Buscan cómo pagar $ 1000 millones en obras viales

Por Diego Cabot - LA NACION - El Gobierno pagaría esa cifra mensual hasta fin de año para saldar la deuda heredada


A los constructores viales les cambió la cara. Por estos días, el Gobierno afina una propuesta para terminar de pagar la deuda que Vialidad Nacional tiene con el sector y que permitiría llegar a fin de año con los certificados al día. La negociación es lenta. No es para menos: en el medio hay alrededor de $ 1000 millones, que es lo que suma la deuda que la administración pública tiene con los empresarios de las rutas. Los constructores esperaban un bono, pero todo parece indicar que será efectivo y en cuotas. A cambio les pedirán que regresen a los obradores con ímpetu y no con la velocidad crucero que transitaron en los últimos años.

Cuando la nueva gestión de Vialidad Nacional se hizo cargo, la deuda llegaba a $ 12.800 millones. En ese paquete estaban alrededor de 900 obras licitadas y entregadas a los contratistas, pero con una enorme deuda del Estado que impedía el avance. Obradores en modo espera.

Mes tras mes corría por Vialidad la "lista de la felicidad", llamada así por los empleados por las noticias frescas que traía. Desde la oficina de José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, bajaba un escueto papel en el que se enumeraba a quiénes y cuánto se liquidaba cada mes. Los parámetros del desembolso tenían que ver con procedimientos no demasiado claros y más cercanos a la discrecionalidad. Alegrías y frustraciones se repartían por igual. Sin embargo, jamás se avanzaba en pagos que permitieran acelerar las obras, salvo, claro está, la excepción que representaba Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, que tenía sus acreencias al día o incluso adelantadas.

Así vivió el sector desde 2011, con alrededor de 1000 millones de dólares de deuda constante y con una exigencia del Gobierno: mantener la obra viva, aunque no se avanzara, pero sin que se desmantelara un solo obrador.

De aquellos $ 12.800 millones ya se pagaron alrededor de 4700 millones en los primeros meses de gestión macrista. El dinero calmó la ansiedad de los empresarios, muchos de ellos cargados de deuda financiera por la que pagan intereses muy costosos. Además, la promesa de pagar los certificados de obra nuevos se empezó a cumplir; en marzo se terminaron de pagar los de diciembre.

Sin embargo, alrededor de $ 8000 millones de deuda vieja estaban en la nebulosa. En las primeras reuniones del equipo del número uno de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se empezó a delinear la posibilidad de emitir un bono. El antecedente que se mencionaba eran los papeles que emitió el gobierno de Mauricio Macri cuando se hizo cargo de la ciudad y se encontró con una deuda, mucho menor por cierto, heredada de la gestión de Aníbal Ibarra. Aquellos documentos pasaron como rayo por las manos de los constructores y terminaron en los bancos a cambio de un descuento. La Ciudad pagó sus deudas y constructores y bancos quedaron satisfechos.

Ahora todos se preparaban para una solución similar. Pero el Gobierno sorprendió. Les tiró sobre la mesa otra propuesta. Dijo que pagará alrededor de $ 1000 millones por mes para llegar a fin de año con aquella deuda saldada. Los constructores tomaron la propuesta y se entusiasmaron. Luego se calmaron, agarraron sus planillas de cálculo y sacaron cuentas sobre lo que ya se perdió y lo que significa tener los pagos al día, casi una rareza en ese mundo salvo que el apellido fuese Báez.

Por ahora, el acuerdo está cercano, pero no cerrado. Los constructores no son una masa pétrea y además cada uno tiene sus apuros. Sin embargo, la mayoría acompaña. En Vialidad son optimistas.

Mientras tanto, el Gobierno ya les adelantó que la idea es terminar la gran mayoría de las obras iniciadas en las rutas nacionales sin peajes. Luego está el universo de los corredores con peaje. Allí el panorama es distinto. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), un ente dependiente de Vialidad Nacional, ya comenzó a evaluar cada una de los proyectos. El sistema que rige es un híbrido que no dio resultados. En 2011, el kirchnerismo armó un esquema mediante el que las constructoras licitaban un paquete de obras en una traza, y como condición tenían que mantener la ruta, cobrar el peaje y cortar el pasto. El dinero para las obras no llegó nunca y la calidad del mantenimiento bajó al punto de que todos los corredores viales están en peores condiciones que hace cinco años. A ese esquema le queda un año y todo hace suponer que continuará.

El Gobierno ya les adelantó a los concesionarios que de aquel paquete de obras sólo quedarán algunas. Según publicó la Nación, de los 720 contratos que estaban vigentes a fin del año pasado quedarán apenas 430. Los beneficiados fueron los grandes corredores viales que se identifican con rutas nacionales que tienen un solo dígito. La "lista de la felicidad" que venía de la oficina de López ya es historia, pero los pagos antes de fin de año aún son una promesa. En el medio hay negociaciones que les han dibujado una mueca más relajada a los constructores.

Las cifras en discusión

8000 Millones de pesos - Es la deuda que tiene pendiente el Gobierno con los contratistas viales

430 Contratos - Son las obras cuyo pago aún no está al día

CFK dejó tierra arrasada...Pobre patria mía.

Bóvedas, joyas y jueces bajo sospecha

Por Carlos Pagni - LA NACION

Después de escuchar la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, el juez Sebastián Casanello dictaminó ante un pequeño círculo de allegados: "Si aparecen las bóvedas donde guardaban el dinero, la causa está definida". Fariña amplió su confesión el martes de la semana pasada, cuando informó con precisión los sitios donde Lázaro Báez atesoraba los billetes. Pero Casanello se demora en allanar esos lugares. Tal vez él mismo haya dado la explicación: "Si aparecen las bóvedas, la causa está definida".

Fariña identificó, con coordenadas de latitud y longitud, dos estancias de Santa Cruz, cercanas al lago Argentino: Cruz Aike y La Julia. Dijo que en Cruz Aike el tesoro se disimuló en las cocheras. En La Julia, prefirieron esconderlo en el quincho, a un paso de la casa principal. Desde allí Báez y su hijo Martín trasladaban los caudales hasta Buenos Aires. Los dos campos solían estar vigilados con un sistema de custodia perimetral de patrulleros y con personal armado cercano a las bóvedas. Todo provisto por la policía santacruceña. En su chacra de Río Gallegos, Báez recibía las mismas prestaciones.

Para los kirchneristas, tener bóvedas domésticas es un indicador de estatus. A Julio De Vido le atribuyen esconder una en su finca de Puerto Panal. Y Francisco Larcher tiene otra en su mansión del country Abril. Quienes hace poco bajaron a ese sótano afirman que pasó a cobijar una bodega multimillonaria. Pero Larcher está fuera de peligro. A él lo cuida la segunda de la AFI, Silvia Majdalani, con quien suele pasar las tardes de domingo jugando al buraco. A Majdalani le abrieron una causa por lavado de dinero. Sin embargo, ella también se siente protegida: a dos interlocutores del Gobierno les adelantó que ya tiene todo arreglado con el juez Julián Ercolini. Apuesta fuerte Majdalani.

La demora de Casanello es más sorprendente cuando se relee la confirmación de la prisión de Báez por parte de los magistrados de la Cámara Federal. Entre las razones que ofrecieron Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun estuvo la posibilidad de que los imputados conserven una parte de la fortuna que acumularon gracias a la sobrefacturación de la obra pública. Por eso, después de reprocharle varias negligencias, urgen al juez a investigar la localización de esos fondos, no sólo para que sean devueltos al Estado, sino para evitar que con ellos Báez se ponga a salvo del castigo, aprovechando sus innumerables contactos en el poder.

Casanello, que allanó como un relámpago varias financieras porteñas después de la primera declaración de Fariña, tarda en llegar a las estancias de Santa Cruz. Tampoco dispone la prisión de Martín Báez, sobre quien pesan los mismos indicios que llevaron a la cárcel a su padre. La mujer de Báez advirtió a varios dirigentes kirchneristas que si su hijo cae en cautiverio, ella forzará a su esposo a ir contra los Kirchner. Y que si él no lo hace, lo hará ella. El juez analizó con su colega Daniel Rafecas la posibilidad de excluir a Cristina Kirchner de una eventual condena. Rafecas tiene en sus manos el caso Hotesur, sobre presunto lavado de dinero en las empresas de la ex presidenta.

Casanello se arriesga a corroborar con su indolencia el presentimiento de los camaristas: los Báez pueden, con sus vinculaciones, obstruir la investigación. Los Kirchner, mucho más. El ex secretario de Justicia Julián Álvarez, que está afiliado a La Cámpora, la organización que lidera Máximo Kirchner, llamó a Casanello cinco veces horas antes de la detención de Báez. El juez no le contestó. Álvarez estaba interesado en acordar la designación de los abogados del constructor. Pretendía que fueran abogados de su confianza, capaces de adelantar desde dentro del expediente el rumbo que iba tomando la pesquisa. Entre los candidatos a esa función estaba Fernando Susini, a quien Álvarez confió en su momento el asesoramiento legal del general César Milani. Pero Báez fue detenido en el preciso instante en que llegaba a Buenos Aires para participar de esas transacciones. En los tribunales de Comodoro Py sospechan que las negociaciones pueden seguir abiertas. Y ponen la lupa en el abogado Ignacio Palazuelos, muy allegado al magistrado. Es curioso: Palazuelos es funcionario del gobierno porteño. Pero tiene un viejo vínculo con la justicia federal gracias a su amistad con el embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro.

La lentitud de Casanello para perseguir la corrupción contrasta con su velocidad frente a la tragedia de la fiesta Time Warp, de Costa Salguero. Como se encontraba de turno, el domingo se encargó de las primeras actuaciones. Pero el lunes olvidó enviar la causa a sorteo, para que se establezca qué juez estará al frente de la investigación. Es lo que estableció la acordada 37 de la Cámara Federal para evitar el forum shopping, es decir, la selección del magistrado por parte de un delincuente o de un denunciante. Casanello debería leer el libro Forum Shopping, de Pablo Slonimsqui. Lo tiene en la biblioteca del despacho.

¿Posible reemplazo?
Las dilaciones de Casanello en el caso Báez inquietan a sus colegas de Comodoro Py. No porque sientan aversión por la impunidad. Temen que la Cámara lo reemplace. Nadie quiere ser juez en esa causa. Además, Casanello produjo el efecto opuesto al que se esperaba con la captura del empresario: su pachorra expone de nuevo a todo el fuero. Y la supervivencia de esos magistrados es incompatible con la luz.

Este fin de semana volvieron a intranquilizarse con una advertencia del ministro de Justicia, Germán Garavano. Dijo que el Poder Ejecutivo está esperando que otros jueces presenten su renuncia, en la senda de Norberto Oyarbide. Es la jugada más conservadora de las que Mauricio Macri tiene en la cabeza. También está previsto que, apenas se configure una mayoría de dos tercios favorable en el Consejo de la Magistratura, caiga la cabeza de un par de magistrados. ¿El motivo? Sencillo: un proceso por enriquecimiento ilícito.

La última acusación de este tipo afectó al camarista Eduardo Freiler. Jugarretas del azar: es uno de los padrinos de Casanello. Freiler fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por su opulenta acumulación patrimonial: mansión multimillonaria en Olivos, colección de autos de lujo, campos, yates y caballos de carrera. No se descartan relojes. La causa se abrió en lo de Marcelo Martínez de Giorgi. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria de la Sala I de la Cámara, a la que pertenece Freiler. Aun cuando, aclaran allí, trabaja en vinculación con Jorge Ballestero. La acusación se produjo el 31 de agosto de 2015. Para el 17 de marzo pasado Martínez de Giorgi lo sobreseyó, a pedido del fiscal Ramiro González. A Freiler le gusta la velocidad. A Martínez de Giorgi se ve que también. Ni siquiera se dio tiempo para un peritaje. Casanello podría tomar clases.

¿Estrenarán con Freiler la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta? Es la teoría según la cual el principio de la cosa juzgada debe ser relativizado si el proceso fue irregular o estuvo sometido a manipulaciones. A Martínez de Giorgi le serviría profundizar en esa tesis: está subrogando el juzgado de Norberto Oyarbide, donde se absolvió a los Kirchner por enriquecimiento ilícito después de que el ex presidente citó al juez en Olivos para darle una reprimenda.

Tal vez no haga falta innovar. Freiler todavía debe dar explicaciones por la propiedad de una financiera, donde es socio de María Carla Lago. Es la esposa de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo. María Carla Lago ganó alguna notoriedad porque a uno de sus teléfonos llamó Alberto Nisman horas antes de denunciar a Cristina Kirchner. La acusación de Nisman recaló en el juzgado de Lijo. María Carla y Alfredo Lijo viven en Abril, así que en cualquier momento se suman al buraco. "Freddy" mantiene una estrecha relación con Julio De Vido, a quien le ofreció durante años un cómodo blindaje en los tribunales.

El amor por los canarios aproxima a las personas. La situación de Freiler y la señora de Lijo debe ser juzgada por Rodolfo Canicoba Corral. Dicen que sobre su escritorio hay un dictamen absolutorio del fiscal Juan Pedro Zoni. Justicia Legítima.

Los detalles de estos vínculos, que incluyen al juez, suelen animar las tertulias del tercer piso de Simonetta Orsini. Reaparecen los relojes. Allí, en Cerrito y Posadas, entre el humo de los puros, algunos jueces celebran reuniones privadísimas. Gracias a un recibo de Simonetta Orsini, Oyarbide pudo eludir su propia causa por enriquecimiento: parece que allí adquirió por pocos pesos un anillo valuado en más de 200.000 dólares.

La joyería Orsini pertenece a Miriam Kohen. Es la esposa de Gerardo Luis Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería. Esta empresa, que tuvo una expansión inigualable durante el kirchnerismo, fue acusada en Brasil de recibir coimas de Petrobras por la adquisición de Transener. En la compañía lo niegan. Pero en la causa que sigue el juez Sergio Moro están mencionados Ferreyra y su gran benefactor, De Vido. Algunos funcionarios de los tribunales comienzan a temer que muchas de las entrevistas celebradas entre diamantes y relojes de alta gama estén grabadas.

Freiler, Lago, Lijo, Kohen, Oyarbide, De Vido, Ferreyra. Las conexiones entre estos nombres insinúan que algunos jueces federales fueron algo más que complacientes con el esquema de negocios montado por el kirchnerismo durante más de una década. Formaron parte.

El verdadero cambio que tiene que hacer el presidente Macri

Por José Luis Espert - LA NACION
Hace 80 años la Argentina estaba décima en el ranking mundial de ingresos per cápita. Hoy no supera el puesto 70. En los últimos 40 años tuvimos cuatro planes que terminaron en crisis profundas: el de José Ber Gelbard, "la tablita" de Martínez de Hoz, el austral y la convertibilidad. Y por ahora evitamos la crisis latente en la que nos dejó "la década ganada" kirchnerista.

Somos el país que más defaults de la deuda pública realizó desde la Segunda Guerra Mundial y el que más juicios soberanos en contra tiene en el mundo. Y desde 1988 (28 años), los niveles de pobreza promedian el 30% de la población, con picos de 50% y 60% en crisis homéricas como la hiperinflación y 2002.

¿Hay una o varias cosas que unan, que sean la columna vertebral, o sea, los elementos aglutinantes de aquellas crisis que nos convirtieron en el país de las posibilidades potenciales extraordinarias, pero, al mismo tiempo, tan decadente? Sí. Al menos hay dos. Primero, todas las crisis tienen su origen en crisis de financiamiento del fisco. O sea, llega un momento en que los déficits fiscales son tan grandes que el Banco Central tiene que devaluar porque se queda sin reservas, si es que los déficits previos a la crisis se financiaron con emisión monetaria o dólares del BCRA (plan Austral y la Década Ganada). Otras veces, cuando los déficits se financiaron con deuda externa, la devaluación ocurre porque hay que generar las condiciones para repagar una deuda que se defaultea y luego se reestructura (consecuencias de "la tablita" y de la convertibilidad).

La segunda causa es la sustitución de importaciones, que permite "funcionar" aislados del mundo, otorgando aumentos salariales extravagantes en dólares que no pueden ser pagados por mayor productividad, sino por aumentos de precios de una industria ultraprotegida mientras los sectores más rentables de exportación languidecen o quiebran frente al consecuente atraso cambiario.

¿Cuál fue la respuesta, hasta ahora, del gobierno de Macri a la "cruz" fiscal que le dejó el kirchnerismo de un déficit de 7% del PBI? Baja de los (indebidos) subsidios económicos que recibe el sector privado para financiar la baja de impuestos ya anunciada (retenciones y mínimo no imponible de Ganancias), la que se avecina (IVA para alimentos), la suba del gasto en obra pública prometido a las provincias y los planes de infraestructura a nivel nacional y en subsidios sociales que con estilo de "goteo" casi diario el PRO no para de anunciar.

O sea, dejar el déficit fiscal en niveles similares al kirchnerismo y financiarlo, después del cierre del capítulo holdout, con la colocación de toda la deuda externa posible para evitar los costos recesivos de financiarlo con colocación de deuda interna o los costos inflacionarios de hacerlo, como el kirchnerismo con emisión monetaria.

Esto, además de desconocer que el problema de un déficit fiscal cada vez más difícil de financiar, no tiene en cuenta -y he aquí lo central y medular- que el nivel de gasto público de hoy de más de 40% del PBI es impagable para el sector privado, porque genera una presión impositiva salvaje que alienta la economía en negro y para los que están en blanco significa trabajar más de la mitad del año sólo para pagar impuestos, reeditando en pleno siglo XXI una nueva esclavitud: la impositiva.

Pero con un pobre ajuste del gasto público y la continuidad de un enorme déficit financiado con endeudamiento externo y más allá de recuperaciones de la economía que eventualmente puedan venir (como también paso en los 90), en el mejor de los casos se retrasará el momento en el cual volveremos a discutir la necesidad de nuevos ajustes fiscales y de devaluar el tipo de cambio. La experiencia local e internacional indica que los ajustes que no se hacen al principio, cuando se tiene poder, no se realizan y con el tiempo los fuerza el mercado y provocan la caída de los gobiernos.

La Argentina ya recurrió al endeudamiento externo para financiar sus déficits fiscales a fines de los 70 y los 90. El camino a seguir no es éste. Es el que siguieron países como Chile, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán. Libre comercio como antítesis a la sustitución de importaciones y Estado pagable y sin déficits fiscales como antítesis al Estado presente y megadeficitario que presenta hoy la Argentina.

Éste sería un auténtico cambio para Cambiemos y el país.
El autor es economista

El Gobierno lanza un plan de obras para activar la economía

Por Mariano Obarrio - LA NACION
Hará foco en el conurbano y en zonas empobrecidas del interior; preparan mejoras para los jubilados

Preocupado por los efectos sociales del ajuste tarifario y la caída de la popularidad del Gobierno en el conurbano, el presidente Mauricio Macri apura un desembarco con anuncios de obras, mejoras jubilatorias, asistencia social y reparto de DNI en el primero y en el segundo cordón de la provincia de Buenos Aires y en todo el norte del país, regiones más castigadas por la pobreza. "Se pondrán todos los cañones en el conurbano", confiaron a LA NACION fuentes cercanas al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Luego de reforzar las políticas sociales y la rebaja del IVA la semana pasada, Macri presentará hoy el plan de empleo joven o primer empleo. El viernes próximo hará en Tucumán otro anuncio, esta vez de un plan nacional de agua potable, cloacas y prevención de inundaciones.


Foto: Archivo / Fernando Massobrio

La prioridad para el conurbano serán también las redes de agua y las cloacas, además de autopistas, rutas, redes de Metrobus y pasos bajo nivel. En Formosa, el viernes pasado presentó una planta potabilizadora.

Según adelantaron a LA NACION en la Casa Rosada, habrá un llamado a licitación por día y uno o dos anuncios por semana de obras e inversiones. Macri sintió el impacto de las críticas por el ajuste y quiere aprovechar la salida del default para revertir el mal humor y recrear las expectativas de desarrollo. Pero la lentitud de los expedientes de las obras impacienta. Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, apuraron el miércoles último a los funcionarios nacionales por algunas áreas de gestión cansina. Se notaron las primeras tensiones entre la Nación y la provincia.

Además, existen viejas rivalidades en el gabinete que demoran la gestión. Frigerio suele enviar propuestas a los organismos que deben ejecutar obras en el conurbano, que luego no registran avances. Aquella exhortación de Vidal a "empujar los expedientes" para "ayudar a quienes más lo necesitan" fue impersonal y sin un destinatario aparente. Sin embargo, con los días se fue dilucidando que su obsesión eran las obras, que podrían tardar hasta un año en ejecutarse. ¿Cómo mitigar esa espera?

El propio Macri considera, según sus allegados, que la gestión en los planes sociales es veloz. "La Anses, al igual que la AFIP, tiene los mejores sistemas de gestión e información, son dos islas", señalan a su lado. Las obras son el problema.

Desde esta semana se conformarán equipos de distintos ministerios para desembarcar con jornadas de siete o diez días en los municipios del conurbano más castigados por la pobreza. En Interior preparan una avanzada con la Anses, el PAMI, Desarrollo Social y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La Anses tramitaría nuevos beneficiarios para la Asignación Universal por Hijo (apuntan a 400.000 niños que deberían tenerla y no la tienen), el PAMI buscaría soluciones para los jubilados; Desarrollo Social haría relevamientos de planes, y el Renaper distribuiría DNI en los barrios de emergencia. Los funcionarios de esas áreas estarán en las calles, plazas o estaciones de Merlo, Morón, Tres de Febrero y otros distritos con carencias sociales.

El plan conjunto con la empresa estatal AySA en el conurbano para extender la red de agua potable buscaría alcanzar en cuatro años el 100% de cobertura y el 75% de las cloacas. En ocho años se buscaría completar el 100% de cloacas.

El plan de AySA prevé 200.000 millones de pesos con contratistas privados, pero bajo el doble comando de Chaín y Frigerio. Macri anunciará el viernes que AySA se expandirá hacia ocho nuevos municipios del conurbano donde operaba Aguas Bonaerenses. En Presidencia aseguraron a LA NACION que la prioridad de Macri también es cubrir con agua potable al 100% a nivel nacional.

Por otra parte, quiere avanzar en un plan hídrico para proteger a los pueblos del interior y el conurbano de las sequías e inundaciones.

En 2016 prevén comenzar la planta potabilizadora de Clorinda, Formosa y otras obras hídricas por 438 millones de pesos; además se iniciarán las de tratamientos de efluentes del conurbano; la red de agua potable de Charata, Chaco; desagües cloacales en Santiago del Estero; defensas en Paso de la Patria (Corrientes) y en Entre Ríos, y la canalización del río Carcarañá (Córdoba y Santa Fe).

En la provincia de Buenos Aires se canalizará el río Salado, por 1200 millones de pesos, y se ampliará el cauce del río Luján para 15 municipios y 2,5 millones de personas.

Además, en el primer trimestre de 2017 arrancarán obras viales en la ruta 3, por licitarse: tramos San Miguel del Monte-Azul; Coronel Dorrego-Bahía Blanca. En 2018 se hará Azul-Dorrego. En la ruta 5 se hará la autopista en 2017, y a fin de año se finalizará la ruta segura a La Pampa. La ruta 7, ya iniciada, se terminará en 2018, y las rutas 33 y 205 se iniciarán a principios de 2017. Con ello, Macri pretende comenzar la etapa de reactivación y recuperar las expectativas para evitar la inestabilidad social.

Tierras que equivalen a más de 13 veces la superficie porteña

(La Nación) - El dato surge al relevar campos, chacras y terrenos urbanos de Báez sólo en Santa Cruz

EL CALAFATE (De nuestra corresponsal).- Ninguna de las casi treinta estancias que se conocen aquí como propiedad de Lázaro Báez figura entre las 42 propiedades que le embargarán por la suma de 100 millones de pesos, según el fallo del procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello que dejó en prisión al empresario santacruceño.

Las famosas estancias que Báez compró en la última década -seis de ellas ubicadas en la margen sur del río Santa Cruz-, sobre las que realizarían las expropiaciones de tierras para emplazar las represas hidroeléctricas que construye el consorcio Represas Patagonia tampoco serán embargadas, por ahora.

Sobre ellas, Báez había reconocido en un documento firmado por el escribano Leandro Albornoz -a quien le allanaron el estudio hace 15 días- que cedía el resultado de las expropiaciones al sistema de escuelas rurales de Santa Cruz. Desde el año 2012, en el que firmó ese documento, pasó mucha agua bajo el puente. Y poco avance sobre las represas, aunque las expropiaciones ya están en marcha.

Sólo en Santa Cruz, el empresario Lázaro Báez acumuló durante la década kirchnerista tierras por una superficie equivalente a 13 veces la Capital Federal. Así surge del relevamiento de terrenos urbanos, chacras y estancias que realizó LA NACION sobre sus inversiones inmobiliarias en esta provincia con documentación oficial fehaciente. Al año 2013, Báez contaba con 2632 kilómetros cuadrados (263.200 hectáreas), que adquirió a su nombre o de sus sociedades.

El dominio territorial, sin embargo, es muchísimo más amplio. A este número de hectáreas podrían adosarse otros 1100 kilómetros cuadrados (110.000 hectáreas), el equivalente a otras cinco ciudades autónomas de Buenos Aires. Por ahora ninguna de esas hectáreas será embargada.

Tampoco serán valuados y sujetos a embargo terrenos que el empresario compró pero no registró a su nombre, sino a nombre de Badial SA., la misteriosa constructora que construyó poco, compró mucho y estuvo sospechada de lavado de dinero.

Badial centró sus actividades en El Calafate, donde compró tierras y construyó un hotel que, aunque terminado, nunca se inauguró.

Si bien se registran compras desde 2003, fue durante 2011 cuando Báez, sus hijos y sus empresas invirtieron más en bienes inmuebles. Sólo ese año adquirió 322 kilómetros cuadrados (32.200 hectáreas) por al menos $ 15 millones de pesos y 1,12 millones de dólares, según valores declarados.

Los datos inmobiliarios fueron revelados por LA NACION a fines de 2013, después de analizar más de 200 informes de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble. El dato del año en que más inversiones inmobiliarias se realizaron cobra hoy otro significado a partir del nuevo relato del valijero Leonardo Fariña. Según pudo constatar LA NACION, entre 2013 y 2016, Báez siguió adquiriendo propiedades.

A nombre de Badial, Báez tiene escriturados 331.925 metros cuadrados, es decir, el equivalente a más de 33 manzanas de tierras, el 98% de ellas se encuentra en El Calafate. La tierra adquirida tiene usos diversos: desde un obrador en las afueras hasta varias en Bahía Soberana, una cotizada zona que rodea la bahía Redonda y bordea el lago Argentino.

Un lote de 1200 metros cuadros en esa zona hoy se cotiza a 35.000 dólares. A través de Badial, Báez los compró a un valor promedio de 10 pesos el metro cuadrado, y hoy cotiza entre 27 y 30 dólares el metro.

Bonadio podrá acceder a datos

El juez federal Claudio Bonadio logró recuperar, o al menos volver a mirar, la documentación que secuestró en los allanamientos simultáneos en Río Gallegos y El Calafate, en julio de 2015, en el marco de la causa Hotesur. Esos allanamientos, cuestionados por el gobierno kirchnerista, le valieron ser apartado de la causa. Ahora, de la mano de la causa en la que se investiga la firma Los Sauces, de los Kirchner, el juez logró que la Justicia lo habilite a tener acceso a las cajas con documentación guardadas en un cuartito húmedo y custodiadas por la Prefectura. La causa había recaído en el juzgado de Daniel Rafecas.

El embargo a Báez no alcanzó a sus bienes más preciados

Por Mariela Arias - LA NACION
Cuando lo procesó, el juez Casanello le trabó embargo por $ 100 millones; fuera del radar judicial quedaron más de 20 estancias y terrenos


Casona de El Calafate: de 500 metros cuadrados, casi sin uso y valuada en US$ 750.000, quedó embargada por la Justicia.

EL CALAFATE.- El juez federal Sebastián Casanello ordenó el lunes el embargo por $ 100 millones de Lázaro y Martín Báez. Pero ambos lograron mantener lejos de la mano judicial casi la mitad de los inmuebles que poseen en Santa Cruz. Y lograron, en especial, conservar la libre disposición de sus bienes más preciados: sus legendarias estancias.

Casanello embargó los bienes de los Báez por $ 100 millones para así garantizar el eventual recupero de los fondos bajo sospecha de lavado de activos. Para eso contó con información patrimonial suministrada por la AFIP. Pero de acuerdo con documentos públicos a los que accedió LA NACION, el dueño de Austral Construcciones tiene declaradas sólo en Santa Cruz y a su nombre casi el doble de esas propiedades inmuebles.

El juez ordenó, además, avanzar sobre todos los vehículos de todos los imputados. En el caso de Báez, y según registros oficiales, hasta 2013 tenía de alta más de 900 autos sobre los cuales adeudaba la patente automotor por un monto de más de cuatro millones de pesos al municipio de Río Gallegos.

Mientras Báez permanece en prisión y se prepara para la ampliación de la declaración indagatoria que deberá prestar el próximo 6 de mayo, su imperio de empresas y propiedades entró en un maremoto. De acuerdo con la identificación de propiedades de documentos catastrales, el empresario tiene sólo en Santa Cruz 76 propiedades registradas a su nombre, cifra que se eleva a 212 si se toman en cuenta las propiedades de sus hijos y siete de sus empresas, con las que adquirió gran cantidad de inmuebles.

Terrenos grandes y pequeños, canteras, chacras, estancias, casas y departamentos fueron comprados en su mayoría entre 2004 y 2012. Así surge de la sumatoria de bienes escriturados a su nombre; los de sus hijos Martín, Leandro y Luciana, y las empresas Austral Construcciones, Badial SA, Kank y Kostilla, Valle Hermoso, Epelco, Loscalzo y Del Curto.

Dentro de la lista de 42 propiedades a tasar de Báez se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires. Entre los bienes a tasar no se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas. Tampoco se incluyeron terrenos muy bien valuados en El Calafate, el predio donde se encuentra el hotel nunca inaugurado en esta localidad, ni su vivienda particular sobre la calle Villarino, o una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos.

Pero sí cayó en el embargo la casona de El Calafate de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas ubicada sobre la avenida costanera Presidente Néstor Kirchner -asfaltada por su constructora- que fue construida sobre los lotes 8 y 9 de la manzana 311. La tasación de mercado ronda los US$ 750.000, y US$ 100.000 por el valor del terreno. Curiosamente, la vivienda, color cemento de techos negros y revestida en laja, pocas veces fue ocupada. Cuenta con seguridad privada permanente y casi no hay movimientos en el chalet.

En Río Gallegos, los peritos deberán tasar y embargar la famosa chacra del empresario: el lujoso predio cuenta con una pileta climatizada, una cancha de césped sintético y un quincho para más de 100 personas, donde se encuentra una bodega-bóveda subterránea en la que, según el valijero Leonardo Fariña, se guardaba dinero.

"En una tanda de billetes, los últimos de un fajo quedaron inservibles por humedad y hongos. Porque uno de los famosos lugares donde se guardaba dinero era la supuesta bodega, que no eran solamente lockers, eran cajas ciegas en la parte de abajo y esos cajones daban al piso", detalló el valijero en la indagatoria que terminó con la ex presidenta imputada en la causa.

La chacra se hizo famosa el día en que un obrero que trabajó en la remodelación reveló fotos de cómo se transformó de bóveda en bodega. En 2013, cuando las fotos salieron por Canal 13, Báez convocó a la prensa para hacer un recorrido nocturno en el lugar y demostrar lo contrario. Pasaron tres años de esa noche robada a una película de cine negro donde Báez habló durante media hora, se prestó a las fotos y dijo que a Fariña casi no lo conocía.

Ese predio, de acuerdo con fuentes inmobiliarias consultadas en Río Gallegos -que también cuenta con invernaderos-, rondaría un valor de mercado de US$ 1,5 millones. No hay otra chacra con tal inversión y despliegue en la ciudad. Se encuentra ubicada a unos siete kilómetros del centro, a 500 metros de la avenida Asturias y, pese a estar rodeada de calles de tierra, Báez mandó pavimentar el ingreso.

A la chacra, según relató el propio Báez a la prensa, iba Néstor Kirchner con frecuencia, pero negó, esa vez, que Cristina hubiera ido alguna vez. Ya entonces marcaba sin querer diferencias en la relación que mantuvo con Kirchner y con su esposa.

Entre los 52 inmuebles a tasar se encuentran una vivienda en el Barrio Codepro tasada en US$ 200.000, una hectárea en Barrio del Carmen valuada en US$ 500.000 y dos casas sobre el pasaje Tehuelche, todas estas propiedades en Río Gallegos. Pero también hay chacras en Río Turbio y 28 de Noviembre, uno de los lugares, limítrofes con Chile, donde Báez eligió invertir en la última década.

Otra de las propiedades a tasar es la Quinta 67, según su propia denominación catastral, un predio de 10.000 metros cuadrados ubicado junto al hotel Las Dunas, el tercero de los hoteles que los Kirchner tienen aquí, un enorme predio por ahora vacío con vista al lago Argentino valuado en 500.000 dólares, según una tasación inmobiliaria local. Predios ideales para algún nuevo emprendimiento hotelero.

Las propiedades del empresario K

Larga lista a tasar - Dentro de la nómina de 42 propiedades que ordenó tasar el juez federal Sebastián Casanello se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires

Lo que quedó afuera - No se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas, ni tampoco los terrenos en El Calafate, su vivienda particular sobre la calle Villarino y una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos

Buque Multipropósito ARA Ciudad de Zárate (Q-61)

El ARA Ciudad de Zárate es un buque multipropósito de la Armada Argentina incorporado en el año 2000, pertenece a la Escuadrilla de Ríos, la cual depende del Área Naval Fluvial. Tiene su asiento en la Base Naval Zárate, pero amarra habitualmente en el Apostadero Naval Dársena Norte, situado en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene capacidad de romper packs de hielo de hasta 60 cm de espesor, pudiendo abrir brechas navegables.

Desarrolla tareas de control y vigilancia de los espacios fluviales en jurisdicción del Área Naval Fluvial, incluyendo actividades de apoyo a la comunidad, salvamento y transporte de personal y lanchas de la Infantería de Marina. Fueron concebidos originalmente como “buques balizadores costeros” para servir en la US Coast Guard (Servicio Guardacostas de los Estados Unidos). Pertenecen a la Clase “Red 157-foot” de la que se construyeron 5 unidades: : USCGC “Red Wood” (WLC-685), USCGC “Red Beach” (WLC-686), USCGC “Red Birch” (WLC-687), USCGC “Red Cedar” (WCL-688) y USCGC “Red Oak” (WCL-689).

Tres (3) de estas unidades fueron transferidas a la Armada Argentina entre los años 1998 / 1999 a un precio simbólico de u$s 45.000 por embarcación, mientras que las otras dos (2) restantes pasaron a desguace y canibalización para obtención de repuestos. El precio fue de adquisición fue considerado una "ganga", ya que la construcción de un buque de estas características ronda los u$s 2.500.000,-. Estas unidades son verdaderos “multipropósitos” ya que realizan variadas actividades en la fuerza.

Mientras el ARA “Ciudad de Zárate” y ARA “Ciudad de Rosario” integran la Escuadrilla de Ríos (EDRI) dependiente del Área Naval Fluvial (ANFL) con asiento en la Base Naval de Zárate (BNZA); el ARA “Punta Alta” está asignado al Comando Naval Anfibio y Logístico (COAL) con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB).

En 2009 formó parte de una Campaña Sanitaria en diversos poblados del Río Paraná, atendiendo necesidades clínicas y odontológicas de la población más aislada. Las actividades operativas son variadas. La participación en ejercicios conjuntos y combinados es constante, realizando despliegues en diversos puntos del litoral fluvial argentino. Además, realiza el adiestramiento de cadetes, como los de la Escuela Nacional Fluvial. Todos los años la unidad colabora en las campañas sanitarias para poblaciones aisladas en el Río Paraná.

Su misión:
- Control y vigilancia de espacios fluviales.
- Apoyo a la comunidad / Realización de campañas sanitarias.
- Búsqueda y rescate (SAR)
- Transporte de embarcaciones ligeras y de efectivos de IMARA (BIM Nº3)
- Instrucción de alumnos de los Institutos de formación.

Especificaciones:
Estado Empleado por la ARA
Astillero United States Coast Guard Yard, Curtis Bay
Clase Red Cedar
Destino Escuadrilla Naval de Ríos (EDRI)
Desplazamiento 525 Tn.
Eslora 49,05 m
Manga 10 m
Calado 2 m
Propulsión Dos Motores Caterpilar D398 de 900 HP C/U - Dos hélices de paso controlable y hélices de proa - Dos Palas de Timón
Velocidad  12,6 nudos
Alcance: 3000 millas náuticas
Tripulación: 31 hombres (6 de ellos oficiales)
Armamento: 2 fustes para ametralladoras Browning M2 de 12,7mm (1 a proa y 1 a popa)
Capacidad grúas: 1 de 5tn / 1 de 10tn
Embarcaciones auxiliares: 1 lancha de casco de aluminio con motor 130 Hp, equipo de comunicaciones y sonda / 1 semirrígido.
Característica especial: proa reforzada capaz de romper packs de hielo de hasta 60cm de espesor.

La Armada envía dos barcos para ayudar a los inundados

(Clarin.com) - El ministro de Defensa Julio Martínez ordenó el envió de dos barcos con efectivos y ayuda para los afectados en Corrientes y Entre Ríos

El ministro de Defensa Julio Martínez dispuso que dos embarcaciones comandadas por personal de la Armada colaboren en las tareas de ayuda a los inundados en la ciudad correntina de Esquina y en las localidades entrerrianas de Santa Elena y La Paz. Las mismas ya partieron a destino.

"Estamos preocupados y ocupados por la situación de estas siete provincias, una preocupación que compartimos con el Presidente de la Nación. Por eso, estamos disponiendo las capacidades de las Fuerzas Armadas para colaborar con las zonas afectadas", manifestó Martinez.

Según un comunicado del ministerio de Defensa, la misión está a cargo de Batallón de Infantería de Marina N°3 (BIM3), cuyos efectivos partieron rumbo a la zona de contingencia a bordo de la lancha patrullera ARA “Río Santiago” y el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate”.

En la zonas inundadas también trabajan efectivos del Ejército desplegados en las zonas más afectadas de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones y Formosa.

En Villa Paranacito, Entre Ríos, el personal militar, por intermedio del Regimiento de Caballería de Exploración 12, colabora medios propios en el traslado de alimentos y donaciones par  los damnificados.  Y en la provincia de Formosa, personal del Regimiento de Infantería de Monte 29 asiste a los pobladores afectados por las inundaciones registradas en el interior, a 170 kilómetros  de la capital.

Puntualmente, en las islas Buey Muerto y Pando, el regimiento se encargó del traslado de donaciones de ropa, alimentos no perecederos y elementos de higiene para los afectados. En tanto, en la provincia de Formosa, personal del Regimiento de Infantería de Monte 29 asiste a los pobladores afectados por las inundaciones registradas en el interior, a 170 kilómetros  de la capital.

Puntualmente, en las islas Buey Muerto y Pando, el regimiento se encargó del traslado de donaciones de ropa, alimentos no perecederos y elementos de higiene para los afectados.

Fondos buitre: Argentina les paga hoy US$ 9.352 millones y sale del default

Por Marcela Pagano - Clarin.com
De esta manera el país sale del default. Son US$ 6.252 millones a un grupo de bonistas y a otro US$ 3.100 millones.


Foto-Adriana Groisman

Tras más de una década de puja judicial, el Gobierno cerrará hoy un capítulo dentro de la historia de la deuda argentina con el pago a los fondos buitre. La administración de Mauricio Macri desembolsará hoy los US$ 9.352 millones para pagar los más de 220 acuerdos que celebró hasta el momento con holdouts.

El pago que se hará hoy se divide en dos etapas. La primera fase consiste en acreditar el dinero en la cuenta de los tenedores de bonos con sentencia Pari Passu en Nueva York. Este paso es necesario para que se levante la cautelar que impide al país pagar intereses de deuda a otros bonistas.

Pero dentro de este universo de “holdouts Pari Passu”, algunos aceptaron la propuesta antes del 29 de febrero (donde el equipo económico ofertó una quita del 30%) y que serán los primeros en cobrar. Entre estos figuran los buitres más duros Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, y también las firmas EM Limited y Montreux Partners y Capital Markets Financial Services. En ese primer tramo el Gobierno desembolsará US$ 6.252 millones.

Inmediatamente se constituirá un fideicomiso administrado por el Bank of New York Mellon (BoNY), que permitirá gatillar el pago al resto de los fondos que aceptaron la propuesta argentina después del 29 de febrero y que representan pagos por US$ 3.100 millones, según explicó Santiago Bausilli, subsecretario de Financiamiento. Es que si bien el juez Thomas Griesa  había especificado que, una vez que quedaran liberados los pagos de la deuda -que tiene lugar ni bien los holdouts con Pari Passu notifiquen que se les acreditaron los pagos- la Argentina tendría cinco días hábiles para pagarle al resto los bonistas, el ministro Alfonso Prat-Gay optó por terminar todo el desembolso en un solo día. “Queremos cerrar cuanto antes este capítulo”, sostienen.

De ese fideicomiso saldrá también el pago a los bonistas europeos representados por el italiano Nicola Stock, a quien Argentina se comprometió a pagar US$ 1.350 millones. En total el equipo económico logró más 220 acuerdos con el 98 por ciento de los litigantes en la sede judicial neoyorquina. Según afirmó Prat-Gay en promedio, con los fondos que ya aceptaron la propuesta, la quita en promedio de la deuda es del 27% del capital y del 40% de los intereses.

Bausili afirmó que tras el desembolso de hoy, de los US$ 16.500 millones obtenidos esta semana, “unos US$ 7.200 millones ingresarán al Banco Central para fortalecer las reservas”. Asimismo el Gobierno deberá desembolsar unos US$ 3.000 millones, según reconoció el funcionario, correspondiente a intereses de deuda de aquellos tenedores de bonos argentinos que si entraron en los canjes de 2001 y 2005, pero que tras la sentencia de Griesa , que bloqueaba pagos de Argentina al exterior, dejaron de recibir sus desembolsos en julio 2014. Ese dinero está computado actualmente en las reservas del BCRA y cuando se genere el pago, provocará la caída del número global. Para concretar esa operación, el Gobierno tendrá a partir de mañana cinco días hábiles para acreditar ese dinero al BONY y comenzar la distribución del dinero de estos tenedores de bono. Aunque hay 10 días más de gracia.

La insólita historia de los containers que nadie se anima a reclamar

Por Matías Longoni - Clarin.com
Están en el Mercado Central, en depósitos fiscales que se atribuyen a empresarios amigos de Ricardo Echegaray. La Aduana obliga a vaciarlos, pero sus dueños no aparecen. Se sospecha que están repletos de artículos de contrabando.  

En el Mercado Central de Buenos Aires todos miran hacia los sospechosos depósitos fiscales que se habilitaron allí en los últimos años y que se atribuyen a empresarios amigos del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Están repletos de contenedores que -se presume- contienen mercadería de contrabando valuada en millones de dólares. Pero nadie aparece a reclamarlos para no quedar expuesto frente a las nuevas autoridades de la Aduana.

El último 4 de marzo, el nuevo jefe aduanero, el ex comando Juan José Gómez Centurión, ordenó la clausura de varios depósitos fiscales, incluidos Carestiba SA y Censer SA, que se habilitaron entre gallos y medianoche en tierras del Estado frente a la estratégica autopista Richieri. También dispuso un plazo de 60 días corridos para que dichos depósitos queden "a plan barrido", es decir totalmente vacíos. 

El vencimiento de ese plazo se aproxima y nadie reclama por la propiedad de los contenedores que quedaron atrapados. En total serían unos 600 distribuidos en seis depósitos. La especulación oficial es que están repletos de telas, artículos electrónicos, juguetes y muchas otras bagatelas que ingresaron al país al margen de la ley, al amparo de una evidente complicidad de las anteriores autoridades de la AFIP.

Mientras Gómez Centurión se frota las manos a la espera del momento de ingresar a esos depósitos fiscales y expropiar la mercadería (incluso en su entorno se piensa en el regreso de las subastas públicas del Banco Ciudad para recuperar dinero para el Estado), una investigación de Clarín permitió saber que las sospechosas empresas radicadas en el Mercado Central forman parte de un mismo grupo económico. Es el que históricamente se atribuye al apodado "rey del bagayeo", Jorge "El Uruguayo" Lambiris. ¿De quién se trata? Del empresario que compartió los festejos de fin de 2013 junto a Ricardo Echegaray en un lujoso hotel de Copacabana, en Río de Janeiro.

Echegaray, de vacaciones en Brasil cuando era jefe de la AFIP. Es el de remera blanca.
También estuvo con ellos en aquel viaje Sergio González, titular de la firma RSI Group. Es una de las únicas dos empresas habilitadas por la Aduana de Echegaray para prestar el servicio de prescintos para controlar, vaya casualidad, el tránsito de contenedores hasta los depósitos fiscales.

En los papeles, sin embargo, Lambiris ni aparece. El depósito fiscal que siempre se le atribuyó es Carestiba SA, que históricamente funcionó en Boulogne y recién en 2009 logró un increíble contrato  de alquiler para ocupar por 30 años un playón de 21.300 metros cuadrados en el Mercdao Central, a un precio de regalo. Actualmente está cerrado. Es allí donde están almacenados la mayor cantidad de contenedores que ahora nadie se anima a reclamar.

Carestiba SA tiene varios socios, como Julio Motta, Alberto Néstor Suárez y Catalina Beraja, una mujer de 79 años. Esta misma persona forma parte también del directorio del laboratorio Biotenk, uno de cuyos fundadores es Héctor Salomón Saieg, alias "Johny".

Es esta persona quien actualmente se presenta ante las autoridades del Mercado Central como director de Censer SA, el otro depósifo fiscal clausurado por la Aduana el mes pasado. En este caso, ocupa 88.300 metros cuadrados alquilados por 30 años a partir de 2013, también a precios ridículos. La inversión para levantar esos galpones fue de varios millones de dólares. Ese moderno depósito contrasta con el estado de abandono que se percibe en el resto del Mercado Central.

Los accionistas formales que dieron vida a Censer SA son dos. Uno de ellos se llama Carlos Rios y fue por muchos años a la vez empleado de Carestiba SA. Actualmente tiene oficinas en Puerto Madero, aunque a nombre de otras empresas de logistica aduanera y courier, como Bussines & Bussines (B&B) y Loginport.

El otro socio original de Censer SA se llama Pablo Sccasso y también estuvo vinculado por mucho tiempo a firmas importadoras ubicadas en el barrio de Once. Sccaso también aparece como empleado de Logimport y B&B, pero a la vez es socio de un haras de caballos raza Silla Argentino en Escobar. Comparte ese negocio con los hermanos Gustavo y Mariana Echegaray, que llevan el apellido del ex titular de la AFIP pero no serían sus parientes. Con Gustavo, además, Sccasso inscribió varias empresas en Miami.

Recientemente, al directorio de Censer SA se incorporó una mujer llamada Adriana Nora Zella, que es la esposa de Luis Alvarez, dueño de una imprenta llamada New Press, ubicada en Avellaneda y que tiene como uno de sus principales clientes al Estado. Este personaje también tiene una ligazón evidente con Lambiris, ya que fue auspiciante por mucho tiempo del auto de carreras con que compite en el TC Mauricio, el hijo de "El Uruguayo" y quien también viajó con Echegaray a Río de Janeiro.

Báez usó 3 bancos suizos y 9 financieras para fugar plata

Por Daniel Santoro (Clarin.com) - En su confesión, Leonardo Fariña individualizó a las entidades que ayudaron a sacar millones de dólares en negro. También explicó los mecanismos que se usaron.


La confesión de Leonardo Fariña revela que desde la muerte de Néstor Kirchner hasta mediados del 2011, Lázaro Báez usó a la financiera Provalor y a otras ochos más y a los bancos suizos Lombard Odier, UBS y Credit Suisse y al español Sabadell para fugar la plata. 

Según el ex valijero, la plata que él manejó no llegaba en aviones sino en camionetas custodiadas desde Río Gallegos y la entregaban en la sede de Austral en Pasaje Carabelas 241, en La Rosadita o en un departamento de Báez en Belgrano. A diferencia del ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, dijo que él no usó aviones para sacar plata. Previamente, los 8 mil millones de pesos de las ganancias, sobreprecios o supuestos sobornos provenientes de los contratos de obra pública que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner entre el 2003 y el 2015 eran convertidos a dólares o euros por el dueño de la financiera Invernes, Ernesto Clarens.

Una vez concentrada la plata en Buenos Aires, la transportaban en camionetas custodiadas -en las cuales siempre iba Martín Báez- a las financieras o agentes de bolsa: Provalor, Alhec Tour, Maguitur, Turimar, Cohen, Pasamar, Forex Cambio, Santiago Punturo o Santiago Carradori. Desde allí, a través de distintas maniobras, la plata se depositaba en los bancos suizos o el español nombrados, entre otros. Incluso, nombró a “un grupo de chinos”, que no identificó, como partícipes de las maniobras.

Los dichos de Fariña están ahora tratando de ser comprobados por el juez federal Sebastián Casanello con distintos allanamientos a las financieras y otras medidas de prueba.

Como dando cátedra, Fariña explicó que parte de la plata las financieras de la City a sacaban con los métodos “back to back”, “leverage by out”, “el de la cuenta puente”, alguna transferencia a un testaferro o de cooperativas fantasma. El primero consiste en que la financiera tenía un cliente en Suiza que, por ejemplo, necesitaba un millón de dólares en Buenos Aires. Entonces, le pasaban el efectivo aquí y en Suiza le acreditaban la plata a una cuenta de Báez. Dijo que el “leverage by out” implicaba redactar un contrato mediante el cual una persona física o jurídica compraba La Rosadita simulando que lo hacía con las ganancias futuras que iba a generar la empresa.

El tercero consistía en que el Lombard Odier recibía pequeñas transferencias de plata durante 180 días por una “cuenta puente” que manda cables y luego deja de existir. Después la plata quedaba en una tercer cuenta que la maneja una empresa off shore en Suiza con títulos al portador para no identificar al dueño. Un cuarto método era usar cooperativas fantasma y un último era transferir directamente “la plata a una cuenta del ex funcionario K Santiago Carradori en el Banco Sabadell de España”. 

A fines de diciembre del 2010, dos custodios de Báez “le entregaron 3.550.000 dólares” a Elaskar quien no los envió a las cuentas de Báez sino que se los quedó, siempre según Fariña. Semanas más tarde, “Elaskar le compró un campo de papas a Anastasia Blaquier en 1,5 millones de dólares”. Fariña y Elaskar mantiene un viejo intercambio de acusaciones sobre quién fue el que se quedó con plata negra de Báez que fue lo que desencadenó el escándalo. Precisó que Elaskar tiene, dijo, una cuenta secreta en el banco Merrill Lynch de EE.UU. y en otra en la financiera “Pershing”.

En un momento tanta era la plata que había que blanquear que Carradori “fue a comprar un holding a España llamado Samber & Tarex que es una sociedad con cuentas bancarias preexistentes en las que solo tenés que cambiar a los directores”. “Me consta que a través de Provalor se enviaron 11 millones de dólares a esa cuenta en España”, afirmó. En otra oportunidad, un representante del Lombard Odier, que paraba en el hotel Alvear y vestía trajes importados, le entregó a Martín Báez “una carpeta con las acciones al portador de Teegan (una empresa off shore creada en Belice) y un Token” para mover la plata. Un nuevo personaje en este escándalo es Santiago Punturo, quien manejaba una financiera cerca de la casa de Santa Cruz. Se le dio plata y no hizo la transferencia. “Después nos enteramos que hizo una compra de granos y era socio de Rudy Ulloa”, finalizó.

Los funcionarios nacionales ya no estarán obligados a volar por Aerolíneas Argentinas

Por Federico Mayol fmayol@infobae.com
El Gobierno analiza dar de baja un decreto que beneficia a la compañía estatal. Durante los primeros 9 meses de 2015 se pagaron $852 millones por pasajes. Estudian abrir la compra de tickets a otras aerolíneas privadas


No haría falta un decreto del Presidente para dar de baja aquella resolución.

Hay quejas de todo tipo. Que se paga muchísimo más por el mismo boleto en relación a otras aerolíneas y que las comisiones son demasiado caras. O que se tarda muchísimas horas más en cubrir algunos destinos. Según el decreto 1191 del 2012, promulgado por Cristina Kirchner, los ministros, secretarios de Estado y principales funcionarios de la administración pública están obligados a contratar a Aerolíneas Argentinas para viajes oficiales dentro y fuera del país siempre y cuando la aerolínea estatal cubra las rutas requeridas, una resolución que desde que desembarcó en la Casa Rosada genera todo tipo de críticas en el gabinete.

Desde hace semanas, el Gobierno posó la lupa en dicho decreto. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la Jefatura de Gabinete están abocados en la búsqueda de mecanismos para dar de baja dicha norma que, hasta ahora, beneficia a Aerolíneas Argentinas y a OPTAR Sociedad Anónima, la operadora mayorista de turismo de la empresa estatal que hasta diciembre del año pasado era manejada por la agrupación La Cámpora y que concentra la contratación de los tickets aéreos de la administración nacional. En Casa Rosada no descartan la revocación de la norma a través de un decreto presidencial, aunque explican que no haría falta un decreto del Presidente para dar de baja aquella resolución.

"Lo vamos a cambiar sí o sí", aseguraron fuentes oficiales. De esta manera, el Gobierno abriría la compra de tickets para los viajes oficiales de los funcionarios a otras aerolíneas privadas. El resultado, dicen, sería doble: bajarían el costo por comisiones –Aerolíneas a través de OPTAR cobraba el 3 por ciento, superior a los valores de mercado- y agilizarían aquellos viajes que la aerolínea de bandera no cubre directamente. En definitiva, el mecanismo actual funciona como una suerte de traspaso de dinero desde la administración central hacia la empresa estatal. De hecho, las fuentes explican que el costo administrativo ya se habría bajado del 3 al 1 por ciento.

De acuerdo al decreto en cuestión, publicado en el Boletín Oficial en julio del 2012, "las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran. (...) Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán utilizar los servicios de OPTAR Sociedad Anónima". La disposición lleva la firma de la ex presidente Cristina Kirchner, del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y del ex ministro Florencio Randazzo.

Según publicó el diario La Nación, durante los primeros nueve meses del 2015 el Estado pagó 852 millones de pesos por costos de pasajes emitidos, y el desembolso por gastos administrativos fue de 11,8 millones. La empresa publicó sus últimos balances en el 2008. El último registro societario es de mediados del 2011: se designó al ex secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" de Pedro, actual diputado, como vicepresidente.

En la Casa Rosada barajan varias ideas. Se debaten entre correr a OPTAR como agente de viajes exclusiva en la adquisición de tickets aéreos y abrir el mercado a otras agencias. Desde el macrismo explican que, por ejemplo, el precio de los pasajes por la operadora de Aerolíneas cotizan a veces más de un 50 por ciento más. Desde Aerolíneas reconocen que las comisiones de la empresa son altas, y que encararon una especie de auditoría para conocer esos números.

En lo que sí hay unanimidad en el primer piso de la Casa Rosada es en liberar el mercado para otras aerolíneas. "Hoy somos rehenes de Aerolíneas", dicen. En los primeros meses de gestión, las quejas por la complejidad de los viajes en una decena de fuentes de diversas dependencias consultadas para esta nota se multiplicaron: escalas innecesarias para destinos directos en los que la aerolínea estatal o no cubría directamente o no tenía disponibilidad para la fecha requerida.

Cuentas pendientes del país macrocefálico

Por Fabio Quetglas - LA NACION
La Argentina contemporánea se debe una reflexión sobre su orden territorial. Una deuda que desnuda el coyunturalismo extremo en el que se desenvuelven nuestros debates.


La vocación de un Estado por incidir en los asentamientos humanos de una manera razonable, construyendo incentivos adecuados, es una expresión superior de la política; es el modo de transformar palabras altisonantes (como soberanía o equilibrio) en desafíos concretos. En el caso argentino debería ser una prioridad de primer orden, no por una veleidad intervencionista, sino para garantizar la condición ciudadana a todos los habitantes vivan donde vivan.

Hace 30 años, un 16 de abril de 1986, el entonces presidente de la República anunciaba por cadena nacional la decisión de trasladar la capital del país a Viedma-Carmen de Patagones, y los argumentos que se enumeraban eran expresión de una noble vocación reformista.

La ambiciosa iniciativa no estaba librada de inconsistencias e improvisaciones, y desde luego que no todas las patologías territoriales argentinas se superarían con ese gesto político. Sin embargo, hay que destacar que su formulación daba por sentado que estamos frente a un problema a resolver, que bien puede ser la plataforma de una gran transformación económica y política positiva.

El proyecto se frustró en el pantano de la crisis hiperinflacionaria y sobre el fracaso se sucedieron todo tipo críticas, tanto de fondo como de sentido de oportunidad. Y si bien la mayoría de las experiencias de capitales trasladadas no ha dejado un saldo favorable respecto de los objetivos perseguidos, no es menos cierto que hoy el país es más macrocefálico que entonces, que el orden político en las provincias postergadas económicamente se hizo más rudimentario y que la dominancia metropolitana de la política no ha perfeccionado nuestro sistema institucional.

Tanto nuestro desequilibrio territorial como las dificultades para mejorar la administración pública (que bien podría verse facilitada frente a la mudanza planteada) son dos tareas pendientes que operan como un límite al desenvolvimiento de la democracia argentina. En el primer caso, por su incidencia determinante en el mapa de poder y, en el segundo, por su impacto en la calidad de las políticas públicas concretas.

El fracaso del Plan Viedma-Carmen de Patagones es sólo un capítulo especial de una cultura política incapaz de encarar reformas profundas. El aparato institucional argentino sólo muestra velocidad y creatividad bajo la amenaza de una crisis explosiva que haga inevitables las reformas o, aún peor, cuando la crisis ya se ha desplegado. La falta de sentido proyectual condiciona todas las respuestas. El traslado de la Capital nos obligaba a actuar justamente en sentido opuesto, si bien era una iniciativa que no debía concretarse de un día para el otro, nos ofrecía la posibilidad de pensar con un horizonte amplio.

Recordar con ecuanimidad aquel suceso nos deja, entre otras, dos lecciones: 1) las epopeyas nacionales deben ser sostenidas por una pluralidad política que permita su materialización en el tiempo y 2 ) presagiar el fracaso de los grandes desafíos no soluciona nada.

El fracaso del programa Viedma-Carmen de Patagones no abrió paso (hasta el Plan Belgrano) a una deliberación calificada en busca de soluciones, simplemente hizo más evidente el vacío de alternativas.
Miembro del Club Político Argentino