deléganse en el señor Ministro de Defensa las siguientes facultades:

1) Designación del personal militar en los cargos correspondientes a la conducción superior del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, con excepción de los Jefes de dichos Estados Mayores, el Comandante Operacional del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS y el Jefe de la CASA MILITAR de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

2) Designación del Auditor General y del Auditor General Adjunto de las Fuerzas Armadas, de conformidad a las disposiciones previstas en el Anexo V de la Ley N° 26.394.

3) Disposición de los retiros y bajas obligatorios de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.

4) Disposición de las altas y ceses de oficiales y suboficiales para prestar servicios en situación de retiro.

5) Resolución de los recursos presentados por los oficiales superiores contra resoluciones de los Jefes Estados Mayores Generales como definitiva y última instancia, agotando así la vía administrativa, con exclusión de las materias reguladas por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas (Anexo V de la Ley 26.394).

Art. 3° — Deléganse en el Jefe del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS las siguientes facultades:

1) Designación de los oficiales destinados en el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, con excepción de aquellos cargos que constituyan la conducción superior.

2) Designación de los suboficiales destinados en dicho Organismo Militar.

3) Aprobación de las calificaciones de egreso de los cursos conjuntos y otorgamiento de los títulos correspondientes.

4) Designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, en los institutos y cursos de formación conjuntos.

5) Designación de los agentes civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino.

Art. 4° — Deléganse en los Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas las siguientes facultades, respecto de sus respectivas Fuerzas:

1) Designación de los oficiales en los cargos que no constituyen la conducción superior de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas.

2) Disposición de los cambios de destino de los oficiales.

3) Designación y disposición de los cambios de destino de los suboficiales.

4) Aprobación de las calificaciones de egreso de escuelas o institutos de reclutamiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

5) Aprobación de las calificaciones de egreso de las Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas y otorgamiento de los títulos correspondientes.

6) Disposición de las bajas y los retiros obligatorios de los oficiales jefes y oficiales subalternos.

7) Aprobación de las calificaciones de egreso de escuelas o institutos de reclutamiento de suboficiales de las Fuerzas Armadas y otorgamiento de los grados que correspondan.

8) Otorgamiento de los ascensos de los suboficiales.

9) Aprobación, renovación y rescisión de los compromisos de servicios suscriptos por los oficiales y los suboficiales.

10) Disposición de los retiros y las bajas voluntarios de los oficiales y los suboficiales.

11) Disposición de las bajas y los retiros obligatorios, y las reincorporaciones de los suboficiales.

12) Otorgamiento de las licencias y disposición de los cambios de las situaciones de revista de los oficiales y los suboficiales.

13) Designación del personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas.

14) Designaciones a los agentes civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino.

15) Resolución de los recursos presentados por los oficiales jefes y subalternos contra resoluciones de los Jefes de los Estados Mayores Generales como definitiva y última instancia, agotando así la vía administrativa, con exclusión de las materias reguladas por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas (Anexo V de la Ley 26.394).

16) Ejercicio de la superioridad por cargo respecto del personal retirado de su Fuerza, quedando asimismo bajo su dependencia el personal en disponibilidad y en pasiva que posea un grado o una antigüedad superior a la del oficial superior que ejerza la titularidad del organismo de administración de personal.

17) Resolución de las actuaciones por enfermedad o accidente de los oficiales y los suboficiales, otorgar pensiones a los deudos del personal militar y aprobar las modificaciones de retiro o pensión en sus respectivas Fuerzas.

18) Resolución de las situaciones previstas en el artículo 24 de la Reglamentación del Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas.

19) Resolución de las informaciones por bienes del Estado de acuerdo con lo estatuido por las respectivas reglamentaciones jurisdiccionales, con las facultades atribuidas a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

20) Autorización de todos los actos procesales, incluidos promover y contestar demandas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 411/80 (T.O. Decreto N° 1265/87 y su modificatorio).

Art. 5° — El MINISTERIO DE DEFENSA comunicará al ESTADO MAYOR CONJUNTO y a los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas los cargos que quedarán comprendidos en la categoría de “Conducción Superior”, en función de las estructuras organizativas que dicho Ministerio apruebe. La inclusión del cargo en la mencionada categoría no representará impacto presupuestario adicional alguno.

Art. 6° — Facúltase al Ministro de Defensa a dictar las normas aclaratorias y complementarias del presente Decreto.

Art. 7° — Deróganse los apartados 4) y 8) del inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985.

Art. 8° — Derógase el Decreto N° 436 del 31 de enero de 1984 y sus normas modificatorias y complementarias.

Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Julio C. Martínez.

Coca-Cola apuesta a la soja: compró AdeS por US$ 575 millones

Por Alfredo Sainz - LA NACION
Busca ampliar su portafolio de bebidas más allá de las gaseosas con la marca nacida en Tucumán
Coca-Cola y AdeS, con fuerte presencia en las góndolas argentinas
Coca-Cola y AdeS, con fuerte presencia en las góndolas argentinas. Foto: Enrique Villegas

Coca-Cola acaba de dar un nuevo paso para dejar de depender exclusivamente del negocio de las gaseosas y convertirse en una compañía de bebidas. La multinacional con sede en Atlanta cerró en 575 millones de dólares la compra de AdeS, la marca de origen tucumano que se convirtió en la líder en la región en la categoría de bebidas a base de soja.

AdeS -cuyo nombre es un acrónimo de Alimentos de Soja- nació en Tucumán en la década del 80 y hoy es una marca con peso regional y presencia en todos los grandes mercados latinoamericanos, desde Brasil hasta México, incluyendo Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En el último año, AdeS vendió 56,2 millones de unidades y generó ingresos para Unilever, su dueña, por US$ 284 millones.

Detrás de la compra se encuentra la estrategia de Coca-Cola de diversificar su portafolio de bebidas, ingresando en nuevas categorías como ya lo había hecho en jugos, lácteos, café y té. "AdeS es la marca líder en su categoría y estamos muy emocionados de agregarla a nuestro portafolio de bebidas. Esto les da continuidad a las exitosas asociaciones con nuestros socios embotelladores de América latina y trae ofertas más innovadoras para nuestros mercados", sostuvo Brian Smith, presidente de The Coca-Cola Company para la región.

Por más que en la compañía no les guste admitirlo, las gaseosas quedaron en el ojo de la tormenta en muchos mercados y cada vez son más comunes las acusaciones que identifican el consumo de estas bebidas con la obesidad infantil.

Nuevas categorías

Para escapar de estas acusaciones, Coca-Cola a nivel mundial está incursionando en nuevas categorías. A nivel local, esta apuesta incluye desde la compra de marcas locales como Cepita -que fueron adquiridas por la compañía en 2004- hasta la incorporación de propuestas internacionales, como la línea de té frío Fuze Tea, las isotónicas PowerAde o la línea de bebidas funcionales Vitamin Water. Coca-Cola Argentina además se convirtió en el principal comprador de jugos de fruta del mercado local y en los últimos cinco años concretó la adquisición de más de US$ 1700 millones de siete frutas.

En otros mercados, la compañía ya fue más lejos en su estrategia de diversificar su cartera de productos. Con esta lógica, no sorprende que en Japón Coca-Cola tenga una marca de café o que en Ecuador y México ya haya lanzado su línea de lácteos.

Para AdeS la compra por parte de Coca-Cola representa el quinto cambio de manos en menos de treinta años de existencia. La marca fue fundada por Juan Martín Allende, un abogado y productor de soja que estaba buscando alternativas para la explotación de su campo. Para este proyecto, Allende sumó a Alejandro Gutiérrez-Herrera, un ejecutivo con experiencia en la industria láctea, que fue clave para el desarrollo de la primera línea del producto, que combinaba la leche de soja con jugos de fruta. Los primeros lanzamientos de la marca incluyeron dos versiones: una natural y otra de chocolate. Y al poco tiempo se sumaron las saborizadas de naranja y manzana.

La buena respuesta que obtuvieron los fundadores de la marca hizo que AdeS rápidamente quedara en la órbita de las grandes empresas. La primera en ver el potencial que tenía el producto fue Refinerías del Maíz, que en ese momento era una compañía controlada por el grupo Bunge & Born, y en 1992 se alzó con el control de AdeS.

Poco después, Refinerías pasó a manos de la compañía norteamericana Bestfoods, que a su vez en 2000 terminó siendo absorbida por Unilever. Dentro de ese paquete, que incluía marcas como Hellmann's o Knorr, también AdeS pasó al portafolio de Unilever.

Con el nuevo dueño, AdeS mudó su producción de la planta que tenía en la localidad de La Cocha, en Tucumán, al complejo industrial que tiene Unilever en Pilar e inició su proceso de internacionalización.  "Esta venta es un paso que nos permite reenfocar nuestro portafolio en América latina", reconoció Miguel Kozuszok, CEO para América latina de Unilever.

Enarsa: recibe subsidios millonarios del Estado, pero alquila oficinas de lujo en Recoleta

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La empresa estatal es deficitaria, pero paga US$ 31 el metro cuadrado por sus oficinas de la calle Libertador, casi 10% más que en la zona más cara de la ciudad.

Las oficinas de Enarsa en Libertador.

Hugo Balboa trabajó durante décadas en el sector privado, pero llegó a fines del año pasado a la presidencia de Enarsa, la compañía estatal de energía, por pedido del ministro del área, Juan José Aranguren.

En su primer día de gestión pública, el 14 de diciembre de 2015, lo sorprendió sobre su escritorio una intimación de la compañía boliviana YPFB que amenazaba a Enarsa con ejecutar una carta de crédito de US$ 374 millones por una deuda que la empresa que ahora conducía mantenía por importaciones de gas, una herencia que recibió de la gestión anterior, a cargo de Walter Fagyas, hombre cercano al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

El apremio de los bolivianos, con quienes luego se llegó a un acuerdo, no fue lo único que le llamó la atención a Balboa en su primer día como ejecutivo de una empresa pública. El piso 14 del edificio de Avenida del Libertador al 1068, donde funciona su despacho y la sala en la que se hacen las reuniones de directorio, desbordaba de sofisticación, algo que le resultó poco coherente para una empresa cuya subsistencia está atada a las transferencias del Estado, porque no cuenta con fondos genuinos para sostener su operación. De hecho, en 2015 Enarsa recibió $ 27.145,5 millones del Tesoro que la convirtieron en la segunda entre las mayores beneficiadas con los subsidios oficiales, detrás de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico.

Las sospechas de Balboa se concretaron cuando pidió los contratos de alquiler. Enarsa sólo es dueña del segundo piso del edifico de Libertador, menos lujoso, pero tiene otros tres pisos en esa torre, ubicada en Recoleta. La compañía paga por el lugar donde se hace el directorio US$ 31 por metro cuadrado. La suma está por encima del alquiler promedio de las locaciones de oficinas más importantes de la ciudad de Buenos Aires.

Según el último informe de la consultora Colliers, el precio promedio de alquiler en el primer trimestre fue de US$ 24,1 el metro cuadrado. La zona de Catalinas, la más onerosa, costó US$ 28,2. De manera que las oficinas de la empresa estatal de energía le cuestan al Estado casi 10% más en dólares que el precio promedio más alto de la ciudad.

Las cifras convencieron de inmediato a Balboa. Aunque la firma que maneja tiene que resolver cuestiones urgentes, como la importación de gas por barcos y desde Chile, o la finalización de centrales eléctricas para paliar la crisis energética, ordenó revisar los precios de los alquileres. Ante la consulta de La Nación, sostuvo: "Estudiamos una mudanza, pero los costos son también altos. Ahora tenemos dos alternativas: renegociar o irnos". Su objetivo es bajar US$ 4 el precio del metro cuadrado en el edificio de Libertador, cuyos contratos (la empresa le alquila a varios dueños) vencen este mes.

Enarsa alquila otro edificio en la calle Paraguay, aunque paga un valor más razonable según lo entiende la nueva conducción. Allí, el plan de ahorro será distinto: la empresa intentará dejar un piso y ocupar mejor el resto del espacio disponible.

Existiendo un numerosas propiedades estatales -muchas de ellas sin uso o con espacio disponible -porque no se las ocupa logrando un sustancial ahorro de dinero proveniente de los usuarios... Si los administradores políticos  defendieran su propio bolsillo tendrían una decisión rápida.

El Gobierno denunció a la firma Odebrecht por presuntos sobreprecios

Marcelo Odebrecht foto: Archivo Marcelo OdebrechtPor Hugo Alconada Mon - LA NACION
Habría cerrado contratos de obra pública por hasta cuatro veces el valor real; el gigante brasileño niega las acusaciones


Marcelo Odebrecht. Foto: Archivo

El Gobierno denunció al gigante brasileño de la construcción, Odebrecht, por presuntos sobreprecios que habrían llegado hasta el 400% en contrataciones para obras públicas que se canalizaron a través de Nación Fideicomisos. Todo, según sospecha la nueva gestión, con un perjuicio potencial para las arcas públicas por decenas de millones de dólares.

La denuncia también alcanza a los anteriores responsables de la Secretaría de Energía -en tiempos de Daniel Cameron, en la órbita del entonces ministro Julio De Vido-, del Enargas y de Nación Fideicomisos por "el funcionamiento y la administración" de dos fondos fiduciarios. El primero, destinado a "las inversiones en transporte y distribución de gas", y el otro, creado para "la contratación y adquisición de gas natural destinado a la generación de energía eléctrica".

Odebrecht negó ayer cualquier irregularidad o delito ante la consulta de LA NACION. Pero la denuncia, que quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría y el fiscal Patricio Evers, se plasmó en un momento singular. En Brasil, el delfín del conglomerado industrial más importante de América latina, Marcelo Odebrecht, se acogió al régimen de "delación premiada". Colaborará ahora con la pesquisa conocida como Lava Jato con la esperanza de obtener una reducción en su condena a 18 años y 4 meses de prisión.

En los tribunales de Comodoro Py, en tanto, las nuevas autoridades de Nación Fideicomisos -que integra el Grupo Banco Nación- radicaron la denuncia basadas en dos reportes internos de su Gerencia de Operaciones y otros dos informes de la Auditoría General (AGN) y de la Sindicatura General (Sigen).

En esos informes, según la denuncia, se expusieron "expresas alusiones a diversas irregularidades que podrían, de confirmarse, resultar en maniobras compatibles con la comisión de delitos de acción pública". Entre ellos, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Desde Odebrecht afirmaron a LA NACION que tienen "vasta documentación" para probar que su actuación "se enmarca dentro de un contrato conforme el marco legal vigente así como sus precios".

Según la denuncia, por el contrario, esas supuestas "irregularidades" se plasmaron en una "diferencia sustancial" en las cotizaciones que presentó Odebrecht para construir dos colectores: uno para la planta compresora Beazley y otro para la Planta compresora Pichanal.

"Tal como se observa en el informe de la Gerencia de Operaciones", citó la denuncia de Nación Fideicomisos, "la comparación entre ambas ofertas resulta superior al 400%, lo cual pone en evidencia el desmedido recargo exigido por Odebrecht al cotizar la Planta Colectora Beazley".

Para la constructora, en cambio, "no existió diferencia de precios". Argumentaron que "los trabajos en cuestión no son comparables porque en cada una de las plantas mencionadas depende de sus características específicas: ubicación de las plantas, logística, diseño, técnica constructiva, las condiciones de trabajo, la relación con los gremios, estacionalidad y plazos de ejecución".

La propia Gerencia de Operaciones de Nación Fideicomisos, en tanto, también alertó el 13 de mayo pasado sobre los costos que pasó Odebrecht para importar "materiales críticos" con una "brecha considerable" entre los valores que presentó al ofertar y al comprar unos tubos de Ternium. "Representa una diferencia de US$ 28.782.083", abundó la denuncia penal. Desde Odebrecht también negaron irregularidades en esa operación. Los precios "tampoco son comparables", indicaron, ya que "por su naturaleza implican montos diferentes".

Para el gigante brasileño, sin embargo, la denuncia penal del Grupo Banco Nación significó la apertura de un nuevo frente judicial en la Argentina en menos de dos meses. La diputada Graciela Ocaña se presentó ante la Justicia cuando desde Brasil trascendió que la Policía Federal de ese país había hallado mails de 2010 en los que se detallaban pagos pendientes desde 2008 por al menos US$ 80.000 para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su asesor y testaferro, Manuel Vázquez.

Esa denuncia recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, en tanto que el fiscal Franco Picardi pidió información a la IGJ y a las autoridades brasileñas.

Durante la última década, Odebrecht se convirtió en uno de los mayores beneficiarios de la obra pública en la Argentina, según detalló De Vido en agosto pasado en un intento de desmentir una investigación de LA NACION sobre los cerca de $ 8000 millones que había recibido Lázaro Báez durante ese mismo período.

El entonces ministro difundió una lista con el gigante brasileño en el sexto lugar. Es decir, sólo detrás de Techint, Electroingeniería, Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Corporación América (Eurnekian) e Invap, aunque los datos que aportó Vialidad Nacional tras el 10 de diciembre mostraron los verdaderos números de Báez, quien afronta múltiples causas penales y evalúa la figura del arrepentido. Esa senda recorre Marcelo Odebrecht en su país, mientras su constructora comienza a recorrer los tribunales argentinos.

Claves de una operatoria sospechosa

Irregularidades - Según la denuncia del gobierno argentino, la empresa brasileña aplicó sobreprecios en contrataciones para obras públicas que habrían superado el 400%, lo que le habría demandado al Estado pérdidas de decenas de millones de dólares

Funcionarios - El gobierno de Mauricio Macri sospecha que estuvieron involucrados en la operatoria los responsables de la Secretaría de Energía, el Enargas y Nación Fideicomisos

Delitos - Según la nueva administración, los funcionarios presuntamente involucrados podrían haber cometido los delitos de defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público

Un beneficiario - El propio ex ministro de Planificación Julio De Vido señaló en agosto del año pasado que Odebrecht fue una de las mayores beneficiarias de obra pública durante la última década

La defensa - la nacion se comunicó con la empresa brasileña, que se desligó de toda responsabilidad y afirmó tener las pruebas suficientes para acreditar que la denuncia -que quedó en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría- no tiene ningún asidero

Las increíbles cifras del túnel de San Gotardo, el más largo del mundo

Colaboración de nuestro lector Sancho
Los trenes son una de mis pasiones...algunos lo saben muy bien por todo lo que ya envié...
la maquina tuneladora mide 410 metros ya que...¡LA MISMA MAQUINA QUE TALADRA LA MONTAÑA, VA MONTANDO POR PARTES LOS TROZOS DE TUNEL DE CEMENTO, PARA SU CONSOLIDACION...! EN LA PARTE TRASERA...

PD::UNA MUECA BURLONA DEL DESTINO ES QUE, ¡NOSOTROS! TENEMOS UNA TUNELADORA EN LA ESTACIÓN HAEDO ..."DESDE HACE 5 AÑOS"...QUE TIENE PROYECTADO SOTERRAR EL FERROCARRIL SARMIENTO HASTA ONCE Y HASTA AHORA NO DIO NI UNA VUELTA POR LO MENOS, PARA USARLA COMO VENTILADOR...
¿SABEN COMO SE LLAMA ESTA TUNELADORA?..."LA ARGENTINA"¿NO RESULTA GROTESCO?

Por Max Seitz - BBC Mundo - 1 junio 2016
¿Te imaginas viajar 57,1 kilómetros a toda velocidad por un estrecho túnel que atraviesa las entrañas de los Alpes?
Túnel
Claramente, es una experiencia vertiginosa y no apta para claustrofóbicos. Pero así será atravesar el túnel de base de San Gotardo, el más largo del planeta, que se inauguró oficialmente este miércoles en Suiza y cuyo servicio regular comenzará en diciembre.

TaladrosEsta maravilla de la ingeniería permitirá unir más rápida y eficientemente el sur y el norte de Europa, una comunicación que siempre se ha visto dificultada por las escarpadas y casi infranqueables montañas de los Alpes.

Foto: El gigantesco taladro usado para la construcción de túnel.

La idea del proyecto es agilizar el tránsito de mercancías y personas, y reducir la contaminación causada por el tráfico de vehículos que circulan por rutas aledañas.

Las autoridades suizas calculan que 260 trenes de carga podrán pasar por el túnel cada día y que 20 millones de pasajeros se beneficiarán de esta nueva vía.

El trayecto entre Zúrich y Milán, por ejemplo, se reducirá a 2 horas y 50 minutos, casi una hora menos que en la actualidad.
El túnel de base de San Gotardo va desde el municipio de Bodio (en el sur de Suiza) hasta la comuna de Erstfeld (en el centro del país). Une así la zona suiza italoparlante con la germanoparlante.

En realidad consiste en dos túneles pegados, uno de ida y otro de vuelta.
Túnel de base de San Gotardo
Si no tuvieran refrigeración, estos socavones serían un horno, ya que fácilmente podrían alcanzar los 50º centígrados.
túnel de base de San Gotardo
Tanta fue la cantidad de roca y escombros que debieron ser removidos —más de 28 millones de toneladas— que en el valle donde se encuentra una de las bocas del túnel "nacieron" varias montañas de material.

Pero estos no son los únicos datos que impresionan.

martes, 31 de mayo de 2016

Destinan $ 4.000 millones para mejorar las comunicaciones

Por Alejandro Alfie - Clarin.com
El Gobierno utilizará un fondo integrado con aportes de las telefónicas.
Habrá más conectividad a internet.

El Gobierno resolvió subsidiar parte de las inversiones públicas para dar conectividad a Internet con el Fondo del Servicio Universal de las telecomunicaciones, que acumula más de $4.000 millones en una cuenta del Banco Nación y que hasta ahora casi no se usaba.

“En un plazo de dos años, vamos a destinar más de $1.000 millones del Servicio Universal para el Plan Federal de Internet, que va a permitir conectar a muchas localidades en todo el país; mientras que el resto de los recursos para ese plan van a ser propios”, dijo Rodrigo de Loredo, presidente de la empresa estatal Arsat.

Los otros dos planes que se van a financiar con dinero del Servicio Universal son: la reconversión de las cooperativas de telecomunicaciones, para que lleguen a sus abonados con servicios de mejor calidad; y la conectividad de escuelas a Internet, que hasta ahora financiaba a 4.800 y se va a ampliar a más de 14.000 escuelas.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que conduce Miguel de Godoy, es el encargado de manejar el Fondo del Servicio Universal, al que aportan las empresas de telecomunicaciones para subsidiar la telefonía e Internet en lugares alejados de los centros urbanos y en sectores vulnerables de la población.

En el ENaCom dijeron que “ingresan al fondo unos $ 60 millones por mes”, pero la anterior gestión kirchnerista gastaba sólo el 10% del dinero que ingresaba. También relativizaron los números que mencionó el titular de Arsat, ya que todavía no se aprobaron las partidas específicas del ENaCom para el Plan Federal de Internet; aunque prefirieron no desmentirlo, ya que es uno de los planes sobre los que trabaja el organismo oficial.

El Decreto 764 creó el Servicio Univesal en el año 2000. Pero durante varios años las empresas del sector no hicieron los aportes, del 1% de sus ingresos, ya que los funcionarios no creaban el Fondo Fiduciario ni su reglamento de administración. Además, después el kirchnerismo tuvo un acuerdo con las telefónicas dominantes para no intervenir activamente en el sector; e incluso esas compañías compensaban algunos aportes con prestaciones como los servicios para hipoacúsicos, la facturación braille, los servicios de información y las bonificaciones por bajo consumo, entre otros. De hecho, durante varios años Telecom y Telefónica de Argentina no realizaron ningún aporte al Servicio Universal.

El Decreto 267 de diciembre de 2015 transfirió el Servicio Universal al ENacom. “Estamos analizando las deudas de las telefónicas, para ver cómo resolvemos esa situación”, dijo una fuente de ese organismo. Y agregó que, más allá de eso, la decisión del Gobierno es comenzar a invertir el dinero del Fondo del Servicio Universal, “cuya utilidad exclusiva es para dar conectividad, ya que no se puede usar para construir rutas ni para ningún otro fin”, aseguró una fuente del organismo oficial.

Argentina quedó cerca de ser aceptada en la OCDE

Canciller Susana Malcorra. Foto: APPor María Laura Avignolo - Clarin.com - Ese organismo, conocido como “el club de los países ricos”, podría tomar la decisión en su reunión de septiembre.


Canciller Susana Malcorra. Foto: AP

Argentina podrá ser parte de la OCDE tras deliberaciones que van a transcurrir en el segundo semestre en París. Así se acordó en la entrevista entre la canciller Susana Malcorra y Angel Gurría, el director general de la organización , durante la visita de 48 horas de la ministra a la capital francesa. Una buena noticia para el gobierno de Mauricio Macri . Sólo Chile y México son los países latinoamericanos miembros de esta organización, que hoy lidera la batalla contra la corrupción de los estados y la eliminación de los paraísos fiscales.

“Quedamos en que vamos a trabajar en un plazo muy cortito, que será en septiembre. Les dijimos que políticamente nosotros estamos muy comprometidos para entrar a la OCDE. Las modalidades son las que se van a definir en este paso corto” explicó una fuente diplomática a Clarín. Malcorra fue recibida por Gurria y todo el equipo de la organización: los jefes del departamento económico, exterior, relaciones globales, la secretaria general. Su idea fue mostrarle a la funcionaria macrista qué puede hacer la OCDE por Argentina.

La canciller explicó todas las leyes que el gobierno está instrumentando y tiene que poner en marcha. Les habló de cómo son los mecanismos para lograr los apoyos parlamentarios, después que “el sabio pueblo argentino” los fuerza a crear consensos para gobernar y la relación que el gobierno actual tiene con los gobernadores.Enumeró la ley del blanqueo tributario que se pondrá en marcha. Pero explicarla será un trabajo del ministro de economía, Alfonso Prat Gay, que aterrizará en París el miércoles.

No fue la única noticia del día.Los capitanes de la industria francesa del MEDEF, en un almuerzo con la canciller, en el exclusivo club Cercle de l´union Interalliée, pegado al Palacio del Eliseo, se mostraron interesados en invertir en puertos, puentes y especialmente ferrovías y ferrocarriles de carga.Una especialidad muy francesa. Los empresarios coincidieron en que existe “un clima diferente, positivo” para los negocios en Argentina. Pero hicieron preguntas puntuales sobre la industrias de alimentos.

La canciller los invitó a invertir. “El primer objetivo del gobierno es asegurar que tiene una economía sustentable para todos los argentinos, donde se genere trabajo. Para generarlo necesitamos inversiones, que den empleo real.Y esta es mi invitación” les dijo.” La principal preocupación que tiene el presidente Macri es terminar con un país desigual”, aseguró. Malcorra también se reunió con representantes de Senado y de la Asamblea Nacional.

Tiene previsto reunirse con la ministra de Medio Ambiente, Segolene Royal y el canciller Jean Marc Ayrault .

Hay 150 baches nuevos por semana y suman máquinas para poder taparlos

(Clarin.com) - Muchos se vuelven a abrir porque están mal cerrados. Los pozos son una de las principales quejas de los vecinos. Compraron 5 camiones que llevan el asfalto caliente para tratar de cerrar uno cada 20 minutos.

Camión. Una de las unidades con una tolva que mantiene la temperatura del asfalto, para poder tapar un bache en sólo 20 minutos y seguir al próximo.
Camión. Una de las unidades con una tolva que mantiene la temperatura del asfalto, para poder tapar un bache en sólo 20 minutos y seguir al próximo.

Cada semana, los porteños denuncian la existencia de 150 baches pero el Gobierno porteño alcanza a tapar unos 120. Así, el enorme stock de pozos es un problema crónico de la Ciudad y uno de los principales reclamos de los vecinos. De la mano de la tecnología, la idea es revertir esa tendencia: la Ciudad compró cinco camiones especiales que pueden tapar un bache cada 20 minutos, lo que permitiría cubrir hasta 20 por día.

Para los vecinos, los baches son un fastidio cotidiano. El tema siempre está presente en todos los rankings de reclamos, tanto el del Gobierno como en las redes sociales o hasta en sitios web creados para denuncias vecinales.

El gran problema son las aperturas del pavimento que hacen las empresas de servicios públicos, porque duran muchos días y no siempre son tapados como corresponde, con lo cual a los pocos días el pozo reaparece. Pese a diversos cambios de sistema que ensayó la Ciudad en los últimos años, y aunque las multas se fueron encareciendo (actualmente pueden costar entre $ 346.500 y $ 1.054.900), nunca se alcanzó una solución.

Un ejemplo es el que sufrieron hasta hace poco los vecinos de la zona de Primera Junta. En Federico García Lorca y Rivadavia, una cuadrilla de AySA abrió un pozo para reparar la rotura de un caño. El agujero, de unos dos metros de profundidad y al menos uno de diámetro, fue tapado con un chapón atornillado al piso. Además, le hicieron un corralito alrededor para advertir a los automovilistas, aunque no le colocaron ni luces ni carteles. Ese corralito fue arrollado al menos tres veces por autos, y sólo queda un carril para circular por García Lorca. “Nos explicaron que una cuadrilla hace la reparación pero los que tapan el pozo son otros. Aunque reclamamos, tardaron más de 20 días en repararlo. Era un peligro para los vecinos y para todo el tránsito”, contó Marta Hernández, vecina de la cuadra.

Las denuncias se pueden hacer ingresando a Reclamos o llamando al 147. Si bien hay pozos en toda la Ciudad, la zona con más reclamos es la Comuna 4, que integran Barracas, La Boca, Pompeya y Parque Patricios.

maquina bacheadora camion baches comprada por la municipalidad arreglos calles maquina bacheadora camion baches comprada por la municipalidad arreglos callesPrecisamente, por esa Comuna comenzarán a trabajar los nuevos camiones, cinco unidades bacheadoras que costaron $ 20.500.000 (a razón de $ 4.100.000 cada una). Son vehículos fabricados por la empresa Mack, de Estados Unidos, y cuentan con un sistema de calentamiento propio del asfalto por caldera. Gracias a eso, el material se mantiene en temperatura óptima durante 14 horas, lo que reduce tiempos y además evita que el camión tenga que volver a la planta a reabastecerse.


Por eso, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público aseguran que podrán tapar un bache cada 20 minutos, aunque siempre dependiendo del tamaño. Como cada camión puede cargar hasta 6 toneladas, se podrían cubrir entre 10 y 20 pozos diarios. “Estamos sumando tecnología de punta para responder con mayor rapidez y calidad a las necesidades que tienen los vecinos que circulan por la Ciudad. Es una operatoria más moderna, de rendimiento a largo plazo”, afirmó el ministro Eduardo Macchiavelli.

Hasta ahora, cada cuadrilla salía con cinco operarios y cubría entre 7 y 10 baches por día. Cada uno le demoraba por lo menos media hora. El ritmo no se podía mejorar porque el material se cargaba en camiones, se tapaba con una lona y había que bajarlo con palas. La carga se hace en una planta que el Gobierno porteño tiene sobre la avenida Castañares al 2300, en Flores, y como el material perdía temperatura, si el pozo quedaba en un lugar muy alejado se hacía imposible llegar a tiempo.

Con los nuevos camiones, saldrán sólo un conductor y un operario, que deberán seguir una ruta establecida en base a los reclamos vecinales. Tras recuadrar el bache, se volcará el asfalto directamente desde el vehículo y el trabajador lo compactará con un martillo neumático. Si les sobrara asfalto o terminaran rápido, podrán continuar con más pozos, ya que trabajarán por objetivos. En Espacio Público confiaron que en dos a tres meses las cinco unidades ya alcanzarán el ritmo pleno de trabajo.

Avanza la mudanza y la Ciudad abre otro edificio en el Sur porteño

(Clarin.com) - Llevarán a unos 800 empleados del Instituto de Vivienda y otras dependencias. Queda en Barracas, cerca de Parque Lezama. Es una ex planta de Pepsi restaurada.
El nuevo edificio, en la calle Finochietto 435, en Barracas, muy cerca del Parque Lezama. (Gerardo Dell'Oro)
 El nuevo edificio, en la calle Finochietto 435, en Barracas, muy cerca del Parque Lezama. (Gerardo Dell'Oro)

La mudanza hacia el Sur porteño se había iniciado con la apertura del Centro Cívico de Parque Patricios y del Palacio Lezama. Ahora, el traslado de oficinas del Gobierno de la Ciudad continuará con la inauguración de un tercer edificio, en Barracas, donde antes funcionaba una planta de la empresa Pepsi. Desde la semana próxima trabajarán allí unos 800 empleados del Instituto de Vivienda de la Ciudad y de la Dirección General de Registros de Obras y Catastros.

El nuevo edificio, está en la calle Finochietto 435, entre Bolívar y Defensa. La Ciudad lo alquila por 3 millones de pesos al mes y tiene cuatro pisos, un subsuelo y una terraza, con una superficie total de 10.487 metros cuadrados. Parte de la terraza será un lugar de recreación y descanso para los empleados, mientras que las oficinas tienen un diseño abierto que facilita la comunicación entre las diferentes áreas de trabajo.

Los empleados que trabajarán allí llegan desde la antigua sede del Edificio del Plata, que recientemente fue vendido en un remate al Banco Hipotecario. Por la mudanza, el Instituto de Vivienda suspenderá la atención al público desde este jueves hasta el martes próximo. Según informaron desde el organismo, retomará la actividad el miércoles 8 de junio en su horario habitual.

“La mudanza permitirá centralizar todas las áreas del IVC en un único edificio, cuyo diseño de oficinas favorecerá la comunicación. Además, contribuirá para potenciar el crecimiento de la zona sur”, indicó la Ciudad en un comunicado oficial.

Este edificio forma parte del Plan de Relocalización de las dependencias públicas en el Sur de la Ciudad, que busca reactivar la zona y acortar la brecha con el Norte porteño. “Con el plan de relocalización de oficinas de Gobierno estamos brindando mejores espacios de trabajo a nuestros empleados y llevando más desarrollo al Sur de la Ciudad, nuestro principal objetivo”, destacó el ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia.

La descentralización del Gobierno no terminará en el edificio de Finochietto. La intención es utilizar parte del dinero obtenido por la venta del Edificio del Plata para comprar otros edificios industriales sin uso, para mudar los ministerios que todavía siguen funcionando en la zona de Plaza de Mayo, como Hacienda y Desarrollo Social.

La mudanza al Sur porteño se inició en el primer trimestre de 2015, cuando la Jefatura de la Ciudad (por entonces con Mauricio Macri a la cabeza) y otras dependencias públicas desembarcaron en la nueva sede de Parque Patricios, un edificio sustentable diseñado por el arquitecto Norman Foster.

Con 38.000 metros cuadrados, tiene tres plantas de oficinas, una capacidad para 1.200 empleados y dispone de 400 cocheras, comedor y salón auditorio, entre otras comodidades. Meses después, se inauguró el Palacio Lezama en la ex fábrica de bizcochos Canale, sobre la calle Martín García. Ahí ya funcionan los Ministerios de Desarrollo Urbano y Transporte, Ambiente y Espacio Público y Modernización, más la Sindicatura General, que suman tres mil empleados.

El grupo Cirigliano vende varias líneas de colectivos urbanos

Por Diego Cabot - LA NACION
Dejará de operar las que son de su firma Ecotrans; se hacen cargo 4 empresas
Una de las firmas, Ecotrans, que pertenecía al grupo Cirigliano
Una de las firmas, Ecotrans, que pertenecía al grupo Cirigliano

Ya se conocían las negociaciones, pero ahora se formalizaron. El grupo Cirigliano decidió dejar de explotar varias de sus líneas de colectivos que funcionaban bajo el nombre de la empresa Ecotrans.

Según consta en el juzgado donde tramita el concurso preventivo de la compañía, el grupo se desprendió de las líneas 136, 153, 163, 174, 243, 317, 321, 322, 503 y 635, todas operadas por Ecotrans. Los compradores, las empresas Libertador San Martín, Sargento Cabral, Microómnibus Saavedra y La Cabaña, se harán cargo de la "explotación y prestación de servicios de transporte de pasajeros". A cambio, la empresa, cuyo socio principal es el grupo Cirigliano, recibirá un alquiler que se depositará en el juzgado.

De acuerdo con el convenio al que accedió LA NACION, Ecotrans recibirá un alquiler mensual de un millón de pesos durante 60 meses, que se depositarán en la cuenta del juzgado. A su vez, la empresa, y no el juzgado, recibirán otros 60 millones de pesos en el término de un año, también por el uso de las instalaciones.

La compañía de colectivos, que opera básicamente en la zona Oeste del conurbano bonaerense, recibió en 2015 subsidios por alrededor de 439 millones de pesos, según surge de los cálculos de LNData en base a información oficial. Los problemas de flujo de la empresa coinciden con la pérdida de poder del grupo Cirigliano después de la tragedia de Once. En 2011, la firma recibió subsidios por 245 millones de pesos; un año después, en 2012 y pese a la inflación, la cuenta terminó por debajo: 230,01 millones de pesos. Al año siguiente se recuperó (llegó a 263 millones de pesos), pero nunca pudo reponerse.

Esas líneas de colectivos siempre tuvieron un fuerte componente de subsidios. Sucede que la mayoría de los viajes son largos, con lo que el índice de pasajeros por kilómetro (elemento que hace más o menos rentable una ruta) es bajo. De ahí que el régimen de subsidios las beneficia más que a otras.

Por ahora, la Justicia aún no se expidió sobre la autorización o no del plan. Según consta en el expediente, el 16 de mayo, un día después de presentado el acuerdo, intimó al vendedor a que informe "cómo se repartirán las líneas y dónde trabajará cada uno de los empleados de la empresa".

El contrato prevé que todos los empleados sean ubicados en las nuevas compañías y la renovación de la flota de 350 colectivos. Pese a que consta que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) rubricó el convenio, los empleados de la empresa lo cuestionan. "El acuerdo, que fue preparado a espaldas de los trabajadores, plantea el desmembramiento del servicio y la cesión de sus recorridos a cuatro empresas que se harían cargo de las líneas", dice un comunicado enviado por los delegados de la compañía. Los trabajadores anunciaron un paro y movilización al juzgado que interviene en el concurso para hoy a las 12 del mediodía.

El acuerdo establecía que los empleados pasarían en su totalidad a las nuevas empresas mañana, 1° de junio, y que se respetaría la totalidad de las condiciones de trabajo vigentes. Hasta anoche, el juzgado no había resuelto sobre el convenio.

El repliegue del grupo Cirigliano comenzó ni bien ocurrió la tragedia de Once. Tres meses después, le fue revocada la concesión de los ramales ferroviarios Mitre y Sarmiento, que explotaba Trenes de Buenos Aires, una empresa entre cuyos accionistas estaba Ecotrans. Poco tiempo después, y tras días de conflictos que tuvieron a los trabajadores movilizados en la Avenida General Paz, se cerró el taller ferroviario Emfer. Los empleados fueron reabsorbidos por empresas del Estado relacionadas con el mundo de los trenes.

En el predio, además, se fabricaban colectivos bajo la marca Tatsa. El modelo Puma, de los que circulan cientos en el área metropolitana, se vendía generalmente a empresas que también participaban en Ecotrans. Aquella fábrica también cerró.

En el interior, los transportistas empezaron a perder negocios. Bahía Blanca y Santa Rosa fueron dos de las ciudades en las que dejaron de operar el servicio de colectivos urbano.

A la venta de Ecotrans se le suman los rumores de la venta de todos los colectivos que operan bajo el emblemático nombre de Plaza. Según trascendió, varias de las líneas de colectivos que funcionan en el área metropolitana ya habían sido ofrecidas a otro grupo de transportistas.

Boudou dejó el Senado con una deuda de $ 126 millones por cuentas impagas

Amado Boudou, ex vicepresidente de la NaciónPor Gustavo Ybarra - LA NACION
Una auditoría ordenada por Michetti reveló que el ex vicepresidente no pagó servicios públicos ni pasajes de Aerolíneas; los sobreprecios en las contrataciones podrían derivar en causas penales


Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación

El ex vicepresidente Amado Boudou dejó impagas todas las cuentas de servicios públicos y una millonaria deuda con Aerolíneas Argentinas en su último año de gestión. Así surge de la auditoría sobre el estado de la Cámara alta ordenada por su sucesora y actual presidenta de la Cámara alta, Gabriela Michetti , auditoría que también detectó fuertes sobreprecios en muchas de las contrataciones que podrían derivar en una denuncia penal.

El dato consta en el resumen del trabajo encargado por la vicepresidenta a la Universidad de Buenos Aires (UBA) poco tiempo después de asumir el cargo y que fue difundido ayer por la Dirección de Prensa del Senado, en el que también se destacan el aumento de la nómina salarial de la Cámara en más de 700 millones de pesos como consecuencia de la contratación de 2035 nuevos empleados y el pase a planta permanente de otros 1300 durante el último año de gestión del vicepresidente de Cristina Kirchner .

En declaraciones a LA NACION, Michetti calificó la situación como un "desorden administrativo" y denunció sobreprecios en las compras realizadas por la administración anterior (de lo que se informa por separado).

"Boudou dejó de pagar casi todas las cuentas del último año de su gestión: no pagó los pasajes de avión en la estatal Aerolíneas Argentinas ni las cuentas de luz, gas y TV por cable, por lo que dejó a la nueva administración una deuda de 126 millones de pesos", precisa el comunicado de la vicepresidenta.

Del total de las cuentas impagas, unos 58 millones de pesos correspondían a Aerolíneas Argentinas en concepto de pasajes aéreos para senadores y funcionarios de la Cámara. Según informó la vicepresidenta, desde su asunción "se canceló casi la totalidad" del pasivo con la aerolínea de bandera, que durante el kirchnerismo manejó el dirigente de La Cámpora Mariano Recalde.

Sobreprecios

En tanto, entre las irregularidades encontradas por los especialistas de la UBA que trabajaron en la auditoría se destacan algunos sobreprecios. Como ejemplo citan el servicio de streaming (transmisión por Internet de las sesiones y reuniones de comisiones), por el que, según el informe, "se abonaban 7000 dólares por mes" durante la administración de Boudou. "Hoy, con la licitación hecha correctamente, se abonan 1200 dólares", destaca el informe.

"Otra contratación extraña es la del servicio de Bloomberg (información económica) para la oficina privada del ex vicepresidente, por 2125 dólares mensuales, la cual fue dada de baja inmediatamente", agrega el resumen distribuido ayer a la prensa acreditada en la Cámara alta.

Tal como había adelantado Michetti a LA NACION el pasado 17 de mayo, del análisis de la gestión de Boudou surge que "todas las contrataciones se hacían por legítimo abono, sin llamar a licitación pública". Es decir, no había un control exhaustivo sobre los valores que se pagaban por los servicios.

"El 40 % de las contrataciones por legítimo abono no tenían apertura de expedientes", se destaca en otra parte del informe que pone la mira sobre la decisión de Boudou de duplicar el alcance del "fondo rotatorio" (que se usa para casos de emergencia o excepcionales), lo cual le permitió realizar compras de manera directa.

Por el uso de este mecanismo, el ex vicepresidente compró muebles de lujo para su despacho, tal como dio cuenta LA NACION en febrero de 2013.

El resumen de la auditoría entregado ayer también vuelve sobre la revisión de los nombramientos firmados por Boudou antes de dejar el cargo (fueron tres decretos a lo largo de 2015 por un total de 2035 empleados nuevos) y que fueron derogados por Michetti.

Según la auditoría, tras el trabajo realizado por una comisión revisora se reconsideraron 615 casos. "Pero las reincorporaciones se concretaron en planta temporaria, con reducción de una a tres categorías", agrega.

"Además, se cancelaron más de 300 comisiones de servicios", sistema por el cual empleados que pagaba el Senado cumplían funciones en otras reparticiones, destaca.

"El trabajo que hemos comenzado en el Senado no culminará hasta que sintamos que tenemos una institución con el nivel que se merecen todos los argentinos", afirmó Michetti sobre la revisión de la gestión de Boudou.

Los resultados de la revisión

Servicios - Amado Boudou dejó impagos servicios (luz, gas y TV por cable) y pasajes aéreos de 2015 por un total de 126 millones de pesos

Sin licitación - Todas las contrataciones de servicios se hicieron de manera directa ("legítimo abono"); el 40% de ellas no tiene expediente

Sobreprecios - Por el servicio de streaming se abonaban 7000 dólares por mes; con licitación, ahora se pagan 1200 dólares

Giro estratégico: Macri busca un acercamiento a la Alianza del Pacífico

El presidente, Mauricio MacriPor Martín Dinatale - LA NACION
Pidió que la Argentina sea "observadora" en ese bloque y viajará a la cumbre de presidentes; antes hará una visita clave a Colombia


Tres gestos concretos del presidente Mauricio Macri en los últimos días anticipan un giro copernicano en las relaciones exteriores de la Argentina: decidió viajar a la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico; visitará a su par de Colombia, Juan Manuel Santos, que es crucial en el armado de ese bloque, y presentó un pedido formal para que el país sea "observador" de la alianza comercial integrada por Chile, México, Perú y Colombia.

En todos los casos, la estrategia de Macri es buscar un acercamiento a la Alianza del Pacífico (bloque rechazado por el kirchnerismo por cuestiones ideológicas) y, a la vez, intentará posicionarse como un líder regional capaz de unir a los países del Mercosur con aquellos del Pacífico que están alejados de la retórica bolivariana.

La canciller Susana Malcorra confirmó a LA NACION el viaje de Macri a Chile para la cumbre de la Alianza, a fines de junio, en calidad de "observador", y destacó: "Hay un claro objetivo del Presidente de empezar a trabajar arduamente en una alianza real con los países del Pacífico y unir esas voluntades con las del Mercosur".

Con un mercado de 217 millones de personas, un PBI per cápita promedio de US$ 16.759, la concentración del 50% del comercio de América latina y que atrae el 41% de la inversión extranjera, la Alianza del Pacífico fue creada en 2011 como un mecanismo de integración económica abierto al libre comercio. Macri buscará avanzar en acuerdos concretos con ese espacio.

Cristina Kirchner entrevió durante su paso por la Casa Rosada que la Alianza del Pacífico estaba vinculada a gobiernos de centroderecha y alineada con Estados Unidos. Macri, en cambio, busca desterrar ese mito del kirchnerismo y planea acercar la Argentina a los países del Pacífico para arrastrar luego al Mercosur en una estrategia conjunta de acuerdos comerciales.

En la práctica este plan, que implicará un giro en la política exterior de la Argentina, ya comenzó a rodar. Macri viajará los días 15 y 17 de junio a Colombia para participar en Medellín y en Bogotá de un foro económico de América latina, encarar una visita de Estado y reunirse con Santos. El paso de Macri por Colombia es clave para comprender el entramado del acercamiento con el bloque regional del Pacífico: es que el presidente colombiano también es uno de los más fervientes impulsores de un acercamiento entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

"Hay muy buena sintonía con Santos, trabajo conjunto y una potencial alianza con el Pacífico que empezará a ver sus frutos en Bogotá", dijo a LA NACION una fuente de la Cancillería al detallar la agenda que mantendrá Macri en Colombia. En rigor, ésta será la primera escala del presidente argentino en su plan de acercar posiciones con la Alianza del Pacífico. Es que el 30 de junio Macri viajará a Santiago de Chile para participar como "observador" de la cumbre de presidentes de ese bloque regional.

El embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo, confirmó que Macri fue invitado a la cumbre de la Alianza del Pacífico como observador y se mostró muy optimista por esa actitud de la Argentina. "Estamos llamados a tener un mayor grado de integración que nos dará más fuerza ante el mundo. No podemos desperdiciar esta oportunidad y creo que la Argentina se puede beneficiar mucho con este acercamiento", dijo Viera-Gallo a LA NACION.

En los hechos, Macri busca fortalecer esta alianza en obras concretas e ir más allá de la retórica. Por ejemplo, hace 10 días el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y su par de Chile, Luis Céspedes, ratificaron la instrumentación de un acuerdo conjunto para avanzar en las obras del túnel de Agua Negra en San Juan. Esto apunta a dar celeridad a las obras de conectividad del corredor bioceánico y convertir a la Alianza del Pacífico en una puerta de salida más ágil para el comercio con Asia.

No sólo en el Gobierno se entusiasman con la idea de darle impulso a un acuerdo de la Argentina con la Alianza del Pacífico. En una reciente reunión que mantuvo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el gobernador de Salta, el peronista Juan Manuel Urtubey, se mostró muy alineado con esa idea de Macri: "Debemos relanzar el Mercosur y avanzar en una integración con los países de la cuenca del Pacífico y el Pacto Andino", dijo. Esto le dará réditos inmediatos a Urtubey, ya que con esta alianza se promueve la instalación de un puerto seco entre Salta y Antofagasta que impulse el comercio argentino hacia Asia.

En lo formal, la Cancillería presentó hace cuatro días un pedido concreto a los países de la Alianza del Pacífico para que la Argentina sea "observadora" de ese bloque regional. Según pudo saber LA NACION de fuentes calificadas de la diplomacia de Chile, Perú, México y Colombia, hay "respaldo pleno" para avalar este pedido de la Argentina.

En la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico en Santiago Macri concretará la foto de "observador" de ese bloque. Esta calidad de miembro adherente le permitirá a la Argentina dar un gesto explícito a esa alianza y posicionarse como el país líder del Mercosur que saca beneficios concretos de ese rótulo de "observador", que ya tienen Paraguay y Uruguay.

El secretario de Comercio, Miguel Braun, es más optimista que algunos diplomáticos. Cree que, "a largo plazo, la Argentina ingresará en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)". Éste es un acuerdo de libre comercio que tienen Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. Naturalmente, esta idea espantó siempre al kirchnerismo ya que veía allí una sombra de lo que fue el proyecto del ALCA, que el eje bolivariano rechazó de plano ante George W. Bush en la cumbre de Mar del Plata de 2005.
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